La Justicia, para el que se la pague

Presentar un pleito en un Juzgado nos costará más dinero desde otoño, ya que todos  tendremos que pagar tasas judiciales, que ahora sólo pagan grandes empresas. También para recurrir un despido. Y además, suben las tasas para todos y doblemente en Cataluña y Valencia, que han puesto tasas propias. Una Justicia que ya era más cara desde octubre, cuando entró en vigor que paguen las costas los que pierden los juicios, algo que disuade más a los ciudadanos para ir contra la Administración. Y para septiembre, el Gobierno quiere privatizar parte de la Justicia, pasándoles servicios a los notarios. Al final, pagaremos más por pleitear y habrá que ir más lejos al Juzgado, ya que se quieren concentrar y reducir a la mitad. Y habrá más recortes en la Justicia gratuita. Mientras, la Justicia sigue siendo lenta e ineficaz.

El franquismo introdujo las tasas judiciales, a partir de 1.947, para ayudar a sostener el rehabilitado sistema judicial. Y fueron suprimidas por Felipe González, en 1986. En 2002, Aznar las recuperó, eximiendo a los particulares, pymes y Fundaciones y fijando unas tasas a grandes empresas y bancos, para casos civiles y contenciosos: una parte fija (entre 90 y 210€, más entre 300 y 600€ la apelación y casación) y una variable (0,5% cuantía). Y en 2009, el Gobierno Zapatero aprobó un depósito obligatorio para presentar cualquier recurso, entre 30 y 50€ (apelación y casación), más otros 25 euros para algunos recursos.

Ahora, el Gobierno Rajoy toma tres medidas. Una, que todos paguemos tasas judiciales, no sólo las grandes empresas. Dos, que el pago de tasas se amplíe a lo laboral (cuando se recurre), además del ámbito civil y contencioso-administrativo. Y tres, que se suben todas las tasas y bastante: se duplican las de pleitos civiles (de 150 a 300€) y los recursos de casación (al Supremo, de 600 a 1.200€) y se triplican las apelaciones (300 a 800€). Al final, litigar va a ser más caro: una demanda civil (300€), con recurso de apelación (800€) y casación (1.200 €) saldrá por 2.300 euros, más gastos (abogado, procurador, peritos, informes) y pago de costas si se pierde. Además, las nuevas tasas pueden retraer a los trabajadores a recurrir despidos y ERES: los sindicatos ya han denunciado que se busca” blindar la reforma laboral”.

Otra novedad es que se quita a los funcionarios el privilegio de acudir a los Tribunales sin abogado y procurador. Con todo, pagaremos en tasas judiciales 306 millones al año (un 20% del Presupuesto de Justicia), frente a 164 recaudados en 2011.Pero los que pleiteen en Cataluña y Comunidad Valenciana pagarán más, doblemente, porque acaban de establecer tasas judiciales propias, entre 50 y 120€, para recaudar otros 32 millones anuales.

No son las únicas subidas de la Justicia. El 31 de octubre entró en vigor la Ley de Medidas de Agilidad Procesal, aprobada por un pacto del PSOE y PP, con dos cambios importantes. Uno, limitar las apelaciones: no se pueden recurrir las sentencias de menos de 6.000 euros ni ir al Contencioso o al Supremo para cuantías inferiores a 800.000 euros. Es lo que algunos abogados critican como “dejar la justicia para los ricos”. El otro cambio generaliza que pagará las costas del juicio quien lo pierde (antes lo decidía el juez, si apreciaba temeridad o mala fe en la demanda) y amplía el pago de costas al contencioso administrativo. O sea,  que si recurrimos y perdemos, pagaremos las costas, incluso con la Administración, que nos gana tres de cada cuatro pleitos. Menos recursos y más impunidad de la Administración.

Para septiembre, Gallardón nos tiene preparada otra sorpresa: privatizar una parte de la Justicia, pasando a los notarios una parte de servicios que ahora resuelven los Juzgados: matrimonios y divorcios, declaraciones de herederos, adopciones, conflictos de lindes, convocatorias de Juntas… En vez de tasas, pagaremos aranceles (más altos). Y también se estudia dar un trozo del pastel de la Justicia a los registradores  y procuradores.

La subida de tasas judiciales ha sido muy criticada por la abogacía y rechazada por mayoría (11 a 7) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque “crea una desigualdad en el acceso a la Justicia”, disuadiendo a los más pobres. El Gobierno dice que para ellos está la Justicia gratuita, el turno de oficio, al que acceden 1,7 millones de españoles (los que ganan menos de 14.910 €). Pero también aquí va a haber cambios, según Gallardón, que ha anunciado “una revisión de los criterios actuales”. De hecho, muchas  autonomías (Madrid en cabeza) restringen el turno de oficio, sobre todo a emigrantes, a pesar de que sólo supone un 6,3% del gasto judicial (256,6 millones en 2010) y cuesta menos que en Europa. Ahora, con la subida de tasas, habrá más demanda de justicia gratuita, con 14 millones de españoles como potenciales clientes (5,6 millones de parados y más de 8 millones de mileuristas).

Vamos a tener una Justicia más cara, a pesar de su mala imagen entre los españoles: un 48% piensa que funciona mal o muy mal, tres de cada cuatro piensa que los pleitos son caros, largos y no compensan, y un 70% cree que las Leyes no protegen sus derechos si les toca pleitear con una gran empresa, un banco, un rico, Hacienda o la Administración. Una Justicia lenta, ineficaz, costosa e injusta. El Gobierno cree que con la subida de tasas, habrá menos pleitos (hay 9,5 millones al año, frente a 4 en Francia) y serán más ágiles (las demandas tardan entre un año y año y medio y las apelaciones se van a 4 y 6 años). Pero la agilidad también depende mucho de los medios y faltan jueces (10 por cada 10.000 habitantes, la mitad que en Europa), falta personal (un 20% son interinos, que ahora peligran), falta tecnología (hay 8 costosos sistemas informáticos, incompatibles entre sí), faltan medios y Juzgados. Y sobran recortes: un -13,2% en los Presupuestos 2011 y 2012, aunque España gasta en Justicia menos que Europa (0,38% PIB frente al 0,50% UE).

Justicia más cara y más lejos: el CGPJ ha propuesto concentrar y reducir los Juzgados, pasando de 431 partidos judiciales a 199. Eso supondrá que los ciudadanos de Cuellar ya no tendrán Juzgado en su pueblo y tendrán que ir a Segovia. Y lo mismo los de Don Benito (a Mérida) o los de Padrón (a Santiago), por ejemplo. Si antes desaparecieron de los pueblos las estaciones, las escuelas o el médico, ahora toca a los Juzgados. Es el progreso.