Hemos sufrido el verano más caluroso y seco de
la historia. Europa ha sido la “zona cero” de esta “emergencia
climática”, con 35.000 muertes por calor, grandes incendios, sequía y ríos sin
agua, aunque en España ha sido peor: 5.235 muertes, la mitad de
las hectáreas quemadas en Europa, y daños en infraestructuras, cultivos y
ganado, que encarecerán los alimentos. La otra emergencia del verano, la
migratoria: 80.000 inmigrantes “invadiendo” Ceuta, ante la desatención de
Europa, un problema sin fácil solución ante millones de jóvenes africanos sin
futuro. España debería acordar un Pacto de Estado frente a la emergencia
climática y la inmigración ilegal, pero PP y Vox son cada vez más
negacionistas y xenófobos, como muchos políticos en Europa. También urge un
Pacto para resolver el grave problema de la vivienda y acordar una nueva
financiación autonómica que refuerce sanidad, educación y servicios
públicos. Pero seguirá el bloqueo político y los problemas sin
resolver. Menos mal que la economía va bien, aunque muchos españoles no
lo noten. Será un otoño complicado.
España ha sido el país europeo que más ha
sufrido esta emergencia climática, con una temperatura récord (+2,5
grados que la media) y una sequía sin precedentes, que han provocado 5.232
muertes (un récord histórico, según
la estadística MoMo) y miles de incendios que han quemado 308.081
hectáreas, casi la mitad (46,2%) de toda la superficie quemada en Europa,
muy por delante de Francia (106.042 Has. quemadas), Italia (95.234 Has),
Portugal (70.519 Has) y Grecia (31.872 Has), según
Copernicus, con 5 (Huelva, Ávila, Guadalajara, Huesca y Madrid) de los 10
grandes incendios europeos. Un clima que, además de encarecer la factura eléctrica,
ha provocado enormes
pérdidas en la agricultura y la ganadería, muy afectadas por las
lluvias y borrascas (enero y febrero), las heladas (marzo) y el granizo (abril),
el calor extremo (de mayo a agosto) y la falta de pastos, más los incendios, que
han dañado a 15.800 hectáreas de cultivos (según
Agroseguros), sobre todo cereal, viñedos, olivares, cítricos, frutos secos
y ganado, lo que encarece muchos alimentos.
Todos estos problemas, desde las muertes por calor a los grandes
incendios y la pérdida de cultivos no son un problema coyuntural,
de este verano, sino algo
estructural, derivado de la “emergencia climática”, que
irán a más en el futuro. Por eso, el presidente Sánchez pidió, en medio del
incendio de Guadalajara, un
gran Pacto de Estado sobre la emergencia climática, con
medidas para reducir las emisiones, potenciar las energías renovables y mejorar
la prevención contra los incendios en invierno, dado que España
invierte 4 veces más en apagar incendios (cuesta 10.000 euros/Ha) que en limpieza
y prevención (cuesta 3.000 euros por Ha). Los expertos creen que bastaría
actuar sobre el 5% de los 27 millones de hectáreas forestales para
reducir drásticamente el riesgo de incendios. Pero el PP, que gobierna en 11
autonomías (en 4 con Vox), no
quiere ningún Pacto climático, mientras defienden posturas negacionistas y contra
el Pacto verde europeo.
La otra gran emergencia del verano ha sido la
migratoria: a finales de julio, unos
80.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente la frontera de Ceuta,
convocados por las redes sociales y ante la inacción de Marruecos (o su intervención activa, según un informe policial español), alentados por
webs ligadas a Rusia, Israel y la ultraderecha USA, interesados en atacar al
gobierno Sánchez y dividir Europa. Una
crisis que ha colapsado Ceuta, por la tardía e ineficaz respuesta del
Gobierno y porque hay que cumplir las leyes (españolas y europeas) para “expulsar”
y acomodar a adultos y menores inmigrantes. Lo suyo sería un acuerdo
político para resolver este grave problema migratorio, pero el PP (y
Vox) lo están utilizando para dar la puntilla al Gobierno y apuntalar sus
políticas antinmigración cara a las próximas elecciones, obviando que la inmigración
ilegal ha bajado en España en los últimos años y es inferior a la de otros
paises, según
Frontex: 240.714 inmigrantes ilegales entre enero 2021 y junio 2026 en
España, frente a 479.161 por Italia, 342.828 por los Balcanes occidentales (Bulgaria,
Rumanía, Hungría y Croacia) y 262.718 entradas irregulares por Grecia.
Al margen del problema concreto de Ceuta, estamos ante
otra emergencia “estructural”, que va a continuar, empujada por dos
factores. Uno, la enorme diferencia de renta entre España (34.210
euros/habitante) y paises como Marruecos (3.972 euros/habitante) o Somalia (681
euros/habitante), el verdadero “efecto llamada”. Y el otro, que África es un
continente con millones de jóvenes sin futuro, dispuestos a todo por saltar a
Europa (a través de España): el 23% de los marroquíes tienen de 15 a 29 años
y en
los paises del Sahel (Mauritania, Mali, Níger, Burkina Fasso y Chat), el
70% de la población tiene menos de 24 años… Una “bomba demográfica”
que no se puede parar en ninguna frontera. Y que exige, no sólo muros y
barreras, sino una política de ayudas económicas y colaboración con los
paises de origen, acuerdos para traer temporalmente cupos de
inmigrantes y más recursos para la atención e integración de menores e inmigrantes
con derecho de asilo.
Las dos emergencias (climática y migratoria) no
son un problema específico de España, aunque aquí sean más graves, por
el mayor calentamiento del Mediterráneo y por ser el país frontera con Africa.
Pero la emergencia climática y migratoria son dos
de los grandes retos de Europa este siglo, junto a la demografía y la
tecnología. Por eso, urgen políticas y medidas para todo el continente. Pero en
los últimos años, la nueva Comisión Europea está dado marcha atrás en ambas
políticas, forzada por la extrema derecha y la radicalización de la derecha
tradicional: crecen
las posturas negacionistas y se devalúa el Pacto Verde, mientras se
deteriora la política migratoria europea, con propuestas como desviar
inmigrantes a campos en terceros paises (como Italia en Albania). Sólo la
vicepresidenta europea, la española Teresa
Ribera, ha propuesto emitir deuda europea y crear un
impuesto a las petroleras para financiar inversiones climáticas. Y en
el tema migratorio, la Comisión y 22 paises criticaron a España por la invasión de Ceuta, sin aportar ayudas de Frontex para afrontar un
problema que es tan europeo como español, porque Ceuta es la frontera sur de Europa.
Ante este nuevo curso político, hay otra
emergencia pendiente, junto a la climática y migratoria: la
vivienda. Su precio se ha vuelto a disparar en agosto (+15,6% anual),
alcanzando los 3.166 euros por m2 (253.270 euros un piso de 90m2), según
Fotocasa, un precio que sube a 6.624 euros/m2 en Madrid, 5.375 en
Barcelona, 5.250 euros en Palma, 4.387 en Málaga y 4.226 en Bilbao. Eso obliga
a contratar hipotecas de más importe, que además son más caras
porque sigue subiendo el Euribor: 2,952% en agosto (2.114% en agosto
de 2025), lo que encarece en 70 euros al mes una hipoteca tipo de 178.000
euros. Y si hablamos del alquiler, sigue subiendo (+5,8% anual en agosto),
hasta 15,10 euros /m2 (1.359 euros un piso de 90 m2), según
Idealista, que se disparan hasta 23,3 euros/m2 en Madrid o 20,2 euros en
Barcelona.
La mayoría de las autonomías, gobernadas por el PP (y Vox)
no aplican los topes al alquiler que permite la Ley de Vivienda
en las zonas “tensionadas”, topes
que se aplican ahora en 317 municipios de Cataluña (302), Navarra (21),
País Vasco (11) y Galicia (2), con algunas bajadas
en 22 de ellos, a costa de una menor oferta. Ahora queda ver el efecto del nuevo
Plan
de Vivienda 2026-2030, aprobado por el Gobierno en abril y que ha sido
criticado por las autonomías gobernadas por el PP, aunque han aceptado recibir
las ayudas que contempla (4.200 millones de fondos estatales, a cambio de que
las autonomías inviertan otros 2.800). El 28 de agosto, el
Gobierno transfirió el primer pago a las autonomías, de 800 millones,
destinado a promover vivienda protegida y rehabilitación.
En paralelo, Sumar trabaja para negociar con los grupos políticos
un decreto
de vivienda que el Gobierno presentará este mes de septiembre. Incluirá
una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler (2 años
más para los que venzan antes 30 junio 2028), una subida del IVA (del 10 al
21%) a los pisos turísticos y el endurecimiento de las multas por publicidad,
normas para frenar los abusos en los alquileres de temporada y por habitaciones
y beneficios fiscales a los caseros que bajen la renta a sus inquilinos. El
problema está en salvar
el doble veto al decreto por parte de Junts y de Podemos, que persiste
en la retirada de la reforma de la Ley del Suelo (imprescindible para agilizar
muchos planes urbanísticos).
Mientras las peleas políticas impiden pactar
una política de vivienda que aumente el suelo urbanizable y la financiación de
viviendas protegidas, también dificultan resolver otro reto pendiente: la
mejora de la sanidad, la educación, la Dependencia y los servicios públicos,
gestionados por las autonomías, que se quejan de falta de recursos. Para
paliarlo, el Gobierno volvió a presentar el viernes 4 su propuesta del nuevo
sistema de financiación autonómica, para sustituir al vigente (de 2009).
El nuevo modelo cambia los criterios de pago por población
ajustada, amplía la autonomía fiscal de las comunidades, blinda la solidaridad
interterritorial y consigue que nadie ingrese menos que ahora, con un aumento
global de la financiación a las autonomías de 20.975
millones sobre el modelo actual.
Pero las autonomías del PP rechazan también el nuevo sistema, a
pesar de que el
actual perjudica a 4 autonomías, que reciben menos de la media (Murcia,
Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha). El Gobierno aprobó el viernes el nuevo sistema, sólo con el apoyo de Cataluña y
Canarias, y pretende que entre en vigor el 1 de enero, aunque necesita que lo apruebe antes el Congreso (?).
Otro reto de los próximos meses será el Presupuesto para
2027, tras 3 años con Presupuestos prorrogados (2024, 2025 y 2026). El
presidente Sánchez
reitera que van a presentarlos en septiembre o en octubre, pero parece
imposible que cuente con los apoyos necesarios para aprobarlos. Entre
tanto, el Gobierno busca “atajos” para mantener la maquinaria del Estado y las
ayudas a la economía: son las
“modificaciones de crédito”, retoques que hace a las partidas del
Presupuesto 2023, aumentando algunos gastos a costa de recortar otros. En el
primer semestre de 2026, estos “cambios” han sido de 77.281 millones de euros,
más que en todo 2025 (76.943 millones) y 2024 (52.300 millones), cambios
destinados a cubrir más gastos en deuda (sube el pago de intereses), pensiones,
Defensa e incentivos empresariales.
A pesar del bloqueo político y la incapacidad total de
pactar acuerdos que afronten la emergencia climática o migratoria, el grave
problema de la vivienda, la mejora del Estado del Bienestar y los servicios
públicos o la financiación autonómica, la realidad es que la economía española
sigue creciendo, mucho más que la del resto del continente y la de muchos
paises del mundo: el PIB español creció un 0,7% entre abril y junio, según
publicó el INE el 30 de julio, una décima más que en el primer trimestre
(+0,6%), lo que supone un crecimiento anual del +2,7% (cercano al 2,8%
que crecimos en 2025), frente al +1,2% que crece la UE-27, empujados
por el turismo, la inversión y el consumo privado (ahora algo más débil).
Eso sí, España crece más que la mayoría de
paises por el gran aumento de la población (somos 2.775.351
habitantes más que en 2019), gracias a los inmigrantes, que han aportado casi
la mitad del crecimiento económico español (el 47%) entre 2022 y 2025, según
Funcas. Crecemos más, pero porque hay más gente trabajando (+3.301.000
ocupados que en 2019), con lo que no crece tanto el PIB por habitante,
la riqueza que se crea por cada español y que mide nuestro nivel de vida.
En 2025, este PIB/riqueza por habitante fue de 38.272 euros, el
92% de la media de la UE-27 (41.600 euros/habitante), según
Eurostat. Eso explica que España, la cuarta mayor economía de la UE (por
PIB) baje al puesto 15º por el PIB por habitante, por detrás de los
grandes paises de la UE y de otros menores como Irlanda, Malta, Chipre o
Chequia. Así que crecemos
más, pero producimos menos por habitante, porque tenemos una baja
productividad, un reto histórico pendiente.
Por esto, los
españoles notan menos el fuerte crecimiento, porque al producir menos por
habitante, los sueldos y el nivel de vida son más bajos que en Europa: el
salario hora en España es de 26,4 euros, frente a una media de 34,9
euros en la UE-27, 45 euros en Alemania, 44,3 euros en Francia y 32
euros/hora en Italia, según
Eurostat. Y encima, tenemos más inflación que la media europea, en general
y ahora, con lo que los españoles pierden poder adquisitivo, al subir menos los
salarios (+3,02% hasta julio) que los precios: la inflación se ha disparado en
España al +4,3%
en agosto (por la subida de los carburantes y la luz), mientras la inflación en la zona euro es del 3,3% , con menores subidas en Francia
(2,4% en julio), Alemania (2,8%) e Italia (2,9%), según Eurostat.
En definitiva, los españoles volvemos a la rutina
con un país obsesionado por Ceuta y que no ha interiorizado el
tremendo verano de calor e incendios que hemos sufrido, como si
fuera algo “normal e inevitable”. Y sin exigir a los políticos que se pongan
de acuerdo en lo fundamental, en frenar las muertes por calor y los incendios,
la llegada de inmigrantes irregulares o la imposibilidad de encontrar una vivienda.
Y seguiremos sufriendo las esperas para conseguir una cita del médico de
cabecera o del especialista, porque hay autonomías que apenas gastan en sanidad,
como tampoco en educación, mientras presumen de bajar impuestos (a los
más ricos). Y llevamos 7 años con un sistema de financiación autonómica
caducado, que agrava las desigualdades entre regiones. Y 3 años sin
Presupuestos, por la imposibilidad de pactar prioridades de gastos e
ingresos. Y con una economía que crece, pero que muchos españoles no notan,
por sus bajos salarios y la alta inflación. Un otoño complicado…
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