Almacén Castor: otro rescate con nuestro dinero

Ha pasado bastante desapercibido, pero el Gobierno Rajoy aprobó el 3 de octubre otro rescate con nuestro dinero, como el de la banca: el almacén de gas Castor, situado en la costa de Castellón. Como su funcionamiento provocó mil micro-seísmos, lo paralizó el año pasado y ahora lo cierra, pagando a sus dueños (una empresa de Florentino Pérez) lo que han invertido, un compromiso del Gobierno Zapatero, que autorizó el almacén en 2008 sin estudios sísmicos. El cierre costará 100 millones de euros anuales los próximos 30 años, 3.000 millones que se cargan al recibo de los consumidores de gas (particulares y empresas), que pagarán un 1% extra en cada recibo por el cierre de Castor. Otro ejemplo de “socialización de pérdidas”, de cómo los consumidores pagamos los errores de otros: rescate de las Cajas (Rajoy), cierre de nucleares (González), déficit eléctrico (Aznar) y pronto, la nacionalización de 9 autopistas y el rescate parcial de las centrales de gas. ¡Viva la economía de mercado!
 

enrique ortega

El almacén de gas Castor es el cuarto en España, tras los que funcionan sin problemas en Yela (Guadalajara), Bermeo (Gaviota, en la costa vizcaína) y Serralbo (Huesca). Está situado a 22 kilómetros de la costa de Castellón, frente a Vinaroz, a 1.750 metros bajo el mar, aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Shell en Amposta. Su objetivo era almacenar gas para garantizar el suministro de un tercio del consumo español durante 50 días. El primer permiso de investigación lo concedió el Gobierno Aznar, en 1996, pero hasta mayo de 2008 no fue autorizado por el Gobierno Zapatero. Y no empezó a funcionar hasta el 14 de junio de 2013, cuando se empezó a cargar el gas. Pero en septiembre 2013 se produjeron hasta 1.000 microseísmos en la zona (uno de magnitud 4,2 en la escala Richter), lo que provocó la paralización por el Gobierno el 26 de septiembre de 2013. Posteriormente, dos informes del Instituto Geográfico Nacional (diciembre 2013) y del Instituto Geológico y Minero (abril 2014) coincidieron en su diagnóstico: los temblores tenían que ver con Castor y se debían a la rotura de una falla no cartografiada antes (ahora falla Castor).

La empresa propietaria, Escal UGS (un 66,7% de ACS, presidida por el madridista Florentino Pérez, y el resto de la canadiense Escal) insistió durante meses que los seísmos no tenían que ver con Castor. Y de paso, recordaba que si el almacén no entraba en funcionamiento, el Gobierno tenía que resarcirle de la inversión, según la concesión. Y era así: el Real Decreto de mayo de 2008 que autorizó Castor permitía a la empresa renunciar al proyecto en cualquier momento de los 25 años de concesión y en caso de caducidad o extinción de la concesión, “las instalaciones revertirían al Estado (…) y se compensará el valor neto contable de las instalaciones”, un trato de favor que no se dio a los almacenes de Yela y Gaviota (autorizados en 2007). Pero hay más. El ministro Carlos Sebastián concede a Castor otro beneficio más: “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones…”. Luego hay que indemnizarles (menos) aunque tengan la culpa. Una locura, pero está escrito en el BOE.

El Gobierno Rajoy recurrió al Supremo, en mayo de 2013, esta segunda parte de la cláusula del contrato, por considerarla abusiva. Pero el 14 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo resolvió a favor de la empresa: había que indemnizarla. El Gobierno estuvo varios meses remoloneando y en julio de 2014, Florentino Pérez le comunica que renuncia a explotar Castor, paralizada ya diez meses. Y reitera su mensaje: me tenéis que pagar lo invertido, unos 1.400 millones, tres veces lo previsto. El Gobierno se pone las pilas porque lucha contra el calendario: en noviembre de 2014, el almacén Castor ha de pagar el primer cupón a los inversores que han puesto su dinero para construirlo, grandes bancos europeos y el propio Banco Europeo de Inversiones (300 millones). Si no se les paga (el almacén no da ingresos) y la empresa quiebra, supone un grave problema para la imagen de España. Hay que pagarles y “tranquilizar a los mercados”. Aunque sea a costa de que lo paguemos todos.

La primera idea del Gobierno Rajoy es nacionalizar Castor, crear una empresa pública que se quede con el muerto y financiarlo con un crédito del ICO, un préstamo a bajo interés. “El consumidor no pagará Castor”, decía el 4 de julio de 2014 el secretario de Estado de la Energía. Pero esta fórmula se consultó con Bruselas y lo tuvieron claro: así aumentaba la deuda pública de España en 1.400 millones. Así que Montoro se negó en redondo. Y hubo que buscar otro camino: Enagás (5% del Estado) se hace cargo de Castor y pide un préstamo a tres grandes bancos (Santander, CaixaBank y Bankia) para pagar a los inversores: en 35 días, les adelantarán los 1.350 millones de euros del rescate, a cambio de un interés para los bancos del 4,3% a 30 años. Y luego, Enagás traslada este coste a los operadores y comercializadores de gas, que lo cargan a los consumidores (particulares y empresas) en el recibo.

En total, contando el coste de indemnizarles, los intereses del préstamo bancario, el coste de mantener Castor “hibernando” (20 millones al año), despedir a sus 200 trabajadores y desmantelarlo en el futuro (200 millones), la factura será de unos 100 millones de euros al año durante 30 años, unos 3.000 millones de euros (la OCU lo sube a 4.731 millones). Aproximadamente, un extra del 1% en la factura mensual de los 7,4 millones de usuarios del gas en España. Para intentar paliar la impopularidad de esta decisión, el Gobierno ha insistido que “deja la puerta abierta a exigir responsabilidades en el futuro a Escal EGS si se demuestra que hubo negligencia”, para lo que ha pedido sendos informes a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, informes que tardarán más de un año (para el siguiente Gobierno).

La pena es que estos y otros informes no se pidieran antes de autorizar el almacén Castor, ni en 1996 ni en 2008. De hecho, el informe (favorable) de Medio Ambiente no se conoció hasta noviembre de 2009 (18 meses después de la concesión) y no consideró los riesgos sísmicos (aunque un informe del Instituto Geológico y Minero validó en 2007 los estudios técnicos de la empresa), a pesar de las denuncias de varios expertos y del Observatorio del Ebro (incluso la página 27 del folleto de emisión de bonos para los inversores, en julio de 2013, también señalaba riesgos de fugas y seísmos). Pero el almacén Castor era una “prioridad energética”, primero para el Gobierno Zapatero y luego para el de Rajoy, además de contar con el apoyo político de Francisco Camps (Generalitat valenciana), del condenado Carlos Fabra (Diputación de Castellón) y del Ayuntamiento de Vinaroz (PP). Ahora, todos se acusan mutuamente, pero el hecho es que entre todos lo apoyaron (sin garantías) y nosotros los consumidores pagamos los platos rotos.

El problema es que Castor (ahora en los infiernos, como el mito) no es un caso aislado, sino otro ejemplo más de este principio: cuando las cosas van bien, el beneficio es privado, pero cuando van mal, lo pagamos entre todos. Socializar pérdidas. Es lo que pasó con la crisis de la banca y el pago del rescate a las Cajas, que nos acabará costando más de 100.000 millones de euros. Antes, la decisión de Felipe González (1991) de paralizar la construcción de 7 centrales nucleares: la moratoria nuclear la estamos pagando en el recibo de la luz (0,89%) hasta 2020. Después, la decisión de Aznar (1997) de compensar a las eléctricas por subir menos la luz (déficit de tarifa), por lo que estamos pagándoles esta “deuda” en cada recibo: 3 euros al mes hasta 2025. Y ahora viene la nacionalización de 9 autopistas de última generación (aprobadas por Aznar), que prepara el Gobierno  Rajoy desde hace más de un año y que nos costará otros 2.000 millones. Y antes de las elecciones podrían “hibernar” por 4 años (a costa de nuestro recibo) las centrales eléctricas de gas, que ahora sólo funcionan al 7% por el exceso de oferta (una “burbuja eléctrica” alimentada con ayudas públicas y nuestro recibo).

Al final, se está desvirtuando la esencia del capitalismo: invertir con riesgo, a cambio de beneficios o de tener que cerrar. Ya hemos visto muchos ejemplos, en España y en el mundo, de las nuevas reglas: si las cosas van bien, gano (ACS, con Castor) y si van mal, también (porque me rescatan e indemnizan). Todo sea porque los inversores no pierdan y no se preocupen “los mercados”: somos el segundo país más endeudado del mundo y estamos en sus manos. Así que, nada de riesgo: ganan siempre algunos (los más grandes y los que tienen mejores conexiones con el poder -ver foto-, ya que con la crisis han cerrado 184.000 empresas en España). Y nosotros perdemos. ¡Viva la economía de mercado¡