El trabajo precario daña la salud mental

La pandemia y la nueva crisis desatada por la inflación y la guerra en Ucrania han deteriorado más la salud mental de los españoles: 4 de cada 10 valoran la suya negativamente, según una reciente Encuesta. Y gracias a un informe encargado por Trabajo a 45 expertos, sabemos que un tercio de las depresiones y problemas mentales son causados por la precariedad laboral: contratos inestables, largas jornadas, bajos salarios, mala valoración profesional, falta de incentivos, problemas con los jefes… El informe revela que 11,9 millones de españoles adultos (asalariados, autónomos y parados), el 50,8% del mercado laboral, están en una situación laboral “precaria”. Y muchos acaban con depresiones, angustias y hasta suicidios (11 al día), la mayoría sin tratamiento adecuado y consumiendo ansiolíticos a mansalva. Los expertos proponen medidas para reducir la precariedad y mejorar la deficiente atención a la salud mental, con la colaboración de convenios y empresas, lo que reduciría los problemas mentales. No es sano mantener una economía que funciona con trabajadores “dopados”.

Enrique Ortega

La salud mental es un problema que preocupa en todo el mundo, al haberse deteriorado con las últimas crisis, desde la crisis financiera de 2008 a la pandemia y la crisis actual por la inflación y la guerra en Ucrania. Aproximadamente, 1 de cada 8 personas en el mundo (más de 1.000 millones) sufren algún trastorno mental, según el informe 2022 de la OMS, lo que provoca graves problemas psicológicos y económicos, en medio de una desatención sociosanitaria general. En Europa, 1 de cada 6 personas (84 millones de europeos) tienen cada año un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos por el uso del alcohol y drogas, afectando más a las clases sociales más desfavorecidas. Y en España, los datos oficiales indican que los problemas mentales tienen una elevada prevalencia entre los mayores de 15 años: afectan a 4,5 millones de españoles, el 11,1% de la población adulta.

Estos datos revelan que un 5,8% de españoles adultos (2.372.859 personas) tienen “ansiedad crónica”: son 1 de cada 12 mujeres, 1 de cada 28 hombres, 1 de cada 12 desempleados, 1 de cada 23 personas que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. Y otro 5,3% de españoles adultos (2.1608.302 personas) sufren “depresión”: son 1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 31 hombres, 1 de cada 13 desempleados, 1 de cada 40 que trabajan y 1 de cada 4 personas incapacitadas para trabajar. La mayoría de estos trastornos mentales son derivados a los Centros de salud, que no cuentan con personal especializado, lo que se traduce en que híper recetan fármacos al paciente: España es el país del mundo que consume más ansiolíticos e hipnóticos por habitante, según las estadísticas internacionales. De hecho, casi el 11% de los adultos han consumido tranquilizantes, relajantes o partillas para dormir en las últimas semanas (1 de cada 7 mujeres). Y los enfermos aguantan así, “dopados”, hasta que su situación se agrava y acaban en las urgencias de un hospital o en una de las escasas unidades de atención psicológica de los hospitales, repletas y con listas de espera.

Y al final, muchos de estos pacientes con problemas mentales acaban suicidándose, la brutal constatación de que la atención mental falla. El 2021 se produjeron en España 4.003 suicidios (11 diarios) y todo apunta a que en 2022 se habrá alcanzado otro récord, dado el salto de suicidios en el primer semestre (2.015 suicidios). Cada año se suicidan en el mundo 700.000 personas, muchas con trastornos mentales. Y el suicidio es la 4ª causa de muerte prematura entre los jóvenes de 15 a 29 años, según la OMS, quien reitera que en los paises desarrollados se dan más los suicidios en personas con problemas económicos, rupturas sentimentales o problemas de salud.

Este preocupante panorama de la salud mental se ha agravado con la pandemia y la actual crisis derivada de la inflación y la guerra en Ucrania, según la última Encuesta de la Confederación de Salud Mental de España, publicada en marzo de 2023: 4 de cada 10 encuestados valoran negativamente su salud mental y el 75% creen que la salud mental española se ha deteriorado tras la pandemia. Al preguntarles por las causas de este deterioro de su salud mental, los encuestados señalan tres factores: no poder pagar el alquiler o la hipoteca, miedo a perder el trabajo o temor a no poder pagar las facturas. En general, todos destacan que la 1ª causa de su angustia o depresión son sus condiciones de vida y de trabajo, sus dificultades económicas para llegar a fin de mes. Y en especial, la precariedad del trabajo, sobre todo de mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 45 años.

Para analizar el efecto de la precariedad laboral en los trastornos mentales, el Ministerio de Trabajo encargó, en abril de 2022,  un Informe sobre precariedad laboral y salud mental (pionero en el mundo) a un equipo multidisciplinar de 11 expertos y 34 colaboradores externos a la Administración. El Informe se presentó el 17 de marzo y ofrece una conclusión apabullante: un tercio de los casos de depresión que se dan en España (170.000 de los 511.000 casos totales) se deben a la precariedad laboral. Y en consecuencia, podrían ser evitados (los casos, su atención sanitaria, sus costes y pérdidas económicas  y los suicidios que provocan) si los españoles tuvieran trabajos más decentes y menos precarios.

¿Cuál es la relación entre precariedad y trastorno mental? Así lo explica Joan Benach, doctor en Salud Pública y coordinador del Informe: “El conocimiento científico muestra con claridad cómo la precariedad laboral es un determinante social tóxico de la salud. El mal empleo penetra en los cuerpos y en las mentes de las personas precarizadas y genera ansiedad, depresión, abuso de drogas y alcohol, y un mayor riesgo de suicidio”. Por eso, propone actuar en dos frentes: reducir la precariedad laboral y a la vez atender a los que sufren trastornos de salud mental por su situación laboral y socioeconómica.

El estudio tiene una primera parte que analiza el alcance de la precariedad laboral en España, con los datos más recientes. Y su conclusión es impresionante: a finales de 2022, 11,9 millones de españoles adultos (15 años y más), el 50,8% del mercado laboral,  estaban en una situación de precariedad laboral: son trabajadores con contratos temporales, trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario (trabajan por días o por horas porque no encuentran trabajo a jornada completa), subocupados (apenas trabajan), autónomos precarios (o por trabajo o por ingresos irregulares) y parados sin empleo que habían trabajado antes. En total, se suman 8.1 millones de asalariados. 1,2 millones de autónomos y 2,6 millones de parados, todos “precarios”. Un 50,8% del total del mercado laboral están “precarizados”, porcentaje que ha bajado algo desde 2019 (52%) pero que queda muy lejos de 2007 (48,4% precarios).

Esa es la precariedad laboral global, pero tienen más precariedad las mujeres (53,3% precarias), los mayores de 40 años (57,3%) y los jóvenes, sobre todo los que tienen estudios medios y superiores. Además de su precariedad laboral, el impacto en la salud mental es mayor en las mujeres, según este Informe, porque han de atender a su trabaja, su casa, sus hijos y hasta a sus padres dependientes. También se agrava la salud mental entre los precarios inmigrantes (el riesgo de problemas mentales se triplica al perder su trabajo), los autónomos y los trabajadores jóvenes empleados en plataformas digitales y Call centers. Y en todos los casos, tiene mucho que ver el nivel de renta, los ingresos de las personas precarias: el impacto negativo sobre su salud mental es 2,5 veces mayor entre los que tienen menos renta.

Además de la precariedad laboral, los problemas mentales se agravan por una deficiente atención sanitaria a estos enfermos, según revela el Informe de los expertos. Los médicos de familia poco pueden hacer, en consultas saturadas, más que recetarles psicofármacos para salir del paso. Y en los casos más graves, derivarlos hacia médicos especialistas o a Centros de Salud Mental, escasos y saturados. Hoy día, la demora para la primera visita psiquiátrica son 12 meses y con otro problema adicional: las visitas sucesivas de demoran demasiado (de 3 a 5 meses), lo que dificulta el seguimiento, junto a la enorme rotación de profesionales (que exige al paciente “empezar de nuevo con cada médico”). En el caso de los hospitales, hay pocas unidades y plantas de Psiquiatría, muy agobiantes para pacientes y familias. Y los Centros de Día y Rehabilitación, una buena solución, son aún más escasos. Resultado: el que quiere una buena atención mental, ha de pagarse un especialista privado.

Y en paralelo, las personas con problemas de ansiedad o depresión tienen otros problemas, desde el trabajo a la estigmatización social. Las empresas no facilitan las bajas por depresión (un 15% de las bajas totales) y estigmatizan a los que las piden, no ayudando al trabajador con cambios laborales. Y en muchos casos, estar de baja por depresión o tener problemas mentales aísla más a estos enfermos de la sociedad, dificultando su recuperación y agravando su situación. Falta una política integral para mejorar la salud mental, desde las empresas (Planes de detección de riesgos) a los Centros de Salud, los especialistas y los hospitales, mejorando los medios y el personal de atención sanitaria especializada, hoy claramente insuficiente: en España hay 9,6 psiquiatras por cada 1000 habitantes, menos de la mitad que la media europea, y 6 psicólogos clínicos para cada 100.000 habitantes, la tercera parte que en Europa.

Los españoles, sobre todo los más jóvenes, ven cada vez más claro los daños mentales que les están creando algunos trabajos con condiciones laborales muy precarias (contratos temporales, por días y horas, horarios sin límite como en algunas consultoras, actividades muy rutinarias, falta de integración y participación en la organización, escasas perspectivas de mejora y carrera laboral, bajos salarios…). Y así pasa que el 27% de los trabajadores están dispuestos a abandonar su trabajo, según un reciente estudio de InfoJobs y Esade, que refleja que los descontentos han aumentado un 4% (eran el 23% en 2021). Y curiosamente, un tercio de los que buscan irse del trabajo (el 32%) lo hacen “para proteger su salud mental”, por delante de los que buscan mejores condiciones económicas (27%) o los que buscan mayores posibilidades de conciliación laboral (24%). Así que la clave para cambiar de trabajo es “cuidar la salud mental”, el bienestar emocional más que el salario.

El informe sobre precariedad y salud laboral encargado por Trabajo propone un abanico de medidas para mejorar la salud laboral. La primera y previa al resto es contar con indicadores de precariedad laboral y su impacto sobre la salud mental de los trabajadores, para no actuar a ciegas y poder vigilar la evolución de los trastornos mentales. La segunda, Impulsar y aprobar un Código de Trabajo, para avanzar hacia un empleo digno y sostenible, reduciendo la precariedad (como ha hecho la última reforma laboral). Además, proponen reforzar la salud mental en las empresas, dentro de las políticas de prevención de riesgos laborales y en la negociación de los convenios colectivos. El informe propone también  avanzar hacia la jornada laboral de 32 a 35 horas, reducir el trabajo parcial no deseado y seguir mejorando el salario mínimo, además de facilitar la conciliación laboral y fomentar la economía de los cuidados (para reducir el estrés de las mujeres). Y en paralelo, reforzar el sistema sanitario, desde los Centros de Salud a los especialistas y Unidades psiquiátricas en los hospitales, mejorando la prevención y el sistema de salud mental comunitario.

Este Informe y las recomendaciones que incluye deberían llevar a nuevas medidas legales para reducir la precariedad laboral (un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI), aprobando el nuevo Estatuto del Becario, la regulación específica de las plataformas digitales, el refuerzo de derechos en los sectores más precarizados y la incorporación de algunos trastornos mentales al Catálogo de enfermedades profesionales. Y resulta clave centrar parte de la inspección de trabajo (aunque tiene pocos medios) en vigilar las condiciones de trabajo (horarios, turnos) que más están provocando problemas mentales.  Además, el Informe abre otro debate que algún día debería lanzarse en España: la necesidad de avanzar en la “democratización del trabajo”, para conseguir que los trabajadores participen más en la organización de sus tareas”, porque la cultura empresarial del “ordeno y mando” y la generalización de “jefes tóxicos” está detrás del aumento del estrés laboral. Y por supuesto, el Informe de los expertos propone reforzar el sistema público de salud en la atención mental, con mayor coordinación y medios entre la atención primaria y la especializada y en colaboración con las empresas y sus políticas de salud laboral.

En definitiva, el deterioro de la salud mental en los últimos años es un fiel reflejo de la precarización de la economía y los retrocesos en las relaciones laborales tras varias crisis. Como dicen los autores del Informe, “necesitamos un modelo laboral saludable, sostenible y democrático”.  Que ir a trabajar no sea un suplicio y una fuente de estrés y de problemas mentales para muchos trabajadores. Para conseguirlo, no basta con que el Gobierno apruebe reformas para reducir la precariedad y dignificar salarios y empleos. Hace falta un cambio de mentalidad en los empresarios, que deben organizar sus negocios para que sean rentables pero no a costa de explotar y deprimir a sus trabajadores. “Una economía que necesita personas precarias, dopadas con cafeína, ansiolíticos y antidepresivos para poder trabajar, no es una sociedad sana”, señala el doctor Joan Benach, coordinador de este Informe sobre precariedad y salud mental. Tomen nota.

Dependencia: las autonomías racanean

Media España protesta por la preocupante situación de la sanidad pública, pero apenas se oyen quejas por los graves problemas de la Dependencia, que tiene desatendidos a 353.965 dependientes, la mayoría mayores, lo que condujo a que 45.360 ancianos murieran en 2022 sin recibir la atención que les correspondía. Y encima, en 2021, el Gobierno aprobó un Plan de Choque, con el que ha duplicado su aportación, mientras 10 autonomías aprovecharon que había más recursos estatales para reducir ellos su financiación, para “hacer Caja” y gastar 309 millones menos en Dependencia. Además, las autonomías intentan atender más dependientes con los mismos recursos, ofreciéndoles pequeñas ayudas y servicios low cost, que obligan a las familias a copagos y muchas horas para atender a sus dependientes. En resumen: la Dependencia es un derecho social sin recursos y donde las autonomías, que la gestionan y medio financian, “racanean”, mientras hay 6.230.000 españoles potencialmente dependientes. Urge forzar a las autonomías a que atiendan mejor a nuestros mayores. Piénselo al votar el 28-M.   

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado de Bienestar en España, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Echó a andar en enero de 2007, con la Ley de la Dependencia, pero ha sido siempre “la pariente pobre” del sistema de protección social, con una escasa financiación desde el origen, que se agravó a partir de 2012, cuando el Gobierno Rajoy y las autonomías aprobaron drásticos recortes: entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en -6.321 millones, lo que ha provocado retraso en los expedientes, una abultada lista de espera y ayudas y prestaciones escasas, para tratar de atender a más dependientes con menos recursos públicos. Si la sanidad o la educación sufren falta de recursos y medios, en la Dependencia la escasez es la norma.

Para afrontar esta persistente falta de recursos, en enero de 2021, el Gobierno y las autonomías pactaron un Plan de Choque, para relanzar la Dependencia, con un compromiso del Estado central de aportar 1.845 millones extras (+600 al año) para Dependencia de 2021 a 2023. Eso suponía más que duplicar la aportación estatal a financiar la Dependencia, pasando de 1.348 millones que aportó el Estado en 2020 a 3.229 que aporta en los Presupuestos de 2023. En contrapartida, las autonomías se comprometían también a aportar más recursos y a agilizar la gestión de la Dependencia, que es de su competencia. Pero apenas lo han hecho. En 2021, sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y en 2022, a falta de datos de cierre, su gasto habrá sido similar. Con un agravante: hay autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado a la Dependencia para “hacer Caja”, para ahorrar ellos y gastarse menos.

Lo ha denunciado la Asociación de Directores de Servicios Sociales: 10 autonomías aprovecharon el primer año del Plan de choque (2021) para gastar menos en Dependencia del aumento que les aportaba el Estado, “ahorrándose” en conjunto 309 millones, que gastaron en otras cosas (no en los dependientes). Son Castilla y León (recibieron 52,17 millones más y gastaron 39,02 millones menos: 91 millones “ahorrados”), Galicia (58 millones “ahorrados”), Aragón (26), País Vasco (36 millones), Navarra (10), Murcia (18), Extremadura (22), Canarias (17), La Rioja (6 millones) y Castilla la Mancha (la única que gastó más, 1,94 millones, pero una cifra menor a los 27,98 millones extras recibidos: “ahorro” de 25 millones). Sólo 3 Gobiernos autonómicos aumentaron más su presupuesto en Dependencia que el dinero extra que recibieron del Estado central: Comunidad Valenciana (recibió +43,38 y gastó +51,40), Cantabria (gastó 8 millones más de los recibidos) y Asturias (+16 millones).

Por si esto fuera poco, las autonomías no se han gastado todo el dinero recibido del Estado para financiar el nivel mínimo (la aportación fijada a cada dependiente, según su Grado). En 2002, se han quedado sin gastar 55 millones (según los Directores de Servicios Sociales), que se suman a los 75,77 millones para la Dependencia que tampoco se gastaron en 2021. Consecuencia: Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero no gastado por las autonomías a Hacienda. El sistema establece que el Estado central aporta una cantidad por dependiente  (nivel mínimo) y la autonomía tiene que completarla con otra aportación similar. Si no lo hace, porque busca ahorrar o “hace Caja”, esa ayuda presupuestaria se pierde y el dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

La escasa financiación de la Dependencia, ahora sobre todo por las autonomías, sigue provocando problemas a los dependientes y sus familias. Los gobiernos autonómicos llevan años tratando de “estirar el chicle” de los recursos escasos, con varios “trucos” para frenar gastos. El primero es “retrasar” las valoraciones de los dependientes que solicitan ayuda, para así retrasar los pagos y ayudas. Los datos del IMSERSO son claros: a finales de 2022, había 1.982.018 solicitudes de dependencia (casi 90.000 más que un año antes) y sólo se habían valorado 1.850.208 solicitudes, por lo que había 131.810 dependientes “pendientes de valoración”, “aparcados” y en espera, una cifra que se mantiene alta desde 2009 (120.213 en espera de valoración) y que apenas bajó en los últimos años (141.556 en espera de valoración en 2019). El tiempo de espera para ser valorado, según la Ley de Dependencia, son 180 días, pero el tiempo medio real era de 344 días (a finales de 2022). Y hay autonomías donde esta espera media se duplica o triplica, como Canarias (977 días), Andalucía (544) o Murcia (486 días), según los Directores de Servicios Sociales.  

Segundo “truco”, tras “embolsar” solicitudes sin resolver: retrasar la entrega de ayudas y servicios a dependientes a los que ya se ha reconocido una dependencia (grado I, II o III, la más grave). En enero de 2023, había 1.490.860 dependientes con un grado reconocido, pero sólo 1.313.437 eran beneficiarios de alguna prestación o servicio. Así que había 177.423 dependientes en “lista de espera” de atención, dependientes que tienen legalmente reconocida una ayuda (prestación o servicio), pero que no la reciben, porque la autonomía en cuestión utiliza esta demora para frenar gastos.

Esta lista de espera de atención se ha reducido en los últimos años (era de 310.120 dependientes con derecho reconocido en enero de 2017, bajó a 269.834 en enero de 2019, a 193.436 en enero de 2021 y a 177.423 ahora), pero aquí también hay “truco” de gestión: las autonomías están reduciendo más las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I, 96.561 en lista de espera, los más “baratos” de atender) y menos la de los dependientes más graves (grado II y II, 80.862 en lista de espera, con derecho a prestaciones y servicios más caros). Además, hay gran diferencia en las listas de espera por autonomías. Si la media es del 11,90% (dependientes en espera/total dependientes con derecho), es más del doble en Cataluña (27,08%: 1 de cada 4 dependientes con derecho no reciben nada) y superan la media en la Rioja(18,94%), País Vasco (17,53%), Canarias (16,93%), Extremadura (17,53%), Murcia (17,43%) y Andalucía (11,91%). Y apenas es un problema en Castilla y León (0,18% dependientes en lista de espera), Castilla la Mancha (3,71%), Aragón (4%), Galicia (4,58%), Cantabria (4,74%), Navarra (4,80%) y Madrid (5,38%), según datos del IMSERSO.

Al final, los expertos de la Asociación de Directores de Servicios Sociales suman las dos listas de espera, las de los dependientes que esperan ser valorados y los dependientes ya valorados que no reciben ayudas para hablar de una “lista de espera de dependientes desatendidos”, la lista de espera real, que estiman en 353.965 dependientes: 131.810 en espera de valoración, 177.423 en espera de recibir la ayuda reconocida más otros 21.903 solicitudes que estiman no grabadas (increíble) y otras 22.829 con prestación reconocida pero no efectiva. En total, casi un 18% de dependientes “desatendidos”.

Lo grave no es sólo que estén desatendidos 1 de cada 5,5 dependientes (de una u otra forma), sino que muchos de los dependientes en espera son muy mayores, el 80% con más de 80 años. Y bastantes se mueren antes de recibir ninguna ayuda. Sólo en 2022, 45.360 dependientes fallecieron a la espera de ser atendidos: 19.961 en espera de valoración y otros 25.699 muertos a la espera de recibir una ayuda que tenían legalmente reconocida (ojo, 17.490 de ellos muy vulnerables, con dependencia severa Grado II o gran dependencia Grado III). Son 124 dependientes muertos cada día sin recibir atención. Tremendo.

El tercer “truco” que utilizan las autonomías para frenar el gasto en Dependencia, junto al retraso en la valoración y en la concesión de ayudas, es atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 10 autonomías que “hicieron Caja” en 2021). Para eso, en la última década han apostado por dar ayudas económicas (bajas) a las familias que atienden a sus dependientes en casa y por aumentar los servicios “low cost”, la atención más barata, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los Centros de día, mientras se estancan las ayudas para ir a una residencia, la atención más costosa. De hecho, el gasto por dependiente atendido ha bajado, de 8.145 euros en 2010 se bajó a 7.346 euros en 2015 y a 6.066 en 2021, quedando en 6.124 euros en 2022, según los Directores de Servicios Sociales. Pero aquí, como en las listas de espera, hay una gran desigualdad por regiones: hay autonomías que gastan más, como La Rioja (7.159 euros por dependiente), Castilla la Mancha (6.835 euros) y País Vasco (6.752 euros), y otras mucho menos, como Asturias (4.101), Aragón (4.155), Castilla y León (4.377) y Baleares (4.537 euros).

La ayuda que llega a más Dependientes es la prestación económica a los familiares que los cuidan, que reciben casi el 30% (517.053 beneficiarios de los 1.1313.437 que reciben ayudas). El importe medio que se paga es bajísimo (234,96 euros en 2022, variando entre 139,40 para dependientes con Grado I, 240,70 los de Grado II y 334,80 euros los de Grado III). La 2ª ayuda más utilizada por las autonomías es la teleasistencia, la que menos les cuesta y la que más ha crecido: la reciben 351.993 dependientes, el 20,38% del total. La 3ª más usada es la ayuda a domicilio, que reciben 322.595 dependientes y que supone una atención mínima, que va de 15,2 horas al mes a los de Grado I a 57,1 horas al mes (una media de 2 horas y media diarias de lunes a viernes, claramente insuficiente para ayudar a la familia con un dependiente que no se puede valer). Le sigue la prestación vinculada a servicio (187.214 beneficiarios, el 10,84% del total), un cheque que se entrega a las familias para que contraten una ayuda a domicilio, un centro de día o noche o una residencia, aportando una parte y teniendo que pagar la familia el resto (en el caso de una residencia, se les aporta 513 euros de media, menos de la tercera parte del coste). En 5º lugar está la concesión de una plaza en una residencia, donde sólo hay 175.756 dependientes, el 10,19% del total. Y la 6ª ayuda, que reciben 97.929 dependientes (el 5,67% restante) es una plaza en un centro de día, otra prestación barata y donde se han perdido plazas desde 2019.

Estas ayudas son también muy desiguales entre autonomías, porque unas utilizan más el cheque (supone la mitad de prestaciones en Extremadura y un tercio en Castilla y León y Canarias) y otras la teleasistencia o los centros de día, apostando todas por las ayudas económicas a las familias, con importes muy diferentes. El resultado es que las familias de los dependientes cada vez pagan más servicios y más porcentaje del gasto total en Dependencia: si en 2009 aportaban el 14,7% de la financiación total (572 millones), en 2019 ya aportaban el 20,7% y en 2022 siguen financiando el 20,5% del gasto total (aportaron 1.994 millones). El Estado central ha pasado de aportar el 15,5% en 2019 (menos que las familias) al 26,5% en 2022, tras el Plan de Choque. Y las autonomías, que financiaban el 63,8% de la Dependencia en 2019 ahora financian el 53% (y será menos en 2023). El objetivo es aumentar la aportación del Estado central y que los Presupuestos y las autonomías financien al 50% la mayor parte del gasto en Dependencia.

De momento, el Plan de Choque ha ayudado algo, pero no ha tenido éxito por la escasa mayor aportación de las autonomías, con 10 de ellas “haciendo Caja”. Su primer objetivo, reducir la lista de espera en 60.000 personas en 2021 no se ha cumplido: se redujo en 38.807 personas y otras 15.923 en 2022. Tampoco han mejorado mucho las prestaciones: se buscaba que el 100% de los dependientes tuvieran acceso a teleasistencia y el 69% de los dependientes atendidos en domicilio no la tienen. Tampoco han mejorado lo previsto (+17%) las horas de atención domiciliaria (+0,6%). Ni se ha logrado la mejora en las prestaciones económicas (+17%): de hecho, han caído un -1,7% (de 239 euros en 2020 a 234,96 euros de media en 2022). Solo el Presupuesto estatal ha cumplido, duplicando la aportación del Estado central a la Dependencia (de 1.383 millones en 2020 a 2.575 en 2022).

A pesar del Plan de Choque, la realidad es que la gestión de la Dependencia está en manos de las autonomías y cada una va a su aire, desde el presupuesto que dedican hasta la gestión de las valoraciones y listas de espera, las ayudas y los servicios que prestan y sus modelos de organización y gestión. Teniendo en cuenta todos estos factores, la Asociación de Directores de Servicios Sociales lleva valorando cada autonomía y dándoles una nota desde 2008. En el último ranking de 2022, suspenden la gestión de la Dependencia 10 autonomías: Murcia (2,4 puntos sobre 10 y ya era el farolillo rojo en 2008), Canarias (2,9), Cataluña (3,5), Cantabria (3,5), Asturias (3,5), País Vasco (3,8 puntos, ojo: tenía un notable en 2014 y 5,3 puntos en 2021), Ceuta y Melilla (4,4), Aragón (4,4) y Extremadura (4,7). Aprueban otras 9 regiones, destacando el notable de Castilla y León (8,5 puntos), Castilla la Mancha (7,9) y Andalucía (7,6), con aprobados altos de Madrid (6,5) y Comunidad Valenciana (6,2, una autonomía suspendida hasta 2020 y que era la 2ª peor en 2008).

Ahora, todo dependerá del resultado de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aunque las campañas están más centradas en la sanidad y la Educación que en la Dependencia. Tras los resultados y las elecciones generales de diciembre, haría falta otro Plan de Choque para la Dependencia, donde el próximo Gobierno y las nuevas autonomías pactaran de verdad un empujón de fondos y mejor gestión. Acabar con las listas de espera tiene un precio: aumentar +1.086 millones anuales el gasto en dependencia, según estiman los Directores de Servicios Sociales. Se puede, porque el gasto total en  Dependencia es asumible, 10.495 millones en 2022, el 0,8% del PIB, la mitad que los paises de la OCDE y muy por debajo del gasto en pensiones (12% del PIB). Y hay que reforzarlo porque se estima que hay 6.230.355 españoles potencialmente dependientes (y hoy atendemos sólo a 1.313.437). Habrá que gastar más en Dependencia en el futuro y por eso urge reforzar los ingresos del sistema y mejorar su gestión. No podemos desatender a nuestros ancianos y jóvenes dependientes.

Semana Santa a tope (y muy cara)

Esta Semana Santa se ha agudizado la “fiebre por salir”, por viajar, tras el final de la pandemia. En casi toda España han puesto el cartel de “completo”, con un aluvión de turistas nacionales y  extranjeros. Todo apunta a que esta Semana Santa habrá más turismo que en 2019, antes de la pandemia, empujado por el buen tiempo, la bajada de los carburantes y la recuperación del empleo y el consumo. Pero hay un punto negro: la subida de precios, desde los hoteles (algunos han subido un 40% la tarifa de hace un año), los bares y restaurantes (aprovechan para recuperarse de los malos tiempos) al ocio y casi todo, que aprovechan la mayor demanda de estos días. Con este empujón de Semana Santa, el sector turístico espera un verano histórico y superar este año 2023 el récord de turistas (extranjeros y nacionales) de 2019. Ojo a no estropearlo abusando al subir precios. Porque el turismo será la clave del crecimiento también este año.

Enrique Ortega

Este año 2023 ha empezado con un aluvión de turistas extranjeros, que suponen la mitad del negocio del turismo, y con un mayor repunte del turismo nacional. Entre enero y febrero, 6,2 millones de españoles han pernoctado en hoteles y establecimientos turísticos, un 14% más que en los dos primeros meses de 2022, según el INE. Y han visitado España 8.468.497 turistas extranjeros, un 49,1% más que en los dos primeros meses de 2022 y casi tantos como antes de la pandemia (8.577.065 turistas entre enero y febrero de 2019), según Frontur. Se ha recuperado la llegada de turistas británicos (1,52 millones, +61,9% que al inicio de 2022), franceses (1,12 millones, +30,2%), alemanes (988.142 visitantes, +47,2%) e italianos (520.423 turistas, +60,8%), pero sobre todo han llegado muchos más turistas de EEUU (273.174,+97, 9%), del resto de América (+73,1%) y del resto del mundo (+114%). Y los destinos que han atraído más turistas en enero y febrero han sido Madrid (+85%), Cataluña (+58,9%), Andalucía (+58,1%), Comunidad Valenciana y Canarias (+42,9%).

Lo importante no es sólo que se recupera el turismo, nacional y extranjero, sino que los turistas gastan ahora más, básicamente por la subida de la inflación. Sólo entre enero y febrero de 2023, los turistas extranjeros se han gastado en España 10.544 millones de euros, un 54,7% más que al inicio de 2022 y un 12,9% más que antes de la pandemia (el gasto fue de 9.357 millones entre enero y febrero de 2019), según Egatur. El mayor aumento del gasto lo han hecho los italianos (+54,9%), los británicos (+36,9%), los nórdicos (+48,3%) y los alemanes (+36,9%), siendo menor el aumento del gasto de los franceses (+22%) y mucho mayor el de los turistas que vienen de fuera de Europa (+68,6% de gasto). La duración media de su viaje es ahora de 7,6 días (1,1 días menos que hace un año), pero a cambio se gastan más cada día, una media de 163 euros (+19,2% que al inicio de 2022).

Con estos buenos datos turísticos de enero y febrero, la Semana Santa se presenta con muchas posibilidades de superar los turistas e ingresos de 2019, antes de la pandemia. A finales de marzo, las reservas hoteleras en España rondaban el 80%, lo que supera en un 10% las reservas de Semana Santa de 2022 y en un 12% las de 2019. Y todo apunta a que las buenas perspectivas meteorológicas habrán aumentado las reservas de última hora, a principios de abril, rozando el 90% de ocupación en muchos lugares y poniendo el cartel de “completo” en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, algunas zonas de costas e islas, además de muchas ciudades de interior. Y también han crecido los viajes al extranjero esta Semana Santa, sobre todo al Mediterráneo, el Caribe y Estados Unidos.

A pesar de la crisis motivada por la inflación y la guerra en Ucrania, la gente tiene fiebre por salir y viajar, “perderse” por unos días al precio que sea. Por un lado, el clima acompaña y el precio de los carburantes es mucho más bajo que hace un año: la semana pasada, la gasolina costaba un 10% menos que hace un año (1,627 frente a 1,811 euros/litro) y el gasóleo un 16,3% menos (1,545 frente a 1,847), lo que supone que llenar un depósito cuesta ahora entre 10 y 16,50 euros menos que en la Semana Santa de 2022. Por otro lado, hay más gente trabajando y eso permite más movimiento y más gasto: a finales de marzo de 2023 había 20,38 millones afiliados a la Seguridad Social, 550.000 ocupados más que en marzo de 2022 (19,83 millones de afiliados). Y aunque su sueldo apenas ha subido (+2,89% hasta febrero), están dispuestos a gastar lo que haga falta en disfrutar unas días por Semana Santa, sabiendo que van a pagar más, porque los precios turísticos están disparados.

Los precios hoteleros llevan creciendo de forma continuada desde hace 21 meses, por encima del +10%, con un pico en la Semana Santa de 2022 (+29,5%). El último dato publicado por el INE, de febrero 2023, señalaba una subida anual de los hoteles del +18,2%, el triple de lo que subía el IPC general (+6%). Y la subida anual de los restaurantes era del +7%. En conjunto, el grupo “hoteles y restaurantes” sube un +7,9% anual, superándose esa subida en Canarias (+9,5%), Andalucía (+9,3%), la Rioja (9%), Comunidad Valenciana (+8,7%), Madrid y Galicia (+8%), las regiones con más subidas. Los vuelos internacionales suben un +10,8% anual, los nacionales un +0,7% (por la competencia del tren), los paquetes turísticos nacionales un +3,2% (se usan menos) y los internacionales un +8,4%), según el INE.

Eso era en febrero, pero todo apunta a que los precios han seguido subiendo en marzo y sobre todo en abril, donde los propios hosteleros hablan de una subida media de los hoteles del +12,2% (y más del 15% en Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias) y del +7,5% en los restaurantes. Pero los portales de reserva hablan de subidas de los hoteles y apartamentos del +22% para esta Semana Santa, según eBooking.com. Y si se comparan los precios hoteleros de ahora con los de la Semana Santa de 2022, la subida puede llegar al +40% en  las ciudades y zonas de costa más con más turismo. Y muchos bares y restaurantes (repletos) han subido su carta más de un 20% en el último año. Lo mismo puede decirse de las empresas de alquiler de coches y los lugares de ocio y entretenimiento que giran alrededor de las zonas más turísticas.

Tras esta Semana Santa récord, el sector turístico espera un buen mes de mayo, con dos puentes (1 de Mayo y el 15 fiesta en Madrid) y otro buen mes de junio, para afrontar un verano que también se espera excepcional, después de que las compañías aéreas hayan ampliado sus vuelos a España, los aeropuertos se vayan descongestionando (por el aumento de personal en los controles) y haya aumentado la oferta ferroviaria, con la competencia de trenes de alta velocidad gestionados por franceses (Ouigo) e italianos (Iryo). El sector turístico apuesta por otro verano récord, apoyado por una serie de factores a favor, según la patronal Exceltur: vuelta del turismo asiático (sobre todo de China), recuperación del turismo británico y europeo y aumento del turismo de calidad del norte de Europa y USA, apoyado por una esperada depreciación del euro (que, aunque se ha apreciado en los últimos 6 meses, cotiza un 5% más bajo que la media de los últimos 5 años frente al dólar).

Pero también hay nubarrones en el horizonte turístico, según advierte Exceltur: la incertidumbre geopolítica y la guerra de Ucrania, los elevados costes y precios, el encarecimiento del petróleo (recortan producción desde mayo la OPEP, Rusia y otros paises) , el riesgo de que la subida de tipos provoque una recesión en Europa, el menor dinamismo de los viajes de negocio por el auge del teletrabajo y, sobre todo, el efecto negativo de la subida de los precios turísticos. La patronal Exceltur advierte de la creciente competencia para España de otros paises mediterráneos, en especial Turquía y Egipto, que son ahora mucho más atractivos para el turismo tras la devaluación de sus monedas (la lira turca, por ejemplo, se ha devaluado un -70% frente a la libra y el euro, lo que “tira” sus precios). Y en España, otro riesgo que señalan es el exceso de apartamentos turísticos, que provoca una concentración  de turismo masivo (que retrae) en algunas zonas (Baleares, Cataluña, costas).

Con este panorama, el sector turístico espera que 2023 sea el año de la recuperación definitiva del turismo, ya iniciada en 2022. Y que la actividad turística genere una facturación de 168.453 millones de euros, un PIB turístico mayor que el de 2019 (+7,1%). Y que las empresas turísticas, a pesar del aumento de costes, aumentarán su beneficio en 8.964 millones de euros (+5,6%), aumentando también el empleo. Y que la recuperación turística de 2023 se va a notar sobre todo en Madrid y Barcelona, en las islas y en algunas zonas de interior (como Navarra, Extremadura, Galicia, Castilla y León y Aragón), creciendo menos la España verde, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Otro año más, habría que aprovechar esta recuperación del turismo (extranjero y nacional) para reconvertir a fondo el sector, la primera industria del país, con medidas que llevan años pidiéndose y que se pueden acelerar con los Fondos europeos: una mayor digitalización de la oferta, una reestructuración y modernización de los destinos de sol y playa, una mayor formación de los trabajadores y una mejora en la calidad del servicio, una decidida diversificación por fechas, paises, ofertas  y destinos (para no depender tanto del verano y el turismo masivo de sol y playa) y, sobre todo, defender a toda costa un turismo sostenible, que no destroce el medio ambiente y la convivencia en las zonas más saturadas. Urge avanzar en grandes acuerdos entre los próximos Gobiernos autonómicos y locales (tras el 28-M) y el futuro Gobierno central, para apostar por un turismo sostenible y de calidad, que siga siendo clave para el crecimiento del país. Hay que cuidar más “la gallina de los huevos de oro”.

España crece pero sigue lejos de la Europa rica

España es el país europeo grande que más creció en 2022 (y 2021), aunque todavía producimos menos que antes de la pandemia, porque caímos mucho más en 2020. Pero nadie dice que España es también uno de los paises europeos que menos produce por habitante, lo que distancia nuestra renta de la europea (es el 85%). Y eso no mejora. En 2022, España ocupaba el puesto 18º en el ranking europeo de productividad y en los últimos años nos han “adelantado” 6 paises pequeños, que producen más por habitante: Malta, República Checa, Eslovenia, Chipre, Lituania y Estonia, los 6 ahora “más ricos” que España, igual que otros 11 paises del centro y norte de Europa. ¿Qué pasa? Que somos menos productivos, porque aquí trabaja menos gente y trabaja peor, con menos eficacia, por culpa de la peor formación, tecnología, inversión, tamaño empresas, precariedad  y escaso peso de la industria. Por eso urge modernizar la economía. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica de una vez.

Enrique Ortega

España volvió a crecer con fuerza en 2022, según ha confirmado el INE, a pesar de la inflación y la guerra de Ucrania: un +5,5%, lo mismo que en 2021. Con ello, volvemos a ser, por 2º año consecutivo, el país europeo grande que más crece, aunque todavía no recuperamos la producción (PIB) de antes de la pandemia, porque fuimos el país europeo que más cayó en 2020 (-11,3%). Con ello, España se consolida como la 4ª mayor economía de la Unión Europea, con una producción de 1.327.108 millones de euros (PIB 2022), sólo por detrás de Alemania (3.867.050 millones de euros, un PIB tres veces mayor), Francia (2.642.713 millones de PIB, dos veces el de España) e Italia (1.99.154 millones de euros producidos, casi vez y media el PIB español). Y si tomamos toda Europa, seríamos la 5ª economía europea, porque Reino Unido es la 2ª mayor economía (2.910.698 millones de euros de PIB en 2022). A España le siguen, ya lejos, Paises Bajos (941.186 millones de PIB), Polonia (654.644 millones), Bélgica (552.000 millones) e Irlanda (502.584 millones de euros).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Y por eso, lo importante es lo que produce cada país por habitante (el PIB por habitante), el verdadero indicador de la renta y la riqueza de cada país. Y ese dato, corregido con la inflación, para no sobreestimar el PIB de los paises con más inflación. Así llegamos a una estadística de la que se habla poco, pero que es crucial para determinar qué paises son más productivos y por tanto tienen mejor nivel de vida y más renta: el PIB per cápita ajustado por el nivel de precios. Un dato que Eurostat acaba de publicar para 2022 y que revela que España no ha recortado apenas su distancia con el resto de Europa: producimos por habitante el 85% de la media europea (UE-27), cuando en 2021 y 2020 era el 83%, pero todavía es peor que en 2019, cuando producíamos el 93% que Europa.

Este dato, lo que produce cada país por habitante (descontando el efecto de la inflación) es el que realmente indica la productividad y la riqueza de cada país: los paises del centro y norte de Europa producen más por habitante y por eso tienen más renta. En 2022, había 11 paises europeos que producían más que la media europea (índice 100) y por eso son los más “ricos”, según Eurostat: Luxemburgo (261% del PIB por habitante europeo, porque tiene un alto PIB y poquísima población censada), Irlanda (234%, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y producen en otros paises), Dinamarca (produce un 136% el PIB medio UE), Paises Bajos (130%), Austria (125%), Bélgica (121%), Suecia (119%), Alemania (117%), Finlandia (109%), Malta (102%) y Francia (101%).

Luego hay un 2º grupo de paises europeos, que están por debajo de la media de productividad de Europa (100) y por ello tienen una renta “media”, por debajo de los 11 paises de la Europa rica, destacando el puesto nº 12 de Italia (96% del PIB por habitante europeo, que perdió en 2014) y el puesto nº 18 de España (83% del PIB europeo en 2022), que en los últimos años ha sido “adelantada” por 6 paises pequeños: Malta (nos superó en 2014 y tiene el 102% del PIB por habitante de la UE-27), la República Checa (nos adelantó en 2019 y ahora tiene el 91% del PIB por habitante europeo), Eslovenia (92%), Chipre (92%) y Lituania (90%), tres paises que adelantaron a España en 2020, y Estonia (que superó a España en 2021 y tiene el 87% del PIB por habitante europeo).

En el tercer grupo de paises, el furgón de cola de la productividad y la renta, están Polonia (79% del PIB europeo, más cerca de adelantar a España, con el 85%), Hungría, Portugal y Rumanía (tres paises con un PIB por habitante del 77% de la media UE-27), Letonia (74%), Croacia (73%), Grecia (68%), Eslovaquia (67%) y Bulgaria (el farolillo rojo: su PIB por habitante es el 57% de la media europea y muy alejado de la Europa rica.

Así que somos la 4ª mayor economía de la UE, pero el país nº 18 en producción por habitante y renta, cuando en 2013 ocupábamos el puesto nº 12 de este ranking. Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos un PIB por habitante que era el 76% de la media europea. La incorporación a Europa tuvo costes, pero relanzó el crecimiento español, con lo que en el año 2.000 rozamos el nivel europeo de productividad (98%) y lo superamos por primera vez en 2002 (101%), alcanzando el máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y manteniéndonos por encima en 2007(104%), 2008 (102%) y 2009 (101%). Con la crisis financiera y de deuda, nos dimos el batacazo en 2010 (el PIB por habitante bajó al 96% de la UE-28), para seguir cayendo después y marcar dos mínimos en 2013 y 2014 (90% de la renta por habitante europea), Con la recuperación, la productividad mejoró algo, pero seguía la brecha con Europa (91% en 2019). Y con la pandemia, la productividad volvió a bajar (al 83% en 2020 y 2021) y apenas se recuperó en 2022: nuestro PIB por habitante es el 85% del europeo, la distancia de 1990.

El problema no es sólo que España tenga por delante a 17 paises europeos más productivos, que producen más por habitante y por ello tienen mayor renta. Es que además, esa menor productividad afecta a casi todas las regiones: sólo hay tres autonomías más productivas que la media europea, con datos de 2021 (los últimos de Eurostat regionalizados): Madrid (114% de la media UE-27), País Vasco (108%) y Navarra (101%). Las 16 regiones restantes tienen menos productividad que Europa, aunque están por encima de la media española (83% en 2021) La Rioja (89%), Aragón (94%) y Cataluña (98% de la media europea). Pero lo más dramático es que España tiene 8 regiones con menos del 75% de la productividad media europea, con menos de tres cuartas partes de su renta: Andalucía, Extremadura y Canarias (62% del PIB por habitante UE-27), Melilla (63%), Castilla la Mancha (67%), Murcia y Ceuta (69%) y Comunidad Valenciana (73%), según Eurostat.

¿Qué pasa? ¿Por qué producimos menos por habitante que 17 paises europeos? Básicamente, por 2 causas de fondo, que explican también que tengamos un menor nivel de vida que dos tercios de Europa: porque aquí trabaja menos gente y trabaja peor, con menos eficacia o productividad. Veámoslo.

Lo primero, trabaja menos gente en España, hay menos ocupados produciendo y creando riqueza (PIB).La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) es del 64,4% (diciembre 2022), frente al 69,9% en la UE-27, el 77,2% en Alemania, el 68,1% en Francia y el 60,1% en Italia, según Eurostat. Incluso trabaja mucha más gente que en España  en Malta (72,7%), República Checa (73,5%), Eslovenia (73,1%), Chipre (72,7%), Lituania (73,8%) y Estonia (76,4%), los 6 paises que nos han “adelantado” estos años. Este bajo nivel de empleo en España tiene mucho que ver con nuestro modelo económico, basado en los servicios, poca industria, empresas con poca tecnología, que exportan menos y venden productos con menos valor añadido, que crean menos empleo. Si España tuviera la tasa de empleo media de la UE-27, tendríamos 1,7 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la tasa de empleo de Alemania, en España trabajarían casi 4 millones más que ahora.

Además de tener menos gente trabajando, los que trabajan lo hacen “peor”, con menos eficacia: somos menos productivos por empleado. De hecho, si vemos el mapa de la productividad de Europa, estamos en el 2º nivel de productividad por empleado, muy por debajo de centro Europa y los paises nórdicos (salvo Madrid, País Vasco y Navarra) y que Francia o Italia, siendo sólo menor la productividad de algunos paises del Este (salvo la de República Checa, Estonia, Lituania y Eslovenia, que nos superan). Además, España ocupa el puesto 36 en el ranking mundial de productividad que publica el Foro Económico Mundial (2022) y mide 12 variables, quedando por detrás de 18 paises europeos a los que se considera más competitivos: Dinamarca (el 1º del ranking mundial), Suiza (2º), Suecia (4º), Paises Bajos (6º), Finlandia (8º), Noruega (9º), Irlanda (11º), Luxemburgo (13º), Alemania (15º), Islandia (16º), Austria (20º), Bélgica (21º), Estonia (22), Reino Unido (23º), República Checa (27º), Francia (28º), Lituania (29ª) y Letonia (35º).

Somos menos productivos que media Europa (y por eso, menos ricos) por 3 causas fundamentales, según este estudio de la Fundación BBVA e Ivie: porque invertimos menos en tecnología, porque tenemos una mano de obra peor formada y porque hay menos inversión (pública y privada). Analicemos estos hándicaps.

El primero, la menor apuesta por la tecnología y la innovación, claves para mejorar la productividad de un país. España ha estado más de una década, desde 2010, recortando su inversión en Ciencia, que es la mitad de la europea: 363,66 euros por habitante (2021) frente a 695 euros en la UE-27. La inversión en I+D+i ha pasado del 1,35% del PIB en 2008 al 1,43% en 2021, aumentado la distancia con Europa (que pasó el 1,88% del PIB al 2,32% en 2021, según la Fundación COTEC. Y lo preocupantes es que invertimos en Ciencia la tercera parte que Alemania (3,4% en 2021), la mitad que Francia (2,35%) y menos que Italia (1,53%), nuestros directos competidores. Pero además, España gasta menos en Ciencia que paises más pequeños de la Europa del Este que nos han adelantado en productividad: Eslovenia (gastan el 2,15% del PIB), República Checa (1,99%) o Estonia (1,79%). Incluso gastamos menos en Ciencia, en porcentaje, que Portugal (1,58% PIB) y Grecia (1,49%). El retraso en la tecnología está sobre todo en las empresas, que gastan en Ciencia la mitad que las empresas europeas (0,78% del PIB frente al 1,50% en la UE-27).

El 2º factor clave para ser productivos es tener trabajadores bien formados. Y aquí, España tiene un doble problema. Por un lado, tenemos muchos más adultos con poca formación (el 36,1% no tiene acabada la ESO, frente al 16,4% en la UE-22 y el 20,1% en la OCDE) y pocos con formación intermedia, Bachillerato o FP Grado medio (23,2% en España frente al 45,8% en la UE-22  y el 42,1% en la OCDE), según el informe Panorama de la Educación 2022 de la OCDE. Por otro lado, la mayoría de los jóvenes españoles eligen Bachillerato y no Formación Profesional (35%, frente al 48% en la UE-22 y el 45% en la OCDE), con lo que tenemos “demasiados universitarios”, con enseñanzas poco dirigidas al empleo que se demanda y un exceso de jóvenes “sobrecualificados”, trabajando en actividades poco productivas.

El tercer factor que explica nuestra menor productividad es que España invierte menos, tanto en inversión pública como privada, dos factores que contribuyen a que un país sea más eficiente. La inversión total cayó un 10% entre 2008 y 2019, por los recortes en la inversión pública (de 2010 a 2016) y en la inversión privada, por la crisis empresarial. Y aunque la inversión mejoró en 2021 y 2022, todavía está por debajo de 2008, sobre todo en infraestructuras, equipamientos y reposición de equipos e instalaciones, lo que dificulta aumentar la productividad, sobre todo en algunos sectores y regiones, a la espera de que empiecen a notarse las inversiones derivadas de los Fondos europeos.

Hay otros factores que nos restan productividad y riqueza. Uno muy importante y destacado desde hace años por la Comisión Europea, el FMI y la OCDE es la elevada precariedad del empleo en España, con el doble de empleos temporales que Europa hasta 2021 (25,4% frente al 13,1% en la UE-27). Y aunque la reforma laboral ha reducido la temporalidad en España (al 17,91% en 2022), aún supera a la europea (12,4%). Y está demostrado que los trabajadores temporales son “menos productivos”. Además, también influye negativamente la organización del trabajo en España, donde hay “poca participación de los trabajadores en la gestión de las empresas”, según un estudio de CaixaBank Research, que revela una menor gestión en equipo y un fuerte peso de los jefes del “ordeno y mando”, lo que no ayuda a crear un buen clima laboral ni a mejorar la productividad.

Otro factor clave, que nos resta productividad es que en España hay demasiadas pymes y pocas grandes empresas, que suelen ser “más productivas”. Según el último Censo, tenemos 2.922.993 empresas, de las que el 93,37% son muy pequeñas (el 54,96% sin asalariados y otro 38,41% con menos de 10 empleados), el 5,35% son pequeñas (162.099 tienen de 10 a 50 trabajadores), un 0,90% son medianas (26.341 tienen entre 50 a 249 trabajadores) y sólo hay 5.305 empresas grandes (el 0,18%), con más de 250 trabajadores. Un estudio de la patronal CEPYME revelaba que las empresas pequeñas son más vulnerables: cierran antes, se financian peor, venden menos, crean menos empleo, pagan menos salarios, innovan, invierten y exportan menos. O sea, son menos productivas.

Y todavía hay más factores que restan productividad a España, , como la excesiva regulación y burocracia, la dispersión de normas (17 autonomías), la falta de competencia en muchos sectores (electricidad, petroleras, telecomunicaciones, banca…), la lentitud en la Justicia, las dificultades de financiación de las pymes, los mayores costes energéticos y de transporte, la falta de estabilidad laboral o el retraso en la digitalización de la economía.

Ya sabemos mejor por qué somos menos productivos y menos ricos que media Europa, por  qué nos han adelantado 17 paises, aunque crezcamos más que la mayoría. Hasta ahora, las empresas han tratado de compensar esta menor productividad “devaluando salarios”, un tercio más bajos que la media en Europa. Y se ha reflejado también en una menor renta y un menor nivel de vida de los españoles respecto a la Europa del centro y norte del continente. Pero ahora, el Plan de Recuperación y las reformas emprendidas pueden cambiar esto, mejorar nuestra productividad y nuestro nivel de vida. Hay que modernizar la economía y conseguir que trabaje más gente y que trabajen mejor. Sólo así viviremos mejor.