Autonomías y Ayuntamientos. más recortes e impuestos en 2014 y 2015 (elecciones)

Autonomías y Ayuntamientos ultiman sus Presupuestos para 2014. Y aunque la noticia ha sido que Madrid y algunas autonomías bajarán impuestos, la realidad es que los Gobiernos regionales y locales tendrán que hacer otro ajuste de caballo, prometido a Bruselas, en 2014 y también en 2015, año de elecciones. Serán 17.471 millones, que saldrán la mitad de recortes (otra vez sanidad, educación, gastos sociales y personal) y la otra mitad de subidas de impuestos, sobre todo los que menos “se ven”: tasas y precios públicos. Y eso suponiendo que no metan la tijera otra vez este año, porque cinco autonomías no van a cumplirán con el déficit exigido por Bruselas (y quizás tampoco el Estado). Nos espera más de lo mismo: nuevos recortes y subidas de impuestos en ciudades y autonomías, tras 3 años de austeridad. Una política que pone en peligro la incipiente recuperación y torpedea la creación de empleo. Cambien.


                                                                                                                            Enrique Ortega

Autonomías y Ayuntamientos las están pasando canutas para presentar sus cuentas para 2014. Por un lado, el Gobierno Rajoy va a transferir 3.324 millones menos a las autonomías (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, recibirá 305 millones menos que este año) y 16 millones menos a los Ayuntamientos. Por otro, les está cayendo la recaudación por la crisis (un 2% en 2013) y no esperan que remonte mucho en 2014. Pero, sobre todo, el Gobierno Rajoy carga en autonomías y Ayuntamientos la bajada del déficit en 2014 y 2015, con lo que les obliga a ajustar sus Presupuestos en 17.471 millones, según acaba de prometer a Bruselas. Una exigencia que les supone volver a recortar gastos y aumentar ingresos, sobre todo en 2015 (9.871 millones de ajuste), un año complicado  para meter la tijera porque hay elecciones municipales y autonómicas (mayo).Así que hay alcaldes y autonomías que trinan.

Las autonomías tienen que hacer la mitad del ajuste total: 8.631 millones entre 2014 (4.069) y 2015 (4.562 millones). Lo harán por dos vías. Una (el 48%), recortando gastos: personal (habrá más despidos y congelación salarial), sanidad (se reducirán otros 1.500 millones entre la factura farmacéutica, la revisión a la baja de la cartera de servicios y los copagos, con lo que el gasto sanitario caerá al nivel de 2006), educación y servicios sociales. La otra (el 52% del ajuste) será el aumento de ingresos, sacando más dinero de los impuestos que “menos se ven”: transmisiones patrimoniales (+854 millones), carburantes (+427 millones), tasas (Cataluña creará 30 nuevas)  y otros tributos (+2.333 millones). O sea, recortarán más el Estado del Bienestar (donde está su gasto) y nos subirán la mayoría de impuestos.

Sin embargo, algunas autonomías tratan de engañar a sus ciudadanos con el espejismo de que van a bajarles los impuestos en 2014. Madrid ha aprobado una rebaja en el IRPF que es cierta pero tiene truco. Dos. Uno, que bajan lo mismo (0,4 puntos) a las rentas bajas que a las altas, con lo que una familia modesta se ahorrará 55 euros en la renta 2014 y una familia con altos ingresos se ahorrará 2.000 euros y más. El otro, que los madrileños pagarán en 2014 muchos más “impuestos de los que no se notan”: las tasas (40 creadas nuevas en 2013 como el pago del libro de familia o algunas pruebas deportivas), que volverán a subir (universitarios, guarderías…) o el transporte (con 3 subidas, un +16% en 2013). Galicia también bajará medio punto el recargo autonómico del IRPF (apenas se notará), pero a cambio los gallegos pagarán más caros los carburantes: 3,6 céntimos litro el gasóleo y 2,4 céntimos la gasolina, al subir al máximo el céntimo sanitario. Extremadura también rebaja el tramo autonómico del IRPF, pero sólo medio punto, unos 23 euros por contribuyente. Cantabria, la cuarta que baja, lo hace bien: menos IRPF para ingresos bajos y más a los altos. Con todo, pagaremos más o menos IRPF según donde vivamos.

Vayamos a los Ayuntamientos, que cargan con la otra mitad del ajuste: 8.839 millones, muy descompensados entre 2014 (3.530 millones) y 2015 (5.309 millones), el año del tijeretazo, en plenas elecciones (mayo). Y aquí, la mayor parte del ajuste (el 85%) se hace por el camino de los recortes de gastos (7.564 millones). Un hachazo que viene sobre todo por la supresión de servicios (-3.755 millones de “ahorro”) que hasta ahora prestan los municipios y que van a dejar (sobre todo los de menos de 20.000 habitantes) a las Diputaciones o a las autonomías, según les obliga la Ley de reforma municipal que ha aprobado el Gobierno Rajoy: desde los servicios municipales habituales a sanidad, educación y servicios sociales. Y también se espera un importante ahorro (1.400 millones)  con el cierre de empresas municipales (más despidos) y con la fusión y desaparición de pequeños Ayuntamientos (-1037 millones en 2015). El ajuste restante (15%) viene por subida de impuestos y tasas, junto al IBI, que notaremos todos (+1.200 millones).

Como puede verse, la tijera y las subidas de impuestos de estos años en autonomías y Ayuntamientos van a seguir dos años más, mal que les pese a alcaldes y políticos autonómicos, que no tienen otra opción: si no cumplen con estas cuentas, el palo, no recibirán la zanahoria, un nuevo rescate en forma de Plan para pagar facturas pendientes, que alcanzan ya los 19.341 millones de euros (15.324 millones las autonomías y 4.017 los Ayuntamientos). Montoro los tiene bien “cogidos”: este mes de noviembre le tienen que enviar sus planes de ajuste (menos gastos y más ingresos) para 2014 y 2015 y sólo los que cumplan lo exigido recibirán dinero para coger oxígeno y pagar sus facturas. Tras el anterior Plan de proveedores (27.301 millones aportados en 2012 a autonomías y Ayuntamientos para los primeros pagos de facturas atrasadas), Hacienda dedicará otros 13.300 millones para atrasos (hasta mayo 2013), que empezarán a recibir en diciembre (los que cumplan). Y aún quedarán muchas facturas sin pagar (6.000 millones), que exigirán otro Plan de ayuda en 2014.

Así que, si no quieren suspender pagos, autonomías y Ayuntamientos tendrán que pasar por el aro de nuevos ajustes en 2014 y 2015. Y algunas autonomías, incluso este año, porque no cumplirán con el déficit exigido. Hay 5 autonomías que seguro no cumplen, a la vista de su déficit hasta agosto: Madrid, Extremadura (curiosamente, las dos prometen bajar impuestos en 2014), Aragón, Murcia y Navarra. Y otras cuatro dudosas: Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana. A las que no cumplan, Montoro les exigirá ajustes adicionales, o sea recortes o subidas de impuestos extras. Y si el Estado tampoco cumple con el déficit este año, como temen muchos expertos y el Banco de España, ajuste doble.

Al final, mucho se habla de recuperación (algunos incluso de bajadas de impuestos), pero el hecho cierto es que las cifras del Gobierno Rajoy enviadas a Bruselas sólo nos aseguran más recortes y más subidas de impuestos en 2014 y 2015. Unas decisiones que van a reducir aún más el consumo y la actividad, poniendo en peligro las pocas décimas de crecimiento previstas. Y torpedeando la posibilidad de crear empleo en un país donde uno de cada cuatro españoles estará sin trabajo hasta 2018. Más de lo mismo: austeridad suicida. Y encima para no bajar el déficit lo prometido, ni en 2014 ni en 2015, como acaba de decir Bruselas. Porque recortes y subidas de impuestos bajan el crecimiento y la recaudación, menos el déficit. Es la trampa de la austeridad. 

Hay que ir por otro camino, negociar con Bruselas suavizar el ajuste y poner en marcha un Plan para acelerar la recuperación, basado en mayores ingresos fiscales (de los que no pagan: grandes empresas, multinacionales, los más ricos y el fraude), más ayudas al desempleo, a la formación y al fomento del empleo, así como inversiones e incentivos dirigidos a promover la innovación, la industria, la exportación, el turismo y los sectores con futuro. Dejar de una vez las tijeras y gastar en la recuperación, en poner al país en movimiento para crecer de verdad y crear ese empleo que tanto nos urge. Ya.

Siguen cayendo empresas

El Gobierno sigue haciendo propaganda de la recuperación y ahora Montoro dice que “la gente ya la nota...". Pero siguen cayendo empresas: las últimas Fagor, Panrico o Pocoyó, que se suman a nombres emblemáticos como Pescanova, Sniace, Roca, Orizonia, Caramelo o Victorio y Lucchino, en suspensión de pagos, con despidos y cierres de factorías. Este año, los concursos de acreedores han aumentado un 17,8 %. La causa es triple: pocas ventas, mucha morosidad y poco crédito. Pero el problema de fondo es que las empresas españolas son las más endeudadas de Europa y un 41% facturan sólo para pagar deudas. Y cuando los bancos les aprietan, forzados por la reforma financiera, tienen que cerrar. Eso les va a pasar a muchas empresas en los próximos meses, con la banca renegociando créditos. La salida es crecer, porque sin vender no se pueden pagar deudas. Pero con los recortes no crecemos y caen más empresas. Es el círculo vicioso de Rajoy.


                                                                                      Enrique Ortega

Tras el verano, han vuelto las crisis de empresas, algunas con nombres emblemáticos: Zinkia (dibujos infantiles Pocoyó) , Fagor (símbolo industrial de Euskadi y líder nacional en electrodomésticos línea blanca) y  Panrico (fabricante de Donuts), ambas en pre-concurso y con las factorías cerradas, que siguen a otras que cayeron también este año, como Pescanova (el mayor concurso de acreedores de una empresa no inmobiliaria en esta crisis), Sniace (en concurso y con las fábricas cerradas),Clesa (liquidada en septiembre tras entrar en concurso en 2011), Orizonia (grupo turístico cerrado en febrero 2013), las empresas de ropa Caramelo, Blanco O Victorio y Luchino (en suspensión de pagos desde primavera) o Roca, que ha cerrado varias factorías tras un siglo de vida. En todos los casos, son problemas similares: caen las ventas, falta liquidez, no pueden pagar a proveedores, no les renuevan créditos y suspenden pagos.

Son los nombres que saltan a los medios, pero 26 empresas han caído cada día en concurso de acreedores durante 2013: son 7.032 concursos hasta septiembre, un 17,8% más que el año pasado, según los últimos datos del INE. Eso supone que sólo en nueve meses se han superado los concursos de todo 2010 (5.962) y 2011(6.863) y que cerraremos muy por encima de 2012 (9.071 concursos). El problema es que el 94% de estas empresas que solicitan concurso de acreedores, para buscar un respiro, acaban cerrando, según Axesor. Y además, sólo una de cada cuatro empresas van a la suspensión de pagos: las otras tres directamente cierran. Con ello, este año cerrarán otras 40.000 empresas en España, la media de estos años de crisis, donde han desaparecido 238.891 empresas (julio 2007-julio 2013), 106 empresas menos cada día, según datos de Empleo. Y lo peor: 20.300 son empresas industriales (con más empleo) y el 73% pymes con menos de 50 empleados.

¿Por qué caen las empresas? La primera razón es que la crisis está resultando muy larga y tras 6 años, muchas empresas no pueden aguantar la caída de ventas, fruto del desplome del consumo por el paro, la bajada de salarios, subida de impuestos y recortes. A Fagor, por ejemplo, le han caído las ventas un 32%. Segundo, no resulta fácil cobrar lo que se factura: el porcentaje de impagados se mantiene en el 7%, según la Plataforma contra la morosidad, y se cobra con mucho retraso (el sector público paga a 141 días y el privado a 93, aunque las empresas del IBEX pagan a sus proveedores a 178 días). Y tercero, las empresas que se quedan sin liquidez tienen muy difícil conseguir dinero. El crédito es cada vez más escaso (ha caído un 12,17% en el último año, a niveles de 2006) y más caro: conseguir un préstamo de menos de 1 millón de euros le cuesta a una empresa española un 4,97% (y a las pymes un 5,2%), frente al 2,80% que pagan en Alemania o el 2,13% en Francia. Y además, los bancos españoles admiten que han endurecido los criterios para conceder créditos, por las exigencias de saneamiento de la reforma financiera y porque se les han disparado los morosos: 12,2% de los créditos, el nivel más alto de nuestra historia reciente.

Pero hay otra razón más, que está detrás de las últimas crisis de empresas: la refinanciación de créditos. A raíz de la reforma financiera, el FMI alertó en 2012 de que la banca española tenía una “morosidad enmascarada” gracias a las refinanciaciones: empresas con mucha deuda a las que se les da otro crédito para que puedan mantenerse y pagar lo que deben. Se calcula que un 16% de los préstamos a empresas se refinancian, unos 230.000 millones en créditos refinanciados. Y el Banco de España, por imposición de la troika, ha obligado a bancos y Cajas a reclasificarlos y ver los que pueden cobrar o no, antes del 30 de septiembre. Y eso ha llevado a las entidades a apretar las tuercas a las empresas: o les dan garantías de que van a poder pagarles o les cortan el grifo. Y esas garantías son despidos (EREs), cierres, cambio de directivos y ventas de activos. Unos, los que han podido (El Corte Inglés o FCC, la súper endeudada empresa que ha comprado de saldo Bill Gates) han conseguido nueva financiación. Y los que no, como Fagor, Panrico o Service Point han tenido que ir a pre-concurso de acreedores. Y este proceso continuará en los próximos meses, cuando se van a producir muchas renegociaciones, lo que provocará que más empresas, ya sin el oxígeno bancario, tiren la toalla.

Precisamente, la gran losa para las empresas (y para la economía española) es su deuda: todavía deben 1,07 billones (con b) de euros, aunque han reducido en una cuarta parte su endeudamiento estos años (desde los 1,47 billones que debían en 2008). Lo peor no es que sea una cifra que marea, sino que las empresas españolas son las que más han aumentado su endeudamiento en Europa y las pymes españolas triplican el endeudamiento de las pymes francesas o alemanas, según el último informe del FMI. Y lo más escalofriante: un 41% de las empresas españolas dedican el 100% de su beneficio bruto a pagar su deuda. O sea, que abren y trabajan cada día para pagar a los bancos. Y claro, en cuanto les fallan las ventas o les suben los costes, no pueden cumplir. Y tienen que reducir costes, cerrar fábricas, despedir, no pagar a proveedores y cuando no pueden más, suspender pagos.

En definitiva, la losa de la deuda hace que las empresas españolas sean tremendamente vulnerables, más que sus competidoras europeas. Y están muy expuestas a la escasez de crédito o a la subida de tipos. Por eso, el riesgo ahora, advertido por el FMI en octubre, es que la reforma financiera para sanear bancos y Cajas fuerce un proceso rápido de reducción de deuda de las empresas (el palabro que usan es desapalancamiento) que las asfixie, provocando una cadena de suspensiones de pagos, cierres y más paro. La solución es seguir recortando deuda, pero poco a poco,  sin que se coma los incipientes beneficios, que han de ir a recuperar la inversión y el empleo.

La prioridad del Gobierno debería ser ayudar a las empresas a reducir su deuda (forzando quitas y renegociaciones razonables) y garantizarles la liquidez y el crédito suficiente (sobre todo, con la banca nacionalizada) para poder seguir funcionando. No puede ser que la mitad de las empresas trabajen para pagar deudas. Y sobre todo, hay que cambiar de política económica, abandonar los recortes para reanimar el consumo, la inversión y el empleo. El principal reto es crecer, para que las empresas puedan vender y pagar sus abultadas deudas. Porque creciendo menos del 1%, lo que el FMI augura para España hasta 2018, no pueden. Se asfixian y cierran. Así no hay recuperación que valga.

Dependencia: menos ancianos y discapacitados con ayudas

Si la crisis y los recortes del Gobierno Rajoy han deteriorado muy seriamente la educación, la sanidad y las pensiones, a la Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, la han herido de muerte: se ha recortado un tercio su financiación, se ha frenado la entrada de dependientes, se han reducido las ayudas y se ha disparado el copago y la privatización de servicios. Y lo peor: cada día hay 106 ancianos y discapacitados menos que reciben ayudas públicas, porque muchos mueren antes de que les lleguen. La Dependencia está en retroceso en 13 autonomías y los nuevos recortes previstos para 2014 y 2015 pueden acabar de dinamitarla. No se puede dejar a las familias, cada vez con menos recursos, que atiendan solas a sus ancianos y discapacitados. Son los eslabones más débiles de nuestra sociedad y ayudarles debería ser prioritario. Además, no cuesta mucho. Se puede y se debe.  


                                                                                         Enrique Ortega                           

Desde julio de 2012, son doce los meses en que ha caído el número de ancianos y discapacitados que cobran ayudas por dependientes, algo que no había pasado nunca desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, en enero de 2007. A finales de septiembre, eran 736.240 los dependientes que recibían alguna ayuda pública, 28.720 menos que a principios de año. Hay 106 dependientes menos con ayudas cada día. Ello se debe a tres causas: las autonomías están retrasando la concesión de ayudas para reducir gastos (pueden tardar hasta dos años y medio sin tener que pagar retrasos), se endurecen los criterios (incluso revisando niveles ya concedidos) y, sobre todo, porque muchos dependientes se mueren antes de que les lleguen: el 53% de los solicitantes tienen más de 80 años. Sólo en la Comunidad Valenciana han muerto 30.000 ancianos antes de que les llegaran las ayudas. Actualmente, hay 198.041 dependientes con derecho reconocido a una ayuda y que están a la espera de recibirla, muchos más de dos años ya.

Una forma dramática de ahorrar. La más habitual son los recortes puros y duros a los presupuestos de la Dependencia: entre 2012 y 2014, los recortes previstos suman 2.278 millones, un tercio del gasto de 2011, según los datos del Gobierno. Para 2014, el Presupuesto del Estado en Dependencia se reduce realmente un 0,1% (si descontamos el pago de deudas pendientes), aunque es mucho más porque se ha vuelto a eliminar la partida del nivel acordado (283 millones) que el Gobierno eliminó en 2012.Y habrá nuevos recortes de las autonomías, como en 2015, ya que el Gobierno les obliga a recortar otros 4.000 millones de gastos totales en los próximos dos años. Además, las autonomías buscan ahorrar en Dependencia retrasando pagos: muchas deben meses de ayudas a las familias y a las residencias, ONG, empresas y entidades sociales, asfixiadas por estas deudas. Y les han bajado “por decreto” los precios de los servicios que prestan (a costa de su deterioro).

Menos beneficiarios, menos presupuesto y deudas crecientes, un panorama de la Dependencia que se traduce al final en menos ayudas y más pagos para los dependientes y sus familias, que llevan casi dos años sufriendo los recortes. Recortes que empezaron en diciembre de 2011, a la semana de llegar Rajoy al Gobierno, cuando tomó la primera medida: dejar fuera de las ayudas, hasta julio de 2015 (al menos) a los dependientes moderados (412.000 solicitudes). En marzo recortó 283 millones a la Dependencia y en julio 2012 aprobó un decreto con profundos cambios para facilitar a las autonomías un drástico recorte del gasto en Dependencia: dejar de pagar la cotización a la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores no profesionales de los dependientes, bajarles un 15% (y más : -70% Valencia) la paga mensual (55 euros sobre los 400 que cobraban), reducir los servicios (ayuda a domicilio), simplificar los baremos (de 6 a 3, bajando las ayudas), poder retrasar dos años más las ayudas (hasta 2,5 años) y subir el copago a las familias.

Desde junio de este año, todas las autonomías han subido drásticamente el copago de los servicios de Dependencia (sobre todo la teleasistencia), con lo que los dependientes y sus familias han pasado de pagar el 9,9% del coste del servicio (2009) al 19% (2013) y ahora entre el 40 y el 90% del coste, según los ingresos del dependiente y los servicios. Con ello, el dependiente paga mucho más y el Estado central mucho menos: si en 2009, los Presupuestos financiaban el 39,1% de la Dependencia, en 2013 sólo aportan la mitad, el 21,1%. Y cargan con dos tercios de la factura las autonomías (59,9% en 2013 frente a 39,15% en 2009).

Las autonomías, asfixiadas por la crisis y los recortes, buscan como ahorrar en Dependencia, para sostener otros servicios, sobre todo Sanidad y Educación (también con duros recortes). Y siguen distintos caminos: subir el copago, retrasar al máximo los expedientes, rebajar baremos y algunas, privatizar el servicio: promueven el cheque-servicio, un dinero que dan al dependiente (entre 426 y 715 euros al mes) para que él o su familia elijan la empresa con la que contratan el servicio (residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia).Con ello, la autonomía se quita el problema de tener que ofrecer servicios (públicos o concertados) e invertir en centros, residencias y plantillas.

Esta modalidad de servicio (“prestación económica vinculada al servicio”) está en la Ley de Dependencia pero era marginal. En el último año, el cheque-servicio se ha disparado en cuatro autonomías del PP (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Galicia), donde es ya la segunda prestación, tras la ayuda para cuidados familiares. Este cheque-servicio, denunciado por Andalucía y Asturias, tiene dos problemas. Uno, que no son los dependientes los que eligen residencia, sino las residencias quienes eligen a los dependientes (los de más recursos). Y otro, que si la Dependencia se convierte en un negocio, ¿quién atenderá a los dependientes de las zonas rurales, donde hay menos demanda y ancianos y discapacitados con menos recursos? Podría llegarse a una Dependencia dual: privada para los más ricos  y pública y marginal para los más pobres.

Al final, entre los recortes, la pérdida de ayudas, la caída de beneficiarios, el copago y la privatización, la Dependencia está herida de muerte: ha retrocedido en 13 autonomías y sólo ha mejorado en tres (País Vasco, Cantabria y Castilla y León), según el riguroso seguimiento de directores y gerentes de servicios sociales, que dan buena nota a dos autonomías (9,6 a Castilla y León y 8,3 al País Vasco), aprobado escaso a seis (6,3 La Rioja, 5,8 Andalucía y Cantabria,5,4 Cataluña y 5 Castilla la Mancha y Galicia), suspendiendo a las 10 restantes (con un 0,4 la Comunidad Valenciana, 1,3 Ceuta y Melilla y 1,7 puntos Canarias). O sea, que según donde vivan, así les van las ayudas a los dependientes y sus familias.

Las ayudas a la Dependencia no son caridad sino un derecho reconocido legalmente, aunque más reciente que otros y sin la financiación suficiente. Pero también es más barato: podría prestarse bien con unos 8.000 millones al año (en 2013 serán 6.255 millones), frente a los 121.500 millones de las pensiones, los 60.000 millones de la Sanidad, los 46.000 de la Educación o los 29.500 del desempleo. Y además, el coste en Dependencia tiene un amplio retorno (se recupera el 45% de la inversión, con impuestos y cotizaciones) y crea mucho empleo (invertir 10.000 millones crearía 1 millón de empleos, según la CEOE).

Pero no es sólo que invertir en Dependencia sea barato y rentable: es que estamos moralmente obligados con nuestros mayores y discapacitados, los eslabones más débiles de la sociedad. Ahora son 3 millones, pero para 2050, con una población envejecida, serán ya 7 millones de dependientes, según el CSIC. Hay que asegurar su cuidado y financiarlo de forma estable, buscando recursos suficientes a medio plazo, con impuestos, cotizaciones y copago, en paralelo con la reforma de las pensiones. Porque un derecho sin recursos es papel mojado. Se lo debemos a nuestros mayores. Antes de que se mueran.

Ojo al euro fuerte: destroza a España

Ahora que Europa (y España) salen de la recesión y los inversores vuelven al viejo continente, hay un nubarrón en el horizonte: el euro, fortalecido desde septiembre frente al dólar, el yen y la libra, provocando que los productos europeos sean un 8% más caros este año, lo que perjudica la recuperación. Sobre todo en España, donde sólo crecen exportaciones y turismo, dos motores que se pueden “gripar” si el euro sigue por encima de 1,35 dólares, como los últimos dos meses. El riesgo es que exportadores y empresas turísticas, para compensar esta subida del euro, fuercen una mayor bajada de salarios (perjudicando el consumo y el crecimiento), o hagan más despidos. Y ni Bruselas ni el BCE toman medidas para “bajarle los humos al euro”, mientras EEEUU, Japón o China debilitan sus monedas para crecer más. Atentos al euro más que a la prima de riesgo: si no baja de 1,30 dólares, peligra la recuperación.

                                                                                                 Enrique Ortega

El euro lleva subiendo, de forma intermitente, desde el 24 de julio de 2012, cuando alcanzó su mínimo (1,2059 dólares), porque parecía que Europa se iba a romper por la presión de la crisis de la deuda y los mercados. A finales de año ya estaba en 1,3194 y en febrero 2013 alcanzó un primer máximo, 1,3646 euros por dólar. Después perdió fuerza hasta caer en julio a otro mínimo (1,2787 euros por dólar) y enseguida recuperarse para empezar septiembre en 1,3196 euros por dólar y acabar el 28 de octubre por encima de 1,38 euros, la cotización máxima desde noviembre de 2011. Con ello, el euro se ha revalorizado este año más de un 8% frente al dólar, un 4,4% frente a la libra y un 17,3% frente al yen. Hoy está en 1,3642 euros por dólar.

Europa no tiene (tampoco) una política de tipo de cambio común y la cotización del euro varía según lo que hacen las demás monedas, cuyos países si influyen en su cotización. En el  último año y medio, Estados Unidos, Japón, China, Gran Bretaña o Brasil han hecho una política para reanimar sus economías, inyectando liquidez (dinero) y bajando los tipos de interés, lo que deprecia sus monedas, desde el dólar o el yen a la libra o el yuan chino. Y de paso, una moneda débil favorece sus exportaciones. Mientras, Europa ha hecho todo lo contrario: ha recortado el gasto público, drenando liquidez y manteniendo tipos altos (0,50% frente al 0,25% de EEUU, 0,10% en Japón o el 0,50% en Gran Bretaña). Y los inversores han buscado la alta rentabilidad europea (aún con riesgo), fortaleciendo al euro.

Esta “guerra de divisas” encubierta se ha agudizado este año, con la decisión de Japón, en enero, de inyectar otros 170.000 millones de euros para reanimar su economía, lo que ha depreciado más al yen. Y se ha acelerado en octubre, con la confirmación de que EEUU va a seguir inyectando liquidez en su economía (todavía débil), lo que ha depreciado al dólar, más tras la pelea (no resuelta) entre republicanos y demócratas por el tope de la deuda. Otro hecho clave es el temor de los inversores porque se agote el crecimiento de los países emergentes (Brasil e India sobre todo), que ha desplazado el dinero hacia Europa, fortaleciendo aún más el euro. Y más cuando Europa sigue siendo la inversión más rentable, tanto en Bolsa o en empresas (hay muchas “gangas”, como ha visto Bill Gates en FCC) como en deuda pública: España paga 4,04 % por el bono a 10 años, Italia el 4,14 y Francia el 2,22% (Alemania el 1,66%) mientras EEUU paga el 2,50% y Japón el 0,56%.

Resultado: los capitales se dirigen a Europa, invierten en euros y su cotización se dispara, llegando a superar los 1,38 euros por dólar (+14,5% de subida sobre el mínimo de julio 2012). Y los expertos creen que puede seguir varios meses entre 1,35 y 1,40 euros por dólar, cuando su cotización de equilibrio debía estar en torno a 1,21 euros (la primera cotización del euro, el 4 de enero de 1999, fue de 1,1789 dólares pero luego cayó, con el estreno real de la moneda única, el 2 de enero de 2002, a 0,9038 euros).

Un euro fuerte tiene dos efectos positivos y dos muy negativos. Lo bueno es que con un euro fuerte es más barato comprar productos extranjeros, desde coches a petróleo o alimentos, lo que ayuda a la inflación. Y resulta más barato viajar al extranjero y comprar en Londres, Nueva York, Tokio o Pekín. Pero estos beneficios no compensan los perjuicios: es mucho más difícil vender fuera, exportar, con un euro fuerte (como si hubiéramos subido los precios de los productos españoles un 8% extra este año). Y los turistas extranjeros se piensan más venir a España, porque con sus monedas les cuesta más viajar y pueden comprar y gastar ahora menos.

Si esto es preocupante para toda Europa, es más grave para España, un país donde lo único que crece (ahora y en los dos años anteriores) son las exportaciones y el turismo, los dos motores en que confía el Gobierno para salir de la crisis mientras el consumo y la demanda interna siguen estancados. Dos motores que se pueden “gripar” con un euro fuerte. De hecho, aunque el 69 % de las exportaciones españolas van a Europa, sólo el 48,2% van a la zona euro. Eso significa que más de la mitad de las ventas que hace España fuera se hacen en monedas que no son el euro, a países que ahora les salen más caros nuestros productos. Y en cuanto al turismo, aunque sigue batiendo récords, no hay que olvidar que un 53% de los turistas no son de países euro, entre ellos los turistas que más crecen: británicos (24% turistas), nórdicos (7,4%), rusos (8%), suizos (2,4%), norteamericanos, latinoamericanos y del resto del mundo, a los que ahora venir a España sale más caro.

El problema: si el euro sigue fuerte, las exportaciones y el turismo pueden debilitarse y con ello la recuperación, de por sí muy incipiente (creceremos menos del 1% hasta 2018, según el FMI). Lo peor es que las empresas exportadoras y turísticas, para seguir compitiendo fuera en precios con un euro fuerte, sólo tienen dos salidas: seguir bajando los sueldos de sus empleados (menos consumo y crecimiento) o reducir costes y plantillas. Más paro.

Así que nos jugamos mucho con el euro fuerte, aunque España sola no pueda hacer nada por “bajarle los humos”. Es una responsabilidad de Bruselas y el BCE, pero los jerarcas comunitarios prefieren “no hacer nada”: son liberales fundamentalistas y creen, como dice Draghi, que el tipo de cambio “lo debe fijar el mercado”, sin que Bruselas intervenga en la cotización, como defiende en solitario Francia (y como hacen la mayoría de los países). Esta política es mala para Europa y nefasta para España, que sufre más que el resto del continente los efectos de un euro fuerte, según un estudio de Goldman Sachs. Y eso porque España exporta muchos productos intermedios a Alemania y Francia, por ejemplo, y si estos países exportan menos fuera de la zona euro, también nos compran menos (doble recorte).Y también porque España tiene el doble de paro y necesita crecer más que el resto, algo que dificulta más un euro fuerte, al depender tanto de las exportaciones y el turismo.

En definitiva: nuestro futuro inmediato depende mucho del euro y su cotización se decide fuera de Europa y de Bruselas, poco preocupados de momento por tener una moneda fuerte, aunque eso debilite el crecimiento del continente, la zona del mundo que menos crece:-0,4% este año, frente a 1,6% EEUU, 2% Japón o 4,5% los países emergentes, según el FMI. Sería importante que la Unión Europea cambiara de postura y el BCE tomara dos medidas claves: bajar los tipos de interés (al 0,25%) e inyectar liquidez en las economías europeas, para ayudar a que fluya el crédito. Y con ello, Europa crecería más y el euro perdería fuerza. Dos por uno. Como no parece que lo hagan, estemos atentos al euro más que a la prima de riesgo: nos afecta más. Si sigue por encima de 1,30 euros por dólar, peligra la recuperación.

Negro futuro para los servicios sociales

La crisis ha disparado las visitas de españoles a los servicios sociales, para pedir todo tipo de ayudas, desde comida y alojamiento a subsidios, teleasistencia, residencias de ancianos o asesoramiento para trabajar. Y la puerta de entrada a estos servicios sociales son los Ayuntamientos, que atienden a 7 millones de personas cada año. Ahora, el Gobierno ha enviado al Parlamento una Ley de reforma local que quita a los Ayuntamientos los servicios sociales para que los presten las autonomías. El problema es los Gobiernos regionales no tienen recursos y se teme que al final nadie preste estos servicios sociales, cada vez más necesarios porque la crisis ha hecho que 12 millones de españoles vivan como pobres. Además, Rajoy ha prometido a Bruselas que autonomías y Ayuntamientos recortarán 11.500 millones más sus gastos en 2014 y 2015, con lo que tendrán que hacer un recorte extra en gastos sociales. Un drama para millones de personas que lo están pasando muy mal.

                                          Vídeo Cruz Roja 2012: "Ahora más que nunca frente a la crisis" 

España gasta en servicios sociales unos 13,300 millones al año (2012), un 1,3% del PIB, la mitad que la media europea. El Estado central apenas aporta y menos desde que gobierna Rajoy, que ha bajado a la tercera parte el presupuesto del Estado para gastos sociales: de 86,6 millones que aportaba en 2011 a sólo 27,5 en 2013. Las autonomías aportan el grueso del gasto en servicios sociales, 12.645 millones en 2012, aunque también llevan dos años de recortes. Y los Ayuntamientos dedican casi 600 millones a servicios sociales, aunque son los que gestionan el Plan concertado municipal de servicios sociales, con 1.330 millones (2011). En conjunto, los presupuestos para servicios sociales han caído un 33,1% entre 2011 y 2014, según un reciente informe encargado por el Consejo General de Trabajo Social (CGTS).

Los servicios sociales son competencia exclusiva de las autonomías, que hacen casi todo el gasto, aunque lo han reducido en 478 millones con la crisis (entre 2009 y 2012). Lo primero que choca es la gran diferencia de servicios sociales entre autonomías. Tres ejemplos. Uno, la renta mínima de inserción (RMI), el subsidio que pagan las autonomías a algunas familias sin ingresos: en el País Vasco cobran 658 euros al mes 1 de cada 13,5 habitantes mientras en Extremadura cobran sólo 399 euros 1 de cada 337 habitantes. Otro, las residencias de ancianos: en Castilla y León hay 7,42 plazas por 100 mayores y en Murcia 2,37. Tres: el País Vasco ofrece 71 plazas de albergues para personas sin hogar por cada 100.000 habitantes mientras Extremadura tiene 20.

Esta disparidad de servicios sociales se debe a la disparidad de gasto entre autonomías: mientras el País Vasco gasta 796 euros por habitante, en Baleares gastan diez veces menos (76,4€). Si se mide en relación a su riqueza, las autonomías que más gastan son el País Vasco (2,57% de su PIB), Extremadura(2,20%),Castilla la Mancha(1,99%), Andalucía(1,60%), La Rioja(1,59%) y Navarra(1,44%).Y las que menos Baleares (0,31%), Canarias(0,65%), Madrid(0,75%) y Comunidad Valenciana(0,76%). Pero al final, unas gestionan mejor que otras y sólo tres sacan buena nota en el ranking que hacen los gerentes de servicios sociales: Navarra (nivel alto, con 7,15+ puntos), País Vasco(7,35) y La Rioja (6,85). Seis más aprueban: Castilla y León (6,65 puntos), Cantabria(6,60), Cataluña (6,35), Asturias(6,35), Castilla la Mancha(6,25) y Aragón (5,85). Y las ocho restantes suspenden, lo que hace que para toda España, la nota que dan a los servicios sociales sea suspenso: 4,92 puntos.

Los Ayuntamientos lo hacen mucho mejor, aunque gestionan bastante menos dinero, los 1.330 millones del Plan concertado de servicios sociales (al que aportaban, en 2011, 86,6 millones del Estado, 710,5 de las autonomías y 532,3 de los Ayuntamientos). En este Plan trabajan 50.000 funcionarios municipales, que atienden a 7 millones de personas cada año. El catálogo de servicios sociales que prestan los  Ayuntamientos es amplísimo: información y orientación de ayudas, asesoramiento para el empleo, ayuda a domicilio y teleasistencia, comida y alojamiento (ayudas al alquiler, albergues y viviendas tuteladas), ayudas de emergencia, gestión de becas, ayudas y renta mínima de inserción (RMI), gestión de la Dependencia, apoyo a la familia, a las mujeres (maltrato),a la infancia y a inmigrantes, atención a discapacitados, gestión justicia gratuita, atención psicosocial…  Y lo más importante: los Ayuntamientos son la puerta de entrada para que los ciudadanos soliciten y accedan a las ayudas que luego conceden las autonomías y el Estado. Por eso son claves.

Pero ahora, el Gobierno Rajoy quiere que dejen de prestar estos servicios sociales. En la Ley de reforma de la Administración Local, que se debate en el Parlamento para que entre en vigor en 2014, se contempla que los Ayuntamientos dejen de prestar los servicios que se consideran “impropios” y que se llevan la cuarta parte de sus presupuestos: servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, básicamente. El argumento del Gobierno es evitar duplicidades con las autonomías y el Estado (que también prestan estos servicios) pero la verdad es que se hace por recortar gastos: la previsión enviada a Bruselas es que, suprimiendo servicios públicos, los Ayuntamientos recorten 4.000 millones entre 2013 y 2015.

Con la reforma local, la prestación de servicios sociales de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pasará a las autonomías (en los pequeños, la gestión pasa a las Diputaciones, que ni siquiera asegurarán el servicio, sólo los básicos). Y los Ayuntamientos quedarán para una labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social”. O sea, para detectar necesidades y atender lo más urgente. El resto a cientos de kilómetros, en la autonomía. Y además, la Ley les va a exigir que establezcan medidas para “racionalizar el servicio”. O sea que, como los recortes y Hacienda mandan, las autonomías tratarán de “ahorrar” también en servicios sociales los próximos años.

La Ley, rechazada por muchos alcaldes y  toda la oposición (salvo PNV), provocará varios problemas. Por un lado, muchas autonomías no tienen recursos como para financiar los servicios sociales que ahora prestan los Ayuntamientos. Castilla y León ya se ha quejado de que le costaría 200 millones. Por eso, el temor es que el traspaso acabe en un drástico recorte de servicios. Por otra parte, están en riesgo los empleos de los empleados municipales de servicios sociales (50.000) y de las ONGs y empresas que prestan servicios (temen que se pierdan 70.000 empleos). Pero además, puede provocarse una mayor duplicidad de tareas: los Ayuntamientos tendrán que seguir atendiendo situaciones urgentes y evaluando problemas (necesitarán medios) y las autonomías necesitarán medios y recursos para atender servicios que antes no prestaban. Un caos.

Con todo, el mayor problema es de fondo: los servicios sociales necesitan prestarse con  proximidad, para detectar mejor las necesidades y hacer un seguimiento constante. Y eso sólo pueden hacerlo los Ayuntamientos, no las autonomías. De hecho, Castilla y León o Asturias gastan menos que Extremadura en servicios sociales (1,28% PIB y 1,59% frente a 2,20%) y sin embargo obtienen mucha mejor nota en el ranking (6,65 y 6,60 frente a 4,60) porque tienen la gestión muy descentralizada en los Ayuntamientos. Más cerca, mejor servicio.

La reforma de los Ayuntamientos puede ser la puntilla a los servicios sociales, que se enfrentan además a nuevos recortes de gastos (11.500 millones), impuestos por Rajoy a autonomías y Ayuntamientos para 2014 y 2015, Y todo ello, recortes y reforma, precisamente cuando más falta hace la asistencia social (la demanda ha crecido un 72% en 2012), ya que la crisis ha provocado que España tenga 12 millones de personas en el umbral de la pobreza, familias que viven con menos de 14.700 euros al año (matrimonio con dos hijos). Y lo peor: hay 3 millones de españoles en situación de pobreza severa: malviven con menos de 307 euros al mes, según Cáritas.

La crisis ha provocado un destrozo social que están sufriendo los más débiles. Un grave problema social que hay que paliar desde las instituciones públicas, con un Plan contra la pobreza (exigido por Bruselas y que no llega) y con un reforzamiento de los servicios sociales, para paliar los casos más graves. Hacen falta más recursos, no recortes. Y no desmantelar los servicios sociales de los Ayuntamientos, los que mejor funcionan. Por solidaridad (o caridad, si prefieren), den marcha atrás.