Pandemia: 4 veces más contagios en agosto

Los contagios por COVID 19 se han duplicado en dos semanas, siendo  España el tercer país europeo con más incidencia, tras Reino Unido y Paises Bajos. Esta 5ª ola se ceba en las personas de 12 a 40 años (sin vacunar) y toda la Península está en “riesgo extremo”, más grave en Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón y Baleares. Muchas autonomías reaccionan con más restricciones y toques de queda, algunos anulados por los jueces. Pero la única medida eficaz es reducir drásticamente los contactos sociales (también de día) y vacunar a todos los mayores de 40 años (más vulnerables), porque 4 millones no tienen la 2ª dosis. Y vacunar a los jóvenes, aunque necesitan varias semanas después para inmunizarse. El drama es que la variante Delta irá a más en agosto y Europa prevé que los contagios se cuadrupliquen, saltando en España de 677 hoy a 2.384 el 8 de agosto. Un tsunami para la salud, los hospitales y la economía. Evitémoslo.

Enrique Ortega

La pandemia en el mundo lleva dos semanas al alza, superando los 500.000 contagios diarios y rozando ya los 200 millones de contagiados (2,5 de cada 100 habitantes del Planeta). Hoy son 194,16 millones de personas contagiadas en 193 paises, según la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América (75,34 millones de contagiados), junto con Europa (58,74 millones) y el sudeste de Asia (37,30 millones), seguidos de lejos por el este del Mediterráneo (12,03 millones), África (4,72) y el Pacífico (4,13), según la OMS. Por paises, lideran los contagios Estados Unidos (34,44 millones) e India (31,41 millones), junto a Brasil (19,68), seguidos a mucha distancia por Francia (6,05 millones), Rusia (6,04), Reino Unido (5.72), Turquía (5,60), Argentina (4,84), Colombia (4,72), Italia (4,31) y España (4.280.424 contagiados) y Alemania (3,76 millones).

Los muertos por la pandemia se han estabilizado, en torno a los 8.700 diarios, y hoy se ha alcanzado la cifra de 4.159.142 fallecidos en el mundo por COVID 19 (2,4 millones este año), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (1.982.643 fallecidos), seguida de Europa (1.209.595), sudeste de Asia (543.016), este del Mediterráneo (229.078), África (110.958) y el Pacífico (61.215 muertos), según la OMS. Por paises, encabezan el ranking de mortalidad Estados Unidos (610.891 muertos), Brasil (549.924) e India (420.967), seguidos de lejos por Rusia (151.352), Reino Unido (129.446), Italia (127.949), Colombia (118.862), Francia (111.806), Argentina (103.721), Alemania (91.534) y España (81.221 muertos, de ellos 30.384 este año).

En Europa, los contagios por COVID 19 se han triplicado en las últimas dos semanas, pasando de 50 a 150 contagios por 100.000 habitantes, según los datos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC). Y eso por el avance de la variable Delta (india), un 60% más contagiosa, que ha disparado los contagios en Reino Unido (de 507 a 870 el viernes 23), Paises Bajos (de 90,3 a 720) y España (de 316 el 9 de julio a 677,67 contagios por 100.000 habitantes el viernes 23), el tercer país con más incidencia ahora en Europa, muy por encima de Portugal (427,7), Irlanda (252,4), Francia (200,6), Bélgica (153,5) y sobre todo de Italia (58,5 contagios por 100.000 habitantes), Austria (37,5), Suecia (35,9), Alemania (21,8) o Polonia (3,3 contagios/100.000), según los datos de Sanidad.

El problema de esta 5ª ola es que los contagios se han propagado con más rapidez que en las anteriores (de 95 a 677,67 en las últimas 4 semanas) y la incidencia ya supera con creces a “los picos” de la 1ª ola (217,3 contagios el 9 de abril 2020), la 2ª (529 el 9 de noviembre) y la 4ª (235,59 el 26 de abril de 2021), acercándose al pico de la 3ª ola (899 contagios el 27 de enero 2021). Y además, esta 5ª ola es especialmente virulenta entre los menores de 40 años, más vulnerables porque la mayoría no están vacunados: alcanza los 1.883 contagios por 100.000 habitantes (el triple que la media) entre los jóvenes de 20 a 29 años, los 1.623 contagios entre 12 y 19 años y 891 entre 30 y 39 años, según Sanidad.

Con esta incidencia récord de contagios (677,67 por 100.000 en las últimas 2 semanas), España se sitúa muy por encima del “riesgo extremo” (más de 250 contagios, según la OMS). De hecho, toda la Península lo supera con creces y sólo están “en riesgo alto” (150 a 250 de incidencia) Ceuta (209 contagios) y Melilla (240), según Sanidad. Dentro del mapa de “riesgo extremo”, hay 5 autonomías en situación más grave, con una incidencia elevadísima: Cataluña (1.184 contagios por 100.000 habitantes), Navarra (983), Castilla y León (890), Aragón (864) y Baleares (784 contagios). Y otras 8regiones tienen una incidencia por encima de 500 contagios: Asturias (658), Madrid (647), País Vasco (645), Cantabria (640), La Rioja (626), Galicia (575), Comunidad Valenciana (559 contagios) y Extremadura (514) Las 4 restantes están algo mejor, pero con una incidencia muy elevada también, “en riesgo extremo”: Andalucía (468), Canarias (413), Murcia (378) y Castilla la Mancha (299).

Otro dato preocupante es que hay un elevado porcentaje de positivos en las pruebas que se hacen en toda España (1.230.419 pruebas semanales, 200.000 más que antes): el 15,74% dan positivo, cuando hace sólo un mes eran el 4%. Eso indica un nivel de contagio “extremo” (más del 15% de positivos), especialmente elevado en Cataluña (20,88% de positivos), Aragón (19,08%), Castilla y León (18,61%), Navarra (17,43), Andalucía (16,32%), Comunidad Valenciana (15,79%), y Baleares (15,44%), según Sanidad. Y lo peor es que la mayoría de contagios no se pueden “rastrear” bien, debido a que la mayoría son de jóvenes que tienen un alto nivel de contactos sin posibilidad de seguimiento. De hecho, ahora, el 59% de los contagios son “casos sin contacto conocido”, según Sanidad, cuando hasta ahora eran el 31%. Y eso implica que sólo se descubran 2 contactos de media por caso y por eso la pandemia crece sin control. Además, muchos contagiados son asintomáticos y no respetan la cuarentena de 10 días al estar de vacaciones, facilitando la propagación del virus.

Al principio de esta 5ª ola, muchos parecían no preocuparse tanto como con otras anteriores porque había menos ocupación de camas y UCIS y menos muertes. Pero en las últimas dos semanas, eso ha cambiado. La ocupación de camas hospitalarias por enfermos COVID se ha duplicado con creces, pasando de 3.121 el 9 de julio a 7.955 el viernes 23. Es preocupante (“riesgo alto”) la situación de Cataluña (10,95% camas hospitalarias ocupadas por enfermos COVID) y están “en riesgo medio” los hospitales de Baleares (8,04% ocupación), Castilla y León (7,58%), Madrid (7,22%), La Rioja (6,83%), Euskadi (6,65%), Canarias (5,97%), Comunidad Valenciana (5,66%) y Andalucía (5,31%). Y aumenta también la ocupación en UCIs, con enfermos COVID de menos de 40 años: se han duplicado, de 627 a 1.292 en las últimas dos semanas. Y hay casos graves, de mayores de 40 años que aún no han completado la 2ª dosis de la vacuna, necesaria para afrontar con garantías la variante Delta.

Las muertes también están creciendo, aunque sean mucho menores que en las olas anteriores, al estar vacunados casi totalmente la mayoría de los mayores de 60 años. En la última semana (16 al 23 de julio) han muerto 125 personas por COVID 19, más que los 93 fallecidos la semana anterior y los 92 de la anterior. Mucho tienen que ver los datos aportados por  Sanidad: un 5,5% de los contagiados en esta 5ª ola son personas vacunadas con las 2 dosis y otro 11,4% son vacunados con sólo 1 dosis, lo que hace que no exista el 100% de seguridad con las vacunas para nadie (un 94,5% de inmunidad es un porcentaje altísimo). Y con ello, algunos mayores con patologías previas y también jóvenes acaban hospitalizados. Y los más vulnerables siguen muriendo, todavía “demasiados”.

Ante esta avalancha de contagios y hospitalizaciones, que tiene colapsados los Centros de Salud (sobre todo en lugares de vacaciones), el Gobierno central sigue con su política de no tomar medidas (salvo aprobar el decreto que suprime las mascarillas en exteriores) y dejar que lo hagan las autonomías, cada una a su manera (ver restricciones). Las que tienen un mayor nivel de contagio, con Cataluña a la cabeza, han optado por reducir los horarios de cierre de bares y restaurantes (eso sí, están abiertos hasta las 12,30 o 1 de la mañana), restringir los grupos (a 10 personas) y establecer toques de queda nocturnos, aunque sólo de 1 a 6 de la mañana, medida que han rechazado los tribunales en  Extremadura, Canarias o Aragón y han autorizado en Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra (aquí solo los fines de semana).

Estas “restricciones” son parches poco eficaces, porque no se limitan los contactos sociales durante la mayor parte del día, con lo que el virus tiene muchas horas y muchas vías para multiplicarse sin cortapisas, salvo la distancia social, la mascarilla y la prudencia de los más responsables. Y las autonomías se ven desbordadas para hacer pruebas, para ampliar seguimientos y rastreos y para obligar a los contagiados y a sus contactos a hacer cuarentena (la Directora de Salud de Baleares ha sido imputada por obligar a hacerlo a un contacto estrecho de un contagiado). Y aunque todas vacunan  a un buen ritmo (de los mayores de Europa), van a tener menos dosis y personal para vacunar en lo que queda de julio y agosto. Y decir que la solución es “vacunar a los jóvenes” es un espejismo: los expertos recuerdan que tardan de 2 a 3 semanas en inmunizarse, con lo que pueden vacunarse y contagiarse. Y contagiar. Ahora y cuando vuelvan de vacaciones en septiembre.

Por eso, la solución no puede ser esperar a vacunar a los jóvenes (no se puede conseguir antes de octubre) sino tomar medidas drásticas para reducir los contactos entre personas: reducción de horarios en hostelería y comercio, limitaciones en playas y lugares de ocio, toques de queda más amplios y cierres perimetrales de las ciudades con más contagios (medida que muchos jueces no autorizan). Y, en paralelo, acelerar la vacunación, pero no de los jóvenes sino de los mayores de 40 años pendientes, ahora más vulnerables en esta 5ª ola, dado que la variante Delta puede atacarles si no tienen la 2ª dosis.

El dato es muy revelador: a 4.089.046 personas con más de 40 años les falta poner la 2ª dosis, según los últimos datos de Sanidad (22 de julio). De ellos, la prioridad deberían ser las personas de 70 a 79 años (84.458 no tienen puesta todavía la 2ª dosis), luego las de 60 a 69 años (a 776.203 les falta la 2ª dosis), después las de 50 a 59 años (923.381 esperan el 2º pinchazo) y por fin las de 40 a 49 años (2.348.486 están sin la 2ª dosis). Sólo después de completar la vacunación de estos 4,08 millones de personas (más complicada ahora por las vacaciones y la menor llegada de dosis), debería empezarse a vacunar a los jóvenes.

El riesgo es que las autonomías no tomen medidas drásticas y traten de “salvar el verano” (para “no poner en peligro” el turismo y la hostelería), como ya pasó el año pasado. Pero esta vez, el riesgo de una 5ª ola descontrolada es mayor, porque en agosto será totalmente mayoritaria en Europa la variante Delta y eso acelerará los contagios (+60%) y las hospitalizaciones. Ya lo ha advertido el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), aunque su informe (ver web) apenas se ha divulgado: los contagios en Europa se van a multiplicar por 4, de 144,6 esta semana a 622,9 que prevén para el 8 de agosto. Y pone los pelos de punta la previsión que hacen para España: de 536 contagios esta semana (serán realmente 677) a 840 la semana que viene, 1.401 contagios el 1 de agosto y 2.384 contagios el 8 de agosto. Será la 3ª incidencia más alta prevista en Europa, tras  Chipre (6.926 contagios) y Holanda (5.956 contagios), nada que ver con la estimada por el ECDC en agosto para Italia (103,1 contagios), Portugal (643,4), Francia (252,2) y Alemania (15,4).

Los expertos europeos nos auguran un tsunami de contagios para agosto (2.384 contagios), aunque ni el Gobierno ni las autonomías parecen haber leído el Informe. Aunque la avalancha de contagios sólo sea la mitad (1.200 contagiados en agosto), es un cataclismo para la salud, para la sanidad pública y para la economía. Esta “5ª ola desbocada” va a provocar la huida de turistas extranjeros (Francia recomienda no viajar a España y Alemania exigirá cuarentena a la vuelta) y que no vengan muchos otros, junto a una estampida de turistas españoles que hoy están de vacaciones fuera de su ciudad (y que, a la vuelta,  volverán a acelerar los contagios en Madrid y muchas otras grandes ciudades). Y con ello y las restricciones al consumo, peligran la recuperación y el empleo esperados para el tercer trimestre, después de haber pinchado en el segundo por la 4ª ola.

Todavía estamos a tiempo de impedir el tsunami de contagios de agosto, si Gobierno y autonomías pactan medidas más drásticas para reducir el contacto social y consiguen el apoyo de los jueces. Pero no parece fácil. Lo más probable es que cada autonomía se busque la vida por su cuenta y con ello el virus tenga vía libre para multiplicarse, dado que todavía hay 22 millones de españoles sin la vacuna completa. Antes se pensaba que en septiembre superábamos la pandemia, con el 70% de españoles vacunados totalmente (hoy son el 54%). Pero ahora, con la variante Delta, los expertos dicen que hará falta vacunar al 80% o incluso al 92%, para conseguir la inmunidad de rebaño. Así que ya no saldremos del túnel de la pandemia hasta fin de año. Por eso, hay que dejar de hablar de “salvar el verano” y pensar en salvar la salud y evitar más muertes. Y afrontar con medidas drásticas y eficaces esta 5ª ola,  no con “parches”, para evitar un tsunami en agosto. Avisados estamos.

La pandemia dispara privaciones y pobreza

Como se temía, los últimos datos del INE revelan que la pobreza creció en España en 2020, por la pandemia y su profunda recesión económica. Hay 620.000 personas más en situación de pobreza y exclusión social, casi 12,5 millones de españoles, sobre todo mujeres solas con niños, jóvenes, parados e inmigrantes. Y lo más llamativo : casi se han duplicado los españoles en situación de privación material severa, 3.300.000 personas que tienen privaciones serias, problemas para comer carne o pescado, calentar su casa, pagar recibos o afrontar gastos imprevistos, sobre todo familias con niños. Un indicador de vulnerabilidad que vuelve a niveles de 2014, tras la anterior crisis. Urge tomar medidas para ayudar a estas familias a comer mejor, pagar sus recibos y el alquiler, con un Plan de choque para mejorar la atención social de niños, mujeres, jóvenes e inmigrantes. Y para mejorar sus ingresos, con un empleo. No podemos recuperar el país tras la pandemia dejando a uno de cada cuatro españoles atrás.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, ya teníamos en España un serio problema de pobreza, con 1 de cada 4 españoles en situación de exclusión social, según las estadísticas europeas. Así, en 2019 había 11.870.012 personas, un 25,3% de españoles, en situación de pobreza o exclusión social, según el indicador europeo AROPE que considera 3 factores: pobreza monetaria (personas que ingresan menos del 60% de la media del país), privación material severa (no poder atender 4 gastos básicos de 9, desde comer carne a pagar recibos) y bajo nivel de empleo (trabajar menos del 20% de la jornada normal). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. Y con este indicador AROPE, en Europa había 109,2 millones de pobres (un 21,7% de la población). Y los 11,8 millones de España (el 25,3%) nos colocaban en 2019 (antes de la pandemia) como el 7º país europeo con más pobreza, sólo por detrás de Bulgaria (32,5%), Rumanía (31,2%), Grecia (30%), Letonia (28,4%) e Italia (27,3%) y Lituania (26,3%), según Eurostat.

La pandemia ha empeorado la situación de pobreza y privación material, al reducir los ingresos de muchas familias y llevar a otras al paro. Y eso se refleja en la reciente Encuesta de Presupuestos Familiares de 2020, publicada  por el INE, que aumenta en 620.000 personas los oficialmente “pobres”, las personas con bajos ingresos, privación material severa o bajo nivel de empleo. Son ya 12.495.000 personas (el 26,4% de la población) “en situación de pobreza o exclusión social”, lo que rompe una tendencia de cinco años seguidos en que bajó  en España la tasa de pobreza AROPE (del 29,2% máximo en 2014 al 25,3% en 2019). Este es el porcentaje medio de pobreza, pero hay familias que están peor: madres solas con niños (49,1% de esos hogares son pobres), familias con niños (37,4% pobres) y personas que viven solas (31,8% pobres). Y sobre todo los parados (54,7% en situación de pobreza), inmigrantes (43,4% de los europeos y el 58% del resto del mundo). Y sufren más la pobreza las personas que tienen sólo educación primaria (36% son pobres) y sólo la ESO (32,5%).

En 2020, con la pandemia, han empeorado dos de los tres indicadores que miden la pobreza AROPE: la pobreza monetaria y la carencia material severa, mientras ha mejorado el bajo nivel de empleo, porque la Encuesta del INE toma los datos de 2019, cuando aún no había caído por la pandemia. La pobreza monetaria, las personas que ingresan menos del 60% de la renta media de los españoles, sí aumentó en 2020, aunque el dato es parcialmente revelador, porque toma como base la renta de 2019, que aún no había bajado por la pandemia. Aún así, hay 9.940.000 personas, un 21% de la población, que se le considera “pobre”, porque ingresó en 2020 menos del 60% de la renta media de 2019: menos de 9.626 euros anuales las personas solas y menos de 20.215 euros las familias con 2 hijos. Son 223.000 “pobres” más que en 2019, lo que rompe también 5 años de bajada de la pobreza monetaria (desde  el 22,2% máximo de 2014 al 20,7% de pobreza en 2019).

Este aumento de la pobreza monetaria en 2020 se ha concentrado en las mujeres (21,7% de pobreza, +0,6%) y no ha variado entre los hombres (20,2% de pobreza, igual que en 2019). Y ha aumentado sobre todo entre los niños (27,6% en los menores de 16 años, +0,5%) y entre los mayores de 65 años (18,8%, +4,3%), debido a que los ingresos de los jubilados crecieron menos que el umbral de la pobreza. Por autonomías, destaca el aumento de la pobreza monetaria en Cataluña (del 13,9 al 16,7%, un aumento del 20%) y su reducción en Ceuta, Aragón y Murcia. Pero la pobreza sigue concentrada en Extremadura (31,4% de la población), Ceuta (35,3%), Melilla (36,3%), Canarias (29,9%) y Andalucía (28,5%) y es muy reducida en Navarra (9,9% de la población), País Vasco (10%), La Rioja (15%), Castilla y León (15,1%) y Madrid (15,4%), según el INE.

Aunque ha aumentado la pobreza con la pandemia, lo más llamativo en 2020 ha sido que se ha disparado la privación material severa, las personas que no pueden hacer frente a 4 o más gastos de los 9 gastos que Europa considera básicos: no poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días (5,4% españoles no pueden, frente al 3,8% en 2019), no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada (10,9% no pueden frente al 7,6% en 2019), no poder afrontar gastos imprevistos (el 35,4%, frente al 33,9% en 2019), tener retraso en el último año en pagos de alquiler, hipoteca, gas o comunidad (el 12,2%, frente al 7,8% en 2019), no poder irse 1 semana de vacaciones al año (34,4% frente al 33,4% en 2019), no disponer de teléfono, TV, lavadora o coche (4,9% frente a 4,7%).

En conjunto, 3.300.000 personas, el 7% de los españoles no pudieron afrontar 4 o más de estos gastos en 2020, casi el doble que en 2019 (4,75%), un porcentaje de privación material severa similar al de 2014 (7,1%), en lo peor de la anterior crisis. Las que más sufren estas penurias son otra vez las mujeres (7% frente al 6,9% los hombres) y las familias con niños (8,2% tienen carencia material severa), en especial las madres solas con niños (el 16,8% sufrieron estas penurias en 2020). Por autonomías, donde más han aumentado estas carencias materiales ha sido en Cantabria (las sufren el 10,7% de personas, frente al 3,9% en 2019) y la Comunidad Valenciana (han saltado del 4,8 al 11,5% de la población).  La carencia de carne o pescado es más alta en Galicia, Melilla y Murcia, no poder mantener la temperatura de la vivienda se sufre más en Baleares, Melilla y Canarias y el mayor retraso en el pago de los recibos de la casa ha crecido en Ceuta, Canarias y Melilla.

Además de estos tres indicadores de la pobreza (pobreza monetaria, carencia material severa y bajo nivel de empleo), la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE refleja otro indicador: los hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes, un dato importante porque revela qué personas están en el camino de ser pobres mañana si les surge algún imprevisto. Y aquí, los efectos de la pandemia son muy evidentes: las personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes han pasado del 7,8% en 2019 al 10% en 2020. Son ya 4.733.261 personas, 1 millón más que antes de la pandemia. Y lo peor: son muchos más que en la crisis anterior (7,1% en 2014). El mayor porcentaje de personas “con mucha dificultad” para llegar a fin de mes se da en Melilla (17,6%), Canarias (15,6%), Andalucía (14,8%), Extremadura (12,7%), Murcia (11,2%) y Comunidad Valenciana (10,7%), siendo muy bajo en Ceuta (2,7%), Aragón (5,5%), País Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%). Otro 12,8% de españoles tienen “dificultad” para llegar a fin de mes y un 22,3% más llega “con cierta dificultad”. En total, un 45% de españoles tienen problemas para llegar a fin de mes con la pandemia.

Como se temía, los datos del INE revelan con claridad que la pandemia ha disparado la pobreza y, sobre todo, las penurias económicas de muchos españoles. Con ello, se ha agravado la situación de familias que ya tenían problemas y se les han sumado otras que han perdido trabajos e ingresos con la pandemia. En consecuencia, la pobreza y la penuria se ha generalizado más y alcanza ya “a personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revelaba la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% tienen entre 45 y 64 años), con nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, un 16% universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (otro 30,4%). Y la mayoría sobreviven gracias a la ayuda de familias o amigos (el 21,4%) y las ONGs (el 12,3%).

La ONG Save the Children alerta que la pandemia se ha cebado sobre los niños: hay 1.100.000 niños en situación de pobreza y de ellos, más de 740.000 niños (el 14,1% de los menores de 18 años) viven en situación de pobreza severa, en hogares que ingresan menos del 40% de la renta media. Y eso dificulta su alimentación, su educación, incluso su atención sanitaria, favoreciendo que sean también pobres cuando lleguen a adultos.

Todos estos datos urgen a tomar medidas en tres frentes. El primero y más básico, asegurar una comida decente a ese 5,4% de personas (2.565.000 españoles) que se alimentan con pocas proteínas. Eso requiere potenciar con ayudas públicas los Bancos de Alimentos y canalizar lotes de comida a través de ONGs, asociaciones de vecinos y colegios, con especial atención a la alimentación de los niños. El segundo frente, ayudar a pagar el recibo de la luz y el gas, mejorando el actual bono social eléctrico: la burocracia y el exceso de requisitos provoca que sólo lo reciban 1,1 millones de familias y que otras 3,5 millones de familias vulnerables se queden fuera. Y en tercer lugar, hay que mejorar y ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas, que son escasas y llegan a pocas familias necesitadas.

Además de estas medidas de choque, la pobreza y penuria post pandemia exigen reforzar los ingresos de las familias más vulnerables, desde el Ingreso Mínimo Vital al salario mínimo o las subidas salariales anuales. El Ingreso Mínimo Vital, la principal herramienta contra la pobreza (aprobada en mayo de 2020) no funciona bien: llegaba a mediados de julio a 320.000 beneficiarios, poco más de la tercera parte del objetivo previsto, llegar a 850.000 beneficiarios. Siguen sin solventarse los problemas (se mira la renta de 2019, no la de 2020, y hay un exceso de burocracia), lo que provoca que se hayan denegado 700.000 solicitudes (la mitad de las presentadas), mientras muchas autonomías han suprimido las rentas mínimas que pagaban (un tercio de los acompañados por Cáritas las han perdido).

Subir el salario mínimo (SMI) es otra medida clave para paliar la pobreza y la penuria material de muchas familias vulnerables, las que más cobran ese ingreso mínimo. España sigue siendo uno de los paises europeos con el SMI más bajo (1.108 euros en 12 pagas frente a 1.555 en Francia o 1.614 en Alemania)  y un Comité de Expertos ha recomendado al Gobierno subirlo de los 950 euros actuales (14 pagas) a 1.047 en 2023. Pero la patronal y la vicepresidenta Calviño se oponen a subirlo este año, argumentando que puede dificultar la recuperación y la creación de empleo. Es una postura discutible, pero la mayoría de expertos reconocen que la subida del salario mínimo es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza y la desigualdad, para ayudar a las familias más vulnerables.

En paralelo, urge mejorar los salarios más bajos y pactar unas subidas salariales más altas para 2022, que contrarresten el aumento de la inflación previsto este año: el IPC puede alcanzar el 2% para este otoño, cuando los salarios han subido el 1,56% este año, según la última estadística de convenios. Si no suben más los salarios y se dispara el precio de la luz, los carburantes y la alimentación, como está pasando, serán más los españoles que sufran carencias materiales severas. Y los que tengan problemas para llegar a fin de mes.

Además, necesitamos reforzar los servicios sociales, que están superados con el aumento de la pobreza y la penuria económica, lo mismo que las ONGs. España tiene que gastar más en servicios sociales (gastó en 2019 el 17,4% del PIB en protección social, lejos del 19,3% de media europea, el 23,9% de Francia, el 21,2% de Italia o el 19,7% de Alemania), gastarlo mejor (sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España, según la OCDE) y con menos desigualdad entre autonomías (sólo País Vasco, Navarra y Castilla y León tienen unos servicios sociales “excelentes” mientras la mayoría tienen un nivel “medio” y 10 autonomías suspenden, de ellas Cantabria, Canarias, Murcia y Madrid con servicios sociales “irrelevantes”, según el índice DEC 2020).

Junto a todas estas medidas contra la pobreza, la principal es que la economía se reanime y se pueda crear empleo estable y decente, porque el desempleo y los trabajos precarios están detrás de la mayoría de las familias vulnerables. Eso pasa por poner en marcha el Plan de recuperación y gastar bien las ayudas europeas, pero también por aprobar un Plan de choque para crear empleo urgente entre los colectivos más afectados por la pandemia: las mujeres, los jóvenes, los parados de larga duración y los inmigrantes. Un Plan que incluya formación e incentivos a la contratación, con un asesoramiento personalizado a los parados de las oficinas de empleo. Y muy dirigido a las regiones y colectivos más afectados, en sus ingresos y paro, por la pandemia.

Muchos no quieren oír hablar de la pobreza y creen que es algo que sólo afecta a unos pocos, que no es un problema para la mayoría. Pero sí lo es. Porque la pobreza creciente es un serio obstáculo para la recuperación económica, que se dificulta si una cuarta parte de la población no puede gastar y consumir, contribuir al crecimiento y al empleo. Y también ataca   la democracia, porque las personas más vulnerables y en exclusión social no participan en el sistema y son caldo de cultivo de populismos y extremismos. Y además, la pobreza es una muestra de desigualdad e injusticia social. Por todo ello, la pobreza es un cáncer social, económico y político, que hay que extirpar. No podemos pensar en recuperar la economía y el país dejando a la cuarta parte de españoles atrás.

Viviendas: la ola de rehabilitación que viene

El pasado martes 13 de julio, el mismo día que la Comisión Europea aprobaba el Plan de Recuperación de España, el Gobierno liberaba aquí los primeros 1.631 millones europeos para gastarlos en la rehabilitación de viviendas, el 2º mayor programa del Plan tras el coche eléctrico. Ahora se tienen que montar oficinas en las autonomías para que este otoño se puedan pedir ya las ayudas para rehabilitar viviendas (ventanas, aislamientos, calderas…) y que consuman menos energía. El gran objetivo es rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y luego, otras 300.000 cada año a partir de 2030. Los propietarios (incluso los inquilinos) podrán pedir estas ayudas europeas (del 35 al 100% de la rehabilitación) y también incentivos fiscales en el IRPF, lo que podrá en marcha “una gran ola rehabilitadora”, que tirará de la construcción y creará 180.000 empleos. Para conseguir renovar nuestras viviendas y reanimar la economía, el Plan debe ser ágil, sin mucha burocracia y dar facilidades a los vecinos.

Enrique Ortega

 

La Comisión Europea se ha fijado como una de sus prioridades de futuro “la rehabilitación energética” de los edificios europeos, porque son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Su gran objetivo, dentro de su estrategia contra el Cambio Climático, es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones en 2050”. Para lograrlo, ha incluido la rehabilitación energética de edificios como una de las prioridades de su Plan de recuperación, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a fondo perdido).

A partir de aquí, cada país ha elaborado su Plan de Recuperación, bajo las directrices europeas. El de España se aprobó definitivamente en el Ecofín (reunión Ministros de Economía de los 27) del pasado martes 13 de julio y en septiembre vendrán ya los primeros 9.000 millones de Fondos europeos, a los que seguirán otros 10.000 más en diciembre. Y ese mismo martes, el Consejo de Ministros “liberaba” en España el primer gasto con cargo a esos Fondos europeos: 1.631 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, el 2º programa de inversión más importante (tras el coche eléctrico y la movilidad sostenible) del Plan de recuperación presentado a Bruselas y que espera contar con un total de 70.000 millones de ayudas europeas en los próximos 5 años.

El programa de rehabilitación de viviendas de España, incluido en el Plan de Recuperación aprobado por Bruselas, contempla una inversión total de 6.820 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023. Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar 500.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y a partir de ahí, poner en marcha una industria de rehabilitación de viviendas y un esfuerzo inversor privado que permitan seguir por esta senda, con otro objetivo aún más ambicioso después: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, 7,2  millones de viviendas rehabilitadas en total para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo suena desmesurado si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2.01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media UE-27 está en el 1,5% de rehabilitación. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, por habitabilidad y alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). Tenemos un parque de viviendas de 25,7 millones, de las que 19 millones son viviendas principales. Y se estima que más de la mitad, concretamente 9,7 millones son anteriores a 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que serían las candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación 2021-2023, incluido en el Plan de recuperación de España, contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene 3 líneas de actuación: ayudas del 35 al 100% a particulares y empresas para la rehabilitación de viviendas (1.994 millones), rehabilitación de barrios enteros (976 millones) y nuevos incentivos fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) para la rehabilitación (otros 450 millones). El segundo Plan (1.000 millones de inversión) contempla la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades, donde el 30% de las viviendas son anteriores a 1960 y el 10% están en estado ruinoso, malo o deficiente), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos, de la administración Central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos y culturales o asistenciales (1.080 millones de inversión). Y el cuarto Plan del programa (1.000 millones más) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler entre 2022 y 2023.

El Plan de rehabilitación de viviendas privadas, el núcleo del programa (3.420 millones) contempla dos tipos de ayudas al propietario de la vivienda. Unas serán ayudas directas, subvenciones que irán del 35% al 100% del coste, según el tipo de rehabilitación que se haga. Y las otras serán incentivos fiscales en el IRPF, sólo para particulares, que serán del 20% (para obras menores), el 40% (para procesos integrales de rehabilitación) y hasta del 60% cuando se rehabiliten edificios enteros (o viviendas unifamiliares). En todos los casos, se exigirá que la rehabilitación suponga al menos un ahorro de energía del 30%, con obras ligadas al cambio de ventanas, reforzamiento de fachadas, aislamiento y cambio de calderas. Y se permite que las ayudas las puedan solicitar también los inquilinos, si pactan con el propietario destinar  el pago del alquiler al coste de la rehabilitación.

Todavía es pronto para cuantificar las ayudas, pero se estima que podrían ser de 5.000 a 15.000 euros por vivienda, según el proyecto de rehabilitación y el ahorro energético que se consiga. Y también se contemplan otras ayudas para que las comunidades de vecinos encarguen un Libro del Edificio (un estado de situación y sus necesidades) y para pagar la redacción de los proyectos de rehabilitación por parte de empresas y consultoras (financiando a las comunidades del 40 al 80% de su coste, hasta 16.000 euros).

De momento, el Consejo de Ministros ya liberó el 13 de julio la parte de este programa de rehabilitación correspondiente a 2021, los primeros 1.631 millones destinados a la rehabilitación residencial: 1.151 millones serán para la rehabilitación de viviendas y barrios y 480 millones serán para rehabilitar edificios públicos. Ahora, el siguiente paso es repartir este dinero público, porque el 80% lo gestionarán las autonomías, que son las que tienen las competencias de vivienda. Próximamente habrá una reunión del Consejo Interterritorial para repartir los fondos por autonomías, en base a los hogares y la población de cada una. Las 4 autonomías que van a recibir más de 100 millones para rehabilitar este año son Andalucía (199,9 millones), Cataluña (186), Madrid (161) y la Comunidad Valenciana (124,6 millones). Pero cara al futuro, la propuesta del Gobierno es que las autonomías que mejor lo hagan, que rehabiliten más viviendas, se les “premie” con más fondos para 2022 y 2023.

La intención del Gobierno es aprovechar estos meses para poner en marcha el sistema y que se puedan solicitar las ayudas para rehabilitación ya en septiembre, aunque lo más probable es que 2021 sea un año medio perdido. La clave es que no haya “peleas” entre el Gobierno central y los autonómicos de distinto color y que las autonomías pongan en marcha Oficinas únicas para la rehabilitación en los Ayuntamientos, facilitando los trámites a los particulares y comunidades de vecinos interesadas. Además, Fomento está promoviendo que se creen empresas para facilitar la rehabilitación ”llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a constructoras, energéticas y bancos. Además, se ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

A poco que se haga bien, podemos asistir a una “ola de rehabilitación”, donde particulares y empresas aprovechen estos Fondos europeos para remozar sus viviendas, a la vez que se rehabilitan barrios enteros y edificios públicos. El objetivo es que esos 6.820 millones de Fondos europeos puedan movilizar tres veces más de Fondos públicos y privados y conseguir así hasta 22.500 millones de inversión para rehabilitar el parque de vivienda. Esta nueva actividad puede generar una importante industria (se crearán empresas para gestionar las ayudas y otras para realizar la rehabilitación) y colaborar en la esperada recuperación. De hecho, el Gobierno estima que los Planes de rehabilitación crearán 188.000 nuevos empleos y contribuirán con 13.500 millones de euros al PIB. Eso sin contar con el ahorro energético que lograrán (-40% de energías fósiles) y el recorte estimado de emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales).

Todo apunta a que estamos ante una oportunidad histórica para mejorar el parque de viviendas (lo que podría aumentar la oferta de alquileres), fomentar nuevas empresas, crear empleos con futuro y colaborar en la lucha mundial contra el Cambio Climático. Y también estamos ante un gran reto: saber si España es capaz de gastar estos Fondos europeos con rapidez y eficacia. La Comisión Europea nos va a mirar con lupa, año tras año, con el compromiso de que el dinero europeo que no se haya gastado en rehabilitación (la fecha tope es el 26 de junio de 2026) habrá que devolverlo. Y que si el programa se atasca o va lento, no nos liberarán nuevos pagos. Nos jugamos mucho con hacerlo bien. A rehabilitar tocan.

Telecos: otra subida de móviles e Internet

Hoy 15 de julio, Vodafone vuelve a subir sus tarifas, como lo hará Orange el 1 de agosto. Euskaltel ya las subió el 1 de julio y Movistar el 12 de enero a los clientes y el 11 de abril a los nuevos. Es el 7º año de subidas anuales de las tarifas de móviles e Internet, que han aumentado un 25% desde 2015, mucho más que la inflación o los salarios. Y España es el 4º país con las tarifas más caras de Europa. El problema es que las telecos se dedican a subir a sus clientes mientras bajan sus tarifas “low cost” para captar nuevos clientes y evitar fugas. Esta “guerra de precios” lleva a Movistar, Orange y Vodafone a perder mercado y facturación, en beneficio de MásMóvil y Digi. Y Europa tiene 80 grandes telecos poco competitivas mientras USA y China tienen 3 operadores fuertes. Se avecinan fusiones y más subidas, aprovechando que estamos “enganchados” al móvil.

Este es el 7º año consecutivo en que suben en España  las tarifas de los móviles e Internet. Empezaron a hacerlo en 2015, tras las fuertes bajadas de precios hechas entre 2009 y 2014, en medio de una tremenda lucha por el mercado. En estos 7 años, las telecos han subido las tarifas a sus clientes entre una y dos veces al año (generalmente en febrero y julio-agosto), con la excusa cada vez de que ofrecían a cambio más datos o más velocidad (que el cliente no pedía). Es la estrategia del “más por más”, a la que los clientes sólo se pueden oponer cambiando de compañía (sin penalización). Pero la mayoría “tragamos con las subidas”, porque sabemos que todos las hacen.

Ahora, la mayoría de las telecos aprovechan el verano (“se nota menos”) para hacer la subida de este año. Hoy 15 de julio entra en vigor la subida de Vodafone (que ya subió sus tarifas el 15 de noviembre): un aumento de 3 euros a todos sus clientes de fibra y móvil, más una subida adicional de 1,5 euros por cada línea móvil adicional. Y el 1 de agosto subirán las tarifas de Orange: un aumento de 2,05 euros mensuales para los clientes antiguos y nuevos que navegan a 600 Mbps (se les sube a 1 Gbps) y 5,05 euros de aumento para las tarifas más caras (clientes nuevos y antiguos). El grupo Euskaltel (la vasca Euskaltel, la gallega R y la asturiana Telecable), ahora propiedad de MasMóvil, ya subió sus tarifas (hasta 5 euros mensuales) el 1 de julio, a cambio de mejoras en velocidad y TV. Yoigo, marca de Mas Móvil, ya subió sus tarifas a nuevos clientes en marzo y Movistar se adelantó a todos, subiendo el 12 de enero las tarifas Fusión a clientes antiguos (entre 2 y 3 euros) y el 11 de abril sus nuevas tarifas Fusión a nuevos clientes (con una subida mínima de 3 euros).

Esta ha sido la tónica de subidas desde 2015: un aumento de tarifas de 2 a 3 euros al mes, una o dos veces al año, lo que da ya una subida mensual de 21 a 30 euros en la tarifa convergente (teléfono fijo y móvil, Internet fijo y móvil y a veces TV de pago) que pagan la mayoría de clientes (el 40% de los hogares españoles tiene contratado ese paquete “quíntuple”). Eso supone un aumento de la factura de nuestros móviles e Internet que ronda el 25% en estos 7 años, cuatro veces más de lo que han subido los precios (+6,2% subió el IPC) y dos veces y media lo que han subido los salarios (+10,52% subida convenios desde 2015). Y que estamos pagando entre 252 y 360 euros más cada año por usar nuestros móviles y acceder a Internet, sin ser muy conscientes de esta subida.

Al final, este rosario de subidas anuales ha provocado que España sea el 4º país de Europa con las tarifas de móvil e Internet más caras, tras Bélgica, Irlanda y Chipre, según los datos de la Comisión Europea para 2019, recogidos en el Informe DESI 2020. Y hemos empeorado, porque en 2018 éramos el 7º país más caro.  En fibra óptica y ADSL, España ocupa el 4º lugar de los paises más caros (tras Bélgica, Holanda y Chipre) y en telefonía móvil también somos el 4º país más caro, tras Chipre, Eslovaquia y Chequia. Sólo mejoramos algo en la comparación del precio de los “paquetes” (telefonía, Internet y TV), donde somos el 6º país más caro, en un ranking liderado por Grecia, Irlanda y Chipre. Con datos de 2020, recién publicados por Eurostat, España tiene unas tarifas de “comunicaciones” un 21,5% más caras que la media de Europa: un índice 121,5, por encima Alemania (120,2), Portugal (118,1), UE-27 (100), Francia (97,2) e Italia (81,2). Y sólo tienen tarifas más caras Holanda (índice 124,8), Bélgica (170,9), Grecia (173) y Noruega (180,1).

El problema no es sólo que cada año nos suban las tarifas de móviles e Internet, queramos o no las “ventajas” (velocidad, datos y TV) que nos venden a cambio. El problema es la política de tarifas que tienen las telecos que compiten en España, “un desmadre” que perjudica a los clientes antiguos en beneficio de los que no se conforman y se dedican a cambiar de compañía. Así, lo que sucede es que los clientes antiguos sufren subidas anuales mientras las mismas telecos se dedican a lanzar ofertas “low cost”, a través de sus segundas marcas, para competir con las nuevas compañías que les roban clientes año tras año. Un doble rasero: los clientes que ya tienen, se les sube la tarifa año tras año, mientras se ofrece a los nuevos cada vez ofertas con más datos y velocidad por la mitad de precio.

Parece una estrategia “suicida” (tratar peor al cliente que más paga), pero es el resultado de la profunda “guerra de precios” que las grandes telecos libran desde hace una década con las nuevas operadoras (“virtuales”), que no tienen redes y alquilan las suyas (las de Movistar, Orange o Vodafone) para competir con ellos y quitarles clientes. Una queja permanente de los grandes ante la Comisión de la Competencia (CNMC), que es quien las ha obligado a abrir las redes y al alquilarlas a precios que consideran demasiado bajos.

El resultado es que, año tras año, los nuevos operadores virtuales (sin red) ganan clientes de las grandes telecos, con ofertas “low cost” imbatibles. Y eso ha provocado que los grandes tengan a su vez compañías “low cost” para competir en estas “guerras”, con tarifas que son la mitad de las que pagan sus clientes habituales. Es el caso de Movistar con O2, Orange con Simyo, Vodafone con Lowi y hasta Euskaltel con Virgin Teleco, lanzadas a competir con las marcas de MasMóvil (Yoigo, MasMóvil, Pepephone, Llamaya, Lebara, Lycamobile y Hits Mobile) o con la rumana Digi.

Veamos dos ejemplos de esta doble estrategia de las grandes telecos. Movistar ofrece su paquete Fusion Inicia por 74 euros (fibra de 300 Mbps, dos líneas móviles y un servicio básico de TV) y en paralelo una oferta con O2 que incluye 500 Mbps y una línea móvil con 30 GB por solo 44 euros. Y lo mismo Orange: tiene su paquete Orange Love sin límite con fibra de 300 Mbps, dos líneas móviles y el servicio básico de TV por 67,95 euros al mes y en paralelo oferta, a través de Simyo, un plan con fibra de 300 Mbps y línea móvil de 25GB por 37,99 euros.

Esta doble estrategia no ha impedido que Movistar, Orange y Vodafone pierdan año tras año cuota de mercado, por la fuga de clientes a las nuevas operadoras virtuales, en especial a MasMóvil y la rumana Digi. En 2020, hubo 6,2 millones de cambios en los contratos de móviles y 2,1 millones en internet fijo, según la CNMC. Y los datos son reveladores: Orange perdió 412.000 líneas móviles, Movistar 266.300 y Vodafone 16.800, mientras MasMóvil ganaba 284.000 líneas móviles, Digi 198.300 y Euskaltel 47.800. Y en el primer semestre de 2021 continúa esta tendencia, según los datos de la CNMC: MasMóvil ha ganado 98.300 clientes, Euskaltel 104.500 y la rumana Digi otros 166.000, con lo que ya tenía en junio de 2021 unos 2,5 millones de clientes de telefonía móvil (ofreciendo la red de Movistar…). En contrapartida, Movistar perdió 266.000 clientes, Orange 126.000 y Vodafone 78.000.

El resultado es que las tres grandes telecos que operan en España (Telefónica, Orange y Vodafone) pierden cuota de mercado año tras año. En telefonía móvil, Movistar ha pasado de una cuota del 29,8% (2018) a 29,4% (2020), Orange del 25,5 al 23,3% y Vodafone del 23,3 al 22%, mientras MásMóvil ha pasado del 12,5% al 17,5% (y el resto del 9 al 8,2% del mercado de móviles), según los datos de la CNMC. En banda ancha fija (Internet hogares), Movistar ha pasado del 40,3% del mercado (2018) al 37,1% en 2020, Orange del 26,7 al 24,5% y Vodafone del 21,5% al 20,2% del mercado, mientras Mas Móvil daba el salto del 4,1% (2018) al 11,9% (2020) y Euskaltel pasaba del 6,6 al 4,2%. Ahora, al haberse aprobado la compra del grupo Euskaltel por MásMóvil, se consolida este cuarto operador, que está ya cerca de superar a Vodafone en clientes de móvil e incluso de Internet.

Al final, las grandes telecos tienen un grave problema: ingresan menos cada año, aunque tengan millones de clientes (hay 55,6 millones de clientes de móviles, más que españoles) cada día más enganchados a Internet. En el 4º trimestre de 2020, los ingresos minoristas de las telecos que operan en España cayeron un 6% (sólo creció la facturación de MasMóvil), aunque crecieron en grandes clientes. Y se da la circunstancia de que los ingresos minoristas de las telecos eran un 28,5% menores en 2020 (23.325 millones) que en 2010 (32.614 millones), cayendo también los ingresos de las telecos europeas (-17%), mientras crecen en USA (+7%). Eso les ha obligado a reforzar su negocio mayorista (empresas y grandes clientes), reducir plantillas, ajustar inversiones y buscar negocios alternativos, como las alarmas o la banca online. Pero el sector tiene un negro futuro, como se ve con su desplome en Bolsa: Telefónica ha pasado de 12 a 3,3 euros por acción, Deutsche Telecom de 17,5 a 14,9, Vodafone de 2,5 a 1,3 euros y Orange de 17 a 10,2 euros por acción.

Las grandes telecos se quejan de que la política española y europea favorece la entrada y competencia (“desleal”, dicen) de pequeñas compañías y deteriora sus cuentas, impidiendo consolidar un sector clave para invertir en redes y en 5G y competir con norteamericanos y chinos. Así, recuerdan que en Europa hay 80 grandes telecos (y en total más de 400), mientras sólo hay 3 gigantes en Estados Unidos (ATT, Verizon y T-Mobile) y otros 3 en China (China Mobile, China Unicom y China Telecom). Por eso piden a la Comisión Europea que facilite las fusiones de telecos (para que haya sólo seis: Deutsche Telecom, Telefónica, Orange, Vodafone, Telia Sonera y Telecom Italia) y fomente las inversiones en redes y 5G, con una política de tarifas más “razonable” (o sea, más caras).

Todo apunta a que Bruselas acabará cediendo y facilitando las fusiones entre telecos europeas y favoreciendo así unas subidas de tarifas que les permitan las enormes inversiones en redes y 5G que hacen falta para competir con los gigantes USA y chinos, así como con los gigantes tecnológicos (Google, Apple, Amazon  y Facebook) . Así que nos espera una década de menos telecos, más poderosas, que nos subirán aún más los precios. Eso mientras la mayoría no usamos los datos y la velocidad que nos cobran y muchos internautas se están dado de baja de paquetes convergentes y se dedican a contratar tarifas “low cost”, sólo con móvil e Internet, a la mitad de precio.

Pero la mayoría ya ni miramos la factura, es como la de la luz: pagamos lo que nos manden, subida tras subida. Y eso, porque no podemos vivir sin el móvil y sin Internet. “Estamos enganchados” y cada día más, según el informe “Digital 2021”, de Hootsuite y We Are Social: somos ya 43 millones de usuarios de Internet en España y navegamos una media diaria de 6 horas y 11 minutos (2 horas diarias en las redes sociales). Y el 94% accede a la Red a través de su móvil. Por eso, pagamos lo que haga falta por estar conectados.