Quitan trenes y estaciones pero inauguran AVEs

El Gobierno Rajoy va a cerrar antes del verano 27 líneas de trenes regionales y 172 estaciones, sobre todo en Castilla y León, Aragón y Andalucía, perjudicando a un millón de usuarios. Además, va a reducir frecuencias, quitando uno de cada cuatro trenes regionales. Todo para ahorrar 26 millones de euros este año, lo que cuesta un solo kilómetro del AVE. Como ya hizo el Gobierno socialista en 1985, Rajoy sigue desmantelando la red ferroviaria, que pierde viajeros cada año por falta de inversiones y de una oferta atractiva. Mientras, se han gastado 46.000 millones en la burbuja del AVE, que duplicará sus kilómetros aunque vaya medio vacío. Hace falta una política que fomente el uso de trenes normales (pero modernos y rápidos), para viajeros y mercancías, que ayude a ahorrar energía y a cohesionar España, no a aislarla. Y más ahora que el tren se va a privatizar para llevar pasajeros desde el 31 de julio.

enrique ortega

El primer recorte a los trenes lo hizo Franco, en 1964, cerrando 200 kilómetros de vías deficitarias por presiones del Banco Mundial. Pero el gran tajo se lo dio el Gobierno de Felipe González, que cerró, en enero de 1985, 2.484 kilómetros de líneas férreas (un 20%), argumentando que eran deficitarias. Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado el tercer gran recorte: cierre de un 20% de líneas regionales y 172 estaciones. Y además, revisará cada dos años estas líneas de media distancia, lo que no descartan más cierres en el futuro.

El abandono del ferrocarril en las tres últimas décadas, junto al auge del coche y el autobús, han llevado a una penosa situación económica de los trenes regionales: de 118 líneas de media distancia, casi la mitad (52) funcionan con menos del 15% de ocupación y sus ingresos sólo pagan el 16% del coste, con lo que generan un déficit anual de 34,1 millones. En conjunto, las líneas regionales, que usan 32,5 millones de viajeros, sólo cubren un 40% de sus costes y pierden 275 millones al año. Y de sus 677 estaciones hay 172 donde no pasa ni un viajero al día y otros 163 que las usan sólo entre uno y cinco pasajeros diarios. Un servicio ruinoso, con líneas como la de Puebla de Sanabria-Orense, donde por cada viajero que sube al tren (y paga 11,10 euros), el Estado paga 371 euros.

Esta penosa situación ha llevado al Gobierno Rajoy a decidir por decreto el cierre, antes de junio, de 27 de las 118 líneas regionales, lo que afectará a un millón de pasajeros, salvo que las autonomías o Ayuntamientos quieran financiar el servicio (algo difícil). La mayoría de cierres se concentran en Castilla y León (líneas Madrid-Segovia, Puebla de Sanabria-Orense, Salamanca-Ávila, Valladolid-Reinosa, Valladolid-Palencia-Burgos, Valladolid-Medina del Campo, Miranda de Ebro-Logroño, Miranda-Pamplona, Ponferrada-Valladolid, Ávila- Valladolid, Miranda-Valladolid, Ávila-Medina-Valladolid y Arcos del Jalón- Guadalajara), Aragón ( Zaragoza-Ariza, Zaragoza-Mora, Calatayud-Zaragoza, Caspe-Barcelona y Huesca-Valencia), Andalucía (Huelva-Zafra, Ronda-Algeciras, Granada-Linares-Baeza, Córdoba-Bobadilla y Sevilla-Llerena), Extremadura (Plasencia-Badajoz y Puertollano-Zafra) y Levante (Cuenca-Valencia y Valencia-Teruel). Además, se cierran 172 estaciones.

Pero eso no es todo. Quizás afecte más la reducción del servicio en toda la red regional, con la supresión de 779 trenes semanales, casi uno de cada cuatro (23,1%), una reducción del servicio que se notará más en Extremadura (-60% trenes), Asturias (-44%), Cantabria (-33%), Castilla y León (-30%) y Aragón (-28%). Para paliar los cierres y el paso de menos trenes, Renfe hará más paradas con trenes de largo recorrido y cercanías y contratará autobuses. Pero no podrá evitar que muchas capitales (Huelva, Almería, Jaén, Ourense, Teruel…) y ciudades (Zafra, Plasencia, Medina, Miranda…) queden ahora más aisladas por tren.

Y todo para conseguir un ahorro de 25 millones en 2013 (51 en 2015), menos de lo que ha costado un solo kilómetro de la línea de AVE de Barcelona a la frontera francesa (3.700 millones invertidos, sin incluir estaciones, para 131 kilómetros), inaugurada por Rajoy en enero. Y es que España lleva 20 años engordando la burbuja del AVE, en la que nos hemos gastado 46.000 millones de euros para ser líderes mundiales (salvo ahora China), con 2.203 kilómetros en servicio a los que se unirán otros 2.294, porque falta inaugurar el AVE a Alicante (para San Juan), a Galicia  y al País Vasco (2018), obras que se están llevando el 84% del presupuesto total de España en ferrocarril. Y no es sólo que no queden fondos para las líneas regionales, sino que además, el AVE genera un doble efecto regresivo en el resto de trenes: les acaba fagocitando y además sus vías de alta velocidad impiden el uso mixto (viajeros y trenes de mercancías), lo que no han hecho otros países (que han optado por trenes de velocidad alta, de 180 a 250km/h, cuyas vías permiten también el paso de mercancías). Y encima de ser carísimos y copar casi toda la inversión, los AVEs van medio vacíos (45% asientos libres).

Los trenes “normales” llevan treinta años deteriorándose, por falta de inversiones, mantenimiento y política comercial, en beneficio del autobús y el coche particular. En vez de ir de recorte en recorte, habría que poner las bases para que los españoles subieran más al tren. Y eso pasa por modernizar las líneas (tenemos menos doble vía que Europa), mejorar el servicio y los horarios (si se tarda 2 horas en ir de Madrid a Segovia en tren normal, nadie va), establecer tarifas y descuentos y hacer una política comercial agresiva, apoyada en los trenes Avant o Alvia,  que circulan a 180-250 km/h (van en 4 horas de Madrid a Pamplona, más rápido que en coche). Más y mejores trenes regionales y menos AVEs.

Hay que fomentar el uso del tren y no recortarlo por tercera vez. Primero, por razones energéticas: España es uno de los países europeos más dependientes del petróleo y hay que bajar la factura energética (125 millones de euros al día). Segundo, por eficiencia económica: es más barato transportar mercancías por ferrocarril y en España sólo van por tren un 4%, frente al 18% en Europa (y el 22 % en Alemania). Y también lo usan menos viajeros: un 5,4% frente al 7,5% en Gran Bretaña o el 7,8% en Alemania. En tercer lugar, el tren es un elemento de cohesión y vertebración regional: cuando se cierran líneas, las comarcas se mueren.

Pero el Gobierno sólo ve a corto plazo, en cómo rebajar el déficit de Renfe (-450 millones en 2011,sumandole el déficit de FEVE y ADIF) y quitarle las líneas regionales menos atractivas para que pueda competir mejor a partir del 31 de julio, cuando se liberaliza (por dos simples decretos leyes) el transporte de viajeros por ferrocarril: cualquier compañía , no sólo Renfe, podrá transportar viajeros por las vías españolas, como ya hacen con las mercancías (desde 2006) 14 compañías privadas (8 de ellas, de grandes constructoras). Todo indica que la pelea entre Renfe y las privadas que vengan (incluida la francesa SNCF) se centrará en las líneas de AVE y en los grandes trayectos, en lo mollar, no en las líneas regionales (salvo que consigan subvenciones de las autonomías, como Ryanair y los vuelos low cost). Y los sindicatos temen que la liberalización del tren traiga despidos (10.000 de 30.000), subidas de precios y peor servicio (como ha pasado con la luz, los carburantes y el teléfono).

Hay que salvar el tren, no cerrarlo. Y para eso, hay que gastar más en trenes interiores y menos en AVEs faraónicos. Y conseguir que la gente suba al tren, porque sea atractivo. Se puede y se debe. Porque cerrar vías se suma a cerrar escuelas, centros de salud, carteros rurales, cines, servicios y ahora Juzgados y Ayuntamientos. Desmantelar más las zonas rurales, profundizar en las dos Españas, una más aislada, ahora también por tren.

Universidad:entre la reforma y la bancarrota

El Gobierno prepara una drástica reforma de las Universidades públicas, con cambios en la elección de rectores y en la contratación de profesores, además de suprimir la Selectividad y reducir titulaciones y master. Frente a ella, rectores, profesores y alumnos multiplican sus protestas, denunciando la asfixia financiera de la Universidad (tras perder 1.600 millones en tres años), el recorte de profesores y medios, la subida de tasas y el recorte de becas. Y reclaman que, antes de cambiar la Universidad, se la dote de más recursos, como otros países. Algo urgente que no puede retrasar  la reforma de la Universidad, para ajustar la oferta (sobran títulos y Campus), adaptarla al empleo (1 de cada 8 universitarios está en paro y el 25% está subempleado), conseguir nuevos ingresos y dotarla de más autonomía, para mejorar su eficiencia y calidad. Reformar la Universidad para que ayude a salir de la crisis.
 

enrique ortega

Cada vez que cambia el sesgo político del Gobierno, el nuevo ministro llega con una reforma educativa bajo el brazo. Esta vez, Wert prepara también una reforma universitaria, a partir del informe de un Comité de Expertos que ha recibido el 12 de febrero. En él proponen un cambio drástico en la organización de las Universidades públicas. Por un lado, que los rectores no se elijan sólo por el claustro de profesores, sino también entre profesionales de prestigio, con la colaboración de las autonomías. Por otro, defienden más profesores contratados no funcionarios. Y más financiación pública para la Universidad, vinculada a resultados. Además, el Gobierno quiere suprimir la Selectividad (con una reválida al final del Bachillerato) y suprimir  títulos y master (los de menos de 50 alumnos).

Los rectores (todos) han dicho que antes de hablar de reformas, el Gobierno debe resolver el grave problema de asfixia financiera que tiene la Universidad y que sufren cada día: problemas de tesorería, despido de profesores y personal contratado, retraso en el pago de nóminas, deudas a proveedores, falta de mantenimiento e inversiones, deterioro de las instalaciones y una deuda creciente (sólo la Complutense de Madrid, la mayor Universidad de España, tiene una deuda de 150 millones de euros). Y encima, la amenaza de Hacienda de que si no cumplen este año los recortes y el Presupuesto, les pueden sancionar.

Si las 50 Universidades públicas están en bancarrota es porque han sufrido tres años de recortes en los ingresos que reciben del Estado (10%) y sobre todo de las autonomías (70% de sus Presupuestos). En total, unos 1.200 millones menos desde 2010, según un estudio de CCOO, a los que añadir otros 400 millones de recorte en las subvenciones para investigación (I+D+i), lo que totaliza un recorte de ingresos del 16%. Un tijeretazo que contrasta con lo que ha hecho la mayoría de Europa: 9 países han aumentado su gasto universitario entre 2008 y 2012 (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Suiza), dos lo han mantenido estable (Bélgica y Finlandia) y el resto lo han recortado menos que España, salvo Grecia, Portugal y Lituania.

Al contar con menos recursos, las Universidades públicas se han visto obligadas a despedir a profesores contratados, también porque el Gobierno les forzó a ello con el decreto de abril de 2012, que aumentaba sus horas lectivas (triplicando en algunos casos su carga docente) y congelaba plantillas (anulándose incluso oposiciones convocadas en 17 Universidades). Con ello, este curso se han perdido unos 3.000 profesores, que se suman a otros 1.200 perdidos entre 2010 y 2012. En total, 4.200, un 4,2% de las plantillas.

Y eso con un nuevo récord de alumnos este curso: 1.469.653 (+25.000). Alumnos que han sufrido una drástica subida de tasas; la media ha subido el +16,7%, pero subieron mucho más Cataluña (+66,7%), Canarias (+42,1%), Castilla y León (41,9%), Madrid (+38,1%), Comunidad Valenciana (+33,3%) y Castilla la Mancha (+20,3%). Y aumentaron más las diferencias entre Universidades, con grados que cuestan desde 713 euros en Galicia a 2.510 (1º Medicina) en Cataluña. En los master, la subida media fue mayor, del 69% (llega al +170% en Canarias, +130% en Cataluña o +121% en Madrid), con precios que van desde 1.590 euros el master en Galicia a 4.290 euros en Canarias. Y eso que, antes de esta subida, España era el noveno país de Europa con las matrículas más caras (incluso hay 8 países europeos con matrículas gratuitas: los nórdicos, Austria, Grecia y Malta).

Esta fuerte subida de tasas, que seguirá los dos próximos cursos, contrasta con el mínimo aumento en las becas para 2013 (1.163 millones, 23 más que en 2012), que reciben un 23% de universitarios. Además de endurecer los criterios para darlas (y retrasar su pago), se han recortado las becas de idiomas (-80% desde 2011 y se suprimen las becas para el extranjero), las Erasmus (-60%) y las becas Séneca (para cambiar de Universidad dentro de España), que se suprimen para el próximo curso. Con menos ayudas y tasas más elevadas, apenas han subido las matriculaciones (+1,5%, la mitad que el curso pasado), reduciéndose las asignaturas matriculadas. Y han caído las matriculaciones de master (-4.000 alumnos), sobre todo en ingenierías (las más caras y que hacen más falta).

España gasta menos en educación universitaria (1,07% del PIB) que la media europea (1,14%), por debajo de Francia (1,24%) y Alemania (1,21%), aunque mejor que Italia o Reino Unido (0,84%). El Comité de Expertos propone subir este gasto hasta el 3%, lo que evitaría la asfixia financiera de las 50 Universidades públicas, que ahora son más eficientes que las 28 Universidades privadas: gastan un 53% menos por alumno, según el análisis de dos economistas universitarios. La diferencia es que en España la aportación pública es mayor que en Europa (81,6% frente al 73%) y  menores los ingresos por matrículas (8,42% frente al 9,1%, antes del tasazo porque se busca que paguen el 25% del coste para el curso 2014-15) y los otros ingresos (10% frente a 18%), porque nuestras Universidades recaudan menos de donaciones, empresas (formación, investigación, consultoría) y servicios (comedores, residencias). Una vía a mejorar, junto a una subida menos drástica de tasas (y más becas: son el 0,08% del PIB frente al 0,25% en la OCDE).

Pero no todo es financiación. Además de contar con más recursos, la Universidad tiene que afrontar cambios. Primero, ajustar su oferta, recortando titulaciones (2.413 grados y 2.758 master) y fusionando Universidades (hay 236, en todas las capitales, con la misma oferta de estudios a pocos kilómetros de distancia). Segundo, hay que orientar a los estudiantes hacia carreras técnicas más demandadas, reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias Sociales, con menos “salida”. Y tres, habría que reducir el número de universitarios, dirigiendo más alumnos de Bachillerato a FP, para que la Universidad no sea una fábrica de parados: tenemos más universitarios que el resto de Europa (un 29% frente al 27% la UE) y más del doble de paro universitario (12,5% aquí y un 5,2% ellos) y de universitarios subempleados (25% en España frente al 12% en la OCDE).

Hay que financiar mejor la Universidad, pero optimizando la inversión. Y eso pasa por una mejor organización de los Campus, con menos endogamia y más profesores de fuera, pero con más autonomía universitaria, sin injerencia política del Gobierno y las autonomías (hacen como hicieron con las Cajas), buscando Universidades más ligadas a las empresas y al empleo, más internacionales. Y, sobre todo, con auditorías externas de eficiencia y calidad. Pero todo esto no puede hacerse sin un gran pacto educativo, que hoy parece imposible. Si se impone la reforma, como con los recortes y las tasas, la Universidad española estará tocada de muerte. Y no nos ayudará a salir de la crisis.

Cambiar de ciudad o país para buscar trabajo

Sólo el 23 % de los parados creen que pueden encontrar trabajo en un año, según el último Barómetro del CIS. El resto, la mayoría, sabe que lo tienen muy difícil y por eso cada vez más están dispuestos a cambiar de ciudad o de país para buscar trabajo. En España está difícil, ya que sólo 12 de cada 100 contratos firmados son fruto de la movilidad geográfica. Por eso, la mayoría, sobre todo los jóvenes, piensa salir al extranjero, donde han emigrado 415.639 españoles en estos cinco años de crisis (255 cada día en 2012). La mayoría han ido a Latinoamérica, Francia, Alemania, Reino Unido y EEUU. Hace falta preparar a las embajadas, para que ayuden a buscar empleo fuera. Y dentro de España, más colaboración entre las oficinas de empleo y las empresas para favorecer la movilidad, con ayudas al alquiler, para que los parados vayan donde hay trabajo (poco).

enrique ortega

La crisis nos ha quitado a los españoles la ancestral pereza por cambiar de ciudad y movernos, muy ligada al hecho de que empleamos la vida en comprar (y pagar) nuestra casa. Si antes de 2008, sólo el 17% de los españoles estaban dispuestos a cambiar de ciudad (y eso si ganaban más), según un informe de Randstad, ahora un tercio de los españoles está dispuesto a mudarse de ciudad y un 27% a cambiar de país (21 % si es fuera de la UE) para encontrar trabajo, según el Barómetro del CIS (febrero 2012). Y si son jóvenes (18-25 años), el 65% está dispuesto a cambiar de país por un trabajo, según el estudio de Randstad.

Dicho y hecho. Lo primero es intentar cambiar de ciudad dentro de España, buscando trabajo. Pero hay poco y no se conocen bien muchas de las ofertas de otras provincias, con lo que la movilidad es escasa: sólo 12 de cada 100 contratos que se firman en España son fruto de los cambios de una ciudad a otra, según un estudio de Aggett. La mayor movilidad interna se da entre los jóvenes varones (25-34 años), con poca formación y estudios y tiene que ver con empleos en la agricultura, el turismo y la hostelería.

Por regiones, cuatro han logrado atraer población y mano de obra de otras regiones en esta  crisis (2010-2012): Baleares, Navarra, Madrid y el País Vasco. Y han perdido ocupación y población Castilla y León y Castilla la Mancha, sobre todo, aunque también Extremadura, Rioja y Aragón, según un documentado estudio de AFI. Por provincias, sólo tres aumentaron empleo y atrajeron población del resto de España: Guadalajara (+0,38%), Zaragoza (+0,05) y Las Palmas (+0,04). Y otras tres provincias son las que han perdido más empleo y población con la crisis: Cuenca (-1,66%), Zamora (-0,83) y Albacete (-0,41%), aunque en realidad 31 de las 52 provincias españolas han perdido población con la crisis. Y la han ganado, las provincias vascas, Madrid, Baleares, Canarias y Galicia (ver mapa).

Otro estudio, de la Agencia Tributaria, revela que sólo 104.000 españoles (la mayoría jóvenes) cambiaron de residencia fiscal por motivos laborales en 2010-2011, menos que en el bieno anterior (123.633). Madrid, Castilla-la Mancha y Cataluña fueron las regiones que acogieron a más desplazados, mientras perdían trabajadores Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Como dentro de España hay poco empleo (y menos movilidad), la mayoría de jóvenes y parados opta por salir al extranjero: 415.639 españoles han emigrado con la crisis (2008-2012), sólo 255 cada día en 2012. Una cifra que en realidad será mayor porque esta estadística sólo mide los españoles censados fuera (1.609.989 al 1 enero 2013) y no incluye los que están como turistas y trabajan. El mayor flujo de emigrantes españoles ha salido estos años de Canarias (+98,77% de Las Palmas y +52,07% de Tenerife), seguidos de Barcelona (+44%), Asturias (+43%), Málaga (+39%) y Madrid (+38%), siendo las provincias con más emigrantes españoles fuera Madrid (202.659), A Coruña (140.275), Barcelona (123.845), Pontevedra (116.912) y Asturias(96.107).

Por destinos, los españoles han emigrado más con la crisis a Latinoamérica (+202% a Cuba, +63% a México, +45% a Brasil, +34% a  Argentina y +32% a Uruguay) y a EEUU (+60%), aunque en el último año creció la emigración a Alemania, Francia y el norte de Europa. Pero la barrera del idioma (y la emigración histórica) hacen que los cinco países donde hay más emigrantes españoles son Argentina (349.868), Francia (178.627), Venezuela (150.559), Brasil (95.222) y Cuba (94.208), seguidos de cerca por Alemania (92.112 censados, aunque habría  110.000 según las estadísticas alemanas). De hecho, en el cono Sur, los españoles son hoy el tercer grupo de emigrantes, tras chinos y norteamericanos.

En los primeros años de la crisis, los españoles que emigraban eran los jóvenes (25-35 años) más preparados, pero ahora ya salen fuera mayores de 45 años, incluso con sus familias, según un estudio de Adecco. La mitad de las peticiones son para trabajar en Europa, sobre todo en Alemania, Francia, Reino Unido y países nórdicos, aunque crece el flujo hacia la Europa del este, países del Golfo, EEUU y Asia. Los puestos que más se están demandando son informáticos, expertos en Internet y nuevas tecnologías, ingenieros, finanzas y marketing, salud, investigación y energías renovables. Y muchos “nuevos emigrantes” se van siguiendo a nuestras multinacionales (telefonía, bancos, energía, infraestructuras) y exportadores.

Cara al futuro, la migración interior, la búsqueda de empleo en otras ciudades españolas, va a estar muy parada este año, ya que hasta mediados de 2014 no se creará empleo neto. Pero habría que prepararse desde ya, con una seria reforma de los servicios de empleo, para que fluyeran las ofertas, con más ayuda de las patronales y sindicatos. No en vano, hay cinco autonomías con mucho menos paro del 26% de España: País Vasco (15,93%), Navarra (17,15%), Aragón (18,55%), Cantabria (19,22%) y Madrid (19,88%). Ahí habría que buscar primero, según profesión y edad, y con un Plan público de ayudas a la movilidad, que incluyera una Bolsa de viviendas en alquiler (e intercambios) para familias y jóvenes que cambien de ciudad.

Para buscar trabajo fuera de España, hay dos elementos claves: idiomas e información. Es fundamental que el Gobierno ponga en marcha un Plan de reciclaje en idiomas para jóvenes y parados, ya que un 60% de españoles no busca empleo fuera por su bajo nivel de inglés, según un informe del Cambridge Institute. Por otro lado, hay que tejer una red de información sobre empleos en el exterior, con ayuda de las multinacionales españolas y de nuestros  consulados y embajadas en el extranjero (una buena iniciativa: la embajada en el Reino Unido ha creado un portal con ofertas de empleo UK para españoles). Además, el SEPE debería promover más entre parados el uso del portal de empleo europeo red Eures, con un millón de ofertas.

Ayudar a jóvenes y parados a buscar empleo en otro país o en otra ciudad es clave para aliviar la tensión de los 6 millones de parados, aunque lo importante sería cambiar de política, dejar los recortes y reanimar el consumo, la inversión y la economía, algo que se niegan a hacer los fundamentalistas del déficit, en Europa y en España. Pero mientras, buscar empleo fuera (el que pueda) ayudará a tapar agujeros. Y luego, algún día, habrá que pensar en repescar todo este empleo fugado. Nos ha costado mucho formarles.

Baja la luz,pero sube la deuda con las eléctricas

Aunque parezca increíble, la luz baja este trimestre (por primera vez desde 2009) un 6,62% (por la caída del consumo y la ayuda de las renovables), aunque no lo notaremos en el recibo, porque en abril vuelve a ser bimestral y por tanto pagaremos el doble de lo habitual. Esta bajada, puramente coyuntural, contrasta con la subida del 3% en enero (más otro 2% en 9 autonomías con impuestos verdes) y el 70% que ha subido la electricidad desde 2008, con lo que los españoles pagamos la luz más cara de Europa, salvo Malta y Chipre. Y a pesar de ello, dicen que los precios no cubren los costes y tenemos una deuda histórica con las eléctricas que ha vuelto a subir en 2012, hasta casi 29.000 millones de euros. Un caos de sistema eléctrico al que el Gobierno ha intentado poner parches, cinco en el último año, en vez de hacer una profunda reforma del sector, que ajuste costes y precios, para que paguemos la luz más barata en el futuro.
 

enrique ortega

Cada trimestre se revisan los precios de la luz para cubrir la variación de costes, incluida la  compensación a las eléctricas por los 7 impuestos que les ha puesto el Gobierno desde el 1 de enero y que están trasladando a los consumidores. Unos costes que no están claros, ya que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha abierto en febrero dos expedientes a las eléctricas por sospecha de “posible manipulación de precios” en el mercado mayorista. Esta vez, los costes de mercado han bajado, por la caída del consumo y la ayuda del clima (lluvia y viento), que han permitido una mayor aportación de energías renovables más baratas. Con ello, la factura baja este trimestre un 6,62% (por primera vez desde julio de 2009), tras subir un 3% en enero (y un 2% más en las 9 autonomías con impuestos medioambientales). Y apenas lo notaremos porque en abril vuelven a mandarnos el recibo cada dos meses. Además, este año habrá 200.000 familias menos que se beneficien del bono social (2,2 millones), con un recibo más barato (- 23%) por estar en paro, ser familia numerosa o cobrar pensiones mínimas.

A pesar de la bajada de abril, la luz ha subido un 30% en los últimos tres años y un 70% desde 2008, con lo que pagamos la electricidad más cara de Europa, tras Chipre o Malta: una tarifa un 33% mayor que la media europea. Y a pesar de ello, el recibo no cubre los costes reconocidos a las eléctricas, por lo que acumulamos con ellas (desde 2002) un déficit de tarifa que ronda los 29.000 millones de euros, tras haber subido otros 4. 281 millones en 2012. Una hipoteca que tenemos los consumidores y que pagaremos en 15 años: esta deuda se convirtió en títulos, “papelitos” que compran los inversores y cuyos intereses y amortizaciones pagamos en el recibo de la luz, a razón de 3 euros al mes hasta 2025.

Nos suben habitualmente la luz y encima no llega con el recibo para pagar los costes que dicen tiene producirla. Un despropósito que tiene su origen en la liberalización puesta en marcha por el Gobierno Aznar con la Ley del Sector Eléctrico (LSE) de 1997. Allí se estableció un doble sistema de precios. Unos, los de mercado: se fijaba el precio de la luz según lo que le costaba producirla a la central más cara (las térmicas de gas y fuel), lo que beneficiaba a las que producían con menos costes (hidráulicas y nucleares). Es como pagar igual la carne picada, al margen de que se haga con pollo o chuletón de ternera. Y como con ese precio, la mayoría de las centrales (todas menos hidráulicas y nucleares) apenas cubrían costes y no inversiones, se les compensa con otros ingresos, los pagos regulados , que son los que aprueba el Gobierno: primas, pagos por capacidad, incentivos a la inversión o disponibilidad…

Al final, lo que baja en abril son los precios de mercado y el Gobierno no toca los pagos regulados (tampoco lo hizo en enero) para que el recibo no suba. Y es esta parte la que ha tratado de recortar en el último año, dando un tajo sobre todo a las primas a las energías renovables, a las que muchos culpan del déficit de tarifa. Pero no es verdad. Entre 1998 y 2011, las energías renovables (y co-generación) recibieron pagos regulados por 35.000 millones, mientras las centrales convencionales (hidráulicas, nucleares y térmicas) recibieron 53.000 millones. Además, la LSE de Aznar (asesor hoy de Endesa) fijó una compensación a las centrales hidráulicas y nucleares (los CTC), por el cambio de normativa, por importe de 8.660 millones que cobrarían vía tarifas en 13 años. Pero resulta que en junio de 2005 ya habían ingresado ese dinero y siguieron cobrando de más hasta que se quitó un año después (2.500 millones extras de CTC que les hemos “regalado” con el recibo).

En definitiva, que en estos 15 años de la  Ley Eléctrica de 1997, los consumidores hemos pagado más de lo que costaba producir el kilowatio hidráulico y nuclear (pagamos carne picada de pollo a precio de ternera), además de pagarles una compensación extra (CTC) incluso en exceso, y otro sobrecoste en forma de primas a todas las centrales, muchas ya amortizadas (hidráulicas y nucleares), disfrazadas de múltiples conceptos: transporte, distribución, inversiones, disponibilidad…  Tantos costes que no hay recibo que los  cubra.

El Gobierno Rajoy, en lugar de afrontar el problema de fondo (los costes no son reales) ha hecho como Zapatero: subir tarifas y dejar que crezca la pelota del déficit. Además, ha aprobado cinco reformas que son cinco parches: moratoria a las nuevas renovables (no tendrán ayudas), recortes en algunos pagos a las eléctricas tradicionales, supresión del límite de déficit 2012 y olvidar la promesa de liquidarlo en 2013, recorte primas a las renovables en 2013 y, sobre todo, la creación de 7 impuestos eléctricos, para recaudar más y reducir el déficit de tarifa, impuestos que nos repercuten las eléctricas en el recibo.

Cinco cambios inútiles, porque el déficit eléctrico ha crecido en 2012 (+4.281 millones), lo que ha obligado a aprobar un crédito extraordinario de 2.200 millones, que pagamos todos con nuestros impuestos. Y volverá a crecer en 2013 : sólo en enero, el déficit ha sido de 692 millones (+25% sobre enero 2012). Por eso, el Gobierno prepara un sexto parche para antes del verano: recortará otros 2.000 millones de pagos a las eléctricas  (en transporte, distribución y primas a las renovables) y cargará otros 2.000 millones de deficit a los Presupuestos, que pagaríamos todos los contribuyentes.

¿Cómo arreglar este disparate de sistema eléctrico? Pues yendo al origen del problema: ajustando producción (sobran centrales: hay 100.000 Mw instalados para un consumo de 40.000Mw) y costes, pagando el kilowatio por lo que cuesta realmente producirlo, sin regalos para las hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas), pinchando la burbuja del gas (centrales muy subvencionadas y que sólo funcionan a un tercio de capacidad) y recortando subvenciones injustificadas al transporte, la distribución y la disponibilidad, así como  a las grandes empresas consumidoras (les subvencionamos con 749 millones este año). En total, unos 4.000 millones al año menos de costes y de nuestro recibo.

Y todo ello, apoyando y no penalizando a las energías renovables, porque son la garantía de futuro: entre 2015 y 2020, las tres principales tecnologías (eólica, fotovoltaica y solar de concentración) alcanzarán costes de producción inferiores a las centrales térmicas de fuel y gas. Y además, España (el país más dependiente del petróleo y gas importados)  tiene que cumplir la exigencia europea de que un 40% de la electricidad se produzca con renovables para 2020 (ahora es un 32%).

Hay que recortar costes e ingresos no justificados a las centrales hidráulicas, nucleares y de gas, no a las renovables. El problema es que ningún Gobierno se atreve, porque es enfrentarse a un poderoso oligopolio. Pero no hacerlo es mantener la actual locura de costes y con ello, un recibo por las nubes y unos precios de  la luz que impiden a nuestras empresas competir con Europa. Es una de las grandes reformas pendientes, de una vez y para muchos años. Hay que pactarla ya y dejarse de parches que pagamos todos en cada recibo.