Universidades públicas en apuros

Más de 1,8 millones de jóvenes han iniciado el Curso universitario, que batirá otro récord de alumnos, Grados y Masters. Pero las plazas en las Universidades públicas se han estancado, por falta de medios y profesores, lo que ha elevado otro Curso más las notas de corte para acceder, desviando alumnos a las Universidades privadas, que crecen sin parar, sobre todo en algunas carreras y Masters: este año funcionarán 46 Universidades privadas (4 más que el curso pasado), mientras las públicas siguen estancadas en 50 (desde 1.998). Esto obliga a muchas familias a gastar hasta 28.000 euros al año en que su hijo/a estudie fuera, lo que impide estos estudios a muchos jóvenes y endeuda a otros, aumentando la desigualdad de oportunidades. Mientras, las Universidades públicas piden más financiación para sobrevivir y poder ofrecer más plazas y estudios.  Pero las autonomías gobernadas por el PP apenas les financian y apoyan el aumento de las Universidades privadas (controladas por Fondos de inversión y entidades religiosas), sobre todo en Madrid y Andalucía.

                           Enrique Ortega

Este Curso 2025-26 han iniciado la Universidad los jóvenes nacidos en 2007, otro año con un récord de nacimientos (492.527, 10.000 más que los nacidos en 2006), lo que aumentará el número de universitarios, superando  los 1,8 millones que estudiaron el Curso pasado un Grado (1,4 millones), un Master (300.000)  o un Doctorado (100.000 alumnos) en las Universidades españolas. El 75% de estos 1,8 millones de universitarios estudian en una Universidad pública, el 57% de ellos mujeres y un 7% extranjeros (salvo en Master y Doctorado donde los extranjeros suben al 27 y 29% del total). En conjunto, a estos universitarios se les ofrecen 4.475 titulaciones de Grado (67% en la Universidad pública), 4.325 Masters (el 30% en las privadas) y 1.228 títulos de Doctorado (el 80% en las Universidades públicas).

Será pues otro Curso de récord de alumnos en las Universidades españolas, con una peculiaridad: apenas crecen los alumnos de las Universidades públicas y los que más crecen son los de las privadas, como sucede en los últimos años. Así, los alumnos de Grado de las Universidades públicas han bajado desde los 1.116.463 que hubo en el Curso 2016-17 a los 1.080.568 que se matricularon el curso pasado (2024-25): -35.895 alumnos en los últimos 8 años. Y en paralelo, los alumnos que estudian un Grado en las Universidades privadas se han casi duplicado: de 186.789 en el Curso 2016-17 a 328.269 el curso pasado (2024-25), según los datos oficiales. Y si analizamos los alumnos matriculados en el primer curso, han caído un -4,8% en las Universidades públicas (de 291.100 que empezaron en septiembre 2015 a 274.400 en septiembre 2023), mientras en las Universidades privadas, los matriculados en el primer curso han crecido un +61,4% estos 8 años: de 54.700 a 89.200.

Lo mismo ha pasado con los Master. Los alumnos que inician un Master en una Universidad pública han pasado de 124.892 en el Curso 2016-17 a 143.649 el curso 2023-24, un aumento del +15%, menos de la tercera parte de lo que han aumentado los alumnos de Masters en las Universidades privadas (+53%), que han pasado de 65.251 (Curso 2016-17) a 145.306 alumnos matriculados (en 2023-24), superando ya a los alumnos Master de la pública. Y además, las Universidades públicas ofrecen ahora menos Master (3.067) que en 2015-16 (3.116 Master), mientras las privadas casi los duplican (de 761 a 1.262).

¿Qué está pasando? Pues que las Universidades públicas se quejan de que no pueden ofertar más plazas a los jóvenes porque carecen de financiación suficiente para contratar más profesores y mejorar las instalaciones para ampliar los alumnos, aulas y laboratorios. Y en consecuencia, cada año sube la nota de corte en la prueba de acceso a la Universidad (PAU), para seleccionar casi los mismos alumnos o menos, obligando en la Selectividad a sacar notas cada vez más altas para admitir alumnos en las grandes Universidades. Así, este año, las notas de corte en Medicina han sido de 13,3 (sobre 14) y en muchas carreras superan los 12 puntos, lo que deja fuera a alumnos que sacaron bien el Bachillerato. Un ejemplo: hay 10 solicitantes que quieren estudiar Medicina en la pública por cada plaza disponible…

La consecuencia es que muchos jóvenes que quieren estudiar una carrera sólo pueden hacerlo en la Universidad privada, que lleva años aprovechando la falta de plazas en la Universidad pública para ofertar más plazas, sobre todo de Grados que tienen una mejor salida laboral. Eso conduce a un aumento reiterado de alumnos, que sólo pueden estudiar lo que quieren si pagan los caros estudios de una Universidad privada. Y así, por ejemplo, en Madrid, este será el tercer Curso donde en Medicina (la carrera “estrella) habrá más matriculados en primer curso en las Universidades privadas que en las públicas… Y también hay más inscritos en las privadas en Fisioterapia (53%) y Relaciones Internacionales (74%).

En definitiva, las Universidades privadas crecen a costa de “asfixia financiera de las Universidades públicas”, que apenas se han recuperado de los recortes impuestos por Bruselas y Rajoy desde 2012 y la escasa financiación posterior. Eso ha provocado un aumento constante de nuevas Universidades privadas, que este Curso ya serán 46 (habrá 4 nuevas), mientras las Universidades públicas se han estancado en 50 (la última Universidad pública, la Politécnica de Cartagena se creó en 1998). Y cada año hay nuevas peticiones de Universidades privadas, apoyadas por las autonomías gobernadas por el PP, sobre todo en Madrid y Andalucía. De hecho, hay Universidades privadas en todas las autonomías (próximamente se abrirán en Asturias y Castilla la Mancha), salvo en Extremadura y Baleares.

La mayoría de las privadas tienen detrás a organizaciones religiosas: jesuitas (Comillas, Deusto, Esade), Opus Dei (Universidad de Navarra, Internacional de Cataluña), propagandistas católicos (CEU), Legionarios de Cristo (Francisco de Vitoria), Camino Neocatecumenal (Universidad Católica de Murcia…), pero últimamente están interesados también los Fondos de inversión: el sueco EQT está detrás de la Universidad Europea de Madrid, el británico CVC es propietario de la Universidad Alfonso X el Sabio, los fondos Sofina (belga) y Portobello (español) controlan la Universidad Internacional de la Rioja y el Fondo israelí KKR impulsa la Universidad privada online UTAMED en Andalucía.

La peor consecuencia de la asfixia financiera de las Universidades públicas (las 6 de Madrid pidieron en octubre de 2024 a la presidenta Ayuso 200 millones extras para pagar sus nóminas…) es que muchos alumnos  no pueden estudiar en ellas, por falta de plazas, y tienen que buscar una Universidad privada para estudiar una carrera, con un altísimo coste. Por un lado está el pago de la matrícula y las mensualidades, con un coste anual de 13.500 a 15.000 euros por alumno. Y a eso hay que sumar, para los universitarios que estudian fuera de casa, el coste del alquiler de una habitación o una vivienda compartida, que supera los 600 euros (5.400 euros anuales). Y la manutención y los gastos (otros 9.000 euros anuales). En total, unos 28.000 euros al año, por 4 años (si no se repite curso), más el elevado coste de un Master al final del Grado (entre 20.000 y 30.000 euros más).

Así que estudiar en una Universidad privada puede costarle a un joven y a su familia unos 140.000 euros, una cifra imposible para muchos hogares y que obliga a otros a endeudarse. De hecho, casi el 14% de los créditos que se piden hoy a la banca son para financiar estudios universitarios, según ASUFIN, una demanda que se ha cuadruplicado en la última década. Y esto relega a muchos estudiantes y familias a no estudiar una carrera universitaria, desviando su interés hacia la Formación Profesional, que es más barata (a pesar de que se multiplican también las plazas privadas, en centros participados también por Fondos de inversión) y además tiene más salidas profesionales que muchas carreras.

El objetivo debería ser promover la Universidad pública, apoyándola financieramente para que tuviera más alumnos, Grados y Master, para evitar también que muchos jóvenes sin recursos se queden fuera (las becas son escasas y poco dotadas). Pero la realidad es que España la financia menos que otros paises. Así, el gasto total por estudiante universitario en España era de 15.654 dólares en 2021 (último dato de la OCDE), frente a 20.499 dólares en la OCDE (36.274 en USA y 33.574 en Reino Unido) y 20.027 dólares en la UE-27, un 28% más (27.756 dólares/universitario en Suecia, 23.864 en Paises Bajos, 21.963 en Alemania, 20.458 en Francia y 13.717 en Italia), homogeneizando la inflación. Eso se traduce en que Europa destina un 1% del PIB a financiar sus Universidades, mientras España destina el 0,76%.

Pero no sólo financiamos menos la Universidad pública. También lo hacemos de forma diferente, con menos peso de la inversión pública y más aportación de los estudiantes y sus familias (tasas y matrículas). Así, el gasto público en Universidades supone en España el 67% del gasto universitario, frente al 68% en la OCDE y el 76% en la UE-25 (84% en Alemania, 79% en Francia o 60% en Italia). Y el 29% del gasto universitario es privado en España, frente al 19% en la OCDE y el 13% en Europa. Y la mayoría de esta aportación privada, un 19% de la financiación total, la aportan los alumnos y sus familias (pagando matrículas y tasas).

Otro problema de España es que hay una gran desigualdad en la financiación universitaria por autonomías (que tienen la competencia y aportan, de media, el 65% de la financiación total). Así, hay autonomías que transfieren a sus Universidades públicas  menos que la media (6.671 euros/universitario en 2022-23) : Madrid (5.362 euros por universitario), Cataluña (5.599 euros) y Murcia (6.712), según el Informe CYD 2024. Y entre las autonomías que mejor financian sus Universidades destacan La Rioja (9.689 euros/universitario), Navarra (9.210 euros) y País Vasco (9.065 euros). En contrapartida, las que menos aportan son las autonomías donde los alumnos pagan más tasas y matrículas: Madrid (1.620 euros/alumno, 454 euros más que la media), Cataluña (1.508) y Aragón (1.302), Y hay otras donde los universitarios pagan la mitad de tasas en las Universidades públicas: Galicia (738 euros/alumno), Canarias (776) y  Andalucía (815).

Si la situación financiera de las 50 Universidades públicas es precaria lo será más en los próximos Cursos, porque deben seguir  aplicando la nueva Ley de Universidades, la LOSU, (que entró en vigor en el curso 2023-24,) cuyos objetivos aumentan los costes: tendrán que regularizar y estabilizar sus plantillas(el 49% de los docentes universitarios son temporales), cubrir vacantes y jubilaciones, reorganizar y modernizar los programas, aumentar la investigación e internacionalización. La propia LOSU establece que “las Administraciones públicas dotarán a las Universidades  de los recursos necesarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio” (artículo 55), pero no concreta quien debe aportar esos recursos ni cuándo. Si concreta el cuanto: “dedicar como mínimo el 1% del gasto público en educación universitaria pública para todo el Estado”. Como ahora se gasta el 0,76% del PIB, subirlo al 1% supondría gastar 5.739 millones más al año en las Universidades públicas (con el PIB de 2024).

El problema está en quien aporta ese dinero extra. Las Universidades son una competencia de las autonomías (otra), pero muchas llevan años frenando el gasto social (en sanidad, educación y Dependencia) y apostando por lo privado (en la sanidad, los colegios y en la Universidad). En el último año, las Universidades públicas han intentado acuerdos de financiación a medio plazo (para varios años) con los Gobiernos autonómicos, pero la mayoría encuentran poco eco y pocos recursos, mientras ven que se autorizan nuevas Universidades privadas, a las que cada Curso se desvían más alumnos. Y el Gobierno central poco puede hacer, máximo tras tres Cursos sin Presupuestos (incluido el actual).

La futura financiación de las Universidades públicas es una cuestión clave, no sólo porque nos jugamos la formación de los jóvenes sino porque en los próximos años va a seguir aumentando la cifra de universitarios: habrá cada año más alumnos, al menos hasta 2041 (cuando accedan una parte de los nacidos en 2023, 322.075 niños, 170.000 menos que los nacidos en 2007 y que ingresan ahora) y van a tener más gastos, para renovar profesores, programas y poder competir por alumnos en Europa y el mundo. Y sólo hay dos opciones: o los alumnos de las universidades públicas pagan más (ya pagan más que en la mayoría de Europa) o reciben más financiación pública, del Estado central y las autonomías, lo que exige recaudar más (no menos) y destinar más recursos a formar mejor a nuestros universitarios. También ayudaría que empresas y bancos financiaran más la Universidad pública, como en muchos paises. Lo que no podemos es dejar que las Universidades públicas sigan perdiendo alumnos, planes, investigación y prestigio.

Aumentar la financiación a las Universidades públicas  es un requisito básico para mejorarla y que no quiebre a medio plazo, en beneficio de las Universidades privadas (carísimas). Pero no es suficiente. Las Universidades (todas) han de afrontar una profunda reforma, para conseguir que los 200.000 licenciados que producen cada año tengan futuro. Porque actualmente, tienen más trabajo y menos paro que los jóvenes no universitarios, pero todavía están mucho peor que los universitarios europeos. Por un lado, sólo el 83% de los universitarios españoles de 25 a 24 años está trabajando, frente al 87% en la OCDE y en la UE-25, el 88% en Francia, el 89% en Alemania, el 91% en Reino Unido y el 92% en Paises Bajos, según la OCDE. Y los universitarios españoles (25 a 34 años) tienen un 9% de paro, frente al 5% en la UE-25 y el 3% en Alemania.

Corregir este “drama”, que la Universidad no sea “una fábrica de parados” exige no sólo tener más financiación sino hacer un cambio estructural, con múltiples medidas: derivar más alumnos a carreras técnicas y con más empleabilidad, modificar los planes de estudio con empresas e instituciones, reducir la endogamia y aumentar la presencia de profesores que trabajan en empresas e instituciones, mejorar la formación práctica y los periodos de formación en empresas y en el extranjero, flexibilizar las pasarelas de acceso e intercambio a la FP de Grado Superior y realizar auditorías externas, sobre la enseñanza, el gasto y la gestión, para que los recursos públicos sean más eficaces. Hay que analizar propuestas, conseguir recursos y agilizar los cambios. Pactar entre todos otra Universidad.

Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

Industria: España se aleja de Europa

Hemos tenido otro verano récord de turistas, pero no tanto como se esperaba, por los altos precios, las olas de calor y el estancamiento económico en Europa tras los aranceles de Trump, que han reducido los turistas alemanes y franceses. Es el momento de repensar el futuro del turismo y si España debe crecer siendo la California de Europa, a costa de hoteles, bares, comercio y ocio, que generan un empleo inestable (se han perdido 200.000 empleos en agosto) y mal pagado. La alternativa es promover la industria, avanzar en sectores competitivos y con futuro, apoyados en la tecnología, digitalización y una energía renovable que nos aporta tener la luz más barata de Europa. Pero España está muy rezagada en industria respecto a Europa y hemos perdido 723.500 empleos industriales en este siglo. Urge un Pacto social por la industria, pero los enfrentamientos políticos tienen parada en el Congreso una nueva Ley de Industria aprobada por el Gobierno en diciembre de 2024. Sin más industria no hay futuro.

                            Enrique Ortega

Aunque muchos no lo sepan, España fue un país muy industrializado hace unos 50 años: en 1970, la industria suponía más de un tercio de la economía (aportaba el 38% del PIB). Y todavía en 1980, éramos la 9ª potencia industrial del mundo. A partir de 1983, el Gobierno de Felipe González tuvo que afrontar una dolorosa reconversión industrial, que desmanteló las industrias básicas (siderurgia, naval…), ruinosas por la competencia de paises en desarrollo. En los años 90, el Gobierno Aznar privatizó las empresas públicas más rentables (Telefónica, Repsol, Tabacalera…), mientras España se volcaba en el ladrillo y los servicios. Resultado: el peso de la industria cayó en picado: de aportar el 19,8% del PIB en 1987 se pasó al 16,36% en 2007 y a un mínimo de 15.98% del PIB en 2013, el peor año de la crisis. A partir de ahí, siguió perdiendo peso, hasta aportar el 14,5% del PIB en 2019. Y aunque mejoró su aportación con la pandemia, por el menor peso de los servicios y la construcción, su aportación no superó el 16% del PIB en 2022. Y luego ha seguido cayendo.

Tras este “desplome industrial”, España es ahora la 17ª potencia industrial del mundo y compite, sobre todo, en precio (gracias a los menores salarios) y con manufacturas que aportan poca innovación, tecnología y valor añadido. Pero el mayor problema es que la industria en España se encuentra muy rezagada respecto a Europa y la brecha se ha agravado en este siglo. Así, la aportación industrial en España es del 11,8% del PIB en 2024 frente al 15.6% que aporta la industria europea el crecimiento (el objetivo de la Comisión es que aporte el 20% en 2030). Y este retraso español en la aportación de la industria (-3,8%) se ha duplicado en este siglo: en el año 2.000, la industria española aportaba el 17,99 % del PIB, frente al 19,4% la UE (-1.41% de diferencia), según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA e Ivie. A lo claro: que éramos un país menos industrial que Europa en el 2000 y ahora lo somos aún menos.

Lo más preocupante no es sólo la pérdida de industria en este siglo, sino sus consecuencias negativas para el empleo. El estudio revela que la industria española mantenía el 17,3% del empleo en el año 2.000 (el 18% la europea) y que en 2024 sólo mantuvo ya el 9,9% del empleo total (13,7% la industria europea), lo que vuelve a indicar que la pérdida de empleo industrial en este siglo ha sido mucho mayor en España que en el resto de Europa. La cifra que aportan la Fundación BBVA e Ivie es muy llamativa: se han perdido 723.500 empleos industriales en España entre el año 2.000 y el 2024, un 25% del empleo industrial español. Trabajadores que han ido al paro o se han reciclado en la construcción y los servicios, con empleos generalmente más precarios y peor pagados que en la industria.

No sólo se ha perdido empleo y actividad industrial, también se han reducido las exportaciones españolas de productos industriales, que ayudaban a generar divisas y empleo, aportando desde fuera al crecimiento global. Y ahí, de nuevo, España está rezagada respecto a Europa: las exportaciones industriales aportan el 20,3% del PIB, mientras en la UE-27 aportan el 31,1%, según el informe. Y eso tiene que ver con los productos industriales que exportamos (con menos tecnología y menos valor añadido) y con  una menor productividad de la industria española, derivada del menor tamaño de sus empresas, la menor innovación, digitalización y tecnología, la falta de internacionalización, la ubicación geográfica y los mayores costes, factores que no compensan unos sueldos mucho más bajos.

Otro problema de la industria española, según el informe, es que está demasiado concentrada en sectores menos productivos y competitivos. Así, el 60% de toda la producción industrial se concentra en 4 sectores: industria agroalimentaria (19,4%), metalurgia y productos metálicos (12,7%), industria química y farmacéutica (12,1%) y material de transporte (11,8%). Significa que tenemos una industria muy concentrada en “alimentar a Europa” y proveerla de metales, química y medicamentos, pero con poco peso de las industrias más competitivas y que aportan más crecimiento y empleo: fabricación de maquinaria y bienes de equipo (tenemos la mitad de industria que Europa), productos informáticos, electrónica y óptica (tenemos casi 6 veces menos de industria que la UE-27).

El estudio destaca que la Comisión Europea pretende relanzar la industria en los próximos años, como palanca para competir con EEUU y China. Y recuerda que el gran objetivo es que la industria europea aporte el 20% del crecimiento y el empleo en 2030 (España está lejos, en el 11,8%, mientras la UE-27 alcanzó el 15,6% en 2024, superando el 20% Alemania pero sin alcanzar ese nivel de industrialización ni Francia ni Italia). Para mejorar la industrialización, Bruselas propuso a los paises en 2023 (“Plan industrial del Pacto verde europeo”)  utilizar dos palancas: mejorar la digitalización y afrontar el reto energético, para que la industria consuma menos energía y más barata.

La primera asignatura pendiente de la industria española es aumentar su digitalización, dentro de un proceso más global de incorporar más tecnología e innovación. Y aquí también vamos retrasados respecto a Europa: el 62% de las manufacturas españoles presentan “un nivel básico de digitalización”, frente al 68,3% de media en la UE-27, según el informe de la Fundación BBVA e Ivie, cuando el objetivo debería ser que alcanzaran ese nivel básico el 90% de las industrias europeas. Y sólo el 21,9% de las industrias españolas tienen un nivel avanzado o muy avanzado de digitalización, frente al 28,7% de las europeas.

En cuanto a las inversiones en tecnología, la industria española también está retrasa respecto a la europea: en España, el 29% de toda la inversión en I+D+i la realiza la industria (con todo, el sector económico que más invierte en tecnología) casi la mitad de lo que invierte en tecnología la industria europea (el 52,4% de tosa la inversión en I+D+i).

El segundo reto a medio plazo de la industria, europea (y española), es consumir menos energía y a unos precios más bajos. Hasta hace unos años, la industria española pagaba más cara la energía (incluida la luz) que el resto de la industria europea, aunque nuestra industria es energéticamente más eficiente (gasta menos energía por unidad de producto), según el informe de la Fundación BBVA e Ivie. Pero en los últimos años, la industria española se ha beneficiado de la revolución de las renovables en España (generan  el 57,1% de la electricidad)  y ahora es la industria que paga la luz más barata de Europa: si en 2008, la industria española pagaba un 31,5% más por la electricidad que las industrias europeas, en 2024 pagó un 20,9% menos, según CaixaBank Research.

Precisamente, esta es ahora la mayor ventaja de la industria española para competir fuera: los menores costes de la electricidad, gracias a las renovables. Pero España cuenta también con debilidades estructurales en su industria. La primera, el escaso peso de la industria tecnológicamente avanzada (sólo el 6,2% del total), frente al enorme peso de las “industrias tradicionales (agroalimentación, química, farmacéutica, transporte y automóvil, que suponen el 60%). La segunda, el menor tamaño de nuestras industrias (hay “demasiadas” pymes: sólo el 15% tienen más de 10 empleados, frente al 38% de las alemanas), que tienen menos negocio (facturan 3,42 millones frente a 4,17 millones las europeas). La tercera, el atraso tecnológico, por partida doble: España invierte menos en Ciencia y las industrias españolas gastan la mitad en tecnología que las europeas.

Con todos estos “hándicaps” estructurales, aumentar el peso (y el empleo) de la industria en España no va a ser fácil. Pero hay que hacerlo, para conseguir una mayor competitividad y un empleo más estable y mejor pagado. Varias son las medidas claves para reindustrializar España que propone el informe de la Fundación BBVA e Ivie: potenciar industrias con más valor añadido y más productividad, apostar más  por la innovación y digitalización, aumentar el peso de las grandes empresas (fusiones y concentraciones para crear industrias más grandes), mayor internacionalización de la industria, más apoyo financiero a los proyectos industriales y eliminación de trabas administrativas más ayudas e incentivos fiscales.

España tiene ahora otra oportunidad de oro para impulsar la industria, junto a los bajos precios de la energía: los Fondos europeos. Ya en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno Sánchez a Bruselas, el 30 de abril de 2021, se apostaba por destinar el 17,1% de todos los Fondos europeos (72.000 millones en subvenciones a fondo perdido) a la política industrial en 4 años. El objetivo era “modernizar la industria española” para que sea “más digital y tecnológica”, dotando a los programas con 6.106 millones de inversiones públicas entre 2021 y 2023 (3.781 millones con Fondos UE. La apuesta era apoyar a los sectores industriales claves (“tractores”) como la automoción, la industria agroalimentaria, química, farmacéutica, aeronáutica y máquina herramienta, aportando además por sectores nuevos, que quiere impulsar el gobierno europeo, como las baterías, el hidrógeno verde, la economía circular (reciclaje residuos) y los microprocesadores.

Esta apuesta por la industria en el Plan de recuperación se tradujo en la aprobación (entre julio de 2021 y mayo de 2022)  de 8 Programas estratégicos (PERTE), que son proyectos industriales a medio plazo donde se pone dinero público (de los Fondos UE y del Presupuesto) para atraer también inversiones privadas: PERTE del vehículo eléctrico (24.000 millones a invertir entre 2021 y 2023, 4.300 públicos), PERTE energías renovables (16.300 millones, 6.900 públicos), PERTE agroalimentario (3.000 millones, 1.000 públicos), PERTE economía circular (1.200 millones, 492 públicos), PERTE industria naval (1.460 millones, 310 públicos), PERTE industria aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos), PERTE digitalización ciclo del agua (3.060 millones) y PERTE microelectrónica y semiconductores (12.500 millones de inversión pública, el programa más ambicioso). En total, una inversión industrial histórica, de 66.000 millones de euros, que pretende crear 500.000 nuevos empleos.

Sindicatos y patronal llevan años pidiendo un mayor apoyo a la reindustrialización de España, como vía para mejorar la productividad, aumentar las exportaciones y reducir la dependencia exterior, modernizar e innovar la economía y aumentar el crecimiento y lograr un empleo más estable (en los servicios y el turismo, los empleos se ganan y se pierden) y mejor remunerado (el sueldo bruto en la industria es de 31.064 euros brutos anuales, un 38,5% más alto que el sueldo medio y el doble que en hostelería y comercio). Por eso, el 26 de noviembre de 2016, sindicatos y patronal firmaron un Pacto de Estado por la Industria, acordando un decálogo de medidas (rebaja costes energéticos, digitalización, tecnología, fusiones, inversiones, formación, desregulación, internacionalización…), que pidieron entonces al Gobierno Rajoy. Pasaron los años, cambio el Gobierno y las medidas no se aprobaron. Y el 22 de marzo de 2021, sindicatos y patronal volvieron a presentar su Pacto de Estado por la Industria en el Congreso, con el apoyo de todos grupos. Pero sin consecuencias…

Mientras, los Fondos europeos se han traducido en  financiación para multitud de proyectos industriales en España, básicamente a través de los PERTEs (programas estratégicos) del vehículo eléctrico, las energías renovables, el sector agroalimentario, la economía circular, la industria naval y aeroespacial, la microelectrónica y los semiconductores. Y en diciembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley de Industria, para sustituir a la actual Ley, que es de 1992. Su objetivo es impulsar una nueva estrategia industrial en España para incrementar su peso en la economía y el empleo, mejorar su competitividad y conseguir una mayor digitalización y descarbonización de la economía, en linea con los objetivos y medidas de la Estrategia industrial europea. El problema es que la Ley sigue estancada en el Congreso, en fase de enmiendas (el plazo se ha ampliado 18 veces) y no parece fácil que se vaya a aprobar este año, por la falta apoyo del PP y las reticencias competenciales nacionalistas.

España necesita tener una estrategia industrial clara para acortar distancias con la industria europea y conseguir que aporte el 20% del crecimiento y del empleo. Y para ello, hay que corregir sus debilidades estructurales y potenciar la ventaja comparativa de una energía barata. Se trata de apostar a tope por la industria, generalizando su importancia en toda España (sólo algunas regiones tienen un alto peso de la industria:  Navarra, la Rioja y País Vasco y parte de Cataluña y Madrid), para asegurar un mayor crecimiento de la economía y un empleo estable y mejor pagado. Y, sobre todo, para que España pueda competir mejor en un mundo con una industria globalizada. No podemos seguir siendo la California de Europa,  un país de hoteles, bares, comercios y grúas. Nos faltan industrias.

 

Curso 2025-26: menos alumnos y más diversos

Hace una semana que volvieron a clase 8,2 millones de niños y adolescentes, en 28.748 colegios e institutos, para iniciar un nuevo Curso escolar con algunas novedades y viejos problemas. Por segundo año consecutivo, habrá menos alumnos este Curso (-29.939), sobre todo en Infantil, Primaria y la ESO, por la caída de la natalidad. Y vuelven a aumentar los alumnos extranjeros (un tercio latinoamericanos), que ya suponen el 12,9% de los alumnos en Colegios e institutos, aunque concentrados en los Centros públicos y en el este de España. Mientras, sigue la escasez de financiación de la enseñanza pública, mayor en algunas autonomías, que impide reducir los alumnos por clase y contratar más profesores, mientras seguimos con una educación no universitaria de baja calidad, con un exceso de repetidores y abandonos. Y asistimos a un aumento de gastos educativos para las familias. Con todo, el mayor problema es la desigualdad educativa por regiones y centros, que exige medidas concentradas en apoyar a los centros y alumnos con más problemas.

                           Curso 2025-26: menos alumnos y más extranjeros

Este Curso escolar 2025-26 va a ser el segundo en este siglo en que bajará un poco el número de alumnos en colegios e institutos. Ya pasó el Curso pasado (2024-25), cuando hubo 13.245 alumnos menos en las enseñanzas no universitarias (desde infantil a Bachillerato y FP), concretamente 8.319.029 alumnos, según el Ministerio de Educación. Este nuevo Curso escolar se espera una bajada de alumnos mayor, sobre todo en los primeros cursos, por la caída de la natalidad sufrida en España desde 2009: -29.939 alumnos en enseñanzas no universitarias, un total de 8.289.090 alumnos, según el avance publicado por Educación. Eso sí, la mayor caída de alumnos se espera en los Centros públicos (donde estudian el 66,9% de los alumnos): el curso pasado, se perdieron 15.806 alumnos en los Centros públicos y se ganaron 2.561 en los concertados (donde estudian el 24,5% de los alumnos no universitarios) y privados (donde estudian el 8,6% del total de niños y adolescentes).

Yendo por cursos desde el inicio, la educación infantil de 0 a 2 años (que no es obligatoria) va a ser de las pocas donde crezcan los alumnos (se esperan 496.803 niños y niñas, +8.332 que el curso pasado),  debido a que el Gobierno y las autonomías aumentaron su financiación y las plazas públicas para que las familias envíen a los Centros a sus niños más pequeños, lo que hace que la tasa de escolarización a esta edad (0 a 2 años) ronde ya el 50%, una de las más altas de Europa. Siguiendo con el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), gratuito y no obligatorio, se espera otra bajada de alumnos este curso  (-18.959 alumnos), con un total de 1.059671 alumnos matriculados en este 2º Ciclo de infantil.

Los dos siguientes ciclos educativos (Primaria y ESO) son los que tienen más alumnos y donde también habrá menos este año, como el pasado, por la caída de la natalidad en las dos últimas décadas. En Primaria (6-12 años), se han matriculado este Curso  2.672.153 niños y niñas, 35.718 menos que el curso anterior (-1,3%, la mayor bajada de alumnos de toda la enseñanza). En Secundaria (12-16 años), la caída de alumnos este año será de -17.687 adolescentes (-0,8%), con 2.071.790 matriculados.

En los siguientes niveles educativos (Bachillerato y FP) se espera este curso un nuevo aumento de alumnos, como el curso pasado, debido a que estos jóvenes nacieron antes de la última caída de la natalidad. En Bachillerato (16-18 años), este curso se han matriculado 3.354 alumnos más (+0,5%), alcanzando los 707.788 alumnos. Y el gran salto se espera este curso en Formación Profesional (FP), “la enseñanza estrella” de los últimos años, debido a que las familias y sus hijos (sobre todo chicos más que chicas) han comprendido que es la mejor puerta al empleo. Este Curso estudiarán FP 1.218.347 alumnos, 28.971 más que el año anterior (+2,4%, el mayor aumento en el alumnado no universitario), porque han aumentado las plazas (más las privadas).

La pérdida de alumnos en la enseñanza no universitaria, por la caída de la natalidad, sería mayor si no fuera por los niños y jóvenes inmigrantes, que siguen creciendo en los Centros de enseñanza no universitaria. El curso pasado (2024-25) asistieron a colegios e Institutos un total de 1.125.860 alumnos extranjeros, el 12,9% del total de estudiantes no universitarios. Una cifra que no deja de crecer desde principios de siglo (205.000 estudiantes extranjeros en año 2000, el 3% del total) y sobre todo tras la pandemia (823.000 extranjeros, el 10% en 2021), según los datos de Educación. En muchos pueblos, este alumnado extranjero (el 38,8% de origen latinoamericano) ha permitido que no cierren colegios públicos y que se mantengan institutos, mejorando “la diversidad” de la enseñanza y la formación, aunque en otros lugares, este aluvión de alumnos extranjeros supone una carga adicional para Centros y profesores, complicando la enseñanza y deteriorando su calidad en algunos casos.

El problema del aumento de alumnos extranjeros es que están mal repartidos, tanto por regiones y ciudades como por Centros de enseñanza. Así, se concentran especialmente en el este de España, en zonas con gran peso de los servicios, el turismo y las tareas agrícolas (en las que trabajan sus padres): tienen un mayor porcentaje de alumnos extranjeros Baleares (19% del total), Comunidad Valenciana (18,5%), la Rioja (17,6%), Aragón (16,7%), Cataluña (16,5%), Murcia y Madrid (15,5%), mientras su porcentaje es bajo en Ceuta (3,6%), Extremadura (4,5%), Galicia (6,3%), Andalucía (7,5%), Melilla (8,2%(, Asturias (8,3%) y Castilla la Mancha (9%), según los datos de Educación.

Pero la mayor disparidad se da en la titularidad de los Centros donde estudian, dado que la mayoría lo hacen en Centros públicos, lo que parece consecuencia de una actitud discriminatoria ante los alumnos extranjeros de los centros concertados (que cobran cuotas, aunque dicen que no son obligatorias) y los privados. Los datos oficiales son muy concluyentes: en Primaria, los centros públicos tienen un 17,3% de alumnos extranjeros frente a un 11,7% los concertados y privados. Y en la ESO, el porcentaje de alumnos extranjeros es del 15,1% en los Centros públicos y el 11,4% en los privados. Y  por provincias, en Primaria hay 7 provincias donde el porcentaje de alumnos extranjeros en centros públicos es muy superior a la media (17,3%): Alicante (29% alumnos extranjeros en la pública y 16,2% en centros concertados), Lleida (27%), La Rioja (26,4%), Castellón (26,1%), Murcia (24,8% en centros públicos y 8,3% en privados), Girona (24,7%) y Teruel (24,6%).

Visto el panorama de alumnos esperado para este Curso 2025-2026 (menos alumnos pero más “diversos”, con más extranjeros), se esperan además algunas novedades educativas. Una de ellas, que será el 4º Curso en que se aplique la nueva Ley de Educación, la Lomloe (aprobada en 2020 y que se empezó a aplicar en el Curso 2022-2023), con lo que se graduarán de la ESO los primeros estudiantes educados con la nueva Ley, que pretende una educación menos “memorística” y más basada en potenciar habilidades, como defienden los expertos educativos y el Informe PISA, aunque los expertos creen que apenas se notará el cambio, porque hará falta más tiempo y el reciclaje de los profesores. 

Una novedad importante de este curso será que se evaluará el nuevo sistema educativo (la Lomloe), con la celebración de un examen (en la primavera de 2026) a una muestra de 35.000 alumnos de 6º de Primaria (elegidos en 1.000 Centros) para ver su "competencia" en Lengua, Matemáticas, Ciencia y Digital. Una especie de "Informe PISA español", que se repetirá en la primavera de 2027 con otra muestra de alumnos de 4º de la ESO. Otra novedad relevante es que empiece a aplicarse el Plan de refuerzo de matemáticas, anunciado en enero de 2024 y retrasado por la formación del profesorado y la escasez de recursos : este Curso se aplicará en 2.500 Centros de Primaria y Secundaria, desdoblando aulas y reforzando las clases con más profesores y una formación más personalizada. 

Además, en este Curso escolar se generaliza la prohibición del uso de móviles en infantil y Primaria en toda España, después de que ya lo estaban aplicando la mayoría de las autonomías, algunas incluso extendiendo la prohibición a la ESO, tras la propuesta aprobada en 2024 por el Ministerio y el Consejo Escolar del Estado. Una medida que busca mejorar la calidad de la enseñanza y reducir el acoso escolar, dado que el 76% de los niños españoles de 10 a 15 años tiene un móvil (y el 96% de los adolescentes de 15 años). Ahora, las autonomías estudian regular el uso de las tablets y portátiles en las aulas. 

Y en la Comunidad de Madrid se estrena este Curso una experiencia piloto interesante: se implanta en 300 colegios públicos una política de “patios y bibliotecas abiertas”: tras el final de la jornada lectiva, se permitirá a los alumnos proseguir en el centro (patio y biblioteca), vigilados por personal no docente que aportarán los 84 municipios donde se aplica (ojo: sólo se probará en un Centro educativo de Madrid capital, en Carabanchel).

Entre tanto, este nuevo Curso escolar arrastraremos los viejos problemas de la enseñanza no universitaria en España. El primero y fundamental, la falta de medios, derivada de una escasa financiación. El gasto en educación Primaria en España (10.181 dólares por estudiante) es un 15,4% inferior a la media europea (12.043 dólares) y en Secundarios es un 5.17% más bajo (12.541 dólares por estudiante frente a 13.225 dólares la UE-25 o 17.077 en Alemania), según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2024”. Y además de gastar menos en educación no universitaria, hay enormes diferencias en el gasto educativo por autonomías (879 euros por habitante en Madrid, 1015 en Cataluña y 1.592 euros el País Vasco). Eso obliga a las familias a gastar cada año más en educación (cuotas, material, comidas, transporte, extraescolares). Tal es así, que España es el país europeo donde las familias financian un mayor porcentaje de la educación de sus hijos: el 11,6% en Primaria (frente al 4,4% en Europa) y el 9% en Secundaria (frente al 5,4% en la UE-25).

La escasez de recursos se traduce en los altos ratios de alumnos por clase (20,7 en Primaria), 24,5 en la ESO, 25,7 en Bachillerato y en torno a 20 en FP) y en la falta de profesores: los sindicatos señalan que faltan unos 100.000 para apoyar a los 800.000 docentes que enseñan hoy en Colegios e institutos. Pero estos profesores no universitarios tienen otro problema más grave: su inestabilidad laboral, que acaba repercutiendo en la calidad de la enseñanza: 1 de cada 5 profesores no universitarios es interino, una tasa del 21,06% que supera el límite del 8% de interinos obligado ahora por Ley. Esta precariedad ya provocó huelgas y protestas en la enseñanza no universitaria el curso pasado y se esperan nuevos conflictos este curso, máximo cuando las recientes oposiciones (en junio 2025) a profesor de Secundaria han sido un fiasco: 1 de cada 4 plazas (16.647 convocadas) ha quedado desierta. Esto plantea la necesidad de cambiar el sistema y acelera la necesidad de aprobar el esperado Estatuto del docente, donde los sindicatos siguen esperando una propuesta del Gobierno.

Además de la inestabilidad laboral, los profesores se quejan de otro problema que también afecta negativamente a la enseñanza: la excesiva burocratización de la docencia. Por un lado, los profesores tienen un exceso de tareas no docentes y los equipos directivos de Colegios e Institutos dedican hasta el 70% de su tiempo a gestiones administrativas, restando tiempo a la labor docente y a la planificación de una enseñanza de más calidad. Y se quejan de que les faltan medios, recursos y profesores para centrarse en reforzar a los alumnos que más lo necesitan, sobre todo en Centros públicos con más niños y adolescentes de familias con menos recursos, desestructuradas o de origen extranjero.

Al final, todo este panorama se traduce en que tenemos una enseñanza no universitaria “manifiestamente mejorable”, de una calidad muy desigual, según el tipo de Centros y alumnos. Pero a nivel global, los resultados no son buenos. Lo indican los estudios PISA, que relegan a España en matemáticas y comprensión lectora. Y varios datos incontestables. Uno, el alto porcentaje de repetidores: el 2,1% en primaria (1,2% en la UE-25) y el 7,8% en secundaria primera etapa (2,2% en la UE-25) y un 6,5% en la 2ª etapa. Dos, el abandono escolar temprano, el altísimo porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios sin acabar Bachillerato o FP: 13% en España frente al 9,5% en la UE-25. Y tercero: el elevado porcentaje de jóvenes “ni-nis” (ni estudian ni trabajan): 17,8% en España y 12,9% en Europa.

¿Qué se puede hacer? Parece claro que hay que gastar más en educación, desde infantil a Bachillerato y FP. Pero no sólo se trata de gastar más, sino de gastar “de otra manera”, gastando más en los Centros y ciudades donde hay más problemas, o bien por la situación socioeconómica de los padres o bien por el porcentaje de alumnos extranjeros, que necesitan una mayor atención (empezando por el idioma). Se trata de concentrar el gasto, los medios y los profesores en los alumnos con más problemas (hay más de 1 millón que necesitan apoyo, un 75% más que hace seis años, según CCOO) y en los Centros con un alumnado más “problemático”, para que no se queden atrás y acaben abandonando la enseñanza.

Eso exige que si algún día se debate un nuevo modelo de financiación autonómica, se tenga en cuenta no sólo la población de cada autonomía y su edad (el número de alumnos), sino el perfil de estos alumnos y los Centros, con una mayor colaboración entre Centros públicos y concertados o privados, que muchas veces discriminan a los alumnos más problemáticos. Hay que potenciar las clases de refuerzo y apoyar al profesorado, reduciendo al mínimo su precariedad laboral, con mejores sueldos y más tiempo para la docencia real. Y, sobre todo, debería haber una mayor colaboración entre el Ministerio de Educación y las autonomías, para homogeneizar la calidad de la enseñanza en España y que la educación de nuestros hijos y nietos no dependa de dónde vivan y de los ingresos de sus padres. Nos jugamos el futuro.

Otoño incierto: tenemos más problemas

Tras la vuelta de vacaciones, este otoño se presenta muy incierto, con más problemas económicos que antes del verano. Por un lado, Europa ha cerrado con Trump un acuerdo comercial muy negativo, que va a agravar el estancamiento de la economía europea, que apenas creció un 0,1% en el 2º trimestre, con una crisis en Alemania y problemas en Francia e Italia. Además, la incertidumbre ha impedido que baje el Euribor en agosto (y los tipos del BCE en septiembre). Y las locuras de Trump y su abultada deuda debilitan el dólar, fortaleciendo al euro (+13% este año), lo que nos resta competitividad y encarece los productos europeos y el turismo. En España, los problemas de Alemania y Francia más los altos precios y el euro fuerte han frenado en julio el impulso del turismo, el motor de nuestro “milagro económico”, junto a los inmigrantes (atacados dentro y fuera). Así que la polémica coyuntura política, internacional y nacional (extrema polarización) , pone en peligro los logros de la economía española tras la pandemia. Pintan bastos.

                                                                                          Enrique Ortega

El verano nos trajo, además de las olas de calor y los incendios, un pésimo acuerdo comercial entre la Unión Europea y EEEU, presentado en un club de golf de Trump en Escocia el 27 de julio. La Comisión Europea se ha afanado en defender la bondad del acuerdo, porque es mejor aceptar un arancel del 15% que el 30% que nos iba a imponer Trump si no pactábamos. Y añaden que hemos salido “mejor parados” que la mayoría de paises (salvo Reino Unido, que tendrá un arancel del 10%), igual que Japón (15%) y mucho menor que el 35% de Canadá, el 25% de México o el 50% de Brasil e India (ver mapa aranceles), mientras China negocia todavía bajarlo del 30%.

Pero en realidad, el acuerdo arancelario aceptado por Europa es una humillación en toda regla. Básicamente, porque Trump impone un arancel del 15% a la mayor parte de los productos europeos (que ahora pagaban el 1,43% de media) mientras EEUU paga un 0% por vender sus productos en Europa. Eso, traducido en cifras, es escandaloso: de los 850.000 millones de productos europeos exportados a USA en 2024, ahora (desde el 7 de agosto), la mayoría (780.000 millones exportados) pagan aranceles del 15%, lo que tendrá un coste para los europeos de 117.000 millones de euros, un “impuesto” que nos pone Trump para reducir su abultada deuda y bajar impuestos a los norteamericanos (ricos).

Pero hay más concesiones. Una, que a cambio de ponernos sólo un 15% de arancel (no el 30% con que amenazaba), Europa se compromete a comprar a EEUU petróleo, gas y equipamiento nuclear por valor de 700.000 millones de dólares, además de comprarles 40.000 millones en chips y compras millonarias de material militar. Y si Europa no lo hiciera, amenaza Trump, nos subiría los aranceles. Además, EEUU acepta rebajar los aranceles de los coches y piezas del automóvil europeas al 15% (del 35% inicial, ahora en el 27,5%) si Europa abre su mercado a productos norteamericanos agrícolas y pesqueros (alimentos, frutos secos, soja…), que ahora podrán vendernos sin restricciones, una medida que ya ha legislado Bruselas para que los coches europeos sólo paguen un 15% de arancel en USA. Y por si acaso nos sentimos ya “tranquilos”, Trump ha amenazado con incluir también en el futuro una rebaja de la vigilancia sobre los servicios digitales, para forzar a Bruselas a que no controle tanto a las tecnológicas ni les cobre (tasa Google) si no queremos problemas...

Así que Europa ha cedido en casi todo, mientras Trump lanza cada día una nueva amenaza, que alimenta la incertidumbre en las empresas, inversores y paises. Y además, el Tribunal de apelaciones de EEUU acaba de decir que los aranceles de Trump no son legales, aunque permite que sigan en vigor hasta el 14 de octubre. Pero Trump lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo USA, donde tiene mayoría conservadora. Así que los aranceles seguirán adelante, dañando la economía internacional y sin que por el momento dañen a los estadounidenses, que los acabarán pagando con más inflación y menos crecimiento a medio plazo. Pero mientras, Trump pretende recaudar millones de dólares del resto del mundo y presentar unos logros que le permitan ganar las elecciones de medio mandato (noviembre 2026).

En consecuencia, desde principios de agosto, los aranceles de Trump dificultan las exportaciones a EEUU del resto del mundo, que pagan una media cercana al 20% (el 50% de aranceles al aluminio y al acero). Eso va a tener una consecuencia inmediata: menos ventas en EEUU y menos comercio mundial, encareciendo la mayoría de los productos y recortando el crecimiento y el empleo. Y también en Europa. En el primer trimestre, tras el anuncio de aranceles el 2 de abril, muchos paises aceleraron las ventas a EEUU, antes de que entraran en vigor. Y eso aumentó las exportaciones europeas y el crecimiento. Pero ahora, cuando los aranceles ya están en vigor, el frenazo económico en la UE será inevitable. De hecho, ya se ha producido: la economía de la UE-27 creció un +0,5% en el primer trimestre de 2025 y después se ha estancado, creciendo sólo un +0,1% en el 2º trimestre, según Eurostat.

Sobre todo lo ha notado Alemania, el país europeo que sale peor parado por los aranceles de Trump, dado que allí van el 10,4% de sus exportaciones: en el 2º trimestre, según Eurostat, la economía alemana ha caído un -0,1% (tras crecer un 0,3% en el primer trimestre), sufriendo sobre todo sus multinacionales del automóvil y numerosas industrias. También ha caído en el 2º trimestre la economía de Italia (-0,1%), otro país que depende mucho de las ventas a USA (el 10,4% de sus exportaciones totales). Y ha tenido menos efecto en Francia, que crece un +0,3% en el 2º trimestre, porque vende menos a EEUU (el 8% de sus exportaciones), aunque es un porcentaje alto, como el de Finlandia (9,7%), Suecia (8,9%) y Austria (8,2%), si bien el país más afectado es Irlanda (el 32% de sus exportaciones van a EEUU). España, de momento, sigue siendo el país que más crece (+0,7% en el 2º trimestre), por una menor dependencia comercial de EEUU (4,6% de nuestras exportaciones), pero nos acabará afectando, sobre todo si el resto de Europa entra en recesión este otoño/invierno.

De momento, la crisis en Alemania y Francia  ya ha retraído el turismo hacia España en los últimos meses, según los datos de pernoctaciones hoteleras del INE. Y en julio, aunque España tuvo un récord histórico de turistas (más de 11 millones), sólo aumentaron un 1,6% sobre 2024 y cayeron los turistas alemanes (-4,8%) y franceses (-3,1%), estancándose los turistas británicos (+0,7%), una tendencia que ha podido repetirse en agosto y que supondría un cierto “freno” del boom turístico, el motor de nuestro crecimiento récord. De hecho, el empleo en España ha cerrado su peor verano en 6 años, con casi 200.000 afiliados menos en agosto.

Otro factor que juega a la contra de Europa (y de España) es la debilidad del dólar, motivada por la errática política de Trump y su abultada deuda (36,2 billones de dólares, el 124% de su PIB), que provoca una revalorización del euro frente al dólar: +13,2% en lo que va de año (el euro cuesta hoy 1,1728 dólares frente a 1,036 a principios de año). Eso significa que todos los productos europeos cuestan en dólares un 13% más, lo que resta competitividad a los productos de la UE y encarece Europa (y España) a los turistas no europeos. Y encima, los expertos apuestan porque Trump siga dejando caer al dólar (para reforzar sus exportaciones), hasta el nivel de 1,20 euros por dólar (casi +16% revalorización), lo que dañaría más a Europa.

Así que lo que antes era una amenaza, la subida de aranceles, es ya una realidad desde el 7 de agosto, y está dañando a las grandes empresas exportadoras europeas, sobre todo al automóvil, los bienes de equipo y maquinaria, el vino, la industria del lujo, la aeronaves, la siderurgia y la industria química y farmacéutica. En el caso de España, el sector más afectado es la industria alimentaria (USA es su 2º gran mercado, tras Europa), el vino (España es el 4º exportador europeo), el aceite (somos el primer exportador europeo a USA), la industria de componentes de automóvil (no exportamos coches a EEUU, pero los coches que exporta el resto de Europa llevan piezas fabricadas en España) y la industria farmacéutica.

Lo más preocupante es que “el bombazo” de los aranceles de Trump pillan a Europa en medio de una profunda crisis política, agravada por los problemas económicos en Alemania y la crisis política en Francia, donde ha caído el primer ministro). La Unión Europea se tiene que plantear a la vez cómo afronta una serie de problemas de futuro: configurar una Defensa europea (con más gasto militar, que pone en peligro otros gastos económicos y sociales), cobrar un mayor protagonismo geoestratégico (los conflictos de Ucrania y Gaza revelan el escaso peso internacional de la UE), configurar una política de inmigración (Europa necesita mano de obra extranjera, pero el auge de la extrema derecha europea fuerza a los paises a posturas xenófobas), una postura más decidida ante la crisis climática (crece el negacionismo en muchos paises y en la Comisión Europea, lo que fuerza a suavizar políticas medioambientales) y, sobre todo, la urgencia de dar un salto adelante en la mejora de la competitividad europea, impulsando la tecnología, la digitalización y la industrialización para competir con USA y China. Cuestiones claves en la que la actual Comisión Europea no avanza, mientras la humilla Trump.

Y en el caso de España, las consecuencias de los aranceles y el menor crecimiento de Europa y el resto del mundo nos van a acabar de hacer daño, rebajando el consumo, las exportaciones y las inversiones (por la incertidumbre), lo que se traducirá, antes o después, en menor crecimiento y menos empleo, después de varios años de “milagro económico” tras la pandemia. La incertidumbre por los aranceles, incluso, ha frenado la bajada del precio del dinero: el Euribor, en agosto, ha subido (al 2,114%), tras 6 meses a la baja. Y el BCE frenó la semana pasada sus rebajas de tipos (siguen en el 2%), por temor a un repunte de la inflación, lo que sigue aumentando el Euribor (2,17% en septiembre), dificultando la rebaja de las futuras hipotecas  (aunque bajará la cuota de las antiguas cuando se revisen).

Por ello, Europa y España deberían aprobar un Plan de choque, como hicieron con la pandemia o la hiperinflación tras la invasión de Ucrania, para afrontar este menor crecimiento y mantener las empresas y el empleo. En Europa, tal medida no parece fácil y ya hay paises como Alemania que hablan de “reducir el Estado del Bienestar” para salir adelante de esta crisis. En España, un acuerdo para reanimar la economía en los próximos meses parece aún más difícil, a la vista de la tremenda polarización política, que impide hasta afrontar juntos los incendios forestales.

Pero si alguna vez hace falta acordar algo es ahora, para afrontar el posible estancamiento económico en Europa y la desaceleración económica en España. Urge aprobar unos Presupuestos que reanimen la economía, con un pacto fiscal que consiga aumentar la recaudación para afrontar el necesario mayor gasto en protección civil ante el cambio climático (incendios, inundaciones, malas cosechas…). La enseñanza de los incendios de este verano es que el Estado (desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos) sólo puede afrontar las catástrofes con más medios y para eso hace falta gastar más. Y eso pasa por recaudar más, por ingresar más de los que más tienen, lo que exige una reforma fiscal que Europa nos lleva pidiendo décadas. Pero con el actual panorama político, ni Presupuestos ni reforma fiscal ni acuerdos contra la crisis climática.

Las otras dos prioridades económicas de este otoño deberían ser la vivienda y la ejecución de los Fondos Europeos, porque queda menos de un año (hasta agosto de 2026) para comprometer los proyectos pendientes (sólo se han comprometido 53.600 millones de 163.014 que recibiremos, entre subvenciones y créditos), dado que si no se ejecutan se perderán los Fondos UE. Y eso exige también pactar las reformas pendientes, requisito obligado para que llegue el dinero que falta (hemos perdido ya Fondos UE por el rechazo de la derecha y los nacionalistas en el Parlamento a la subida de impuestos al gasóleo exigida por Bruselas). Urgen pactos para terminar las reformas pendientes y para promover la construcción de viviendas, pero ambos parecen imposibles.

Ya lo saben: tenemos problemas, tendremos más en los próximos meses y la solución pasa por acuerdos políticos y económicos para afrontarlos. Pero como esto es imposible, iremos a peor. Y serán los políticos, al menos una parte de ellos, los responsables de que España ponga fin al mejor balance económico de las últimas décadas. Pintan bastos.