Pandemia: camino de la normalidad

La 5ª ola se desinfla. Los contagios han seguido bajando en septiembre, desde los 702 por 100.000 habitantes a finales de julio a los 69 contagios este viernes. Y somos el tercer país europeo con menos incidencia del COVID-19, la mitad que Francia, Alemania o Italia. Además, ha bajado drásticamente la ocupación por pandemia en hospitales y UCIs, aunque sigue habiendo demasiados muertos: unos 100 diarios y 5.481 en los últimos tres meses. Vamos camino de la normalidad (menos de 25 contagios), gracias a las vacunas, a que un 77% de la población está ya inmunizada. Pero todavía hay casi 5 millones de españoles sin completar la vacunación, 1 millón de ellos mayores de 40 años. Por eso, urge completar la vacunación de los rezagados y no quitar todas las restricciones, como hacen algunas autonomías. Nos jugamos un nuevo repunte, que haría peligrar la recuperación ya iniciada y el empleo, que lleva 5 meses creciendo. La pandemia no ha terminado: sigamos con distancia y mascarilla. 

Enrique Ortega

La pandemia en el mundo ha frenado su ritmo de contagios en las últimas tres semanas, pasando de 4,6 millones de contagios semanales a finales de agosto a 3,27 millones ahora. Son ya 231,85 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, casi el 3% de la población mundial, según los datos de la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América, con 88,84 millones de contagiados, seguido de cerca por Europa (69,09 millones) y, a distancia, el sudeste de Asia (42,74 millones), el Mediterráneo oriental (15,58), el Pacífico (8,16) y África (5,98 millones), según la OMS. Por paises, lideran los contagios EEUU (42,93 millones), India (33,67) y Brasil (21,35), seguidos a distancia por Reino Unido (7,7 millones), Rusia (7,3), Francia (7,08), Turquía (7,03), Irán (5,53), Argentina (5,25), Colombia (4,95), Italia (4,66), España (4.946.601) y Alemania (4,20 millones).

Los muertos en el mundo por la pandemia también llevan tres semanas bajando, de 69.500 semanales a finales de agosto a unos 55.000 ahora. Hoy se alcanzan los 4.748.389 muertos por COVID 19 (2.818.000 de ellos fallecidos este año 2021, el 60% del total), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.188.289 fallecidos) y otra cuarta parte larga en Europa (1.322.629 fallecidos), seguidas del sudeste de Asia (672.295 muertos), el Mediterráneo oriental (285.430), África (144.338) y el Pacífico (111.882 muertos), según la OMS. Los paises con más muertos por la pandemia son EEUU (688.033), Brasil (594.443) e India (447.194 fallecidos), seguidos a distancia por México (275.450 muertos), Rusia (200.245), Reino Unido (136.529), Italia (130.697), Colombia (126.145), Irán (119.360), Francia (117.182), Argentina (114.862), Alemania (93.409) y España (86.229 muertos, 35.392 de ellos este año 2021).

En Europa, los contagios por COVID 19 también han bajado en septiembre, alcanzando ahora una media de 155 contagios por 100.000 habitantes, según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), que vaticina nuevas bajadas, salvo en Italia y Alemania, donde la pandemia se mantiene estable. España ha pasado de ser uno de los paises con más contagios (finales de julio y agosto) a ser ahora (viernes 24 septiembre) el tercer país europeo con menos incidencia del virus, según Sanidad: 69,37 contagios por 100.000 habitantes (viernes 24), solo más que Polonia (23) y Chequia (56,2) y muy por debajo de la incidencia en Reino Unido (650,9), Francia (149,1), Alemania (147,3), Portugal (124,1) e Italia (97,7).

Esta drástica bajada de la incidencia en los dos últimos meses (del techo de la 5ª ola, los 701,91 contagios del 27 de julio a los 69 del viernes 24 de septiembre) ha sido generalizada en la mayoría de las autonomías, aunque ha sido mayor en tres regiones que tienen ya una baja incidencia: Asturias (17,77 contagios por 100.000 habitantes), la única autonomía en situación de “normalidad” (menos de 25 contagios), Galicia (45,97 contagios) y Castilla y León (49,06), según Sanidad. Las restantes están en un nivel de “riesgo medio” (50 a 150 contagios por 100.000 habitantes): Ceuta (142,51), Cantabria (100,19), Baleares (92,95), Cataluña (85,69), Aragón (80,61), Murcia (83,24), Castilla la Mancha (78,62), Navarra (65,49), Extremadura (63,44), Andalucía (60,91), Canarias (60,39) y Comunidad Valenciana (52,66). Sólo Melilla tiene un “riesgo alto”, con 167,67 contagios por 100.000 habitantes.

Los nuevos contagios (esta 5ª ola ha sumado 1.173.000, 1 de cada 5 contagiados en esta pandemia) se producen casi en su totalidad (98,6% de los positivos) por la variante Delta (India), más contagiosa y proclive a la hospitalización. Y siguen contagiándose más que la media los niños (113,19 contagios/100.000 habitantes en menores de 11 años) y los jóvenes y adolescentes (73,90 contagios entre 30 y 39 años, 70,22 entre 20 y 29 y 64,37 entre 12 y 19 años), según Sanidad. Pero han vuelto los contagios a los mayores de 80 años (67,92 contagios por 100.000 habitantes), aunque son menos graves porque están todos vacunados. Ahora  se están haciendo menos pruebas (PCR y test antígenos), unas 615.000 diarios frente a 717.000 a principios de septiembre, pero han bajado mucho los positivos: son 3,52% de media (sólo Aragón, Castilla la Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla superan el 5% de positivos), por debajo del 4% que la OMS utiliza como umbral para considerar una pandemia “bajo control”. Y la velocidad de transmisión (Rt) del virus es ahora muy baja, 0,64: cada positivo contagia a menos de 1.

Esta bajada drástica de positivos y contagiados se traduce en una caída importante de las hospitalizaciones por COVID: de alcanzar un máximo de 10.578 hospitalizados (el 8,90% de las camas disponibles) el 2 de agosto se pasó a 6.245 el 3 de septiembre y a 2.951 este viernes 24. Un 2,5% de ocupación hospitalaria, un “riesgo bajo”, sólo algo más preocupante en el País Vasco (5,16% de ocupación: un riesgo “medio”), con 6 autonomías en situación de “normalidad hospitalaria” (menos 2% camas COVID): Galicia, Asturias, la Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura. En paralelo, también han caído drásticamente los enfermos COVID en UCIs: de un máximo de 2.031 camas ocupadas el 9 de agosto (el 21,98  % de las UCIS) se pasó a 1.460 el 3 de septiembre y a 850 camas COVID en UCIs el viernes, según Sanidad. Un 9,52% de ocupación UCI, que significa un “riesgo bajo”, aunque se supera en Madrid (18,47% ocupación UCIs: “riesgo alto”) y en otras 7 autonomías, con “riesgo medio” (10-15% ocupación UCIs): Cataluña (14,49%), País Vasco (12,89%), Aragón (11,16%), Canarias y Navarra (10,66), Baleares (10,33%), Castilla la Mancha (10,31%)..

Lo peor de la pandemia sigue siendo que deja demasiadas muertes, aunque también han bajado respecto a agosto (1.530 muertes la cuarta semana de agosto y 795 en la semana a caballo entre agosto y septiembre): han sido 446 muertes la última semana (viernes17-viernes 24), frente a 493 la anterior y 495 la primera semana de julio, con una media de 100 muertes diarias por COVID (bajaron a 44 el viernes). La cifra más alta de fallecidos se da en Madrid (27 la última semana), seguida de Andalucía (23), Extremadura (17), Castilla y León y Comunidad Valenciana (15 cada una). Los muertos han vuelto a las residencias de ancianos (800 fallecidos y más de 9.000 contagiados en esta 5ª ola), aunque han bajado mucho en septiembre, a 76 muertes por semana frente a 176 a mediados de agosto. Con todo, la reinfección supone un grave riesgo, por sus patologías previas, y se va a vacunar en breve con una 3ª dosis a los 300.000 ancianos que viven en residencias.

Esta importante mejoría en la pandemia, desde finales de agosto y más en septiembre, se debe sobre todo al avance de la vacunación en los dos últimos meses, aunque ahora el ritmo ha bajado (de los 500.000 vacunados diarios en vacaciones a los 200.000 actuales). Con todo, ya tienen 1 dosis el 79,2% de la población (37,57 millones de personas) y están inmunizados (con las 2 dosis o con una los contagiados que se hicieron PCR) el 76,6% de la población (36,33 millones), aunque los expertos creen que no es suficiente para lograr la inmunidad de rebajo, que hay que llegar al 90% de población vacunada.

Para conseguirlo, es urgente seguir con las vacunaciones y repescar a los que todavía no se han puesto la 2ª dosis (y sobre todo, los que no tienen ni la primera), porque son muchos: 4.853.904 personas mayores de 12 años todavía sin inmunizar, según se deduce del último balance de vacunación de Sanidad (al 23 de septiembre). De ellos, la prioridad debe ser completar la 2ª dosis de los mayores de 40 años, porque falta  inmunizar totalmente a 1 millón de ellos: 51.493 de 70 a 79 años, 160.042 de 60 a 69 años, 464.201 de 50 a 59 años y 331.262 de 40 a 49 años. Y entre los jóvenes y adolescentes, hay otros 3,84 millones sin completar la vacunación: 1.658.181 de 30 a 39 años, 1.146.102 de 20 a 29 años y 1.042.623 de 12 a 19 años. Un reto de vacunación (4,8 millones) que debe completarse entre octubre y noviembre, si queremos evitar una 6ª ola de contagios en Navidad.

En paralelo a las vacunaciones, habría que seguir con las restricciones en los contactos, insistiendo en evitar aglomeraciones y mantener distancias de seguridad y mascarillas. De momento, la mayoría de las autonomías han levantado sus restricciones en los últimos días (con Madrid a la cabeza), en la hostelería (ampliando horarios y aforos), el ocio nocturno, la cultura y espectáculos, así como en el comercio, mientras se ha reducido el teletrabajo y vuelve la enseñanza presencial, lo que agrava el riesgo de contagios y ya está reduciendo el ritmo de bajada de esta 5ª ola (a primeros de septiembre, la incidencia bajaba de 10 en 10 puntos y la última semana baja sólo 4 puntos diarios: 2 puntos el viernes).

Hay que tener cuidado con “abrir la mano” demasiado, porque el COVID 19 sigue ahí y puede volver a mutar, ahora que tiene menos población sin vacunar. Y no se sabe cómo se comportará cuando llegue el otoño y aparezcan otros virus estacionales (como la gripe). Ahora que estamos “al final del camino”, cerca de la “normalidad” (menos de 25 contagios por 100.000 habitantes), no podemos bajar la guardia y poner en peligro la salud y la recuperación. La economía ha empezado a crecer (un 1,1% en el 2º trimestre, según el INE), aunque menos de lo que se creía, y las empresas recuperan ventas y beneficios, mientras sigue creándose empleo (podrían ser +80.000 en septiembre, el 5º mes con aumento de ocupados), que ya roza el empleo que teníamos antes de la pandemia. Y con el tirón del turismo interior este verano y el aumento del consumo (50.000 millones ahorrados durante la pandemia que se están gastando), se espera que la economía crezca este año un +5% y +7% en 2022, recuperando así lo perdido en 2020 (-10,8%), con la ayuda de los Fondos europeos.

Pero esta recuperación económica se puede ir al traste si repuntan los contagios y no avanza la vacunación entre esos 4,8 millones de españoles que todavía no están inmunizados. Por eso hay que ser cuidadosos en la retirada de restricciones, en mantener distancias y mascarillas, en la vuelta al trabajo y a estudio y en reforzar la sanidad pública este otoño, con un Plan de choque para ultimar las vacunaciones y poder volver a la normalidad en la atención de los centros de salud, especialistas y hospitales. La pandemia no ha acabado. 

Se limita el teletrabajo

La pandemia disparó el teletrabajo: más de 2,5 millones de trabajadores pasaron a trabajar desde casa en el confinamiento. Pero después, con la vuelta a la actividad, el teletrabajo cayó casi a la mitad desde el verano 2020. Y ahora, en septiembre, muchas empresas han decidido que sus teletrabajadores vuelvan a la oficina, permitiendo sólo trabajar desde casa uno o dos días a la semana. La causa: que la mayoría de empresas, sobre todo las pymes, no están preparadas y además quieren ahorrarse los costes que la Ley les obliga pagar a sus teletrabajadores (equipo, mobiliario, conexión a Internet, luz…). Además, el Gobierno ha decidido que los funcionarios del Estado (230.000) vuelvan a trabajar desde el 1 de octubre, teletrabajando sólo 1 día por semana cuando se les prometió 3.Y lo mismo hacen autonomías y Ayuntamientos. Así que el teletrabajo vuelve a ser minoritario y restringido, al contrario que en los paises más desarrollados. Eso dificulta la digitalización de la economía, una asignatura pendiente clave para España. Avancemos a golpe de clic.

Enrique Ortega

El teletrabajo se desinfla en España en el último año. Con el confinamiento, en lo peor de la pandemia, la opción de trabajar desde casa dio un salto histórico: en el 2º trimestre de 2020, un 16,2% de los trabajadores (3.015.200 empleados) trabajaron desde casa, cuatro veces más teletrabajadores que en 2019 (951.800, el 4,8%), antes de la pandemia, según el INE. Pero después, al terminarse el confinamiento (21 junio 2020), muchos teletrabajadores volvieron a sus empresas y el trabajo habitual en casa (más de la mitad de los días) cayó trimestre a trimestre: al 10,3% (2º trimestre), después al 9,9% (4º trimestre), subió al 11,2% (1º trimestre 2021) y cayó definitivamente esta primavera (2º trimestre 2021), al 9,4%, donde se calcula que sólo 1.849.600 empleados han teletrabajado, según Red.es. Y se espera que ahora, en otoño, con la vuelta a una “casi total normalidad”, el teletrabajo habitual siga desinflándose.

Lo que se mantiene mejor es el teletrabajo ocasional, el que se hace durante una parte de la jornada inferior a la media, esos empleados que trabajan en su empresa pero también desde casa, aunque sólo uno o dos días por semana. Antes de la pandemia, su porcentaje era testimonial (menos del 1%), pero con el confinamiento aumentó (2,9% en el 2º trimestre de 2020), utilizándolo 539.000 trabajadores, según el INE y Red.es. Y después, cuando se reanudó la actividad, aumentó trimestre a trimestre, alcanzando al 4,2% de los empleados en el 3º trimestre de 2020, un máximo del 5,4% a principios de este año y 5,3% de los trabajadores (1.051.400 empleados) en el 2º trimestre de 2021.

Así que, entre los que teletrabajan habitualmente (9,4% en junio 2021) y los que lo hacen ocasionalmente (5,3%), suman un 14,7% de empleados que de alguna manera trabajan a través de Internet, unos 2.900.000 trabajadores. Eso nos convierte en el 6º país con menos uso del teletrabajo en Europa (donde teletrabajan de una u otra forma el 21,5% de los empleados), sólo por delante de Italia (9,8%), Grecia (10,4%) y cuatro paises del Este, según Eurostat. Y estamos muy lejos de los paises europeos líderes en teletrabajo, que curiosamente son los más avanzados y competitivos, según se ve en este estudio de Adecco: Suecia (40,9% de los ocupados teletrabajan), Holanda (40,1%), Luxemburgo (37,5%), Finlandia y Dinamarca (35,5%), Reino Unido (31,1%), Bélgica (29,9%), Francia (28,3%) y Alemania (18,5%).

¿Por qué estamos más retrasados en teletrabajo? Básicamente, por nuestro modelo productivo (tenemos una economía muy basada en sectores donde es más difícil el trabajo a distancia, como el turismo, la hostelería y el comercio), porque tenemos un exceso de pymes (99% empresas), poco proclives a la digitalización y el teletrabajo, y también por la menor formación digital de nuestros  trabajadores: 12 millones de españoles (un 33,5%) no son capaces de manejarse en entornos digitales y otros 7,6 millones más (un 21% adicional) sólo acredita habilidades digitales básicas, según este estudio de UGT.

Además de ser escaso, el teletrabajo se utiliza en España de una forma muy desigual, tanto por sexo, edad, autonomía y puesto de trabajo. Así, en junio de 2021 (últimos datos de la EPA y Red.es), las mujeres teletrabajaban más que los hombres: un 10% de forma habitual (y otro 5,5% de forma ocasional) frente al 8,9% (y 5,2% esporádicamente) los hombres. Y utilizan más el teletrabajo los empleados de mediana edad (10,3% de los ocupados de 35 a 44 años trabajaban habitualmente a distancia, 9,9% entre los de 25 a 34 años y 9,6% entre los 45 y 54 años), mientras baja entre los más jóvenes (sólo el 4,8% de los empleados de 16 a 24 años teletrabajaba habitualmente). Y también hay grandes diferencias por regiones: están por cima de la media nacional de teletrabajo habitual (9,4% en junio 2021) Madrid (18,7% teletrabajaban) y Cataluña (11,1%), siendo también elevado el porcentaje en Asturias (8,7%), Baleares (8,3%), Comunidad Valenciana y Galicia (7,4%), Andalucía y Canarias (7,1%). Y el teletrabajo habitual es testimonial en Extremadura (4,3%), Ceuta (4,6%), Navarra (5%), Cantabria (5,3%) y Murcia (5,4%), según el INE.

Y lo más importante, la desigualdad por tipo de empresa y empleo: sólo un 22,3% de los ocupados (4,4 millones de trabajadores) pueden trabajar a distancia, según un estudio de Randstad. Y lo detalla por sectores, con datos de la EPA: los que más pueden teletrabajar son los ocupados en los servicios públicos (el 36% de ellos), los trabajadores de las eléctricas, agua y gas (podrían teletrabajar el 30,1%), los trabajadores de las finanzas (45%), los de las inmobiliarias y servicios empresariales (41,5%), los trabajadores educativos y sanitarios (35,9%), los de la industria química (29,8%) y los del papel y artes gráficas). El resto de actividades tienen un potencial de teletrabajo inferior a la media (22,3%), siendo muy bajo en el campo (4,1%), la construcción (13,3%), la industria agroalimentaria (13,8%), el comercio (13,9%) o la industria (14,3%). Y a su vez, los puestos de trabajo que permiten mejor trabajar a distancia son los directivos y gerentes (casi 100% pueden teletrabajar), técnicos y profesionales (59,9%), contables y oficinistas (46,3%), pero muy poco los trabajadores no especializados, vendedores y operadores.

Ahora que el teletrabajo se está desinflando, también se reduce de una forma desigual, según lo confirma esta Encuesta COTS realizada por CCOO en 2021. Si el teletrabajo habitual ha caído del 25,2% de los trabajadores encuestados en 2020 al 9,8% en 2021, el porcentaje es sólo del 2,9% en los trabajadores manuales y un 31,6% en los “no manuales”. Y por puestos de trabajo, el teletrabajo habitual ha caído más en los puestos directivos de las empresas (del 64% que teletrabajaban en 2020 al 20,1% en 2021) y entre los administrativos (del 55,7% al 35,6%) pero menos entre los técnicos (del 45,9% al 32%) y en la industria y la construcción (del 3,9% al 1,4%), que ya tenían un nivel mínimo de teletrabajo.

Con la vuelta de las vacaciones, a principios de septiembre, la mayoría de las empresas españolas han aprobado Planes para la vuelta al trabajo presencial de la mayoría de sus trabajadores, una vez terminado el estado de alarma el 9 de julio (el 9 de agosto, tres meses después, terminó el plazo legal para terminar con el trabajo remoto como medida de contención sanitaria). De momento, la mayoría de las grandes empresas han optado por un modelo híbrido, consistente en adoptar un trabajo 3+2 (3 días de trabajo presencial en la empresa) o 4+1 (sólo 1 día de trabajo a distancia). Y eso por dos razones. La primera y fundamental, porque todavía no han pactado con sus trabajadores, en convenio, la aplicación del Real decreto-ley de trabajo a distancia, aprobado el 22 de septiembre, que daba de un año a tres para adaptarse a las empresas que ya tenían un Plan de teletrabajo antes de la pandemia Y la segunda, que afecta más a las pymes, porque muchas empresas creen que aplicar el teletrabajo sólo les va a aumentar los costes y les crea muchos problemas (seguridad informática, absentismo y abusos, aislamiento de los equipos…).

Concretamente, la nueva normativa sobre teletrabajo obliga a las empresas a compensar a sus teletrabajadores de los gastos, dotándoles de medios informáticos y de trabajo (ordenador, teclado, ratón, cascos, silla ergonómica…) y compensándoles además algunos gastos adicionales, como la luz o la conexión a Internet. En las grandes empresas, la cuestión se ha resuelto (hasta que se pacte en convenio) con la entrega de “un kit de teletrabajo” y el pago de una cantidad fija al mes (de 35 a 55 euros en la mayoría). Pero en las empresas más pequeñas o sin presencia sindical, esto es más difícil y muchos optan por suprimir el teletrabajo, ahora que legalmente se puede por el reflujo de la pandemia.

En paralelo, la Administración pública también ha dado un paso atrás con el teletrabajo de los funcionarios. Si en abril de 2021 estaban teletrabajando un 30% de los funcionarios (la mayoría 3 días por semana), ahora el Gobierno ha decidido que sólo teletrabajen 1 día por semana, desde el 1 de octubre, mientras los sindicatos denuncian que el ministro Iceta les prometió (en abril de 2021) que podrían seguir teletrabajando en el futuro. La medida afecta a los 229.340 funcionarios de la Administración General del Estado, que volverán a trabajar presencialmente, con el objetivo de terminar con el sistema de cita previa el 31 de diciembre. Lo mismo están haciendo autonomías y Ayuntamientos (donde trabajan otros 2,3 millones de empleados públicos): en la mayoría se ha vuelto al trabajo presencial, salvo excepciones. Así, Cataluña prevé el 100% de atención presencial a finales de septiembre y en el País Vasco sólo teletrabajan 559 funcionarios, el 0,7% de la plantilla. La propuesta del sindicato CSIF es un modelo híbrido de trabajo para los funcionarios: 2 días en la oficina y 3 teletrabajando.

Todo apunta a que el teletrabajo, en las empresas y en la Administración, seguirá cayendo en los próximos meses, con las vacunas y la bajada de los contagios. España perderá así una oportunidad, conseguida con la pandemia, de apuntalar un sistema de trabajo que crece en el mundo y que tiene múltiples ventajas. Básicamente, que se evita la pérdida de tiempo en los desplazamientos (hasta 3 horas diarias en grandes ciudades) y la consiguiente factura para el medio ambiente (contaminación, emisiones, gasto de combustibles fósiles), además de que el teletrabajo facilita la conciliación familiar y el cuidado de hijos y dependientes. Y además, teletrabajar puede ser tan productivo o más que el trabajo presencial, depende de cómo se organice y de que la empresa tenga un Plan y medios. Eso sí, el teletrabajo tiene inconvenientes que hay que prever y evitar: seguridad y más riesgo de ciberataques, un posible bajón en la creatividad, dificultades para el trabajo en equipo (y el liderazgo) y menores oportunidades para la formación y el aprendizaje de los nuevos empleados.

Pero todos estos inconvenientes se pueden contrarrestar, sobre todo si la empresa (o el ente público) tiene un Plan de teletrabajo y pone personal y medios en aplicarlo. Eso sí,  España tiene que resolver dos cuellos de botella para ampliar el teletrabajo. El primero, la baja formación digital de los trabajadores: 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales, según este estudio de UGT. Y más de la mitad de los adultos (el 55%) tienen competencias digitales a nivel básico y sólo un 32% las supera, con un 3,2% de  empleados cualificados en TIC (tecnologías información y comunicación), frente al 3,9% en Europa, según el DESI 2020. Y lo peor: sólo el 17,5% de nuestras empresas contratan expertos TIC. El 2º cuello de botella para el teletrabajo es el retraso digital de las empresas españolas, sobre todo las pymes. En general, invierten poco en herramientas digitales, por lo que España es el 5º país de Europa con más empresas de bajo nivel digital: un 56,8% del total, frente al 45,8% en la UE-28, 38,4% en Reino Unido, 41,4% en Alemania y el 50,3% en Francia, según el estudio “Digitalización de la empresa española”, de UGT.

En resumen, que la pandemia disparó el teletrabajo y dio una oportunidad a las empresas y a la Administración de avanzar en el trabajo a distancia, comprobando sus ventajas. Pero ahora, el teletrabajo se ha desinflado y corremos el riesgo de dar marcha atrás y volver a la presencialidad, a la cultura de “calentar la silla” y los horarios interminables, a costa de perder tiempo, medio ambiente, calidad de vida y familia.  Además, 6 de cada 10 trabajadores españoles quieren teletrabajar, al menos 2 días a la semana, según un estudio de Adecco. Pero, sobre todo, hay que apoyar el teletrabajo porque es una herramienta clave para digitalizar la economía, un reto donde España se juega su productividad, su empleo y su futuro. Avancemos a golpe de clic.

Los ganadores y perdedores de la pandemia

Parece claro que con la pandemia hemos perdido todos, en vidas, salud, empleos, empresas e ingresos. Pero si se mira con detalle, se ve que unos han perdido más que otros, sobre todo los jóvenes, mujeres e inmigrantes que trabajaban en hostelería, turismo, comercio, transporte, construcción y algunas industrias, especialmente en Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y la Rioja. Y resulta llamativo que, en este balance, hayan salido ganando algunos sectores y empresas, que ya venden incluso más que antes de la crisis: alimentación, supermercados, ventas online, logística, ocio digital, telecomunicaciones, sanidad privada, educación online, finanzas y farmacéuticas, mientras tienen más empleo que antes de la pandemia Andalucía, Murcia, Extremadura y Castilla la Mancha. Son los ganadores y perdedores de una crisis que ha agravado la desigualdad. Ahora, cuando ha empezado la recuperación, es importante volcarse más en los perdedores. Y aprovechar los Fondos europeos y el Plan de recuperación para modernizar la economía y conseguir ser menos vulnerables cuando llegue la próxima crisis.

Enrique Ortega

La recesión provocada por la pandemia ha sido la más grave del último siglo, desde la crisis de 1929. Y también ha sido muy diferente a la crisis financiera de  2008, que duró hasta 2014 y coleó hasta 2018. La anterior recesión se inició en EEUU, pero enseguida se contagió a todo el mundo, desde Europa a los paises en desarrollo, con caídas generalizadas en la economía y el empleo. Ahora, esta recesión provocada por el COVID19 ha sido más desigual, afectando más a unos paises que a otros. Así, España fue el país occidental que más cayó en 2020 (-10,8% el PIB), mientras la zona euro caía menos (-6,5%), la Europa rica del norte aún menos (-4,8% Alemania y -2,8% Finlandia), también menos EEUU (-3,5%) y Japón (-4,8%) e incluso China creció en el primer año de la pandemia (+2,3%). Otra diferencia es que esta crisis va a ser más corta que la de 2008, por las ayudas públicas: hay muchos paises que en 2021 van a recuperar el crecimiento perdido (España en 2022), mientras en la anterior crisis financiera, los paises necesitaron entre 4 y 6 años para recuperarse.

En España, el impacto económico de la pandemia también ha sido muy desigual, tanto entre los trabajadores como entre empresas, y también por regiones, afectando más negativamente a las actividades ligadas al turismo, la hostelería y los servicios. Y golpeando especialmente a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes (igual que en la anterior crisis). En líneas generales, podríamos hacer una lista de los perdedores de esta crisis: hostelería y turismo (perdieron 70.000 millones de ingresos en 2020 y habrán cerrado 85.000 bares y restaurantes), el comercio minorista (caída de ventas del -6,8% en 2020, 63.000 millones perdidos y 63.000 negocios cerrados), el transporte (estiman una pérdida de 50.000 millones), el ocio y cultura, la construcción (caída del 15%) y las inmobiliarias, además de muchas industrias, como el automóvil (400.000 coches menos vendidos en 2020). Y un sinnúmero de pymes y  autónomos, que escapan de las grandes estadísticas.

Pero también ha habido ganadores en esta crisis: el sector de la alimentación y los supermercados (un ejemplo: Carrefour disparó su beneficio en España un 120%, tras la mayor cifra de ventas desde 2008), el comercio online (Amazon y también la venta de ropa por Internet: Inditex vende ahora un 9% más que antes de la pandemia y tiene beneficios históricos, con 800 tiendas menos), la logística y distribución (incluyendo la comida a domicilio), la industria ligada al ocio (Netflix) , las videollamadas (Zoom, WhatsApp), el juego y los videojuegos online, las empresas tecnológicas y de ciberseguridad, la sanidad privada, la educación online, las finanzas y seguros y la industria farmacéutica.

Esta es la “impresión” de los ganadores y perdedores, a bote pronto. Pero Estadística nos acaba de aportar datos concretos, en la última estadística del PIB trimestral (2º trimestre 2021). Ahí se ve que, en el último año y medio, la economía española ha caído un -3,7% (-5,4% en el primer trimestre de 2020, -17,8% en el 2º, +17,1% en el 3º, 0% en el 4º, -0,4% en el primer trimestre de 2021 y +2,8% en el 2º trimestre de este año). Pero no todos los sectores han caído, así que gracias a esta estadística, podemos concretar los sectores perdedores  y ganadores de la pandemia, los que han caído y los que han crecido en el último año y medio.

Y así resulta esta lista de los sectores perdedores de la pandemia: construcción (su aportación al PIB cae -15% en el último año y medio), ocio (-6,6%), información y comunicación (-4,5%), actividades profesionales, científicas y técnicas (-3,4%), inmobiliarias (-1,5%) y la última, curiosamente, comercio, transporte y hostelería (-0,4%), debido a que cayó mucho en la primera mitad de 2020 pero luego, al acabar el confinamiento ha estado creciendo y tirando del conjunto de la economía hasta ahora. La estadística del INE revela que hay sectores ganadores de la pandemia, cuyo balance es de un crecimiento en el último año y medio: banca y seguros (su aportación al PIB crece +7,2%), Administraciones Públicas, educación y sanidad (+5,6%), por las ayudas públicas y el aumento de empleo, la agricultura, ganadería y pesca (+4,8%) y la industria manufacturera (+1,7%).

Otro estudio reciente, publicado por la AIReF, nos permite analizar la caída de actividad por la pandemia en las autonomías, donde su impacto económico ha sido también muy desigual. Ahí se estima que la economía española ha caído un -6,8% sobre los niveles pre-crisis (entre enero 2020 y junio 2021). Y que hay 5 autonomías que han caído más que la media española: Baleares (-16,9%), Canarias (-9,6%), Cataluña (-8,1%), Madrid (-7%) y la Rioja (-6,9%). Y aunque ninguna autonomía ha recuperado todavía el crecimiento de 2019, hay 4 regiones que son las que menos han sufrido los efectos económicos de la pandemia: Extremadura (cae -3,7%), Castilla la Mancha (-4,1%), Murcia (-4,4%) y Galicia (-4,7%). Y las 8 autonomías restantes tienen un balance intermedio, con caídas del -6,6 al -5,3%.

Un balance importante es el del empleo con la pandemia. La última EPA (2º trimestre 2021) permite saber los empleos perdidos en el último año y medio (enero 2020-junio 2021) en España: se han perdido 295.200 empleos netos (19.671.700 ocupados frente a 19.966.900), aunque falta recuperar 200.000 empleos en los hombres y sólo 95.00 en las mujeres. Por edades, todavía hay menos jóvenes trabajando que en 2019, pero hay más ocupados de 45 a 49 años (+54.500) y de más de 55 años (+237.000), los menos afectados laboralmente por la pandemia. Y es importante saber que hay ya más gente trabajado en la construcción (+40.900 que en 2019) y en el campo (+17.200), aunque todavía trabajan menos que antes de la pandemia en la industria (-98.600) y, sobre todo, en los servicios (-254.800). También destaca que 5 autonomías tienen ya más gente trabajando que antes del COVID: Murcia (+36.700), Extremadura (+20.500), Andalucía (+18.000), Castilla la Mancha (+15.300) y Canarias (+12.000 ocupados que a finales de 2019).

El mencionado informe del INE sobre el crecimiento del 2º trimestre revela también datos significativos sobre el empleo, como que 40 de los 78 sectores económicos han recuperado ya (en junio de 2021) el empleo de 2019 y  algunos lo han mejorado. Los que ganan empleo, en línea con lo que refleja la EPA, son la construcción (+2,6%), la logística y el sector de la información y las comunicaciones (+11,5%), la banca y seguros (+5,1%) y la Administración pública, Educación y Sanidad (+15,4% empleo). Y en el otro extremo, los sectores que han perdido más empleo con la pandemia son el comercio, transporte y hostelería (el empleo ha caído un 35,1%), el ocio y las actividades recreativas y artísticas (-25,3%), la industria (-22,8%), las inmobiliarias (-15,7%) y el campo (-10,3%).

Para terminar este balance, la Seguridad Social nos da también pistas sobre los efectos de la pandemia, con los afiliados, que ya casi son tantos como antes del COVID: 14.777.429 afiliados a la SS a finales de agosto de 2021 frente a 19.479.814 afiliados en febrero de 2020. Eso indicaría que el empleo, la afiliación, se ha recuperado ya en año y medio de recesión por la COVID, cuando en la anterior crisis (2008), el empleo tardó en recuperarse en España 129 meses (más de 10 años), según la Seguridad Social. Hay dos motivos. Uno, que entonces se apostó (en España y en Europa) por los recortes (que agravaron la recesión y destruyeron empleo) y ahora se ha optado (en España y en Europa) por las ayudas públicas, que han mitigado la recesión. Y el otro motivo son los ERTEs, un mecanismo que ha permitido “aparcar” trabajadores de sectores en crisis (hubo 3.552.326 trabajadores en lo peor de la pandemia y ahora hay 272.190), cobrando el 70% sueldo y cotizando por ellos.

Parece que lo peor de la recesión COVID ha pasado y que la recuperación económica se inició en España esta primavera, con un crecimiento del PIB del +2,8% en el 2º trimestre, según el INE, tras caer la economía en el anterior (-0,4%) y estancarse a finales del año pasado (+0% PIB 4º trimestre), tras el tirón aislado del verano 2020 (+17.1%). Este fuerte crecimiento de la economía española ahora es mayor que el europeo (+2,1% la UE-27) y que el de los grandes paises del continente (+2,7% Italia, +1,6% Alemania y +1,1% Francia), según Eurostat, y sólo nos supera el crecimiento actual de Irlanda (+6,3%), Portugal (+4,9%), Letonia (+4,4%), Austria (+3,6%), Grecia (3,4%) y Paises Bajos (+3,1%).

Un indicador clave de la recuperación es que muchas empresas ya han recuperado su nivel de ventas anterior a la pandemia. Y algunas, sus beneficios. Así, las empresas cotizadas ganaron 30.304 millones de euros en el primer semestre, frente a los 14.144 millones perdidos el primer semestre del año pasado, en plena pandemia. Y eso se debe básicamente a una recuperación de las ventas, que han crecido un 5,63%.

Hay sectores, como la construcción, que espera crecer este año un 7%, gracias al aumento de obra nueva y a la rehabilitación de viviendas, mientras las grandes constructoras han duplicado sus beneficios en el primer semestre. La industria también se recupera y los indicadores señalan que crece al mayor ritmo de los últimos 23 años, aunque tienen dos preocupaciones: la falta de suministros (chips, materias primas) y la subida de precios de los suministros y la energía, que dificulta el aumento de la producción. La hostelería y el turismo, muy dañados, también se recuperan, con una afluencia de inversiones a la compra de hoteles. Sin embargo, el sector se queja de falta de mano de obra formada, como también la construcción, en ambos casos porque las dos crisis han provocado fuga de trabajadores (en la construcción estiman que faltan 700.000 trabajadores para ejecutar los proyectos europeos previstos de aquí a 2026). Y la gran banca ha vuelto a tener ya grandes beneficios: +11.127 millones en el primer semestre (frente a unas pérdidas de -11.495 en ese periodo de 2020), gracias al aumento del crédito y las menores provisiones y a pesar del coste que han tenido con el cierre de oficinas y despidos (14.000 en 2021).

Mientras las empresas que han sobrevivido a la pandemia (44.640 han cerrado, según Cepyme) recuperan ventas y beneficios, los trabajadores con empleo apenas han visto aumentar sus sueldos, un 1,5% los que han firmado convenio este año (frente a un 3,3% que han subido los precios). Y un dato muy esclarecedor: en el inicio de la recuperación, caen los costes laborales: un -0,7% anual, lo que contrasta con el aumento del +3,6% de los beneficios empresariales (excedente bruto de explotación). Eso se explica porque las empresas están haciendo frente a la recuperación con menos trabajadores que tienen sueldos más bajos (nuevos contratos) que antes de la pandemia.  Por eso, este otoño saltará el debate de que han de subir los salarios (no sólo los 15 euros mes que sube el salario mínimo), ahora que las empresas recuperan ventas y beneficios y dado que la inflación está muy alta (+3,3%) y seguirá elevada. La subida de salarios (mayor del 2% previsto antes) y la creación de empleo serán así, las dos asignaturas pendientes de la recuperación.

Con todo, el gran reto ahora es terminar con la pandemia (será un riesgo también económico hasta que estén vacunados el 90% de los españoles) y poner en marcha el Plan de recuperación presentado por el Gobierno en Bruselas, acelerando las inversiones previstas y los proyectos, que van a contar con 70.000 millones de ayudas europeas. Los primeros 9.000 millones llegaron en agosto y se prevé recibir otros 15.000 millones antes de fin de año. Hacienda dice que el 41% de este dinero está ya comprometido y que el 18,7% ya se ha transferido (la mayoría a las autonomías). Ahora falta acelerar los proyectos y que este dinero público (de la UE y de los Presupuestos) movilice mucho más en inversiones privadas. Y que se gaste bien, con agilidad y eficacia, buscando crear empleo y modernizar la economía.

La pandemia ha sido una dura prueba, que ha dejado al descubierto las debilidades de la economía española (un país de playas, hoteles y bares, pero poco competitivo). Pero es también una oportunidad histórica para cambiar y modernizar la economía y el país, poniendo en marcha las reformas que llevan décadas pendientes (laboral, pensiones, energética, tecnológica, educativa, de servicios públicos, empresarial) y consiguiendo unas empresas más competitivas y que creen más empleo estable. Ahora vamos a tener un Plan y dinero. Falta pactar los proyectos, agilizarlos y aplicarlos con rigor. Se puede. Hagámoslo.

Más parches frente a una luz disparada

El precio de la luz en origen se ha duplicado desde junio y cuadruplicado en el último año, subiendo el recibo un +35%. El precio mayorista de la luz sube en toda Europa, pero más en España porque tenemos un mercado muy estrecho, donde las eléctricas manipulan precios y no hay competencia ni se importa luz (somos una isla eléctrica). Y este precio mayorista afecta cada día a la mitad del recibo, mientras en Europa las subidas se suavizan con contratos anuales. El Gobierno bajó los impuestos a la luz en junio, pero el recibo de agosto subió un 8,3%. Ahora aprueba un Plan de choque para mantener la bajada impuestos y quitar beneficios injustificados a las eléctricas (2.600 millones), prometiendo que el recibo bajará un 22%. Pero todo apunta a que la luz subirá hasta primavera. Urge tomar medidas de fondo y no parches que encubren el problema: pagamos de más por la luz. Falta transparencia en el mercado eléctrico. Lea y entienda lo que pasa.

Enrique Ortega

Todo el mundo sabe que este verano se ha disparado el precio de la luz. Veamos cuánto y por qué. Primero, aclarar que hablamos del precio de la luz en origen, en el mercado mayorista, donde cada día acuden Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para vender su electricidad a 333 comercializadoras, que luego nos la venden a nosotros. Este mercado ibérico (MIBEL) marca cada día un precio, que es el que se ha disparado: hoy jueves es de 188,18 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que a principios de junio (84,85 euros) y más de cuatro veces que hace un año (43,49 el 13 de septiembre de 2020). Y los expertos apuntan a que este precio mayorista superará los 220 euros por MWh este invierno.

¿Qué ha pasado para que el precio mayorista de la luz se dispare? Hay dos causas que explican el 70% de esta subida, según un informe del Banco de España. La primera, que explica el 50% del aumento, es que se ha disparado el precio internacional del gas natural, debido a un aumento de la demanda mundial (sobre todo en China) y un recorte de la producción y las ventas de Rusia (por Ucrania), además del conflicto entre Argelia y Marruecos (por donde llega gas a Europa). El resultado es que el precio del gas ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 en julio y 63,72 euros/MWh ayer. Y este gas es el que utilizan las centrales térmicas para producir la electricidad que falta para completar la demanda.

La otra causa (20% de la subida) es el aumento disparatado de los derechos de emisión de CO2, que han pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 61,37 euros hoy. Estos derechos los tienen que comprar las eléctricas que producen electricidad contaminante (centrales de gas, fuel y carbón) y lo cargan directamente en el precio mayorista que exigen. Es el coste de forzarles a que ofrezcan energías más limpias y que por eso es un coste que tendríamos que asumir. Pero ojo, este mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (con rentabilidades del 92,2%). Con lo que unos derechos que pretenden producir una luz más limpia son además un negocio financiero que nos encarece más la luz.

Este precio mayorista de la luz se fija en toda Europa por un sistema (“marginalista”) que es de locos: cada día se calcula la luz que hace falta y las eléctricas ofrecen su producción. Y la energía última que se oferta es la que fija el precio final, normalmente las centrales de gas, la más cara. Y todas las demás reciben ese precio, aunque les haya costado mucho menos producir la electricidad. Es como si alguien compra carne picada y el carnicero nos mezcla chuletón, ternera, cerdo y pollo, y nos la cobra toda a precio de chuletón… Así que las eléctricas le sacan 60 euros por MWh (precio centrales gas), por ejemplo, a luz que han producido con centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros/MWH) o nucleares (22 euros/MWH). Se estima que estos sobrecostes del sistema han hecho, sólo en España, que los consumidores paguemos 2.000 millones extras al año desde 2006. Echen cuentas…

Las eléctricas dicen que este sistema es igual en toda Europa y no se puede cambiar salvo que lo decida la UE. Pero hay un hecho: el precio mayorista de la electricidad es más alto en España que en el resto de Europa (salvo Reino Unido e Irlanda, dos islas). Así, hoy, el MWh cuesta en España 188,18 euros, frente a 158,94 en Alemania, 160,44 en Paises Bajos, 165,52 en Austria, 169,36 en Francia y 183,42 en Italia. Y lo mismo pasa en el precio medio de septiembre (145 frente a 126 en Francia y 127 en Alemania) y del último año. Y esto se debe a que el mercado eléctrico en España es estrecho, poco transparente, con escasa competencia y donde las grandes eléctricas manipulan precios.

Es un mercado estrecho porque hay 4 grandes productores de electricidad y 333 comercializadoras compradoras, a las que imponen sus precios (los 4 grandes venden y también compran, porque comercializan el 85% de la luz en España, son “juez y parte”). Y es un mercado muy volátil, con más oscilaciones de precios que en Europa, donde un operador puede influir mucho en los precios. De hecho, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales (hidroeléctricas o nucleares) o por aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses (en Zamora y Cáceres este verano). Además, las eléctricas se acogen  a subir su precio de producción con la subida del gas, a que el precio internacional supera los 60 euros/Tm, cuando una gran parte del gas que tienen almacenado les costó la mitad o menos.

Y además, en el mercado eléctrico español hay poca competencia, ya que apenas se negocian contratos de luz a plazo (sólo al día: mercado “spot”) y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa, para abastecerse ellos. En España los contratos de suministro a un mes, un trimestre o un año son 19 veces menos que en Alemania y 13 veces menos que en Francia, donde los grandes consumidores negocian contratos fuera del mercado diario, lo que rebaja y estabiliza los precios. Y lo más preocupante: tenemos un mercado eléctrico cerrado, porque no entra casi electricidad de fuera( ni sale): en septiembre, sólo se ha importado el 3,90% de la luz consumida (saldo import-export), mientras en Francia, Alemania e Italia se importa del 10 al 15%, lo que ayuda a tener precios más bajos. Aquí, somos “una isla eléctrica” y eso dificulta que las grandes empresas y los comercializadores puedan buscar ofertas mejores fuera.

Otra cuestión importante. El precio mayorista de la electricidad se ha disparado en toda Europa, pero en los demás paises no preocupa ni abre los telediarios. Y eso, porque el consumidor europeo no se ve afectado cada día en su factura de la luz por los altos precios en origen. La mayoría de los paises (Portugal o Alemania, por ejemplo) tienen sistemas de tarifas con revisiones anuales y otros semestrales o trimestrales, lo que “aplana” las subidas (al menos hasta ahora). En España, el 40% de los consumidores (10.643.175), los que están en el sistema de precios “regulado” (PVPC), les repercute cada día el precio mayorista de la luz. Y el resto (16.230.261 consumidores), el 60% que están en el mercado “libre”, notarán la subida cuando su comercializadora le revise el contrato (al año), sin olvidar que estas tarifas “libres” son un 17% más altas que las reguladas, según la Comisión de la Competencia (CNMC).

Este sistema de tarifas, diferente del europeo, está vigente desde 2014, cuando el PP cambio el anterior sistema de revisión de precios trimestral, porque estimó que ese sistema de subasta suponía un extracoste para el consumidor. Y pensó que era mejor ligar el recibo con el precio diario de la luz, que el usuario pagara directamente “el precio del Merca Madrid de la luz”. Pero ahora, el sistema se ha vuelto en contra, al dispararse el precio en origen. Y el resultado es muy preocupante: Si hasta el verano, el precio mayorista de la luz suponía un 33% del recibo (otro 48% eran los precios regulados y el 19% eran impuestos), ahora, ese precio en origen supone un 50% del recibo de la luz, según la simulación de la CNMC (los impuestos han bajado al 15% del recibo y los precios regulados un 35%).

Esto explica que el recibo de la luz, lo que pagan cada mes los consumidores, se haya también disparado: ha aumentado un +34,9% en el último año (agosto 2020-agosto 2021), según el INE, con una factura media de 318 euros en estos 8 primeros meses de 2021, 69 euros más que el año pasado. Y la previsión de la ministra de Transición Ecológica era que la factura de la luz suba un 25% este año: 644 euros de coste para una familia media, 132 euros más que el año pasado (+11 euros más al mes).

La fuerte subida del precio mayorista de la luz ya hizo en junio que el Gobierno aprobara dos medidas: bajar impuestos a la luz (el IVA del 21 al 10% hasta fin de año y suprimir el impuesto de generación eléctrica,7% en el tercer trimestre) y quitar a las eléctricas un ingreso que reciben injustificadamente: las centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se benefician de que las demás centrales (gas, carbón, fuel) carguen en los costes de producción de la luz el pago de los derechos de CO2 que ellos no emiten. Son los llamados “beneficios llovidos del cielo”, 1.000 millones al año que llevan cobrando injustificadamente desde 2005 y que dejarán de cobrar en unos meses, cuando se apruebe el decreto-ley en el Congreso.

Esta bajada de impuestos no ha servido de mucho, porque el precio mayorista se ha duplicado desde junio y el resultado es que el recibo de la luz subió en agosto un +7,8%, según el IPC. Así que el Gobierno aprobó este martes un Plan de choque, para intentar abaratar el recibo de la luz, un -22% hasta finales de año. Por un lado, mantiene y amplía la bajada de impuestos: sigue la rebaja del IVA hasta fin de año, se amplía la rebaja del impuesto eléctrico (7%) al 4º trimestre y baja el impuesto especial de electricidad del 5,1127% al 0,5% (un recorte de ingresos públicos de 1.400 millones de euros).

Además, se aprueba otro recorte a los beneficios injustificados de las eléctricas: esta vez se les quita parte de los “beneficios llovidos del cielo” que obtienen con el gas natural: las centrales que no utilizan gas para producir electricidad (nuclear, hidroeléctrica, renovable) dejarán de ingresar el sobreprecio que hoy ingresan por el mayor coste del gas (que no usan). No se les quita todo el coste, sólo lo que supere los 20 euros/Tm, el precio medio de los últimos 4 años. Si ahora cargaban 62 euros, les quitan un ingreso extra de 42 euros (menos un regalo de un 10%...). Y sólo por un tiempo, hasta marzo de 2022, cuando se espera baje el gas. Hasta entonces, se les quita un ingreso extra (no justificado) de 2.600 millones.

Además, se amplía de 4 a 10 meses el bono social eléctrico (que beneficia a 1.137.295 consumidores). Y se limita la subida del gas natural al 4,4% por trimestre, hasta primavera. Y se obliga a las 4 grandes eléctricas a que hagan, antes de fin de año,  una subasta de electricidad al margen del mercado diario, para cubrir un  6,5% de la demanda. Y además, se va a modificar la Ley de Aguas, para regular lo que hacen las eléctricas con los embalses y evitar abusos como los de este verano. Finalmente, se solicita al Congreso que se tramite por vía de urgencia el recorte de los beneficios caídos del cielo por el CO2 (1.000 millones) y el Fondo que se quiere crear para quitar del recibo (en 5 años) el coste de las ayudas a las renovables (7.000 millones anuales).

Son medidas importantes, que buscan “taponar” agujeros del mercado eléctrico en una coyuntura desesperada. Y que ayudarán a bajar el recibo al consumidor, al trasladar lo que se quita a las eléctricas (3.600 millones) y los mayores ingresos por CO2 a rebajar los costes regulados del recibo (35%). Pero la mayoría son medidas coyunturales, “parches”, que no van al fondo del problema: tenemos un sistema eléctrico distorsionado, con escasa competencia y demasiado fraude, donde pagamos costes de más por la luz que alimentan año tras año los beneficios de las eléctricas, comparativamente los más elevados de Europa. Una parte de la reforma, la del sistema de fijación de precios, depende de Europa y el lobby eléctrico evita que la Comisión lo revise, aunque acabará haciéndolo si no bajan los precios. Pero otra parte depende de España, de que el Gobierno tome medidas de fondo en el mercado y cambie el sistema de traslación de costes al recibo.

Porque hay un hecho claro: la luz sube en toda Europa pero España tiene la 5ª luz más cara del continente, tras Alemania (0,3006), Bélgica, Dinamarca e Irlanda, según Eurostat (datos 2º semestre 2020): 0,2298 euros por kwh para los consumidores domésticos (impuestos incluidos), frente a 0,2134 céntimos de media UE-27, 0,2153 en Italia o 0,1958 en Francia. Y para los consumidores industriales, tenemos la 9ª tarifa eléctrica más cara: 0,1422 euros por kWh, frente a 0,1225 euros de media en UE-27. Y esto es preocupante, no sólo porque cada vez hay más familias que no pueden pagar la luz sino porque afecta muy negativamente a las cuentas de las empresas, sobre todo de las grandes consumidoras de electricidad (metal, siderurgia, química, papel, cemento, automóvil), que tienen más difícil competir. Y que se quejan de que no pueden comprar electricidad en otros mercados ni reciben las ayudas y exenciones que reciben las empresas en Francia o Alemania.

La luz es más cara en España que en la mayoría de Europa porque pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste mayorista de la electricidad, en los costes regulados (pagamos parte de ayudas a la electricidad en las islas y a los grandes consumidores,  a las renovables, al parón nuclear y al mantenimiento de la deuda eléctrica y un extracoste en el transporte y comercialización de la luz) y en los impuestos (somos el tercer país de Europa con más peso de la fiscalidad en el recibo). Así que, en vez de parches, hace falta tomar medidas urgentes en todos esos frentes. Como dice Jorge Fabra, uno de nuestros mejores expertos, bajar impuestos no es bajar la luz, dar un hachazo a las cuentas de las eléctricas no es bajar la luz, es esconder el problema un tiempo. Bajar la luz exige hacer una auditoría de costes, para no pagar extracostes en el recibo. Y forzar una reforma del mercado eléctrico en Europa, resistiendo las presiones del lobby eléctrico.

Todo hace pensar que este Plan de choque será insuficiente y que la luz seguirá subiendo hasta la próxima primavera, aunque menos de lo que subiría si el Gobierno no hubiera hecho nada. Y las eléctricas aprovechan para lanzarnos ofertas y tratar de que esos casi 11 millones de consumidores “regulados” vayan al “mercado libre”, ofreciéndoles contratos estables a 2 años (Endesa y Naturgy) y a 5 años (Iberdrola). No les importa vender ahora “electricidad a pérdidas”, si a cambio ganan clientes a los que ya sacarán beneficios después (además, lo que pierdan con la comercialización lo ganan con las centrales). Y de paso, se quitan a parte de los 333 comercializadores que venden luz y les hacen competencia (muchos quebrarán). Aprovecharán los vaivenes de precios  para ganar mercado. Y si vienen mal dadas, amenazan con cerrar centrales nucleares o ir a los Tribunales, donde casi siempre ganan (el Supremo acaba de obligar al Estado a devolverles 1.400 millones por un canon hidráulico que aprobó Rajoy en 2015…).

Si ha leído hasta aquí, habrá visto que el problema eléctrico es muy complejo y no se resuelve con soluciones simplistas ni fórmulas mágicas. Exige actuar en muchos frentes, en España y en Europa, con firmeza y con un objetivo claro: que paguemos la luz por lo que cuesta de verdad producirla, transportarla y comercializarla. La batalla será larga y difícil.