Los Juzgados se
están llenando este mes de junio de pleitos de clientes contra los bancos, por las clausulas
suelo y los gastos de las hipotecas. Abogados, demandantes, jueces y personal
judicial temen que este aluvión de
demandas (de 200.000 a 500.000) colapse aún más los juzgados españoles,
aquejados de un exceso de litigios y de falta de medios y jueces. Mientras, un
reciente informe de la Comisión Europea revela que la Justicia española es más lenta que la europea y suspende en
independencia: el 60% de los ciudadanos y empresas españolas desconfían
de su independencia, frente al 40% en Europa. Urge aprobar un Plan de choque para agilizar la Justicia, con más
dinero, más medios, más jueces y más Juzgados. Y cambiar su organización y
varias Leyes, para que sea más eficaz y más independiente de los políticos.
Porque una Justicia ineficaz y poco
independiente es mala no sólo para los
ciudadanos y la democracia, también para la economía y el empleo.
Desde el 1 de junio, están llegando a los Juzgados españoles
miles de demandas de clientes de los bancos y Cajas, para reclamar la devolución de las clausulas suelo, cobradas indebidamente, según la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal de Justicia Europeo. En principio, el Gobierno aprobó un sistema para que
las entidades pactaran un acuerdo con
los clientes afectados, en torno a
1.400.000 personas en toda España, a los que tendrían que devolver más
de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. A finales de mayo venció el plazo de
3 meses dado para conseguir estos acuerdos y eran muchos los clientes que no habían
pactado una compensación. En unos casos, porque los bancos no aceptaban
la demanda y en otros porque los clientes pensaban que iban a ganar más si
reclamaban ante los tribunales, animados por mediáticos bufetes de abogados que pensaban “hacer su agosto” con las
minutas a cobrar por estas demandas contra la banca.
El resultado es que se
espera que entre junio y diciembre se presenten entre 200.000 y 500.000 demandas judiciales contra bancos y
Cajas, no sólo por el cobro indebido de cláusulas suelo sino también por otros temas financieros que ahora se pueden recurrir, en base a
recientes sentencias judiciales: cobro de gastos de formalización de hipotecas
(son recuperables), vencimientos anticipados, intereses de demora o hipotecas
multidivisas. Para hacer frente a esta avalancha de demandas, el
Consejo general del Poder Judicial ha dispuesto que se especialicen 54 Juzgados (uno por provincia más dos en
islas), que serán los que asuman de manera exclusiva estos litigios, al menos
inicialmente, aunque se teme que serán insuficientes y acabarán en el resto de Juzgados.
El temor de abogados, clientes y expertos judiciales
es que esta avalancha de litigios contra la banca colapse aún más los juzgados españoles,
a pesar de que el CGPJ dice que ha reforzado esos 54 Juzgados especializados
con jueces (67 recién salidos de la escuela judicial) y más personal. De hecho,
las cuatro Asociaciones judiciales, los Colegios de abogados y procuradores,
los letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) y distintos
sindicatos de funcionarios han suscrito un manifiesto contra el
Plan de refuerzo del CGPJ, señalando que “este Plan está abocado al fracaso”
y que se va a colapsar más la Justicia. Baste un ejemplo. En Madrid, donde podrían recibirse hasta 80.000 demandas, el Juzgado
especial que atenderá estos litigios cuenta con 1 juez en prácticas, 2
secretarios judiciales y 10 funcionarios…
Este aluvión de demandas es especialmente
preocupante porque cae sobre una Justicia ya colapsada, sobre Juzgados
invadidos de expedientes y faltos de medios. Y eso porque en 2015
ingresaron en los 3.964 Juzgados españoles un total de 8.376.311 asuntos, 38.000 asuntos nuevos entrando cada día
laborable, según la última Memoria del CGPJ. Una vorágine de expedientes, aunque han caído drásticamente en 2016, según los
datos presentados en marzo en el Congreso: el año pasado entraron en los Juzgados
5.813.031 nuevos asuntos, casi un tercio menos que en 2015 (-31,4%). Ello se debe a un doble cambio legal, que ha aligerado los Juzgados. Por un lado, el 1 de
julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que destipificaba como delitos algunas conductas y
sustituía los juicios de faltas por delitos leves. Por otro, el 6 de diciembre
de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal, por la que la policía ya no envía a
los Juzgados los atestados de delitos en los que no haya un autor conocido,
atestados que antes llegaban a los Juzgados para que el juez los archivara. Por
las dos vías, menos papeleo y menos
trabajo para los Juzgados españoles en 2016.
Pero aun así, 5.813.031 nuevos asuntos ingresados en 2016 son muchos expedientes para la
justicia española, que tiene una tasa de
litigios (124,9 por 1000 habitantes) que es de las más altas de Europa. Y además, las causas judiciales son cada vez más
complejas y exigen más tiempo a los Juzgados, retrasando las sentencias. De
hecho, el último informe de la Comisión Europea sobre la Justicia europea en 2016 revela que la Justicia española es lenta: es el 8º país europeo donde más tardan los procedimientos judiciales, 238 días de media, sólo por detrás de Chipre (1.085 días), Portugal (710),
Grecia (510), Malta (447), Italia (393), Francia (304) y Eslovaquia (240 días).
Y muy alejada de los 17 días de Dinamarca, los 53 de Austria, los 55 de Polonia
o los 87 de Holanda (no dan datos de Alemania y Reino Unido).
El otro grave problema de la Justicia española, según este informe de la Comisión Europea, es su
falta de independencia. El 60% de
los ciudadanos españoles creen que la
independencia de la Justicia es mala o muy mala y que está
presionada por intereses políticos o económicos, siendo el tercer país europeo con peor percepción de independencia (sólo por
detrás de Eslovaquia y Bulgaria), alejados del 40% de media europea negativa
y del 10 al 25% negativo de los paises nórdicos. Y lo mismo pasa con las
empresas españolas: el 60% suspenden
en independencia a nuestra justicia, el 5º porcentaje negativo más alto en
Europa.
Además de lenta y poco independiente, la
Justicia española tiene serios problemas de funcionamiento. Lo reconoció
en marzo pasado, en el Congreso, el presidente del poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes: “Siguen existiendo en buena parte de nuestros
Juzgados y Tribunales situaciones de colapso difícilmente sostenibles, así como
deficiencias organizativas que aún no han sido abordadas y que impiden
incrementar de manera significativa nuestros niveles de eficacia”. El
problema no es sólo que se acumulen los litigios, sino que el trabajo judicial está mal repartido:
de los casi 4.000 Juzgados, hay 1.659
(el 43,5%) cuya carga de trabajo es el 150% de la que debería ser, según un informe de 2014 del CGPJ. Esto pasa sobre todo en los Juzgados de lo social (el 97% trabajan al 150% de la media), los de 1ª Instancia (95% colapsados) y los Juzgados mercantiles (el 93%
superados), sobre todo en Madrid, Sevilla, Castilla la Mancha, Murcia, la
Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia. Y así pasa, que hay Juzgados señalando juicios para dentro de dos, tres y cuatro años.
Si la Justicia es “la
Cenicienta de la Administración española”, se debe a varias razones.
Por un lado, los recortes del Gobierno Rajoy, que agravaron su penuria de medios. Si en
2010, el Presupuesto de Justicia era de 1.804 millones de euros, cayó un 19% hasta los 1.461 millones
de 2014 y aunque ha subido los tres años siguientes, aún no se ha recuperado (1.726 millones para 2017). Y también se han recortado los Presupuestos de las 12 autonomías que tienen la Justicia transferida (todas menos Castilla y león,
Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Murcia, más Ceuta y Melilla). Con
ello, el gasto en Justicia por habitante se redujo de 91 euros en 2012 a 88 en
2014, un gasto que nos sitúa en la media europea, como el 12º país por gasto en
Justicia. Y ligeramente por debajo de los grandes, en porcentaje de gasto en Justicia sobre el PIB: un 0,35%, frente al 0,40% del PIB
que gastan Alemania o Reino Unido.
Al final, los recortes y el menor gasto se traducen en menos
medios, menos personal judicial y menos jueces. En España hay 11,2
jueces por cada 100.000 habitantes,
casi la mitad que en Europa, donde hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Y
somos el 7º país europeo con menos jueces,
muy por debajo de Grecia (21 jueces por 100.000 habitantes), Portugal (19,2) o
Alemania (24,7 jueces), aunque tenemos más jueves que Italia (10,6) y Francia
(10,7). Y en fiscales,
tenemos 5 por 100.000 habitantes, frente a 11 de media en Europa (eso sí,
tenemos el doble de abogados: 241
por 100.000 habitantes frente a 149 en Europa). Lo mismo puede repetirse en
funcionarios judiciales y Juzgados.
Sólo en Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cree que hacen
falta 92 nuevos Juzgados, además de que urge renovar los juzgados
actuales, a los que falta de todo (hasta calefacción y fotocopiadoras).
Un problema muy serio de la Justicia española es el exceso de papel, las estanterías y sótanos llenos de legajos.
Teóricamente, el 1 de enero de 2016 entró en vigor el Plan de digitalización de la Justicia, el programa LexNet,
que obliga a abogados, procuradores,
fiscales y otros profesionales a presentar en formato digital todos sus
documentos a los Juzgados. Pero la aplicación está siendo muy lenta y faltan medios, lo que ha acabado duplicando
el trabajo: lo que llega vía telemática se termina imprimiendo y lo que
llega en papel se digitaliza. Y sigue el problema de fondo: cada autonomía tiene
un sistema informático distinto (hay 10 sistemas informáticos diferentes, dos en Madrid, incluso la Fiscalía del
Estado tiene uno propio) y así no hay forma
de digitalizar la Justicia.
Pero no todo son problemas de falta de presupuesto y de medios.
También hay un serio problema organizativo, de reparto y organización del trabajo, de días sin
juicios y mejor gestión de expedientes y vistas, de lo que se quejan con
frecuencia los abogados. Y también existe un problema normativo de fondo:
en España hay un exceso de normas,
que además se cambian con demasiada
frecuencia, lo que genera inseguridad jurídica y un aumento de los litigios, según el colectivo Sansón Carrasco. Basten dos ejemplos. Uno, la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha
sido modificada 20 veces desde el año 2.000. Otro, el Código Civil, que ha cambiado 30 veces desde 1.995. Y luego está
el Gobierno central, que gobierna a base de decretos-leyes, y los
autonómicos, que multiplican su normativa. Al final, un puzzle legal cambiante que complica aplicar la
Justicia.
Agilizar y hacer más independiente la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia, no sólo por la mejor
defensa de los derechos de los ciudadanos sino para que funcione menor la economía,
ya que la inversión y la actividad mejoran con una Justicia más ágil y eficaz.
Para conseguirlo, casi todo el mundo judicial pide un Pacto por la Justicia que nunca llega. En su defecto, se debería acordar un
Plan de choque para reducir el colapso de la Justicia y hacerla más
independiente de los políticos. Un Plan que debería actuar en cuatro frentes: dedicar más
Presupuesto a la Justicia (el doble en 4 años), dotarla de más medios (más Juzgados, 2.000 jueces más en cuatro años, más
funcionarios y expertos, así como una completa digitalización), hacer un cambio organizativo de fondo (concentración
de juzgados y órganos colegiados de jueces) y pactar nuevas Leyes, para agilizar y reorganizar la Justicia y conseguir una mayor
independencia de los jueces y fiscales. En paralelo, habría que potenciar la mediación y el arbitraje, como en la mayoría de Europa, para que
sean expertos y no jueces los que diriman
muchos conflictos civiles, mercantiles, empresariales o familiares.
En resumen, seguimos con una Justicia colapsada y poco independiente, a la que ahora van a recargar con cientos de miles de pleitos
contra la banca. Y eso, cuando el 74,8%
de los españoles están poco o nada
satisfechos con la Justicia, según
el Barómetro del CIS (julio 2016). No parece que avance ningún Pacto de Estado para
mejorar la Justicia, aunque Bruselas nos
haya alertado (otro año más) de su lentitud y falta de independencia. Mejorar
la Justicia española es una exigencia democrática y también económica, porque una Justicia lenta frena la inversión y el
empleo. No esperen más.
La Comisión Europea
alertó
en mayo sobre la precariedad laboral en España. Antes lo hicieron la OCDE y el FMI, preocupados por la dualidad
del mercado de trabajo: un 27,5%
de trabajadores tienen contrato temporal
(el 2º país de Europa con más temporales) y un 15,1% contratos a tiempo
parcial, el 60% de ellos forzados porque no encuentran otros. Esta precariedad,
que sufren más las mujeres y los jóvenes,
lleva a sueldos muy bajos y a la pobreza, además de hundir las cotizaciones (y las pensiones) y
la recaudación, empeorar la formación y la productividad de España (la 34ª
del mundo). Bruselas, la OCDE y el FMI
han pedido al Gobierno que fomente los contratos fijos y a jornada completa,
pero Rajoy
no hace nada, aunque se comprometió a ello en 2014, en el Acuerdo con
sindicatos y patronal. Urge mejorar la calidad del empleo, con incentivos y persiguiendo el fraude laboral, algo difícil
porque España tiene la mitad de
inspectores de trabajo que Europa. ¡ Trabajo decente ya !
enrique ortega
España lleva tres
años creando empleo, pero un empleo muy precario. Así, de los
1.372.900 empleos creados entre 2014
y 2016, sólo el 5% son “contratos de calidad”, empleos fijos y a jornada completa. Y
la casi totalidad de los nuevos
empleos son empleos muy precarios. Un 92%
son contratos temporales, cada vez
por menos tiempo: la duración media de
los contratos está en 51 días de media (81 antes de la crisis), aunque una cuarta parte de los
contratos (el 26%) duran ya menos de 1 semana. Y más de un tercio (36%) de los nuevos contratos son a tiempo parcial, por horas. Ello es
fruto sobre todo de la reforma laboral
aprobada por Rajoy en 2012, que ha facilitado
el auge de los contratos precarios.
Con ello, España se
sitúa a la cabeza de la precariedad laboral en Europa, como acaba de
resaltar el informe de la Comisión Europea (22 mayo 2017). En 2016, el 26,1% de los trabajadores españoles tenía un contrato temporal, lo que nos convertía en el 2º país europeo con más temporalidad, tras Polonia (27,5%), según Eurostat, casi el doble de temporalidad que la media europea (14,2%) y
muy por encima de la de Alemania (13,2%), Francia (16,1%), Italia (14%) o
Portugal (22,3%). Y lo peor es que este aumento de los contratos temporales es algo
forzoso, no buscado por los trabajadores: un 90% de los españoles con contrato temporal preferirían tener un
contrato fijo (el porcentaje más alto en Europa, tras Chipre, según la OIT), frente al 62,1% de temporales “forzosos” en la Unión Europea.
Pero quizás el dato
más preocupante, según resalta la Comisión Europea en su informe (y antes
la OCDE), es que España es uno
de los paises de Europa donde un menor
número de contratos temporales se transforman en fijos: sólo un 10%, frente al 22% de media en la
UE-28 y el 10,5% en Francia, el 59% en Gran Bretaña, el 30% en Alemania o el
20% en Italia, según Eurostat. O sea, no es que las empresas ofrezcan primero
un contrato temporal para luego hacer fijo al trabajador, sino que el 90% de
los contratos temporales se mantienen así o se cancelan, lo que hace que estos
trabajadores sean especialmente
vulnerables.
El otro tipo de contrato precario, los contratos a tiempo parcial, suponen ya el 15,1% de todos los contratos en España (2016), todavía por debajo de la media europea (19,5%) y de muchos paises donde hay tradición
de trabajos a media jornada o por horas, como Holanda (49,7% de los contratos),
Alemania (26,7%), Austria (27,8%), Reino Unido (25,2%), Suecia (23,9%), Francia
(18,3%) o Italia (18,5%), según Eurostat. Pero hay dos datos
españoles preocupantes. Uno, que España es el país europeo donde más ha crecido el trabajo a tiempo
parcial (part time) durante la
crisis. Y segundo y fundamental, que el
60% de los que trabajan a media jornada o por horas preferirían trabajar a
jornada completa, frente a sólo un 27,5% de trabajadores europeos que trabajan forzosamente por horas, según la OIT.
La precariedad en los
contratos la sufren especialmente dos
colectivos en España: las mujeres y
los jóvenes. En los contratos
temporales, las mujeres tienen un porcentaje
ligeramente mayor que los hombres (26,5% frente a 25,8%), pero son muchas más con
contrato
a tiempo parcial : trabajan por horas un 31,9% de las mujeres españolas
(35,9% en la UE-28) frente a un 8,8% de los hombres (9,3% en la UE-28), según Eurostat (2016). Y donde realmente se ceba la precariedad laboral es en los jóvenes españoles, los más temporales
de Europa: el 56,5% de los menores de 29 años tiene un contrato temporal (el 32,4% en Europa) y sube al 72,9% entre los
jóvenes de 15 a 24 años (43,8% con contrato temporal en la UE-28), según los datos de Eurostat (2016). Y también tenemos muchos más jóvenes que Europa con contrato
a tiempo parcial, por horas: un 27,5%
de los menores de 29 años (23,7% en la UE-28) y un 38,7% de los jóvenes entre
15 y 24 años (32,4% en la UE-28, según Eurostat (2016).
Pero la precariedad laboral no sólo se manifiesta
en el tipo de contrato. También es un signo de precariedad que haya muchos
españoles trabajando en empleos muy por debajo de su formación, los trabajadores “sobrecualificados”:
en España hay 9,5 millones, el 52,8%
de los empleados (en 2007 eran el 46,3%), según datos de Afi-Asempleo a partir de la EPA. Con la crisis, esta “sobrecualificación”
ha crecido entre los mayores de 45 años
y sobre todo entre los más jóvenes:
dos tercios de los jóvenes entre 16
y 24 años trabajan en empleos inferiores a su cualificación, por ejemplo
universitarios trabajando de teleoperadores, camareros o cajeras de
supermercado. Este problema se concentra en la hostelería (71,4% de los empleos
están sobrecualificados) y el comercio, sobre todo en el País Vasco, Cantabria,
Levante e islas.
Un tercer indicador de precariedad es el aumento de las horas extras “forzadas”,
que han aumentado tras la reforma laboral de 2012, al dar más poder al empresario para fijar horarios y
jornada, con lo que muchos optaron por hacer contratos de media jornada y luego
obligar a la plantilla a hacer horas extras, a veces sin pagárselas. Así, a finales de 2016 había 7.778.000 trabajadores que hacían horas
extras (el 50,5% de los asalariados), de media 5,48 millones de horas
extras a la semana. Y según los últimos datos disponibles (2015), más
de la mitad de esas horas no se pagaban. Otra muestra de
precariedad laboral que además tiene una grave consecuencia: esas horas extras impiden crear 150.000 nuevos
empleos cada año.
La primera consecuencia de toda esta
precariedad laboral es que se traduce en salarios muy bajos, menores que los de un trabajador con contrato estable: los trabajadores temporales cobran un 36,6% menos que los indefinidos (15.680
euros frente a 24.746) y los que trabajan
a tiempo parcial ganan un 63,7%
menos que los que trabajan a jornada completa (9.794 euros brutos anuales
frente a 26.965), según la Encuesta de estructura salarial del INE. El resultado es que en los últimos años han aumentado los “trabajadores pobres”,
españoles que tienen un trabajo pero “malviven”
(ganan menos del 60% de la media): tenemos un 12,5% de trabajadores pobres (2.196.137 empleados, 1 de cada 8
asalariados), un porcentaje superior al de trabajadores pobres en Europa (9,5%), según la OIT. Y además, el enorme paro (4.255.000 parados EPA en marzo 2017) y
esta precariedad tiran a la baja de todos
los salarios, con lo que el sueldo
más habitual en España son 16.490
euros brutos anuales (últimos datos oficiales del INE para 2014), lo que se traduce en 950 euros netos al mes en 14 pagas. O sea, que el español medio es un “mileurista”.
Pero la precariedad
laboral acarrea también otros graves
problemas, además de los bajos salarios y la mayor vulnerabilidad del
trabajador. Aumenta su incertidumbre
sobre el futuro, lo que está reduciendo las familias y la natalidad (España lleva 5 años perdiendo población), así como la independencia de los jóvenes (el 80,3%
de los jóvenes españoles, 5.233.406,
siguen viviendo con sus padres,
frente al 70% de media en Europa, según el Observatorio del Instituto de la Juventud) y su capacidad
para consumir
y comprar una vivienda. Pero
sobre todo, la precariedad laboral merma la recaudación de impuestos y recorta los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social,
hundiendo las cuentas de las pensiones. Y para el trabajador, reducen su posible
seguro de desempleo y su pensión futura. Además, los trabajadores precarios son menos productivos, porque tienen menos
incentivos para serlo y porque las empresas les forman menos (“se van a ir”). Y eso agudiza uno de los
problemas estructurales de España, la
menor productividad y competitividad: España ocupa el puesto 34 en el ranking mundial de competitividad, elaborado por la escuela de
negocios IMD.
Por todo ello, la Comisión
Europea acaba de reiterar, en su informe sobre España del 22 de mayo, que uno
de nuestros mayores problemas es la precariedad laboral y la dualidad en el mercado de trabajo (2 tipos de
españoles, según su contrato laboral). Lo mismo dijo en marzo la OCDE, en su informe sobre España, y la delegación del FMI que visitó España en diciembre: el Gobierno español debe tomar medidas para mejorar la calidad del empleo, incentivando los
contratos fijos y luchando contra la precariedad laboral. Eso sí, tanto la OCDE
como el FMI dan además una receta “neoliberal” para reducir
la temporalidad: reducir las indemnizaciones a los contratos fijos (para que no
compensen tanto los temporales) y dar más poder a las empresas y menos a los
tribunales en los despidos. En definitiva, la OCDE y el FMI proponen dar una “vuelta de tuerca” a la reforma laboral, con más
flexibilidad, cuando precisamente la reforma
laboral de 2012 es la que ha agravado esta precariedad.
De momento, el
Gobierno Rajoy no hace nada: ni rebaja las indemnizaciones ni toma medidas
para favorecer los contratos fijos y penalizar los temporales. Y eso que se
comprometió a hacerlo en diciembre de 2014, cuando firmó con los
sindicatos y la patronal un Acuerdo tripartito que incluía, en su punto 2.4, tomar medidas para luchar contra la dualidad en el mercado
de trabajo: intensificar la lucha contra el fraude en la contratación e
incentivar los contratos fijos. Palabras
Ahora, tras la última alerta de la Comisión Europea, los sindicatos y la oposición deberían presionar
al Gobierno para que tomara medidas
urgentes y eficaces contra la precariedad laboral. Se trataría de actuar frente a las empresas con el
palo y la zanahoria: el palo de la inspección de Trabajo, para detectar y multar a las empresas que
tengan trabajadores temporales o por horas cubriendo puestos que son fijos y a
jornada completa, y la zanahoria, para
incentivar fiscalmente y con
cotizaciones más bajas a las empresas a que transformen contratos
temporales en fijos y mejoren la calidad de sus empleos. Lo primero que hay que
hacer es garantizar que se cumple la Ley,
que no se utiliza el mucho paro existente para contratar con fraude. Y luego,
ayudar a que se hagan contratos de más calidad.
Pero “para el palo”,
un requisito clave es aumentar los
medios de la inspección de Trabajo, porque tras los recortes está menguada:
hay 1.800 funcionarios (960 inspectores y 840 subinspectores), la cifra más baja desde 2009. Y tenemos la mitad de funcionarios para inspección que Europa, según datos de la OIT:
hay 1 inspector por cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300
en la Unión europea. Y además, la propia Asociación de inspectores denuncia que la
mitad de su trabajo está orientado a
vigilar si los parados hacen fraude al cobrar el subsidio o si los trabajadores
están dados o no de alta, no en vigilar si el contrato temporal o a tiempo
parcial está justificado. Y cada vez hay más abusos laborales, españoles con
contratos de 4 horas trabajando 10 y cobrando 8, sobre todo en hostelería,
limpieza, tiendas, teleoperadores y servicios. Y no hay inspectores para
detectar tanto fraude, que se ampara en que los afectados no lo denuncian (para no perder su “medio empleo”) y
en que la mayoría de empresas son pymes
donde no hay sindicatos que controlen.
Al final, la precariedad laboral es un cáncer para los
trabajadores (incertidumbre, bajos salarios, vulnerabilidad) y para la recuperación de la economía,
porque reduce el consumo y la competitividad, en definitiva el crecimiento y el
empleo futuros. Así que además de injusta, la precariedad es antieconómica, un mal
negocio. Y somos líderes en Europa.
Algo hay que hacer, con urgencia y eficacia. Nos lo dicen desde Bruselas y lo
sufrimos dentro, sobre todo los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. ¡Empleo decente ya ¡
Esta semana y la que viene se celebran en toda España los
últimos exámenes de la Selectividad,
el “filtro” al que se enfrentan 300.000
jóvenes bachilleres para acceder a la
Universidad. Será la última vez: el
año que viene, cada Universidad pondrá sus pruebas de acceso, como en casi
todos los paises. Seguirá habiendo “filtros”,
que dejan fuera a un 20% de jóvenes que quieren estudiar una carrera, porque
muchas están saturadas. El contrasentido es que tenemos más universitarios que la mayoría de Europa y a la vez el doble de paro entre los que tienen
una carrera. Porque los estudios van
por un lado y las ofertas de trabajo
por otro. Y las empresas se quejan de que les faltarán casi 2 millones de
profesionales cualificados para 2020. Urge un gran acuerdo entre las Universidades y las empresas
para delimitar estudios y carreras, planificando
la formación a medio plazo. Lo contrario es estudiar para parados. Menos Selectividad y más preocuparse de enseñar para trabajar.
enrique ortega
Este año no debería haber pruebas de Selectividad.
La polémica Ley educativa aprobada por el Gobierno Rajoy, la LOMCE, establecía que este curso desaparecían las tradicionales pruebas de Selectividad y se cambiaban
por una reválida en 2º de
Bachillerato y una prueba de acceso que
fijaba cada Universidad. Pero la comunidad educativa se ha opuesto a las
reválidas y los rectores de las Universidades le pidieron al Gobierno que
retrasara un año las nuevas pruebas de acceso, porque no estaban preparados. Y así, en noviembre pasado, el Gobierno Rajoy acordó con los rectores y las Universidades que este año volvería a haber Selectividad y que la aplicación de la LOMCE se dejara para el año
que viene (?).
Así que esta semana y
la que viene, unos 300.000 jóvenes
que han terminado el Bachillerato se enfrentan a varios días de pruebas para superar la Selectividad y poder luego estudiar una carrera. Las
pruebas son bastante similares a las de
años anteriores, con pequeños cambios.
Hay una prueba obligatoria, que consta de 4 ejercicios, uno por cada materia
troncal (Lengua y Literatura, Historia de España y Lengua extranjera) y el
cuarto a elegir en función de la modalidad de bachillerato cursado
(Matemáticas, Latín, Materias Aplicadas a las Ciencias Sociales y Arte), más un 5º ejercicio sólo en las autonomías
con lengua oficial propia. La principal diferencia con la selectividad de
2016 es que los alumnos no se examinan ahora de las asignaturas de 1º de
bachillerato (Filosofía, Historia Universal, Economía e Historia
Contemporánea). Y para los que quieren mejorar nota, hay una prueba voluntaria, en la que se examinan de un máximo de 4
materias troncales de 2º de Bachillerato que han de ser diferentes a las
materias elegidas en la fase obligatoria.
Al final, tras estas dos pruebas,
el alumno consigue una nota de acceso a la Universidad, que suma tres componentes: el 60% de la nota media del Bachillerato más el 40%
de la nota sacada en la prueba
obligatoria de Selectividad más las calificaciones obtenidas en las 2
mejores materias de las cuatro examinadas en la prueba voluntaria. En total, pueden conseguir un máximo de 14 puntos. Y con esta “nota de corte”, mirar a ver si
superan el mínimo exigido por cada
Universidad (se puede utilizar este buscador de 2017), mínimo que varía según la carrera (12,84 en Medicina o 6,50 en
Humanidades) y, sobre todo, de si va a estudiar en Madrid o Barcelona o en
provincias (para Administración de Empresas, ADE, oscila entre 11,14 puntos en
la Pablo de Olavide de Madrid y los 5,07 en Castilla la Mancha). Al final, un 90% de los bachilleres aprueban la selectividad
y un 80% logra ingresar en la carrera
que prefieren, algunos cambiando de ciudad.
Las pruebas de acceso
a la Universidad, en España la Selectividad,
es algo que de una u otra forma se hacen en todos los paises, aunque en la mayoría no se trata de una
prueba similar para todos los bachilleres, sino que cada Universidad es la que fija
las pruebas de acceso de los estudiantes, aunque hay paises, como Alemania, donde también cuenta el
expediente del Bachillerato. Y en Estados
Unidos, además de aprobar el examen de acceso (el SAT), cuentan mucho el
historial académico previo y las recomendaciones que se aporten.
El año que viene, para
junio de 2018, en España dejará de haber exámenes de Selectividad como hasta ahora y serán las Universidades las que fijen las
normas y pruebas de acceso a sus distintas carreras. Eso romperá con la uniformidad y homogeneidad
actual, porque las pruebas de acceso serán diferentes por autonomías y Universidades,
más rigurosas en unas y menos en otras, con lo que “el filtro” será muy diferente. Y si ahora hay poca diferencia
entre estudiar una carrera en un sitio que en otro, en el futuro será
muy importante dónde se ha licenciado un universitario, desde las
pruebas de acceso al final de la carrera. Y más porque la tendencia es que las Universidades españolas sean cada vez más autónomas, tanto para ofrecer planes de estudios como
para cobrar tasas diferentes.
Ya hay Universidades, en Cataluña, que este curso han
empezado a ofrecer licenciaturas de 3 años en vez
de 4, una posibilidad abierta por el ministro Wert en 2015. Y el próximo curso 2017-2018, habrá más
Universidades que ofrecerán licenciaturas
de 3 años, a las que sumar 1 ó 2 años de Master (3+1 o 3+2). El único
requisito, acordado en mayo de 2017 por el Consejo de Universidades, es que han de ser carreras
“nuevas” (se teme que algunas Universidades "maquillen" carreras viejas...). De momento ya hay autorizadas 11 nuevas titulaciones de 3 años en Cataluña,
la mayoría en Universidades privadas. Un sistema
que permite ofrecer un título en
menos tiempo y coste para las Universidades, además de atraer a estudiantes
para hacer 2 años complementarios de Master (en vez de 1 como ahora), por los
que las Universidades cobran un 50% más que por un curso de Grado.
Además de títulos distintos, las Universidades tienen precios distintos, sobre todo tras la fuerte subida de tasas decretada en 2012, que osciló entre el 20%
(Andalucía o Castilla la Mancha) y el 60% (en Barcelona y Madrid), mientras
sólo Galicia y Asturias las han congelado. Así, un grado de medicina o uno de Ingeniería cuesta 2.372 euros en Cataluña,
el triple que en Andalucía (757 euros) y el doble que en Extremadura (1.111
euros). Y un grado de Derecho cuesta el doble en Cataluña (1.516 euros) que en Andalucía
(757 euros). Y un master en la
Universidad pública de Barcelona tiene un precio medio de 4.000 euros, frente a
1.800 euros máximo en las universidades de Andalucía.
Sean cuales sean los precios, estudiar en la Universidad en España se ha encarecido mucho y somos
el 6º país de Europa con los grados
universitarios más caros (1.100 euros de media), tras Reino Unido, Irlanda,
Italia, Letonia y Lituania, según un estudio elaborado por comisiones Obreras. Y el 7º país más caro de Europa en Master (se pagan 2020 euros de
media), tras esos mismos paises y Grecia. Y según un estudio de los propios rectores, España es el cuarto país más caro para estudiar en la Universidad (1.257
euros de media en 2013-2014), sólo por detrás de Reino Unido (4.409 euros),
Irlanda (2.500 euros) e Italia (1.300 euros). De hecho, apenas se paga por
estudiar en la Universidad en Alemania (200 euros) , Francia (283 euros) o
Polonia (41 euros) y hay 11 paises europeos donde estudiar en la Universidad es gratuito (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia,
malta, Noruega, Escocia-RU, Suecia, Turquía y Chipre). Y además de ser más
cara, el Gobierno Rajoy ha endurecido los criterios y recortado la cuantía de las becas a los universitarios.
La consecuencia de que la
Universidad sea más cara y hayan bajado las becas es doble. Por un lado,
hay 134.000 estudiantes que han dejado la Universidad desde 2012,
según un informe de la Fundación CyD. Y por otro, han aumentado
los alumnos en las universidades privadas, ahora que se han acortado los
precios en Grados y sobre todo en los Master al subir más las tasas en las públicas.
De hecho, los alumnos en los Grados de las 32 universidades públicas han crecido
un 17,6% entre el curso 2008-2009 y el 2015-2016, mientras caían un 6,3% en las
50 Universidades públicas. Y en los Master, han crecido los alumnos de las
públicas un 167% en estos 7 cursos, mientras aumentaban un 587% en las
privadas. El resultado es que las Universidades privadas han ganado cuota de mercado a costa de las públicas: de un 11
a un 13% (173.381 alumnos) en enseñanzas de Grado y de un 15 a un 32% (52.710 alumnos) en enseñanzas de Master entre 2008-2009 y 2015-2016,
según datos oficiales del Ministerio de Educación.
Las Universidades
públicas pierden peso mientras no
consiguen recuperarse de los recortes aplicados por Zapatero y sobre todo Rajoy: -1.370 millones, el 14%
del Presupuesto de 2010. Y eso lleva a un problema de fondo, de falta de
recursos: el gasto público en España por
cada universitario es de 12.604
dólares, un 20% inferior a los 15.665 euros de gasto medio en Europa
(UE-22) o a los 15.772 dólares por universitario que gasta la OCDE, según el informe “Education at a glance 2016”. Y España, como país, dedica el 1,3% de su PIB a financiar la
Universidad, por debajo del 1,5% del PIB que gasta la OCDE (34 paises). O sea,
que tendríamos que gastar 2.250 millones
de euros más cada año en la Universidad.
Pero hay más problemas en la Universidad española que la falta de dinero. Uno importante es ajustar la oferta universitaria, recortando titulaciones (hay 2.637 Grados y 3.661 Master) y fusionando Centros (hay
234 Campus, con ofertas de estudios similares a pocos kilómetros de distancia).
Otro reto es reducir la endogamia (7 de cada 10 profesores trabajan en la misma Universidad
donde leyeron su tesis) y abrir la docencia al mundo económico y empresarial. Y
sobre todo, fomentar la autonomía
universitaria y las auditorías de eficiencia y calidad (para que las Universidades españolas compitan
en el mundo: sólo hay una, la de Barcelona, entre las 200 mejores Universidades del mundo). Pero, con todo, el mayor reto de la Universidad española es conseguir que sus
licenciados trabajen.
Hoy por hoy, los
títulos universitarios no son una
garantía de empleo, aunque
tengamos más universitarios que el resto de Europa (32,6% de los adultos frente al 27,1% en
la UE). El 10,89%
de los universitarios están en paro, menos que el conjunto de españoles (18,75%
en paro) pero el doble de parados que en Europa (5,7% de paro entre universitarios) y en la OCDE (4,9% paro
universitario). Y además, 1 de cada 3
universitarios que trabajan (el 33,7%) están subempleados, sobrecualificados:
han hecho una carrera pero trabajan de otra cosa, de teleoperador o cajera de
supermercado. Lo que sucede es que apenas hay trabajo para algunos licenciados
(sólo el 4,8% de las contrataciones para Humanidades y Ciencias Sociales y un
9,7% para salud), mientras las contrataciones se concentran en licenciados en
ADE, Economía y Derecho (40%), Ciencias e Ingenierías (27%), Informática y TICs
(17,7%), según un estudio de la Fundación Everis sobre lo que demandan las empresas.
Cara al futuro, la brecha entre lo que se estudia y lo que
necesitarán las empresas se va a agravar: en 2020 faltarán en el mercado español 1,9 millones de profesionales altamente cualificados, sobre
todo perfiles STEM, el acrónimo en
inglés de especialistas en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, según un estudio de Randstad. Y además, no bastará con tener esos títulos. Las empresas se quejan de que los universitarios españoles les sobra teoría y les falta formación práctica, habilidades para afrontar el reto
laboral, que necesitan mejorar en idiomas y entorno digital, ser más flexibles
y saber trabajar en equipo. Y saber adaptarse mejor a los cambios, empezando
por cambiar de ciudad o país para trabajar.
Urge pensar menos en la Selectividad, en filtrar a los
alumnos para entrar en la Universidad, y pensar más en lo que estudian para mejorar
su salida laboral. Y eso exige un gran acuerdo Universidad-empresa, donde el mundo docente se abra a las necesidades
de las empresas para configurar las carreras con más futuro, que mejor aseguren un empleo. Y enseñar
practicando, en la Universidad y en las empresas. Esa debería ser la
obsesión de la Universidad, los alumnos y los políticos cara a los
próximos cursos. Enseñar para trabajar.
