Calma en las farmacias
tras la inquietud por el copago de los pensionistas
y el medicamentazo que deja sin
financiación pública a 426 medicamentos, algunos muy conocidos. El copago trata de frenar el gasto farmacéutico, sobre todo de los jubilados (7 de cada diez recetas), donde
hay mucho despilfarro: 3.700 toneladas
de medicinas van cada año a la basura sin utilizarse. La retirada de algunos medicamentos de la lista financiable es un puro
recorte de costes, tomado sin acuerdo previo con los médicos y que podría provocar que
se receten medicamentos más caros. Lo peor es que estos cambios se han hecho con improvisación y sin informar bien a los
usuarios. Y se sigue con el camino más fácil: recortar en medicamentos sin
abordar reformas de fondo en la Sanidad
(sólo recortes), para asegurar su futuro.
enrique ortega |
La Sanidad tiene un
problema muy serio: el despilfarro en el uso de medicamentos. Cada día se hacen 4 millones de recetas (este año superaran los 1.000 millones), con
un gasto anual de 11.136
millones en 2011 (más otros 4.426 millones de gasto farmacéutico en hospitales,
que ha aumentado un 55% en cuatro años). Una pelota que crecido año a
año, gracias a un sistema perverso: el gratis total para los pensionistas (receta roja), que
suponen 7 de cada 10 recetas. Y aunque los activos (receta verde) pagábamos el
40%, al final el sistema sólo recibe de los usuarios el 6,83%, o sea que el
Presupuesto paga (repagamos) el 93,17% de las medicinas.
En los dos últimos años, el Gobierno Zapatero intentó atajar esta bola de nieve con tres parches. Por un lado, forzando a los laboratorios a bajar los
precios de los medicamentos, más de un 30%. Y por otro, reduciendo los márgenes de las farmacias
y obligándoles además a devolver una parte de sus ventas (7,5%) a las
autonomías, con lo que prevén ingresar
1.500 millones menos en 2012. Como no ha sido suficiente, las autonomías
han recurrido a no pagarles para
rebajar su factura de medicamentos: deben
6.369 millones a los laboratorios
(hay multinacionales que amenazan
con no serviles) y 1.966 millones a las farmacias, que sobreviven con créditos
bancarios (individuales o colegiales).
Estos recortes de
precios y la morosidad han reducido
la factura de medicamentos en 1.370 millones entre 2009 (12.506 millones) y
2011, rebajando el gasto
medio por receta de 13,39 euros (2009) a 11,44 (2011). Pero el número de recetas ha seguido aumentando,
un 3% en los dos últimos años. Y es que los pacientes, sobre todo los
jubilados, han seguido yendo a la farmacia con
tacos de recetas. Y el despilfarro no
se ha frenado: cada año se tiran a la basura 3.700 Tm de medicamentos, 1.200
millones de euros. Barra
libre para la mayoría, un sistema que fomenta el despilfarro.
El Gobierno se ha
atrevido a cobrar
algo por receta, para reducir el
consumo injustificado. Se cobra un
10% a los pensionistas,
con un tope mensual según sus
ingresos: 8 euros para los que ganen menos 18.000 euros (85% pensionistas), 18
€ para los que están entre 18.000 y 100.000 € (11%) y 60 euros para el resto. Y
lo que paguen de más, por encima de esos 8,18 ó 60 euros, se les devolverá hasta en 6 meses (con lo que los jubilados acaban
financiando a las autonomías, salvo en Andalucía,
que deja de cobrar al superar el tope). Y el
resto de activos, o siguen pagando el 40% (si ganan menos de 18.000 €) o
suben hasta el 50% (si ganan entre 18.000 y 100.000) o el 60% (si ganan más).
Los parados sin prestación no
pagarán ahora nada por las medicinas y los funcionarios
jubilados siguen pagando el 30%.
El País Vasco no
aplica el copago y Cataluña retrasa el
cobro del copago estatal (por problemas informáticos) a agosto (activos) y
octubre (pensionistas).
Los jubilados
también empiezan a pagar desde este
mes por los medicamentos
de aportación reducida (unos 6.000) que son para enfermos crónicos: antes no pagaban nada y ahora pagan el 10%,
con un tope que se actualiza a 4,13 euros (llevaba 10 años en 2,6 euros), para
ellos y los demás pacientes a los que se recete estos medicamentos marcados con
un punto negro en el envase
(insulina, Simtrón, antidiabéticos, tratamientos hormonales, antidepresivos,
arritmias, gota, Parkinson, tratamiento cáncer hospitalario…) y que son el 20 %
de las ventas. Además, desde el 23 de junio, los pacientes
que viven en Cataluña
pagan ya un euro por receta, ganen lo
que ganen (salvo las pensiones no contributivas), con un tope de 61 euros al
año, medida con la que la Generalitat espera recaudar 100 millones al año. Y
dentro de seis meses, comprar una silla
de ruedas o una prótesis supondrá también un copago: 10% para pensionistas
y del 40% al 60% los activos, según sus ingresos.
Otra medida, de puro recorte, ha sido reducir
los medicamentos a financiar. El
1 de agosto se quitan de la lista
426 medicamentos que el paciente tendrá que pagar al 100%, algunos muy
utilizados como antiácidos (Almax), antidiarreicos (Fortasec), contra el
estreñimiento (Duphalac), antiinflamatorios (Voltaren), analgésicos anticatarrales (Mucosán) o lagrimas
artificiales. La retirada de medicamentos financiables, hecha sin consultar antes a los médicos,
puede afectar seriamente al bolsillo de algunos enfermos crónicos, sobre todo ancianos, y se corre el riesgo de que aumente la automedicación. O
que, para evitarlo, los médicos receten
otros medicamentos, más caros, como ha pasado en otros países (Turquía)
y en los anteriores medicamentazos de
1993 y 1998.
Además, desde el 1 de
noviembre, los médicos están obligados a recetar no marcas (Clamoxil) ni
genéricos (amoxicilina Normon) sino el
principio activo (amoxicilina) Y el farmacéutico
está obligado a vender el genérico más barato. Una medida que ya se ha
generalizado y podría ahorrar 2.500 millones anuales, aunque hay expertos que temen por la guerra
de precios a la baja entre laboratorios por colocar sus productos: temen por la calidad (y la efectividad) de
algunos medicamentos low cost. Y por el futuro de la investigación farmacéutica.
Aún es pronto
para saber si el copago de los pensionistas bajará el consumo de medicamentos,
ya que las ventas de julio han caído por
el acopio que hicieron en junio
(antes del final del gratis total).
Pero hay un hecho claro: la caída de precios tiene un suelo y deberían estudiarse medidas
para racionalizar el consumo, de
acuerdo con los médicos que recetan. Además, no sólo hay que quedarse en
los medicamentos, que suponen el 18% de la factura sanitaria. Hay que hacer un Plan estatal para asegurar el futuro
de la Sanidad y no dejarla al
albur de los recortes
de cada autonomía: reducir costosas
tecnologías (un 30% ineficientes, según la OMS), afrontar el problema de
los ancianos y los enfermos crónicos,
potenciar la prevención y la atención
primaria, desmasificar las urgencias,
cambiar la política de compras y mejorar la gestión de personal. Reformas de fondo y no recortes
improvisados, que han servido para deteriorar la calidad y disparar un 17% las listas
de espera, no para ahorrar de verdad.
Pagar más por las medicinas va a deteriorar aún más las maltrechas
cuentas de los pensionistas, sobre todo de los enfermos crónicos. Pero no se puede defender el despilfarro, las bolsas de medicinas que no se usan y
ponen en peligro financiar lo que se necesita. Falta ver si con 8 euros al mes se acaba la barra libre de medicamentos.
Si no, subirán el copago, a los jubilados y al resto. Pagaremos justos por pecadores.
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