En enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó 2 mensajes importantes.
Uno, al
mundo: tienen que aumentar el gasto social, para
reducir la desigualdad y frenar las protestas. El otro, a España: tiene que aumentar
el bajo gasto social, pero sobre todo debe hacerlo mejor,
porque ahora no ayuda a los más pobres ni a los jóvenes sino a los ricos y a
los mayores. Los ideólogos del
capitalismo, tras una década defendiendo recortes, apuestan ahora por aumentar el gasto social, como “vacuna”
contra protestas y populismos. Y marcan
el camino al Gobierno español,
cuya “bandera” es el gasto social: más
gasto, pero mejor hecho, en pensiones, desempleo, rentas mínimas,
vivienda y ayudas a las familias, además de una reforma
fiscal para beneficiar a los más pobres. Y la semana pasada, el relator de la ONU para la pobreza sacó los colores a España: "el sistema de protección social está roto. Los políticos han fallado. Mírense al espejo y actúen contra la pobreza". Suficientes "alertas" para reformar a fondo el gasto social, gastar más y mejor, para recuperar a los 8,6 millones de españoles excluidos de la recuperación. Tomen nota.
El Fondo Monetario
Internacional (FMI) lleva
desde 1944 marcando las líneas maestras del capitalismo internacional y
gestionando las crisis de los paises en bancarrota, siempre con la misma receta:
duros
ajustes a cambio de financiación. En la pasada crisis financiera, los “hombres de negro” del FMI impusieron,
con el BCE y la Comisión Europea, los duros planes de ajuste aplicados a Grecia, Portugal e Irlanda a cambio del
rescate. Y vigilaron también los duros ajustes de Rajoy a raíz del rescate bancario a España. Y tras ser la década pasada “los gendarmes de la austeridad”, ahora
tocan “otra música”: les preocupan los costes de la crisis, el aumento
de la desigualdad y la proliferación de protestas sociales, junto al
auge de los populismos en medio mundo. Y creen que es hora de cambiar
los ajustes por más gasto social, como “vacuna” contra protestas y
populismos, para consolidar la recuperación.
El mensaje lo lanzó la nueva
presidenta del FMI, la conservadora
búlgara (PP europeo) Kristalina Georgieva, el 21 de enero, en el Foro de Davos, el centro de
debate del capitalismo internacional: los paises tienen que aumentar el gasto
social como vía para aumentar “la
inclusividad y la cohesión social”, para reducir la desigualdad y frenar
las protestas sociales. “Es importante
asegurar que el gasto social está bien orientado, que los más vulnerables están
protegidos y que los Gobiernos consiguen que el crecimiento y la recuperación
son compartidos por todos”, señalaba la economista jefe del FMI en Davos, como si fuera una líder de la
izquierda. El FMI teme que la creciente
desigualdad, las protestas y el desencanto aumenten los populismos y nos lleven
a un mundo ingobernable, como sucedió en los años 20 del siglo pasado. Y por
eso, su receta es dar más peso a la política fiscal
(gastar más, lo que exige ingresar más) y aumentar
el gasto social y las inversiones públicas (educación, salud, formación,
infraestructuras), para “redistribuir” los beneficios de la recuperación.
Lanzado el primer mensaje en Davos, unos días después, el 30
de enero en Washington, el FMI lanzaba su segundo mensaje,
esta vez para España: tiene que aumentar
su bajo gasto social, pero sobre todo tiene que hacerlo mejor, porque
ahora no ayuda a los más pobres y a los jóvenes, sólo a las rentas altas y a
los mayores. Es la tesis del trabajo “Efectividad y equidad en el gasto social. El caso de España”, elaborado por
Svetlana Vtyurina, economista sénior del FMI. Un mensaje que se suma a otros
dos similares lanzados a España en 2018 por la Comisión Europea y la OCDE.
La primera idea del informe del FMI es que el gasto social en
España es escaso. Y para demostrarlo, recuerdan las últimas estadísticas publicadas por Eurostat, con datos de 2017: España dedica el 16,6%
de su riqueza (PIB) al gasto social, frente a un 18,8% que gasta la UE-28,
el 19,8% de la zona euro, el 22,4% del PIB que gasta Dinamarca, el 19,2% de
Alemania, el 24,3% de Francia, el 20,9% de Italia o el 15,2% de Reino Unido. En
definitiva, dedicamos 25.700 millones anuales menos que
los europeos al gasto social, ahora y
antes de la crisis, en pensiones, ayudas a la familia, educación, sanidad y
dependencia. Y sólo gastamos más en desempleo, pero porque tenemos más del doble de paro.
Dicho esto, el grueso del informe del FMI se centra en analizar el menor gasto social de
España, concluyendo que está mal
repartido: está concentrado en los grupos sociales con
mejor situación (rentas altas y jubilados) y apenas ayuda ni a las rentas
bajas ni a los jóvenes. La conclusión es muy explícita: sólo el 10% de todas las ayudas públicas en España se dirigen a los
hogares más vulnerables, más necesitados.
La mayor parte del gasto
social en España se va en pagar pensiones
(135.163 millones en 2019), que el FMI considera “bastante generosas”, porque se paga a los pensionistas españoles un
porcentaje del último sueldo en activo mayor que en la mayoría de los paises europeos (la pensión media supone el 78,7% del último salario, frente al 45,4% que suponen en la zona euro, el
45,4% en Francia o el 37,8% en Alemania, según los datos de la UE). Y esto lleva a que la mayor parte de la redistribución social hecha
en la última década ha beneficiado a los jubilados. Así, un estudio del Banco de España revela que son los únicos que han aumentado sus ingresos, entre
2011 y 2018: un +27,5% las familias de 65 a 74 años, mientras el conjunto de familias sólo consiguieron mantener sus rentas y las familias jóvenes han perdido un -17,7% de sus rentas.
El resto del gasto
social no ha podido contrapesar esta desigualdad. Así, las ayudas a las familias (escasas e
inferiores a las de otros paises) se han repartido también de forma desigual,
debido a que las rentas mínimas gestionadas por las autonomías (1.519 millones de gasto
en 2019) han caído y además son muy diferentes según autonomías. Así, en
2018, sólo recibían una renta mínima 293.302 personas, que, con sus familias, beneficiaba
a 679.180 españoles, el 1,4% de la población (menos que los 789.672 beneficiarios
en 2015). Y además, la ayuda tiene una cuantía muy baja (463,05 euros
de media) y varía mucho según donde
se viva: se cobran más de 600 euros
al mes en País Vasco (644,49), Navarra (610,80) y Cataluña (604 euros), en
torno a 430 euros en la mayoría de
autonomías, 419,52 euros en Andalucía, 403 euros en Galicia y 400 en Madrid, sólo 300 euros al mes en Ceuta.
Otra ayuda importante, el seguro de desempleo (19.000 millones de gasto en 2019),
también se reparte de forma muy desigual,
porque la ayuda se cobra según los salarios en activo y lo cotizado, con lo que
los que han tenido una mejor situación en activo cobran más desempleo y por más
tiempo. Y esto también penaliza a los jóvenes, que suelen tener sueldos más bajos y cotizaciones más
cortas (como las mujeres).
Otra parte del gasto social se hace en sanidad y educación.
Y aquí también hay desigualdad, porque si la sanidad es universal y gratuita, los copagos farmacéuticos (y
la atención sanitaria no incluida, como la bucodental) perjudican más a los que menos tienen, sobre todo a los activos con bajos salarios. Y
en educación, el informe del FMI señala que apenas contribuye a mejorar la movilidad social
en España, que no facilita a los niños hijos de familias modestas a subir en la
escala social (no funciona el “ascensor social”: el 55% de los niños de padres con bajo nivel educativo no mejoran,
según el FMI).
Al final, el
resultado de aplicar este abanico de ayudas sociales en España es, según el FMI, que el 40% de las familias
más pobres apenas reciben el 30% de las ayudas, que benefician sobre todo a las familias con recursos medios y altos y a
los jubilados, en perjuicio de los más pobres y de los jóvenes. La
consecuencia, añade el FMI, es que España lidera las
estadísticas de pobreza (26,1% de la población frente al 21,9% en la UE-28) y desigualdad (34,30 índice de Gini, el más elevado de Europa,
sólo por detrás del 34,80 de Portugal y alejado del 24,90 de Noruega, 29 de
Alemania, 29,90 de Francia, 32,80 de Reino Unido o 33,30 de Italia). Y el
fracaso en la atención a las familias pobres con niños lleva a que España tenga
el mayor índice de pobreza infantil de la OCDE,
el 23% de los menores de 18 años, el doble que Alemania, Francia o Reino Unido
(11%).
El problema no es sólo que las ayudas sociales sean escasas y estén mal repartidas. Es que,
además, no se mejoran con los impuestos,
que apenas ayudan a redistribuir la renta,
según el informe del FMI. Ni tampoco con
las inversiones públicas. Así, si España ocupa el puesto 16 en el mundo por desigualdad, cuando entran en juego los
impuestos y la política inversora del Estado, la desigualdad crece y pasamos al
puesto 22 del mundo, según el FMI.
Esta alerta del FMI
a España, por hacer poco gasto social y gestionarlo mal, ya nos la hizo la Comisión Europea, en enero de 2018, en su
Informe sobre la cohesión económica, social y territorial en Europa , donde señaló
que “España
es con Italia el país en el que las prestaciones sociales menos ayudan a las
rentas bajas”. Y ya denunciaba que España destina un bajo porcentaje del gasto a ayudas
sociales y además lo distribuye mal: las políticas sociales sólo reducen las desigualdades un 34,5%,
mientras en Europa las reducen un 40% de media.
Para la Comisión Europea, según reiteró en su Informe sobre España (marzo 2018), el problema es doble. Por un lado,
España hace menos gasto social porque tiene menos ingresos fiscales (recauda el 38,9% del PIB frente al 45% en
la UE-28, unos 73.700 millones menos de ingresos en 2018, según Eurostat). Y por otro, los impuestos
en España son poco “progresivos”, benefician poco a las rentas bajas y más
a las rentas medias y altas. Y recuerda que en España, gracias a la
multiplicación de deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales, sucede algo insólito: sólo el 10% más rico paga más de lo que recibe, el 10%
siguiente queda igual y el 80% restante son receptores netos,
pagan menos de las transferencias que reciben. Y los tipos de la Renta e IVA,
benefician más (proporcionalmente) a los que más tienen. Además, este sistema
fiscal poco “progresivo”, reduce la recaudación, por la multiplicidad de ayudas fiscales.
Unos meses después, en noviembre de 2018, la OCDE publicó su Informe anual sobre España y volvió a alertar sobre el gasto social
en España, con la misma tesis de la
Comisión Europea (ya hora el FMI): las transferencias sociales son ineficientes
y los hogares con menos ingresos reciben menos que los hogares más ricos. Y daba dos datos explícitos: el 20% de los
hogares con menos ingresos reciben en España el 55% del pago medio que
reciben todas las familias (en la OCDE reciben el 119%), mientras el 20% de hogares con más ingresos reciben
el 160% del pago medio del conjunto
de las familias (en la OCDE, reciben el 95%). O sea que en lugar de ayudar, la
política social aumenta la desigualdad. Y añadían que, de los 34 paises OCDE,
sólo Portugal, Italia y Grecia hacen una política social peor que España.
La OCDE atribuye este mal resultado de la política social española a dos factores: las ayudas públicas son menores y están mal repartidas (sobre todo las
ayudas a las familias, a la vivienda y
al desempleo) y los impuestos benefician
más a las rentas medias y altas, tanto en el IRPF (exceso de deducciones,
que benefician más a las rentas altas, como deducciones por Planes de pensiones
y ahorro) como en el IVA (donde las rentas medias y altas disfrutan de los
tipos reducidos y superreducidos) , el Impuesto sobre el Patrimonio y Sucesiones (herencias), donde salen más beneficiados los mayores patrimonios. Y
además, las desigualdades en
el mercado de trabajo agravan la situación.
El actual Gobierno
español de coalición tiene como “bandera” el gasto social,
reducir las desigualdades. Pero si quiere hacerlo, tendrá que tener en cuenta estos diagnósticos del
FMI, la OCDE y la Comisión Europea, que coinciden en dos puntos: el gasto
social es bajo y se hace mal. Y hace unos días, el relator de la ONU para la pobreza ha ido más allá, tras un viaje por España: "El sistema de protección social está roto (…) Los políticos han fallado (….) España debería mirarse de cerca en el espejo y actuar". Muy duro. Como para que Gobierno, políticos y fuerzas sociales pactaran mejoras drásticas en el gasto social. Básicamente, habría que hacer dos cosas: gastar más
y gastar mejor.
Para aumentar el
gasto social en España sólo hay una
vía: recaudar más, dado que los
ingresos fiscales son inferiores a la media europea (recordemos: el 38,9% del PIB frente al 45% en la UE-28), 73.700 millones menos recaudados
en 2018. Eso obliga a reducir el fraude
fiscal (Ojo: Hacienda tiene hoy 2.000 inspectores menos que en 2008 y un 21% menos que los grandes paises UE) y a aumentar la recaudación en todos los impuestos, reduciendo deducciones en el
IRPF, suprimiendo tipos reducidos en el IVA y sobre todo, aumentando la
recaudación en Sociedades
(recordemos que las grandes empresas sólo pagan el 6,25% sobre beneficios y los bancos el 2,68%, frente al 18,37% que
pagan las pymes y el 15% los contribuyentes) y consiguiendo más ingresos de
impuestos verdes, sobre tecnológicas, operaciones financieras y multinacionales.
Pero sobre todo, hay que mejorar el gasto social. La primera clave es concentrarlo en las familias con rentas más bajas y en las familias con niños, no
repartirlas por igual entre la mayoría (lo que da más votos, razón por la que se ha hecho así). Habrá que implantar un sistema de rentas mínimas eficaz, que
llegue a más gente (hay 1,8 millones
de españoles en situación de pobreza
extrema, según Cáritas), con una cuantía decente
(al menos 600 euros) y que no dependa de
la autonomía donde se viva, sino que haya un mínimo estatal asegurado, que
integre a las ayudas por desempleo (al
margen de lo cotizado) y que estén vinculadas a recibir formación y
asesoramiento para intentar salir de la pobreza. Y en paralelo, una política de
alquileres públicos, concentrados en
las familias más necesitadas, más ayudas extras a la educación (becas, libros, comedores escolares…) y supresión de los copagos farmacéuticos
(ojo: sólo a las rentas más bajas, no a todos ni a los jubilados con
más ingresos, porque eso sólo fomentaría el consumo innecesario de fármacos).
Un segundo frente de actuación es el sistema fiscal, que pide a gritos una reforma en todos los impuestos para hacerlos más
progresivos y que ayuden a reducir las desigualdades, no a agravarlas como
ahora. Y en tercer lugar, una reforma del mercado laboral, dado que
la actual división y precariedad del mercado de trabajo (fijos y temporales, jóvenes y mayores con
antigüedad) es el origen de los bajos salarios y la pobreza de muchas familias
y jóvenes.
Bueno, como se ve, aumentar
el gasto social no es “de rojos peligrosos” sino la receta del FMI
(y de la OCDE o la Comisión Europea) para reducir la desigualdad y conseguir que menos gente “se quede fuera de la recuperación”. En
España, el 52% de los españoles no están
bien integrados y de ellos, un 18,4%
están excluidos socialmente, según el Informe Foessa 2019 (Cáritas). Son 8.600.000
españoles con problemas de exclusión
social. En ellos hay que
concentrar el gasto social y hacerlo bien, para que no se desenganchen de la sociedad ni se
apunten a los populismos. Ya nos han
dicho cómo hacerlo.
Los medios no informan
del campo, porque creen que “no
vende”, aunque de ahí comemos (y venimos muchos). Pero en las últimas
semanas han tenido que informar, porque miles de agricultores han salido a las carreteras para alertar
sobre su preocupante situación:
les pagan unos precios de saldo, les
suben los costes, les congelan las ayudas,
el clima se ceba con sus cosechas,
los alimentos extranjeros les hacen
competencia desleal y, para colmo, Trump
y Putin han puesto aranceles y vetos
a alimentos españoles. Así que 2019 ha
sido “un año horrible”, donde cayeron
la renta y el empleo en el campo. Pero los problemas no son coyunturales sino de fondo: un sistema de precios donde los beneficios
se los llevan los intermediarios y súper, una creciente competencia de grandes empresas e importaciones, unas ayudas europeas (la PAC) que se van a recortar y
unas explotaciones poco rentables.
Consecuencia: abandono de explotaciones y envejecimiento de los agricultores. Y despoblación
rural. Debería preocuparnos, porque “los móviles no se comen”. Hay que apoyarles.
El año 2019 ha
sido un “annus horribilis” para el campo español: un clima enloquecido
(sequía, inundaciones, heladas y pedrisco), caída generalizada de precios, subida de todos los costes, congelación de las ayudas españolas y europeas, invasión
de alimentos extranjeros y, para
colmo, Putin renovando otro año más
el veto ruso a frutas y carnes españolas y Trump
poniendo aranceles (impuestos) al aceite, vino, quedos y zumos españoles. Al
final, las cuentas de agricultores y ganaderos se han resentido y la renta agraria cayó un -8,6% en 2019, tras cuatro años de
mejoría. Y también cayó el empleo,
siendo el campo el único sector de la economía donde bajó la ocupación en 2019
(-31.700 empleos).
Por todo esto, miles de agricultores y ganaderos han salido
a las carreteras a protestar, en unas manifestaciones multitudinarias convocadas
por todas las organizaciones
agrarias (COAG, UPA y ASAJA), bajo el lema #agricultoresallímite. Y es que los problemas del campo español se han agravado
en 2019, colocando a agricultores y ganaderos en una situación desesperada,
tras muchas décadas de dificultades.
El primer problema
que sufren son las consecuencias del Cambio Climático, que provoca la multiplicación de los fenómenos meteorológicos extremos: 2019 se inició con una fuerte sequía (arrastrada desde el otoño de 2018), que afectó seriamente a
cereales y pastos (sobre todo en el oeste de España) y al vacuno, ovino y
caprino, por el aumento de los costes para alimentarlos (más pienso y menos
forraje). Y en otoño, llegaron las lluvias
históricas y las inundaciones,
que provocaron daños generalizados en el campo, con unas indemnizaciones que
han superado los 600 millones de euros.
Un segundo problema del campo ha sido el aumento generalizado de los costes, desde los seguros agrarios (han subido las primas al aumentar el riesgo) a los carburantes (precios en máximos desde 2015), los fertilizantes (+6,6%) y los piensos
(+3,1%), bajando sólo las semillas (+1,3%) y la electricidad (ha bajado un
3,3%, pero aún así pagan la luz más cara de Europa). Y también subió mucho el salario mínimo, un 35,5% si sumamos la
subida del SMI (de 735,90 a 900 euros en
14 pagas) y los costes sociales (261,51 euros mensuales), según COAG. Ahora, con la subida del SMI a 950
euros, el nuevo coste salarial será
1.382 euros (un 43% más que en 2018). Las organizaciones agrarias no critican tanto la subida del SMI como que es la puntilla tras los restantes aumentos de costes, mientras les
caen los ingresos.
Precisamente, el gran problema del campo es la caída drástica de sus ingresos, porque se
han desplomado los precios que reciben. El caso más llamativo es el olivar, donde el precio ha caído entre
un -25 y un -30% en el último año (y un -50% sobre 2018). También ha caído
el precio de la leche (0,316 euros
por litro, 3 céntimos menos que la media europea), las frutas y hortalizas y muchas carnes.
Y en demasiados productos, agricultores y ganaderos se quejan de que los precios que reciben no cubren costes,
que producen a pérdidas. Y para
fastidiar sus cuentas, en 2019 se han casi congelado las subvenciones que
reciben y que suponen la cuarta parte de sus ingresos: subieron sólo un 0,6%.
Por si todo esto fuera poco, en 2019 ha aumentado la entrada de alimentos importados, desde tomates de
Marruecos, naranjas de Sudáfrica, pollo de Brasil, cordero de Nueva Zelanda, vaca
de Argentina o miel de China. Productos que entran a muy bajos precios
(pagan bajos salarios y no respetan condiciones medioambientales ni
fitosanitarias, en muchos casos), de la mano de acuerdos comerciales firmados
por la Unión Europea. Y en junio de 2019 se firmó otro más, el acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay), que aumentará la entrada de carnes
(vacuno y pollo), arroz, azúcar, miel, cítricos y zumos latinoamericanos.
Además, también en junio, el presidente Putin
prorrogó hasta finales de 2020 el veto ruso a
la entrada de productos europeos (y españoles), en vigor desde el verano de
2014, que impide las exportaciones españolas de frutas y hortalizas, porcino y vacuno, queso y pescado. Y para dar la puntilla, el presidente Trump ha impuesto, desde el 18 de
octubre de 2019, un aumento de aranceles (del 3,5 al
25%) al vino, aceite, aceitunas, quesos,
zumos y frutas preparadas de España, lo que encarece nuestras exportaciones
en 191,3 millones de euros extras.
No es extraño que, con este panorama, los agricultores y
ganaderos españoles hayan sufrido en 2019 una caída de sus rentas del -8,6%, por primera vez en la recuperación
(las rentas agrarias crecieron entre 2015 y 2018, tras caer en la crisis), según el Ministerio de Agricultura, debido
a la menor producción en cereales y
vino (por la sequía) y a los bajos precios,
sobre todo en aceites y frutas. Y en paralelo, ha caído también el empleo en el campo, el único sector económico que perdió
trabajadores en 2019: -31.700. Y
además, el campo es el sector que menos se ha beneficiado de estos 6 años de
recuperación económica y crecimiento del empleo total. Así, entre 2014 y 2019 sólo se crearon +16.600 empleos
netos en el campo, cuando en el
conjunto de la economía se crearon +2.397.800
empleos en esos 6 años.
Pero 2019, aunque
haya sido un “año horrible”, sólo ha agravado los problemas de fondo que
viene arrastrando el campo español desde hace décadas (las primeras protestas del campo fueron en 1977). El primero y fundamental,
porque va a más y no resulta fácil
afrontarlo, es el Cambio Climático: cada año va a recortar producciones y aumentar
costes (por daños y subida de primas de los seguros, donde
el agricultor ya paga el 60% del coste al haber bajado porcentualmente las ayudas al
aumentar los siniestros), sin que agricultores y ganaderos puedan subir los
precios para compensarlo, dada la presión a la baja de los alimentos importados
y de los distribuidores y súper. Además, el
campo español tendrá que hacer una “reconversión
climática”, porque es responsable del 12%de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (8% la ganadería
y 4% la agricultura), el 4º sector con más emisiones tras
el transporte (27%), la industria (19%) y la electricidad (17%).
El segundo gran problema estructural del campo es la competencia exterior. Vivimos en un mundo muy globalizado, donde crece
imparable una agricultura y ganadería intensivas (en paises en desarrollo y
también ricos), que inundan el mundo con
alimentos a bajo precio, basados en incumplir muchas normas
medioambientales y fitosanitarias y en unos sueldos miserables (5 euros al día en Marruecos frente a 60 euros mínimos en España). Y estamos dentro de una Unión Europea que
firma acuerdos comerciales con todo el mundo, para tratar de venderles de
todo a cambio de recibir alimentos de fuera (que de paso les permite recortar
las costosas ayudas de la PAC a los agricultores europeos). Así que, cada año más,
agricultores y ganaderos tendrán que competir (en inferioridad) con medio
mundo.
Y cada vez con menos
ayudas públicas, el tercer problema
de fondo. El campo español, como el europeo, ha sobrevivido gracias a las cuantiosas ayudas de la política
agraria común, la PAC, creada en 1962 para asegurar la alimentación de los europeos
subvencionando a agricultores y ganaderos con cuantiosas ayudas, que se han ido
recortando a finales del siglo XX y sobre todo en la última década. Así, si en
los años 80, las ayudas de la PAC se llevaban el 66% del Presupuesto comunitario, en 2007-2013 se llevaron sólo el 42,3% (413.000 millones de euros a repartir entre los paises) y en 2014-2020 bajaron al 37,8% del Presupuesto (y a 408.313 millones a repartir). Ahora, la nueva Comisión Europea ha presentado una
propuesta de ayudas de la PAC para
2021-27 y el recorte es tremendo: 365.000 millones a repartir, sólo un 28,5%
del Presupuesto de la UE para los próximos 7 años. Consecuencia: a España le tocará menos de los 5.700
millones recibidos en 2019 (y que supusieron el 24,5% de todo los ingresos
obtenidos por el campo español). Además, hay otra pelea entre autonomías y agricultores españoles para ver cómo se reparte aquí la
futura PAC.
Vamos al 4º problema
de fondo del campo español, para muchos el fundamental: los precios que reciben por sus productos. La cuestión de fondo es que el sector
tiene poca capacidad para negociar precios: son casi 1 millón de explotaciones a producir y que tienen que
colocar sus alimentos a través de multitud de intermediarios (que se quedan
cada uno con su margen) y, sobre todo, a través de 6 grandes grupos de
comercialización (Mercadona, Carrefour, Eroski, Día y Alcampo) que concentran el 55% de las ventas (y subiendo). Unos y otros imponen sus condiciones y precios
a agricultores y ganaderos, muchas veces sin contrato por medio
(como es obligatorio) y con fraudes como el sistema de venta “a resultas”: el agricultor
entrega sus productos y no sabe lo que va a cobrar hasta incluso después de
vendido en el súper. Y muchas veces se usa algunos alimentos (aceite o leche)
como “producto escaparate” y el súper lo
vende por debajo del coste, venta “a pérdidas”.
Todo esto se trató de regular con la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013, pero el campo se queja de
que no se cumple muchas veces, que hay demasiado fraude (existen numerosas
denuncias a la Agencia de control AICA,
sobre todo en frutas y verduras y leche). Y además, hay un exceso de intermediarios
entre el agricultor y el ganadero y el súper, lo que va sumando márgenes y encareciendo el producto. Así, en los productos agrícolas, el precio se multiplica por 4,83 entre
origen y destino, según el índice IPOD que elabora COAG.
Y en los productos ganaderos, el
precio se multiplica por 3,05. Unos
ejemplos, a diciembre de 2019: la patata
nos cuesta 8 veces lo que se paga al agricultor (1,20 frente a 0,15
euros/kilo), la mandarina 7,11 veces, la
naranja 6,74 veces, la uva 4,75
veces, el plátano 4,06 veces, la ternera
4 veces, el cerdo 3,74, el pollo
3,44, el cordero 3,41 veces…
Llegamos al 5º
problema de fondo: el abandono del
campo. Si en 1999 había
1.289.451 explotaciones agrícolas, en 2016 había 965.000 (último censo de Agricultura), una cuarta parte menos (-25%).
Y en la ganadería, el cierre de explotaciones es aún más llamativo. En
granjas de vacas, se ha pasado de 250.000 en los años 90 a menos de 14.000 hoy,
en granjas de vacuno de 120.000 a 80.000, en ovejas de 120.000 a 114.000
explotaciones, en granjas de cerdos de 200.000 a 44.931 y en granjas de pollos
de 239.921 explotaciones a 68.766. En algunos casos, menos granjas con más
animales (pollos o cerdos), pero en mucho otros también con menos animales (vacas y ovejas).
Al final, la población ocupada en el campo ha caído
drásticamente: de 905.800 ocupados en 2007 a
793.900 que trabajaban a finales de 2019.Y
4 de cada 10 que trabajan en el campo tienen más de 55 años, mientras los jóvenes abandonan las zonas rurales,
cada vez más despobladas.
Y vayamos al 6º problema estructural: el campo es cada vez menos rentable para los pequeños y medianos agricultores, que se buscan otros ingresos (un tercio de los agricultores tienen otra actividad que les reporta el 80% de sus ingresos) o se retiran ante el avance de la “empresarización”
del campo. De casi 1 millón de explotaciones agrarias (945.000), sólo un
6,6%, unas 66.000 son empresas (“personas jurídicas”), pero esta minoría acapara el 42% de la producción agraria,
repartiéndose el resto entre casi 4.000 cooperativas (15%) y cientos
de miles de pequeños productores,
con pocas ventas por explotación. Así que el
campo se está llenando de empresas grandes que copan el negocio. Unos ejemplos.
En Murcia, tres multinacionales copan el 85% de la producción de uva de mesa.
Lo mismo pasa en el sector de frutas y hortalizas. Y en la producción láctea,
la macrogranja que quieren montar en Noviercas (Soria) prevé tener 24.000
vacas…
Esta reestructuración empresarial podría llevar a lo que COAG
denuncia como “la uberización del campo”: agricultores y ganaderos que trabajan para
grandes empresas, que les dan la semilla, animales, fertilizantes, piensos o medicamentos y
les pagan por kilo producido. Ya sucede en “granjas franquicia” de pollos o
cerdos y en frutas y verduras.
Y luego hay un séptimo
problema estructural muy serio, que tiene el campo español y que tenemos
todos: el agotamiento y desertificación
de la tierra. Los expertos coinciden en que un 40% del suelo está degradado (y la mitad, el 20%, desertificado), por culpa del monocultivo (no se rotan ni utilizan
leguminosas para captar nitrógeno), la poca
materia orgánica (no se dejan en el suelo resto de cosecha, como antes), las siembras anuales y el excesivo laboreo (no
hay barbecho y se “presiona” a la tierra a base de abonos químicos y costosos
regadíos). Al final, todo esto es muy preocupante, por la baja productividad de
muchas explotaciones y la penosa herencia de suelo agrícola
que dejamos a las generaciones futuras (si es que queda gente en el campo).
Si ha llegado hasta aquí, reconocerá que agricultores y
ganaderos tienen razón cuando dicen que están “al límite”. Urge tomar medidas a corto y medio plazo, desde
España y desde Europa, para que tengan unos precios justos y no les ahogue la
competencia desleal de los alimentos extranjeros. Y medidas estructurales para
asegurar su rentabilidad y su futuro, clave para evitar la despoblación de
la España rural y asegurar el
abastecimiento de alimentos, porque “los móviles no se comen”. Es hora de “valorar” al campo y a su gente,
primero, y ayudarles de verdad. No podemos perderlos.
Si hay un problema en España que “clama al Cielo” es que haya multitud de dependientes (mayores) que tienen
reconocida legalmente una ayuda y no la reciben porque las autonomías no
tienen dinero. Así , estaban en “lista de espera” 269.854 dependientes a
finales de 2019, 19.817 más que un
año antes. Y lo más grave: como muchos son ancianos, 85 de estos dependientes “en espera” se mueren cada día sin que les llegue
la ayuda a la que tienen derecho. Una situación que se arrastra desde hace más de una
década pero que se agravó en
2019, al no aprobarse un nuevo Presupuesto que incluía más fondos para la
Dependencia. Ahora, el Gobierno estudia aumentar estos recursos en los Presupuestos 2020 y las autonomías buscan salir del paso con “trucos” para retrasar las ayudas y
aumentar los servicios “low cost” (atender a más con menos). Urge acabar de una vez con estas “listas de
espera” de la Dependencia, que son una vergüenza con nuestros mayores.
En enero, la Ley de Dependencia cumplió 13 años, con el mismo problema con
que nació en 2007: la falta de recursos.
Un lastre original, agravado después
por los recortes del Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró en 2011), y de las autonomías gestionadas por el PP. Un problema continuado de falta de
recursos y agravado en 2019, al no aprobarse el Presupuesto preparado por el Gobierno Sánchez, que incluía una partida extra de 830 millones
para la Dependencia, perdidos al rechazarse las cuentas y caer el Gobierno.
Ahora, la situación es insostenible, a la espera de que el nuevo Gobierno
prepare un Presupuesto 2020 con más
recursos y consiga aprobarlo.
La Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar
(sanidad, educación, pensiones y ayudas a los dependientes) ha sido un
éxito si contamos los españoles que han solicitado una ayuda
porque no pueden valerse por sí mismos: a finales de 2019 eran ya 1.894.744 solicitantes, el 4,03% de la población, según el IMSERSO. Y no paran de crecer año tras año, como corresponde a uno de
los paises más envejecidos de Europa. La
“presión” de los dependientes es desigual por autonomías, según su demografía. La que tiene más “tensión”
es Castilla y León (6,09% de la población ha solicitado
ayuda), precisamente la autonomía que mejor gestiona y atiende la Dependencia.
Y la que tiene menos “tensión”, menos solicitudes, es Canarias (2,60% de la
población solicita ayuda), precisamente la autonomía que peor gestiona y
atiende la Dependencia, junto a Cataluña, la Rioja y Andalucía.
La gestión de
estas solicitudes de ayuda a la dependencia la hacen las autonomías, que tienen un
grave problema de falta de recursos,
tras los múltiples recortes aprobados por Rajoy a partir de 2012. De hecho, el Estado central ha recortado su
aportación al pago de la Dependencia en
5.000 millones de euros entre 2012 y 2018, según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Así que
las autonomías han tenido que hacer
frente a un fuerte aumento de las solicitudes con menos recursos del
Estado y teniendo que poner ellas más dinero, que no les llegaba. El
resultado es que han buscado cómo atender
a muchos más dependientes sin tener recursos suficientes. Y lo han
intentado con cuatro “trucos”, cuatro maniobras
que han sufrido los dependientes y sus familias.
El primer “truco”
para paliar la escasez de recursos ha sido retrasar la resolución de los expedientes,
“embolsar” las solicitudes, tardar
lo más posible en reconocer a los dependientes sus ayudas para retrasar así su pago. Si el plazo legal para resolver las solicitudes de Dependencia es de 180
días, el plazo medio que se tardaba en 2019 eran 426 días, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y además, la mayoría de
autonomías tardan mucho más, como Canarias
(785
días), Extremadura (675), Andalucía (621) o Cataluña (576 días). De
hecho, sólo 5 autonomías cumplen el
plazo legal: Ceuta (70 días), Melilla (170), País Vasco (137) Navarra (155) y
Castilla y León (191 días).
Gracias a este “truco” de retrasar la resolución de los
expedientes, cada año hay más
expedientes pendientes de resolver, ayudas
que se retrasan (y se “ahorran”). Así, los expedientes pendientes de
valoración han pasado de 120.213 a finales de 2017 a 159.193 a finales de 2019,
el 8,4% de los expedientes totales. Pero además, hay autonomías que lo hacen mucho peor, para “ahorrar” más. El dato más
escandaloso es el de Canarias, que
tenía un 28,69% de los expedientes pendientes
de valoración (más del triple que la media española), seguida de la Comunidad
Valenciana (15,81% expedientes pendientes), Murcia (13,58%), Asturias (13,51%),
Extremadura (12,71%) y Andalucía (11,95%). Solo tienen menos del 1% de expedientes pendientes Galicia, Madrid, País Vasco
y la Rioja, según las estadísticas de 2019 publicadas por el IMSERSO.
Resuelto el expediente, cada autonomía decide el grado de Dependencia del solicitante
(Grado I los menos dependientes, Grado II, y Grado III los dependientes
severos) o si no le otorgan grado ni por tanto derecho a una ayuda (350.514
solicitudes a finales de 2019). Y así, de los 1.894.744 solicitantes que teníamos en 2019 pasamos a 1.385.037 que legalmente eran beneficiarios de
alguna ayuda, según su grado de dependencia. Pero no hay dinero para
atender a todos y las autonomías aplican
el segundo “truco” o filtro para ahorrar: las “listas
de espera”, dejar a una parte de estos beneficiarios pendientes
de recibir las ayudas sin un plazo prefijado.
Desde el principio, el sistema de la Dependencia ha tenido “listas de espera”: 213.896 en 2008 (2º
año de la Ley), 305.941 esperando en 2011 (el primer “récord”), bajó a 148.002
en 2014, subió a 384.309 en 2015 (récord absoluto, al empezar a recibir
ayuda ese año los dependientes de Grado I) y, a partir de ahí, los dependientes
en espera bajaron año tras año, hasta 250.037
en 2018. Pero en 2019 aumentaron en 19.817 dependientes más, por primera
vez desde 2015, hasta llegar a 269.854
dependientes en lista de espera, 1 de cada 5 beneficiarios con derecho a ayudas (el 19,48%), según el IMSERSO, debido al aumento de solicitudes y beneficiarios mientras el
Estado central estaba sin nuevos Presupuestos (prorrogados los de Montoro de
2018) y las autonomías estaban asfixiadas financieramente por el retraso en
transferencias del Estado.
Pero aquí tampoco hay uniformidad entre autonomías, porque hay algunas que gastan más y gestionan mejor, con lo que apenas tienen lista de espera mientras
en otras se ha disparado. Así, Castilla
y León vuelve a ser la que mejor lo hace, con sólo un 1,50% de sus dependientes (1.593) en lista de
espera, junto a Ceuta (1,72%). Le siguen Navarra (5,71% en lista de espera,
5.822 dependientes), Melilla (7,11%), Castilla la Mancha (8,66%, 5.895
dependientes) y Galicia (12,06%, 8.456 dependientes). Los líderes de la lista
de espera son Cataluña (31,71% dependientes reconocidos
no reciben ayuda: 76.253 dependientes), Canarias (27,88%, 9.040 dependientes),
La Rioja (27,34%, 3.116 dependientes), Andalucía (25,11%, 73.871 dependientes),
Asturias (21,56%, 5.794 dependientes) y Extremadura (20,3%, 7.206
dependientes), segúnlos datos del IMSERSO.
Pero los “ahorros” en la Dependencia no terminan aquí. Un tercer
“truco” de las autonomías para rebajar su gasto es reducir más la lista de espera de los Dependientes moderados (Grado
I), cuya atención es más barata, y reducir menos la lista de espera de los
Dependientes medianos (Grado II) y graves (Grado III), más caros de
atender. Al final, lo importante es “vender” al público que reducen las listas
de espera globales. Los datos del IMSERSO son muy explícitos: entre 2015 y 2019, las listas de espera de los dependientes moderados (Grado I) han caído
un -43,2% (de 277.959 a 156.579 a finales 2019), mientras las listas de
espera de los dependientes medianos y graves (Grado II y III) han crecido un +6,5% (de 106.323 a
113.275 a finales de 2019). Eso sí, publicitan que las listas de espera globales han
bajado un -29.78% (de 384.326 a
269.854). Y los que sufren este “truco”
son los dependientes en peor estado y sus familias, que ahora son incluso más esperando.
Y para terminar, el
cuarto “truco” de las autonomías para frenar el gasto imparable en la
Dependencia: atender a más con lo mismo, gastando
menos con prestaciones “low cost”, para que
“cunda” más un dinero escaso. Lo primero que han hecho las autonomías es reducir las ayudas económicas que se conceden a las familias para que
cuiden a sus dependientes en casa (una prestación entre 625 y 833 euros en Madrid,
según el grado de dependencia): si en 2011 suponían el 45,53% de todas las
ayudas a la Dependencia que se daban en España, en 2019 eran sólo el 30,26% de las ayudas, según el IMSERSO. Y también han bajado las
ayudas para que los dependientes estén en residencias
(la ayuda más “cara”, ya que aporta el 60% del coste de una residencia
pública, unos 600/700 euros mensuales): eran el 14,87% de todas las ayudas en
2011 y suponían el 12,10% en 2019.
En cambio, ha subido el peso de las ayudas más baratas, de los servicios “low cost”, como la ayuda a domicilio (del 12,92% en
2011 al 17,74% en 2019), aunque se
han reducido las horas mensuales (a 54 horas para los dependientes Grado III),
y la teleasistencia, la ayuda más
barata (40 euros al mes) que tienen
ya el 17,48% de los dependientes y
muchos más en Andalucía (30,6% de las ayudas), Madrid (26,56%), País Vasco
(20,93%) y Baleares (20,83%), según el IMSERSO.
Y falta hablar de la
última moda en ayudas “low cost” a la dependencia, la “prestación económica vinculada al servicio”, un cheque que reciben las familias (entre
300 y 833 euros en Madrid) para
que financien el servicio que quieran. Esta ayuda, que es una forma de “privatizar la dependencia”, supone ya el 10,73% de
todas las prestaciones, pero hay autonomías donde es la ayuda más
utilizada, como en Castilla y
León (29,48% dependientes), Extremadura
(al 43,98%), o la 2ª más usada, como en Canarias (20,16% dependientes), la Comunidad
Valenciana (16,80%) y Aragón (16,36%) o la 3ª más usada, como en Galicia
(12,66% dependientes), según los datos del IMSERSO.
Al final, la falta de recursos de las autonomías provoca una
atención a la dependencia de baja
calidad y con 269.854 dependientes, 1
de cada 5 dependientes reconocidos
que no reciben ayuda. Y esto tiene dos consecuencias. La primera y más
grave que 31.000 dependientes en lista
de espera se murieron en 2019 sin recibir la ayuda, dado que el 54% de los
solicitantes tienen más de 80 años.
Eso significa que cada día mueren 85
dependientes con derecho reconocido
sin que les llegue la ayuda, según la estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, otra manera brutal de “ahorrar”. Pero
además, hay otra pésima consecuencia de las listas de espera: las familias tienen que afrontar en solitario
el cuidado del dependiente, lo que implica que las mujeres (en un 75% de los casos) tengan que dejar su trabajo o
compatibilizarlo con cuidar a su padre,
marido o hijo dependiente hasta que reciba ayudas. Y a veces también después, con un pequeño “sueldo”, mientras su Seguridad Social (que dejó de pagar Rajoy en 2012) la paga ahora el Estado, gracias a un decreto aprobado por el Gobierno Sánchez en marzo de 2019.
El panorama de la
Dependencia no puede ser más desolador. Y lo peor es que, a este
ritmo, se tardaría 4 años y medio en suprimir las listas de espera, un plazo en el que
morirán sin recibir las ayudas otros 120.000 dependientes. Por eso, el sector
pide al nuevo Gobierno un Plan de choque,
para reducir en un año el 75% de
las listas de espera (atender a 200.000 dependientes), lo
que costaría 1.300 millones de euros,
según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para ello, el Gobierno deberá incluir esa
cifra en los Presupuestos 2020 y pactarla con los demás partidos, para
que salga adelante (difícil).
Pero no basta con
acabar con las listas de espera. Hay que aprobar un sistema eficiente de financiación a la dependencia, tras 13 años de
escaseces, con 2 cambios claves: más dinero y una mayor aportación del
Estado central, que se ha escaqueado
desde los recortes de Rajoy en 2012. La Ley
de Dependencia establece que la financiación pública del sistema se reparta
al 50% entre el Estado Central y las autonomías. Lo sucedido es que el Estado ha recortado año tras año su aportación
(-5.000 millones entre 2012 y 2019) y así, en 2018, sólo aportó el 16,7% de la financiación (1.348 millones), mientras las autonomías cargaron con el 83,3% del gasto público en dependencia
(su parte fueron 6.707 millones). La propuesta del sector (Directores de Servicios Sociales) es que se
vuelva al 50%/50% (que el Estado ponga al menos 4.000 millones anuales) y además,
aumentar la financiación total a la
dependencia: si ahora nos gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más, no sólo los
830 millones extras que preveía el fallido Presupuesto 2019.Y eso, para
reducir las listas de espera y afrontar el aumento de dependientes, que se van a duplicar de aquí a 2050, por el
envejecimiento y la mayor esperanza de vida.
Cada vez hay más familias con dependientes y
muchas sin medios para atenderlos con dignidad. Tenemos una Ley que les
asegura ayudas pero no se han
buscado recursos para pagarlas,
con lo que hay 85 ancianos dependientes que mueren cada día sin recibir esas
ayudas a las que tienen derecho. Es
escandaloso. Es urgente arreglarlo y cumplir con estos mayores que han trabajado
toda su vida por el país. Tiene que ser una prioridad de todos, al margen de
la política y del déficit. Se lo debemos.
Hace dos días, el 1 de febrero, el Reino Unido dejó de
pertenecer a la Unión Europea. Pero todavía quedan meses (y quizás años)
para que esta separación de los británicos acabe en divorcio. Ahora falta negociar, antes del 31 de diciembre, su futura relación comercial con los 27:
si firman un acuerdo como el que tiene Noruega o como Canadá o hay una nueva
prórroga para negociar en 2021 y otra amenaza de Brexit duro. Al final, lo que
pretende Boris Johnson es tener una
relación comercial estrecha con la UE pero sin obligaciones, a lo que se
niegan en Bruselas. Mientras, España
es uno de los paises europeos más
afectados por la salida de Reino Unido y un posible Brexit duro, sobre todo
el sector agroalimentario, el automóvil,
el turismo y las inversiones de nuestras grandes empresas, sin olvidar los ciudadanos
de ambos paises. La negociación de
la futura relación con Reino Unido va
para largo y todos saldremos
perdiendo con su marcha. Sobre todo ellos.
Al Reino Unido le
costó 15 años ingresar en la Comunidad Económica Europea (1 enero 1973) y llevan tres años y
medio intentando salir de la UE, desde el 23 de junio de 2016, cuando una estrecha mayoría (52%) votó en referéndum
a favor del Brexit. Los británicos han pospuesto su marcha, de prórroga en prórroga,
hasta que el 31 de enero se ha cumplido la
última fecha aprobada por Bruselas y Londres para dejar la UE. Pero el
Brexit no ha hecho más que empezar: se ha consumado la salida política
(Reino Unido ya no tiene voz ni voto
en la UE) pero no la económica: las mercancías, capitales y personas británicas
siguen siendo comunitarias, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020,
fecha marcada para acordar un acuerdo
comercial que establezca las futuras relaciones económicas RU-UE.
Esta futura relación
comercial del Reino Unido con la Unión Europea podría seguir uno
de los tres modelos de relación económica
que tiene Europa con terceros paises. Uno, el que se tiene con Noruega, Islandia o Liechtenstein:
integrar al Reino Unido en el espacio económico europeo (EEA), una zona de casi libre comercio, a cambio de aceptar los británicos la libre
circulación de personas y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia,
además de contribuir en parte a financiar el Presupuesto europeo. La otra
opción es firmar un Acuerdo de Libre
Comercio, como el que tiene la UE con Canadá o Corea
del Sur, menos favorable para los británicos porque incluye aranceles y
restricciones. Y hay una tercera vía, menos interesante, firmar un Acuerdo de Asociación como el que tiene la UE con Ucrania. O una variante menos atractiva, la Unión aduanera que tiene la UE con Turquía, Andorra o San Marino.
Al Reino Unido, especialmente a Boris Johnson, no le gusta un
acuerdo como el de Noruega porque huye de “compromisos” con Europa. Lo que buscan es un Acuerdo de libre comercio
como el que tiene la UE con Canadá, pero con más ventajas si es posible porque
ellos son de alguna forma “europeos”. Pero la nueva presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ya se lo ha dicho claro: “cuanto mayores
sean nuestras diferencias, más distante será nuestra relación comercial”. A lo claro: que si quieres comerciar con
pocas trabas con la UE, tienes que jugar con sus reglas en materia laboral,
fiscal, medio ambiente o ayudas estatales. Vamos, que no puede aspirar el Reino
Unido a disfrutar de libertad de movimiento de mercancías y capitales si no hay
libertad de movimientos de personas y si no juegan a lo mismo en materia laboral,
fiscal, ambiental o ayudas a sus empresas. Que nada de intentar ser la Singapur de Europa, sin reglas, y competir de forma desleal con la
UE.
Dada esta distancia de partida, las negociaciones sobre la relación comercial futura no van a ser fáciles. El 25 de febrero habrá una Cumbre europea para fijar la posición
de los 27, para unificar posturas y
presentar un bloque firme ante el Reino Unido. Y a partir de ahí, a negociar,
con una fecha tope para el acuerdo,
impuesta por Boris Johnson: el 31 de
diciembre de 2020. “Es poco realista
negociar un acuerdo comercial completo en tan solo 11 meses”, ha dicho el negociador comunitario Michel Barnier. Pero lo van a intentar. Lo
pactado en el Acuerdo de Salida es que puede
haber una prórroga para negociar, de un año más (2021) e incluso dos (2022),
pero sólo
si lo pide el Reino Unido antes del 1 de julio de 2020. Johnson ya ha
dicho que no pedirá otra prórroga, pero el problema lo tendremos en diciembre: si no hay acuerdo sobre la relación futura,
sólo quedará darles otra prórroga o un Brexit duro.
El calendario de
negociación ha fijado una serie de temas claves para empezar, con la idea de que sirvan de “test” en junio, antes de la fecha clave del 1 de julio,
para saber si hará falta una prórroga. El primero, la pesca, la primera línea de esta “batalla comercial”: Bruselas quiere
que los barcos europeos tengan “libre
acceso” a los recursos de las aguas británicas, una cuestión clave para
Francia y España, sobre la que protestan los pescadores británicos mientras su
Gobierno pide contrapartidas. Y quieren conseguirlas en el segundo bloque a
negociar, los servicios financieros, el otro gran caballo de batalla. Teóricamente, los bancos británicos perderán su pasaporte
para seguir operando en el mercado financiero de la UE, pero quieren seguir
prestando sus servicios desde Londres, para lo que Bruselas les exige que operen con la regulación financiera
comunitaria. Otros tres temas claves de esta primera fase de la negociación
RU-UE son el tratamiento común de las bases de datos, la regulación
del transporte
por tierra, mar y aire (si no hay acuerdo, Europa restringirá los vuelos
británicos) y el suministro de gas y
electricidad (sin restricciones ni competencia desleal).
Esto es sólo el principio de la negociación,
porque hay miles de cuestiones a acordar, incluida la regulación de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido (3,3 millones) y los británicos en Europa, una cuestión muy
polémica. Ambas partes tendrán que
respetar sus derechos (de residencia, laborales, sanidad, educación…), un
tema que preocupa mucho a los 300.000 españoles que viven y trabajan en Reino
Unido y al millón de británicos que viven en España (300.000 de forma
permanente). Precisamente, la Cámara de los Lores británica acaba de aprobar que los ciudadanos comunitarios residentes tengan derecho a
llevar un documento que acredite su
situación legal (2,7 millones de ciudadanos comunitarios ya se han
registrado oficialmente como residentes), para evitar problemas. Y otra
cuestión clave será Gibraltar
y el futuro de la zona fronteriza española (fiscalidad, contrabando, aduana,
medio ambiente), que ya se empezó a negociar entre España y el Peñón en enero.
La negociación global
será compleja y polémica, también porque en ella se va a inmiscuir Donald Trump, que ha prometido a Boris Johnson una “relación económica especial”
entre Estados Unidos y Reino Unido.
Y los británicos lo pueden utilizar como arma de negociación: “si no me dais más los europeos, nos echamos
en brazos de los norteamericanos”. Y luego está el polémico tema de Irlanda del Norte. El Acuerdo de Salida incluyó que no hubiera frontera entre las dos Irlandas, lo que obliga a que Irlanda del Norte (una parte del Reino
Unido, junto a Inglaterra, Gales y Escocia) siga en el mercado único europeo, con una frontera marítima con
Reino Unido. Eso significa que Irlanda del Norte estará en la UE y en Reino Unido a la vez, situación que
puede permitirle disfrutar “de lo mejor
de los dos mundos”, lo que ha llevado a algunas multinacionales instaladas en
Irlanda a plantearse trasladar su sede a
Irlanda del Norte. De no controlarse esta situación, se agravaría el problema actual de Irlanda, que ya es un paraíso fiscal y comercial dentro de Europa.
Haya o no acuerdo, la relación con el Reino Unido va a cambiar mucho en el futuro. Si se alcanza
un acuerdo comercial, lo más probable es que haya ciertas restricciones al libre
comercio actual, desde algún tipo de aranceles a cupos o controles por
temas sanitarios y fiscales. Y eso provocará “atascos” en las fronteras,
al menos en los primeros meses, ya que sólo por el puerto de Dover cruzan 10.000 camiones al día. Y si no hubiera acuerdo ni prórroga (algo
impensable hoy, pero nunca se sabe), un Brexit duro sería un drama para todos,
porque entrarían en vigor las normas de la Organización Mundial de Comercio y
las relaciones comerciales entre europeos y británicos serían como con Brasil,
por ejemplo: aranceles (10 o 15% de impuestos a todo), cupos y restricciones.
Una crisis.
Aún con acuerdo y
Brexit blando, habrá perjuicios en
el comercio y los intercambios futuros entre Europa y Reino Unido. Y España será uno de los paises más afectados,
el que más de los grandes (más que
Francia o Alemania) y el 7º de los europeos, tras Luxemburgo, Irlanda, Holanda,
Chipre, Suiza y Malta, según un estudio de S&P. Y eso porque tenemos
una relación muy estrecha con los británicos. Por un lado, las
inversiones españolas en Reino Unido rondan los 81.000 millones de euros (el 17,2% de toda nuestra inversión fuera), con una fuerte presencia allí de las multinacionales españolas: Telefónica (20.000 millones invertidos), Banco Santander
(15.000), Iberdrola (12.000), Ferrovial (5.000 millones invertidos y factura un 45,5% de todos sus ingresos en Reino Unido), Iberia/IAG (5.000 millones y factura allí el 32,7% del total), Banco Sabadell (2.000 millones y obtiene en RU el 24,2% de sus ingresos) Cellnex
(2.500), FCC (2.000), Aena (300) o Inditex (100
tiendas).
Por otro lado, el Reino
Unido es el 5º mayor cliente comercial de España (tras Francia, Alemania,
Italia y Portugal) y le hemos vendido productos por valor de 18.413 millones de euros en 2019 (enero-noviembre),
más de los 10.731 millones que les hemos comprado. Hay 90.000 empresas
españolas que exportan a Reino Unido y a las que afectará el Brexit, sobre todo
a las agroalimentarias, del automóvil, ropa, cerámica, fertilizantes y vino. Y
en tercer lugar, los británicos son los turistas que más nos visitan (18 millones al año, el 22% de todos los turistas que llegan a España) y que más gastan (18.000 millones de euros), por lo que el Brexit preocupa mucho a los hoteleros de Canarias,
Baleares y el Mediterráneo.
Pero antes de saber cómo nos va a afectar el futuro Brexit (blando, duro o semi),
lo seguro es que la salida del Reino
Unido de la UE nos va a costar mucho dinero al Presupuesto español,
empezando por el de 2021. Y eso
porque el año próximo, los británicos dejarán de poner su parte en la
financiación comunitaria (10.751 millones anuales) y eso hará que el resto de
paises, los 27, aporten más. Se estima que España tendrá que pagar un 17% más al Presupuesto comunitario, unos 1.900
millones más (de 10.170 a casi 12.000 millones en 2021), con lo que nuestro balance con Europa (lo que
recibimos menos lo que aportamos) será aún más negativo de lo que ya fue en
2019 (-1.176 millones). Además, al haber un país importante menos a pagar, también se recortará el Presupuesto europeo y con él las ayudas regionales (Fondos FEDER) y al campo (la PAC), con lo que hay un gran riesgo de que España reciba menos fondos europeos a partir de 2021.
Al final, vamos a
seguir pendientes del Brexit todo
este año por lo menos y lo más probable es que también en 2021. El acuerdo
no es fácil y menos si hay interferencias de Trump en la antesala de las
elecciones USA de noviembre. El Reino Unido es clave para Europa (es la 2ª economía de la región, con un 15%
del PIB europeo y un 13% de su población) y por eso resulta clave mantener una relación económica estrecha,
en beneficio de exportadores e inversores (comunitarios y españoles). Pero el Reino Unido no puede chantajear a la UE
con la amenaza de un Brexit duro si
no les dejamos “operar a su aire”. No es admisible el intento de Boris
Johnson de convertir Reino Unido en la Singapur de Europa, una zona económica sin reglas que haga competencia desleal a una Europa
que sí se preocupa de cumplir las normas fiscales, laborales y
medioambientales. Y el otro riesgo es
que los 27 no negocien como un bloque, que el Reino Unido les divida.
Los británicos se van
pero tardarán en hacerlo de verdad,
quizás 2 años más. Al final, el
Brexit “posible” será malo para Europa y más para el Reino Unido, que se ha
dado “un tiro en el pie” (que tardarán años en reconocer). Hay que intentar “pasar página” cuanto antes, porque Europa
necesita olvidarse del Brexit y afrontar su futuro: asentar su lugar
en el mundo, prepararse mejor para una economía global donde sobrevivir y
crecer frente a China, Estados Unidos y los paises emergentes de Asia y
América. Superar este largo y complicado divorcio
con Reino Unido y afrontar un futuro muy complejo.
