Sin más reformas no hay más Fondos europeos
El 20 de diciembre, el Gobierno español envió una
carta a Bruselas para pedir el 5º pago de los Fondos europeos
adjudicados. Un día antes, el Gobierno Sánchez peleó a fondo en el Congreso
para aprobar varias Leyes que exige la Comisión Europea para hacernos
ese pago. Una de las medidas exigidas, la subida del impuesto al gasóleo (+11 céntimos/litro), no se ha podido pactar y se pospone hasta marzo. Pero si no se implanta el 1 de abril, Bruselas nos quitará parte de los Fondos se esta 5ª entrega. Hasta ahora, el Gobierno ha aprobado 181 reformas y han
llegado ya 48.000 millones de subvenciones europeas, a los que sumar los
8.000 millones pedidos ahora. Faltan 3 entregas más, en 2025 y 2026, por
24.000 millones (y otros 84.000 millones en créditos). Pero todo
este dinero europeo no llegará si España no aprueba otras 500 reformas, algunas de ellas Leyes
que han de pactarse en el Parlamento. Y con la oposición a la contra y el
Gobierno débil (chantajeado por sus socios), no parece nada fácil
asegurar los futuros Fondos europeos. Por favor, pacten y no perdamos dinero.
España fue el primer país europeo en aprobar un
Plan de Recuperación, el
27 de abril de 2021, para optar a las ayudas y créditos del
Fondo “Next Generation EU”, unos 140.000 millones inicialmente
adjudicados a España (70.000 en subvenciones a fondo perdido y 70.000 en
créditos con bajo interés), con 4
objetivos básicos: la transición energética, la
digitalización de la economía, las reformas económicas necesarias y la
reducción de desigualdades regionales, sociales y de género. El Gobierno
Sánchez envió el Plan a Bruselas el 30 de abril y un mes y medio después, el
16 de junio de 2021 lo
aprobó la Comisión Europea (fue el primer Plan nacional aprobado),
siendo ratificado por los ministros de Economía de la UE, el 13 de julio de
2021, “con la máxima calificación”.
A partir de ahí, el Plan de Recuperación empezó a andar
y enseguida llegaron los primeros Fondos europeos: el 17 de agosto de 2021, el
Tesoro español recibió la
primera transferencia de la UE: 9.036 millones en concepto de “prefinanciación”.
A partir de ahí, se establecían 8 desembolsos oficiales, 8 entregas
de Fondos europeos hasta agosto de 2026, que se irían abonando a medida que
España justificara a la Comisión Europea que se habían hecho las reformas e
inversiones exigidas. Había que “sudar” para recibir cada entrega…
El primer
desembolso oficial condicionado (tras el anticipo de agosto) llegó el 27
de diciembre de 2021: 10.000 millones de euros, recibidos tras
confirmar la Comisión que España había cumplido 52 hitos y reformas,
entre ellas la Ley de Cambio Climático, la mejora de la conectividad, el Plan
de Ciencia, la modernización de la Administración Pública y los Planes para la
igualdad retributiva de hombres y mujeres. Además, España tuvo que aceptar y
firmar antes, en noviembre de 2021, el Reglamento de concesión de los Fondos
europeos aprobado por la Comisión, una exigente “hoja de ruta” para asegurar su
buen funcionamiento.
España siguió con su calendario de reformas e inversiones y el
27 de junio de 2022, la Comisión Europea aprobó un 2º desembolso oficial a España: otros
12.000 millones de euros de subvención, recibidos tras cumplir 40
hitos, entre ellos la reforma laboral, la 1ª fase de la reforma de las
pensiones, la estrategia de movilidad sostenible, la hoja de ruta de la eólica
marina, la Carta de Derechos Digitales, la Ley Riders (repartidores), las
medidas fiscales para el despliegue de la Red 5-G, la modernización de la Agencia
Tributaria, el Plan de acción para la Atención Primaria y la Ley de la Cadena
Alimentaria.
Ya en 2023, el 17 de febrero, la Comisión Europea
autorizó el
tercer desembolso condicionado para España: 6.000
millones de euros, que llegaron el 28 de marzo, tras confirmarse que España
había cumplido otros 29 hitos y objetivos en 2022, entre ellos la Ley
Concursal, la Ley de Formación Profesional, la reforma de la cotización de
autónomos y la Ley de medidas contra el fraude fiscal. Esta vez, la
luz verde al tercer pago costó más, porque España tuvo que convencer a la
Comisión de los cambios en el sistema de control y auditoría implantados para
cumplir con los estándares de vigilancia europeos, una
herramienta llamada CoFFEE, perfilada por Economía y Hacienda.
Y en pleno verano, el 26 de julio de 2024, España
recibió el 4º pago condicionado, de 9.883 millones de euros, tras
confirmar Bruselas que había cumplido 61 hitos y objetivos más, en la
transformación digital, la transición energética, pensiones, educación,
tratamiento de aguas, digitalización de servicios públicos y cooperación
internacional. Con este 4º pago condicionado (de los 8 previstos),
España había recibido (en julio de 2024) un
total de 48.000 millones de subvenciones europeas
(a fondo perdido), el 60% del total adjudicado (al final, 79.954
millones de euros, en vez de los 70.000 inicialmente previstos, por ajustes
en el PIB y nuevos Fondos). Con ello, España es el país europeo al que la
Comisión ha entregado más Fondos europeos y también el país que ha cumplido
más hitos (181).
Ahora, en plenas Navidades, España
pide a Bruselas el pago de la 5ª entrega de Fondos europeos, otros
8.000 millones de euros, que llegarán en 2025. Y además, pide también la
1ª entrega del paquete de créditos (a bajo interés), 16.000 millones de
euros, que nos corresponden como parte del paquete de 84.000 millones en
créditos del Plan de Recuperación adjudicados a España por el Consejo Europeo, en
octubre de 2023. La entrega de este primer paquete de créditos (el 20% del
total) es también a cambio de nuevas reformas (30 hitos), a las
que se comprometió España al solicitarlos
en diciembre de 2022. De estos 84.000 millones en créditos, 24.000
los gestionará el Banco Europeo de Inversiones (el BEI, presidido por Nadia
Calviño) y 40.000 el ICO (Instituto de Crédito Oficial), que los canalizará a empresas, particulares e instituciones para proyectos “verdes”,
innovación, tecnología, vivienda y digitalización.
Esta 5ª solicitud de subvenciones (y la 1ª de
créditos) a Europa se hizo sólo un día después de que el
Gobierno Sánchez lograra
aprobar en el Congreso, al 19 de diciembre,
varios proyectos de Ley que exige Bruselas para hacernos
el nuevo pago de Fondos Europeos. Por un lado, el Gobierno consiguió aprobar “in
extremis” una Ley con medidas fiscales “descafeinada”, porque el veto conjunto de Junts y PNV habían sacado
el impuesto a las energéticas (por presiones de Repsol e Iberdrola). Y por otro,
una negociación de última hora con Podemos permitió aprobar dos Leyes sobre
la Eficiencia de la Justicia y el Derecho de Defensa, también exigidas por
Bruselas.
Eso sí, el Gobierno no
pudo aprobar en el Congreso la subida del impuesto al gasóleo (+11
céntimos por litro con el IVA, lo que encarecerá 6 euros el llenar un depósito), para equiparar
su impuesto (0,3790 euros por litro) al de la gasolina (0,4726 euros por litro),
por presión de Podemos, que justificó su veto en que la subida perjudica
a los más vulnerables, aunque es una exigencia medioambiental de la UE (el gasóleo emite más CO2 y partículas que la gasolina) y clave para recaudar más (ingresaría 1.500 millones al año). Por eso, el Gobierno quiere aprobar esta subida en el primer trimestre de 2025, para intentar convalidarla después y que entre en vigor el 1 de abril de 2025. De momento, Bruselas ha pactado con el Gobierno una prórroga, para aprobarla antes de finales de marzo. Pero si no logra los apoyos para convalidarla
en el Congreso, España
perderá parte de los 8.000 millones del 5º pago solicitado
ahora.
Con la solicitud de esta 5ª entrega de ayudas, el
Gobierno suma 84 hitos más a los 181 cumplidos antes
(hasta julio, cuando recibimos el 4º pago). Pero quedan muchas reformas,
hitos e inversiones que aprobar, concretamente el 50% de todos los
hitos comprometidos por España al presentar el Plan de recuperación en
2021 y la adenda para solicitar los créditos adicionales de 2022. En
total, faltan por cumplir otros 265 hitos. Este va a ser el gran
problema de España (no sólo de su Gobierno) en 2025 y 2026: necesitamos
aprobar nuevas reformas e inversiones (pactadas con la Comisión Europea) para
seguir recibiendo subvenciones y créditos. Y el
Gobierno Sánchez está en una situación
de peligrosa minoría, teniendo que pelear en el Congreso cada Ley que
aprueba y cada convalidación de Decretos-Leyes. Así que cuando el PP hace “pinza”
con Junts (o Podemos veta) para tumbar una Ley comprometida con
Bruselas, no sólo es “una derrota política de Sánchez”, sino que ponen en
peligro los Fondos europeos que tanta falta nos hacen.
En los dos últimos meses, un
batallón de funcionarios del Estado, autonomías, Ayuntamientos y
Universidades (800, según Economía) han trabajado en miles de reuniones
para aportar más de 325.000 documentos a otro “batallón” de funcionarios de
la UE, con los que están permanentemente en contacto (online) para presentar
las reformas e hitos aprobados y justificar las inversiones adjudicadas.
Puede que algún día aparezca un problema, pero pocos procesos se vigilan
tanto y por tantas personas como la solicitud, recepción y adjudicación de los
Fondos Europeos. Y en
estas reuniones es donde España negocia retrasar una reforma unos meses
(como la del gasóleo) o posponerla a 2025 o 2026 a cambio de anticipar
otra. Técnicos que deben estar al tanto de las peleas políticas en el Congreso,
porque de ellas dependen que el Plan de Recuperación avance.
De momento, España es un “alumno ejemplar” en Europa
en el cumplimiento del Plan de Recuperación (y el país más “vigilado”,
por ser el primero donde se prueban los controles europeos). Cuando recibamos
el 5º pago ahora solicitado, habrán
llegado 56.000 millones de subvenciones europeas, el 70% del total.
Y España afianzará así su liderazgo, siendo el país que más Fondos UE ha
recibido y el que ha cumplido con más hitos y reformas. Y también es uno de
los paises que más porcentaje de esos Fondos UE ha adjudicado: 44.163 millones, un 92% del
dinero recibido en las 4 primeras entregas (48.000 millones) y un 55,30% del
dinero total asignado en subvenciones a España (79.854 millones), según
el último balance hecho por el ministro de Economía el 12 de diciembre.
De esos 44.163
millones europeos ya adjudicados, un 40,1% han ido a microempresas
y pymes, un 25,7% a grandes empresas, un 15,9% a uniones temporales de empresas
(UTEs), un 14,4% a Fundaciones y otras instituciones y un 3,9% a hogares, según
el Balance oficial. Y más de la mitad de las adjudicaciones han ido a las
autonomías (26.595 millones), que tienen que gestionar su reparto. Las
que han recibido hasta ahora más Fondos europeos son Andalucía (4.168
millones), Cataluña (3.974) y Madrid (2.948 millones).
El Plan de Recuperación y la llegada y adjudicación
de los Fondos europeos avanza, pero queda
más de la mitad por recorrer y sólo tenemos año y medio por
delante: lo que no se haya adjudicado para agosto de 2026 (subvenciones
y créditos) se perderá. Así que queda la mayor parte de la tarea. En los tres primeros años del Plan
(2022, 2023 y 2024) hemos recibido 48.000 millones en subvenciones (el
60%) y queda recibir, en 2025 y primera mitad de 2026 (año y medio) los casi
32.000 millones restantes. Pero el gran reto son los créditos: los
84.000 millones llegarán en 2025 y primera mitad de 2026, poco más de
año y medio para que las empresas e instituciones los soliciten y se
les adjudiquen.
El Gobierno es consciente de que ahora, el
gran reto de los Fondos Europeos es “canalizar
los créditos”, porque no son tan fáciles de “adjudicar” como las
subvenciones (a fondo perdido), dado que hay que devolverlos (aunque
a un interés bajísimos y con carencias). Por eso, ya en febrero de 2024 se
aprobaron las 5
nuevas líneas de crédito del ICO (40.000 millones), que ahora se están
tratando de “movilizar” entre las empresas: linea ICO verde
(22.000 millones), linea ICO empresas y emprendedores (8.150
millones), linea ICO vivienda (4.000 millones para promover
viviendas en alquiler), línea Spain Audiovisual Hub (1.712
millones) y linea Fondo Next-Tecno (4.000 millones en créditos para
financiar tecnologías disruptivas que promuevan la innovación y digitalización).
Recapitulando: España ha adjudicado 44.163 millones
de Fondos europeos en tres años y tiene ahora poco más de año y medio para
adjudicar otros 114.500 millones (30.500 en subvenciones y 84.000 en
créditos). Una tarea inmensa, que exige
un enorme esfuerzo de gestión, no solo al
Gobierno central sino sobre todo a autonomías, Ayuntamientos, Universidades,
instituciones y empresas. Una tarea que debería ser la gran prioridad
para todos, porque es un dinero con fecha de caducidad (agosto
de 2026) y con el que nos jugamos modernizar la economía española y
asegurar el crecimiento y el empleo futuros.
Pero hay otra tarea más difícil: que España apruebe
en paralelo las reformas e inversiones comprometidas con Bruselas,
porque sin ellas no llegarán los 114.500 millones que faltan. Y dados
los enfrentamientos políticos, que ponen en peligro cada entrega de Fondos, haría
falta un gran Pacto político: el compromiso de pactar todas las
reformas que nos exige Bruselas para enviarnos nuevos Fondos. No
se puede perder ni un euro por las guerras políticas y los “chantajes” entre
partidos. Es un tema muy serio: no puede “jugar” con las cosas de
comer… Pero, por desgracia, algunos lo seguirán haciendo, poniendo en peligro
un dinero y unas reformas que benefician a todos los españoles. Por favor, sean
sensatos.
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