España, un país de morosos

Es el deporte nacional: no pagar lo que se debe. Instituciones, autonomías, Ayuntamientos, empresas, autónomos y tres millones de particulares registrados como morosos. Somos el tercer país de Europa con más morosidad. El sector público tarda 162 días en pagar y las empresas 98 días. Todos incumplen la Ley contra la Morosidad (2010), que desde este 1 de enero obliga a pagar en 60 días (y en 30 las Administraciones públicas). Los impagos son un virus que contagia a empresas y autónomos sanos y fuerzan a un tercio a cerrar. Ahora, los impagos han llegado a  muchos trabajadores: sus empresas tienen problemas y ellos no cobran su sueldo o lo cobran tarde y mal. Y trabajan sin cobrar para no perder su empleo. La esperanza está en una Directiva europea que entra en vigor en marzo y obligará a España a cumplir con la Ley. Pero no bastará. Hace falta un Plan de choque contra la morosidad. Y salir de la recesión, porque mientras sigamos así, muchos no podrán pagar.

enrique ortega

En julio 2010, el Gobierno Zapatero aprobó una Ley contra la Morosidad, para intentar poner freno a la cadena de retrasos e impagos que arrastraba la crisis. El objetivo era acortar los plazos de pago con un calendario: 85 días en 2010 y 2011, 75 en 2012 y 60 desde el 1 de enero de 2013 (50, 45 y 30 días para el sector público). En paralelo, el acreedor podía reclamar al deudor hasta un 15% de la deuda, como indemnización. Pero las reclamaciones se eternizan en los Juzgados y la morosidad sigue ahí, con plazos de pago escandalosos: 162 días en las Administraciones  públicas (51 de media en Europa) y 98 días entre empresas (78 en la UE), según la Plataforma contra la Morosidad. Y las empresas del Ibex 35 pagaban en 2012 con 215 días de retraso.

España es el tercer país europeo con más retraso en los pagos, tras Italia (a 180 días paga el sector público y a 113 el privado) y Grecia (168 y 110 días), muy alejado del plazo de pago en Europa central (50 y 55 días) y en el norte de Europa (33 y 34 días). Cada año, las empresas dejan de cobrar por impagos un 7,1% de su facturación, perdiendo 42.600 millones. Esta morosidad es un virus que contagia a la economía sana y la tumba: se calcula que un tercio de las 600.000 pymes y 200.000 autónomos que han cerrado ya durante esta crisis ha sido por no poder cobrar sus ventas y servicios.

Siempre se habla del sector público como el mayor moroso: en 2011 debían unos 50.000 millones a empresas y autónomos, a los que autonomías y Ayuntamientos pagaron 27.000 millones en mayo de 2012, gracias a un Plan de pago de facturas con créditos públicos. Pero como les siguen cayendo los ingresos, han vuelto a las andadas: las autonomías debían 13.730 millones a proveedores en octubre de 2012, según Hacienda. Y habrán cerrado el año con 15.000 millones, más otros 5.000 los Ayuntamientos. Una deuda que sufren sobre todo pymes y autónomos, el sector educativo, la Dependencia (ancianos y discapacitados), proveedores sanitarios (3.000 millones sólo a los laboratorios) y farmacias, empresas de limpieza y servicios, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El sector público debe, pero también le deben. Sólo las autonomías tenían pendientes de cobrar a empresas y particulares 5.875 millones a finales de 2012. Y Hacienda, unos 20.000 millones en deudas tributarias (a 1,7 millones de contribuyentes), más otros 6.000 millones que está litigando en los Tribunales. Y la Seguridad Social, aunque no lo publica, podría tener 10.000 millones sin cobrar en cotizaciones. Para frenar los impagos, en julio subió los recargos al 20% aunque sea por un día y eso ha aumentado las peticiones de aplazamientos de pago: 2.000 millones de cuotas aplazadas en 2012, el doble que antes de la crisis. Y luego están los que no se retrasan ni aplazan: simplemente no pagan, por fraude o porque no pueden. Tal es así que la Seguridad Social tiene un “ejercito” de 3.257 funcionarios en procesos ejecutivos, para intentar cobrar cuotas.

Pero el grueso de la morosidad se da entre empresas y entre particulares. Más de la mitad de las empresas (56%) han sufrido un impago significativo en el último año, según el IV Estudio de Crédito y Caución. Y una de cada diez soporta impagos que ponen en riesgo su futuro. En el sector del transporte, por ejemplo, dos de cada tres facturas se cobra a más de 75 días. Y dos de cada tres empresas admiten tener contratos con clientes que les exigen pagarles a 85 días, cláusulas abusivas que prohíbe la Ley contra la Morosidad. La banca ha batido récords históricos de morosidad: un 11,23 % de los créditos concedidos hasta octubre, sobre todo créditos a promotores inmobiliarios (46.703 pueden ser fallidos), a empresas (36.810 millones pueden perderlos) y a particulares (24.800 millones, entre créditos consumo e hipotecas). Y un dato curioso: el 22% de las comunidades de propietarios tienen recibos impagados, por importe de 1.600 millones, de vecinos, inmobiliarias y bancos.

Al final, muchos trabajadores están sufriendo en sus carnes los impagos: sus empresas tienen problemas de liquidez o no cobran y a ellos no les pagan el sueldo, extras, horas o atrasos (o se los pagan con retraso). Se ha visto en empresas de limpieza o en trabajadores de la Dependencia y ONGs. Y no pueden hacer nada, salvo trabajar sin cobrar, porque si reclaman pueden verse en la calle. Otros, ya sin empleo, no han podido  pagar su hipoteca (siendo desahuciados) o sus deudas y han acabado en el registro de morosos de ASNEF, donde en 2009 había 2,7 millones de españoles (que hoy serán 3 millones). Y acabar fichado como moroso es una lacra que inhabilita para muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria a contratar la luz o el móvil. También hay mucho abuso de empresas (sobre todo de móviles) que llevan sin motivo a este fichero y otras que persiguen ilegalmente a los morosos.  

El  16 de marzo entrará en vigor una Directiva europea que obliga a pagar en 60 días (30 en el sector público), estableciendo un  recargo del 8,75%. Muchos creen que eso obligará a España a cumplir la Ley de Morosidad de 2010, empezando por la Administración. El ministro Montoro asegura que para este verano, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos pagarán a 30 días, gracias a las ayudas del Fondo de Liquidez autonómico (23.000 millones para 2013). Además, estudia que las empresas puedan cobrar sus facturas directamente de Hacienda, que luego las descontaría de las transferencias públicas a autonomías y Ayuntamientos. Pero no basta. Las empresas piden sanciones más duras por impagos (de 6.000 a 900.000 euros), establecer la figura del mediador (funciona en Francia) y agilizar los trámites judiciales: hay 39 procedimientos y se tarda 515 días de media  para resolver disputas comerciales.

Con todo, hace falta un Plan de choque para reducir los impagos públicos y privados, con ayudas y créditos del ICO, además de quitas para las deudas con la Administración. Pero el fondo del problema de los impagos y la morosidad es la crisis: no se vende, no se cobra, no se puede pagar a todos. Mientras no se cambie de política y se acelere la salida de la recesión, habrá empresas y particulares en apuros que no podrán pagar. Y muchos morosos serán fallidos. Seguro.