Cae el crédito a empresas y familias

Otro indicador del “enfriamiento” de la economía: hay menos demanda de crédito. Las peticiones de crédito de empresas y familias han caído en el tercer trimestre, algo que no pasaba en España desde 2013. La razón es doble. Primero, los bancos redujeron los préstamos personales, porque estaban “peligrosamente disparados” (según el Banco de España), y las hipotecas, porque ahora tienen más costes. Pero después, a partir del verano, son las familias y las empresas las que se retraen a pedir créditos, porque no ven claro el futuro. Endeudarse menos es bueno, pero el riesgo es que con ello caiga el consumo y, sobre todo, la inversión empresarial, clave para el empleo. Y también, que si tienen menos negocio, lo sufran los bancos y algunos entren en crisis. De momento, reaccionan a la caída del crédito con más despidos y cierre de sucursales. Y nos cobrarán más comisiones desde enero. Así que la caída del crédito es otro nubarrón más en el horizonte de la recuperación.

enrique ortega

España es un país “adicto al crédito”, uno de los paises más endeudados del mundo: estamos en el puesto 15º en el ranking mundial de deuda pública y privada, según McKinsey Global. Y este endeudamiento es hoy mayor que antes de la crisis, aunque su peso en la economía se ha reducido algo: en 2008, la deuda total de España era de 2.612.158 millones de euros (el 235% del PIB) y en 2018 ha sido de 2.763.647 millones (el 228% del PIB). El gran cambio en la última década ha sido que el Estado ha triplicado su deuda (de 440.620 millones adeudados en 2008 pasó a 1.173.107 millones en 2018) mientras reducían su endeudamiento las empresas (un -29,77%: de 1.261.000 millones que debían en 2008 a los 885.531 millones en 2018) y las familias españolas (un -22,57%: de 910.158 millones adeudados en 2008 a 705.009 en 2018).


En definitiva, que las empresas y familias españolas han aprovechado la última década para dedicar beneficios e ingresos a devolver deuda y no pedir mucha más, mientras el sector público (Estado, autonomías y Ayuntamientos) se endeudaban para financiar sus déficits, provocados por la crisis (menos ingresos y más gastos). Este “desendeudamiento” de empresas y familias es bueno, porque les quita una losa de pagos y les permite invertir más y consumir más, dos motores claves del crecimiento y del empleo. Pero en la segunda mitad de 2018 y en 2019, las empresas y familias volvieron a endeudarse, olvidando los “malos tiempos” y  aumentando su saldo de crédito. Sin embargo, a partir de este verano, “no lo han visto claro” (temor a otra crisis) y se han retraído de pedir nuevos créditos: las empresas desde abril y las familias desde junio.


El resultado es que la demanda de crédito ha caído durante el tercer trimestre de 2019, según el Banco de España, algo que no pasaba desde 2013 (en lo peor de la crisis). La demanda total de crédito, estancada desde mayo, cayó un -0,4% en septiembre, cuando crecía el 5,5% un año antes. Y cae mucho más la demanda de crédito de las empresas, un -1,1% en septiembre frente al 3,5% que crecía su endeudamiento un año antes. Las familias siguen endeudándose, pero el crédito que piden para el consumo creció sólo un 5% en septiembre (frente al 19,3% que creció un año antes) y las nuevas hipotecas sólo crecían un 0,2% en septiembre (frente al 12,5% que crecían un año antes). En definitiva, que el crédito, que parecía recuperarse, se ha vuelto a aletargar. 


¿Qué está pasando? La caída del crédito desde el verano es fruto de dos causas. La primera, una mayor “prevención” de la banca a prestar a las familias, empujada por el Banco de España (que les alertó del “excesivo” aumento de los créditos personales, que aumentaron un 17% en 2018), el aumento de la morosidad (un aumento del 25% en los clientes que no pagan) y, sobre todo, los cambios legales en las hipotecas, que ahora son “menos rentables” para la banca. El 16 de junio de 2019 entró en vigor la nueva Ley Hipotecaria, que obliga a las entidades a unos criterios más estrictos en la concesión de hipotecas y a asumir gastos e impuestos que antes pagaban los clientes. Además, en septiembre, el Tribunal Supremo dictaminó que los bancos no podrán ejecutar una hipoteca hasta que el cliente cumpla un año de impagos. Factores todos que han frenado las hipotecas.


Además, hay otra causa que explica la caída del crédito: los temores a “otra crisis” han hecho que las familias se piensen mucho más el pedir un crédito, tanto para consumo como para comprar una vivienda, cuyas ventas también se han “enfriado” (de enero a agosto se han vendido 8.000 viviendas menos que el año pasado, un 2,2% de caída, algo que no sucedía desde 2014). Y las empresas, preocupadas por la caída del consumo y de las exportaciones en el tercer trimestre, también se han retraído a la hora de pedir préstamos para ampliar su actividad.


El resultado es que ha caído el crédito en los últimos meses. Las empresas, que acabaron 2018 con 885.778 millones de deuda, la aumentaron hasta los 897.584 millones en abril, pero luego se han “desendeudado” y debían 894.427 millones en septiembre de 2019, según el Banco de España. Y eso que las empresas están en mucha mejor situación para endeudarse que antes, porque sus beneficios han aumentado un +13,7% desde 2008 (509.687 millones en 2018). Eso supone que ahora sólo destinan un tercio de sus beneficios a pagar la deuda, cuando en 2008 les comía el 72% de sus ganancias, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Pero, a pesar de eso, han frenado su endeudamiento y, con ello, sus proyectos de inversión, lo que es preocupante para el crecimiento y el empleo.


En cuanto a las familias, han frenado sobre todo la petición de créditos personales: sólo han pedido 26.236 millones entre enero y septiembre, un 3,6% más que el año pasado, cuando en todo 2018 estos créditos aumentaron un 17%, según el Banco de España. El crédito con tarjetas crece un 5% en los 9 primeros meses y donde más se nota el parón es en las hipotecas: se han concedido 31.250 millones entre enero y septiembre de 2019, sólo un 1,8% más que el año pasado, cuando en todo 2018 el dinero prestado con hipotecas creció seis veces más, el 10,8%, según los datos del Banco de España.


Al final, este “enfriamiento” del crédito tiene una parte positiva (menos “agobio de pagos” por intereses para familias y empresas) pero tiene otra parte muy negativa: si las familias no se endeudan, muchas consumen menos y compran menos viviendas, lo que retrae el crecimiento (y el empleo). Y si las empresas no se endeudan, les será más difícil invertir en maquinaria, tecnología y mano de obra, lo que reduce su productividad y frena el crecimiento y el empleo. Además, esa menor demanda de crédito de las que pueden pedirlo se suma a las muchas empresas que tienen problemas para financiarse, con lo que tampoco invierten. De hecho, el 20% de las microempresas (1-9 trabajadores) españolas (hay 1.143.000 microempresas, que aportan el 20% de todos los empleos) no tienen acceso al crédito y otro 51% tienen problemas para conseguirlo, según un estudio del BBVA e Ivie. 


Pero hay otra consecuencia más del frenazo del crédito: el daño a la banca, cuyo negocio es prestar. Además, si tienen exceso de liquidez (porque les piden menos crédito), el BCE ahora les penaliza, porque les cobra por los depósitos que tienen en el Banco Central Europeo (un 0,5%). Y además, como los tipos están bajos, les han bajado los márgenes. El resultado es que los 6 grandes bancos españoles (Santander, Caixabank, BBVA, Bankia, Sabadell y Bankinter) han tenido una bajada de sus beneficios: 7.536 millones en el primer semestre de 2019, un 11,19% menos que en la primera mitad de 2018. Y de seguir el crédito débil y si volvemos a entrar en crisis, alguno podría volver a tener problemas (y el rescate lo pagaríamos todos). Pero no hay que llegar a tanto. La situación actual ya nos afecta, por tres vías que buscan los bancos para ajustar sus cuentas: despidos, cierre de oficinas y más comisiones. 


Ante los tipos bajos y el debilitamiento del crédito, los grandes bancos ya han anunciado más cierre de oficinas y más despidos (que ellos disfrazan como “jubilaciones anticipadas). Ya entre 2007 y 2017, la banca española cerró un tercio de sus oficinas (el 38%) y redujo casi un tercio su plantilla (un 31%). Y sigue por ese camino.  En el primer semestre de 2019, la gran banca cerró 426 oficinas y redujo su plantille en 2044 personas. Y en 2020, Sabadell prevé cerrar 200 oficinas más, BBVA otras 195 y Santander completar el cierre de las 1.200 previstas, lo que se unirá  a un recorte de plantilla de 6.200 personas más. Y la tercera medida será aumentarnos las comisiones, que ya les aporten una cuarta parte de los ingresos totales. De momento, Santander, BBVA y Sabadell ya han anunciado a sus clientes que les subirán las comisiones en enero, sobre todo a los clientes menos "vinculados".


Ahora, los expertos creen que el crédito volverá a caer en el cuarto trimestre de 2019, porque sigue la incertidumbre económica internacional y no se despeja la incertidumbre política en España, lo que disuade a empresas y familias a endeudarse. Es posible que se recupere algo el crédito a las familias, porque los bancos “necesitan con urgencia prestar”. Por eso, están metidos en una cierta “guerra de créditos”, sobre todo para vender hipotecas, aprovechando la subida de los alquileres  (cuanto más altos, más compensa comprar casa) y los bajos tipos de interés (el Euribor lleva meses en negativo y ha caído del -0,116% en enero al -0,304% en octubre). Además, los bancos “ganan mucho” con las hipotecas, porque los tipos que cobran son de los más altos de Europa (el 2,04% TAE en septiembre, frente al 1,78% en la zona euro, según el Banco de España) y porque la hipoteca les permite “tener un cliente cautivo 25 años”, que le reporta otros ingresos vía nómina, domiciliación de recibos, tarjetas, seguros y cobro de múltiples comisiones. Eso sí, cada vez más, la banca “elige” a quien concede las hipotecas, personas con trabajo estable y sueldos “decentes”. 


En los créditos al consumo (compra coche, muebles, vacaciones...), los bancos van a ser más cautelosos (son créditos más “peligrosos”, con más morosidad), aunque también los necesitan para mantener su negocio, sobre todo porque son muy rentables: los bancos españoles cobran por ellos un 8,04% TAE (recordemos que el precio oficial del dinero es el 0%), bastante más que el 5% que cobran los bancos de la zona euro, según el Banco de España. Y sobre todo, les interesa el negocio de las tarjetas, donde cobran un 19,67% TAE por el dinero disponible (tarjeta revolving), frente al 16,61% en la zona euro.


Lo que no parece posible es que los bancos apuesten por prestar a las empresas, algo de lo que salieron muy “escaldados” con la crisis. En unos casos, las empresas grandes, no acuden a financiarse a los bancos y lo hacen “en los mercados”, emitiendo bonos y deuda que ahora pueden colocar barata. Y en el caso de las pymes y microempresas, se junta el que ellas no se atreven a endeudarse con que tienen muy difícil conseguir un crédito. El resultado es que no invierten: el 75% de las empresas que necesitarían invertir tienen problemas para financiarse, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Y si las empresas no invierten, no se renuevan ni crean empleo. Y con ello, España sigue a la cola de la competitividad  en Europa, tenemos el doble de paro y menos renta.


Al final, el enfriamiento del crédito es otro indicador clave de que la economía se debilita, aunque siga creciendo. Es una locura endeudarse como lo hicieron empresas y familias en los años de “vacas gordas”. Pero no endeudarse, sobre todo las empresas, ahora que tienen cuantiosos beneficios y deberían modernizarse para afrontar una competitividad global, es un suicidio a medio plazo. Habría que “desatascar” los mecanismos del crédito, para que las pymes lo consigan y también las familias que lo necesiten. Es una tarea del BCE, del Banco de España y del próximo Gobierno. Que el exceso de liquidez y los tipos bajos ayuden a invertir y crear empleo, no a esterilizarse en depósitos y en la Bolsa. Que fluya el crédito.

Mileuristas: mitad jóvenes y un tercio mujeres

Los sueldos subieron un 2,9% en 2018, hasta los 1.944 euros brutos de media. Es "la mayor subida anual en la última década", dicen algunos con triunfalismo. Es cierto. Pero no dicen que la subida de salarios de la recuperación (+3,35% desde 2014) se la ha comido la inflación (+4,2%), igual que la subida desde 2007. Y que ahora los salarios son mucho más desiguales y que hay dos grupos con un salario mileurista: la mitad de los jóvenes y casi un tercio de las mujeres, cuya “brecha salarial” con los hombres ha aumentado en los dos últimos años. Y además, un tercio de los que trabajan son pobres, según las estadísticas europeas. Así que nada de triunfalismos: los sueldos siguen bajos y son un 23% menores que la media europea y un 40% más bajos que en  Alemania. Nuestras empresas siguen buscando competir  “a la China”, con sueldos bajos, en perjuicio de nuestros ingresos. Urge tener unos sueldos decentes y competir con otras cosas.

enrique ortega

En 2018, el sueldo medio de los españoles que viven de un salario (16.215.800 trabajadores) fue de 1.944,40 euros brutos (unos 1.750 euros netos), con una subida anual del 2,9%, la mayor de la última década, desde 2008 (en que subieron un 8%), según el INE. Parece que la devaluación salarial se ha acabado, tras unas subidas mínimas  en 2011 (+0,2%), 2012 (+0,5%), 2013 (+1%), 2014 y 2015 (+0,7%), 2016 (cayeron un -0,8%) y 2017 (+0,6%). Pero el dato “no es para tirar cohetes”. Primero, porque la subida del salario medio durante estos 5 años de recuperación (2014-2018) ha sido de 63,10 euros al mes, poco más de 2 euros al día. Y, sobre todo, porque esa subida (+3,35%) “se la ha comido la inflación, que subió un 4,2% estos años, según el INE. Y si tomamos la subida salarial desde 2007 (+301 euros mensuales, un +18,32%), también ha sido menor que la de los precios (+20%).


Pero lo peor es que los salarios son ahora más desiguales que antes. Hay un 30% de los asalariados (4,86 millones de trabajadores) que ganan menos de 1.250 euros brutos al mes, lo que significa que en neto (1.075 euros mensuales) son casi mileuristas. Y al otro lado, otro 20% (3,24 millones de trabajadores) que ganan más del doble, más de 2.674,70 euros brutos al mes (unos 2.280 euros netos). Y, sobre todo, hay un 10% de asalariados (1,62 millones) que malviven con sueldos inferiores a 748,7 euros brutos al mes (695 euros netos). Son trabajadores pobres, una cifra que abarca a un tercio de los trabajadores, según la estadística europea: un 32,6% de los españoles pobres trabajan,  según el último estudio de la Red Europea contra la pobreza (EAPN).


La radiografía de los salarios españoles que acaba de publicar el INE (Decil de salarios 2018) revela que hay dos colectivos que sufren especialmente los bajos salarios: los jóvenes y las mujeres. Empezando por los más jóvenes, destaca que la mitad sean mileuristas o menos: un 49,9% de los jóvenes asalariados menores de 25 años (son 462.173 jóvenes) ganan menos de 1.046,90 euros brutos al mes (962 euros netos). Y de ellos, el 29% (268.598 jóvenes) son “pobres” y ganan menos de 748 euros brutos al mes (695 euros netos). Si ampliamos la edad, de 25 a 34 años, uno de cada cuatro jóvenes son mileuristas o menos (el 24,5%, 837.434 jóvenes) porque ganan menos de 1.046,90 euros brutos (962 euros netos). Y de ellos, el 10,9% (372.572 jóvenes) son “pobres” y ganan menos de 748 euros brutos (695 euros netos), según el INE. 


Sumando ambos grupos, tenemos 1.299.607 jóvenes asalariados (de 16 a 34 años), casi 1 de cada 3, que son mileuristas o menos porque ganan 1.046,90 euros brutos al mes (962 euros netos). Y de ellos, la mitad (641.170 jóvenes asalariados, casi 1 de cada 7) que son “pobres”, porque ganan menos de 748 euros brutos al mes (695 euros netos). Con estos ingresos tan bajos,  se explica que el 81% de los jóvenes no puedan independizarse ni formar una familia.


Vayamos a las mujeres. El 41,1% de las mujeres asalariadas (7.759.260 en total) ganan menos de 1.260,90 euros brutos al mes (1.075 euros netos), más del doble de mujeres mal pagadas que de hombres (sólo el 19,7% de los asalariados varones ganan menos de 1.260,90 euros brutos, según el INE). Y si miramos las que son mileuristas o menos, las que ganan menos de 1.046,90 euros brutos (962 euros netos), son casi un tercio de las mujeres asalariadas, el 29,1 % (2,25 millones de trabajadoras). Fijándonos en las asalariadas “pobres”, las que ganan menos de 748,90 euros brutos al mes (695 euros netos), son un 15,6% de las mujeres trabajadoras (1.210.000 asalariadas), el triple que hombres (sólo el 4,8% de los asalariados varones ganan menos de 748,90 euros brutos al mes).

Además, las estadísticas revelan que en los dos últimos años se ha agravado la “brecha salarial” entre hombres y mujeres en España. En 2018, el salario medio bruto de las mujeres fue de 1.708,40 euros, el 79,04% del salario bruto de los hombres (2.161,40 euros), según el INE. Eso da una “brecha salarial” del 20,96%, superior a la de 2017 (20,19% de brecha) y la de 2016 (19,98%), aunque inferior a la de 2014 (23,89% de brecha salarial).


Las mujeres ganan menos que los hombres, según el INE, porque tienen más empleos a tiempo parcial, tienen más contratos temporales y trabajan más en sectores peor pagados. Son razones que explican también en buena medida por qué los jóvenes ganan menos: tienen más contratos temporales, en sectores peor pagados y no tienen apenas antigüedad, factores que juegan mucho en el sueldo, según la radiografía de salarios del INE.


El factor que más hunde los sueldos es la jornada de trabajo. Los asalariados con un contrato a tiempo parcial (muchas mujeres y jóvenes) ganan la tercera parte de lo que ganan los que trabajan a jornada completa: 746,10 euros brutos frente a 2.177,10 euros de media, según el INE. Otro factor decisivo es el tipo de contrato: los trabajadores con contratos temporales (un tercio de los asalariados españoles, la mayoría de los jóvenes y un alto porcentaje de mujeres) ganan dos tercios del sueldo de un trabajador con contrato indefinido: 1.389,70 euros brutos al mes frente a 2.142 euros brutos.


Otro factor clave para los sueldos es el sector económico donde se trabaja, según los datos del INE. Las actividades peor pagadas son las de empleadas de hogar (750,20 euros brutos frente a 1.944,40 euros de media), las tareas agrícolas (1.249 euros brutos), la hostelería (1.235 euros brutos), las actividades administrativas (1.348 euros), las inmobiliarias (1.571 euros) y el comercio (1.585 euros brutos), trabajos donde hay mayoría de mujeres. Y los trabajos mejor pagados son la energía (3.633,5 euros brutos), finanzas y seguros (3.350 euros), información y comunicaciones (2.741 euros), administración pública (2.563) y educación (2.365 euros). Obsérvese que una mujer de la limpieza gana 4,5 veces menos que un bancario y un joven que trabaja en hostelería 3 veces menos que en una compañía eléctrica.


Aún más importante que el sector es el puesto que se ocupa. Así, trabajar sin cualificación (el 16,4% de las mujeres asalariadas) tiene un sueldo medio de 1.103 euros brutos. Y los que son vendedores o trabajan en restauración (la ocupación del 29,3% de las mujeres) ganan 1.406 euros brutos de media, casi la cuarta parte del sueldo medio de un directivo (4.102 euros brutos). Además, si es en una gran empresa, las diferencias son escandalosas: los máximos directivos de las empresas del IBEX cobran 123 veces el sueldo medio de sus empleados (455 veces en Inditex), según un informe de Intermón Oxfam.


En general, en una gran empresa ganan más también los asalariados: 2.708,60 euros brutos de media, el doble de sueldo medio que tiene un asalariado en una micropyme (0-10 empleados): 1.388 euros brutos. Y también ganan más, en general, los que trabajan en el sector público: el sueldo medio de los asalariados públicos (funcionarios, sanidad, educación, etc.) es de 2.654,40 euros brutos al mes, un tercio más alto que el sueldo medio en el sector privado, que es de 1.772 euros brutos al mes, según el INE.


Otro factor clave, que explica los bajos salarios de la mayoría de  jóvenes, es la antigüedad. Los que llevan menos de 1 año en el trabajo ganan de media 1.343,70 euros brutos al mes, un 21,9% menos que la media (1.994,40 euros). Y los que llevan de 1 a 2 años ganan 1.539,50 euros brutos, un 20,8% menos. Sólo los que tienen 10 años o más de antigüedad, los contratados antes de la crisis (generalmente trabajadores mayores), ganan 2.448,40 euros brutos de media, un 26% más que la media. Y también cuenta mucho la formación: los peor formados (la ESO o menos) ganan la mitad (1.276 euros brutos de media) que los universitarios (2.455,30 euros de media).


Al final, hay grandes diferencias de sueldos por autonomías, porque tienen una diferente estructura económica (más o menos industria o servicios, más o menos empresas grandes, más o menos empleo público, más o menos trabajadores formados…). Así, las autonomías donde menos se gana son Extremadura (1612,30 euros brutos), Canarias (1.679,30), Andalucía (1.749), Murcia (1.761,80) y Castilla la Mancha (1.776,60 euros brutos). Y donde más se gana en Madrid (2.264,60 euros brutos), País Vasco (2.241,60), Cataluña (2.067,60) y Navarra (2.049,70 euros). En definitiva, un extremeño gana un 28,8% menos que un madrileño, una situación sólo algo mejor que en 2014 (ganaba un 30,10% menos), según el INE.


Bueno, ya nos hacemos una mejor idea de los salarios en España y de qué dependen. Nos falta saber que siguen siendo mucho más bajos que en Europa, porque con la crisis, las empresas han tratado de competir no subiendo apenas los salarios y contratando con salarios nuevos más bajos. Y aumentando la jornada, con muchas horas extras no pagadas. Así, en 2018, el salario por hora trabajada era en España de 16 euros, un 23,45% menos que el salario hora de Europa (20,9 euros/hora) y un 30% menos que el salario en la zona euro (22,8 euros por hora), según Eurostat. Y ahora somos el país nº 16 con sueldos más bajos de Europa, sólo más altos que en Portugal (11,3 euros/hora), Grecia (12,6), Malta, Chipre y 11 paises del Este. Y quedamos muy lejos de los sueldos de Alemania (26,9 euros/hora, un 40,5% más), Francia (24,1 euros), Reino Unido (22,5 euros) e Italia (20,2 euros/hora).


Subir los salarios en España y aproximarlos a Europa no es sólo una cuestión de justicia, para recuperar el poder adquisitivo perdido en la última década, incluso con la recuperación. Es también una cuestión de equidad, porque mientras los salarios apenas crecen y son cada vez más desiguales, los beneficios empresariales han crecido más: pasaron de 450.170 millones en 2007 a 511.842 millones en 2018 (+13,7% de aumento), la mejor cifra de la historia, mientras la remuneración de los asalariados pasaba de 522.556 millones cobrados en 2007 a 569.686 millones en 2018 (+9% de aumento), según el INE. Y eso con 1,1 millones menos de españoles trabajando hoy que antes de la crisis.


Y además, subir más los salarios es una exigencia económica: es clave para que las familias puedan mantener y aumentar su consumo, que es ahora (con el gasto público y la inversión), el principal motor de la recuperación, dado que han “pinchado” las exportaciones y el turismo. Y otro argumento adicional: sólo con mejores salarios pueden recuperarse las cotizaciones de la Seguridad Social y la recaudación de impuestos, dos factores claves para apuntalar las pensiones y el Estado del Bienestar.


En definitiva, que “llega la hora de subir los salarios”, como declaró el comisario europeo Pierre Moscovici en abril. Hay riesgo de que haya otra crisis, pero eso no puede ponerse como excusa para volver a frenar las subidas de sueldos en 2020. España tiene que seguir creciendo y compitiendo con Europa, sí, pero no a costa de “tirar” los sueldos, de que seamos la China de Europa y la mitad de los jóvenes y un tercio de las mujeres ganen menos de 1.000 euros netos y malvivan. Hay que apostar por unos salarios decentes, a cambio de mejoras en la productividad que pasan por ser más eficaces, producir con más tecnología, aumentar el tamaño de las empresas, digitalizarlas y a la vez mejorar la formación y la organización de sus empleados. Producir más y mejor para poder pagar mejores salarios. Otro reto más que tenemos pendiente.

España falla en la formación de adultos

Casi el 40% de los adultos españoles está poco formado, más del doble que en Europa. España no se esfuerza por formarlos, ni cuando trabajan ni cuando están parados: sólo el 10,5% de los adultos se forma tras finalizar sus estudios, menos que en la mayoría de paises. La educación reglada de adultos ha caído a la mitad, los cursos de formación sólo los hacen el 3,5% de los parados y entre los trabajadores en activo, sólo 2.800.000 hacen algún curso. El problema no son los recortes, que han reducido cursos, sino que ni siquiera se gasta el dinero disponible (tenemos 2.000 millones de remanente), porque ni parados ni trabajadores se animan a formarse en cursos largos y poco atractivos. Y las empresas se quejan de hay mucha burocracia y tienen que adelantar el dinero. La formación de adultos no funciona y tanto sindicatos como patronal piden cambios. Urge mejorarla si queremos mano de obra preparada para la revolución tecnológica que está ahí. A formarse.

enrique ortega

España es un país con poca formación para trabajar. El último dato de la OCDE (2018) es muy revelador: un 39,9% de los adultos (25-64 años) tienen baja formación (la ESO o menos), frente al 18,7% de media en Europa (UE-23), el 10,9% en Finlandia, 13,3% en Alemania, 20,6% en Francia, 33,3% en Reino Unido o el 38,3% en Italia (sólo Portugal está peor, con el 50,2% de adultos poco formados). Y otro 22,9% de adultos españoles tiene una formación media (Bachillerato o FP), frente al 46,2% en Europa. Eso sí, tenemos más universitarios: un 37,3% de los adultos, frente al 35,6% en Europa (UE-23). 


No sólo tenemos menos adultos formados, según sus títulos. Es que, además, tienen menos “habilidades”, menos competencias prácticas, según el informe PIACC 2013, que nos sitúa “a la cola de Europa”. En comprensión lectora, tenemos a un 27,2% de los adultos en su nivel mínimo (Finlandia tiene sólo al 10%). En matemáticas, el 30,6% de adultos se sitúan en el nivel mínimo, el porcentaje más alto de toda Europa con Italia. Y lo mismo sucede en informática (el 42% de los adultos españoles son “casi analfabetos digitales”) y en idiomas: la mitad de los adultos españoles (49%) no conocen otro idioma extranjero, frente al 34% de media en Europa, el 10% en Escandinavia o el 15% en Holanda y Suiza.


En definitiva, hay demasiados españoles con poca formación académica y con pocas habilidades prácticas, lo que explica en buena medida que tengamos el doble de paro. Y que el 72% de las empresas españolas se quejen de que no encuentran el perfil de trabajador que necesitan. Pero el problema se va a agravar en el futuro, con la revolución tecnológica, donde sólo tendrán empleo los mejor formados: para 2020, el 50% de los empleos en Europa serán para los trabajadores con formación media (sólo el 22,9% de los adultos españoles), el 35% para los que tienen alta formación (37,3% españoles adultos) y sólo quedará un 15% del empleo para los peor formados (casi el 40% de los españoles), según un estudio de CEDECOP. Y centrados en España, de los nuevos empleos disponibles dentro de diez años, entre 8,8 y 10 millones, sólo el 2,3% serán para los que tienen baja formación, un 39,5% para los que tienen estudios medios y más de la mitad (58,4%) para los que tengan educación superior, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie.


La urgencia de formarse es evidente, pero el problema es que España parte de una baja formación y se ha hecho poco por mejorarla. Otra vez más, los datos son impactantes: sólo el 10,5% de los adultos españoles se forman a lo largo de su vida laboral, por debajo del 11,1% de media en Europa y sobre todo por debajo del 14,6% que se forma en Reino Unido, del 19% que se forma en Francia y Holanda o del 30% que casi alcanzan en Finlandia o Suecia, aunque España queda por encima de la formación continua en Alemania (8%, aunque es un país con alta formación de partida), de Italia (8,1%) y Portugal (10,1%), según Eurostat. La Comisión Europea cree que la formación continua es uno de los grandes retos del continente y planteó un objetivo dentro de la Estrategia Europa 2020: que llegue al 15% el año próximo.


Ese 10,5% de adultos que se forman a lo largo de su vida lo hacen en España por 3 caminos: los estudios “reglados” que promueve el Ministerio de Educación (formación de adultos) y la formación “no reglada” (fuera del sistema educativo), que promueve el Ministerio de Trabajo y las fuerzas sociales (sindicatos y patronal), a través del SEPE y de la Fundación para la formación en el empleo (FUNDAE), para los parados y para los que trabajan.


El primer camino, la formación de adultos en centros educativos, ha caído a la mitad en los últimos años: alcanzó un máximo en 2011-2012 (474.621 alumnos) y fue cayendo después, sobre todo en 2014 (328.348 alumnos), para llegar a 230.026 alumnos matriculados en enseñanzas para adultos en el curso 2018-19, casi la mitad para sacar la Secundaria (105.746), otros 14.952 para obtener la ESO y 19.254 para acceder a la Universidad. Este desplome en la educación reglada para adultos se debe sobre todo a los recortes, que redujeron profesores y centros: hay 418 centros menos que en 2011 (-16%), 2.323 centros  educativos que imparten enseñanza para adultos (el 98,9% públicos). Pero también hay un desinterés hacia esta educación, poco flexible (horarios) y poco incentivada socialmente.


El segundo camino, que se bifurca en dos, es la formación “no reglada”, los cursos que se imparten a parados y ocupados. Se financia con las cuotas de formación que cotizan cada mes empresas y trabajadores (el 0,7% : 2.101 millones en 2018), más una pequeña aportación el Presupuesto y de los Fondos europeos (312,55 millones en 2018). En total, fueron 2.414 millones de euros en 2018, que se reparten para formar a parados (1.148 millones) y trabajadores (1.148 millones), junto a la financiación de becas y otros gastos (118 millones). El problema ha sido que la formación fue una de las partidas que más sufrieron los recortes de Rajoy: la aportación del Estado a la formación no reglada pasó de 934 millones en 2011 a 134 millones en 2015.


Vayamos a la formación a los parados, que gestionan el SEPE (antiguo INEM) y las autonomías (responsables del 95% de esta formación). En 2018, sólo 117.538 parados finalizaron cursos de formación, en 1.622 centros públicos de empleo y 18.780 entidades privadas de formación, según el SEPE. Significa que sólo el 3,5% de los parados registrados hicieron cursos: fueron básicamente mujeres (52,91%), parados de edades medias (53,23% entre 25 y 45 años) y mayores (26,37%), pocos jóvenes (20,3% eran menores de 25 años), con formación media (36% con Bachillerato o FP) y alta (14 % universitarios) y sobre todo parados con baja formación (49%). Y dos tercios de los que hicieron cursos volvieron a trabajar.


Este bajo porcentaje de parados que hacen cursos (3,5%) es doblemente preocupante si sabemos que la mayoría de los parados españoles tienen baja formación: casi la mitad de los 3.214.100 parados que había en España en septiembre (EPA) tienen la ESO o menos (49,19%), una cuarta parte Bachillerato o FP (24,62%) y otra cuarta parte son universitarios (26,17% de los parados), según el INE. Y están aún peor formados los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar (1.243.400 en septiembre): el 53,4 % tienen la ESO o menos, el 23,3% Bachiller o FP y el mismo porcentaje de universitarios.


Y vayamos al tercer camino para formarse, los cursos para trabajadores en activo, que se imparten a través de la Fundación para la Formación (FUNDAE, integrada por Trabajo, sindicatos y patronal) y del SEPE. Existen dos fórmulas: la formación bonificada (que imparten las empresas, ellas directamente o a través de empresas de formación, a cambio de recibir ayudas en forma de recorte de cotizaciones) y la formación subvencionada, cursos gratuitos que se convocan y que se ofrecen a través de entidades de formación acreditadas. Dos tercios del dinero van a la formación bonificada que programan las empresas y el tercio restante a los cursos que convoca la FUNDAE.


En total.  en 2018 hubo 360.052 empresas que utilizaron la formación bonificada, alguna más que en 2017 (+4.545) pero 118.000 menos que en 2013 (478.621 empresas hicieron formación), según la FUNDAE. Son sólo el 21,2% de las empresas que podrían hacerlo, una cifra muy baja y que se reparte de forma desigual: hacen poca formación las microempresas (el 16,6%) y las pymes (el 49,7%) y mucho más las medianas (81,2% la hacen) y las grandes (92%), probablemente las que tienen el personal mejor formado. Las que más hacen formación son las empresas de Madrid (se llevan 156 millones), Cataluña (110) y País Vasco (28,5 millones), sobre todo empresas de servicios, hostelería, comercio e industria.


En cuanto a los trabajadores, 2.800.000 ocupados hicieron cursos de formación en 2018, sólo el 21,3% de los trabajadores que podrían formarse. Y realizaron 1,6 cursos de media, con 14,8 horas de media por curso (en 2008 eran 27 horas de media), la mayoría presenciales (75,5%) aunque crecen los online (23,5% cursos). El perfil del trabajador que hace cursos bonificados o subvencionados es hombre (54,7%), de 36 a 45 años (23,19%) y de 46 a 55 años (17,80%), pocos jóvenes (17,5% menores 35 años), con un nivel de estudios alto (29% son universitarios) y medio (45% son trabajadores cualificados), muchos directivos y jefes (30%), la mayoría trabajan en grandes empresas (el 56%) y escogen cursos de comunicación y marketing (22,85%), administración y gestión (20,20%), informática y comunicaciones (12,19%), servicios socioculturales (10,90%), hostelería y turismo (5,92%), según la Memoria 2018 de FUNDAE.


Parece claro que la formación a los trabajadores no funciona cuando sólo la hacen 360.000 empresas (hay 3 millones registradas) y 2.800.000 trabajadores (hay 16.790.000 asalariados). En 2015, el Gobierno Rajoy impuso una reforma de la formación, para atajar la ineficacia y el fraude, quitando la semi exclusividad de los cursos a sindicatos y patronal. Pero las fuerzas sociales, que ya se quejaban entonces del sistema, hoy se quejan más. Primero, porque han caído el número de empresas que hacen formación. Segundo, porque la nueva normativa ha encarecido los cursos, expulsando a las microempresas de 5 a 10 trabajadores. Tercero, por la falta de transparencia en la adjudicación de los cursos, que se concentran en menos empresas, vinculadas a grandes consultoras: sólo 19 entidades se reparten el 30% de los fondos (con 3 millones cada una) mientras las 287 restantes se llevan una dotación media de sólo 67.000 euros. Cuarto, que hay un exceso de burocracia y las empresas tienen que adelantar el 40% de los cursos y tardan en recuperarlo. Y quinto, que los cursos son demasiado generalistas y poco ligados a lo que necesitan las empresas.


Pero la mayor crítica que hacen sindicatos y patronal al sistema de formación es que es ineficaz, porque no es capaz de gastar los recursos disponibles: Trabajo les ha reconocido que hay un remanente de 1.504 millones de euros no gastados entre 2015, 2016 y 2017. Y en 2018, sólo en la formación bonificada, no se utilizaron 125 millones, el 19,3% del Presupuesto disponible, según la Memoria de FUNDAE. Pero la patronal CEOE va más lejos: entre 1993 y 2016, de los 35.215 millones pagados para la formación por empresas y trabajadores (vía cuotas a la SS), sólo se gastaron 20.682 millones. El resto, 14.533 millones (el 41,3%) es un remanente que no fue a formación (no será porque no hace falta) y que los distintos Gobiernos han gastado en otras cosas o en reducir el déficit.


Ahora, sindicatos y patronal insisten en que la reforma del sistema de formación debe de ser una prioridad de cualquieracuerdo social y con el futuro Gobierno. Hace falta un Plan integral de formación, para trabajadores y parados, que consiga gastar lo presupuestado, en cursos que sean útiles para mejorar la cualificación y afrontar la revolución tecnológica. Y es clave mejorar la transparencia en la gestión y la eficacia, con auditorías. Además, algunos expertos apuestan por no hacer la formación sólo a través de las empresas sino crear la figura del “cheque formación”, para que no haya trabajadores excluidos. Y promover en los convenios la formación continua, con incentivos a los trabajadores que se formen. En paralelo, urge reformar los cursos para parados, aumentando su utilidad y vinculándolos al cobro de prestaciones. Y en la enseñanza reglada, incluir la educación de adultos como una prioridad de un necesario Pacto Educativo, con más profesores y centros implicados.


En definitiva, se trata de conseguir que los españoles adultos estén mejor formados y más preparados para los nuevos empleos que ya se necesitan hoy y para las habilidades que se van a exigir en el futuro. Un factor clave para lograr que trabaje más gente (debería haber 1,8 millones de personas más trabajando para equipararnos al empleo europeo) y que trabajen mejor, con más eficacia (España ocupa el puesto 23 en el ranking mundial de productividad). Eso exige aprobar un Plan de formación continua (no existe), recursos y apoyo, desde las empresas y los sindicatos al poder  político. Nos jugamos el futuro.

El negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores. Los fondos de inversión extranjeros y también españoles han visto claro este negocio, invirtiendo recientemente más de 2.000 millones de euros en comprar y construir residencias de ancianos, muy escasas. Así, las residencias privadas facturan ya 4.500 millones al año y las 3 mayores empresas son francesas. Y cada año llega más capital extranjero, a ocupar el vacío que deja la escasez de residencias públicas (sólo 1 de cada 4), que llevan años sin construirse por los recortes. El problema para los mayores es que una residencia cuesta 1.900 euros al mes de media, más que la mayoría de pensiones. Y tienen que buscar que los cuiden sus familias o una residencia “low cost” de poca calidad. Urgen 100.000 nuevas plazas de residencias y que la mayoría sean públicas, no un negocio para inversores.

enrique ortega

En España vivían el 1 de enero 9.055.580 personas mayores de 65 años, según el último Padrón de habitantes del INE, un 19,2% de la población. Eso nos coloca como uno de los paises más envejecidos de Europa, tras Italia (22,6% de mayores), Portugal (21,8%), Alemania (21,4%) y Francia (19,7%), según Eurostat. Pero como España tiene más esperanza de vida (80,39 años los hombres y 85,74 años las mujeres) y la va a seguir teniendo, en las próximas décadas tendremos aún más viejos, según las proyecciones demográficas del INE. Así, en 2033 tendremos un 25,2% de mayores (12.329.5005 habitantes con más de 65 años) y en 2050 serán casi un tercio de la población (el 31,62%), 15.700.000 mayores de 65 años, lo que situará a España como el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón.


Este panorama demográfico, el mayor problema de fondo de España, conlleva un gran reto, para financiar la pensión futura de estos mayores españoles. Pero también implica estudiar cómo cuidar y atender a esos 15 millones de viejos futuros. Actualmente, dos tercios de los mayores viven solos (el matrimonio o su viuda/viudo) y eso provoca problemas de soledad y desatención, llegándose incluso a situaciones extremas, como ancianos que llevan años muertos en su casa. Otro tercio de los mayores, según algunas estadísticas, son atendidos por sus hijos (la mayoría, por sus hijas, que en muchos casos no pueden trabajar) o por cuidadores, generalmente inmigrantes. Son 3 millones de personas que necesitan ayuda, en especial ese millón largo que son oficialmente dependientes. Y aquí, el problema es que la falta de recursos públicos lleva a que unos 200.000 mayores estén “en lista de espera” para recibir una ayuda que les han reconocido, desde una teleasistencia a un Centro de Día o una residencia. Y 80 mueren cada día sin que les llegue la ayuda.


La solución para muchos mayores dependientes es ingresar en una residencia de ancianos. Pero la realidad es que hay pocas y son muy caras. El resultado son las “listas de espera”, más de 50.000 ancianos dependientes que cumplen hoy las condiciones para entrar en una residencia pública o concertada (privada subvencionada) y esperan una plaza hasta 4 y 5 años, si no se mueren antes. Se estima que son 18.500 en Cataluña, 10.000 en Madrid, 4.900 en Canarias, 2.600 en Galicia, 2.000 en el País Vasco, 1.500 en Extremadura, 860 en la Rioja…, a falta de datos oficiales. Y eso se debe a la escasez de residencias de ancianos, no sólo públicas sino también privadas. En España hay 4,1 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años (2019), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber 5 por cada 100 mayores. La media europea es de 4,6 plazas, pero los paises ricos del norte tienen más (6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 Reino Unido) e Italia sólo 1,85, según un informe de la consultora CBRE.


En España, la última cifra de residencias de ancianos (abril 2019) indica que hay 5.417 residencias, el 70,96% privadas (3.844) y un 29,04% (1.573) públicas. Y ofrecen 372.985 plazas (camas): el 72,84% son privadas (271.696 plazas, un 35% son concertadas: el Estado paga una cantidad por cada anciano alojado) y el 27,16% restante son públicas. Así que hay 1 plaza pública por cada 3 privadas. Pero esta es la media, porque hay varias autonomías donde las plazas en residencias públicas son mucho menores: Cantabria (sólo 14,1% plazas son en residencias públicas), Comunidad Valenciana (19,9%), Cataluña (20,3%), Andalucía (22,3%), Madrid (23,5%) y Murcia (24,1%). Y otras, pocas, donde hay una mayoría de plazas en residencias públicas: Extremadura (55,1% de las plazas), Melilla (59%) y Canarias (52,6%), según las estadísticas aportadas por el CSIC y Envejecimiento en Red.


El número de residencias y plazas ha crecido, pero menos que el número de ancianos, con lo que faltan plazas: unas 60.000 para llegar al ratio de 5 plazas por cada 100 ancianos de la OMS y un déficit real de 100.000 plazas, según la consultora CBRE. El problema adicional es que la falta de plazas no es homogénea sino que varía mucho por provincias y autonomías, según su porcentaje de mayores y su número de residencias. Así, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias, Murcia y Ceuta (2,2 plazas por cada 100 mayores), en la Comunidad Valenciana (una autonomía muy envejecida, con sólo 2,8 plazas por cada 100 mayores), en Baleares (2,9), en Andalucía (3), en Melilla (3,1), en Galicia (3,1 plazas, siendo la autonomía más envejecida: 25,2% gallegos tienen más de 65 años) y en Madrid (4,1 plazas). Y donde hay más oferta de residencias es en Castilla y León (7,6 plazas por 100 mayores en la 3ª autonomía más envejecida: 25,4% tienen más de 65 años), Castilla la Mancha (6,9), Aragón (6,5 plazas), Extremadura (6,2), Navarra (4,8), Cantabria y Asturias (la 2ª autonomía más envejecida: 25,7% de mayores) con 4,7 plazas y Cataluña (4,3).


Con este déficit y su reparto, hay muchos inversores, sobre todo fondos extranjeros, que han visto en España una gran oportunidad de negocio, por la vía de comprar residencias o construirlas. Así, el sector de las residencias de ancianos ha atraído más de 2.000 millones de euros de inversiones entre 2015 y 2017, según estimación de la consultora CBRE. Y el flujo de dinero ha seguido llegando hasta hoy. Lo que se busca son residencias bien situadas, (también en zonas costeras), mal gestionadas por propietarios españoles a los que se va con el dinero por delante. De hecho, se ha creado una cierta “burbuja” de compras, que ha subido un 50% los precios de las pocas residencias “disponibles”, según la consultora Angomed, que se dedica a “buscar oportunidades”. Y en paralelo, se están comprando edificios para reconvertir en residencias y hasta terreno para nuevas construcciones.


Tras esta “fiebre inversora” por las residencias españolas, el sector privado factura ya 4.500 millones de euros (2018) y se ha concentrado: hay 5 grandes grupos (4 extranjeros) que controlan el 23% del mercado (tenían el 14,6% en 2013) y los 10 primeros concentran ya el 30,9%, según el Observatorio sectorial DBK. El líder es el grupo francés DomusVi (el 3º en Europa en residencias), antes  controlado por el fondo francés PAI Partners y ahora propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG : llegó a España en 2015 y ya tiene 195 residencias y 25.000 plazas (camas). Le sigue el grupo también francés Orpea, filial del mismo grupo francés que tiene 96.500 plazas en Europa: llegó a España en 2006 y tiene ya 100 residencias y 8.000 plazas en residencias y centros de día. El tercero del ranking es Amavir, filial del grupo francés Maison de Famille (ligado a Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias, 40 centros de día y 8.000 plazas en 7 autonomías. El cuarto es Vitalia, empresa comprada en 2017 a Portobello capital por el fondo británico CVC  Capital Partners: tiene 40 residencias y 8.000 plazas, pero contempla inversiones para llegar a 10.000 plazas y subir al 2º puesto en el ranking del sector. Y en el 5º puesto, Ballesol, la única de las grandes con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 plazas.


Sigue en este ranking Sanitas mayores, propiedad de la británica BUPA, con 47 centros y 6.000 plazas residenciales. Y Saleta Care, filial de la sociedad belga Armonea, que compró el verano pasado 8 residencias y oferta 3.800 plazas. Y Caser residencial, con 19 residencias y 2.700 plazas. O el grupo francés Korian, líder europeo en el negocio de residencias (con 75.000 plazas), que ha comprado 13 residencias en Andalucía y Mallorca, con 2.000 plazas. Y la lista se engrosa cada día con constructoras que se meten a “gestionar residencias” (OHL, Sacyr, ACS, grupo Eulen…), con el Grupo Once (Ilunion sociosanitario tiene 7 residencias y 802 plazas),  y con fondos de inversión que se suman al negocio: el último HealthCare Activos Yeald, una SOCIMI (sociedad de inversión inmobiliaria) creada en septiembre de 2019 por fondos españoles para comprar y construir residencias.


Todos estos fondos de inversión, extranjeros y españoles, apuestan por el negocio de las residencias de ancianos porque existe una enorme demanda potencial (9 millones de mayores hoy, 15 millones en 2050) y saben que es un negocio “cautivo”, por la inexistencia de una oferta pública de residencias, que no se construyen apenas desde antes de la crisis. Y también saben que es un negocio muy  “rentable”, donde pueden poner altos precios al cliente, por la creciente necesidad del servicio y la falta de plazas en muchas ciudades y regiones, que se incrementará en el futuro: harán falta 200.000 plazas adicionales para 2030 y 400.000 para 2050, según la consultora CBRE.


Al final, el precio de una residencia de ancianos se ha disparado y eso (y la enorme demanda potencial) es lo que atrae a los inversores. Ya en 2017, la web Inforesidencias hablaba de un precio medio de 1.777 euros más IVA (1.954 euros). Y hoy, el precio oscila entre 1.500 y 2.000 euros, con un precio medio de 1.900 euros con IVA, según Cronoshare.com. Un coste que oscila mucho entre los 1.645 euros en Castilla León, los 1.914 euros en Galicia, los 2.030 euros en Cataluña o Madrid o los 2.469 euros del País Vasco. Eso sí, también hay residencias “low cost”  más baratas, en los extrarradios de las grandes ciudades, con pocos servicios y una mala atención que a veces se denuncia.


El problema para una persona mayor es que estos precios de las residencias son “prohibitivos”, incluso si encuentra una plaza en una residencia pública o concertada, donde paga sólo una parte, en torno al 42% según autonomías y residencias (son 800 euros, que en Baleares puede llegar a 1.000 euros). Recordemos que la pensión media en España era en octubre de 994 euros y que en el caso de las mujeres, mayoritarias entre los ancianos que necesitan una residencia, la pensión media de viudedad es de 730,90 euros. Así que una gran mayoría de ancianos no puede pagar ni una residencia pública ni una privada subvencionada y menos una residencia privada normal, salvo que venda parte de su patrimonio o hipoteque a sus hijos. Y sólo le queda depender del cuidado familiar o pagar a un cuidador en casa.


El problema es muy serio, no sólo porque un tercio de los mayores requieren ayuda sino porque muchos necesitan también cuidados médicos y psicológicos, que sólo se les pueden garantizar en una residencia geriátrica (lo que descargaría además la sanidad pública, desde hospitales a especialistas y Centros de salud, muy colapsados por los mayores).Pero no hay ningún Plan de residencias públicas, aunque se contemplaba en la Ley de Dependencia. Y no se invierte en ellas desde hace una década. Harían falta 100.000 plazas, sólo para cubrir el déficit actual, no las necesidades futuras. Y los expertos calculan que el coste de una residencia de 100 plazas son 10 millones de euros. Así que construir 50.000 plazas públicas costaría 5.000 millones de euros al Estado y las autonomías. Y otros 1.750 millones para subvencionar la estancia en 25.000 nuevas residencias privadas.


Pero a la vez que se planifica ampliar las residencias públicas, sobre todo donde hay menos y hacen más falta (recordemos: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia Canarias, Baleares, Andalucía y Madrid), hay que “poner orden” en el panorama actual de las residencias de ancianos, tal como pedía el último informe del Defensor del Pueblo y los profesionales del sector. Hay que “homogeneizar” el servicio, para que todas las residencias tengan las mismas exigencias de personal y profesionales, ya que ahora cada autonomía tiene unos ratios diferentes. Y homogeneizar también las ayudas al pago de una residencia, porque hoy son muy diferentes entre autonomías, con el objetivo de que el pago final no se lleva más del 70% de la pensión. También hay que potenciar las auditorías públicas de las residencias, para detectar y sancionar abusos en el cuidado de los ancianos (que siguen siendo noticia), publicando los resultados para que las familias sepan quién atiende mal. 


Bueno, las residencias de ancianos es un tema medio tabú, del que no se quiere hablar, pero que afecta a millones de españoles, por ser mayores o por sus padres. Y lo preocupante es que el Estado y las autonomías no afrontan la falta de plazas y dejan la vía abierta a los fondos de inversión, que sólo buscan rentabilidad a corto, a costa de altos precios y una atención “barata”. Es hora de decidirse a promover residencias públicas, de destinar parte del dinero generado por los mayores y sus familias a cuidarlos mejor. A no dejarles sólo en manos de los inversores. Para eso tenemos un Estado y unos impuestos.