Rescate autopistas: nos cargan sus deudas

El Gobierno acaba de decidir otro rescate público de empresas privadas en quiebra: nueve autopistas de peaje, promovidas por el Gobierno Aznar entre 1999 y 2003. Y lo ha hecho a escondidas, el viernes 17, presentando una propuesta al juez que lleva dos concursos de acreedores. El Gobierno Rajoy ha pactado con los bancos españoles acreedores de estas 9 autopistas hacerse cargo de la mitad de su deuda (es de 4.500 millones) y pagarles a 30 años, con los ingresos que obtenga la empresa pública (ENA) que crea nacionalizando estas autopistas quebradas. Y repiten que este rescate no nos va a costar un euro, pero no es cierto: habrá que pagar deuda e intereses y sacar a flote una empresa inviable. Además, estas autopistas ya nos han costado 5.200 millones en ayudas aprobadas por Zapatero y Rajoy, más subidas extras de peajes. Y otro recordatorio: en 1984, Felipe González ya nacionalizó seis autopistas en apuros y cuando ganaron dinero, en 2003, Aznar las privatizó. Siempre nos toca pagar los platos rotos.

                                                                              Enrique Ortega

Empecemos situando la historia. En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo se nacionalizan 9 de las 10 autopistas de segunda generación promovidas en los años del boom económico (1.999-2003), por Aznar, Álvarez Cascos (Fomento) y Esperanza Aguirre (PP de Madrid), que buscaba “tener autopistas como los catalanes”. Por eso, la mayoría de las 10 autopistas con problemas (en concurso de acreedores) son las radiales madrileñas (R-2, R3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas y la Madrid-Toledo, junto a Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y Alicante-Cartagena (que queda fuera del plan de rescate). El problema es que se diseñaron pensando en un tráfico irreal que además se ha desplomado con la crisis, máxime cuando hay autovías libres en paralelo. Y además se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, con la “ayuda” de la Ley del Suelo de 1998 (Aznar).

Pero el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras) y en financiarlas (bancos pueden cobrar 10-20 millones año en intereses), sin poner apenas capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios sólo pusieron el 12% de inversión y el 88% eran créditos (424,5 millones). Si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema era del Estado. Sí, porque Aznar pactó con las concesionarias incluir en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las autopistas no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

El problema ha sido que con la crisis, los tráficos se desplomaron y estas autopistas amenazaban quiebra. Para evitarlo, el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos a devolver al final de la concesión (65 años), más un adelanto de dinero para cubrir la caída de tráfico (80 millones anuales). Posteriormente, Rajoy mantiene las ayudas, ampliándolas hasta 2021 (antes eran hasta 2018). Y para 2013, duplica incluso el adelanto (de 80 a 150 millones). En conjunto, estas autopistas tienen garantizados 5.200 millones en ayudas públicas hasta 2.021, que se suman a otros 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1.999 y 2011, en compensación por haber subido menos las tarifas para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999). Y además, tanto Zapatero como Rajoy se comprometieron a subirles los peajes más que el IPC, tanto en 2011 (+3,43%) como en 2012 (+13,5%) y 2013 (+5%), para “ayudarles” a mejorar sus cuentas (tras una subida de peajes del 30% en diez años).

Pero ni con esas. Las cuentas de estas autopistas no salían y tuvieron que renegociar con los bancos acreedores para refinanciar su deuda. Y en 2013, suspendieron pagos, una tras otra. Los bancos le recordaron al Gobierno que si había problemas se tendrían que hacer cargo de la deuda, además de la mala imagen de España si no cumplía. Pero pagar la deuda (asciende a 4.541 millones, 4.000 de ellos la deuda bancaria, 473,2 la deuda a constructoras y 67,7 de deuda a accionistas) suponía aumentar el déficit público y la deuda. Fomento ya dijo en marzo de 2012 que estaba pensando nacionalizar estas autopistas, pero el problema era cómo afrontar la deuda.


Al final, ha forzado a la banca deudora a una quita (perdón) del 50% de la deuda, a cambio de cobrar seguro el resto (2.000 millones), en 30 años, con un interés cercano al 4%, del que un 1,8% se asegura con los ingresos por peajes. La banca acreedora española (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell y Bankia), que tiene el 60% de la deuda, ha aceptado finalmente, tras asegurarles el BCE que los bonos en que transforme esta deuda serán líquidos (los podrá descontar Draghi). Pero la banca extranjera, con el 40% de deuda restante (Royal Bank, ING, Commerbank, Lloyds y HSBC) no está de acuerdo con la quita y podrían reclamar a Bruselas. Pero como el Gobierno ha cambiado recientemente la Ley Concursal, basta con un 50% de acreedores para cerrar el acuerdo presentado al juez del concurso de la R-3 y la R-5, con la intención de extenderlo luego al resto de las autopistas en concurso.

Tras firmar la tregua con los bancos españoles, el Gobierno aprobará la creación de la Entidad Nacional de Autopistas (ENA), 100% pública, donde integrará a las 9 autopistas rescatadas (la autopista  Alicante-Cartagena queda fuera tras haber alcanzado un acuerdo de refinanciación aparte). La ministra de Fomento ha reiterado que este rescate “no va a costar un euro a los españoles”, pero no es verdad. Primero, porque hay que devolver la deuda y los intereses y no parece fácil que se pueda hacer con los ingresos de estas autopistas sin tráfico. Segundo, porque estas autopistas tienen pendiente de pago más de 1.200 millones de euros en expropiaciones  Y tercero, porque cargamos con una empresa pública inviable que hay que mantener (con 748 kilómetros de autopistas, un 22% de la red). Y recordemos  además que recibirá de aquí hasta 2021 otros 2.000 millones de euros de ayudas acordadas ya entre 2010 y 2013.

Lo más sangrante es que muchas de estas autopistas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr, Azvi, Isolux o Comsa. Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables (como saben catalanes y levantinos), en especial Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas. Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de estas inversiones, o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, nos han cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la cláusula de responsabilidad que les regaló Aznar.

Y lo peor es que la historia se repite. En marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar seis autopistas en apuros (de Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, de momento, nos costarán otros 6.300 millones más acordados por Aznar, Zapatero y Rajoy, más lo que nos cueste la nueva ENA.

Ayudas públicas con dinero de todos para resolver los problemas creados por decisiones políticas erróneas y compromisos polémicos con empresas poderosas. Es una historia que se repite una y otra vez: déficit eléctrico (Aznar), moratoria nuclear (Felipe González), rescate bancario (Rajoy), el reciente rescate del almacén de gas Castor (Zapatero-Rajoy) y ahora las autopistas. Dinero y más dinero público para ayudar a grandes empresas privadas (¡Viva la economía de mercado…¡), mientras 185.000 empresas españolas han tenido que cerrar con la crisis sin que nadie les haya ayudado. Y mientras los españoles hemos sufrido  los recortes de unos 30.000 millones de gasto público en educación, sanidad, desempleo, dependencia, ayudas sociales  I+D+i, cultura, Cooperación… Doble rasero. Es un escándalo.