Otoño gris: atasco político y economía más débil

Los españoles vuelven a la rutina diaria y se encuentran con una economía peor que hace dos meses: Europa apenas crece y en España han pinchado el turismo, las exportaciones, el consumo y el empleo, que tuvo en agosto la mayor caída desde 2008. Y en vez de buscar soluciones, los políticos están más enfrentados que nunca, presionando sin límite a un Gobierno débil. Consecuencia: los problemas se enquistan y parece difícil que el Gobierno Sánchez apruebe un Presupuesto para 2019. Lo malo es que unas elecciones no resolverán  nada, porque no habría mayorías y harán falta acuerdos para afrontar los problemas, como ahora. Y los políticos no están por pactar nada, mientras peligra la recuperación y se avecina un otoño gris para los ciudadanos. Urge poner la economía y los problemas  del país por delante de los intereses de los partidos, como hacen muchos países europeos. Y si no, luego no se quejen de que la gente rechaza a los políticos.

enrique ortega

Tenemos por delante un otoño bastante complicado. La economía, tras 5 años de recuperación, empieza a enfriarse. Primero en Europa, que crece el 0,4% (primer semestre), casi la mitad que hace un año (+0,7%) y que Estados Unidos (crecen al 1%), con Italia y Francia casi estancadas (crecen al 0,2%), la crisis turca y los efectos negativos del Brexit y del proteccionismo comercial de Trump, que han frenado las exportaciones y el crecimiento europeo. Y lo mismo en España, donde los últimos datos confirman que se ha frenado la recuperación: el consumo lleva tres meses cayendo (ventas minoristas y grandes superficies), porque la alta inflación (+2,2%) se ha comido la subida de salarios y pensiones (1,5/1,6%), las exportaciones han “pinchado” (crecen un 2,9% hasta junio, frente al 10% en 2017) y el turismo, el gran motor de la recuperación, se ha desinflado: la llegada de turistas cayó en julio (por primera vez en 8 años), debido a la recuperación de países competidores como Turquía, Túnez y Egipto, así como por los altos precios y la saturación de muchos destinos. Y el petróleo sigue caro (76-78 dólares barril), mientras España se confirma como uno de los países más endeudados del mundo, con un récord histórico de deuda pública en junio: 1.162.000 millones de euros (el 98,8% del PIB), una hipoteca que será una pesada losa en cuanto el BCE suba los tipos de interés, en 2019.

La consecuencia de todos estos datos recientes es que España crece ahora menos (el 0,6% en el segundo trimestre frente al 0,7% los tres anteriores) y, sobre todo, que se crea menos empleo, incluso llevamos dos meses perdiendo ocupados: sólo en agosto se han perdido  203.000 empleos, el peor dato ese mes desde 2008.

Así que volvemos a la rutina diaria con un panorama económico peor, debido a una coyuntura internacional adversa (bajo crecimiento en Europa, petróleo caro, tipos al alza, proteccionismo comercial, crisis en Turquía y Argentina…) y un pinchazo en los tres motores del crecimiento estos años: el consumo, las exportaciones y el turismo. Y por supuesto, siguen ahí este otoño, los problemas de fondo que llevamos años soportando sin buscarles una salida. El más preocupante para la mayoría de españoles, el elevado paro (15,1% frente al 6,8% en la UE-28) y el hecho de que la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar y no cobren ningún subsidio. El “agujero” de las pensiones, que se ha agravado en los últimos meses, tras el acuerdo del Gobierno Rajoy y el PNV para subir un 3% las pensiones mínimas y el 1,6% el resto, un “parche” que ha agravado las cuentas de la Seguridad Social: si en 2017 tuvo un déficit de -18.800 millones de euros, la previsión ahora es que el agujero crezca hasta los -19.500 millones este año y los -22.000 millones en 2019, sin que nadie ponga remedio. Y seguimos con un grave problema de pobreza (afecta al 27,9% de la población, casi 13 millones de españoles, según Eurostat) y desigualdad (el 10% más rico concentra el 53,8% de la riqueza frente al 46,2% que se lleva el 90% restante y somos el tercer país con más desigualdad de Europa, tras Rumanía y Bulgaria). Y tenemos un Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia y ayudas sociales) sin recursos.

Estos son los problemas más graves, pero no los únicos. No podemos olvidar la enorme desigualdad entre hombres y mujeres y el grave problema demográfico: tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa, perdemos población y cada vez hay más viejos y menos jóvenes para sostener la economía, las pensiones y los impuestos. Para muchos, sobre todo los jóvenes, otro gran problema es la vivienda, donde escasean los alquileres y son cada vez más caros, por la especulación de fondos buitre y el abuso de los pisos turísticos. Y no olvidemos el grave problema  de la energía (la luz ha vuelto a subir un 12,4% en agosto, agravando la subida de los meses anteriores, con lo que pagamos la 3ª luz más cara de Europa), mientras aumentan nuestras emisiones de CO2. Y seguimos sin apostar por la Ciencia, tras haberse perdido 40.000 millones de euros en I+D+i desde 2009, con un gasto en tecnología muy alejado de Europa (el 1,23% del PIB frente al 2,03% en la UE-28). Y como telón de fondo, seguimos con una economía poco productiva (en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial), debido al escaso peso de la industria, al bajo valor añadido de nuestras exportaciones, al pequeño tamaño de nuestras empresas, a la escasa digitalización de la economía y a la baja formación de nuestros trabajadores.

Todos estos son problemas reales, de fondo, que llevan ahí sin afrontarse años y hasta décadas. Y que se agravan ahora si  la economía y el empleo crecen menos. Lo normal sería que los políticos, ante estos problemas que afectan a los ciudadanos, volvieran al trabajo pensando en solucionarlos, buscando acuerdos, como hacen partidos muy diferentes en Europa (el último ejemplo, el gobierno de coalición en Alemania). Pero no, volvemos de vacaciones con un panorama político “de bronca perpetua”, con los partidos más enfrentados que nunca: el PP y Ciudadanos forzando elecciones a cualquier precio, los nacionalistas catalanes a lo suyo y chantajeando al Estado y Podemos presionando para imponer salidas extremas, todos dejando sólo a un Gobierno débil, que aguanta tratando de tomar medidas escaparate que le hagan avanzar en las encuestas. Y mientras, los parados, los pobres, la sanidad o los jóvenes sin casa, esperando en vano. Y con dos problemas más que se enquistan y donde los políticos tampoco pactan soluciones: los refugiados (hasta finales de agosto, han llegado a España por mar 28.579 inmigrantes, casi el triple que en 2017) y la crisis política en Cataluña, que afecta muy seriamente a la economía (son el 19% del PIB español) y al futuro de nuestra democracia.

Un buen instrumento para tomar medidas sería pactar un Presupuesto para 2019, que tratara de afrontar los problemas más urgentes, con más recursos. Pero no parece que el Gobierno Sánchez consiga aprobarlo y todo apunta a que tendrá que volver a prorrogar el Presupuesto 2018. El mayor escollo es que PP ni Ciudadanos rechazan aprobar un nuevo techo de gasto para 2019, mientras los nacionalistas y Podemos presionan con no aprobarlo mientras no consigan otras contrapartidas a cambio. Y así se produce un contrasentido que nadie entiende en Europa: Bruselas nos ha autorizado a gastar 6.000 millones más en 2019 pero la mayoría de los partidos españoles lo boicotean, por puro interés político, aunque este mayor gasto permitiría mejorar el Estado del Bienestar (2.500 millones irían a las autonomías, para gastar más en sanidad, educación y Dependencia), mejorar las pensiones (2.500 millones irían a subirlas) y hacer algunas inversiones necesarias (1.000 millones restantes), en empleo, pobreza, Ciencia, carreteras, industrialización, infraestructuras y digitalización.

Pero no, no se va a permitir al Gobierno Sánchez a que gaste esos 6.000 millones más que tanta falta hacen. Sólo para forzarle a que convoque elecciones. Mientras, el Gobierno trata de ganar tiempo, buscando anular la Ley de estabilidad que aprobó el PP en 2012 para que el Senado (donde tienen mayoría) bloquee el mayor gasto. Algo que se puede retrasar a noviembre o más (hasta 6 meses o más, al vetar PP y Ciudadanos que se debata como Ley urgente), con lo que no habría Presupuesto hasta abril o mayo de 2019, si Sánchez consigue aprobarlo con el apoyo de Podemos y los nacionalistas, algo muy difícil. Y mientras, tendrá que prorrogar el actual Presupuesto 2018 (de Rajoy). O convocar elecciones.

Haya o no Presupuesto 2019, la clave es que la economía española necesita que se tomen medidas, para reanimar el crecimiento y el empleo. Y esas medidas exigen acuerdos y dinero, dos temas casi imposibles. Acuerdos que nadie quiere pactar, solo elecciones cuanto antes. Algo que no soluciona nada, porque si hay elecciones, ningún partido tendrá la mayoría y tendrán que intentar pactar. Como ahora, pero perdiendo medio o un año más, lo que agravará los problemas. Y entonces, cuando los partidos comprendan que hay que pactar acuerdos, saltará el tema de fondo: hará falta más dinero. Porque los grandes problemas económicos, desde el paro a las pensiones, la pobreza o la sanidad y la educación exigen contar con más recursos, tras 6 años de duros recortes. Y eso obliga, esté quien esté en el Gobierno, a recaudar más, a subir algunos impuestos. Sí o sí.

Y no se trata de un tema ideológico, sino práctico. España tiene muchas necesidades pendientes (la más urgente, un ambicioso Plan de empleo), que no se pueden afrontar con unos recursos públicos tan limitados. El problema de fondo, del que casi nadie habla, es que España recauda mucho menos que el resto de Europa: en 2017, España recaudó el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países euro y la alta recaudación de Francia (59,3% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (42,5%) e incluso Reino Unido (39,1%), según los datos de Eurostat. Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones más cada año. Con ello podríamos hacer frente a las necesidades más urgentes (empleo, pensiones, pobreza, sanidad, educación, dependencia, vivienda, tecnología, digitalización…) y además reduciríamos el déficit público (que sigue siendo el mayor de Europa).

En definitiva, afrontar los graves problemas económicos de fondo exige tener más recursos y se pueden conseguir, sólo con que España recaude como el resto de Europa. Eso no significa subir todos los impuestos, sino equiparar la recaudación con Europa, sobre todo en sociedades, IVA, impuestos especiales y algo en IRPF. En sociedades, el impuesto que pagan las empresas, se recaudó en 2017 menos de la mitad que en 2007 (24.511 millones frente a 51.642), a pesar de que los beneficios empresariales son mayores. Eso se explica porque las grandes empresas pagaron en 2016 el 6,14% de sus beneficios, aunque el tipo de sociedades es el 25%, gracias a un rosario de exenciones. Y las multinacionales no pagan ni eso. Hay además mucho fraude en IVA y demasiados productos con tipos reducidos. Los carburantes, el tabaco y el alcohol pagan menos impuestos que en Europa y España ingresa 5.000 millones menos que la UE en impuestos medioambientales. Y 20.000 millones menos en el IRPF, por el exceso de deducciones (2.000 millones en planes de pensiones) y porque las rentas altas pagan menos que en Europa. Sobre todo las rentas del capital, los que reciben dividendos e intereses, que sólo pagan un 23% máximo de IRPF.Y tenemos más fraude fiscal en general.

Así que hay que recaudar más porque se puede y se necesita. Es una urgencia económica, que no afectará al 90% de los españoles, que pagarán igual o menos. Hace falta una reforma fiscal completa y justa. Pero tanto PP como Ciudadanos y los nacionalistas no quieren oír hablar de subir impuestos. Es un tema ideológico, porque muchos expertos económicos defienden que España recaude como el resto de Europa. Pero ellos defienden los intereses de los poderosos, de grandes empresas, bancos, multinacionales, rentistas y grandes fortunas, que son los que tendrían que pagar más, no la mayoría de nosotros.

Este debate se va a producir en los próximos meses, de cara a la propuesta de Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez, que está pensando en subir los impuestos al gasoil, a las operaciones financieras (Tasa Tobin), a los gigantes de Internet (tasa Google) y a los que ganan más de 150.000 euros (ojo: son solo 91.408 españoles), para recaudar unos 8.500 millones más que tanta falta hacen para crear empleo, paliar la pobreza, mejorar las pensiones, reforzar la educación, la sanidad y la dependencia o construir viviendas para alquiler. PP y Ciudadanos rechazan cualquier subida y prometen incluso bajar impuestos (a los más ricos), con lo que si ganan las elecciones, habrá menos recursos y se podrá gastar menos en lo que hace falta. Este es el gran debate, de los Presupuestos 2019 y de las próximas elecciones.

En definitiva, que retomamos el curso político con una economía más débil, con “vientos en contra” que vienen de fuera y agravan los problemas que ya teníamos, desde el paro a las pensiones, la educación o la vivienda. Y en vez de afrontar los problemas con decisión, seguimos perdiendo el tiempo en vanas peleas políticas: llevamos casi 3 años sin tomar decisiones sobre los problemas económicos de fondo, desde octubre de 2015, cuando Rajoy convocó las elecciones de diciembre de 2015, repetidas en junio de 2016. Y ahora, todo apunta a unos meses más de “bronca política”, sin medidas económicas  importantes, hasta unas elecciones que no van a resolver nada. Y mientras, los españoles de a pié vemos que los problemas siguen ahí, agobiándonos, sin poder hacer nada más que enfadarnos o esperar a votar. No me extraña que cada vez haya más personas decepcionadas de la política.