lunes, 12 de noviembre de 2018

Más deuda: la peor herencia de Rajoy


No sabemos si 2019 tendrá nuevo Presupuesto o si el Gobierno Sánchez prorrogará el de 2018 (lo más probable). Pero sí sabemos algo: el primer gasto que incluirá serán 32.000 millones para pagar los intereses de la deuda, una prioridad por delante de las pensiones, sanidad o educación. Lo obliga la Constitución, tras la reforma pactada por ZP y Rajoy en 2011. Tendremos que afrontar la peor herencia de Rajoy, junto a los recortes, la precariedad y la pobreza: haber aumentado un tercio la deuda pública, hasta los 1,16 billones, un récord en un país que lleva 500 años con graves problemas de deuda, desde Carlos V. Debemos 25.000 euros por español, una hipoteca que se ha llevado 290.000 millones para pagar intereses a inversores y bancos en los últimos 10 años. Y ahora, con la subida de tipos, pagar la deuda nos costará más. Por eso, urge un Pacto para reducirla, aumentando la recaudación fiscal, no bajando impuestos. No podemos dejar esta pesada losa a nuestros nietos.

enrique ortega

España es “el único país del mundo que ha sufrido la adicción a la deuda durante 5 siglos” y el país que tiene “un mayor historial de bancarrotas e impagos” de la deuda desde el siglo XVI, según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libroLa crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, un repaso histórico a los episodios de deuda e impagos desde Carlos V hasta Rajoy. Tras la deuda con los Austrias y los Borbones, con múltiples suspensiones de pagos y una “leyenda negra” como país mal pagador,  el primer récord “moderno” de deuda pública se alcanzó en 1879 (con el general Martínez Campos y Alfonso XII), cuando la deuda española alcanzó el 165% de la producción del país (PIB). En 1898, al acabar la Guerra de Cuba, seguía en el 124% del PIB y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I Guerra Mundial (39%) y la II (59% del PIB), y más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944 y un mínimo del siglo en 1.975, al morir Franco: la deuda era sólo de 39.819 millones de euros de hoy, el  7,3% del PIB español.

Con la democracia y la Transición, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública se triplicó en tres años, hasta el 22,2% del PIB en 1977. Se duplica para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la crisis, alcanzando un máximo del 67,4% en 1996. A partir de ahí, se suceden “los años de vacas gordas” y la deuda alcanza un mínimo en 2007: 384.662 millones, el 35,6% del PIB. Pero viene la crisis y Zapatero aumenta el gasto público y con él la deuda, que deja al irse, en 2011, en 744.323 millones, el 69,5% del PIB. Rajoy reduce el déficit pero aumenta la deuda año tras año, superando otra vez el 100% del PIB en marzo de 2016 (100,8%), casi como en 1909. En 2017, la deuda cerró con 144.425 millones (98,3% del PIB) y en junio de 2018, un mes después de irse Rajoy, alcanzó un récord histórico en cantidad: 1.163.885 millones de euros, el 98,3% del PIB, según el Banco de España. Era un tercio más (+419.562 millones, un 56% más) de la deuda que recibió Rajoy de ZP en 2011. Eso supone que debemos 25.000 euros por español.

Con esta deuda pública (97% del PIB en 2017), España es el 18º país más endeudado del mundo, por detrás de Japón (debe el 224% de su PIB), Grecia (180%), Líbano (142), Yemen (136%), Italia (131%), Portugal (128%), 9 paises en desarrollo, Bélgica (104% del PIB) y Canadá (98%), según CIA World Factbook. Y somos el 7º país de Europa con más peso de la deuda pública en junio de 2018 (98,3% del PIB), tras Grecia (179,7%), Italia (133,1%), Portugal (124,9%), Bélgica (106,3%), Chipre (104%) y Francia (99,1%), según los recientes datos de Eurostat, que fija la deuda media de la UE-28 en el 81% del PIB comunitario.

¿Quién ha contraído esta deuda en España? Más de las tres cuartas partes de la deuda pública española la tiene la Administración Central (1.032.903 millones en junio 2018), que ha triplicado su deuda con la crisis (318.869 millones en 2007) y la ha casi duplicado con Rajoy (624.238 millones deuda Administración Central en 2011). La cuarta parte de la deuda española la tienen las autonomías (293.246 millones en junio 2018), que tenían sólo 61.960 millones de deuda en 2007 y 145.879 en 2011. Las autonomías más endeudadas son Cataluña (78.489 millones), Comunidad Valenciana (46.322 millones), Andalucía (34.329 millones) y Madrid (34.009 millones) Luego hay otros 29.413 millones que deben los Ayuntamientos, los únicos que han reducido deudas (debían 36.819 millones en 2011) y 34.888 millones de deuda de la Seguridad Social, que se ha duplicado (17.169 millones debía en 2011), según los datos del Banco de España. Al final, la suma de estas deudas da más de la cifra global, 1.163.885 millones de deuda pública, que es la que cuenta, porque hay traspasos de deuda entre administraciones que hay que depurar después.

¿Por qué la deuda pública ha aumentado en un tercio con Rajoy, si su Gobierno redujo el déficit público del 9,64% del PIB (2011) al 3,1% (2017)? Básicamente, porque la deuda no sólo aumenta por financiar con ella el déficit público. Según un estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el 25% del aumento de deuda pública con Rajoy (+419.562 millones) se debe a la debilidad de las cuentas públicas (con la crisis, caen los ingresos públicos), otro 21% a gastos derivados de la crisis (203.874 millones del Fondo de liquidez autonómica y 41.800 millones del Plan de pago a proveedores de autonomías y Ayuntamientos, más 30.000 millones de deuda por el déficit de tarifa eléctrico), un 8% por el pago de intereses de la deuda (85.000 millones), un 7% por las ayudas a la banca, un 4% para pagar los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre y un 6% más (25.192 millones) de los préstamos hecho en 2017 y 2018 a la Seguridad Social para tapar su déficit. El Gobierno Rajoy rebajo el déficit con los recortes, pero otros gastos los pospuso vía deuda.

Cara al futuro, parece muy difícil rebajar la deuda pública heredada de Rajoy. La última previsión de la Comisión Europea (julio 2018) estima que España sólo rebajará su deuda del 98,3% del PIB en 2017 al 97,6% en 2018 y el 95,9% en 2019, año en que todavía seríamos el 5º país europeo con más deuda, tras Grecia (170,3% del PIB), Italia (129,7%), Portugal (119,5%) y Bélgica (100,2%). El Gobierno Sánchez, en los escenarios presupuestarios que ha enviado a Bruselas, apuesta por bajar más la deuda, al 95,2% del PIB en 2019, para dejarla en el 89,1% en 2021, casi el triple que antes de la crisis (35,6% en 2007) y muy por encima del tope del 60% del PIB que fija la UE para los paises del euro. La AIReF estima que España no alcanzará ese nivel de deuda del 60% hasta 2034 (dentro de 15 años) y eso si los Gobiernos cumplen con la reducción del déficit pactada con Bruselas…

El problema de la deuda es que hay que pagarla, amortizando cada año una parte y sobre todo, pagando intereses anuales a los que la tienen: el 44% son inversores extranjeros (fondos y bancos), el 22% el BCE, el 16% bancos españoles y el resto inversores institucionales y particulares españoles. Y estos intereses son “sagrados”, más desde 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron una reforma exprés de la Constitución para incluir que los pagos de intereses de la deuda “gozarán de prioridad absoluta” (artículo 135). Eso quiere decir que hay que pagar los intereses de la deuda lo primero de todo, antes incluso que las pensiones, la sanidad o la educación, que no tienen esa prioridad constitucional. Una exigencia de Alemania, Francia y sus inversores y bancos, para asegurarse que España siempre va a pagarles...

El pago de esos intereses de la deuda supone ya la segunda partida más importante de los Presupuestos del Estado, tras las pensiones (144.834 millones en 2018): se llevan 31.547 millones de euros en 2018 (el pago de intereses era la mitad, 16.609 millones en 2008), más del doble que el gasto en los parados (17.702 millones para subsidios) y tanto como el gasto en  investigación (6.041), educación (2.600), Sanidad (4.251), servicios sociales (2.512), infraestructuras(5.675), subvenciones al transporte (2.108), Industria y energía (5.768) y Justicia (1.780 millones) juntos. O sea, que si tuviéramos la mitad de deuda y pagáramos la mitad de intereses, podríamos gastar más en servicios públicos. Baste un dato espectacular: entre 2008 y 2018, España ha pagado intereses por su deuda a inversores y bancos por un importe de 290.000 millones de euros, lo que da para pagar casi 2 años de pensiones.

De cara a 2019, el problema de la deuda se va a agravar aún más para España. Primero y fundamental, porque el 1 de enero, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda pública de los paises, una ayuda inestimable que el BCE inició en marzo de 2015 y que ha permitido asegurarnos la colocación de una parte de nuestra deuda (250.711 millones, una media de 80.000 millones al año), además a tipos bajos. Ahora, ya no tenemos este “colchón” del BCE, muy tranquilizador, y España tendrá que colocar su deuda en el mercado, buscando inversores que confíen en el país y no pidan demasiado interés. Y somos un país muy vulnerable, porque España tendrá que emitir 220.000 millones de nueva deuda en 2019, para cubrir las amortizaciones y pagos necesarios más financiar el déficit previsto en 2018 (2,7% del PIB). Mucha deuda para financiar un año en que además de los nervios de los mercados (por la situación en Italia y el estancamiento en la zona euro) habrá una subida de los tipos de interés, después del verano. Y se estima que una subida de tipos del 1% le cuesta a España 3.600 millones más en el pago de intereses de la deuda.

Así que si la deuda es una pesada hipoteca, en los próximos meses y años nos va a costar más pagarla. Por eso, tanto la Comisión Europea como el FMI y la OCDE llevan años pidiendo a España que reduzca su deuda pública, porque nos hace muy vulnerables, al depender demasiado de inversores extranjeros (los famosos “mercados”) que se pueden poner nerviosos y no financiarnos o pedirnos más rentabilidad, a costa de tener que recortar otros gastos públicos necesarios. Ahora, la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha sumado a este coro de expertos y ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes problemas estructurales de España, junto al paro y a la pobreza. Y tan estructural, como que lo arrastramos desde Carlos V

Entonces como ahora, el problema es el mismo: España gasta más de lo que ingresa y por eso tiene que endeudarse. Así que la solución es doble: o gasta menos o ingresa más. Gastar menos es posible, pero no parece fácil, dadas las enormes demandas sociales sin resolver y sobre todo porque España gasta mucho menos que el resto de Europa: el 41% del PIB frente al 45,8% de media en la UE-28, el 56,5% en Francia, el 48,9% en Italia el 43,9% en Alemania o el 41,1% en Reino Unido, según Eurostat. A lo claro: que gastamos unos 56.000 millones menos cada año que la media de europeos. La otra opción es ingresar más, lo cual debería ser posible, porque recaudamos bastante menos que Europa: el 37,9% del PIB (2017) frente al 44,9% en la UE-28, el 53,9% en Francia, el 46,6% en Italia, el 45,2% en Alemania o el 39,1% en Reino Unido, según datos de Eurostat. A lo claro: que si recaudáramos como europeos, ingresaríamos 81.650 millones más cada año. Como para reducir el déficit y la deuda y además poder gastar más.

Así que reducir la deuda es posible, siempre que se haga un gran Pacto político y social, con el objetivo, por ejemplo, de rebajarla al 60% del PIB en 10 años, para 2028, 6 años antes de lo que estima la AIReF. Eso puede hacerse si aumenta la recaudación entre 20.000 y 40.000 millones anuales los próximos años y dedicamos la mitad de esos ingresos extras a amortizar deuda. Y se puede aumentar la recaudación si se consigue que paguen más impuestos los que hoy pagan pocos (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), si se racionaliza el IVA (quitando tantos tipos reducidos y parte del fraude) y el IRPF (quitando tantas exenciones), además de conseguir nuevos ingresos con los impuestos verdes y tecnológicos. Como no puede reducirse la deuda es bajando impuestos, como defienden PP y Ciudadanos. Salvo que apliquen más recortes drásticos del gasto, que es mucho menor al europeo.

Al final, el gran problema de la deuda es que las tres cuartas partes es deuda a largo plazo y los intereses se estarán pagando hasta 2050 y después. O sea, que la deuda que hemos generado nosotros la pagarán nuestros hijos y nietos. Esa es la gran injusticia de la deuda, la pesada losa que les dejamos en herencia: el pago obligado de intereses año tras año, a costa de que no puedan gastar en otras cosas. Por eso, por justicia con las futuras generaciones, hay que recortar la deuda pública como sea.

jueves, 8 de noviembre de 2018

La Formación Profesional duplica sus alumnos


Este curso, 824.281 jóvenes estudian Formación Profesional, casi el doble que en 2007, más de los que estudian Bachillerato. Y un 15% son universitarios que se han pasado a FP, porque consiguen mejor trabajo: el 76% se colocan. A pesar del salto, España está muy retrasada en FP: la estudian un 12% de jóvenes frente al 25% en la OCDE o el 50% en Alemania. Y por eso somos el 2º país europeo con más abandono escolar y tenemos más del doble de paro juvenil. Gobierno, sindicatos y patronal preparan un Acuerdo estratégico para apoyar la FP, con más recursos y medios, porque tenemos la mitad de centros de FP que de Bachillerato. Y más títulos adaptados a lo que demandan las empresas, reforzando la FP dual (1/3 son prácticas remuneradas en empresas), casi inexistente en España y clave en Alemania. Urge valorar socialmente a la FP, quitarle el sambenito de “estudios de 2ª para torpes”. Es una garantía de que los jóvenes estudien para trabajar.


Todos los padres españoles aspiran  a que sus hijos sean universitarios, sobre todo si ellos no lo son. Y así tenemos un país donde el 36,4% de los adultos tienen una carrera, frente al 34,3% en Europa, pero somos líderes en paro, porque muchos licenciados no trabajan o están subempleados (el 37,1%). A partir de 2007, con la crisis, se han reducido los universitarios y han aumentado los que estudian Formación Profesional (FP), pensando que así iban a conseguir mejor trabajo. El salto de alumnos en FP es espectacular: si en el curso 2007-2008 estudiaban Formación Profesional 462.492 jóvenes, este curso 2018-2019 lo estudian 804.829, casi el doble, según los datos del Ministerio de Educación. El despegue se dio en 2012-2013 (666.047 alumnos de FP) y son ya cuatro cursos en los que hay más jóvenes estudiando FP que Bachillerato (672.337 alumnos este curso 2018-19).

La Formación Profesional tiene tres grados: la FP básica (73.472 alumnos), que se estudia a partir de los 15 años (2 cursos), la FP de Grado medio (342.281 alumnos), que se estudia al terminar la ESO (a los 16 años, 2 cursos) y la FP de Grado Superior (408.607 alumnos este curso), que se estudia al final de la FP de Grado Medio o del Bachillerato (a los 18 años, otros 2 cursos) y que es la que más está creciendo, porque cada vez hay más jóvenes que escogen esta vía en vez de la Universidad y porque hay licenciados que la escogen al terminar su carrera: entre un 10 y un 15% de los alumnos matriculados en FP de Grado Superior son universitarios que han abandonado su carrera o que la han terminado y escogen la FP para conseguir prácticas en una empresa, según la Asociación FP Empresa.

En la Formación Profesional, tiene un mayor peso la enseñanza pública (72,6% de los alumnos de FP estudian en centros públicos) que en el conjunto de la enseñanza no universitaria (67,3% estudian en centros públicos), menos la concertada (18,2% en FP y 25,9% en toda la enseñanza no universitaria) y más la enseñanza privada (tiene al 9,2% de los alumnos de FP, frente al 6,9% del total de alumnos de enseñanzas no universitarias), según las estadísticas de Educación. Y donde tiene más peso la FP es en Andalucía (17,6% del total de alumnos), Cataluña (16,3%), Madrid (11,8%), Galicia (6,1%) y País Vasco (5,2%), aunque si descontamos el factor de la población, las que tienen relativamente más alumnos de FP son el País Vasco, Galicia, Canarias, Castilla León y Castilla la Mancha. Los estudios de FP con más alumnos son sanidad, administración y gestión, informática y electricidad y electrónica (en FP de Grado Medio) y servicios socioculturales a la comunidad, administración y gestión, sanidad e informática en FP de Grado Superior.

El gran salto de la Formación Profesional en España desde 2007 tiene dos puntos negros. Uno, el fracaso de la FP básica, unos estudios que se inventó el Gobierno Rajoy para reducir las cifras de fracaso escolar y “embolsarlas” en este nuevo grado de FP a los adolescentes con problemas en la ESO: los alumnos que tenían 15 años y no conseguían aprobar 4º de la ESO se desviaban a la FP básica, para intentar que estudiaran durante dos años y salieran con un “título” a los 17 años: aprendices baratos. Esta vía, abierta por la LOMCE, fue muy criticada por la comunidad educativa y ha tenido poco éxito: de 39.867 alumnos el primer curso (2014-15) a 73.742 alumnos este curso 2018-19. Y eso porque todavía son pocos los centros que lo imparten, hay pocas plazas y las familias no lo ven una salida.

El otro punto negro de la FP, a pesar del tirón global, es la FP dual, otra nueva modalidad que puso en marcha el Gobierno Rajoy en el curso 2013-14, impulsado por la prometedora experiencia europea. Combina la enseñanza de FP (2 años que pueden ser 3) con prácticas remuneradas en una empresa, al menos un tercio de las horas de estudio (en la FP tradicional también hay prácticas en empresas, pero solo  3 meses al final del ciclo). Pero la FP dual no ha funcionado en España: este curso 2018-19, hacen FP dual 24.000 alumnos de los 810.621 matriculados en FP, el 2,96%, cuando en la OCDE y en Europa cursan FP dual el 11%, de los alumnos de FP y en Alemania el 31%. ¿Qué ha fallado? Básicamente, que Institutos y colegios (sobre todo los públicos) no tienen medios (profesores, instalaciones, presupuesto) para montar esta nueva enseñanza (sólo se imparte en 650 centros de los 2.500 que imparten FP) y no han conseguido la colaboración de las empresas (sólo colaboran 10.000).Y los sindicatos se quejan de que las empresas utilizan la FP dual para “seleccionar” a los mejores alumnos de FP (pocos) y conseguir una mano de obra barata.

Con todo, el salto en la Formación Profesional en España es muy llamativo, aunque todavía queda muy lejos del peso de la FP en el resto de Occidente. Basta este dato: en España, sólo el 12% de los jóvenes de 15 a 19 años están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE (35 paises desarrollados) y el 50% en Alemania. Y si miramos lo que estudian los jóvenes de 16 a 18 años, en España el 35% estudiaban FP de Grado Medio (el otro 65%, Bachillerato), frente al 44% en la OCDE, el 48% en la UE-22 (casi la mitad de adolescentes estudian FP), el 71% en Finlandia, el 68% en Holanda, el 58% en Italia, el 53% en Reino Unido, el 41% en Portugal o Francia, el 38% en Alemania o el 37% en Suecia, según los datos de la OCDE para 2016, que hoy son aún peores (33,7% hacen FP de Grado medio este curso frente al 66,3% que hacen Bachillerato). Y además, muchos no acaban la FP, con lo que la tasa de graduación en FP de Grado medio es en España del 25% de los jóvenes con 18 años, frente al 36% en la OCDE y el 41% en Europa. Por eso tenemos más del doble de paro juvenil que Europa (34,3% frente al 14,9%).

Así que la FP, a pesar del salto, tiene una gran tarea por delante para homologarse a Europa. Y cuenta para ello con una serie de ventajas de partida. La primera y fundamental, que tiene más salidas profesionales que las demás enseñanzas: el 74% consiguen trabajo al acabar sus estudios frente al 63% en el conjunto de la enseñanza, según los datos de Educación. Y los alumnos de FP dual tienen incluso un 10% más de posibilidades de empleo que los de la FP dual, según un estudio de Fedea. Además, las empresas ya buscan tantos titulados de FP como universitarios, según el último informe de Adecco: en 2017, un 40,3% de las ofertas de empleo estuvieron dirigidas a titulados de FP (sólo eran el 32% en 2016) y el 40,5% buscaban titulados universitarios. Eso sí, los sueldos ofrecidos eran peores: las ofertas para universitarios incluían entre 5.000 y 8.000 euros más de sueldo que las dirigidas a titulados FP. Los estudios de FP con más salidas profesionales, entre los 162 títulos que se ofrecen, son administración y gestión, auxiliares de enfermería, técnicos de cocina, informática, electricidad y electrónica y mecánica (en FP de Grado medio) y Técnico superior en educación infantil, en mantenimiento electrónico, administración y finanzas, higiene buco-dental, automoción y diagnostico clínico y laboratorio (en FP de Grado Superior).

Otra ventaja clara de la FP, además de que asegura más trabajo, es que supone menos años de estudio: la FP de grado superior se estudia 2 años frente a los 4 años de un Grado universitario. Y en paralelo, el coste de la FP para alumnos y familias es también inferior al coste de una carrera universitaria, sobre todo tras la fuerte subida de las tasas en 2012. También es más barata esta enseñanza para el Estado: el coste medio de un alumno de FP es de 13.000 euros (6.500 por 2 años) y el coste de un universitario es el triple (6.500 euros por una media de 6 años). Y estudiar FP asegura una formación más práctica, con 3 meses finales de prácticas en empresas al final del ciclo, lo que hace que algunos universitarios (arquitectos o ingenieros) se apunten a estudios de FP de Grado Superior para aprender cuestiones prácticas que no les dan en la Universidad e incorporarlas a su currículo.

Para avanzar, la Formación Profesional tiene también una serie de problemas a resolver. El primero y fundamental, ampliar la oferta, porque hay un número insuficiente de centros educativos que ofertan FP : hay 2.741 centros donde se puede estudiar FP de Grado Medio y 2.310 que imparten FP de Grado Superior, la mitad de centros que imparten Bachillerato (4.567), según las estadísticas de Educación. Y por eso, al crecer los alumnos, cada curso faltan plazas de FP, sobre todo en algunas zonas y titulaciones. Otro problema  es que la falta de plazas la suplen los centros privados, que crecen imparables, lo mismo que el coste de sus matrículas (entre 3.000 y 4.000 euros algunos cursos de 2 años), al calor de la mayor demanda de algunos títulos y la falta de oferta en los centros públicos, que empezaron a cobrar la FP de Grado Superior desde 2013 (entre 400 y 600 euros por curso). Y en muchos centros públicos, faltan profesores especializados para impartir enseñanzas de FP, instalaciones y laboratorios. Un cuarto problema es que muchos títulos ya no se demandan y otros con futuro no se dan: en España hay 162 títulos de FP frente a 350 en Alemania.

Visto el panorama, queda ver cómo dar otro empujón a la Formación Profesional, algo que necesita España con urgencia para resolver un problema estructural, la baja formación de nuestra mano de obra: tenemos muchos adultos sin casi formación (el 40,9% no tiene acabada la ESO, frente al 21,8% en la OCDE y el 19,8% en la UE-22) y muchos adultos universitarios (36,4% en España frente a 37,7% en la OCDE y el 34,3% en UE-22) pero muy pocos adultos con formación intermedia (Bachillerato o FP de grado medio), un 22,7% en España, un 43,8% en la OCDE y un 45,9% en Europa (UE-22), según el Panorama de la Educación 2018 de la OCDE. Y por eso, a las empresas les falta personal con formación media y como hay mucho paro, los sustituyen por universitarios, lo que es un despilfarro como país y una enorme frustración para los jóvenes. Y las empresas insisten en que muchos puestos de mediana cualificación no los pueden cubrir y piden más FP.

El presidente Sánchez se reunió en septiembre en la Moncloa con la patronal y los sindicatos para preparar un Acuerdo estratégico por la Formación Profesional, que se quiere alcanzar antes de fin de año. El objetivo es que la patronal identifique las nuevas cualificaciones laborales que van a necesitarse en los próximos años y que las empresas intervengan en el diseño de los futuros títulos de FP. Y conseguir que España se vuelque en la FP, para conseguir niveles europeos en esta enseñanza y reducir así el abandono escolar (España, con el 18,3% de jóvenes que “tiran la toalla”, es el 2º país con más fracaso escolar, tras Malta) y el paro juvenil (donde también somos el 2º país peor, tras Grecia), así como el paro de adultos, ya que muchos parados (sobre todo mayores) carecen de formación.

¿Qué se puede hacer para impulsar la FP? Lo primero, según este estudio del IESE, darle un “prestigio social” que no tiene, para que ningún padre o joven crea que “es menos” por estudiar FP. Eso pasa por campañas de imagen y por divulgar sus éxitos, sobre todo en el empleo. Lo segundo, ligado a esto, es orientar mejor a los jóvenes en la ESO, “vendiéndoles las ventajas de la FP” (hoy no se les informa) y facilitando que los títulos de FP sirvan para presentarse a oposiciones. Tercero, mejorar la oferta de titulaciones, sobre todo las que tienen más salidas profesionales. Cuarto, aumentar el número de centros y plazas públicas de FP, especializándolos (creando Centros que sólo impartan los distintos ciclos de FP). Quinto, mejorar la coordinación entre los centros de FP y las empresas, utilizando su personal como profesores. Sexto, internacionalizar la FP, con más alumnos en los cursos de FP de Erasmus+ y más presencia de los idiomas en FP. Séptimo, aumento de los cursos online, con prácticas presenciales. Octavo, un aumento de la FP dual, con más colaboración de las empresas. Noveno, fomentar cursos de FP para parados, sobre todo mayores. Y décimo y fundamental, facilitar las pasarelas académicas de traspaso de alumnos entre Bachillerato y Universidad y la FP.

Hay que poner en marcha un gran Acuerdo nacional por la FP, con más presupuesto, centros de enseñanza, medios y empresas colaboradoras, para superar el millón de estudiantes en pocos años, equiparándonos a Europa. Será la manera de reducir el paro y dar una salida digna a nuestros jóvenes: que estudien para conseguir trabajar. Es lo mínimo.

lunes, 5 de noviembre de 2018

Más alquileres públicos, no control de precios


Este año aumentan los desahucios de viviendas y 2 de cada 3 son por impago de alquileres (el 80% en Madrid). Esto pasa porque los alquileres siguen disparados, por encima de los 1.000 euros en las grandes ciudades, lo que deja fuera a jóvenes y muchas familias. El Gobierno prepara reformas del alquiler y promete más ayudas, mientras Podemos les ha forzado a estudiar controles de precios, para limitar los alquileres en algunas ciudades. Pero es una falsa solución, que reducirá los alquileres y ampliará el mercado negro. La verdadera solución es ampliar la oferta, lanzando al mercado más viviendas públicas con alquileres bajos para los millones de españoles que no pueden alquilar hoy. Se pueden promover  500.000 viviendas para alquiler en 5 años, con suelo y financiación públicos. Y en paralelo, medidas fiscales y seguridad jurídica para animar a los dueños de 3 millones de viviendas vacías a alquilarlas. Con más pisos en alquiler, no con controles inútiles, sí bajarían los precios.



Los alquileres siguen por las nubes, tras 4 años de subidas (2014-2018) en que los precios han aumentado un 30%, y hasta el 50% en algunas islas (Palma de Mallorca y las Palmas) y grandes capitales (Barcelona, Madrid, San Sebastián, Valencia, Málaga y Sevilla). Tanto han subido que parece que en algunos lugares los alquileres han empezado a “tocar techo” y este verano podrían haber bajado, según las estadísticas del portal Idealista (-1,3% bajada alquileres en tercer trimestre) y Fotocasa (-4,2%), aunque ambos señalan que los alquileres han seguido subiendo este verano en Madrid ( entre +7,4% y +3,5%), Málaga (+9,9%), Sevilla (+9,3%), Valencia (+10%) y San Sebastián (+17,1%) y que bajan en Barcelona (-5,5%), por la caída del turismo y la situación política. Y para pisos.com, los alquileres han subido otro 5,92% en el tercer trimestre.

Con más o menos subidas, el hecho cierto es que los alquileres están a precios imposibles, con un coste medio de 10,6 euros/m2, según el portal Idealista  (954 euros por un piso de 90m2). Pero esa es la media española, porque en las grandes ciudades, alquilar es mucho más caro: en Barcelona cuesta entre 17,3 euros/m2 (según Idealista: 1.557 euros por 90m2, frente a 1.098 en 2014)) y 12 euros/m2 (Fotocasa), en Madrid, entre 15,3 euros/m2 (Idealista: 1.377 euros/90 m2 frente a 1.000 euros en 2014) y 12,81 euros/m2 (Fotocasa) y en San Sebastián, entre 15,6 euros (Idealista) y 14 euros/m2 (Fotocasa), seguidas de los altos precios del alquiler en Palma de Mallorca (12,6 euros/m2) y las Palmas de Gran Canaria (11,3 euros/m2),  Bilbao (11,9 euros/m2), Málaga (10,3 euros/m2), Sevilla (9,9, Valencia (9 euros) y Zaragoza (7,7 euros/m2), euros/m2), según el portal Idealista. En el otro extremo destacan los alquileres baratos de Zamora (4,3 euros/m2: 387 euros 90 m2), Ciudad Real (4,9 euros/m2), Cáceres (4,6 euros/m2) y Teruel (4,81 euros/m2).

La subida de los alquileres tiene varias causas, que se resumen en una: ha aumentado mucho la demanda de alquileres, mientras no ha aumentado tanto la oferta de pisos en alquiler. La razón fundamental de esta mayor demanda de alquileres es la crisis, que ha hecho que muchas familias y jóvenes dejarán de pensar en comprar piso y se cambiaran al alquiler, en muchos casos compartido. Así, este año 2018 se espera que el número de alquileres nuevos (566.000) supere a las ventas de pisos (557.000), mientras crece el alquiler en un país tradicionalmente de propietarios: 23% personas ya viven en alquiler frente a 77% que viven en propiedad.

Se ha disparado la demanda de alquileres no sólo porque hay más familias que los necesitan para vivir sino también porque hay más inversores que compran viviendas para alquilarlas, dado que es una buena inversión: la rentabilidad de comprar para alquilar llega este año al 7,8%, según el portal Idealista (y en algunas ciudades ronda el 9%), un beneficio muy superior a los depósitos, la deuda pública o la Bolsa. Y si se les suma la plusvalía de vender luego la vivienda, la rentabilidad llega al 11,7%, según el Banco de España. No es de extrañar que fondos de inversión extranjeros y muchos ahorradores españoles se hayan volcado en comprar pisos para alquilarlos, disparando los alquileres para asegurarse una alta rentabilidad. Y aunque todavía los grandes inversores sólo controlan el 5% del mercado del alquiler (120.000 viviendas de 2,3 millones de alquileres), tienen un gran peso en algunas zonas de las grandes capitales y cada vez condicionan más las subidas globales.

Otro factor que explica la fuerte subida de los alquileres son los pisos turísticos, que se alquilan a través de plataformas online como Airbnb, HomeAway, Windu, House Trip, Only Apartments, Room4Exchange, BeMate o Niumba. Los hoteleros estiman que son ya más de 400.000 pisos desviados al alquiler turístico, sobre todo en el centro de algunas capitales (Barcelona, Madrid, Palma, San Sebastián, Málaga…), que restan alquileres a familias o jóvenes y que encarecen los precios, además de expulsar inquilinos a la periferia. No es casual que entre las 10 ciudades con alquileres más caros, 8 sean ciudades turísticas. Y es que propietarios e inmobiliarias sacan altas rentabilidades con este alquiler turístico, sobre todo si no los declaran (1.621 euros de ingresos por 21 noches).

Y junto a la fuerte demanda, de jóvenes, familias, inversores y turistas, los alquileres también suben más porque hay ciudades y zonas donde faltan viviendas, porque se han vendido o alquilado las que había en stock y apenas de construyen viviendas nuevas, por falta de suelo disponible, bloqueo de licencias en algunos municipios o falta de financiación bancaria. De hecho, en 2017 se terminaron en España sólo 48.853 viviendas, frente a 650.000 en 2017.

La confluencia de estos factores provoca que los alquileres estén por las nubes, por encima de 1.200 euros en muchas ciudades. Y además, como faltan alquileres, propietarios e inmobiliarias “seleccionan” cada vez más a los inquilinos (españoles y familias más que jóvenes o inmigrantes, con contrato laboral estable y determinados ingresos) y les exigen más (avales, seguro y hasta 6 meses de fianza, cuando lo legal es uno). La consecuencia es que muchos jóvenes y parejas no pueden alquilar y han vuelto a vivir con los padres, porque un alquiler decente se lleva un 40% de los ingresos en un 36% de los hogares españoles. Y como los sueldos son aquí más bajos, somos el país europeo donde más pesa el gasto del alquiler, por encima de la media europea (donde sólo el 28% de hogares destinan el 40% de ingresos a pagar el alquiler), de Grecia (25% hogares destinan el 40% de ingresos), Reino Unido (23%), Portugal (20%), Italia (19%), Francia (19%) y Alemania (sólo 8% hogares destinan al alquiler el 40% de ingresos), según la OCDE. Y en Madrid o Barcelona, las familias ya dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, según Alquiler Seguro.

Pero además, otra consecuencia de los alquileres altos es que muchos jóvenes y familias no pueden pagarlos (si se quedan en paro o tienen gastos extras) y les desahucian. Este año 2018, dos de cada tres desahucios de viviendas son por alquileres impagados, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial: 17.152 desahucios en el segundo trimestre, 10.491 por impago de alquiler (61,2%) y 5.672 por impago de hipotecas. Ya en 2017 hubo 35.666 desahucios por alquileres y 22.330 por hipotecas. Sólo en Madrid, en el primer semestre de 2018, se han producido 15 desahucios al día por impago de alquileres. Y en Cataluña son el doble. Los desahucios han crecido no sólo porque hay más familias pobres sino porque ahora, tras la reforma de la Ley de Arrendamientos (LAU) que hizo Rajoy en 2013, es más fácil solicitar el desahucio (con sólo un mes de impago), los tribunales son más ágiles y los alquileres suben más, al haberse reducido el plazo a 3 años y renovarse muchos “libremente”, sin el límite del IPC.

El aumento de los desahucios y la fuerte subida de los alquileres han llevado al Gobierno Sánchez a anunciar medidas, para defender a las familias más desprotegidas y tratar de contener las subidas. Por un lado, Fomento estudia cambiar la reforma de la LAU de Rajoy, volviendo a poner los 5 años como plazo habitual de un alquiler y 3 años la prórroga tácita (no 1), para proteger más al inquilino y retrasar las subidas por nuevo contrato. Además, estudia aumentar las ayudas al alquiler incluidas en el Plan de Vivienda 2018-2021, que Rajoy aprobó en marzo 2018, antes de irse. De momento, el Plan subvenciona el 50% del alquiler de los menores de 35 años, con un tope de alquiler de 600 euros, que puede llegar a 900 euros (en muchas ciudades, estos alquileres no existen). Y una ayuda del 40% del alquiler, con topes iguales, a los inquilinos de 35 a 65 años, pero con muy bajos ingresos: menos de 11.182 euros anuales los solteros y menos de 18.798 euros anuales las familias con un hijo. Estas ayudas sólo las reciben 171.231 inquilinos, una minoría. Y además de recibirse tarde (al año siguiente), varían mucho según donde uno viva: hay más en el País Vasco (las reciben 8 de cada 1.000 empadronados) o Cataluña (4,70 por 1.000) que en Madrid (las reciben 0,8 por cada 1.000 empadronados) o Canarias (0,5 por 1.000).

Está claro que el Plan de Vivienda 2018-2021 que dejó Rajoy es muy mejorable y necesita más recursos, porque contempla sólo un gasto de 1.443 millones, que es casi la mitad del dinero que tenía el anterior Plan 2013-2016 (2.311 millones), prorrogado en 2017. Pero no está claro que gastar más en ayudar a los inquilinos sea la solución, porque algunos estudios demuestran que estas ayudas se traducen al final en subidas de los alquileres: propietarios e inmobiliarias saben que el 40 o el 50% del alquiler está subvencionado y entonces apuestan por subirlo. Y con ello, este dinero público acaba en el bolsillo de los propietarios.

Otra medida que Podemos ha impuesto al Gobierno Sánchez, en su acuerdo Presupuestario para 2019, es limitar el precio de los alquileres (se autorizaría a Ayuntamientos y autonomías), en las zonas donde hay mayores subidas. Y se utiliza como argumento que estos topes a los alquileres ya existen en París (se permite elevar un 20% los alquileres sobre los precios medios) y Berlín (se pueden elevar un 10%). Pero ojo: son precios indicativos, no obligatorios, y sólo sirven de referencia a los jueces en caso de que un inquilino reclame. Y los expertos dicen que el sistema, implantado allí en 2015, no está siendo eficaz. El problema de fijar topes a los alquileres es que pueden frenar el alquiler y aumentar las viviendas vacías, a la vez que fomenta el mercado negro, con alquileres pagados "bajo mano" y sin garantías.

No hay atajos populistas para frenar los alquileres. Vivimos en un sistema capitalista y lo que de verdad funcionaría, para bajar los precios, sería aumentar la oferta de pisos en alquiler. Y para ello, hay dos caminos. Uno, incentivar a los propietarios de las 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) para que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que hizo Rajoy, en mayo de 2015, rebajando la deducción fiscal a los arrendadores, del 100 al 50%, quitándosela de paso a los inquilinos (se deducían el 10%). Habría que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos vacíos se alquilen y para ello hace falta dar a los propietarios “seguridad jurídica” (no asustarles con control de alquileres) y asegurarles deducciones fiscales del 60% y más si alquilan a jóvenes o familias con bajos recursos, pudiendo complementar el alquiler final con ayudas públicas.

El otro camino para que haya más pisos en alquiler es la promoción pública de viviendas (las VPO), para destinarlas luego a alquiler social para los más pobres (de 150 a 250 euros al mes) o a alquiler subvencionado (de 250 a 450 euros al mes), para jóvenes y familias que no pueden pagar un alquiler “de mercado”. Este parque público de viviendas en alquiler no es “una propuesta de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, donde hay importantes parques de viviendas públicas en alquiler: supone el 30% del mercado en Holanda (2,3 millones de viviendas públicas en alquiler), el 24% en Austria, el 20,9% en Dinamarca, el 17,6% en Reino Unido, el 16,8% en Francia, el 13% en Finlandia, el 3,9% en Alemania, el 3,7% en Italia y en España… sólo el 1,5%, según este estudio de la Fundación Alternativas.

El Gobierno Sánchez propone ahora construir 20.000 nuevas viviendas públicas para alquilar en 4 años. Una gota en un vaso de agua. Se puede y se debe ser más ambicioso, creando un parque público de alquiler incorporando las 15.000 VPO que hay vacías, sumando las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB) que le hemos costeado a la banca, comprando a precio razonable parte del stock sin vender de particulares y bancos (hay 476.938 viviendas) y promoviendo unas 20.000 nuevas viviendas anuales desde autonomías y Ayuntamientos (costarían unos 1.000 millones anuales). Con todo ello, se podría conseguir un parque público de 500.000 viviendas para alquiler en 5 años. Suelo público hay, sólo falta algo de dinero (no demasiado) y voluntad política, además de la colaboración de promotores privados, que construirían viviendas públicas para alquilar si hay financiación y facilidades.

En total, es factible ampliar el parque de alquiler en 1 millón de viviendas en 5 años, entre viviendas vacías que se alquilan y otras viviendas que se incorporan al parque público de VPO, que se ha desplomado, por culpa de los recortes del Estado y las autonomías: si entre 1957 y 1989 se terminaban en España más de 100.000 VPO cada año, en 1991 habían caído a 44.514 y a 52.972 en 2000, según las series de Fomento. Y tras entregarse 68.857 VPO en 2008, se desploman con la crisis: 17.054 entregadas en 2013 (la décima parte que con Franco) y sólo 4.938 VPO entregadas en 2017, la cifra más baja desde los años 50: Baleares no entregó ninguna, Andalucía 13, Madrid 1.815 y Cataluña 1.358… Así, con esta iniciativa pública en la vivienda, no hay manera de arreglar nada. Plantearse promover otra vez 40.000 VPO  anuales, 20.000 para alquiler, es lo mínimo a que se puede aspirar en unos años.

La vivienda, conseguir un alquiler accesible, es un grave problema para millones de españoles, sobre todo jóvenes (el 80,6% de los menores de 30 años, 5.236.856 jóvenes, siguen viviendo con sus padres), ancianos (800.000 viven de alquiler y muchos con dificultades) y familias pobres (hay 3 millones en situación de pobreza extrema), pero también familias con trabajos precarios y bajos sueldos. No hay que venderles “soluciones mágicas” populistas (control de alquileres) sino medidas posibles y realistas, que pasan por aumentar el parque de alquileres, para conseguir así bajar los precios. Se puede.

domingo, 4 de noviembre de 2018

Este blog cumple 8 años


Hoy hace ya 8 años que empezó a publicarse este blog, todos los lunes y jueves, sin fallar una sola semana. Son 786 artículos e ilustraciones sobre casi todo, desde el paro y el empleo a los recortes o el Presupuesto y los temas que nos preocupan cada día, desde las pensiones, la sanidad, la vivienda o la compra y los seguros a la economía que hay detrás del fútbol, la muerte o la cultura, sin olvidar la situación de los jóvenes, las mujeres o los mayores. Detrás de todo está la economía y sólo conociendo los intereses y problemas que mueven las grandes cuestiones podemos entender mejor nuestra vida. Este blog empezó con un Gobierno, el de Zapatero, siguió con el de Rajoy y ahora se publica con Sánchez, por lo que es una crónica viva de la crisis y la recuperación que no se nota. Y todos estos años, el blog ha pretendido lo mismo: ayudar a entender la economía y lo que nos pasa. Así seguiremos. Gracias.


Haciendo balance de estos 8 años, hay algo preocupante: los grandes problemas de la economía y de nuestro día a día siguen ahí, sin resolverse desde 2010 y algunos peor. Ahí está el paro, doble que en Europa, mejor pero sin conseguir una economía que cree empleos decentes. Unas pensiones con un agujero creciente y sin otearse soluciones. Un Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia) tocado profundamente por los recortes y sin un futuro claro de mejoría. Una vivienda que no tiene enmienda.Una economía poco eficiente, huérfana de tecnología e innovación, incapaz de crear más empleo y de afrontar el reto de modernizarse y digitalizarse. Y una sociedad con más pobreza y desigualdad, donde los ricos son cada vez más ricos y donde muchos jóvenes viven peor que sus padres y no ven claro el futuro, mientras las mujeres avanzan muy lentamente y los mayores tienen cada vez más difícil trabajar y sobrevivir. Y donde se ha perdido la ilusión política de la transición, porque los políticos se dedican a peleas estériles y no a resolver los verdaderos problemas que preocupan a la gente, pactando soluciones.

Hay otra cuestión, quizás más preocupante que la incapacidad de los políticos: el pasotismo de los españoles. Nos quejamos mucho, pero nos preocupamos poco por conocer el trasfondo real de lo que pasa, las posibles soluciones a los problemas. Y mucho menos, luchar por mejorarlos, aunque sea sólo  informándonos bien y sabiendo cuando nos engañan. La mayoría de los medios de comunicación son "penosos" pero mucha gente no lee y sólo se mandan WhatsApp o tuis con vídeos graciosos o frases impactantes. Informarse cansa. Por eso muchos achacan que este blog tiene “demasiadas cifras” (tardo horas a veces en encontrar una buena, que me ayuda a entender las cosas) o es demasiado largo (“¿quién va a leer 2.000 palabras?”). Y quizás por eso sólo tiene unas pocas decenas de lectores, a pesar de las muchas horas de trabajo que hay detrás. Pero sólo con información veraz, rigurosa y crítica, como la que pretendo dar aquí, podemos conseguir ciudadanos maduros y una sociedad mejor.

Es lo que intentamos, yo y Enrique Ortega, que llama a la reflexión con sus estupendas ilustraciones, que dicen más que mil palabras (¡mil gracias!). Un trabajo enorme, sin ninguna compensación económica ni casi personal, porque cada semana suena más a “predicar en el desierto”. Pero aquí estamos, tratando de explicar "clarito"lo que pasa y ayudar a entenderlo, en un país cada día menos informado y menos crítico. Lo nuestro es escribir y dibujar, porque es lo que nos gusta y hacemos desde hace más de 40 años. Y aquí vamos a seguir, informando y dibujando con rigor, claridad y sentido crítico, hasta que el cuerpo aguante. Si os parece interesante, divulgar el blog. Gracias por seguirnos.