En marcha el costoso rescate de la banca

Seis meses después de pedir el rescate a Bruselas, esta semana han llegado 39.500 millones del préstamo europeo para salvar a cuatro entidades y crear el "banco malo". Y en enero llegarán otros 1.500 millones para cuatro Cajas más. Un dinero que España ha de devolver y que se suma a las ayudas públicas inyectadas desde 2009. En total, rescatar a  un tercio del sistema financiero (un banco y 25 Cajas) nos costará 108.361 millones de euros en ayudas públicas (más 95.637 millones en avales), el doble de los recortes hechos por Zapatero y Rajoy. Una factura de la que será difícil recuperar más del 20% y que revoluciona el mapa financiero, con la práctica desaparición de las Cajas (quedarán 7) en beneficio de los bancos, que se harán con el 70% del mercado. Y todo para que siga sin haber  crédito, al menos hasta 2015. Mal negocio.



enrique ortega

Está en marcha la quinta reforma financiera en treinta meses (dos de Zapatero, en junio 2010 y enero 2011 y tres de Rajoy, en febrero, mayo y agosto de 2012), impuesta por Bruselas a cambio del rescate solicitado en junio. Y esta vez parece que va en serio. Quien paga, manda y la Comisión, a cambio de sus 41.000 millones, ha impuesto un drástico ajuste a Bankia    (Caja Madrid, Bancaja, Insular Canarias, Laietana, Ávila, Segovia y Rioja) y a otras siete Cajas (resultado de la fusión de 18 Cajas) que recibirán ayudas europeas: NovaGalicia Banco (Caixa Galicia +Caixa Nova) , Catalunya Banc (Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) , BMN Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra), Liberbank (Cajastur +CCM, Caja Extremadura y Caja Cantabria), Ceiss (Caja Duero y Caja España) y Caja 3 (Caja Ahorros Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz). También recibe ayudas europeas el Banco de Valencia, que se ha salvado de la liquidación porque el Gobierno lo vendió el día antes a la Caixa, por un euro y con 6.000 millones de ayudas públicas.

El ajuste impuesto por Bruselas a un 30% de nuestro sistema financiero será drástico. Las entidades recortarán un 60% su tamaño, transfiriendo activos tóxicos (inmuebles y solares) al “banco malo” (hasta 90.000 millones), vendiendo sus participaciones en empresas y negocios, cerrando oficinas, dejando de dar préstamos a promotores, abandonando las operaciones financieras al por mayor (pagarés,deuda pública y tesorería) y dejando de operar fuera de su ámbito regional. O sea, se centrarán en su autonomía (salvo Bankia, que será estatal) y en dar préstamos sólo a pymes y particulares. Y eso sin endeudarse: cada euro que presten deberá ser un euro que capten con depósitos. Con ello, más que Cajas van a ser cajitas… maniatadas. Y en seis meses, el Banco de España debe vender NovaGalicia Banco (NGB) y Catalunya Banc (CB). Además, Bruselas impondrá la nacionalización de dos Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más) y Ceiss (CajaDuero-Caja España), que iba a ser absorbida por Unicaja .

Con las ayudas españolas ya recibidas, la reconversión de los cuatro bancos nacionalizados costará 67.000 millones de ayudas públicas: 36.000 para Bankia, 10.000 para NGB, 14.000 para CB y 7.000 para Banco de Valencia. Un dinero que se suma a los 35.071 millones de ayudas públicas inyectadas a otras cinco Cajas ya vendidas: 24.477 millones a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (vendida a Banco Sabadell), 5.500 millones a Unnim (Caja Sabadell, Terrasa y Manlleu, vendida a BBVA), 3.775 a Caja Castilla la Mancha (comprada por Cajastur), 977 a Banca Cívica (Caja Navarra, Burgos y Canarias, vendida a la Caixa) y 392 millones a Cajasur (comprada por BBK). Se destinarán otros 3.790 millones (1.500 de Bruselas) en ayudas públicas a cuatro grupos de Cajas más: BMN (Caja Murcia y tres más), Ceiss (Caja-España-Caja Duero), Liberbank (Cajastur y tres más) y Caja 3 (CAI y dos más). Y hay que sumar otros 2.500 millones, de entrada, para poner en marcha el “banco malo”, la inmobiliaria mala que acogerá a los “muertos inmobiliarios” de bancos y Cajas con ayudas.

En total, 108.361 millones en ayudas públicas, que serán más porque falta incluir el coste de las dos nuevas Cajas a nacionalizar (BMN y Ceiss), las ayudas fiscales prometidas a las fusiones y al banco malo , así como las pérdidas que puedan aflorar en los bancos vendidos (el Estado se compromete a asumir una parte de los fallidos futuros). O sea que la factura podría llegar a 120.000 millones (más 95.637 millones en avales del Estado). ¿Cuánto se puede recuperar? Poco: quizás algo de Bankia (espera tener beneficios a partir de 2015) y de las Cajas que no se vendan, pero no más de un 20% de lo aportado. O sea, que la reforma financiera nos costará finalmente 100.000 millones irrecuperables.

Pero no será su único coste. Unos 15.000 empleados de Cajas (5.000 en Bankia) y bancos perderán su trabajo (tras los 30.172 despedidos desde 2009) y al resto les bajarán el sueldo (hasta el 40%). Se cerrarán unas 2.300 oficinas (1.100 en Bankia), tras las 5.700 cerradas hasta ahora. Y muchos  pequeños ahorradores verán perder su dinero: un tercio de los 700.000 españoles que compraron preferentes a Cajas y bancos (106.000 en Bankia, 43.000 en NCG y unos 30.000 en CB)  perderán entre un 30% y un 70% de su inversión. Y lo mismo, el medio millón de accionistas de los bancos nacionalizados (400.000 en Bankia). Además, todos los clientes de estas Cajas con ayudas acabarán pagando más comisiones (Bankia ha anunciado que las subirá un 50%). Y miles de personas dejarán de beneficiarse de la Obra Social de las Cajas (1.125 millones en 2011). Además, España tendrá 41.000 millones más de deuda pública para salvar a la banca, lo que eleva nuestro déficit y perjudica nuestras posibilidades de financiación en los mercados.

Un alto coste que no se va a traducir de momento en más crédito, como reconocen los propios bancos. Primero, porque un tercio del sistema (las Cajas con ayudas), tras el drástico recorte impuesto, van a funcionar al ralentí, con menos liquidez y más restricciones para prestar, sobre todo a particulares (Bankia sólo prestará un 15% a familias hasta 2015). Con ello, el recorte del crédito sólo en las 3 cajas nacionalizadas podría ser del 30%. Y el resto de bancos y Cajas, estarán bastante ocupados en digerir compras, vender activos y reforzar capital  como para  dar más créditos. De hecho, el crédito se ha encarecido y ha caído un 5,7% en 2012, el mayor descenso en 50 años. El problema  de fondo es que no hay apenas demanda solvente: hay recesión y ni empresas ni familias piensan en endeudarse más.

A final, España ha hecho una costosa reforma financiera sin frutos hasta 2015 (o más), salvo para los bancos, los únicos que salen ganando: se harán con un 70% del mercado (tenían el 48%), comprando por un euro Cajas con ayudas públicas. Y habrá una verdadera revolución en el mapa bancario: de 10 bancos y 45 Cajas antes de la crisis pasaremos a 8 bancos (2 grandes- Santander y BBVA- que controlarán un 30% del mercado y 2 medianos, Sabadell y Popular ) y 7 Cajas (2 grandes, La Caixa, ahora la primera entidad financiera, y Bankia, más 5 Cajas regionales). Y todos trabajarán con sus clientes “como bancos”: todos sabemos lo que eso significa.

Había que sanear la banca, está claro, pero se ha hecho tan tarde y con tantos errores que va a salir carísimo, a costa de recortes extras en inversiones, educación, sanidad y gastos sociales. Y se hará sin que nadie acabe en la cárcel, después de que muchos gestores se hayan llevado más de 100 millones en finiquitos. Así que no quieran que encima aplaudamos.

España, un país de mileuristas (y minieuristas)

Cuatro de cada diez españoles son mileuristas, ganan menos de 1.000 euros al mes. Son más de 15 millones de trabajadores, autónomos, parados y pensionistas, según el resultado de un laborioso buceo que he hecho en las estadísticas oficiales. Y lo peor es que más de la mitad, 8,5 millones de españoles, ganan incluso menos, entre 400 y 860 euros. Hay una nueva palabra para ellos: minieuristas, a los que ya les gustaría llegar a ser mileuristas. Si les sumamos los parados que no cobran nada y los ancianos sin pensión, llegamos a 18,4 millones de españoles que viven en precario, que malviven. Son 4 millones más que antes de la crisis, por culpa del paro, la caída de salarios, los impuestos  y la inflación. Urge poner en marcha un Plan de choque contra la precariedad en que viven ya casi la mitad de los españoles.

enrique ortega

Los salarios llevan tres años sin apenas subir e incluso bajando, por la presión de la crisis y el paro. Con ello, el salario “más común” en 2010, según el INE, era mileurista: 941 euros netos al mes (hoy sería menos). Y en 2011, el 30% de los 14.233.300 asalariados españoles era mileurista, ganaba menos de 1.218,20 euros brutos al mes (unos 1.000 netos), según la encuesta de salarios del INE. Son 4.528.830 trabajadores mileuristas. Este sería su retrato-robot : mujer (42,2% son mileuristas, frente a un 18,3% los hombres), joven (61,5% menores 25 años son mileuristas y un 31,9% entre 25 y 34 años), con contrato temporal (48,1% son mileuristas), trabajan en el servicio doméstico (84,4% son mileuristas), el campo (60,9%), la hostelería (50,1%) y el comercio (40,6%) o son administrativos(47,9%), en pymes de menos de 10 empleados (51,4% mileuristas) y viven en Extremadura (con 40,5% asalariados mileuristas), Canarias (37,6%), Andalucía (36,8%), Murcia (36,2%) o Comunidad Valenciana (34,8%).

Entre los autónomos, unos 3 millones, también hay mileuristas. En principio, lo serían casi todos, ya que declaran a Hacienda un rendimiento medio de 950 euros al mes. Y la mitad que declaran por módulos confiesan unos ingresos medios de 10.602 euros al año. Si descontamos el posible fraude, no es arriesgado decir que un millón de autónomos, uno de cada tres, son mileuristas.

Vayamos a los parados. De los 5.778.100 españoles sin trabajo (EPA tercer trimestre), sólo cobran algún subsidio 2.927.530, la mitad (50,6%). Y todos estos parados son mileuristas: 1.368.106 cobran la prestación contributiva (848,30 euros de media) y el resto (prestaciones asistenciales y renta activa de inserción) reciben 426 euros mensuales.

Y llegamos a los 8,3 millones de pensionistas, la mayoría mileuristas: la pensión media es 834,99 euros (a 1 de octubre). Y de las 8.957.176 pensiones, tres de cada cuatro reciben menos de 1.000 euros al mes: 6.643.168 pensiones mileuristas, el 74,16% del sistema. En la pensión de jubilación, dos de cada tres son de menos de 1.000 euros (3.520.887, el 65,7%). En viudedad, casi la totalidad: 9 de cada 10 viudas reciben menos de 1.000 euros (2.129.017, el 91,5%). En incapacidad, tres de cada cuatro pensiones (674.035, el 71%). En orfandad, casi todas: un 97,3% de los huérfanos (283.508) cobran menos de 1.000 euros. Y en favor familiar, el 93% de las pensiones (35.721) son mileuristas.

En total, suman  más de 15 millones de españoles mileuristas (15.099.528) Una cifra que esconde otra realidad: más de la mitad de ellos ingresa mucho menos de 1.000 euros, entre 400 y 860 euros. Se les puede poner un nuevo nombre : minieuristas. Son 8.492.304 españoles. Una parte son asalariados: 2.830.517 trabajadores, el 18,7%, gana menos de 820 euros netos al mes .Y casi la mitad, el 10% de los trabajadores, gana el salario mínimo (641,40 euros al mes) o incluso menos (porque trabajan a tiempo parcial). Otro medio millón  de minieuristas son autónomos, muchos en la economía sumergida. Hay 1.559.424 parados que cobran 426 euros mensuales. Y 3.602.363 pensiones, cuatro de cada diez, están por debajo de 600 euros al mes.

A los 15 millones largos de mileuristas habría que añadir los que no ganan nada: los parados sin subsidio (2.850.570, el 49,4% de los parados EPA) y los ancianos sin pensión (un 5% como mínimo, 450.000 personas más). Con ello nos daría un colectivo de 18,4 millones de españoles en precario, cifra que los técnicos de Hacienda (Gestha) suben a 20,6 millones. Son casi la mitad de los 38,4 millones de españoles mayores de 16 años. Una cifra terrible, que ha crecido en 4 millones millones con la crisis, por culpa del paro, la caída de salarios, la inflación, la subida de impuestos y los recortes, que afectan más a los que menos tienen.

La consecuencia de esta gran bolsa de precariedad es el aumento de la pobreza y la desigualdad: hay casi 10 millones de pobres, una de cada cinco familias. Somos el país con más pobreza de la Europa del euro. Y en paralelo, hay más desigualdad: los ricos se han hecho más ricos. Y España es también el país del euro con más desigualdad, porque tenemos más paro, familias con muchas deudas y una protección social insuficiente (que se recorta cada año). Una pobreza y desigualdad que ha creado dos Españas, con una gran brecha social entre ellas. Que afecta especialmente a los niños (2,2 millones son pobres) y a su futuro (educación y sanidad), así como al presente de muchas familias, que no pueden afrontar sus deudas, con un récord de desahucios. Y que hipoteca su futuro: tienen baja formación y les será difícil encontrar empleo cuando llegue la recuperación y cotizan poco o nada, con lo que tendrán peores pensiones .

Tener 15 millones de mileuristas no sólo es un drama social, sino también económico: no pueden consumir y eso profundiza la recesión y el paro. Y mas que ayudar a competir a sus empresas, sólo las hace más ricas, ya que un trabajador mal pagado no es competitivo y vender más depende de que la economía crezca, haya demanda y la producción sea competitiva en organización del trabajo, innovación y tecnología , calidad y precio, no de que los salarios sean tercermundistas. No podemos aspirar a tener salarios chinos en Europa.

Ser líderes en mileuristas (y minieuristas) no nos hace un país más competitivo y la prueba es que somos líderes europeos en paro y recesión. Pero si puede profundizar la brecha social entre las dos Españas. Salir de ahí exige crear un Fondo contra la precariedad, con recursos obtenidos de una mayor recaudación sobre la riqueza y las grandes empresas con beneficios. Bastarían 5.000 millones para atender a los colectivos más en precario (parados, pensionistas, mujeres y jóvenes), mejorando la asistencia social (muy recortada), reduciéndoles impuestos y cuotas sociales, creando un parque de viviendas en alquiler (con los pisos del banco malo, que recibirá cuantiosas ayudas públicas) y lanzando verdaderos programas de formación para que los desempleados puedan reciclarse cara al futuro.

Y como telón de fondo, hacer otra política, abandonar los recortes y fomentar el crecimiento y el empleo, la única receta de verdad contra el mileurismo y la precariedad. Así no podemos seguir.

Los Planes de pensiones sufren el paro

Diciembre es el mes de los Planes de pensiones, con un bombardeo de ofertas para que contratemos un Plan privado de jubilación. Pero la crisis, el paro y la caída de ingresos provocan que muchos españoles no tengan dinero para hacerse un Plan y otros tengan que rescatar anticipadamente el que tienen, para sobrevivir: 100.000 parados sin ingresos habrán rescatado su Plan en 2012 y serán más en 2013. Con todo ello, caen los partícipes (medio millón menos con la crisis) y las aportaciones de los 8 millones de españoles que tienen un Plan de pensiones privado. El problema es que la pensión pública de jubilación (953 euros de media), se va a recortar en el futuro. Y habrá que ahorrar como sea para complementarla con una pensión privada. Sobre todo los que tienen ahora entre 30 y 45 años. No lo dejen.

enrique ortega

Tras cuatro años largos de crisis, los españoles no están para pagarse un Plan de pensiones: se han perdido 3,2 millones de empleos y los que trabajan ganan casi igual (convenios suben 1,24%) o menos (un tercio empresas han reducido o congelado salarios), con lo que una de cada cuatro familias no llega a fin de mes (INE). Todo ello está haciendo un roto a los Planes de pensiones, sobre todo en 2012: caen los partícipes (10.328.083 a finales de septiembre, medio millón menos que antes de la crisis), caen las aportaciones (-23%) y crecen los pagos, porque muchas personas en paro rescatan su Plan antes de jubilarse.

Este año, se estima que 100.000 parados han tirado de su Plan de pensiones privado para sobrevivir, cobrando unos 500 millones (5.000 € por parado). Son casi la tercera parte de los 300.000 parados que han rescatado sus Planes  desde 2007. Y la tendencia es que sean más en 2013 y 2014, porque hay un decalaje (se les exige llevar más de un año en paro y no cobrar ya el desempleo) y llegarán los parados de 2011 y 2012, que tenían mejores contratos y más Planes de pensiones que los primeros parados (construcción y jóvenes).

En España hay unos 8 millones de personas con un Plan privado de pensiones (algunos con más de un Plan, por eso salen 10,3 millones de partícipes). Es el doble que hace 10 años, pero estamos muy rezagados frente a Europa: lo tienen un 26% de las personas en edad de trabajar, frente al 40% en la UE. Somos el sexto país europeo en Planes privados, tras Gran Bretaña, Holanda, Suiza, Finlandia, Alemania y Dinamarca. Por dos razones. Una, que las familias dedican sólo el 3% de su renta a Planes, frente al 10% en Europa. Y la otra, el retraso en los Planes de empresa, que sólo tienen el 18% de los trabajadores, cuando en otros países van del 25% al 50% (Gran Bretaña). Y de los 2,15 millones que tienen un Plan de empresa, unos 700.000 son funcionarios (Plan pensiones AGE, gestionado por BBVA) , a los que el Gobierno Rajoy ha congelado las aportaciones del Estado en 2012 y 2013.

En 2013, la Seguridad Social nos mandará una carta para informarnos de la pensión que nos quedaría al jubilarnos, según los datos de cada uno. Será un buen revulsivo para contratar Planes privados. Pero no hace falta esperarla: hoy, la pensión de jubilación (contributiva) es de 953,70 euros al mes, un 63% de la pensión media europea. Pero un tercio de los jubilados cobra menos de 600 euros y dos tercios menos de 1.000. Cara al futuro, sólo cabe esperar recortes. A corto plazo, porque la Seguridad Social cerrará 2012 con 10.000 millones de déficit. A medio plazo, porque la reforma de las pensiones aprobada en 2011 supondrá un recorte del 20% para 2027. Y a largo plazo, porque no salen las cuentas: para 2050, los pensionistas se habrán duplicado (17 millones frente a 8,9 millones ahora) y haría falta duplicar el empleo actual (imposible) para que hubiera dos empleados por pensionista, como ahora (claramente insuficiente).

Si se recortan las pensiones públicas y encima viviremos más años (hasta 20, tras jubilarnos), habrá que pensar en contratar una pensión privada, que suponga un 30% de nuestros ingresos cuando seamos viejos. Los Planes de pensiones tienen una gran ventaja: desgravan mucho, hasta un 40%, permitiendo aportaciones de 10.000 euros anuales (12.500 para mayores 50 años), lo que compensa con creces su baja rentabilidad ( +4,32% este año, +1,83% a 10 años y +4,11% a 20 años) y no poder disponer del dinero hasta jubilarse (salvo incapacidad permanente, enfermedad grave o paro). Para 2013, el Gobierno ha prometido que también podrán rescatar su Plan de pensiones los que lo necesiten para evitar un desahucio.

Si finalmente piensa en hacer un Plan de pensiones privado, cuatro consejos. Primero, elija bien: busque una entidad que le ofrezca Planes de varias gestoras (no sólo los suyos) y compare Planes en un comparador independiente (como Morningstar). Segundo, valore todo y no sólo los regalos: en qué invierte, su rentabilidad (comparada con otros) y las comisiones, todas (cobran hasta el 2,4%, pero no pague más del 1,5%).Tercero, diversifique entre Planes, con más o menos riesgo, según la edad. Y cuarto, haga seguimiento: si uno o varios Planes no van bien en unos años, cambie de Plan o de banco (incluso cobrará un incentivo).

Lo importante es no dejarlo mucho, contratar el Plan a los 40 años (y mejor a los 35), porque cuanto más tarde se hace más se paga. Así, para conseguir 250.000 euros al jubilarse (unos 1.000 euros extras al mes durante 20 años), habría que pagar 4.251 euros al año (354 al mes) si se empieza con 35 años, 8.073 (672 € mes) si se tiene 45 años y 13.000 (1.083 al mes) si se contrata con 50 años. Lo ideal es empezar con Planes de más riesgo (invierten en renta variable, en Bolsa, donde es más difícil perder a 20 años vista), seguir con Planes de renta fija (invierten en depósitos, Letras o deuda pública) o mixtos (variable y fija) y acabar con Planes garantizados, los planes estrella ahora: se garantiza lo aportado y una pequeña rentabilidad (a 5 o 10 años, coincidiendo con la fecha de jubilarse).

En 2013 se va a revisar la normativa y fiscalidad de los Planes de pensiones y el Gobierno ha prometido mejorarles el trato. No queda más remedio si se recortan las pensiones públicas. Y habría que promover los Planes de empresa y de los funcionarios, cambiando moderación salarial por aportaciones. Pero, sobre todo, tenemos que cambiar de mentalidad: en lugar de ahorrar toda la vida para pagar la hipoteca, habrá que pensar en vivir más de alquiler y ahorrar para la jubilación. Es más sensato que hacerse viejo con casa propia y una pensión miserable. Sobre todo si vivimos hasta los 82/87 años.

La paradoja es que cuando más tendríamos que ahorrar para la vejez, porque nos recortarán las pensiones públicas (sí o sí), la mayoría de españoles no pueda hacerlo. Pero los que pueden, no deben retrasarlo más. Sobre todo, los que tienen entre 30 y 45 años. No lo dejen: luego sería tarde.  

El Gobierno duplica las ayudas a las autopistas

En plena era de recortes (incluso para los pensionistas), doce autopistas de peaje en apuros recibirán el doble de ayudas públicas de los Presupuestos 2013 (unos 400 millones), a sumar a las recibidas en 2010, 2011 y 2012. Y así hasta 2021. En total, 5.200 millones, cifra próxima a los recortes hechos en educación. A pesar del dinero público, no salen adelante: tienen poco tráfico, porque se planificaron mal, por razones políticas y buscando beneficios a corto (construirlas y financiarlas). De momento, 6 autopistas están en concurso, mientras bancos acreedores y accionistas (constructoras, bancos y Cajas) presionan al Gobierno para que las nacionalice. Si suspenden pagos, el Estado tendría que cargar con su deuda (4.000 millones), porque así se hizo la concesión. Un chantaje que pagaremos todos y una historia que se repite: en 1984 se nacionalizaron tres autopistas en apuros y cuando volvieron a ganar dinero, en 2003, Aznar las privatizó. Es lo que llaman economía de mercado.

enrique ortega

Las autopistas en crisis llevan un año renegociando sus créditos con la banca, que en los últimos meses ha dicho basta, forzando a 6 concesiones a solicitar concurso de acreedores: en mayo, la AP 41 Madrid- Toledo (380 millones de deuda); en septiembre la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), con 666 millones de deuda entre ambas, la R-4 (Madrid-Ocaña, 575 millones) y la autopista Cartagena-Vera (pre-concurso, con 561,2 millones deuda); y en octubre la AP-36 (Ocaña-La Roda), con 521 millones. Y hay otras 6 con serios problemas para pagar su deuda: la R-2 Madrid-Guadalajara (421,7 millones), la M-12 (Eje aeropuerto Barajas, con 227,4 millones), Alicante-Cartagena (210,7 millones), la circunvalación de Alicante (242,7 millones), Santiago-Ourense y León Astorga.

En total, unos 4.000 millones de deuda con unos 30 bancos (Santander, BBVA, la Caixa, Banesto, Popular y Sabadell, más algunos extranjeros, como Espirito Santo, ING o RBS)  y Cajas (Bankia, Cajasur, Unicaja, Caja Murcia, Cajamar) que quieren cobrar, por lo que, además de forzar los concursos, han enviado un informe al Gobierno proponiendo la nacionalización para “evitar daños colaterales”: mala imagen de España y más fallidos en bancos y Cajas.

El Gobierno Rajoy trata de evitar la nacionalización, que apoya Fomento y rechaza Hacienda, porque asumir esa deuda aumentaría la deuda pública española. Pero saben que el Gobierno Aznar pactó en las concesiones  la inclusión de la Responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el Gobierno Zapatero (con el apoyo del PP) ayudó a las autopistas en apuros en 2010 y 2011, con dos medidas: adelantarles un dinero para cubrir la caída de tráfico (unos 80 millones anuales en una cuenta de compensación, pagando intereses del 4% a devolver al final de la concesión, en 65 años) y darles créditos participativos (250 millones año, con aval del Estado) para ayudarles a pagar las expropiaciones. En 2012, el Gobierno Rajoy mantiene las ayudas, ampliándolas hasta 2021 (antes eran hasta 2018). Y para 2013, duplicará incluso la cuenta de compensación (de 80 a 150 millones anuales), incluyendo además en las ayudas a tres autopistas nuevas: Alicante-Cartagena, Santiago-Orense y León-Astorga.

En total, 5.200 millones en ayudas públicas hasta 2021, que se suman a otros 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas), entre 1999 y 2011, en compensación por haber subido menos las tarifas, para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999). Pero hay más. Tanto Zapatero como Rajoy se comprometieron a subir las tarifas más que el IPC para que, con nuestros peajes, las concesionarias devolvieran mejor las ayudas. Así, los peajes subieron un 3,43% en 2011 y un 13,5% en 2012 (tres subidas: un 3,2% en enero, un 7,5 % en agosto y el IVA en septiembre). Y se espera otra subida entre el 4 y el 5% en enero para las autopistas en apuros, tras una subida de peajes del 30% en diez años.

Al final, contribuyentes y usuarios pagamos el problema de un tercio de las autopistas, 12 de 38 (la mayoría ganan dinero), las llamadas autopistas de segunda generación: hechas en pleno boom económico (1.999-2003), con la presión política del PP de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”, con 6 de las autopistas en apuros), y de la especulación inmobiliaria en la costa levantina (otras 3 autopistas en crisis). Autopistas hechas con unas previsiones de tráfico irreales (pasan el 30-40% de los coches previstos), con autovías libres próximas y un coste disparado por las expropiaciones (multiplicadas por siete y hasta por 16, por la Ley del Suelo de Aznar en 1998), que ahora investiga Fomento.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas (sus dueños son las grandes constructoras) y financiarlas (cobrar 10-20 millones año en intereses), sin poner apenas capital. Baste un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios sólo pusieron el 12% de la inversión y el 88% fueron créditos (424,5 millones). Si luego no tengo tráfico y no salen las cuentas, no es mi problema sino del Estado, que tendrá que cargar con la deuda (4.000 millones) y las indemnizaciones (otros 1.000). Y en esas estamos ahora.

La nacionalización de autopistas en apuros no sería algo nuevo: en marzo de 1984, el gobierno de Felipe González creo la empresa pública ENA para nacionalizar tres autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, de momento, nos costarán (desde 1999) otros 6.200 millones más, el importe de los recortes en educación desde 2010.

Ayudas públicas para un sector controlado por las grandes constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr), un poderoso lobby (asiduo a La Moncloa) con beneficios (incluso con autopistas muy rentables -como Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas- que no quieren fusionar con las “malas” para salvarlas), al que se suma la presión de los grandes bancos y Cajas. Con la amenaza de que en enero acaba el plazo de los concursos de acreedores, el Gobierno ha duplicado las ayudas para 2013 a última hora (enmiendas en el Senado) y estudia medidas para evitar la nacionalización: en particular, ampliar 20 años las concesiones a las autopistas rentables (catalanas, valencianas y AP-6, cada vez con más usuarios que no quieren pagar), para que se hagan cargo del problema, con las ayudas públicas y la subida extra de los peajes. Pero bancos y concesionarias juegan fuerte y presionan para quitarse el problema y que el Gobierno les nacionalicen los muertos. Y Bankia tendrá que reducir al mínimo su presencia en el sector, como accionista y prestamista, por exigencias de Bruselas.


Al final, vuelve la vieja historia de los poderosos utilizando al Estado para resolver los problemas que ellos mismos crearon. Porque si se achaca el problema a la crisis, ¿por qué no se nacionalizan las 8.000 empresas que suspenderán pagos en 2012? O ¿por qué no se nacionaliza el problema de los 500 desahucios diarios? Nacionalizar unas pérdidas y no otras no es justo, ni es economía de mercado. Es pura discriminación, a costa de los contribuyentes.

Sanidad cada vez más privada

La crisis y los recortes han llevado a ocho autonomías, gobernadas por el PP, a privatizar total o parcialmente 25 grandes hospitales, argumentando que así recortan costes y se gestionan mejor. La realidad es que ya no pueden mantenerles y en vez de reformar la gestión pública para que sean más eficientes, los traspasan a empresas privadas, que buscan beneficios a costa de recortar servicios y calidad. La privatización traerá despidos y cierre de servicios, mientras empeora la sanidad pública y se duplican las listas de espera. Con ello, casi 11 millones de españoles tienen ya un seguro médico privado y la sanidad privada ha duplicado su tamaño, alcanzando ya un 30% del pastel sanitario. O se hace más eficiente la sanidad pública o seguirá ganando terreno la privada, para el que se la pueda pagar.

enrique ortega

La privatización de hospitales se inició en la Comunidad Valenciana: en 1.999 se entregó a una empresa privada (Ribera Salud, participada por Bancaja y la CAM) la construcción y gestión no médica del hospital de Alzira. Luego, se amplió a la gestión médica y a los centros de salud de la zona (la llave para controlar el gasto en el hospital). Y con ese modelo se han privatizado los hospitales de Torrevieja (2006), Denia (2009), Manises (2010) y Elche (2011): hay un millón de personas (20%) atendidas por la gestión privada, a cambio de cobrar a la Comunidad 639 euros por persona.


En Madrid, Esperanza Aguirre quiso copiar el modelo Alzira, que curiosamente llaman PPP (Partenariado Público- Privado) y puso en manos privadas la construcción y gestión de cuatro hospitales públicos en la periferia: Valdemoro (2007), Torrejón (2011), Móstoles (2012) y Collado-Villalba (en proyecto). Además, dejó en manos privadas la construcción y gestión no médica (limpieza, restauración, material y mantenimiento) de otros 7 hospitales, que inauguró en 2008. Ahora, su sucesor, Ignacio González, va más allá y privatizará también (en 2013) la gestión sanitaria de 6 de estos  hospitales: Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares, del Sureste y del Tajo. A cambio, desmantelará parcialmente dos hospitales públicos con solera, La Princesa (donde ha dado marcha atrás) y Carlos III, cerrando el Instituto de Cardiología. Y privatizará el 10% de los centros de salud de Madrid (unos 27), además de externalizar los servicios no sanitarios (lavandería restauración, mantenimiento) de todos los hospitales (también lo hará en 2013 la Comunidad Valenciana)

El mismo camino sigue Cospedal en Castilla la Mancha: antes de fin de año sacará a concurso la construcción y gestión total de cuatro nuevos hospitales (Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares) y sus centros de salud. Y quiere repetirlo en los futuros hospitales de Toledo y Guadalajara. La Rioja sacará también a concurso la gestión total del hospital de Calahorra.

Otras cuatro autonomías gobernadas por el PP apuestan por otra variante privatizadora, el modelo PFI (Iniciativa de Financiación Privada): se deja a empresas privadas la construcción y gestión no médica de hospitales. Es el caso de Galicia (hospital de Vigo, en construcción), Extremadura (futuros hospitales de Cáceres y Don Benito), Castilla y León (Burgos), Baleares (futuro hospital Son Espasses). También Canarias privatizará servicios no médicos de sus hospitales. Cataluña posee históricamente una estructura mixta, con hospitales públicos gestionados por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia.

La razón real de tanta privatización es que las autonomías no pueden con el gasto sanitario (hasta 45% de sus Presupuestos) y menos Madrid, donde Aguirre creó una verdadera burbuja hospitalaria: 13 nuevos hospitales públicos en 10 años (de 20 a 33). El problema no ha sido tanto construirlos (gracias a pagar un canon a las empresas) sino ahora mantenerlos, lo que resulta imposible. Luego está el argumento ideológico (“lo público es peor que lo privado y cuanto menos mejor”), que se disfraza con el argumento de costes: dicen (no hay estudios independientes) que una cama privada cuesta 700 euros frente a 1.250 la pública. Pero eso esconde dos hechos. Uno, que los privados pujan por precios bajos y luego reclaman más: en 2010, la Comunidad de Madrid subió 2 millones el canon a los 6 hospitales semiprivatizados (además de que una inspección reveló que tenían menos personal, medios y material del que decían). Y el otro, que el servicio no es el mismo ni tampoco la calidad: la atención privada mira con lupa las pruebas que se encargan, hay más vigilancia (e incentivos) sobre los médicos y se desvían a la pública los tratamientos más caros (por ejemplo, trasplantes).

Dicho esto, hay un hecho claro: la sanidad pública es manifiestamente mejorable. No se justifica que haya quirófanos cerrados por las tardes (para no pagar horas), que máquinas costosas sólo se usen unas horas (en la privada hacen TAC un viernes a las 11 de la noche), que las consultas especializadas sólo sean de mañana (para que los médicos puedan tener consulta privada por las tardes), que haya horarios funcionariales, una política de sueldos y contratación sin incentivos y una gestión política y no médico-económica.

Volviendo a la privatización de hospitales y servicios (análisis clínicos y pruebas -60% TAC- ya se hacen mayoritariamente en centros privados), el resultado a corto plazo va a ser más despidos (personal interino y contratado) y un deterioro de la calidad del servicio, primando más los costes sobre los criterios médicos. Y eso, unido a los recortes (7.267 millones en el tijeretazo de abril), deteriorará aún más nuestra sanidad. De hecho, las listas de espera se han duplicado, pasando de 32 a 72 días para una operación. Y se tarda 82 días de media en recibir el diagnóstico de un especialista.  

La consecuencia inmediata es que el que puede, se hace un seguro médico privado para lo más urgente. Ya hay 10,7 millones de españoles, que pagaron 6.589 millones en primas en 2011 (50 euros al mes por asegurado), el doble que hace diez años. Y la sanidad privada ya supone un 30% del gasto sanitario, facturando casi 7.000 millones, el doble que en 2002. Al amparo del deterioro de la sanidad pública ha crecido una potente industria sanitaria privada, empujada por empresas extranjeras de capital riesgo: el fondo británico Doughty Hanson (y la familia Cordón Muro) controlan el Grupo Quirón (líder en pacientes, con 46 centros en 29 ciudades), la sociedad luxemburguesa CVC (dueña de la Fórmula 1) gestiona el Grupo Capio (líder en hospitales, 30, y en conciertos con la sanidad pública), el fondo Goodgrower (familia Gallardo, de Almirall) controla Adeslas Hospitales (la 3ª del ranking), la británica BUPA es dueña de Sanitas Hospitales (4ª) y Bankia y Sabadell controlan el Grupo Ribera Salud (Alzira y otros 5 hospitales). Todos esperan ansiosos los nuevos concursos.

Cara al futuro, el gasto sanitario va a seguir creciendo (tecnologías más caras y más viejos) y la tentación de privatizar seguirá en alza, al menos mientras sea negocio (si no, se vuelven a nacionalizar los hospitales, como se pretende hacer ahora con las autopistas). Pero, al margen de las protestas generalizadas, la mejor manera de preservar la sanidad pública es reformarla a fondo, no con recortes, sino con cambios profundos: política de personal, horarios de médicos, utilización de tecnologías y tratamientos (según la OMS, un 30% del gasto es ineficiente), potenciar la atención primaria y la prevención, despolitizar la gestión…

Si la sanidad pública no se hace más eficiente, se recortará más mientras crece el pastel de la privada. Y acabaremos con una sanidad dual: la pública para los pobres y la privada para el que se la pueda pagar. Hay que atajarlo ya, cuando todavía tenemos la mejor sanidad de Europa.