España, un país de morosos

Es el deporte nacional: no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos, empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados como morosos. Somos el tercer país de Europa con más morosidad. El sector público tarda 162 días en pagar y las empresas 98 días. Todos incumplen la Ley contra la Morosidad (2010), que desde este 1 de enero obliga a pagar en 60 días (y en 30 las Administraciones públicas). Los impagos son un virus que contagia a empresas y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a cerrar. Ahora, los impagos han llegado a  muchos trabajadores: sus empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal. Y trabajan sin cobrar para no perder su empleo. La esperanza está en una Directiva europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir con la Ley. Pero no bastará. Hace falta un Plan de choque contra la morosidad. Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.

enrique ortega

En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados y la morosidad sigue ahí, con plazos de pago escandalosos: 162 días en las Administraciones  públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE), según la Plataforma contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.

España es el tercer país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33 y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación, perdiendo 42.600 millones. Esta morosidad es un virus que contagia a la economía sana y la tumba: se calcula que un tercio de las 600.000 pymes y 200.000 autónomos que han cerrado ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.

Siempre se habla del sector público como el mayor moroso: en 2011 debían unos 50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron 27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen cayendo los ingresos, han vuelto a las andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda. Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos. Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector educativo, la Dependencia (ancianos y discapacitados), proveedores sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias, empresas de limpieza y servicios, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El sector público debe, pero también le deben. Sólo las autonomías tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de 2012. Y Hacienda, unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7 millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando en los Tribunales. Y la Seguridad Social, aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones. Para frenar los impagos, en julio subió los recargos al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan, por fraude o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos, para intentar cobrar cuotas.

Pero el grueso de la morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las empresas (56%) han sufrido un impago significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito y Caución. Y una de cada diez soporta impagos que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte, por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85 días, cláusulas abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares (24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el 22% de las comunidades de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600 millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.

Al final, muchos trabajadores están sufriendo en sus carnes los impagos: sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer nada, salvo trabajar sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido  pagar su hipoteca (siendo desahuciados) o sus deudas y han acabado en el registro de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho abuso de empresas (sobre todo de móviles) que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen ilegalmente a los morosos.  

El  16 de marzo entrará en vigor una Directiva europea que obliga a pagar en 60 días (30 en el sector público), estableciendo un  recargo del 8,75%. Muchos creen que eso obligará a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la Administración. El ministro Montoro asegura que para este verano, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de 6.000 a 900.000 euros), establecer la figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515 días de media  para resolver disputas comerciales.

Con todo, hace falta un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración. Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y particulares en apuros que no podrán pagar. Y muchos morosos serán fallidos. Seguro.

Vivienda: vender ya en 2013, comprar en 2014

La vivienda no tiene enmienda: un millón de pisos que no se venden, aunque sus dueños los han bajado un 38%, y cientos de miles de familias no consiguen comprar casa, porque les faltan ingresos y una hipoteca. Y este año 2013, la situación será peor. Se acabaron las ayudas fiscales a la compra de viviendas, les sube el IVA, bancos y Cajas harán la competencia vendiendo pisos a través del “banco malo” y seguirá sin haber hipotecas asequibles. Por todo ello, les daré dos consejos. A los que quieren vender un piso, que no esperen más y lo vendan en 2013. Y a los que buscan piso, que esperan a comprar hasta 2014 (o 2015), porque encontrarán mejor precio y financiación. Entretanto, el alquiler es la mejor solución para todos, para los que no pueden vender y los que no pueden comprar. Paciencia y suerte.

enrique ortega

El 1 de enero se han acabado los dos “chollos” que tenía la compra de una vivienda: el IVA ha subido del 4 al 10% y se han suprimido las ayudas fiscales en el IRPF (desgravación del 15% del pago de la hipoteca, hasta 1.354 euros mensuales). Con menos ayudas al comprador, automáticamente, los que quieran vender un piso ahora tendrán que bajar el precio más.

De hecho, los pisos llevan bajando desde el segundo trimestre de 2008, pero sobre todo en 2011 (-11,2%) y más en 2012 (-11,5% hasta septiembre). En total, desde que pinchó la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda ha caído en España un 38,8 %, según el INE:    -26,9% la vivienda nueva y -46,7% la de segunda mano. Y todo apunta a que en 2013 seguirán bajando los precios, entre 15 y 20% más, con lo que los pisos habrán perdido más de la mitad de su valor desde los precios máximos de 2007. Caerán más donde hay más stock, en la Comunidad Valenciana (23%), Andalucía (16,5%) y Castilla la Mancha (10,9%), donde están la mitad de las viviendas sin vender.

Hay dos razones para esta nueva bajada en 2013. Por un lado, la subida del IVA y la supresión de las ayudas fiscales, que suponen hasta un 10% del precio para el comprador. Y la otra, la puesta en marcha del “banco malo”, la “inmobiliaria mala” que ha creado el Gobierno con pisos y solares de bancos y Cajas nacionalizados, unas 90.000 viviendas de más de 100.000 euros, que saldrán a la venta en 15 años. Y aunque no quieren tirar los precios, porque cuanto más barato vendan más pierden las entidades (y más cuesta sanearlas), podrían salir con una rebaja media del 50 al 60% sobre el precio de tasación de 2004-2008, lo que supone bajadas adicionales.

Los particulares que tengan una casa para vender tendrán ahora que competir no sólo con las inmobiliarias (la mayoría en concurso o quiebra), sino con el “banco malo” y con los bancos y Cajas no nacionalizados, que también quieren soltar su ladrillo. Y para ello, no dudarán en bajar precios y además ofrecer a los clientes hipotecas ad hoc, para venderlos mejor, una “competencia desleal” que vende con financiación  adjunta. Resultado: lo mejor que pueden hacer los particulares (un 25% llevan más de dos años queriendo colocar su piso) es vender cuanto antes, en 2013, antes que los pisos bajen más y arrecie la competencia.

El problema es encontrar comprador. Aún con los precios cayendo un 38,8% (y más), las ventas siguen por los suelos: se vendían 25.000 pisos al mes a finales de 2012 (la mitad que en los buenos tiempos), un 12,8% menos que en 2011. Y para este año, ya sin ayudas, se espera una caída mayor, aunque haya un stock de un millón de pisos sin vender (y hasta 2 millones). El problema, una vez más, es la crisis: hay 6 millones de españoles sin trabajo y casi la mitad de los que lo tienen son mileuristas o temen por su empleo. Y así casi nadie piensa en comprar piso, aunque bajen a la mitad. Porque una familia que compra su vivienda se ve atada a pagar por ella un 27,5% de sus ingresos (por 30 años). Además, hay que tener ahorrado un 20% de su precio, para entrada, escrituras, gastos y muebles. Una costosa inversión.

Además, no basta con tener un empleo más o menos estable y un sueldo digno: hay que conseguir una hipoteca. Y el crédito es cada vez más escaso y más caro. Escaso, porque  los bancos no consiguen financiarse, salvo con depósitos cada vez más caros. Y miran con lupa cada euro que prestan, ahora que la morosidad está en niveles históricos. Además, con la reforma financiera, el que no está nacionalizado está buscando capital o digiriendo una fusión: no están para prestar. Y cuando lo hacen, es a precios desorbitados: si hace un año daban hipotecas al Euribor+0,5 o Euribor+1%, ahora, las entidades más baratas cobran ya Euribor+1,85%, Euribor+2%, Euribor+3,25% y más. Y a eso hay que sumar comisiones crecientes (estudio, cancelación parcial o total) y exigencias adicionales (nómina, contratación de seguro de vida y de hogar...). Vamos, que la hipoteca se pone por un pico, si te la dan, porque llevan 30 meses cayendo.

Otro problema para el comprador es que los pisos que más bajan son los más caros, no los más accesibles. Una opción, complicada, es cambiar de ciudad y buscar piso en las cuatro autonomías con la vivienda más barata ( Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana), sobre todo en las seis provincias con precios más bajos, cuatro próximas a Madrid: Toledo (1.209 €/m2), Ávila (1.251 €), Cuenca (1.291 €), Ciudad Real (1.293 €), Badajoz (1.327 €) y Jaén (1.325 €), con precios la mitad que Madrid (2.567 €/m2) o Barcelona (2.573 €). Pero claro, no están las cosas para elegir trabajo y ciudad donde vivir.

En consecuencia, el mejor consejo para los que piensan comprar piso es esperar, a 2014 o 2015, para que bajen aún un 20% más (el “banco malo” estima que bajarán en 2013 y 2014, se estabilizarán en 2015 y 2016 y empezarán a  subir en 2017, un 3% anual durante diez años). Y mientras, vivir de alquiler, que sigue bajando: un -3,4% en el último año y un -27,7% desde 2007, según Fotocasa, con precios medios de 7,32 euros/mes, o sea alquileres de 600 a 1.000 euros al mes. Y se quieren promocionar alquileres sociales más bajos, aunque pocos (6.000) y sólo para las familias más pobres que hayan sido desahuciadas desde 2008.

Al final, 2013 será otro mal año para la vivienda, donde el particular que busca vender tendrá que bajar su piso otro 15-20% más para colocarlo y donde los que buscan comprar no tendrán ingresos ni hipotecas asequibles. Por eso, se impone cambiar de mentalidad, dejar de pensar en los pisos como una inversión y pensar en la casa como una necesidad que es mejor resolver con alquiler, ahorrando para cubrirse del paro, la educación de los hijos  y la vejez. Pinchar la burbuja inmobiliaria no unos años, sino para siempre.

Más copagos en la Sanidad pública

La sanidad pública la pagamos cada día con nuestros impuestos. Pero como el gasto se ha disparado (hay más hospitales, la tecnología es más cara y vivimos más), el Gobierno Rajoy nos cobra un extra por cuidar nuestra salud: los copagos. Empezó en julio con el copago farmacéutico y ha añadido nuevos copagos por las ambulancias, las prótesis, alimentos dietoterápicos y algunos fármacos hospitalarios. Desde el 1 de enero, hay un re-copago de un euro por receta en Madrid, que se suma al de Cataluña. Y este año serán privatizados 25 grandes hospitales en ocho autonomías gobernadas por el PP. Como las autonomías incumplirán sus déficits, habrá más recortes en sanidad en 2013, con nuevos copagos. Tras 16.000 millones de recortes desde 2010 (25% del gasto), la sanidad pública está a punto de estallar, en perjuicio de los pacientes, que cada vez pagamos más por ella. Hace falta un gran Pacto nacional para blindar su financiación y mejorar seriamente su gestión.



enrique ortega

Sanidad acabó el año 2012 como lo empezó: con recortes y copagos. El 19 de diciembre pactó con sus autonomías (ante el rechazo de Andalucía, Asturias, País Vasco y Cataluña) implantar este año cuatro nuevos copagos en la sanidad  pública. Uno de 5 euros por traslado no urgente en ambulancias, con un máximo de 10 a 60 euros al año (6 a 60 los enfermos crónicos) según la renta. El segundo, un copago por prótesis (audífonos, prótesis, implantes, muletas o sillas de ruedas): se pagará del 10% al 60% del coste, con un tope  de 20 a 60 euros, según ingresos. El tercer copago, para los alimentos dietoterápicos, que toman pacientes de cáncer y cirugías digestivas, por los que se pagarán del 10 al 60% del precio (máximo 1 euro por envase).Y el cuarto, 32 medicamentos que sólo se dispensan con receta hospitalaria (para cánceres, hepatitis, linfomas y enfermedades víricas), por los que se pagará un máximo de 4,13 € por envase.

Además, se han recortado prestaciones de la sanidad pública para 2013: en la prueba del talón (ahora se utilizará el análisis para detectar 5 enfermedades, frente a autonomías que analizaban 33), en los tratamientos de reproducción asistida (se limitan a mujeres menores de 40 años y parejas que no tengan hijos sanos), implantes oculares, rehabilitación y genética. Y se revisará el Catálogo de  prestaciones sanitarias, para recortarlas en 2013 y 2014.

Estos nuevos recortes se suman al gran recorte de gastos de 7.000 millones aprobado en abril de 2012, con el copago de los medicamentos, la retirada de financiación pública a 400 medicamentos (que ahora pagan íntegramente los pacientes) y la retirada de la tarjeta sanitaria a emigrantes sin papeles (unos 150.000), medida cuestionada por una resolución del Tribunal Constitucional y que no aplican cuatro autonomías “insumisas” (País Vasco, Andalucía, Asturias y Cataluña), mientras tratan de “paliarla” otras cinco (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y Canarias) y las 8 restantes lo aplican a rajatabla, con la oposición de médicos y ONGs.

Al copago farmacéutico en toda España se sumó el 23 de junio otro copago en Cataluña, de un euro por receta, para medicamentos a partir de 1,67 euros, con un tope de 61 euros al año por paciente y con el que la Generalitat recauda 8 millones al mes. Un re-copago farmacéutico que ha implantado Madrid el 1 de enero (precipitadamente, en papel), con un tope de 72 euros, para recaudar 83 millones en 2013. El Gobierno Rajoy impugnó en diciembre el re-copago de Cataluña y dice que impugnará en enero el de Madrid ante el Tribunal Constitucional, que se espera suspenda ambos en unas semanas (o meses), porque suponen una doble imposición y vulneran el principio de igualdad de los españoles, que pagan distinto por los medicamentos según donde vivan. Pero en el camino, Madrid y Cataluña nos habrán sacado a los usuarios unos 20 millones en tres meses (cada una), que la mayoría no vamos a reclamar luego euro a euro.

El copago farmacéutico estatal ,implantado en julio, ha servido para frenar algo el despilfarro en el consumo de medicamentos, sobre todo de los pensionistas, que ahora pagan un porcentaje con un tope anual (8,18 y 60 euros, según ingresos). De hecho, el gasto farmacéutico ha caído en 931 millones en los primeros cinco meses de copago, aunque cae más el gasto (-11,46%) que el número de recetas (-4,62%), porque lo que más ha caído es el precio de los medicamentos, forzados laboratorios y farmacias por el Gobierno.

Todo apunta a que los copagos van a seguir en 2013 y 2014, porque las autonomías no reducen suficientemente su déficit (7 no cumplen, según Hacienda) y la sanidad es su mayor gasto (40% Presupuestos). Además de recortar prestaciones, podrían aprobarse nuevos copagos por acudir a urgencias, por día de hospitalización o comidas, y ampliar el copago a toda la farmacia hospitalaria. Ello preocupa a los médicos, que temen que el efecto acumulativo de los copagos en los enfermos crónicos y polimedicados lleve a algunos pacientes a no medicarse. A nivel económico, la crítica al copago es que recae más sobre los activos con rentas bajas y que no hay un límite sobre la renta (en Alemania, los copagos no superan el 2% o el 1% en enfermos crónicos).

Entre tanto, 2013 será el año donde avanzará la privatización de hospitales en Madrid, Castilla la Mancha y otras siete autonomías del PP (Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Baleares y Canarias).Aunque hay un trasfondo ideológico (“lo privado es mejor que lo público”), la razón básica es que estas autonomías tratan de quitarse gastos de funcionamiento, aunque sea en detrimento de la calidad del servicio y a veces con más gasto final (porque se acaban revisando al alza las concesiones, como pasó en Madrid y como piden ahora los hospitales privatizados en Valencia).

En cualquier caso, el problema real es que la sanidad española ha saltado por los aires por un doble efecto: han crecido exponencialmente los gastos (por los nuevos hospitales y centros, el encarecimiento de las tecnologías y la mayor esperanza de vida) y han caído por la crisis los ingresos del Estado y las autonomías, que han recortado drásticamente el Presupuesto: en 2013 habrá 16.000 millones menos de gasto sanitario que en 2009 (-25%). Y así, no hay sistema que resista.

La solución sólo puede venir por dos caminos. Uno, conseguir más recursos para la sanidad pública: España gastaba menos que la OCDE en 2009 y mucho menos ahora (1.210 euros por habitante en 2012). Ello exige recaudar más, pero no con el céntimo sanitario (1.800 millones que pagan los automovilistas) ni con copagos (injustos), sino con impuestos, para que financien más la sanidad los que más tienen (particulares y empresas). Por otro, hay que gastar y gestionar mejor, aprovechando al máximo los recursos sanitarios (consultas mañana y tarde, aparatos y quirófanos funcionando las 24 horas…), con criterios de eficiencia económica y médica. Y dando más autonomía a los hospitales y centros, a cambio de rigurosos objetivos de resultados y calidad y con exigentes auditorías externas independientes.

Con los recortes no se salva la sanidad pública ni tampoco sin cambios drásticos en su gestión. Hace falta acabar con los enfrentamientos y las protestas, que acaban pagando los pacientes (6.000 operaciones sin hacer y 40.000 consultas pendientes). Es urgente un gran Pacto nacional para asegurar a la sanidad recursos suficientes para una década y garantías de que se gastan con eficacia, dejando a los médicos que se impliquen sin privilegios. Si no, cada vez tendremos una sanidad peor y con más copagos injustos.

La luz sube por triplicado en 2013

Con el año nuevo, vuelve a subir la luz a 20 millones de usuarios, a la mayoría por triplicado. A todos nos sube un 3%, por aumento de costes y para que las eléctricas repercutan los nuevos impuestos que les ha puesto el Gobierno. A la mayoría les sube además otro 3% para penalizar el consumo. Y a los usuarios que viven en nueve autonomías con  impuestos medioambientales a las eléctricas, también se los repercuten en el recibo. En total, una subida del 8% para la mayoría, que se suma al 13,95 % que subió la luz en 2012 (incluyendo el IVA). Con ello, el recibo ha subido un 73% desde 2008, más del triple que en el resto de Europa, donde somos el tercer país con la luz más cara. Y a pesar de eso, tenemos 29.000 millones de deuda con las eléctricas, que también pagamos con el recibo. Mientras, el Gobierno es incapaz de recortarles costes y estudia liberalizar el precio de la luz.

En el galimatías que es el recibo de la luz, menos de la mitad de la factura (45%) es el coste de producirla (24,8%), transportarla (4,6%) y distribuirla (16,2%). Y la otra mitad larga (55%) son otros costes, “peajes” que ha puesto el Gobierno y que pagamos los usuarios con el recibo: impuestos (20%), ayudas a las energías renovables (22%), pago de la moratoria nuclear de 1983 (3%), pago de la deuda a las eléctricas (6%), compensación a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas, Ceuta y Melilla (3%) y un amplio resto donde compensamos a las grandes empresas consumidoras, el transporte y el ahorro energético.

El Gobierno no toca ahora la mitad de los peajes y deja que suba la mitad de los costes, un 3% para el primer trimestre. Subida que recoge no sólo el aumento de costes  en el mercado eléctrico, sino que las eléctricas repercuten también parte de los 7 nuevos impuestos a la generación de electricidad  que empiezan a pagar el 1 de enero (3.000 millones).

Esta es una subida para todos los usuarios. La segunda subida es un recargo a los usuarios que consuman luz un 10% por encima de la media. Pagarán un precio extra sobre el kilovatio que depende de la potencia contratada, en siete tramos entre 3 y 10 kilovatios. Así, por ejemplo, entre 4 y 5 kilovatios (consumidor medio), el recargo se paga a partir de consumir 247 kilovatios: 0,00136 euros por kilovatio extra en el primer tramo (hasta 291 kilovatios), 0,00276 euros en el segundo tramo (292-336 kv), 0,00483 euros en el tercero (337-381 kv), 0,0759 euros por kilovatio en el cuarto y 0,001104 euros en el quinto (más de 427 kv).

El Gobierno, que aún no ha aprobado el recargo, dice que lo hace para promover el ahorro energético, pero las asociaciones de consumidores denuncian que es una subida encubierta, que pagarán la mayoría de consumidores: una subida extra del 1% al 8%, que supone un aumento medio de otro 3% en el recibo. Y critican que el criterio de consumo sea global y no per cápita, lo que penaliza a las familias con más miembros frente a los que viven solos. Además, penaliza especialmente la tarifa nocturna (la de más ahorro), ya que el recargo por consumo se aplica sobre consumos mucho más bajos, lo que les supondrá un aumento en el recibo del 9,3 al 15,2 %. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha pedido al Gobierno que retire este recargo, porque penaliza a 8 millones de usuarios y resulta difícil aplicarlo.

La tercera subida se aplicará a los consumidores que vivan en las nueve autonomías que han puesto impuestos “medio ambientales” a los residuos y la producción, transporte o distribución de electricidad: Extremadura, Castilla y León, Castilla la Mancha y Murcia (las que tienen más impuestos), más Canarias, Galicia, Asturias y, recientemente, Comunidad Valenciana y Cataluña. En total, 200 millones en impuestos que acabaran pagando los usuarios de estas autonomías en el recibo de la luz, gracias a un real decreto que aprobó el Gobierno en julio pasado para atajar el déficit.

Al que le toquen las tres subidas, la luz les subirá un 8% en el primer recibo de 2013.Un aumento que se suma a la fuerte subida de la luz en 2012: un 10,95% entre julio y octubre, más otro 3% de subida del IVA en septiembre. Y si añaden las subidas anteriores, el recibo de la luz ha subido ya un 73% desde 2008, más del triple de la subida de la luz en la Unión Europea (+22%). Con ello, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, tras Chipre y Malta, según Eurostat: 16 céntimos por kilovatio a principios de 2012, frente a 12 céntimos de media en la UE. Y las empresas pagan una tarifa industrial (35% del consumo total) que es la sexta más cara de Europa (tras Italia, República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta).

A pesar de esto, los españoles debemos a las eléctricas 29.000 millones de euros, un caso único en el mundo, según la consultora PWC. Es una deuda acumulada desde 2002, justificada  porque nos han subido las tarifas menos de lo que les subían los costes reconocidos por la Ley eléctrica de 1.997 (Gobierno Aznar). Una hipoteca que tenemos los consumidores y que pagamos a 15 años: la deuda se convirtió en títulos, “papelitos” que compran los inversores y cuyos intereses y amortizaciones pagamos en el recibo de la luz, unos 3 euros al mes hasta 2025.

Para 2013, el Gobierno se había comprometido a que no creciera esta deuda eléctrica, igualando los pagos a los costes (que las eléctricas suben un 11%, hasta los 20.695 millones). Pero al final, ha tirado la toalla y el déficit seguirá creciendo, aunque tratará de enjugar la mayor parte con los nuevos impuestos (3.000 millones), que acabaremos pagando en el recibo, con ingresos por la subasta de CO2 (450 millones), con impuestos autonómicos (200 millones, que también pagaremos) y con 2.270 millones de “ingresos extraordinarios”, que no detalla, pero que coinciden con el pago del principal y los intereses de la deuda eléctrica en 2013 (y que pagamos con el recibo de la luz). El Gobierno asume su fracaso en impedir que siga creciendo la bola de la deuda y en lugar de frenar los costes eléctricos, deja que suban y que los paguemos los usuarios.

Además, prepara para 2013 una nueva reforma, que contempla liberalizar la tarifa de la luz, o bien a todos los usuarios (20 millones que tienen contratados entre 3 y 10 kilovatios) o bien a una parte (entre 5 y 10 kilovatios). Con ello quieren quitarse el problema de tener que fijar la tarifa de la luz cada trimestre, lo que consideran “un resquicio del franquismo”, dejando que el precio de la luz lo fije libremente el mercado (como el agua, el teléfono, los carburantes y tantas cosas, donde ya sabemos qué ha supuesto la liberalización).

Lo que no afrontan es reformar a fondo el mercado eléctrico español, para quitarle unos costes “heredados del franquismo” (esos sí). Sobrecostes de hidroeléctricas y nucleares ya amortizadas, subvenciones encubiertas al transporte, a la distribución y a las grandes empresas consumidoras (200 millones), compensaciones dudosas  y extracostes del gas y energías renovables que han alimentado una gran burbuja eléctrica que pagamos todos: sobra electricidad (hay 100.000 Mw instalados cuando consumimos 40.000 Mw).

No puede ser que paguemos la luz más cara que el resto de europeos, que suba año tras año  y encima estemos endeudados con los que la producen, que siguen repartiendo beneficios. Hay que rebajar el coste de la luz y pagar por lo que realmente vale. Pero ya. Porque pagamos ahora cada mes lo que antes (2007) en dos meses. Miren sus recibos.

2013: Feliz año... igual de malo

Entramos en 2013, el quinto año de la crisis (en realidad, el sexto, pero en 2008 no la notábamos). Todo apunta a que será igual de malo que 2012, sino peor: más recesión, más paro, menos ingresos, más recortes y más pobreza. Otro año con la economía parada, sin consumo ni inversión. Y con Bruselas y Rajoy empecinados en el fundamentalismo del déficit, en aplicar el ricino de los recortes, que nos han llevado a profundizar la recesión, agravar el paro y encima recortar poco el déficit público. Por eso, en 2013, con o sin rescate, Merkel y Bruselas nos forzarán a nuevos ajustes, a más recortes en pensiones, desempleo, despidos públicos, sanidad, educación, gastos sociales. Y subirán los impuestos. Más de lo mismo, para deprimir más la economía y la vida de los españoles. Todo con la esperanza de que 2013 sea el último año de la crisis. Pero la salida del túnel será lenta, hasta 2018. Mientras tanto, ¡Feliz año 2013¡

enrique ortega

Para ver cómo será el nuevo año 2013, basta preguntarse: ¿voy a gastar más que en 2012? Y la mayoría piensa que no: unos, 6 millones ya (el 24 de enero se publica la EPA), porque no tienen trabajo ni perspectivas de encontrarlo. Y el resto, porque  temen perderlo, les han congelado o bajado sus salarios y su economía familiar está temblando, porque 15 millones son mileuristas (trabajadores, autónomos, pensionistas y parados) y 12 millones son pobres, que sobreviven gracias a la familia y a los ahorros (dos colchones que se acaban). El resultado es que la mayoría de las familias consumen lo mínimo y así no se vende, ni coches, ni ropa ni pisos ni casi nada. Y las empresas, despiden o cierran. Eso es la recesión. Y encima, el Gobierno, con sus recortes, deprime más la economía y aumenta el desempleo.

Este es el panorama que se espera para 2013, por mucho que el Gobierno se invente “brotes verdes” y hable de recuperación para el verano. Frente a una caída de la economía del -1,5% en 2012, el Ejecutivo cree que la recesión sólo será del -0,5% en 2013. Pero nadie se lo cree, ni los mercados y expertos privados ni los organismos internacionales: -1,3% augura el FMI  y -1,4% tanto la OCDE como la Comisión Europea. Con ello, la recesión se mantendría hasta septiembre y sólo creceríamos unas décimas en el último trimestre de 2013. Pero el año se saldaría con una nueva pérdida de empleo: otros 467.648 empleos menos, un tercio entre contratados del Estado, autonomías y Ayuntamientos. Y con el paro ya por encima de los 6 millones de españoles (6.145.000 parados en 2013, el 26,6%, según la Comisión Europea).

Más recesión, menos empleo, salarios a la baja y precios subiendo el 2%, un negro panorama que impedirá al Estado, autonomías y Ayuntamientos recaudar lo previsto, con lo que tampoco se podrá cumplir el gran objetivo de Rajoy: bajar el déficit público. En febrero se sabrá cómo han quedado las cuentas de 2012, pero todo el mundo (salvo Montoro) piensa que será imposible cumplir con el 6,3% de déficit prometido por el Gobierno (la Comisión Europea y la OCDE apuestan por un 8%). Con ello, Bruselas y Merkel nos tirarán de las orejas (aunque ahora digan que nos darán más tiempo) y nos exigirán, en febrero mismo, nuevos recortes, para 2013 y sobre todo para 2014.

¿Dónde meterán la tijera? Un poco en todo: pensiones (recorte jubilación parcial y anticipada, supresión clausula revisión con el IPC, anticipo jubilación a los 67 años antes de 2027…), desempleo (menos duración), sector público (reducción personal contratado y recorte de gastos) y una vuelta de tuerca en sanidad, educación y gastos sociales, estableciendo más copagos (como Portugal, donde ya se estudia un copago en la educación). Y por supuesto, subiendo impuestos, desde el IRPF al IVA y otros indirectos, también para 2014. Y se endurecerá la reforma laboral, con más poder para las empresas, menos indemnizaciones (Portugal las baja de 20 a 12 días)  y más contratos basura para jóvenes.

Al final, la vuelta de tuerca de Bruselas llegará, con o sin rescate. Merkel prefiere que Rajoy no lo pida, para no tener que pedir más dinero a los alemanes en vísperas de las elecciones de septiembre de 2013 (tampoco lo quieren Finlandia, Austria y Holanda). Todo va a depender de cómo vaya Italia, de cómo siga Grecia y Portugal y de que Francia (cuya economía está estancada) no agrave la crisis del euro. Para España, sería mejor un rescate blando, con la intervención del BCE comprando deuda en el mercado secundario, ya que eso rebajaría la prima  de riesgo (de 400 a 200 puntos) y la factura de intereses para el Estado, bancos y empresas, que están  pagando el doble que los alemanes para financiarse (con dificultades). Pero Rajoy quiere evitar el estigma político del rescate y Merkel ahorrarse pagar otra factura más. Ambos prefieren ganar tiempo, que pasen los meses y España consiga llegar a finales de 2013 sin rescate.

Será difícil, porque Europa sigue sin poner orden en su crisis, con la mitad de los países estancados o en recesión, y avanzando con lentitud en la unión bancaria (para 2014), fiscal (con un Presupuesto recortado para 2014-2020) y económica (sin Tesoro ni eurobonos). Y con la Europa del sur a la deriva, cayendo por tercer año consecutivo, lo que hace dudar a los mercados de que podamos pagarles la deuda. Con este panorama, en cualquier momento puede dispararse la prima de riesgo, con España en el punto de mira, lo que urgiría el rescate.

Con o sin rescate, el problema es que los nuevos recortes de 2013 van a agravar aún más la recesión y el paro, los verdaderos problemas de España (y de Europa). Y no sólo lo dicen los datos, es lo que sienten los españoles: un 79% piensan que 2013 será igual o peor que 2012, según el barómetro del CIS. Y lo peor: uno de cada cuatro que trabajan ven bastante o muy probable que pierdan su empleo en 2013. Con este desánimo, no hay economía que se recupere. Y más, cuando se agotan los colchones del ahorro y la familia, creciendo la pobreza y la desigualdad, con España ya un 98% por debajo de la renta media europea. Haría falta hacer otra política, ingresar 50.000 millones más (sin tocar los impuestos de la mayoría) y destinarlos a formación, tecnología, inversiones y ayudas al empleo y a pymes. Reanimar la economía, con un Plan Marshall europeo y políticas activas en España, no más recortes.

Pero los fundamentalistas del déficit y los recortes mandan en Europa y en España y su ideología conservadora les ciega para ver los frutos de su política: recesión, paro, pobreza y desigualdad. No van a cambiar, al menos que haya un estallido social. Sólo buscan ganar tiempo y esperar a tocar fondo en 2013, repitiendo que todo irá mejor en 2014. Es posible. Pero la crisis no terminará en 2013: la salida del túnel será lenta. Y todo apunta (según vaticina el FMI) que hasta 2018 no recuperaremos el pulso de antes de la crisis. Queda mucho.

Con todo, no perdamos el ánimo. Resistamos con la familia. ¡Feliz año 2013 ¡