Drones hasta en la sopa

Los drones se han multiplicado estos años y en 2017 se vendieron 3 millones en el mundo, la mayoría en EEUU y Asia. Y se espera que haya 44 millones de drones en 2025. Tienen múltiples aplicaciones: fumigar campos, controlar el tráfico, vigilar obras e instalaciones, controlar fuegos y fronteras, enviar paquetes o rodar películas. Y pronto generarán miles de empresas. Hasta ahora, la regulación era muy restrictiva, pero la Comisión Europea ha preparado una norma que entrará en vigor en 2019. El Gobierno Rajoy se ha adelantado y aprobó en diciembre una regulación de los drones y en marzo un Plan estratégico que pretende multiplicarlos por 12 para 2035. Ya somos el 3º país europeo con más operadores de drones (3.754), algunos entre los mejores del mundo. El objetivo es crear una industria potente, que puede dar trabajo a muchos jóvenes: el título de piloto se sacará en las autoescuelas. Habrá que aportar recursos públicos (no hay) y controlar el imparable “boom” de los drones, por seguridad y privacidad. Pero está claro: los drones coparán nuestra vida.

enrique ortega a partir de Alfred Hitchcock

Los drones, esos aparatos que vuelan por control remoto, empezaron como tecnología militar pero en esta década se han desarrollado y multiplicado, sobre todo desde  2012, generando nuevos prototipos y miles de empresas, en EEUU, China, Japón, Corea y Francia. En 2017 se vendieron en el mundo 3 millones de drones, un 35% más que en 2016, generando un negocio de 6.000 millones de dólares, según la consultora Gatner. De ellos, la mayoría son drones que compran particulares (2,8 millones), para jugar con ellos, pero crecen los drones para profesionales (200.000 vendidos en 2017), el mercado con más futuro, sobre todo en EEUU, Asia y Europa. Ahora se espera que los drones crezcan con mucha más rapidez y que en 2015 haya 44,3 millones de drones pequeños surcando los cielos y generando un negocio de 85.000 millones de dólares, según la consultora eMarket.org.

Los drones se han multiplicado en estos últimos 5 años porque sus aplicaciones son casi infinitas: fotografía aérea y cartografía, control de obras e instalaciones, energía (electricidad, petróleo y gas) , minería, agricultura (en Japón, el 40% de los cultivos de arroz se fumigan con drones), seguridad y control de tráfico, envío de paquetes, medicina (envío de medicamentos en África), salvamento, control de incendios, medio ambiente (hay drones que “siembran nubes”), cine (desde “Skyfall” en 2012, con James Bond a la última película hecha toda con drones: “In the Robot Skies”) o espectáculos musicales (concierto de Lady Gaga en la Super Bowl de 2017). Y también se investiga en el transporte aéreo (“drones taxi”) y en drones acuáticos (barcos y mini submarinos que combatan la contaminación marina). En España, cada vez hay más empresas e instituciones que utilizan drones: las eléctricas (para controlar tendidos y molinos eólicos), Repsol (plataformas), Correos (envío paquetes zonas rurales), Policía Nacional y Mossos d´Escuadra (vigilan con drones infraestructuras alejadas), Tráfico (usará 5 drones para controlar el tráfico en 2019), vigilancia y control de incendios…

La industria de fabricación de dones, unas 700 empresas en el mundo, se concentra en Asia, básicamente en China, Japón y Corea, junto a EEUU y Francia. El gigante de los drones es la empresa china DJI y sus Phantom, que vende el 70% de los drones del mundo, con más de 1.000 millones de dólares de facturación. Le siguen de lejos la norteamericana 3D Robotics y la empresa francesa Parrot, seguidas de Insitu (USA), Ehang (China), Aeryon (Canadá), Yunee (China), Sense Fly (Suiza) y MapBox (USA), según el ranking de droneii.com.

Pero el principal negocio de los drones no está en fabricarlos, sino en adaptarlos para que realicen múltiples tareas, con un software ad hoc. Así han ido proliferando multitud de operadores de drones, que venden sus servicios a empresas e instituciones. Son miles en todo el mundo, aunque sólo hay una élite de 200 empresas que cuentan. Y cada día se producen fusiones, compras y cierres, en un mercado mundial supercompetitivo. Este ranking de operadores está liderado, según Droneii.com, por EEUU (con dos empresas, Zipline y Measure), Reino Unido (Cyberhawk) y… España, que cuenta con la cuarta mejor empresa operadora de drones del mundo y la primera en agricultura: Hemav Technology, una empresa catalana creada en 2012 por unos jóvenes ingenieros aeronáuticos, que tiene 100 drones y 100 empleados y consigue contratos por todo el mundo. Por detrás en el ranking le siguen operadores norteamericanos, británicos, franceses y japoneses.

Curiosamente, España está avanzada en el mundo de los drones: tiene 4.375 drones registrados y 3.754 operadores (particulares y más de 50 empresas), según datos de AESA, lo que nos sitúa en el 3º lugar en el ranking europeo de drones (hay 17.000 operadores en la UE), por detrás de Francia y Polonia (el primer país del mundo que reguló los drones, en 2013). La mitad de los operadores se concentra en Madrid, Cataluña y Andalucía y la mayoría de las empresas que prestan servicios con drones son muy pequeñas: 9 de cada 10 operadores realizan menos de 50 trabajos al año y el 78% facturan menos de 50.000 euros anuales. Casi todos los operadores de drones se concentran en tres tipos de trabajos para grandes empresas e instituciones: fotografía y cartografía aérea, observación y vigilancia e investigación y exploración, según los datos aportados por el 1º Barómetro 2016 elaborado por To Drone.

Hasta ahora, el mercado de drones tenía más empuje en EEUU y Asia porque allí se ha dado  más libertad a la utilización de drones, que en Europa están muy restringidos. Pero en juno de 2017, la Comisión Europea presentó un Plan para desarrollar los drones en Europa, el U-Espace, que ahora se debate y que entrará en vigor en 2019. El Plan se basa en 3 principios: registro obligatorio de operadores, identificación electrónica de los aparatos y seguridad incorporada en el software para impedir a los drones traspasar geobarreras virtuales. Con ello, las autoridades de la UE quieren impulsar una potente industria europea de drones, competitiva con EEUU y China, porque creen que es una tecnología con gran potencial: la Comisión Europea prevé que facture unos 15.000 millones de euros en 2035 y que genere 150.000 nuevos empleos en Europa hasta 2050.

Por una vez, el Gobierno Rajoy ha tomado la iniciativa y se ha adelantado a esta futura normativa europea, aprobando en diciembre de 2017 un Real Decreto que fija las normas para el uso de drones en España, siguiendo la filosofía apuntada en el Plan europeo U-Espace. Con ello, ahora “se abre la mano” a los drones y se les permite volar cerca de edificios y poblaciones y por la noche, todo ello prohibido hasta ahora. Eso sí, los drones tienen que estar registrados y los pilotos tener el título oficial, además de que han de presentar un estudio de seguridad del vuelo y contar con una autorización previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (que tiene 6 meses para darla). El temor de las empresas de drones es que sea “mucha burocracia” y al crecer los operadores se retrasen sus planes de vuelo y trabajo. Pero está claro que tiene que haber un control de los vuelos de drones, que cada uno no puede volar donde y cuando quiera, por problemas de seguridad y privacidad.

Después de aprobar la nueva normativa de drones, el Gobierno ha aprobado en marzo un Plan estratégico de drones 2018-2021, con un objetivo muy ambicioso: multiplicar por 12 el número de drones que vuelen en España, de los 4.375 actuales a 51.400 en 2035. Para conseguirlo, el Plan incluye cuatro ejes de actuación: una normativa más flexible (el Real Decreto ya aprobado y la futura normativa U-Space), fortalecer las empresas y su tecnología (se creará un Centro de investigación en drones, en colaboración con empresas y Universidades), mejorar el conocimiento del sector (gestión del conocimiento y divulgación) y coordinación entre Administraciones para asegurar la seguridad y privacidad. Eso sí, el Gobierno Rajoy no se ha comprometido con ninguna ayuda financiera al sector: el Plan nace sin Presupuesto y muchos se temen que pase como con la Ciencia y la innovación: que no tenga recursos. Máxime cuando las empresas se quejan de falta de financiación, tanto privada (“¿quiere un crédito para una empresa de drones…?”) como pública.

La idea, fomentar una industria española de drones competitiva, es buena, porque se trata de una tecnología no demasiado compleja, donde ya hay empresas españolas muy preparadas (como Hemav Technology) y puede crear negocio y empleo en unos años. De hecho, algunos ya han visto negocio en la formación de pilotos de drones y por toda España han crecido escuelas (hay 74 Centros reconocidos), que ofrecen el título como “una gran oportunidad de empleo para los jóvenes” (previo pago de 1.000 a 1.500 euros y 60 horas de formación). Incluso las autoescuelas han visto negocio y han firmado un acuerdo con la Fundación CNAE para ofrecer este verano cursos certificados de pilotos de drones por 900 euros (en EEUU hay 30.000 pilotos titulados de drones).

Los drones aparecen como un sector económico con gran futuro y muchas grandes empresas e instituciones, en todo el mundo y en España, han empezado a usarlos con regularidad. El Plan estratégico del Gobierno Rajoy pretende regular su utilización por fases, empezando con facilitar primero los usos más demandados (filmación topográfica, agricultura, obra civil, energía, minería y medio ambiente), para fomentar después su uso en telecomunicaciones, control de fronteras, seguridad, emergencias y ciudades inteligentes, dejando para el año 2030 el desarrollo de los drones más complejos: pequeña paquetería, aerotaxis y carga a largo alcance. Todo ello debe ir configurando un nuevo negocio, que podría facturar 127.300 millones de dólares al año en el mundo, según un informe de la consultora PWC: en infraestructuras (43,2 millones $), agricultura (32,4 millones), transportes (13), seguridad (10,2), información, cine y entretenimiento (8,8), telecomunicaciones (6,3) y minería (4,3 millones $). De hecho, grandes empresas del mundo, como Amazon, Google, Airbus o Intel están invirtiendo mucho en drones, que abren enormes posibilidades a sus negocios.

Pero los drones también suponen riesgos. Por un lado, la seguridad, que interfieran el tráfico aéreo o provoquen accidentes, además de los problemas de ciberseguridad (ataques con drones). Por eso, en la normativa europea y de los demás países se incluye la obligación de incorporar un software que impide su paso por las “geobarreras” que instalan los Gobiernos, aunque esto es relativo porque ya se ha creado una generación de “hackers de drones”. Y además, la existencia de miles de drones volando por encima de nuestras ciudades puede crear incomodidades y miedos a los ciudadanos. Otro problema puede ser la privacidad, ya que un pequeño dron puede introducirse en cualquier instalación o propiedad, con posibilidades de grabar y actuar. Todo ello va a llevar al desarrollo de una industria de seguros ligados a la operativa con drones, seguros que ya ofrece en España Mapfre y que abren un nuevo negocio asegurador, anticipado en este informe de Lloyd´s.

Así que apostemos por los drones, un nuevo sector económico que puede generar negocio y empleo en España, pero con garantías suficientes, para que la tecnología sea responsable y segura, lo que evitará el rechazo de los ciudadanos. Apostar por los drones no significa “vender” un Plan muy innovador, sino poner los medios para desarrollarlo, sobre todo con dinero público e investigadores. Que no pase como con la Ciencia en España, medio abandonada y sin recursos. Drones sí, pero con ayudas y apoyos de verdad.

Pensiones y el órdago de los Presupuestos 2018

Mañana 3 de abril, el Gobierno presenta los Presupuestos 2018, sin apoyos para aprobarlos. Un órdago de Rajoy al PNV y al PSOE, con un chantaje claro: a ver si os atrevéis a no apoyar unos Presupuestos que dan “caramelos” a los jubilados, funcionarios, autonomías y familias. Son, una vez más, “trucos”: las ayudas a pensionistas suponen 10 euros de media al mes para 6,7 millones y los funcionarios, autonomías o familias apenas se llevan un pellizco de lo mucho que les han recortado. Y todo el gasto social, desde las pensiones a sanidad o educación, crece menos que la economía. Porque el Gobierno vuelve a recortar el déficit, hasta el 2,2% del PIB, más que Francia o Italia, aunque tengamos el doble de paro. Es un Presupuesto electoralista, con muchas “trampas”, que no consolida la recuperación ni el empleo y no corrige la desigualdad y la pobreza. Habría que recaudar 40.000 millones más (se puede) y gastar mucho más en lo necesario, no repartir “caramelos” electoralistas que a nadie engañan.

enrique ortega

El Gobierno Rajoy aprobó en diciembre la prórroga para 2018 de los Presupuestos 2017, como ya hizo en 2017, prorrogando los de 2016 antes de que aprobara, en junio de 2017, unos Presupuestos para medio 2017. Pero en enero, el ministro Montoro empezó a decir que el Gobierno quería aprobar unos Presupuestos para 2018, para dar imagen de estabilidad ante Europa y los mercados, dada la crisis de Cataluña. Y lanzó un doble chantaje al PSOE: los Presupuestos eran la garantía de una mayor subida para los funcionarios (como querían los sindicatos) y de mayores recursos para las autonomías (escasas de fondos y muchas gobernadas por el PSOE). Pero no consiguió apoyos. Y en esto, los pensionistas se lanzan a las calles y el Gobierno Rajoy ve una posibilidad de “matar dos pájaros de un tiro”: calmar a los pensionistas con algunas subidas y meter estas mejoras en los Presupuestos, para forzar a los demás partidos (sobre todo al PNV y al PSOE) a apoyarlos.

Y así, el Gobierno aprobó el viernes 27 de marzo unos Presupuestos en solitario, apoyados sólo por Ciudadanos y sin el apoyo de los grupos canarios y el PNV, imprescindibles para  sacarlos adelante (como hizo en 2017). Es un órdago en toda regla, que juega con 4 cartas marcadas incluidas en estos Presupuestos 2018: ayudas extras a los pensionistas, los funcionarios, las autonomías, las familias y los jóvenes. “Son unos Presupuestos que benefician a todo el mundo y los que no los apoyen tendrán que explicar por qué lo hacen”, señaló el ministro Montoro tras el Consejo de Ministros.

El primer “caramelo” de estos Presupuestos 2018 son las ayudas a los pensionistas. Se trata de una subida extra, con efectos desde el 1 de enero, para 6.730.000 pensionistas (dos tercios del total), que varían según su pensión: un 3% para las pensiones mínimas (2.400.000) y las no contributivas (450.000), un 2% a las viudas (500.000), un 1,5% para las pensiones de menos de 700 euros (1.500.000 pensionistas) y un 1% de aumento para las pensiones de 700 a 860 euros (1 millón). En total, el “caramelo” supone un gasto extra de 1.000 millones de euros, lo que, repartido entre los 6,73 millones de pensionistas beneficiados da… 148 euros por pensionista, o sea unos 10 euros más que van a cobrar en 14 pagas este año 2018… si se aprueban los Presupuestos. Y para casi la mitad, la subida del 1,5% o menos se la comerá la inflación prevista (1,5%). El tercio restante de pensionistas, casi 3 millones, no reciben nada nuevo, sólo la mísera subida del 0,25% aprobada antes.

El segundo “caramelo” de los Presupuestos se dirige a los 2,5 millones de funcionarios, a los que ya no les subirán el sueldo un 1%, como en 2017, sino un 1,75% en 2018, tras un pacto con los sindicatos que contempla una subida del 6,9% al 8,79% entre 2018 y 2020. Pero al final, la mayoría de los funcionarios cobrarán unos 50 euros más de media cada mes y la inflación (1,5%) se llevará la mayor parte de la subida, tras haber perdido un 14% de poder adquisitivo desde 2010. Además, el Presupuesto incluye otra extra para la Policía Nacional y los guardias civiles: en 3 años cobrarán lo mismo que los Mossos d´Escuadra, aunque este año sólo se paga una parte (500 millones) y se deja el grueso (701 millones) para 2019 y 2020.

El tercer “caramelo” son 4.230 millones más de aportación del Estado a las autonomías, no porque Montoro se sienta “espléndido”  sino porque se prevé recaudar más y las autonomías se llevan entonces más en su reparto de los impuestos. Un dinero que llevan varios meses esperando, ante la falta de un Presupuesto, y con el que el Gobierno presiona a las autonomías socialistas, muy necesitadas de estos fondos, tras 6 años de recortes y sin que Rajoy haya aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica, como prometió en 2016.

El cuarto “caramelo” son rebajas fiscales varias y ayudas a la familia y a los jóvenes, un “caramelo” que quiere apuntarse Ciudadanos y que cuesta unos 2.000 millones de euros en el Presupuesto 2018. Por un lado, se sube el mínimo exento del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, con lo que 3.500.000 españoles no tendrán ya que declarar IRPF (1 millón de ellos, pensionistas). Además, pagarán menos Renta los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Por otro, se dan deducciones fiscales a familias  para guarderías (hasta 1.000 euros anuales) y a familias con dependientes, ampliando los permisos de paternidad de 4 a 5 semanas. Y al margen del tema fiscal, el Presupuesto 2018 incluye el pago de 430 euros a los jóvenes que trabajen y se formen, aunque esto lo pagan los Fondos europeos, no Montoro. Y también se “vende” que estos Presupuestos aumentarán el gasto en becas, Dependencia y Ciencia, un “pequeño caramelo” tras los drásticos recortes hechos entre 2012 y 2016.

En principio, estos “caramelos” del Presupuesto 2018 “suenan bien”, deberían gustar a todo el mundo, aunque sean insuficientes. El problema es que “esconden” la otra parte del Presupuesto, el resto de los gastos, que suben muy poco o nada. Y eso porque este Presupuesto 2018 es otro Presupuesto de ajuste, el 7º de Rajoy, se venda como se venda (“son los Presupuestos más sociales de la historia del PP”, dicen en Génova). Y eso porque el gran objetivo es reducir otra vez el déficit público, del 3,07% en que cerró en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas en 2018. Eso significa, a lo claro, que la diferencia entre gastos e ingresos públicos se reducirá otros 10.000 millones en 2018.

¿Cómo se puede a la vez gastar más en “caramelos” y otras partidas y a la vez rebajar el déficit público, reducir el agujero de las cuentas públicas? Pues creciendo más , recaudando más y gastando poco. Por un lado, Rajoy ha subido el crecimiento previsto en 2018 del 2,3 (octubre) al 2,7%, con lo que espera ingresar 12.000 millones más en 2018 (algo "increíble", según los técnicos de Hacienda GESTHA). Y además, va a subir el gasto en la mayoría de las partidas menos del crecimiento nominal de la economía, menos del 4,2% (2,7% del PIB+1,5% inflación), para poder recortar el déficit.

Así, nos venderán subidas en casi todo, pero inferiores al 4,2%, con lo que en realidad esas partidas de gasto pierden peso. Un ejemplo, las pensiones: el gasto crece año tras año y en 2018, pero el peso del gasto en pensiones está cayendo: en 2013, España gastaba un 10,6% del PIB en pensiones y en 2017 gastamos un 9,9%. Menos, aunque sean más euros. Y lo mismo pasa en sanidad (baja gasto del 6% del PIB en 2017 al 5,8% en 2018), educación (baja del 3,9% al 3,8%) y gastos sociales (bajan del 16,5% del PIB en 2017 al 16,2% en 2018): llevan años creciendo el gasto menos que la economía, perdiendo peso y deteriorándose así el Estado del Bienestar en España. Otro ejemplo: en Dependencia, el Presupuesto 2018 sube sólo 46 millones (fueron +100 millones en 2017), casi los que se dejaron de gastar en 2017 (44 millones) porque las autonomías no pudieron poner su parte (ahora tendrán que poner 184 millones en seis meses y como no podrán, tampoco esos 46 millones extras se gastarán), según denuncian los Directores de Servicios Sociales.

Así que el Gobierno Rajoy no sólo echa un órdago a los demás partidos con el Presupuesto 2018 sino que hace de “trilero” con las cuentas: sube unas partidas ostensiblemente, para frenar protestas con pequeñas mejoras en vísperas de las elecciones 2019, y aumenta poco otras, para poder seguir recortando el déficit público por debajo del 3%, algo difícil y sin sentido. Difícil, porque el Banco de España no se cree que el Gobierno rebaje el déficit este año al 2,2% (creen que será del 2,5%), como tampoco Bruselas (creen que será del 2,4%). Y eso porque Montoro siempre exagera al hacer el Presupuesto y contempla más recaudación de la que luego consigue, con lo que ningún año ha cumplido el déficit (salvo en 2017). Y además, es un esfuerzo sin sentido porque, inicialmente, el tope del déficit para los países euro es del 3%. Y hay países como Francia e Italia que han hecho un Presupuesto 2018 con una previsión de déficit del 2,6%. ¿Tiene sentido que España se sacrifique en tenerlo más bajo cuando tenemos menos renta, más pobreza y desigualdad y el doble de paro? No, salvo para que Rajoy presuma “de rigor” ante los fundamentalistas del déficit de Bruselas.

El problema de fondo de estos Presupuesto 2018 no son los “caramelos” que incluye para forzar a apoyarlos. La clave es que no son los Presupuestos que necesita España. Básicamente, porque hacen falta unas cuentas públicas que consoliden la recuperación y el empleo, que permitan crecer más en un año en que no tendremos “ayuda externa” como en el pasado, porque están subiendo el petróleo, el dólar y los tipos, que juegan en nuestra contra. Lo que la economía necesita no son más recortes ni gastos “maquillados”, sino un impulso desde los Presupuestos, con más gasto en lo que nos hace falta: un Plan de choque contra el paro (5.000 millones), un Plan de empleo para los jóvenes (3.000 millones), una mayor financiación de las pensiones (25.000 millones, para tapar los 17.000 millones de déficit y permitir unas subidas dignas), una recuperación de la sanidad, la educación y la Dependencia (con 10.000 millones más de gasto mínimo), un Plan contra la pobreza (2.000 millones) un empuje a la Ciencia y a la industrialización (2.000 millones) y un programa de inversiones públicas (3.000 millones) que modernice infraestructuras y potencie la inversión privada. En total, unos 50.000 millones extras, no los pequeños “caramelos” que nos venden ahora.

Y estos gastos se pueden afrontar, en dos años, si los Presupuestos afrontaran su principal reto: recaudar más. El gran problema de España, como insisten los expertos, la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, es que tiene muchos menos ingresos públicos que el resto de Europa: en 2018, según datos de Bruselas, recaudaremos un 38% del PIB mientras la media de la UE-27 recaudará el 44,6%. Eso se traduce en que España recaudará este año 72.000 millones de euros menos que la media europea. Una cifra que permitiría gastar mucho más. Y recaudamos menos, según la Comisión Europea, porque recaudamos menos por IVA (demasiadas excepciones al 21%), por carburantes (Montoro se niega a subir impuestos al gasóleo, por le pide Bruselas), por impuestos medioambientales, por IRPF (demasiadas deducciones) y por sociedades (demasiadas exenciones).

No se trata de subir los impuestos a la mayoría que ya pagamos (asalariados, pensionistas y familias pagan el 83% de los impuestos) sino de reducir el fraude fiscal y subir los impuestos a los que pagan poco (“legalmente”): grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos. Pero de esto no quieren oír hablar el PP y Ciudadanos, que se pelean por ver “quien baja más los impuestos”. Y lo que hace falta es subir la recaudación, acercarla a niveles europeos, no bajarla. Porque sólo recaudando más se puede gastar más y hace mucha falta hacerlo para que la recuperación llegue de verdad a la mayoría. Y para que las mejoras a los pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias sean de verdad y no "cosméticas", con reformas de fondo que no se afrontan, como la de las pensiones o la reforma fiscal. 

Ya tenemos Presupuestos 2018 y a finales de abril, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, se verá si salen adelante (con “caramelos” de verdad para vascos y canarios: cupo, inversiones AVE, recortes tarifa eléctrica industrias, régimen especial canario, inversiones y ayudas al transporte)  o si se devuelven al Gobierno, que podría entonces aprobar las mejoras a pensionistas, funcionarios, autonomías y familias con varios Decretos-leyes, como ha hecho otras veces. Pero se habrá perdido una oportunidad  de oro para debatir y aprobar unos Presupuestos que de verdad ayuden a la economía y no busquen votos. Unas cuentas públicas que consigan más ingresos públicos y los gasten en lo que hace falta. Unos Presupuestos que consoliden la recuperación y apuesten por un país menos desigual y más justo.

La apuesta por los Centros comerciales

Los inversores extranjeros llevan 3 años apostando por el ladrillo en España, invirtiendo en oficinas, hoteles y Centros comerciales: el año pasado se abrieron 5 nuevos Centros y 29 cambiaron de manos, mientras se esperan 20 aperturas entre 2018 y 2020. España tiene 555 Centros comerciales, el 4º país con más instalaciones, tras Reino Unido, Alemania y Francia. Esta fiebre por los Centros comerciales, en España y el resto de Europa, contrasta con EEUU, donde no paran de cerrar Centros y van a desaparecer la cuarta parte. De momento, los Centros comerciales en España tienen tráfico (1.900 millones de visitantes), ventas y generan altos alquileres. Además, se dan grandes “pelotazos” cuando cambian de manos. Pero su futuro está amenazado por las ventas online. Los expertos creen que sobrevivirán, convirtiéndose en grandes Centros de ocio, con entretenimiento, deportes, restaurantes y tiendas. Pero ojo a una posible “burbuja”, alimentada por inversores extranjeros (dueños del 75% de Centros), que se pueden ir en cualquier momento y dejarnos un rosario de “cementerios comerciales”. Habría que planificar su crecimiento.

enrique ortega

En todo el mundo hay una verdadera “fiebre inmobiliaria”, alimentada por el dinero abundante y barato y por la especulación, que deja grandes beneficios en la compra venta de inmuebles, oficinas, hoteles, naves industriales y Centros comerciales. En 2017 se invirtieron en el mundo 1,62 billones de dólares en inmuebles, más de la mitad de inversores asiáticos, sobre todo de China, según el Global Investment Atlas 2018. Y España fue el cuarto país del mundo que atrajo más inversión inmobiliaria, tras EEUU, Reino Unido y Alemania: 13.990 millones de euros de inversión directa, un 45% más que en 2016, según la consultora inmobiliaria JLL. Dentro de este “boom del ladrillo”, la mayor inversión inmobiliaria (el 28% del total) se ha dirigido al comercio (“retail”): 3.909 millones de euros de inversión en 2017, un 31% más que en 2016, repartidos entre los Centros y parques Comerciales (2.700 millones) y tiendas, supermercados e híper (1.209 millones).

La inversión en Centros comerciales batió en 2017 otro récord histórico, como viene pasando desde 2015: creció un 35%, hasta los 2.700 millones de euros (2.000 millones en 2016), según la patronal AECC, el 70% capital extranjero, básicamente británico, norteamericano, francés y alemán. El año pasado se abrieron 5 nuevos Centros comerciales (Alisios en las Palmas, Sambil Outlet y Plaza Río 2 en Madrid, Terrasa Plaza en Barcelona y Parque Melilla) y se realizaron 29 transacciones (compraventas, ampliaciones, intercambio de acciones), entre ellas, la venta de Madrid Xanadú (se pagaron 530 millones de euros, la cifra más alta pagada por un Centro comercial en España), de Nueva Condomina (en Murcia: 233 millones), Área Sur (Jerez: 110 millones) y Alcalá Magna (Alcalá de Henares: 105 millones).

Con estas operaciones, España cuenta ya con 555 Centros y parques comerciales, unas instalaciones que tienen 15,8 millones de metros cuadrados, con 33.744 tiendas y generan 720.000 empleos (332.000 directos), según la patronal AECC. Eso coloca a España como el 4º país europeo con más Centros comerciales, sólo por detrás de Reino Unido (1.200 Centros), Alemania y Francia (unos 700 Centros comerciales cada uno). En general son Centros de tamaño medio, muy alejados de los grandes Centros comerciales de Asia y Norteamérica. Así, el mayor Centro comercial en España, Puerto Venecia (en Zaragoza) tiene 206.000 metros cuadrados, menos de la tercera parte que el mayor Centro comercial del mundo, el South China Mall (660.000 metros cuadrados), instalado en la ciudad china de Dongguan (en Cantón, cerca de Hong Kong), al que siguen, en el Top 10 mundial, 6 Centros en Asia y uno en Turquía, Canadá, Dubai y EEUU.

La patronal de los Centros comerciales (AECC) cree que la fiebre va a seguir y prevé que se pongan en marcha 27 nuevos proyectos entre 2018 y 2020, con 1 millón de metros cuadrados más de oferta en Centros comerciales. La mayoría serán la apertura de nuevos Centros (20), entre ellos el Open Sky en Torrejón de Ardoz (Madrid), para diciembre de 2018, el Centro Palmas Altas en Sevilla (abrirá en 2019), el Centro Canalejas, en Madrid (abrirá a principios de 2019) y el Centro Comercial de Benidorm (para el verano de 2019). De momento, en los dos primeros meses de 2018 ya se han cerrado 4 importantes operaciones en Centros comerciales, por valor de 300 millones (Parque Corredor en Torrejón, Modoo Oviedo, Plaza Imperial en Zaragoza y Rivas Futura en Madrid) y los expertos creen que este año podría batirse un nuevo récord de inversión en Centros comerciales, rozando los 3.000 millones de euros. Y además, sigue la fiebre por invertir en nuevos supermercados y tiendas de moda en el centro de las ciudades, al calor del consumo.

La inversión en Centros Comerciales les parece a los inversores (el 75% extranjero) un buen negocio por varias razones. La primera y básica, porque son lugares de mucho tráfico de consumidores, compren o no: tuvieron 1.900 millones de visitantes en 2017, un 1,8% más que en 2016, según la patronal del sector (AECC). Y además, los visitantes compran: el año pasado se vendió en los Centros por valor de 43.950 millones de euros, un 3,5% más y todo un récord histórico, consiguiendo un 17,9% de cuota de mercado. En el caso de España, el “boom” del turismo (el de verano y los cruceros) es un aliciente complementario para la fiebre de instalar Centros Comerciales próximos a la costa (Levante, Cataluña y Andalucía). Estas ventas crecientes permiten a los inversores cobrar altos alquileres a las tiendas, lo que genera fuertes ingresos y una rentabilidad de la inversión entre el 5% y el 6%.

Pero quizás, lo que más atrae a los inversores extranjeros a los Centros comerciales es la posibilidad de “dar un pelotazo” si luego venden su participación. Así, en 2016, el fondo británico Northwood  vendió el Centro Comercial Diagonal Mar a Deutsche Bank por 495 millones, cuando lo había comprado 3 años antes por 160 millones (335 millones de beneficio). Claro que también a veces pierden: los dueños de Madrid Xanadú lo han vendido por 530 millones cuando lo compraron en 2006 por 770 millones.

En cualquier caso, también hay “sombras” sobre el futuro de los Centros comerciales. Una de ellas es que grandes marcas que han abandonado los Centros en los dos últimos años, entre ellas Inditex, C&A, Cortefiel y Alfonso Domínguez, mientras las pequeñas tiendas se quejan de las subidas de los alquileres. Pero la mayor amenaza es el comercio online, el creciente interés de los consumidores por comprar por Internet. Esto es lo que ha hundido a los Centros comerciales en EEUU (los “Mall”): se han cerrado miles de tiendas y grandes almacenes que han dejado vacíos los Centros comerciales y se estima que en los próximos 5 años van a cerrar 300 de los 1.200 Centros comerciales en Estados Unidos.

Los expertos creen que la crisis de los Centros comerciales en EEUU no se va a dar en España ni en Europa por varias razones. Una, porque aquí el comercio online no tiene tanta fuerza: supone un 4% de las ventas en España frente al 15% en USA (sí podría hacer daño en Reino Unido, con un 20% de ventas online). La segunda diferencia es que en EEUU hay un exceso de Centros comerciales, una “sobre oferta”: 5 veces más metros cuadrados por habitante que en España y Europa. O sea, que ha “estallado la burbuja”, máxime cuando los Centros comerciales en EEUU son muy antiguos (más de un tercio son de antes de 1978) y se han quedado obsoletos, con una oferta muy pobre: la mayoría tienen un par de grandes almacenes y unas pocas tiendas, con escaso ocio, restauración y otros servicios.

Así que la patronal del sector, los expertos y los inversores creen que “Europa es diferente” y que los Centros comerciales “tienen recorrido” siempre que se aprenda de los errores USA y se apueste por la innovación de la oferta. Por un lado, defienden renovar las instalaciones, que en el caso de España tienen ya 17 años de vida media (se construyeron al principio del siglo), por lo que el 40% de los Centros comerciales en España necesitan remodelarse. Y al hacerlo, la clave es considerarlos como “grandes espacios de ocio”, ofreciendo junto a las tiendas y comercios de todo tipo una oferta complementaria atractiva: restaurantes, cines y espectáculos, actividades deportivas y lúdicas, parques  y muchos otros servicios (hay Centros que ya incorporan clínicas dietéticas, hospitales, hoteles y hasta bibliotecas). Se trata de diseñar Centros comerciales donde las familias “pasen el día”, gastando no sólo en compras. Y Centros donde puedan hacerse conjuntamente compras físicas y online.

En resumen, parece que la fiebre de los Centros comerciales va a seguir, según la consultora CBRE, con la apertura de Centros más modernos y completos mientras quizás se queden vacíos los Centros más antiguos y obsoletos. Pero ese crecimiento de los Centros comerciales debe hacerse con cuidado, para no crear una “burbuja” que un día nos explote, como la de la vivienda en 2008. La autorización de los nuevos Centros comerciales la hacen las autonomías y cada una “va a su aire”: unas permiten casi todo (Madrid y Cataluña) y otras son más restrictivas, como Andalucía y la Comunidad Valenciana, que no quiere autorizar el mega Centro de Puerto Mediterráneo (en Paterna, Valencia), mientras se quiere abrir otro en Torremolinos para 2020 (Intu Costa del Sol). Y los inversores, el 75% extranjeros, sólo buscan rentabilidad a corto: invertir, cobrar rápido y si pueden, irse pronto con plusvalías. Y si detrás queda un “cementerio comercial”, es cosa de los españoles. Así que cuidado con los Centros: abrir nuevos sí, pero con mesura y planificación. Para que luego no haya que “rescatarlos” con nuestro dinero.

Plan de vivienda: muchas trampas y poco dinero

El Gobierno ha aprobado el Plan de vivienda 2018-2021, dicen que “el más social de la historia”. Pero está repleto de “trampas”, para gastar lo menos posible, un 43% menos que su anterior Plan 2013-2016. Para ello limitan las ayudas a alquileres de 600 euros (o 900), que apenas hay, con limitaciones de ingresos que dejan fuera a muchos. Y se aprueba tarde, sin aportación autonómica este año. Resultado: 88 euros de ayuda al mes para medio millón de españoles. Menos de lo que cuesta rescatar las autopistas. El Plan debería volcarse sólo en el alquiler y actuar sobre la oferta, no sobre la demanda: si los alquileres están disparados es porque hay pocos. La solución es doble: incentivos fiscales para que se alquilen parte de los 3 millones de pisos vacíos y dedicar el triple de dinero para  promover viviendas públicas en alquiler. Poner en el mercado 1 millón de alquileres más, una parte públicos y a bajo precio, como en Europa. No un Plan engañoso, que "racanea" ayudas y hará subir los alquileres.

enrique ortega

La vivienda preocupa cada vez más a los españoles que no tienen piso propio. Y es normal, porque los precios de las casas llevan años subiendo sin parar (más de un 20%) y en 2017 se han encarecido otro 6,2%, la mayor subida en 10 años. Y los alquileres suben aún más, un 25% en los dos últimos años,  con lo que alquilar un piso en una gran ciudad cuesta ya entre 900 y 1.500 euros (si se encuentra). Un alto coste que ha disparado los desahucios de familias que no pueden pagar el alquiler: 35.666 desahucios en 2017, 150 cada día laborable, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y mientras, los jóvenes y las familias recién creadas tienen contratos precarios y sueldos mileuristas, con lo que no pueden comprar ni alquilar, obligando a muchos (el 80,6% de los jóvenes) a vivir con sus padres.

En medio de este panorama, el Gobierno Rajoy aprobó el 9 de marzo el Plan de Vivienda 2018-2021, con 15 meses de retraso y una prórroga en 2017 del anterior Plan 2013-2016. Y lo ha “vendido” a todo trapo como “el Plan más social de la historia” (PP dixit), que intenta ayudar a los españoles a alquilar o comprar una vivienda. Pero el Plan está repleto de “trampas”, porque tiene un objetivo de partida: gastar lo menos posible. De entrada, el Plan de vivienda 2018-21 contempla un gasto del Estado de 1.443 millones de euros, dicen que un 62,4% más que el Plan anterior. Primera “trampa”: lo comparan con el gasto realmente hecho en esos cuatro años (888,21 millones), no con el Presupuesto que tenía el anterior Plan (2.311 millones), como debe ser. Y entonces resulta que van a gastar un 43% menos. Y eso si lo cumplen, porque este año está medio perdido y las autonomías, que son las que gestionan el Plan, no aportarán un euro este año, porque ya tienen aprobados y en marcha sus Presupuestos. Además, las autonomías gobernadas por el PSOE se quejan del reparto de las ayudas por autonomías, por "opaco" e injusto.

Se trata pues de un Plan “social” para la galería pero casi con la mitad de dinero que el anterior, gracias a que ponen “trampas” por todos lados para gastar menos. Por un lado, las ayudas al alquiler son para alquileres de no más de 600 euros al mes (apenas hay), que pueden subir a 900 euros en algunas  ciudades (hay 3.800 alquileres de 900 euros en Madrid y Barcelona, según el portal Idealista.com, el 1% del total). Por otro, en la letra pequeña del BOE (no lo dijo el ministro al “vender el Plan) han incluido una limitación a los beneficiarios de la ayuda al alquiler de 35 a 65 años: no pueden ganar más de 806,76 euros al mes (si viven solos), más de 1.075 euros si son dos y no más de 1.344 euros al mes si son tres, lo que deja a muchos españoles fuera. Y a la hora de ayudar a los jóvenes a la compra de pisos, sólo aportan 10.800 euros (el 10% de una casa de 100.000, el tope que permiten) y sólo incluyen viviendas en ciudades de menos de 50.000 habitantes, donde únicamente viven el 11% de los jóvenes españoles (cuyo problema es comprar o alquilar en grandes ciudades).

Además, y para enfadar aún más a los jubilados, el nuevo Plan de Vivienda tiene otra “trampa” escondida: quita el pago de 200 euros que se estaba dado a algunos mayores de 65 años que tenían piso en propiedad, para ayudarles a pagar la comunidad o algunos recibos. Con todo ello y con un abanico de requisitos muy estrictos en todas las ayudas (al alquiler, la compra y la rehabilitación), el Plan prevé “ayudar” a 557.109 beneficiarios en cuatro años. Si a los 1.443 millones que pone el Estado sumamos lo que van a poner las autonomías (un 30%, a partir del año que viene), otros 328 millones, el gasto total en el Plan de vivienda 2018-2021 será de 1.771 millones de euros, lo que da una ayuda media por beneficiario de…88 euros al mes. Una “miseria” como para ayudar de verdad a comprar o alquilar. Y con ello, el Gobierno Rajoy dedicará a la vivienda menos dinero del que nos costará rescatar las autopistas de peaje privadas (mínimo: 2.500 millones de euros).

El Plan de vivienda 2018-2021 tiene tres patas. La primera y fundamental son las ayudas al alquiler, que varían según la edad del que las solicite. Para los jóvenes (menores de 35 años) y mayores de 65 años, se les subvenciona por tres años el 50% del coste del alquiler, pero con el tope de 600 euros (y 900 en algunas ciudades). Eso sí, la condición es que ganen menos de 22.558 euros al año. En el caso de familias desahuciadas, se les subvenciona el 100% del alquiler, pero hasta un máximo de 400 euros (dónde hay alquileres de 400 euros?: otra trampa más). Para los españoles de 35 a 65 años, la ayuda es menor, del 40% del alquiler, y sólo se les da si ganan entre 11.182 (solteros) y 18.798 euros (3 personas), lo que restringe mucho. Y además, hay una novedad: por primera vez el Plan subvenciona a los promotores privados que hagan viviendas para alquilar (con 350 euros/m2), una buena iniciativa que puede fracasar, como ha pasado con las ayudas a las viviendas de protección oficial (VPO), si no se facilita esta construcción privada, quitando burocracia y poniendo suelo público en manos de los promotores privados. También se ayuda a los promotores que construyan pisos con servicios comunes para alquilar a mayores, otra buena idea que algunos promotores critican  porque está llena de restricciones.

La segunda pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la compra de vivienda para jóvenes, poco más que “simbólicas”, porque las restringen a viviendas en ciudades de menos de 5.000 habitantes, donde sólo viven el 11% de los jóvenes, según el portal idealista.com. Y otra limitación: la ayuda tiene un tope de 10.800 euros, un 10% del precio máximo de coste de la vivienda, 100.000 euros (UGT dice que la ayuda “es un espejismo: no da ni para pagar el notario y los gastos). Los expertos critican que se ayude a la compra, cuando un joven debería dedicar un 61% de sus ingresos (898,35 euros de media, según el Observatorio de la Juventud) a pagar una hipoteca, algo que les invalida como clientes ante los bancos. Y algunos creen que el Gobierno sólo busca con esta ayuda dar salida a los pisos que no consiguen vender los bancos y la SAREB (el “banco malo”), situados muchos en pequeños municipios.

La tercera pata del Plan de vivienda 2018-2021 son las ayudas a la rehabilitación, “una guinda” para decorar el Plan, que contempla ayudas del 35 al 40% de la inversión, incluyendo por primera vez las viviendas unifamiliares y rehabilitar viviendas aisladas, no edificios enteros. Esta ayuda tampoco ha funcionado en el Plan anterior (25.880 actuaciones en 2016), pero podría ser una buena salida para familias con viviendas antiguas, aunque no sea la prioridad.

Al final, la primera crítica que puede hacerse al Plan de Vivienda 2018-2021 es que tiene recursos muy escasos, un 43% menos que el Plan anterior. Y además, tiene tantas “trampas” y requisitos por todos los lados, que lo normal es que no se gaste lo presupuestado (el Plan 2013-2016 gastó solamente el 38,43%). Pero aunque se gastara todo, sería un esfuerzo mínimo: 1.771 millones en cuatro años, 442 millones anuales, el 0,04% del PIB, un porcentaje ridículo comparado con lo que gastan la mayoría de países en subsidios a la vivienda, según la OCDE: 1,41% del PIB Gran Bretaña, 0,83% Francia, 0,59% Alemania o 0,45% Suecia. Y Eurostat acaba de publicar las ayudas públicas a la vivienda y equipamientos colectivos en Europa en 2016: 0,6% de media en la UE-28, 1,1% en Francia o  0,7% en Gran Bretaña o Italia  frente al 0,5% en España y  0,4% en Alemania. Y un dato más: sólo la ciudad de Viena gasta cada año en vivienda social 600 millones de euros, más que toda España al año con este Plan 2018-2021.

Pero la principal crítica de fondo al Plan de Vivienda 2018-2021 no es que “racanee” con las ayudas y gaste poco: es que está mal orientado. El problema de la vivienda, sobre todo del alquiler, no está en la demanda, sino en la oferta: hay pocos pisos en alquiler y por eso los alquileres se han  disparado. Por eso, ayudar al alquiler acabará traduciéndose en nuevas subidas de los alquileres, como denuncian los portales inmobiliarios y han demostrado algunos estudios universitarios: si el propietario sabe que ahora le subvencionan al inquilino el 40 o el 50% del coste, tenderá a subirlo, porque no se notará tanto con la ayuda. Así que el dinero público del Plan acabará en el bolsillo de los arrendadores. La alternativa es gastar ese dinero en aumentar la oferta, en ampliar el número de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades, lo único que bajaría los precios y ayudaría de verdad a los inquilinos.

Hay dos vías para actuar y conseguir que haya más pisos en alquiler. Una, incentivar a los propietarios de los 3 millones de casas vacías (particulares, bancos y empresas) a que las pongan en alquiler, con ayudas fiscales. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno Rajoy, que en mayo de 2015 rebajó la deducción fiscal a los propietarios que alquilaban, del 100% al 50% del alquiler, y se la quitó a los inquilinos. Hay que conseguir que al menos 500.000 de esos pisos se alquilen, no por la fuerza, obligando al dueño (eso nunca funciona) sino convenciéndole de que le sale rentable (y “garantizándoles” el cobro de los alquileres). La otra vía es crear un parque público de viviendas en alquiler, a partir de las viviendas protegidas (VPO) vacías (15.000), las viviendas del “banco malo” SAREB (76.000), viviendas que se compraran a bancos y particulares a precios razonables y nuevas viviendas que podrían promover Ayuntamientos, autonomías, ONGs y Fundaciones si tuvieran ayudas, lo que apenas se contempla en este Plan de Vivienda. Podrían ser otras 500.000 viviendas en 4 años.

Y con ellas, tendríamos un parque de 1 millón de nuevas viviendas para alquilar, que forzarían a la baja los alquileres, la mejor ayuda. Y en la parte de las viviendas públicas, podría reservarse una parte para familias sin casi recursos, alquileres sociales de 150 a 400 euros, que no se contemplan en este Plan. Crear un gran parque público de viviendas en alquiler no es una propuesta “de rojos”, es algo que se hace en toda Europa, para permitir que alquilen los que no pueden pagar un alquiler de mercado. Holanda tiene 2.300.000 viviendas públicas en alquiler, el 32% del mercado, Austria el 24%, Dinamarca el 19%, Suecia el 18%, Reino Unido el 18%, Francia el 16%, Irlanda el 9%, Alemania el 2% (1 millón de viviendas) y España… el 2%, unas 300.000 viviendas, según datos oficiales. 

Menos gasto público y menos ayudas a la vivienda cuando en España hay un problema grave de alojamiento para tres colectivos: jóvenes, ancianos y pobres. El 80,6% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres: son 5.236.856 jóvenes que no pueden emanciparse. Dar alojamiento a la cuarta parte supone buscar alquiler para 1.300.000 jóvenes. De los mayores de 65 años, el 91% es propietario de su vivienda, pero el resto, unos 800.000 mayores, viven de alquiler y algunos con dificultades. Ayudar a la cuarta parte supone buscar alojamiento a 200.000 mayores. Y hay 10,5 millones de españoles en situación de pobreza (ingresan menos del 60% de la renta media), de ellos 3 millones de pobres en situación precaria. Buscar alojamiento a la mitad supone sumar 1.500.000 personas más a la lista de los que tienen más problemas de vivienda, 3 millones de españoles en total. Y el Plan de vivienda 2018-2021 pretende ayudar a sólo 557.000, en el mejor de los casos.

Necesitamos un Plan de vivienda más ambicioso, que al menos triplique los beneficiarios (1,5 millones, la mitad de los que realmente necesitan ayuda) y el gasto en vivienda, hasta los 5.000 millones de euros en cuatro años. No es un objetivo descabellado si España recaudara más impuestos, como el resto de Europa (ingresamos 72.000 millones menos cada año por el mayor fraude fiscal y porque pagan poco grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). Y si destinamos las ayudas, no a financiar a los arrendadores sino a poner en alquiler viviendas vacías y crear un parque público de 500.000 nuevas viviendas en alquiler, para los que no pueden pagar los alquileres de mercado. Todo lo demás son “trampas” y “demagogia”, disfrazados de un Plan de vivienda  “el más social de la historia". Otro engaño más.