El superrecorte de Rajoy no sólo afecta
al IVA, funcionarios, parados, jóvenes o autónomos. Gobierno y autonomías han dado un
tajo a las ayudas a los dependientes
(ancianos y discapacitados): habrá 6.000 millones menos en dos años, se recortan prestaciones, sube el
copago y muchos ancianos tendrán que
esperar dos años más para recibir alguna ayuda, con riesgo de morirse antes. El sector cree que con estas
medidas se deroga en la práctica la Ley de Dependencia, un derecho
reconocido desde 2007 y que siempre ha tenido una financiación escasa, aunque beneficia a 768.000 dependientes, la
mitad mayores de 80 años . El problema es cada vez habrá más personas
mayores necesitadas de cuidados que no pueden prestarles sus familias. Y faltan recursos, residencias y voluntad política
para atenderles dignamente, después de toda una vida trabajando. Un drama que debería conmocionarnos.
Hay unos 3 millones
de españoles que no pueden valerse
por sí mismos, entre ancianos y
discapacitados. La Ley
de Dependencia, en vigor desde enero de 2007, ha concedido alguna ayuda a
1.364.732 dependientes o a sus familiares. Pero siempre ha tropezado con falta
de recursos, ya que Zapatero la gestó en pleno boom sin una financiación clara. Y en los dos últimos
años, con la crisis y los recortes, la
Ley estaba casi paralizada: apenas
entraban beneficiarios e incluso se morían más de los que entraban. Y las autonomías, que gestionan la Dependencia,
han tratado de salir del paso y reducir el gasto retrasando expedientes y ayudas.
Así, la Ley de
Dependencia agonizaba entre cuatro
problemas graves. Uno, que junto a 768.611 dependientes que reciben ayudas o servicios hay otros 258.951 que tienen el derecho reconocido pero que están “en el limbo”,
a la espera de recibir la ayuda, algunos más de los 6 meses legales de demora.
Otro, que dos tercios de los
dependientes son atendidos en su casa, por un familiar (46%), ayuda a
domicilio (12%) o teleasistencia (12,7%) y sólo
el 26 % de los grandes dependientes van a Residencias
(y un 6% a Centros de día). La razón es simple: pagar a un cuidador cuesta entre 300 y 800 euros y una Residencia (que no hay) le
sale a la autonomía por 1.800. Otro problema es que el Estado aporta cada vez menos a la Dependencia: financia un 30 %,
lo que obliga a una mayor aportación de las autonomías (60%), dado que los
dependientes tienen pocos recursos (aportan el 10%). Y con ello, cada autonomía hace su política: la
atención al anciano depende de dónde
viva. El sector
da buena nota a Castilla y León (9,6
puntos), País Vasco (7,9) y Andalucía (7,5), mientras suspende a
diez autonomías, sobre todo la Comunidad Valenciana (0,4 puntos), Canarias (2,1) y
Baleares (2,5).
Al final, la falta de
recursos ha creado un sistema
perverso: se retrasan los expedientes, se endurecen las
condiciones, se retrasan las entradas (se
mueren los solicitantes) y se buscan los servicios más baratos (familiares)
para “atender” al mayor número de
ancianos posible con el menor presupuesto. Y ahora, el Estado ha impuesto a
las autonomías recortes y cambios,
coincidiendo con el superajuste de Rajoy, que dan la puntilla a la Ley Dependencia.
El primer recorte,
aprobado el 13 de julio, son 195 millones menos que el Estado dará a
las autonomías (-13% por dependiente) y que se suman al recorte de 283 millones para la Dependencia aprobado
con el Presupuesto 2012. Además, el Estado ahorrará otros 220 millones al dejar de pagar la cotización
a la Seguridad Social a los cuidadores
familiares, unas 180.000 personas (en su mayoría mujeres, hijas y
esposas), que así podían un día tener derecho a pensión y que ahora se lo tendrán que pagar ellas.
Con otras medidas, son las autonomías las que ahorran a
costa de la Dependencia. Por un lado, recortar
un 15% o más (como ya ha dicho Castilla y León) lo que pagan
a los cuidadores familiares de
los dependientes (cobran una media de 400 euros al mes), con lo que ahorrarán
285 millones. Se empeoran y reducen
servicios (sobre todo ayuda a domicilio) y se hace incompatible recibir varios (por ejemplo, ir a un Centro de día y
la ayuda a domicilio, aunque el anciano no pueda levantarse y asearse sólo para
ir al Centro). Y se les da un plazo de 8
años para compensar a los dependientes que reciben ayudas con retraso (antes, con más
6 meses de demora y ahora, con más de 2 años).
Hay otras
medidas de más calado. Una, simplificar
los baremos, en tres niveles (grandes
dependientes, dependencia severa y dependencia moderada, ésta sin ayudas), quitando los dos grados que había en cada
uno, con lo que se puede caer más fácilmente de un nivel a otro (más
barato). Dos, retrasar
hasta julio 2015 (al menos) las
ayudas a los dependientes moderados (30.000 al año). Tres, y más
importante (permitirá ahorrar 5.000 millones), retrasar dos años el tiempo
en que se pueden conceder las ayudas sin generar atrasos: un 54% de los dependientes (260.000 en
espera y 60.000 más en dos años) tienen
más de 80 años y su esperanza de vida es 3 años, con lo que ahora serán más los que morirán
(10% cada año, unos 16.500 en total) sin
recibir ayuda .Y por último, se sube
el copago de los servicios de los dependientes, según sus ingresos
(incluyendo el 5% del valor de su casa), quedando entre el 40 y el 90%.
Al final, el tajo (6.000
millones largos) supone “la
derogación encubierta de la Ley de Dependencia”, según
el sector, que habla de “medidas desalmadas y crueles“ con los ancianos. Y eso
cuando España gasta la mitad que otros países de la OCDE en dependencia,
6.450 millones en 2011, mucho menos que en los otros tres pilares del Estado del Bienestar: Sanidad (88.828 millones), Pensiones
(85.800 millones) y Educación (52.000 millones). Una cifra que se va a multiplicar por seis en las
próximas décadas, según la OCDE,
ya que España será el país más envejecido
de occidente a partir de 2021: los mayores
de 65 años se van a duplicar, superando los 15 millones para 2050. Y de ellos, un 46% necesitarán atención, el doble que ahora, según un estudio
del CSIC.
En definitiva, vamos
a tener cada vez más ancianos, que vivirán más y necesitarán más cuidados: en 2050, un 12 % de los españoles tendrán
más de 80 años. No podemos limitarnos a hacer
recortes y a la beneficencia
más urgente. Hay que hacer un gran pacto político para financiar la Dependencia,
que además crea empleo (la patronal
CEOE estima que habría que
invertir 10.000 millones y podrían crearse un millón de empleos), devuelve
ingresos (40% de la inversión en impuestos y cotizaciones) y reduce gastos sanitarios. Hay que buscar
ingresos ad hoc, desde recargos a
cotizaciones, como propuso la Comisión
de Expertos. Pero sobre todo, no
podemos dejar tirados a nuestros mayores: se han ganado con creces nuestra ayuda.
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