Pandemia: la 5ª ola, imparable

Los  contagios llevan casi dos semanas disparados, superando los 316 casos por 100.000 habitantes, por encima del “pico” de la 4ª ola (abril 2021) y de la 1ª (abril 2020). El detonante son los contagios entre jóvenes, acelerados por el auge de la variante india, dominante ya en 4 regiones y en toda España para agosto. Pero esta variante también crece en Europa y los paises tienen muchos menos contagios que España, el segundo con más incidencia, tras Reino Unido, quizás porque los jóvenes tienen aquí más contactos y ocio nocturno. De momento, 8 autonomías están “en riesgo extremo” (las peores, Cataluña, Castilla y León,  Cantabria y Navarra) y varias se plantean restringir el ocio nocturno y controlar horarios, mientras empiezan a vacunar a menores de 40 años. Con este repunte, se arriesga el turismo (Francia y Alemania recomiendan no viajar a España) y la recuperación económica. O se controlan los contagios, la movilidad y el ocio este verano, o no paramos esta 5ª ola hasta septiembre. No aprendemos.

Enrique Ortega

En el mundo, los contagios por la COVID están subiendo ligeramente en las últimas tres semanas, en torno a los 464.000 diarios. Hoy, cumplido el primer año y medio de la pandemia, son ya más de 186 millones de personas contagiadas en 193 paises, según la Universidad Johns Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América (73,45 millones de contagiados), pero se acercan Europa (56,73 millones) y el Sudeste asiático (35,72 millones), seguidos a distancia por el Mediterráneo oriental (11,34 millones), África (4,31 millones) y el Pacífico (3,73 millones de contagiados), según la OMS. Por paises, sigue liderando los contagios Estados Unidos (33,8 millones), pero se ha acercado en los últimos meses la India (30,8 millones), seguida de Brasil (19,08 millones) y, a distancia, Francia (5,8 millones), Rusia (5,7), Turquía (5,4), Reino Unido (5,1), Argentina (4,6), Colombia (4,4), Italia (4,27), España (3,97 millones) y Alemania (3,74 millones).

Los muertos por la pandemia siguen bajando, por debajo de los 8.400 fallecidos diarios, aunque el mundo ha superado ya los 4 millones de muertes por la COVID 19 (4.031.711 hoy), de ellas la mayoría en este año 2021 (2,2 millones de muertes desde enero), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han dado en América (1.930.948) y más de la cuarta parte en Europa (1.194.308 fallecidos), seguidos muy de lejos por la mortalidad en el Sudeste asiático (505.706), el Mediterráneo oriental (221.164), África (101.541) y el Pacífico (57.154 muertes), según la OMS. Por paises, el ranking de mortalidad por COVID 19 lo encabeza EEUU (607.156 fallecidos), con Brasil (533.488) e India (408.764), seguidos de lejos por Rusia (140.635 muertos), Reino Unido (128.691), Italia (127.775), Colombia (111.731), Argentina (98.781), Alemania (91.245) y España (81.003 muertos).

En Europa, los contagios por COVID 19 han subido en la última quincena, por primera vez tras 11 semanas bajando, aunque la incidencia global es baja, 40 contagios por 100.000 habitantes. Pero preocupa el avance de la variante “Delta” (india), un 60% más contagiosa, que será dominante en agosto en el continente. De momento, lo es en los dos paises donde se han disparado los contagios, Reino Unido (507 contagios el viernes, 10 veces los que tenía a principios de junio) y Portugal (254 contagios, frente a 51 a comienzos de junio). Y en medio está España, el 2º país con más contagios de Europa: 316,17 el viernes 9 de julio, un salto desde el “suelo” de 92,25 contagios alcanzado el 22 de junio. Con muchos menos contagios están Francia (51,9), Italia (18,9), Alemania (10,7), Paises Bajos (90,3), Bélgica (87,6), Suecia (34,8), Austria (13,6), Polonia (3,3) y hasta Irlanda (117), según Sanidad.

El problema es que esta 5ª ola ha disparado los contagios muy rápidamente (en 2 semanas se ha pasado de 95 a 316 contagios/100.000 habitantes en los últimos 14 días) y que ya supera el techo máximo de contagios de la 4ª ola, la de Semana Santa (235,59 contagios el 26 de abril) e incluso el techo de contagios de la 1ª ola (217,3 contagios el 5 abril 2020). O sea que estamos ante una “5ª ola disparada”, que ha crecido por culpa del auge de la variante Delta (india), dominante ya en 4 autonomías (Cataluña, Madrid, Navarra y la Comunidad Valenciana) y en los cuerpos de los jóvenes, que sufren una incidencia de contagios mucho más virulenta. Así, los jóvenes de 20 a 29 años tenían el viernes un nivel de contagios de 1.047 por 100.000, más de tres veces la del conjunto de España. Y los jóvenes de 12 a 19 años tienen una incidencia de 891 contagios, casi el triple que la media, de la que también suben las personas de 30 a 39 años (392 contagios), siendo mucho más baja en edades más maduras (193 de 40 a 49 años y 107 de 50 a 59 años) y muy baja entre los mayores (93 entre 60 y 69 años, 37 entre 70 y 79 y 45 contagios/100.000 entre los mayores de 80 años).

El detonante de esta 5ª ola ha sido la mayor movilidad de los jóvenes tras el fin de los estudios y la EVAU, lo que ha multiplicado los contactos por toda España y la aparición de brotes, desde Mallorca a Conil o Salou, ligados a la mayor conectividad y el ocio nocturno. Y todo propiciado por el hecho de que la gran mayoría de jóvenes no están vacunados. Tampoco en Europa, pero todo parece indicar que en España tienen una mayor “cultura de ocio compartido”, se concentran más en la calle, playas y botellones, sin precaución suficiente (distancia, mascarillas) y sin que las autonomías lo hayan evitado.

Con todo, esta 5ª ola es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad del viernes 9. Tenemos un grave problema de contagios en 8 regiones, que están “en riesgo extremo” (más de 250 contagios por 100.000 habitantes): Cataluña (725,59), Castilla y León (488,87), Cantabria (437,98), Navarra (411,22), Asturias (324,80), Aragón (300,14), Baleares (277,41) y Comunidad Valenciana (263).Y están en “riesgo alto” (150-250 contagios) otras 6 autonomías: Andalucía (242), Extremadura (229), País Vasco (226), La Rioja (213,81), Canarias (201,52) y Madrid (179,32 contagios). Además, están en “riesgo medio” (50-150 contagios) otras 4 regiones: Galicia (138,50), Murcia (120,83), Melilla (82,69) y Castilla la Mancha (93,05 contagios). Y sólo existe una, Ceuta (39,19 contagios/100.000) en situación de “riesgo bajo”, el objetivo buscado.

Otro problema de esta 5ª ola es que los nuevos contagios están provocando más hospitalizaciones (la variante delta las aumenta) aunque menos ingresos en UCIs, a pesar de que la mayoría de los contagiados son jóvenes y sin sintomatologías previas, con lo que muchos pasan la COVID con algo de fiebre y dolores de cabeza y muchos son asintomáticos. Pero ojo: el 25% de los hospitalizados COVID en Madrid tienen menos de 24 años y el 40% menos de 35 años. Con ellos, las hospitalizaciones COVID han subido: de 2.366 camas hace quince días a 3.121 el viernes 9.  Eso sí, las camas COVID en UCIs han bajado de 641 a 627 en estas dos semanas, aunque Cataluña y, Madrid siguen teniendo una ocupación de “riesgo medio” (10-15% de camas UCI ocupadas por la pandemia).

El problema se está presentando en los Centros de Salud, a donde llegan las llamadas y los pacientes jóvenes contagiados, para hacerles rastreos y pruebas PCR. Si los médicos de familia y las enfermeras de barrios y pueblos ya estaban superados por la pandemia, ahora están peor, muchos con menos personal por las vacaciones o sin poder librar. Y la mayoría tienen que sacar tiempo para llamar a los pacientes y hacerles un seguimiento. Mientras, las autonomías no dan abasto para “rastrear” los contagios, para seguir los brotes y descubrir los jóvenes que pueden haberse contagiado y dónde están ahora. Hay autonomías, como Mallorca, que han vuelto a pedir rastreadores del Ejército, pero la mayoría de los brotes se rastrean poco y el seguimiento es muy incompleto.

Otra ventaja de esta 5ª ola es que provoca menos muertes, al contagiar a jóvenes, aunque también se están contagiando mayores de 40 años con patologías más preocupantes. Esto ha provocado 252 muertes por COVID 19 en las últimas dos semanas, según Sanidad, todavía “demasiadas”, pero menos que en la quincena anterior (278 muertes) y muchas menos que en las semanas anteriores (576 muertos entre el 21 de mayo y el 4 de junio y 1.201 entre el 23 de abril y el 7 de mayo, por poner dos ejemplos). Ahora , los muertos diarios rondan los 20 (10 el viernes 9) y hay 7 autonomías donde no ha habido ningún muerto por COVID 19 en la última semana (Ceuta, Melilla, Baleares, Castilla la Mancha Extremadura, Navarra y La Rioja), según Sanidad.  Las regiones con más muertes COVID en la última quincena son Andalucía (67), Madrid (60), Cataluña (25) y la Comunidad Valencia (11).

Tras este balance de contagios, hospitalizaciones, camas UCI y muertes, Sanidad resume así la situación de la pandemia hoy (ver mapas): hay 2 provincias, Teruel y Palencia, en “alerta 3” (“riesgo alto”), 2 autonomías (Cataluña y Madrid) y 7 provincias (Ávila, Burgos, Soria, Huesca, Vizcaya, Jaén y Tenerife) en “alerta 2” (“riesgo medio”) y el resto de autonomías y provincias están en “alerta 1” (“riesgo bajo”), porque aunque tengan un nivel alto de contagios, no tienen un problema serio de positivos, hospitalizaciones y camas ocupadas en las UCIS, lo que determina cada nivel de alerta (de 1 a 4).

A pesar de que la mayoría de España esté en un nivel de alerta bajo,  la 5ª ola es preocupante, porque los contagios se han disparado y seguirán aumentando, debido a la enorme movilidad durante estas vacaciones y a que los jóvenes se relacionan mucho entre ellos, muchas veces sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Y sobre todo porque el COVID aprovecha que no están vacunados para contagiarles. Veamos la última cifra (8 julio): de 12 a 19 años sólo un 2,3% están vacunados (con una dosis), de 20 a 29 años, sólo el 15,8%, y de 30 a 39 años, el 39,8% (y sólo el 14,3% tienen dos dosis), según Sanidad.

Esto debería llevar a acelerar la vacunación de los jóvenes, pero antes debe cerrarse la vacunación de los mayores, porque un grave riesgo de la variante Delta es que puede contagiar más a las personas que aún no tengan puesta la 2ª dosis de la vacuna. Y al día de hoy (con datos del 8 de julio), todavía falta vacunar con la 2ª dosis un tercio (35%) de los que tienen entre 60 y 69 años, a un 18% de los que tienen entre 50 y 59 años y a un 55% de los que tienen entre 40 y 49 años, tres colectivos mucho más expuestos ahora, con el auge de la variante india y los múltiples contagios entre sus hijos y nietos. Hay que acelerar la aplicación de la 2ª dosis entre los mayores de 40 años, un 30% todavía sin ponérsela. Su vacunación debe ser prioritaria y no debería retrasarse para vacunar a jóvenes.

Ahora, todo apunta a que esta 5ª ola seguirá imparable, aupada por la tremenda movilidad de los españoles y la llegada de turistas extranjeros en julio y agosto. Y no será fácil pararla, aunque hay que intentarlo por varias vías. La fundamental, aumentar el ritmo de vacunación (el 58% de los españoles tienen ya 1 dosis y un 44,3% tienen las 2), lo que dependerá de que lleguen más vacunas y que los servicios de salud puedan inocularlas, ahora que las personas están fuera de su domicilio habitual. Mientras, hay que tomar otras medidas urgentes. La primera, reforzar el personal y los medios de los Centros de Salud, sobre todo en las localidades turísticas, facilitando muestreos de pruebas entre los jóvenes. Y aumentar el número de rastreadores y el seguimiento de los brotes, impidiendo que los contagios se difundan sin control. Pero, sobre todo, hay que controlar la movilidad y el ocio nocturno, para dificultar la propagación de los contagios.

Las autonomías, después de “abrir la mano” sin miedo hace un mes, se ven ahora obligadas a aprobar restricciones (ver Guía por regiones), desde los horarios de la hostelería al ocio nocturno, con los hosteleros y el sector turístico en contra y gran parte de los ciudadanos hartos de limitaciones. Sin olvidar que los jueces no son muy proclives a autorizar restricciones. Pero los gobiernos autonómicos tienen que tomar medidas más duras para intentar frenar el ritmo de contagios, sobre todo entre los jóvenes, aunque sea impopular. Si no lo hacen, la 5ª ola se cargará el turismo (el Gobierno francés ha recomendado no viajar a España y Alemania sitúa a toda España como “zona de riesgo”) y frenará en seco la recuperación esperada para este verano. Otra vez el falso dilema: salud o economía. Sin salud no hay recuperación.

El caso es que, con las vacaciones,  ya tenemos la 5ª ola, como antes tuvimos la 2ª (con el verano pasado), la 3ª (con la Navidad) y la 4ª (con la Semana Santa). No hemos aprendido nada. Deberíamos saber que hasta septiembre no habrá un 70% de españoles vacunados y que por tanto hay que seguir con cuidado, porque el virus sigue ahí y sobrevive atacando a los que menos se cuidan y no están vacunados, los jóvenes. Pero eso trasciende de ellos y pone en peligro al resto del país, al turismo, al consumo, a la economía y al empleo. O se toman medidas serias, para frenar y atajar de raíz los nuevos contagios, o tendremos 5ª ola hasta septiembre. Y se retrasará otro trimestre más la salida del túnel. Aprendamos algo de los errores pasados. Sigamos cuidándonos.

España 2050: el país que podríamos ser

En mayo, el presidente Sánchez presentó “España 2050”, un trabajo de 100 expertos independientes sobre los retos que tenemos en los próximos 30 años y lo que habría que hacer para conseguir un objetivo ambicioso: vivir y trabajar como los 8 paises más ricos del norte de Europa en 2050. “Podemos y debemos conseguirlo”, insistió Sánchez. Pero la propuesta ha pasado desapercibida entre sindicatos, patronal y muchos expertos, mientras el PP la ve como “un insulto” y una “cortina de humo”. Sólo preocupa el día a día y nadie quiere repensar el futuro, afrontar esas “asignaturas pendientes” que llevamos décadas suspendiendo: baja productividad, paro escandaloso, poca competitividad, baja natalidad, deficiente formación, escasa tecnología, pésima fiscalidad y demasiada desigualdad y pobreza. La pandemia ha revelado que somos un país muy vulnerable y habría que ver cómo mejoramos en 30 años, no sólo lo que hacemos mañana. Debatir el país que querríamos ser en 2050. No es tanto pedir. 

Enrique Ortega

Los humanos tendemos a preocuparnos sólo por el día a día y nos da pereza pensar en el futuro. Y los políticos, sólo piensan en dar el titular del día y como mucho en esta Legislatura. Pero hay épocas en las que los paises tienen que afrontar cambios drásticos. En España, tras el drama de la Guerra Civil, el primer gran cambio fue el Plan de Estabilización de 1959. “Mi general, no tenemos divisas para pagar el petróleo”, el dijo el ministro Ullastres a Franco. Y el dictador se vio obligado a enterrar la autarquía y abrir el país al comercio y a la inversión extranjera, propiciando el fuerte crecimiento de los años 60 y mitad de los 70. Con la democracia, la inflación puso en peligro las libertades y Suarez consiguió, en octubre de 1977, que todos los partidos, sindicatos y patronal firmaran los Pactos de la Moncloa para estabilizar la economía. A partir de 1982, el gobierno de Felipe González afrontó una dura reconversión para prepararnos al ingreso en la CEE, en 1986. Y el Gobierno Aznar ajustó otra vez la economía para que España fuera admitida en el euro, el 1 de enero de 1.999.

Cuatro grandes hitos en los que España ha dado un giro de timón para reorientar su futuro económico, político y social. Pero ahora, llevamos dos décadas sin afrontar los problemas de fondo, agobiados primero por la crisis de 2008 y ahora por la pandemia, que ha revelado nuestras debilidades. Se presenta otra oportunidad de tomar medidas, de afrontar otro hito histórico,  ayudados por los Fondos europeos. Y por eso, el Gobierno Sánchez ha presentado en Bruselas el Plan de Recuperación, un paquete de reformas e inversiones para 2021-2026. Pero no es suficiente. Hay que pensar más allá, en las próximas décadas, como hacen  otros paises, desde Finlandia y Francia a Canadá o Singapur, donde se hacen estudios de “prospectiva”, para preparar el futuro. También realiza estos estudios la OCDE y la propia Comisión Europea ha creado una Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y Prospectiva, encabezada por el esloveno Maros Sefcovic, para preparar la Europa 2050.

En España, el presidente Sánchez creó en la Moncloa, en enero de 2020, la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, con el objetivo de “pensar en el futuro”. Y puso a trabajar a más de 100 expertos independientes, que han trabajado “desinteresadamente” (sin cobrar) un año largo para alumbrar el documento de 678 páginas titulado “España 2050”: un análisis de los 9 grandes desafíos que tiene España y las medidas que habría que tomar para afrontarlos y conseguir 50 grandes objetivos, cuantificados, dentro de 30 años. Objetivos que se resumen en uno: que España tenga en 2050 el nivel de vida y empleo de la Europa rica del centro y norte de Europa, la llamada UE-8 (Francia, Alemania, Bélgica, Paises Bajos. Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Por ambición que no sea.

Parece “una carta a los Reyes Magos”, pero el propio presidente Sánchez dice en el prólogo al Informe que es un objetivo “necesario y factible”, que España “ha dado un salto incluso mayor en los últimos 40 años” de democracia (se ha duplicado la renta por habitante, se han creado 8 millones de empleos, estamos comercialmente más abiertos al mundo que Francia o Italia y tenemos empresas que son referentes mundiales en muchos sectores) y que ahora se puede dar “otro salto” en 30 años, con una estrategia que incluya reformas y compartan los agentes sociales. “El objetivo es que los españoles miremos al futuro con más audacia, más acuerdo y más confianza en nosotros mismos. Somos capaces de conseguirlo. Se lo debemos a nuestros padres e hijos”, apostilla Sánchez.

Tras las palabras, las propuestas de los expertos para esa España 2050. Proponen afrontar 9 grandes desafíos, la mayoría arrastrados desde hace décadas y otros nuevos. El 1º, afrontar la baja productividad de España respecto a la mayoría de paises europeos, que se traduce en que aquí trabajamos menos gente (el 62% frente al 80% en la UE-8 más rica) y trabajamos peor, con menos eficacia (menos productividad), lo que provoca que tengamos salarios más bajos y seamos más pobres (tenemos un 22% menos de renta que la UE-8). Y si ya tenemos un problema de bajo empleo y poca productividad, la caída de la natalidad lo va a agravar, al reducirse en 3,7 millones la población en edad de trabajar en las próximas décadas. Para afrontar este gran desafío, el mayor, el informe defiende que España apueste por mejorar la formación y la educación, la tecnología, empresas de mayor tamaño, la digitalización y la transición ecológica, reducir trabas administrativas y menos economía sumergida.

El 2º gran desafío para 2050 es mejorar la educación de los jóvenes (muchos repetidores, alto abandono escolar, deficiente aprendizaje y pocas habilidades según los informes PISA), con profundas reformas del sistema educativo para colocarnos a la vanguardia de la Europa del norte dentro de 30 años. El 3º desafío es la formación y recualificación de los trabajadores, porque, aunque tenemos muchos universitarios, el 48% de los activos tienen un nivel de formación bajo (la ESO o menos), el doble que en la Europa rica. Y además, los adultos españoles tienen menos habilidades y competencias, con un bajísimo porcentaje de empresas y trabajadores que actualizan su formación mientras trabajan.

El 4º gran desafío cara a 2050 es el cambio climático y la política medioambiental, que afectará más a España que a otros paises si no se toman medidas  (sequías en el 70% del país, mayores aumentos temperaturas y subida del mar, daños a la agricultura y al turismo y 20.000 muertos al año por el cambio climático). Y por eso urge potenciar las energías renovables, electrificar el transporte, replantearse los usos del agua, reducir los residuos, apostar por la agricultura ecológica y la fiscalidad verde.

El 5º desafío apuntado es adaptar el Estado del Bienestar a una sociedad envejecida, a un país donde 1 de cada 3 habitantes tendrá más de 65 años en 2050 y donde solo habrá 1,7 personas en edad de trabajar para financiarlos (hoy son 3,4). Eso supone un tremendo desafío para pagar las pensiones, la sanidad y la Dependencia, lo que exigirá conseguir más recursos y atemperar el crecimiento de los gastos, pero sobre todo, que trabaje más gente (fomentar la natalidad y el empleo y favorecer la inmigración legal).

El 6º desafío que tiene España es conseguir un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible, dado que en 2050, el 88% de la población vivirá en las ciudades y la España rural perderá la mitad de su población actual. Eso exige tomar medidas a medio plazo para diseñar ciudades sostenibles, revitalizar la España rural y afrontar las necesidades de vivienda, transformando radicalmente la movilidad y el transporte público.

El 7º desafío, muy importante, es afrontar las deficiencias de nuestro mercado de trabajo, sobre todo un paro que duplica con creces el europeo y la mayor precariedad laboral del continente, con un 25% de trabajos temporales. Dos problemas que se van a agravar en las próximas décadas, con menos jóvenes para trabajar y una tecnología que va a destruir muchos empleos. Los expertos defienden políticas activas de empleo, sobre todo para los jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, un cambio normativo (reforma laboral) y adaptar las redes de protección social (para proteger a las personas, no a los puestos de trabajo).

El 8º desafío para 2050 es reducir los niveles de pobreza y desigualdad de España, que es el 3º país europeo con más desigualdad de renta y el 4º con más pobreza, como lo era ya hace 30 años. Los expertos creen que si no se mejora la productividad y el empleo y se cambia el sistema educativo, la política de vivienda y los impuestos, la desigualdad y la pobreza seguirán en el futuro, agravadas por el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica.

Y llegamos al último objetivo, el 9º, que resume todos los demás: aumentar el bienestar de los españoles, utilizar la economía para lo que debe estar, para que haya más personas satisfechas con su vida. El informe lo cuantifica: pasar del 83% de personas que ahora están satisfechas con su vida al 92% en 2050 (el porcentaje de personas satisfechas hoy con su vida en los 8 paises más ricos, la UE-8 a la que queremos equipararnos).

Estos son los 9 grandes retos para 2050. El informe cree que se pueden conseguir si España toma medidas y proponen más de 200 para lograrlo, agrupadas en 12 ejes, que son un resumen de lo que hay que hacer: apostar por la formación (desde la escuela a la jubilación), apoyar la innovación, modernizar el tejido productivo y la cultura empresarial, avanzar en un desarrollo sostenible con el medio ambiente, ampliar las oportunidades de los jóvenes (educación, empleo y vivienda), conseguir la igualdad de género, fomentar la inmigración legal, fortalecer los servicios públicos (educación, sanidad y cuidados), rediseñar la política social, reformar el sistema fiscal, modernizar la Administración pública y llegar a un compromiso de derechos y deberes entre las generaciones actuales y las futuras.

Para conseguir que todas estas medidas sean eficaces, los expertos marcan 50 objetivos cuantificables, que nos indiquen década a década (2030, 2040 y 2050) si vamos bien o nos quedamos cortos. Muchos de estos objetivos son muy llamativos, como el de conseguir en 2050 una renta per cápita sólo un 10% menor que la Europa rica (UE-8), cuando ahora es un 22% inferior. O subir la tasa de empleo en España del 62 al 80% de los adultos. O bajar la tasa de paro del 18% (2015-2019) al 7% en 2050. O bajar la tasa de abandono escolar del 17 al 3%. O subir el gasto público en educación del 4,3 al 5,5% del PIB y el gasto en Ciencia del 1,2% al 4% del PIB en 2050. O pasar del 55% de adultos con habilidades digitales al 100% en 2050. O reducir la temporalidad del 26% al 15% en 2050. O reducir la brecha salarial de las mujeres del 14% actual al 0% en 2050. O subir la recaudación fiscal del 35% del PIB hoy al 43% en 2050 (recaudar casi 100.000 millones más al año). O reducir a la mitad la pobreza en España (del 22% actual al 10% en 2050).

Este es el resumen del Plan “España 2050”. Se trata de afrontar 9 grandes retos, tomar más de 200 medidas y recoger los frutos con la mejora de 50 indicadores claves. Se podrá estar o no de acuerdo, pero son muchos los expertos que llevan años llamando la atención sobre estos problemas de fondo que tiene España y que tendríamos que afrontar, con las medidas apuntadas y con otras que aporten más expertos, fuerzas sociales y políticas. El Plan es un documento de partida, para “abrir un debate sobre el futuro”, como ya se ha hecho en Europa y en varios paises. Pero aquí no parece haber calado la propuesta: sindicatos y patronal apenas la han comentado, lo mismo que muchos expertos (quizás porque no se les ha consultado a ellos). Y lo peor es la reacción de la oposición, el PP, que gobernará algún día: “es un insulto a la inteligencia de los españoles”, dijo en un pronto Pablo Casado, añadiendo que “es una cortina de humo” y que los españoles necesitan “soluciones reales e inmediatas”. Por supuesto, pero también repensar el país que quieren para el futuro.

Tras la pandemia, estamos en una encrucijada. A corto plazo, España necesita reformas e inversiones urgentes para conseguir la recuperación tras la mayor recesión de nuestra historia reciente. Pero no basta con eso, con aplicar bien el Plan de Recuperación 2021-2026. Hay una serie de problemas de fondo que siguen ahí, “asignaturas pendientes” desde hace décadas: la baja productividad, el escandaloso paro, la mala educación, la deficiente formación, el envejecimiento y la baja natalidad, nuestro modelo productivo (poca industria y mucho turismo, mucho cemento y poco conocimiento), los problemas de los servicios públicos, el crecimiento insostenible para el medio ambiente, la desigualdad y la pobreza. “Spain is different” y por culpa de eso somos menos productivos, tenemos el doble de paro y vivimos peor que la Europa rica.

¿Se puede mejorar? Más de 100 expertos nos dicen que sí y muestran el camino, con esfuerzo, medidas concretas  y 30 años por delante. Deberíamos al menos leer lo que proponen (el resumen son 14 páginas).Y a partir de ahí, dejar de lado tanta pelea política inútil y pactar soluciones, acordar juntos otra España, con más futuro. “Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”, dijo Unamuno. Habría que hacerle caso.

La guerra contra los gigantes tecnológicos

Los grandes paises del mundo, desde Estados Unidos y Europa a China, han iniciado una guerra contra los gigantes tecnológicos (Apple, Amazon, Google, Facebook y Microsoft), a los que acusan de actuar como monopolios y evitar la competencia del resto de empresas, utilizando irregularmente los datos de usuarios y empresas. La Comisión Europea lleva 20 años abriendo expedientes a las “Big Tech”, el último en junio a Google, igual que Alemania, Francia, Italia o España, donde la Comisión de la Competencia acaba de abrir expediente a Apple y Amazon. La gran novedad es que EEUU ha pactado 5 leyes para romper el monopolio de los grandes de Internet, mientras 48 estados han presentado una demanda contra Google. Incluso China ha aprobado normas para controlar a sus gigantes de Internet. Y 130 paises acaban de pactar imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes tecnológicas, que evaden 215.000 millones de euros anuales. Es esperanzador, aunque no resultará fácil controlar a estos gigantes que monopolizan nuestras vidas. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

Enrique Ortega

En este siglo XXI, las grandes empresas que protagonizan la revolución digital son los líderes del capitalismo mundial. Así, de las 10 empresas con más valor en Bolsa, 7 son gigantes tecnológicos: Apple (la mayor empresa del mundo, con un valor de 1,87 billones de euros), Microsoft (la 3ª del ranking, tras la petrolera saudí Aramco, con un valor de 1,52 billones), Amazon (la 4ª, que vale 1,38 billones), Alphabet/Google (la 5ª, con un valor de 970.000 millones de euros), Facebook (la 6ª, con 643.026 millones de valor) y, a continuación, las chinas Tencent (535.327 millones de valor) y Alibaba (521.398 millones). Y también están entre las 50 grandes PayPal (puesto 27, con un valor en Bolsa de 220.796 millones), Netflix (puesto 34, con 191.302 millones de valor) e Intel (puesto 48: 165.090 millones).

Estos gigantes tecnológicos (llamados las “Big Tech”) tienen en  común un modelo de negocio basado en millones de usuarios, que consumen productos y servicios (unos de pago y otros “gratuitos”) y que manejan la publicidad en Internet y utilizan los millones de datos de sus clientes y empresas colaboradoras para rentabilizar más sus plataformas. Todas tratan de reforzar su posición de dominio, impidiendo operar a la competencia y comprando las empresas pequeñas que innovan, para evitar competidores. Y todas utilizan nuestros datos sin demasiado control y en su beneficio, aprovechando que saben todo de nosotros. Es lo que revela el excelente libro “La era del capitalismo de la vigilancia”.

La mayoría de los gigantes de Internet son multinacionales USA, lo que ha despertado un cierto recelo en Europa, donde la Comisión Europea lleva más de 20 años peleando con ellos, abriéndoles expedientes e imponiéndoles multas, sin demasiada efectividad, porque no han modificado su comportamiento monopolístico.  El último capítulo de esta batalla europea contra los gigantes de Internet ser produjo el pasado 22 de junio, cuando la Comisión Europea abrió el último expediente a Google “por prácticas monopolísticas en el mercado publicitario”. Les acusa de favorecer sus servicios de tecnología de publicidad online frente a otras empresas, anunciantes y editores online, en un negocio (la publicidad online) que mueve 20.000 millones de euros en Europa.

Antes, Google ya ha tenido que pagar a la Comisión, entre 2017 y 2019,  tres multas por valor de 8.240 millones de euros, por violar las normas europeas de la competencia en tres expedientes, uno por posición dominante en el mercado publicitario con AdSense (1.419 millones de multa), otro por abusar de su posición de dominio en comparadores (4.320 millones de multa) y otro por posición dominante en el mercado de búsquedas (2.420 millones de sanción). Google ha reaccionado incluyendo una partida “para multas de la Comisión” en sus cuentas anuales, un mínimo coste para una multinacional que facturó 151.568 millones de euros en 2020, con 33.447 millones de euros de beneficios.

La Comisión Europea abrió el 4 de junio otra investigación antimonopolio a Facebook, para determinar si utilizó datos de sus anunciantes (7 millones de empresas en todo el mundo) para competir con ellos. Y también investiga si utiliza fraudulentamente su plataforma de anuncios “clasificados” (Facebook Marketplace). Anteriormente, en 2020, la Comisión ya  investigó a Facebook por su utilización de los datos de sus anunciantes.

Apple también está en el radar de Bruselas, “por abuso de posición dominante” en la distribución de aplicaciones de descargas musicales a través de App Store, aplicando elevadas comisiones (hasta el 30%) a compañías como Spotify. Una investigación parecida se hizo el año pasado contra Amazon, concluyendo que había infringido las normas antimonopolio al usar “sistemáticamente” los datos privados de vendedores independientes que comercializan sus productos a través de Amazon para elaborar con ellos su estrategia comercial.

En paralelo a la Comisión, los principales paises europeos llevan años abriendo expedientes a los gigantes USA de Internet. En Alemania, primero le tocó el turno a Facebook (enero 2020, por “posición de dominio”), Amazon (para ver si utiliza algoritmos de control para influir en los vendedores minoristas) y Google (por “posición dominante” en el mercado de la publicidad digital). Y en los últimos 6 meses, la oficina alemana de la Competencia ha abierto 4 procedimientos contra los gigantes de Internet, el último contra Apple, para ver “si está entorpeciendo la libre competencia de sus rivales” con el sistema operativo iOS en sus móviles iPhone. Y también la posición dominante de Apple en la App Store, Apple Music o iCloud. Y Francia multó hace unos días a Google, con 220 millones de euros, por “abusar de su posición dominante” en el mercado de la publicidad digital. Y la autoridad francesa de la Competencia tiene pendiente resolver otro procedimiento iniciado por varias Asociaciones de la prensa galas contra Google, por no compensarles en el uso del agregador de noticias.

España se ha sumado a esta guerra contra las “Big Tech”: la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió expediente, este 1 de julio, contra Apple y Amazon por “restringir la venta online en España”, al haber indicios de “un pacto secreto” entre las dos multinacionales para impedir que otras empresas vendan los productos de Apple (ordenadores, móviles, tablets y otros)  a través de la web de Amazon. La CNMC también sospecha que Apple y Amazon podrían haber acordado restringir determinada publicidad de productos competidores de Apple, así como priorizar determinadas campañas a clientes de Apple por parte de Amazon.

Además, el 22 de junio, la CNMC recibió una denuncia contra Google “por abuso de posición dominante”, presentada por CEDRO, la entidad que representa a los autores y editores de libros, periódicos, revistas y particulares. Denuncian que Google se niega a pagar a los editores de periódicos y revistas por utilizar sus artículos en su agregador de noticias (Google Discover), incumpliendo lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, algo que también han reclamado los editores en Francia y Alemania. Y también denuncian el monopolio de Google en el mercado de la publicidad digital, “sustituyendo a los medios”.

Hasta ahora, era Europa la que hacía frente a los gigantes tecnológicos. En EEUU se consideraban unas multinacionales “emblemáticas”, protagonistas de la innovación y el progreso. Mucho tenía que ver que estas “Big Tech” financiaban al partido demócrata: Microsoft y Google fueron el 2º y 3º mayor financiador de la campaña de Obama. Con Trump empezaron los primeros encontronazos (el verano pasado, los máximos directivos de Amazon, Apple, Facebook y Google fueron interrogados en el Congreso por posible “abuso de posición dominante”) y ahora, con Biden ya hay una guerra abierta, después de que el nuevo presidente haya puesto al frente de la Comisión Federal de Comercio (FTC) a una experta muy crítica con los gigantes tecnológicos. Pero además, en los últimos años ha calado en la política USA la idea del “exceso de poder” de las “Big Tech”.

Esto se ha traducido en dos iniciativas sin precedentes en EEUU, apoyadas por demócratas y republicanos. Una, en diciembre de 2020, la denuncia de 48 Estados USA ante la Comisión Federal de Comercio contra Facebook y Google, por monopolio y abuso de posición de mercado. Y la otra, la presentación en el Congreso USA, en junio de 2021, de 5 leyes para romper el monopolio de los grandes de Internet, apuntando directamente a  Amazon, Apple, Facebook y Google. Los 5 proyectos de Ley pretenden evitar los monopolios en las plataformas por Internet y la operativa actual de favorecer sus productos o utilizar en beneficio propio datos de los vendedores. También obligan a informar previamente de la compra de competidores (como la de Instagram o WhatsApp por Facebook), para prohibirlas si reducen la competencia. Y obligan a los gigantes tecnológicos a mantener la portabilidad e interoperatividad de los datos de sus usuarios, para facilitar el cambio a otra plataforma. Además, se plantean poder obligar a una empresa a vender parte de sus activos, para luchar contra situaciones de monopolio, como se obligó a las petroleras y bancos el siglo pasado. “Los monopolios tecnológicos no están regulados y tienen demasiado poder sobre nuestra economía”, advirtió el senador demócrata David Cicilline, presidente de la subcomisión antimonopolios del Congreso USA.

Mientras esperamos a ver si los políticos norteamericanos consiguen “meter en vereda legal” a los gigantes tecnológicos, Europa ya aprobó dos proyectos de Ley, el 15 de  diciembre de 2020, que se tienen que debatir este año en el Parlamento europeo, donde presionan ahora los lobbies tecnológicos. La primera Ley, sobre Servicios Digitales (DSA), impone a las empresas tecnológicas responsabilidad en los contenidos de sus plataformas: retirar las ofertas fraudulentas, transparencia en los algoritmos, mecanismos para solucionar controversias con los usuarios, facilitar la interoperabilidad con los servicios de la competencia y posibilidad de que los poderes públicos realicen inspecciones en sus bases de datos. La segunda Ley, la de Mercados Digitales (DMA) somete a vigilancia estrecha a las grandes compañías digitales (con más de 45 millones de usuarios en Europa), obligándoles a aportar datos de facturación, valoración bursátil y usuarios), incluyendo la posibilidad de exigirles información sobre sus algoritmos y sobre sus posibles compras (que podrían prohibir).

Estas dos Leyes europeas sobre los gigantes tecnológicos podrían aprobarse a finales de este año y entrar en vigor en 2022. “Será la legislación más estricta del mundo sobre las actividades de las multinacionales digitales”, señala la Comisión Europea. También China aprueba  normas para controlar a los gigantes tecnológicos: en noviembre de 2020, el Gobierno chino aprobó un borrador de “Reglas destinadas a prevenir prácticas monopolísticas en las plataformas de Internet”. Y además, las autoridades chinas “endurecieron las normas de los microcréditos en línea”, un sistema de financiación que ofrecen los gigantes tecnológicos (Alibaba y Tencent) y que es muy popular porque la mayoría de los chinos no usan el dinero en efectivo y las pymes los utilizan para financiarse, ante la dificultad de conseguir créditos en los bancos tradicionales. Ahora, el Gobierno chino quiere combatir el enorme poder de sus tecnológicas y evitar que controlen parte de las finanzas del país, al margen del sistema financiero tradicional.  Además, investiga de cerca a sus gigantes tecnológicos. En abril de 2021 multó a Alibaba con 2.350 millones de euros "por violar las normas antimonopolio". Y este domingo 4 de julio cerró el uso de Didi Chuxing, el UBER chino, con 490 millones de usuarios y que cotiza en Wall Street, "por uso indebido de los datos de los usuarios".

Mientras Europa, EEUU y hasta China buscan ahora controlar a los gigantes tecnológicos, 130 paises se han puesto de acuerdo, la semana pasada, en obligarles a pagar más impuestos, que ahora eluden con los paraísos fiscales y su  ingeniería fiscal. La decisión, acordada en el seno de la OCDE por todo el mundo (salvo 9 paises, entre ellos Irlanda, Hungría y Estonia) es cobrar un impuesto mínimo del 15% sobre el beneficio de estas multinacionales tecnológicas, obligándoles además a pagar una parte de este impuesto en los paises en que operan (aunque su sede esté en otro lugar). Con esta medida, que entrará en vigor en 2023, los paises ingresarán 215.000 millones de euros más. Hasta que entre en vigor este “impuesto mundial”, los paises que han aprobado la “tasa Google” (que se aplica a todas las grandes tecnológicas) la seguirán cobrando: en España está vigente desde el 1 de enero e ingresará este año 968 millones de euros.

Expedientes, multas y nuevas Leyes son un avance para frenar la prepotencia de los gigantes tecnológicos. Pero queda mucho por hacer, porque los Big Tech tienen un poder tremendo y legiones de abogados y lobbies. Un ejemplo: un juez de Washington ha rechazado dos demandas antimonopolio contra Facebook (una de la Oficina Federal de Comercio USA y otra de 48 Estados) porque "no demostraban  que abusan de su fuerza en el mercado", dándoles 30 días para nuevas alegaciones. Y en  la Comisión Europea, las alegaciones contra los expedientes a las tecnológicas se demoran años. Además, los gigantes de Internet tratan de ganarse a la opinión pública y a los usuarios: se presentan como “los paladines” de la innovación, que defienden “nuevas reglas” porque las viejas reglas sobre la competencia no valen en la era de Internet. Todo para torpedear las investigaciones de los Gobiernos y las demandas de usuarios y empresas perjudicadas.

Lo más grave, visto desde Europa, es que gran parte de nuestra actividad diaria está en manos de estas multinacionales USA que se intentan ahora controlar. En “la nube”, donde está almacenado gran parte de la actividad de particulares y empresas, el acceso en Europa está controlado por empresas USA: AWS (de Amazon), Azure (de Microsoft) y Drive (de Google), que controlan el 75% de los servicios europeos en la nube, siendo el resto de proveedores IBM, la china Alibaba y un reducido número de empresas europeas (en España, la dominante es Gigas). Un ejemplo de ese control y de lo vulnerables que somos los europeos: un tercio de las empresas españolas del IBEX utilizan los servicios en la nube de Amazon. Y estos gigantes de Internet USA controlan también los datos en la nube de las Administraciones Públicas, servicios de seguridad, empresas y particulares europeos. Por eso, Alemania y otros paises llevan años tratando de montar una gran plataforma europea de servicios en la nube, Gaia-X. El proyecto se inició en junio de 2020 y no estará listo hasta 2022, como una gran iniciativa europea apara recuperar parte de la soberanía digital.

Los gigantes de Internet son muy poderosos y su tamaño, su facturación, sus clientes y sus beneficios crecen cada año. Y hay un problema de fondo: acaban monopolizando los avances tecnológicos, porque si una pequeña empresa innova, o la compran o la integran en su plataforma, imponiéndola sus reglas. Y todos, particulares, empresas y Gobiernos estamos cada día más en sus manos, asegurándoles vía publicidad, compras y servicios ese flujo imparable de ingresos que les hace tan poderosos. O se toman medidas ya, se frena su poder, se les impone dividir y vender sus empresas (como se hizo con las petroleras y los bancos) o acabarán siendo unos monstruos intocables, con más poder que los paises y Gobiernos (ya lo tienen ahora). No es fácil, pero hay que quitarles tamaño y poder. El problema es quién le pone el cascabel al gato.

La "mini reforma" de las pensiones

Gobierno, sindicatos y patronal han pactado esta semana una primera reforma de las pensiones, que deshace parte de la reforma impuesta por Rajoy en 2013. Se aprueban 3 cambios claves: subida anual de las pensiones con el IPC, penalización de las jubilaciones anticipadas y derogación del factor de sostenibilidad. Y se acuerda pagar la mitad del déficit de las pensiones con impuestos. Más que una reforma de las pensiones, es “un parche” para atajar lo más urgente, porque se dejan para 2022 los temas más polémicos: ampliar los años de cotización exigidos, subir las cotizaciones máximas y de autónomos o cómo sustituir el factor de sostenibilidad para “atemperar” el gasto futuro. Así que la verdadera reforma sigue pendiente: cómo conseguir más ingresos y contener un gasto creciente para pagar al doble de pensionistas en 2050. Un problema complejo, que exige tomar medidas polémicas y repartir el esfuerzo entre los pensionistas de hoy y los futuros. Urge una reforma a fondo de las pensiones, pactada y realista. Asegurar hoy las pensiones futuras.

Enrique Ortega

La pandemia ha sido “la puntilla” para las pensiones y las cuentas de la Seguridad Social, al reducir mucho los ingresos por cotizaciones (pérdida de empleo y ERTEs) y disparar los costes, por la necesidad de mayores ayudas. Al final, la Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de -29.685 millones de euros, el mayor “agujero” de su historia. Y eso que el Estado transfirió a la SS una cantidad de 22.000 millones de euros, para compensarla de los gastos extras derivados de la pandemia (ayudas y reducción de cotizaciones para EREs y autónomos). Así que, sin esa aportación extra del Presupuesto, el déficit real de la SS en 2020 hubiera sido de -51.685 millones de euros.

Pero el “agujero” de la SS no se debe a la pandemia, aunque lo haya agravado. La realidad es que el déficit de las pensiones se arrastra desde hace 10 años (ver gráfico déficit SS), desde que perdió -2.433 millones de euros en 2010. Posteriormente, el déficit superó los -10.000 millones en 2012, 2013 y 2014, superó los -13.000 millones en 2015 y rondó los -17.000 millones en 2016,2017 y 2018, para mantenerse en los -16.502 millones de euros en 2019 y rozar los -30.000 millones en 2030 (con la aportación extra del Estado, sino superaría los -51.000 millones). En total, un “agujero” acumulado  en la última década de -142.620 millones de euros, que se han “tapado” con deuda (la SS tiene una deuda acumulada de 85.355 millones), aportaciones del Estado y tirando de “la hucha” de las pensiones.  

Y lo peor es que el déficit no iba a mejorar en el futuro, una vez pasada la pandemia. La previsión del Gobierno, enviada a Bruselas en mayo de 2020, era que “el agujero” de las pensiones se mantuviera muy elevado en los próximos años: -30.000 millones de euros en 2021 y unos -20.000 millones en 2022 y 2023. Un déficit insostenible para las arcas públicas y que ponía en grave riesgo el sistema de pensiones. Por eso, la Comisión Europea ha exigido a España que la reforma de las pensiones sea una de las tres reformas exigidas (junto a la reforma laboral y fiscal) para acceder a los 140.000 millones de euros de los Fondos europeos. La negociación empezó en 2020 y se ha cerrado esta primavera, con un principio de acuerdo con Bruselas: la reforma de las pensiones debe ser pactada y para conseguirlo, se aprobará una primera reforma este año (los temas más fáciles) y se dejará el grueso de la reforma (lo polémico) para 2022.

Tras meses de negociación entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, este lunes se llegó al acuerdo de esa primera fase de la reforma, “la más sencilla” (aunque ha costado decenas de reuniones), que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 6 de julio y que luego irá al Parlamento, para convertirla en Ley que entre en vigor el 1 de enero de 2022.

Una “mini-reforma” que viene precedida de un compromiso del Gobierno para afrontar el problema más urgente, el déficit de la SS. El acuerdo establece que el Presupuesto, los impuestos, financiarán parte de los gastos de la Seguridad Social, los considerados “gastos impropios” (22.871 millones), que hasta ahora se pagaban con cotizaciones: subsidios de paro no contributivos (11.305 millones), tarifas planas y rebajas de cotizaciones (1.818 millones), prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), pago complementario de maternidad (1.082 millones), subvenciones a regímenes especiales (1,14 millones), costes extras en el cálculo de pensiones (788) y los propios gastos de funcionamiento de la Seguridad Social (3.911 millones que pagan las cotizaciones, no el Presupuesto como en el caso de otros Ministerios).

El compromiso del Gobierno con sindicatos y empresarios es que el Presupuesto se hará cargo de estos “gastos impropios”, descargado de ellos a la SS, lo que supone quitarle casi todo el déficit. El compromiso ya se ha hecho efectivo en el Presupuesto de este año 2021, donde se han asumido 13.929 millones de esos costes de la SS, con la intención de asumir más en 2022 y asumirlos todos (22.871 millones) en 2023, para conseguir así que la Seguridad Social no tenga déficit dentro de dos años.

Con el compromiso de que el Gobierno “tapará el agujero” de la SS en 2023, sindicatos y empresarios han apoyado las otras 3 medidas de este primera reforma de las pensiones. La primera, el sistema de revalorización anual de las pensiones: subirán cada año según la inflación del año anterior (IPC medio anual) y si bajan los precios un año, no se tocarán (ni bajarán). Eso supone asegurar que las pensiones mantienen el poder adquisitivo, gobierne quien gobierne, frente a la reforma aprobada por Rajoy en 2013, que fijaba una subida anual del 0,25% mientras las pensiones tuvieran déficit. Eso sí, la medida tiene un coste extra para la Seguridad Social, estimado en unos 30.000 millones de euros.

Para contrarrestarlo, esta primera reforma aprueba una segunda medida: penalizar las jubilaciones anticipadas y favorecer que los trabajadores se jubilen más tarde, una medida que el Gobierno estima ahorrará 15.000 millones anuales (otros estudios rebajan este ahorro a la tercera parte). El problema hoy es que la edad legal de jubilación (66 años en 2021 y 67 años para 2027, según la reforma de pensiones de 2011 hecha por Zapatero) no se cumple y la edad real de jubilación está en 64,6 años, lo que encarece la factura de las pensiones. Ahora se pretende rebajarla, penalizando a los que se jubilen antes de tiempo (el palo) e incentivando a los que trabajen más años sin jubilarse (la zanahoria).

Si esta reforma se aprueba en el Congreso, el 1 de enero de 2022, los que se quieran jubilar anticipadamente (antes de los 66 años) cobrarán menos pensión. En el caso de un despido, el trabajador podrá jubilarse 4 años antes (a los 62), con una penalización del 0,5%  al 30% de recorte de su pensión, según el tiempo cotizado y los meses que se anticipe (ahora se contará los meses, no los trimestres como hasta ahora).En el caso de una jubilación anticipada “normal” (sin despido), sólo se podrá adelantar 2 años (a los 64) y el jubilado tendrá una penalización del 2,81% al 21%, según los años cotizados y los meses que adelante la jubilación  (ver cuadro con los recortes en cada caso).

Y veamos “la zanahoria”, el incentivo que tendrán los que decidan trabajar después de los 66 años. Podrá elegir entre un aumento extra de su pensión (del 4% por cada año que retrase, cuando ahora se le bonifica el 2%) o un cobro único, una prima que oscilará entre 12.060 euros (para los que tienen derecho a pensiones máximas y un alto periodo de cotización) y 4.786 euros (para los que se van a jubilar con pensiones mínimas), con una media de 8.230 euros de pago único a los que corresponda jubilarse con una pensión media (20.000 euros).

La tercera medida pactada en esta primera reforma de las pensiones es derogar el factor de sostenibilidad, la medida estrella de la reforma de Rajoy, que pretendía ajustar la pensión futura de los nuevos pensionistas a sus años de vida: si ahora viven más años, se repartiría el pago de la pensión y cobrarían menos cada año. La estimación de algunos expertos era que la aplicación de este factor de sostenibilidad rebajaría las futuras pensiones, entre un -5 y un -6% dentro de 10 años y un -22% a los que se jubilaran dentro de 30 años. Al final, este factor de sostenibilidad iba a entrar en vigor en 2019, pero la polémica hizo que Rajoy retrasara su entrada en vigor para 2023. Ahora se deroga esta medida, que pretendía ahorrar 11.000 millones de euros en la factura de las pensiones para 2050. Y en paralelo, se acuerda pactar, antes del 15 de noviembre un “mecanismo de solidaridad intergeneracional”, que se aprobaría a fin de año y entraría en vigor en 2027.

Hasta aquí la “mini-reforma” de pensiones ahora aprobada, un “parche” que deja fuera los temas más polémicos, que se retrasan para negociarlos en los próximos meses y en 2022, con el compromiso ante Bruselas de que el resto de la reforma (la parte más dura) estará aprobada antes de finales de 2022 (año preelectoral). El primer tema pendiente, muy polémico, es el periodo de cómputo de las cotizaciones para calcular la pensión: actualmente se tienen en cuanta los últimos 24 años cotizados y desde 2022 serán ya 25 años (hasta 2013 se miraban los últimos 15 años). El debate ahora es subir a 35 años o incluso tener en cuenta toda la vida laboral, dos medidas que no quieren los sindicatos porque rebajarían las futuras pensiones. Otra medida pendiente, que no gusta a los empresarios, es subir las cotizaciones de los autónomos (la mayoría cotizan en mínimos) y subir las cotizaciones máximas (ahora tienen un tope), lo que obligaría también a subir las pensiones máximas.

En definitiva, la “mini reforma” pactada ahora cambia de sitio el “agujero” de las pensiones (de la Seguridad Social al Presupuesto) y retoca lo más urgente, pero no afronta el problema de fondo de las pensiones, que es estructural: los ingresos no llegan para pagar las pensiones y eso se va a agravar en el futuro, sobre todo a partir de 2027, cuando se jubilen los españoles del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1975). Basten dos datos. Uno, la evolución de los pensionistas: si hoy tenemos 9,27 millones de españoles mayores de 65 años (el 19,6%), en 2050 serán 15,67 millones (el 31,4%), según el INE. Y si hoy tenemos 3 personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2050 habrá 1,65 activos por cada jubilado, por la caída de la natalidad y el envejecimiento, según CaixaBank. Serán menos españoles a trabajar y más jubilados, que además vivirán 4 años más que ahora (de media, estarán 20,2 años cobrando pensión si se jubilan a los 67 años.

Este es el verdadero problema de las pensiones, un problema demográfico (muchos más jubilados y menos personas para trabajar) que es una verdadera “bomba de relojería”, frente a la que no valen “parches” ni politiqueos. Sólo queda actuar, tomar medidas realistas y rigurosas por dos caminos: aumentar ingresos y “atemperar” gastos.

El primer camino, aumentar ingresos para financiar el mayor gasto en pensiones, exige actuar en dos frentes. Uno, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales (no ahora, cuando se consolide la recuperación), porque son más bajas que en Europa, según Eurostat (2019): suponen en España un 12,9% del PIB frente al 14,2% en la UE-27, el 15,1% en la zona euro, el 13,5% en Italia, el 16,8% en Francia y el 15,7% en Alemania, los tres paises con los que competimos. Esto significa que si las cotizaciones sociales fueran como las europeas, la SS ingresaría 26.950 millones más cada año. Sería un coste extra para empresas y trabajadores, pero mejor subir la cotización pública que tener que pagarse una pensión privada. Y el otro frente, aumentar la recaudación fiscal del Estado y así poder financiar parte de la factura de las pensiones cuando haga falta. Aquí también, España recauda menos por impuestos que la media europea: 85.889 millones menos en 2019, según Eurostat. Si se hace la reforma fiscal (que también nos exige Europa) habría más dinero para todo, también para las pensiones.

El segundo camino que habrá que recorrer, aunque no nos guste, será “atemperar” el gasto en pensiones: no recortarlas pero sí que crezcan menos, para asegurar que se pueden pagar en 2050. Y eso pasa por tomar ahora algunas decisiones, aunque sean impopulares. Sobre todo dos: ampliar los años de cotización  que se toman para calcular la pensión (habría que subirlos de 25 a 35 y quizás a toda la vida laboral) y, además, si hace falta, aumentar los años de cotización  exigidos para tener derecho al 100% de la pensión (hoy 36 años y 37 años en 2027). Y la otra medida, tener en cuenta la mayor esperanza de vida (más de 20 años de cobro de pensión) para repartir cuantías. Un factor de sostenibilidad más justo que el anterior, pero que sirva para atemperar la factura. Suena mal, pero al ritmo actual (de aumento de pensionistas, con pensiones más altas) será imposible pagar las 15 millones de pensiones de 2050, con los ingresos y empleo previstos hoy.

Así que no queda más remedio que abordar una reforma a fondo de las pensiones, no quedarse en “parches”. Por responsabilidad con los pensionistas actuales y, sobre todo, con los futuros. Y además, porque nos lo va a exigir Europa, que lleva años diciendo que España debe ajustar su gasto en pensiones, como vía para ajustar el déficit público. También critican  que sean “demasiado generosas” (aunque más de la mitad de los pensionistas, 4,8 millones, cobran menos del salario mínimo, menos de 950 euros al mes). El dato es claro:  la pensión media en España supone el 78,7% del último salario, frente al 45,5% del salario que suponen las pensiones en la zona euro, el 45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE. Y además, cotizamos menos de lo que recibimos de pensión: quien ha cotizado 37 años ha pagado con ello 13,2 años de pensión media, así que los 8 años restantes que cobra pensión (21,2 años de media) los cobra sin haber cotizado por ellos, según este detallado estudio de FEDEA. Y otro estudio del Banco de España insiste en lo mismo: cotizamos entre el 40 y el 60% de la pensión que recibimos. Y que por cada 1.000 euros aportados a la SS por un jubilado, se lleva 1.740 euros de pensión.

En definitiva, que las cuentas de las pensiones no salen y menos que van a salir cuando se dupliquen los pensionistas. Y aunque muchos reciban pensiones de miseria, la pensión media es superior a lo que se cotiza por ella, lo que genera déficits permanentes que hay que solucionar, ingresando más y atemperando las nuevas pensiones. Y todo ello, en un difícil equilibrio entre los pensionistas actuales y los futuros, a los que no se les puede dejar un sistema quebrado. Hay que pactar una reforma realista, que garantice nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nietos, repartiendo esfuerzos. Asegurar hoy las pensiones futuras.