Más emisiones de CO2 en España (y en la UE)

Rajoy apoyó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, firmado en 2016, pero en 2017, España fue el 4º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2, un 7,4%. Lo peor es que todo el mundo las aumentó (menos: un 1,4%) y también otros 19 países europeos, tras tres años de contenerlas o bajarlas.”Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, advirtió el presidente Macron en diciembre. Y esto sucede cuando el CO2 en la atmósfera ha vuelto a batir otro récord histórico y el clima está descontrolado. Europa ha bajado algo la guardia y este 2018 aprobará (dividida) su estrategia futura, mientras EEUU ha tirado la toalla con Trump y China avanza despacio. España debe aprobar este año una Ley de Cambio Climático que será polémica, por el cierre de las centrales de carbón y nucleares (que el Gobierno quiere retrasar) y porque hace falta subir impuestos (carburantes y empresas) y gastar más para lograr una economía más limpia. No podemos seguir contaminando así. 

enrique ortega

Los humanos seguimos contaminando el Planeta. En octubre de 2017, la Agencia Meteorológica Mundial (OMM) lanzó su última alerta: la concentración de CO2 en la atmósfera (el gas responsable del 80% del efecto invernadero) alcanzó las 403,3 partes por millón (ppm), superando otra vez la barrera de los 400 ppm, que se superó por primera vez en 2015. Un nivel de CO2 que multiplica por 1,43 los niveles preindustriales (anteriores a 1.750). Y aunque no hay datos recientes, todo apunta a que han crecido también otras emisiones provocadas básicamente  por el hombre (61%) de metano (12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero), oxido nitroso N02 (5% emisiones) y gases fluorados (3% de los GEI). Unas emisiones que provocan un “efecto paraguas” (invernadero) y aumentan la temperatura del Planeta así como los fenómenos climáticos extremos (sequías, inundaciones, etc.).

Lo preocupante es que la cantidad de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de que las emisiones mundiales de CO2 se han estancado en los últimos tres años, en 2014 (+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,6%), porque también juegan otros factores climáticos (como el Niño). Por eso, los expertos temen que se hayan disparado los niveles de CO2 en la atmósfera, dado que en 2017 las emisiones subieron a nivel mundial un 1,4%, según la Agencia Internacional de la Energía,  tras tres años de estancamiento. Las emisiones repuntaron en 2017 porque se disparó el consumo de energía (creció un 2,1%, el doble que en 2016)  y aumentó mucho el consumo de petróleo (por sus bajos precios en 2017 y el tirón del transporte), del gas y sobre todo del carbón (para generar electricidad, más en Asia). Precisamente, las economías asiáticas fueron culpables de dos tercios del aumento de emisiones de CO2, más por India (emisiones subieron 2%) y el sudeste asiático que por China (aumentó sus emisiones un 1,7%). Y subieron las emisiones en Europa (+1,5%), aunque bajaron en EEUU (-0,5%, por mayor consumo de gas), Japón y Reino Unido.

Lo más llamativo es que las emisiones de CO2 hayan subido durante 2017 en Europa, un 1,8% de media, según los últimos datos de Eurostat, tras haberse reducido los años anteriores. Y no es un hecho aislado, sino que suben en 20 países europeos, encabezados por Malta (+12,8%), Estonia (11,3%), Bulgaria (+8,3%) y España (+7,4%), la mayor subida de las emisiones de CO2 de la última década, tras haber caído las emisiones de 2009 a 2016 (por la crisis), con la única excepción de 2015 (subieron un 3,5%). Sólo se redujeron las emisiones de CO2 en 7 países europeos: Finlandia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), Reino Unido (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bélgica (-2,4%), Letonia (-0,7%) y Alemania (-0,2%).

El aumento de las emisiones de CO2 en España está muy vinculado a la generación de electricidad y a un mayor consumo de energía en la industria y los transportes. La falta de lluvias en 2017 provocó un menor aporte de la energía hidroeléctrica (7% de la generación eléctrica frente al 14% en 2016, según REE) y de la energía eólica y solar, con lo que las renovables han perdido mucho peso para generar la luz: del 40,8% en 2016 al 33,3% en 2017. Y ese hueco lo han rellenado el carbón (que aportó el 17% de la luz, frente al 13,9% en 2016) y las centrales de gas (del 10,2 al 13,9% en 2017), que también emiten CO2 aunque menos que el carbón. El verdadero problema de las emisiones está en las 15 centrales térmicas de carbón, que generaron ellas solas 46 millones de toneladas de CO2, el 19% de todas las emisiones que se hacen en España, encabezadas por la central de Aboño en Asturias, de EDP (8,2 millones Tm CO2), As Pontes en A Coruña, de Endesa (8,1 millones Tm) y Litoral en Almería, también de Endesa (7 millones Tm CO2). Baste decir que de las 10 instalaciones que más CO2 emitieron en 2017 (responsables de dos tercios de las emisiones industriales totales), 8 eran centrales térmicas de carbón.

¿Quién emite CO2 en España? El principal “culpable” es el sector de los transportes (27% de las emisiones totales), según el balance 2016 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), debido sobre todo al gran peso de los camiones en el transporte y a la aviación. Le sigue la generación eléctrica (con el 18%) y la industria y los procesos industriales (23%, más un 4% del refino): las emisiones de las 1.184 industrias españolas sometidas al sistema europeo de derechos de CO2 fueron de 144,44 millones de Tm de CO2  (el 40% de las emisiones totales) y aumentaron un 10,44% en 2017, según la Comisión Europea. Las que más subieron fueron las emisiones de la industria eléctrica (+18,97%) y poco las del resto de industrias (+0,9%), destacando los aumentos de emisiones de la aviación (+13,20%), la cal (+8,2%) y la cerámica y azulejos (+7,9%), aunque las industrias que más contaminan son las eléctricas, cementeras, refinerías y siderúrgicas.

Tras el transporte (27%), las eléctricas y la industria (45% de las emisiones CO2), el tercer gran emisor en España es el sector residencial, básicamente las viviendas, el comercio y los servicios (13% de las emisiones), destacándose la importancia creciente de las emisiones ligadas al turismo, que podría emitir cuatro veces más CO2 del que se pensaba (hasta el 8% de las emisiones totales), desde el viaje en avión al transporte y las emisiones en las vacaciones, algo que debería preocupar especialmente a un país como España, que recibe 83 millones de turistas al año. Y en cuarto lugar están las emisiones de la agricultura y la ganadería (el 11% del total), dos tercios ligadas a la ganadería y a la mucha carne que comemos: producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. Y el resto de emisiones (4%) proceden de la gestión de residuos (basuras).

Este aumento de las emisiones de CO2 en 2017, en España y en el mundo, pone en peligro los objetivos del Acuerdo de París (2015), firmado por 195 países, que pretende recortar (a partir de 2020) las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, con el objetivo de que la temperatura de la Tierra suba a finales de siglo entre 1,5 y 2 grados, no los 3 o 4 grados que subiría si no se hiciera nada (lo que destrozaría en Planeta). Pero hoy, casi dos años y medio después, el mundo ha avanzado poco en medidas concretas para asegurar esos recortes. Y la retirada de EEUU ha dinamitado la recaudación del Fondo verde previsto de 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a la reconversión energética de los países en desarrollo. “Estamos perdiendo la batalla contra el Cambio Climático”, reconoció el presidente Macron en una cumbre especial que convocó en París en diciembre pasado.

Un hecho que preocupa, además de la retirada de EEUU del Acuerdo de París, es que Europa, la abanderada mundial contra el Cambio Climático, ha rebajado sus planteamientos, debido sobre todo a  Alemania, muy presionada por su poderosa industria del automóvil (pro-diesel) y por el carbón: de las 10 industrias europeas que emiten más CO2, 7 son centrales de carbón de  Alemania (y las otras tres de Polonia y Bulgaria). Precisamente, los países del Este son otro frente que frena los recortes más drásticos de emisiones. Este año 2018, el Consejo Europeo debe aprobar los objetivos para cumplir la Cumbre de París y todo apunta a que serán menos ambiciosos de lo que muchos piden: un 20% de renovables para 2020 y un 27% para 2030 (la Comisión Europea defendía el 30% y la Eurocámara el 35%). Además se podría retrasar el cierre de las centrales de carbón, hasta 2025 o incluso 2030.

España está a la espera de que se aprueben estas directrices europeas, pero trabaja en una Ley de Cambio Climático que Rajoy ha prometido para este año. De momento, se creó una Comisión de 14 expertos, nombrados por el Gobierno (4), partidos (7) y fuerzas sociales (3), que el 2 de abril presentó su informe sobre el escenario energético que debería haber en España en 2030: quedaría una sola central de carbón frente a las 15 actuales, se prorrogaría la vida de las 5 nucleares y aumentaría el peso del gas y las energías renovables, sobre todo la energía solar fotovoltaica (se multiplicaría por 10). Con este escenario, las renovables aportarían en 2030 el 62% de la electricidad (ha sido el 33,3% en 2017) y el 29,7% de toda la energía consumida (el 27% va a ser el objetivo de Europa). Y además, los expertos proponen un impuesto específico al CO2 y gases contaminantes (en sustitución de los actuales impuestos a los hidrocarburos y la electricidad) y subir los impuestos al diesel (+28%) y a la gasolina (+10%), así como el IVA de los carburantes (+1/1,3%). Con más renovables y más ingresos fiscales, los expertos creen que se podría aligerar la factura de la luz y bajarla un 6,8%.

A partir del informe, el Gobierno tiene que aprobar y mandar al Parlamento un proyecto de Ley de Cambio Climático, aunque también podría esperar a ver qué aprueba Europa. El problema luego es consensuar las medidas a aprobar, porque las posturas están muy distanciadas. Los temas más polémicos son dos: las centrales de carbón y las nucleares. El Gobierno Rajoy quiere retrasar el cierre de las 15 centrales de carbón, mientras PSOE y Podemos quieren cerrarlas para 2025. Y sobre las 5 nucleares, el PSOE plantea que se cierren en 2028, cuando la última cumpla 40 años de vida, mientras el Gobierno Rajoy plantea prorrogar su funcionamiento 10 años más, argumentando el ministro Nadal que si no “la luz subiría un 25%”. Una falacia, porque algunos estudios señalan que el efecto del cierre sería de una subida de la luz de 8 a 11 euros anuales por hogar (un 2/3%). Y muchos reiteran que aunque las nucleares no emiten CO2, tienen riesgos y serios problemas con sus residuos.

La clave de futuro son las energías renovales, por las que habría que apostar al máximo para reducir las emisiones de CO2, máxime cuando su avanzada tecnología ya permite que sean muy eficientes, con unos costes de generación casi nulos. Pero para ello hace falta un sistema de subastas más transparente, con ayudas e inversiones no con recortes como ha hecho el Gobierno Rajoy desde 2012. Y también apoyar la autogeneración, suprimiendo el llamado “impuesto al sol”, como defiende el Comité de expertos.

Hay que reducir las emisiones de CO2 y la clave está en la producción de electricidad, las industrias y el transporte. En el sector eléctrico, la clave es recortar el uso del carbón, el fuel y el gas, reducir el peso de las nucleares y compensarlo con más renovables, más autoconsumo, más ahorro y más importaciones (el 5% de la luz y podría ser el 10%). En las industrias, implantar una estrategia de palo (cobrar más por cada Tm emitida: se pagan 13 euros y debería ser más de 20, como en Reino Unido) y zanahoria (ayudas a la reconversión eléctrica), centrada en las 10 empresas que son responsables del 25% de emisiones de CO2 de España, según el Observatorio de la Sostenibilidad: Endesa, Gas Natural, Repsol, EDP, Arcelor Mittal, Cepsa, Iberdrola, Viesgo, Cementos Portland y Cemex.

Y en el transporte, el sector más contaminante, urge subir los impuestos a los carburantes (sobre todo al diésel, que paga un 23% menos de impuesto que la gasolina), encarecer la matriculación de los vehículos contaminantes (el 80% de los coches diésel acaban no pagando este impuesto) y un Plan para reducir el peso de los camiones (reciben incluso 306 millones  de subvención por el gasóleo que consumen) en favor del ferrocarril y el transporte marítimo. Sin olvidar otros Planes específicos para reducir las emisiones del turismo, las viviendas (con ayudas al cambio de calefacciones y aislamiento de edificios) y en la alimentación, para reducir el consumo de carne y productos lácteos, que generan importantes emisiones de la ganadería industrial.

Todo ello exige decisión política, hacer pagar los costes a quien contamina y, sobre todo, inversiones cuantiosas, para reconvertir una economía “enganchada al petróleo y al carbón” en una economía más limpia. Eso exige invertir unos 10.000 millones de euros al año de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte. Una buena parte de este dinero tendrá que salir de los impuestos medioambientales y en algunos casos, de los consumidores, que tendremos que pagar más (al principio) por una energía más limpia. Pero si no se toman medidas, los costes del Cambio Climático serían mucho mayores. Y no olvidemos que, según todos los expertos, el Cambio Climático afecta más a España que al resto de Europa.

Estamos ante uno de los grandes problemas de este siglo y más en España, uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Así que tenemos que “ponernos las pilas”, con decisiones razonables y no políticas, forzando la resistencia de los contaminadores. Nos jugamos mucho: el futuro de nuestros hijos y nietos, incluso el futuro del Planeta.  

   

El problema nº 1 : España recauda poco

España es el país con más déficit público de toda Europa. La culpa no es que gastemos más que los demás países, porque somos el 10º país que menos gasta. La causa del “agujero” en nuestras cuentas públicas está en que ingresamos mucho menos: somos el 8º país que menos recauda por impuestos. Si España  recaudara como el resto de Europa, ingresaríamos 81.500 millones más cada año. Y con esos ingresos extras, España no tendría déficit y podría gastar más en pensiones, empleo, sanidad, educación, tecnología y tantas cosas que necesitamos. Por eso, la clave es recaudar más. ¿Cómo? Subiendo algunos impuestos (carburantes e IVA reducidos), recortando beneficios fiscales y haciendo que paguen más impuestos los que pagan poco (grandes empresas, bancos, multinacionales y ricos), no la mayoría de españoles. Pero ni PP ni Ciudadanos quieren hablar de eso y defienden incluso bajar impuestos. Así se agrava el problema. Porque no se pueden tener unos servicios de Suecia con unos impuestos de Marruecos (algunos privilegiados).

enrique ortega

España lleva varios años siendo el país europeo con más déficit público: el 3,1 % del PIB en 2017, el triple que la UE-28 (-1% déficit), por delante de Portugal (-3%), Rumanía (-2,9%), Francia (-2,6%), Italia (-2,3%) y hasta Grecia (superávit 0,8% del PIB). Y este año 2018 también seremos líderes en déficit público, un 2,6% del PIB, 31.000 millones de agujero en las cuentas públicas (ingresos-gastos), cuatro veces más déficit que la media europea (-0,6% del PIB de déficit en 2018), según las últimas previsiones de la Comisión Europea.

La culpa de este déficit público “estructural” en España no está en que gastemos más que los demás países. Al contrario, gastamos menos que la media: un 41% del PIB en 2017 frente al 45,8% en la UE-28 y al 47% del PIB que gastan los países euro. O mucho menos del 56,5% del PIB que gasta Francia, el país con más gasto público, el 48,9% de Italia, el 43,9% de Alemania o el 41,1% de Reino Unido, según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que España gasta 55.835 millones menos cada año que la media europea, siendo el 10º país de los 28 con menos gasto público. Y a pesar de eso, somos los que tenemos más déficit.

La culpa es del otro lado de las cuentas, de que ingresamos menos que la mayoría. España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso quiere decir que si España recaudara como los demás países europeos, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año (o 91.929 millones más si recaudáramos como la media de los 19 países del euro donde estamos). Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro.

El problema pues no es que España gaste mucho sino que recauda muy poco. Y este problema no es nuevo, lo teníamos ya antes de la crisis. Así, en 2004, en plena burbuja inmobiliaria,  España recaudaba poco  más que ahora: un 38, 7% del PIB (37,9% en 2017), frente al 44% la UE-28 (5,3% de diferencia). Y aunque marcó un máximo en 2007 (41,4 % del PIB de recaudación en España, frente al 44,7% en Europa), luego cayó la recaudación (hasta un 36% en 2011, frente al 44% en Europa) y apenas se ha recuperado hasta el 37,9% actual, a pesar de tres años de fuerte crecimiento, manteniéndose un 7% de diferencia con Europa. O sea, que con crisis o con recuperación, España recauda bastante menos.

¿Por qué España recauda menos? Básicamente, “porque España tiene un sistema impositivo muy ineficiente”, señala un reciente informe de FEDEA. Al compararnos con el resto de Europa, demuestra que España recauda porcentualmente menos en todos los impuestos, desde el IRPF y el IVA a los impuestos especiales, las tasas y el impuesto de sociedades. Veámoslo en cada impuesto.

En el impuesto sobre la renta (IRPF), España es el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea: un 7,5% del PIB de media, frente al 10% de media europea, el 9% de Alemania o Francia, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca. Y eso no porque tengamos unos tipos del IRPF bajos (los marginales, por cada euro más de renta, son de los más elevados de Europa), sino porque los tipos efectivos que realmente se pagan son bajos. Y eso, porque en el IRPF hay muchos beneficios fiscales, que restan ingresos: 14.800 millones en 2016, un 18,6% de la recaudación perdida. Además, con los tipos y exenciones, la presión fiscal de las familias españolas es inferior a la europea: un matrimonio paga por IRPF una media del 13,9% de los ingresos, frente al 14,5% de media en la UE-28, según la OCDE. Y también las cotizaciones sociales son más bajas.

En el IVA, somos también el tercer país europeo que menos recauda, tras Irlanda e Italia: el 6,3% del PIB frente al 6,9% de media en la UE. Y eso después de que  el IVA haya subido dos veces (en 2000 y en 2012), hasta el 21%, un tipo en línea con la media europea (del 19% que se paga de IVA en Alemania al 25% en Suecia o Dinamarca). El problema vuelve a estar en las bonificaciones, en que hay muchos productos y servicios que pagan el IVA reducido (10%) y superreducido (4%), con lo que el tipo efectivo del IVA en España, el que realmente se paga es del 15,2% frente al 20,1% de media en la UE-28, según el estudio de Fedea. Y eso porque sólo en 2016, con esas bonificaciones de tipos a muchos artículos y servicios (como el discutible 10% de IVA que pagan hoteles y restaurantes), se dejó de recaudar 22.333 millones de euros, lo que supuso perder el 32% de la recaudación potencial por IVA.

En el impuesto de Sociedades (que pagan las empresas), la recaudación en España está también a la cola de Europa: el 2,3% sobre el PIB, por debajo del 2,5% que recauda la Europa del euro. Y estos ingresos se han desinflado no sólo por la crisis (caída ingresos del ladrillo) sino porque los Gobiernos (ZP y Rajoy) han bajado el tipo nominal, del 35% al 25% actual,  inferior a la media de la UE (28%) y de países como Francia o Bélgica (34%), Italia (31%) o Alemania y Portugal (30%), según el informe de FEDEA. Y además, ese tipo no se aplica, porque también aquí hay beneficios fiscales en cantidad: 3.800 millones de euros en 2016, el 15% de la recaudación que se pierde. Y con ello, las grandes empresas, gracias a las deducciones fiscales que consiguen, pagan un tipo efectivo del 7,3%, menos que las pymes (15% beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (14,9% ingresos). Y se da incluso el caso de que hay grandes empresas, como el Santander o el Corte Inglés, que han conseguido algunos años que Hacienda les devuelva…

Un inciso importante sobre el impuesto de Sociedades. La legislación les permite a las grandes empresas ahorrarse impuestos futuros con "créditos fiscales" que se les conceden por hacer provisiones sobre activos, aportaciones a Planes de pensiones de empleados y pérdidas en alguna filial. En noviembre de 2011, el Gobierno Rajoy autorizó a los bancos a apuntarse 50.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (los DTA), créditos fiscales que les permitirían pagar menos impuestos en el futuro. Y gracias a ellos, los 4 grandes bancos tienen 58.717 millones en créditos fiscales, que les permitirán ahorrarse unos 15.000 millones en impuestos en los próximos años (sólo 6.000 el Santander). Y si sumamos los créditos fiscales de las demás empresas del IBEX, sobre todo eléctricas, petroleras, telecos y constructoras, suman 100.000 millones de créditos fiscales, un "premio" para que se ahorren 25.000 millones en impuestos estos años. Por eso la recaudación de Sociedades cayó a la mitad (23.143 millones en 2017 frente a 44.823 en 2007), mientras nosotros pagamos más.

Veamos ahora los impuestos especiales (carburantes, alcohol y tabaco), donde España también recauda menos que el resto de Europa: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media en la UE-28 y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia. El alcohol paga en España la mitad de impuestos que en Europa (0,10% PIB frente al 0,20%). El tabaco paga un 78,8% del precio de venta, a medias entre el 62,5% de Luxemburgo y el 87,5% de Grecia. Y donde hay una gran diferencia es en los carburantes: en el diesel, España es el 5º país UE con menos  impuestos (0,573 euros/litro frente a 0,667 en Alemania, 0,941 en Francia o 1,01 euros en Italia) y en la gasolina, el 7º país donde se pagan menos impuestos (0,683 euros/litro frente a 0,880 en Alemania, 0,890 en Reino Unido, 0,941 en Francia o 1,014 en Italia).

En las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, España recauda cada año 3.250 millones menos que la media europea. Y nos quedan las tasas y precios públicos, donde España es el 2º país con menos recaudación de Europa, tras Irlanda: recauda el 2,2% del PIB, frente al 3,1% de la UE-28, el 3,2% de Alemania, el 4% de Francia y el 7,5% de Finlandia.

En resumen, como se ha visto, España recauda menos en todos los impuestos, no tanto porque tengamos los tipos más bajos (que también) sino porque deja de ingresar cada año 40.000 millones en beneficios fiscales por IRPF, IVA y Sociedades, de los que se benefician unos españoles (los que tienen Planes de pensiones, los restaurantes o las grandes empresas con filiales en el extranjero) y no otros, en perjuicio de la recaudación general. Y además, hay mucho fraude fiscal, en el IVA, en impuestos especiales, Sociedades y el IRPF (menos), estimado en unos 40.000 millones de euros anuales por los Técnicos de Hacienda (GESTHA). Por todo ello ingresamos menos que Europa (81.500 millones menos).

El resultado de esta “ineficacia fiscal” es que España lleva 4 años creciendo y sin embargo, en 2017 recaudó menos que en 2007: 198.100 millones de euros frente a 200.676 millones recaudados en 2007, según Hacienda. En el IRPF ya recaudamos más que antes de la crisis (77.038 frente a 72.614 millones), igual que en el IVA (63.647 millones frente a 55.851, el mayor “salto” en la recaudación total) y en impuestos especiales (20.308 frente a 19.786 millones en 2007), pero donde está “el gran agujero” es en el impuesto de sociedades: en 2017 se recaudaron 23.143 millones, casi la mitad que en 2007 (44.823 millones). Y eso a pesar de que las empresas llevan tres años largos con beneficios y ganan ya más que en 2008 (267.680 millones en 2017 frente a 169.206, según el INE) . Y su porcentaje de beneficio bruto, el 42,8% de la producción, es de los más elevados de Europa (40% de media en la UE).

Así que hay margen para recaudar más, en todos los impuestos pero sobre todo en Sociedades, haciendo que las grandes empresas, bancos y multinacionales paguen más impuestos, lo mismo que los más ricos, que pagan “legalmente” poco acogiéndose a empresas pantalla o a SICAV (y a paraísos fiscales). La Comisión Europea ya le ha dicho a España que debe recaudar más por IVA (quitando el IVA reducido y superreducido a muchos productos y atacando más el fraude del IVA podría recaudar 16.000 millones más) y subir los impuestos al gasóleo y a la gasolina (otros 2.000 millones más de ingresos), así como varios impuestos medioambientales (otros 2.000 millones extras). Pero el ministro Montoro se niega, mientras confía en aumentar la recaudación con el puro crecimiento de la economía y con un nuevo impuesto, sobre las tecnológicas, que no estará listo hasta 2019 (lo tiene que aprobar Europa) y que sólo reportará entre 600 y 1.500 millones extras al año.

La mejora de la recaudación, esos 81.500 millones más que nos faltan cada año para “recaudar como europeos”, pasa por una reforma fiscal en todos los impuestos, haciendo que paguen más los que hoy pagan “legalmente menos” (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos), no la mayoría de los españoles, que ya pagan el 83% de todos los impuestos (empresas y ahorradores pagan el 17% restante). Pero eso supone hacer pagar más impuestos a sectores poderosos, con mucha influencia política y mediática, razón por la que no lo quieren aplicar ni el PP ni Ciudadanos, que defienden bajadas de impuestos, este año (incluso han bajado “de tapadillo” el impuesto al juego online, del 25 al 20%) y sobre todo en 2019, de cara a las próximas elecciones. Un camino que recortaría aún más la recaudación y nos impediría gastar más en lo que hace falta.

Porque la urgencia de recaudar más es porque ayudaría a solucionar los mayores problemas de España. Si conseguimos ingresar 40.000 millones más (de los 81.500 menos que recaudamos respecto a Europa), podríamos reducir drásticamente el déficit (10.000 millones) y destinar los 30.000 millones restantes a gastos públicos que nos hacen mucha falta: luchar contra el paro (4.000 millones), las pensiones (10.000 millones), paliar la pobreza (4.000 millones), mejorar la sanidad y la educación (2.000 millones cada una), paliar el déficit en Dependencia (1.000 millones) y destinar el resto (4.000 millones) a tecnología, infraestructuras, digitalización y modernización de la economía, para asentar la recuperación. Pero todo eso no puede hacerse con el sistema fiscal ineficiente que tenemos y sin una lucha más decidida contra el fraude fiscal, con más medios (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania).

En resumen, el problema nº 1 es que España recauda poco y si lo resolviéramos, recaudando como el resto de Europa, tendríamos mucho futuro ganado. No podemos exigir unas pensiones y unos servicios públicos “europeos” cuando tenemos una recaudación fiscal tercermundista. Si queremos un país más moderno, un mejor Estado del Bienestar, más empleo y mejores pensiones, alguien tendrá que pagarlo. Y deben ser los que hoy pagan menos, no la mayoría de españoles que viven de una nómina y ya pagan bastante. O se recauda más o no se podrá gastar más en lo que hace falta  y seguiremos con el déficit público muchos años. Este debería ser el gran debate, pero nadie lo hace hoy día (tampoco la "oposición") . Así nos va.

Comer carne: subcampeones de Europa

Los problemas de cada día no deben impedirnos reflexionar sobre el mundo que vivimos y sobre este crecimiento poco sostenible, que pone en peligro el medio ambiente y nuestro futuro. El Cambio Climático ya está aquí y hay que afrontarlo en todos los ámbitos, también en la alimentación. Comemos demasiada carne y eso provoca una creciente ganadería industrial que emite muchos gases de efecto invernadero, consume demasiada agua y tierras de cultivo, deforesta y contamina. Y encima, perjudica nuestra salud, provocando enfermedades cardiovasculares y cáncer. España es el 2º país de Europa que más carne consume y la ganadería perjudica al medio ambiente la mitad que el transporte, con miles de granjas produciendo no sólo para nosotros sino para exportar (un tercio de la carne), aunque contaminan aquí. Habría que consumir menos carne y lácteos (no nos hacen falta tantas proteínas animales) y comer más verduras, hortalizas, legumbres y cereales, por nuestra salud y por la del Planeta. Es algo en lo que podemos ayudar todos.

enrique ortega

Cuando yo era niño y adolescente, en los años 50 y primeros 60, en España se consumía poca carne: un día por semana o en las fiestas. Luego, el consumo de carne aumentó, pero no se disparó hasta los años 90, con 100 kilos de media por español, alcanzando el máximo en 2002: 120 kilos por habitante al año. Habían cambiado los hábitos de consumo: si antes se comían “cosas con carne”, en este siglo se come “carne con cosas”. Y aunque la crisis hizo mella en el consumo de carne, bajando a partir de 2007, todavía comemos mucha: 94,04 kilos por habitante en 2013, según los últimos datos de la FAO (ONU) aportados por Greenpeace. Eso nos sitúa en 2º lugar en el consumo europeo de carne (85 kilos/habitante en la UE), por detrás de Luxemburgo. Y también consumimos mucha leche y derivados lácteos: 165,03 kg/habitante, aunque estamos por debajo de la media europea (260 kg/habitante).

El Ministerio de Agricultura (MAPAMA) rebaja estas cifras de consumo de carne a 50,13 kilos por habitante en 2016, pero es un dato parcial, porque sólo incluye la carne que compran las familias, no el consumo fuera de casa, que si recoge la estadística de la FAO, más completa. Pero el dato de compra de carne en el súper nos sirve para saber qué carne se compra: 74% carne fresca, 2,5% congelada y 23,5% transformada (desde embutidos a hamburguesas), el consumo que más crece. Y respecto a la carne fresca, en los últimos años se ha disparado el consumo de pollo (18,70 kilos por persona/año) y cerdo (14,40 kilos), estabilizándose en vacuno (7,55 kilos) y bajando el cordero y otras carnes (9,35 kilos). En total, el gasto en carne por persona fue de 320,22 euros en 2016, a los que habría que sumar otros 182,79 euros en leche y derivados lácteos. En total, comer carnes y lácteos supone un gasto anual de 503 euros por español, un tercio de todo el gasto en alimentación. La mayor factura.

Pero comer tanta carne y lácteos tiene otros costes, más preocupantes. El primero y fundamental, sobre la salud. Un polémico informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó, en octubre de 2015, del riesgo de un consumo excesivo de carnes procesadas (salchichas, embutidos, hamburguesas) y carnes rojas: puede provocar cáncer colorrectal. Además, otros estudios científicos revelaron que el consumo excesivo de carnes y lácteos favorece la obesidad y el sobrepeso, con riesgo de enfermedades cardiovasculares y la  diabetes tipo 2, las dos enfermedades de este siglo. Ya el Libro Blanco de la Nutrición en España alerta sobre los elevados consumos de carnes grasas y embutidos y un exceso de carnes y lácteos en la dieta, sobre todo en las ciudades y clases medias y altas.

El exceso de carne y lácteos en la alimentación no sólo perjudica el bolsillo y la salud. También atenta contra el Planeta, contra el medio ambiente. Y eso porque el consumo de carne (y lácteos) se ha disparado en el mundo, siendo este siglo XXI  “la era de la carne”. Si en 1950, la producción mundial de carne era de 50 millones de toneladas, en el año 2.000 ya se había cuadruplicado con creces (229 millones Tm) y en 2017 se ha multiplicado por más de 6 (322 millones Tm).Y se espera que alcance los 465 millones de toneladas para 2050. Ello se debe al fuerte aumento del consumo de los países occidentales (de 60 kilos por persona en 1964 a 96 kilos ahora), pero sobre todo al aumento de consumo de carne de los países en desarrollo, que están cambiando su dieta. Es el caso de China, que hace 20 años sólo consumía 5 kilos de carne por persona y año y hoy ya consume 50 kilos. En consecuencia, el consumo de carne se ha estabilizado en los países desarrollados (a niveles altos: 115 kilos/persona en EEUU) pero crece imparable en los países emergentes, lo que augura que el consumo total de carne en el mundo se duplique, pasando de los 45 kilos de media actuales a 80 kilos de media por persona en 2050 (y más de 100 kilos en los países ricos).

Este esperado salto en el consumo de carne (y lácteos) en el mundo va a disparar aún más la ganadería industrial, la opción elegida para hacer frente a la creciente demanda de carne en el siglo XXI: han desaparecido las explotaciones ganaderas pequeñas y familiares y se han sustituido por enormes granjas, con muchos animales por hectárea (maltratados) y un sistema industrial de producción, apoyado en piensos, hormonas y antibióticos. Baste decir que en el mundo se sacrifican más de 70.000 millones de animales cada año, 192 millones de animales sacrificados cada día. Sólo en España se matan cada año 886 millones de animales, casi 20 por cada español, una media de 1.700 animales sacrificados por minuto (1.482 pollos y aves, 90 cerdos, 90 conejos, 17 ovejas, 5 vacas y 2 cabras), según datos oficiales recogidos por Greenpeace. De hecho, la industria cárnica es la 4ª industria española (tras el automóvil, las petroleras y las eléctricas), con 86.000 empleos y más de 3.000 empresas, que facturaron 24.000 millones de euros en 2017, según la asociación Anice. Un poderoso "lobby", el de la carne, que financia incluso estudios (como el reciente de los médicos de familia) a favor del consumo de carne.

Esta  gigantesca industria de la carne, en el mundo y en España, subvencionada además con Fondos europeos, provoca graves daños al medio ambiente y al Planeta. En primer lugar, la ganadería emite un 14,5% de los gases de efecto invernadero (GEI), responsables del Cambio Climático, casi tanto como el transporte, según los informes de la ONU y la FAO. El ganado es responsable de un 37% de las emisiones de metano (al hacer su digestión) y del 65% de las emisiones de oxido nitroso (por el estiércol), dos gases más peligrosos para el clima que el CO2. Y provoca dos tercios de las emisiones mundiales de amoniaco (por el estiércol), culpable de la lluvia ácida. Además, producir carne masivamente lleva a talar bosques para pastos y cultivos para el ganado y esta deforestación causa el 9% de todas las emisiones mundiales de CO2. Por eso, desde 2008, la ONU lleva recomendando consumir menos carne para ayudar a frenar el Cambio Climático.

En España, la ganadería emitió en 2015 más de 86 millones de Tm de CO2, según los cálculos de Greenpeace, que estima que la ganadería y la agricultura son el 4º emisor de gases de efecto invernadero, produciendo el 13,35% de las emisiones totales. Y el primer emisor de metano y de oxido nitroso, más dañinos que el CO2. Las granjas que más emiten son las de cerdos (por las emisiones de los piensos para alimentarles y por los purines, el estiércol) y las de vacas (por los forrajes y piensos y por el metano de su digestión).

 Además de emitir gases peligrosos, la ganadería industrial consume mucho forraje, cereales y piensos, que obliga a cultivar muchas tierras para la alimentación animal y no para  producir alimentos a los humanos (que en muchos lugares pasan hambre). Así, producir 200 gramos de carne se lleva 45 cuencos de cereales que podrían alimentar a 20 personas, según la FAO. De hecho, en España, la ganadería industrial requiere destinar el 77% de toda la superficie agrícola  (18 millones de hectáreas) a plantar forraje y cereales para el ganado, además de importar cada año 15 millones de Tm de cereales y leguminosas para alimentar al ganado, según los datos de Greenpeace. Precisamente, la gran necesidad de piensos ha hecho que España utilice cultivos transgénicos para el ganado, el 95% de todos los de la UE.

Si la ganadería industrial necesita tierras para alimentar a los animales, necesita también mucha agua, una barbaridad: consume más de 48.000 millones de metros cúbicos al año, el consumo de todos los hogares españoles durante 21 años. Recuerde: producir un filete de 200 gramos exige tanto agua como darse una ducha, según Greenpeace. Y además, esa ganadería industrial contamina gravemente el agua, con los excrementos y purines (hay 50 millones de cerdos en España, que producen purines para llenar 66 piscinas olímpicas de excrementos cada día…), que ya han contaminado los acuíferos y las aguas de consumo en Aragón, las dos Castillas y sobre todo en Cataluña, donde la mitad del territorio tiene contaminadas las aguas subterráneas por la ganadería industrial, según denuncia Greenpeace.

Pero además del agua, la ganadería industrial también contamina el aire. Por un lado, las granjas emiten a la atmósfera amoniaco (por los purines y fertilizantes), 54.493 Tm en 2016, que al oxidarse produce también oxido nitroso. Pero además, está demostrado que en las áreas próximas a grandes granjas ganaderas hay contaminación por partículas en suspensión (PM 2,5), gases y endotoxinas, que pueden provocar problemas respiratorios y cáncer, según han advertido las autoridades sanitarias en Europa.

Y hay otra contaminación aún más preocupante, la de los antibióticos y hormonas que se utilizan en la ganadería industrial, para fomentar la cría y engorde o prevenir enfermedades. Y aquí, la situación en España es preocupante, porque somos el país europeo que más los utiliza: 3.029 toneladas de antibióticos vendidos para la ganadería en 2015, según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un 36% de todas las ventas en Europa (30 países). El riesgo es doble: se han detectado antibióticos en las aguas subterráneas y en el agua corriente y puede provocar problemas en los humanos, favoreciendo la resistencia a los antibióticos, una gran preocupación de la OMS, que piensa causará más muertes que en cáncer en 2050. Además, después, al procesarse muchas de estas carnes, se les añaden productos que pueden ser nocivos: conservantes y aditivos, antioxidantes, excipientes y mucha sal (el 75% de la sal que consumimos viene de alimentos procesados, no está en el alimento original: una hamburguesa, por ejemplo, tiene 13 veces más sal que un filete normal).

Tras este repaso a sus efectos sobre la salud y el Planeta, quizás mire la carne de otra manera. Pero además, hay otra cosa a tener en cuenta: mucha de la carne que se produce en España, la tercera parte, es para exportar, pero sus efectos negativos sobre el medio ambiente se quedan aquí. España exportó en 2017 más de 2,3 millones de toneladas de carne, superando por primera vez los 6.000 millones de euros de ingresos. Somos el 4º productor mundial de carne de cerdo (tras China, EEUU y Alemania) y el 2º productor europeo de ovino y caprino, tras Reino Unido. Y el 4º país europeo en productos cárnicos elaborados, tras Alemania, Italia y Francia. O sea que, aunque redujéramos el consumo interno de carne, las grandes granjas de animales seguirían ahí, para exportar  carne y lácteos a todo el mundo. Y destrozarían nuestro clima, nuestras aguas y nuestro aire para mantener ese potente negocio.

Algo habrá que hacer. En la Cumbre del Clima de París (2015), 195 países ya se comprometieron a reducir sus emisiones (a partir de 2020) entre el 20 y el 30% para 2030. Y eso exige tomar medidas en la energía, los transportes, las viviendas y la industria, pero también en la alimentación, reduciendo el consumo de carne. Greenpeace ha lanzado un objetivo mundial: reducir el consumo de carne un 50% para 2050: de 45 a 20 kilos/persona y año). Y en el caso de España, trazan dos objetivos: reducir el consumo  de 94 a 24 kilos de carne en 2030 (y de 165 kg de lácteos a 57 kilos) a 16 kilos de carne y 33 de lácteos en 2050. Serían 300 gramos de carne a la semana (suficientes para las proteínas necesarias), frente a 1,8 kilos hoy, quizás un objetivo imposible. Pero habría que bajar el consumo. Y para ello plantean medidas en dos frentes. Por un lado, más control y exigencias a la ganadería industrial, forzando la reducción de emisiones y contaminación y no autorizando macrogranjas (la de Noviercas, en Soria, tendrá 20.000 vacas y será la granja más grande de Europa). Y por otro, educación a las personas y a los niños, para consumir menos carne (y sobre todo menos carne procesada y roja) y menos lácteos y más cereales, verduras, hortalizas y legumbres, la “dieta mediterránea”.

Comer menos carne no es una moda ni un “invento ecologista”, es una necesidad si queremos cuidar nuestra salud y la del Planeta, además del bolsillo. Es importante obligar a las empresas a informar al consumidor de “la huella de carbono”: así sabremos que producir 1 kilo de cordero supone 10.629 gramos de CO2 equivalente, frente a sólo 140 gramos de CO2 por kilo de naranjas o 299 gramos por kilo de tomates. O que producir 1 kilo de vaca se lleva 10 kilos de pienso y 15.000 litros de agua, además de emitir 7.275 gramos de CO2 (ver este cuadro con las emisiones de CO2  que genera  producir los alimentos). Un despropósito y un despilfarro. Y más cuando  hay 791 millones de personas que pasan hambre mientras el mundo cultiva para alimentar a los animales. No puede ser. A todos nos gusta la carne, pero habrá que comerla menos, dos veces a la semana, modificando la dieta y comiendo más sano. Y más sostenible. Ser subcampeones de Europa en comer carne es una locura. Tenemos que cambiar.

Rajoy y las pensiones: el que venga detrás...

Las pensiones han sido moneda de cambio para que Rajoy asegure la Legislatura: a cambio de los 5 votos del PNV, acepta subir todas las pensiones un 1,6% este año y en 2019, algo que consideraba “imposible” hasta ahora. Y lo más importante: retrasa hasta 2023 la reforma (recortes) que impuso en 2013, “para asegurar el futuro de las pensiones”. Dos “parches” que no afrontan el problema de las pensiones, cuyo déficit se agravará si no se toman medidas. La fundamental: no hacer más recortes sino conseguir más ingresos, entre 20.000 y 50.000 millones extras a 20 años, con ahorros, más cotizaciones y más ingresos fiscales, sobre todo de los que menos pagan (grandes empresas, bancos, multinacionales y los más ricos). España recauda 81.000 millones menos al año que Europa y así no hay quien financie las pensiones ni lo demás. Urge dejarse de “politiqueos” con las pensiones y afrontar una reforma de fondo. Porque si no, la solución será peor después.

enrique ortega

“Me veo una vez más obligado a pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Porque es muy fácil decir: suba las pensiones, ¿cuánto?, lo que quiera. Pero si luego no hay recursos para pagarlo, lo que estaremos es tomando el pelo a la gente”.
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Mariano Rajoy. Bruselas, 23 febrero 2018

Así pensaba Rajoy hasta hace poco: no se pueden subir más las pensiones. No salen las cuentas. Pero de repente salen: cuando el PNV le ofrece apoyar sus Presupuestos, este año y el que viene, y salvarle la Legislatura. Entonces sí hay dinero: 3.300 millones extras a gastar en las pensiones este año (1.500 millones más de lo dicho) y el que viene (1.800 más), para que todas las pensiones suban lo que el IPC, un 1,6% en 2018 y en 2019, a cobrar con efecto retroactivo desde enero de este año (unos 10 euros extras al mes, de media). Además, se mantiene la subida ya prevista del 3% para las pensiones mínimas (600 millones de gasto extra) y la subida de la base reguladora (del 52 al 56%) de las pensiones de viudedad (otro gasto de 400 millones). En total, 2.500 millones de gasto extra en pensiones en 2018 (y 2.800 en 2019) que hace unos días eran “imposibles”.

Pero hay más. El acuerdo del PP con el PNV, para que le apoye los Presupuestos 2018 con sus 5 diputados, tiene una cláusula de más calado que este dinero extra para las pensiones: se retrasa de enero de 2019 a enero de 2023 (4 años) la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una reforma que el Gobierno Rajoy aprobó en 2013 para tratar de frenar el importe de las futuras pensiones y recortarlas, hasta un 30% para 2050. En su momento, el Gobierno del PP “vendió” esta reforma como un cambio necesario “para asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones”: como los españoles vivimos más años, se trataba de rebajar el importe inicial de las nuevas pensiones, ya que las íbamos a cobrar más años. Según algunos cálculos, eso supondría rebajar desde 2019 todas las nuevas pensiones un porcentaje cada año, de tal manera que serían un 29,8% más bajas para 2050 (la nueva máxima pasaría de 2.561 euros a 1.797 euros y lo mismo las demás.

Ahora, Rajoy tira por la borda su reforma y las nuevas pensiones no se ajustarán hasta 2023. Rajoy ha apostado por salvar esta Legislatura y “el que venga detrás que arree”…No es que los recortes del “factor de sostenibilidad” fueran la solución  al grave problema de las pensiones (la clave está en aumentar los ingresos de sistema de pensiones, no en recortar los gastos), pero el Gobierno Rajoy sí lo creía y lo defendía… hasta que le ha tocado elegir entre mantenerse en el Gobierno o sanear las cuentas de las pensiones. Y con las elecciones de 2019 y 2020 por delante, no quiere perder el voto de casi 9 millones de pensionistas.

Pero es todo un parche para salir adelante ahora, sin preocuparse del futuro. Y además, un parche pactado entre Rajoy y el presidente del PNV, al margen del Parlamento y de donde tiene que pactarse la reforma de las pensiones, en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (47 miembros). Y como todo parche, no afronta una reforma en profundidad del sistema de pensiones, reforma pendiente desde que se renovó el Parlamento en 2016 (y antes). De momento, Montoro sólo ha lanzado “globos sonda”, como que el gasto extra en pensiones (los 1.500 millones nuevos pactados con el PNV, no los 2.500 millones más presupuestado en 2018) van a salir de “un nuevo impuesto” que quiere poner a las tecnológicas (Google, Apple o Amazon), algo difícil de aplicar en un solo país y que la Comisión Europea estudia pero que está aún “muy verde” para que permita ingresar más este año (y serían sólo 600 millones, frente a 2.500 millones de gasto extra).

El Gobierno Rajoy trata de “ganar tiempo” y no afrontar una reforma a fondo de las pensiones, algo que tampoco agobia a “la oposición”, mientras millones de españoles están muy preocupados por sus pensiones. Veamos, antes que nada, cuál es “el problema de las pensiones” en España. Básicamente, que los ingresos por cotizaciones crecen menos de lo que crece el gasto en pensiones. En 2017, las cotizaciones crecieron un 5% y recaudaron 109.000 millones. Y el gasto en pensiones, aunque se ha moderado tras las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013), ya que creció un 3% en 2017, ascendió a 127.000 millones. Ahí tenemos el “agujero”: -18.000 millones de déficit en 2017, similar al de 2016 (-18.500 millones). Y para 2018, los expertos creen que se mantendrá en 17.000 millones de euros, lo que ya ha obligado al Gobierno a aprobar un crédito de 15.000 millones del Tesoro a la Seguridad Social, para asegurar el pago de las pensiones este año, porque en “la hucha” de las pensiones ya sólo quedan 8.000 millones (había 66.815 en 2011).

El problema de este “agujero” de la Seguridad Social es que no es coyuntural, sino estructural. Porque los ingresos por cotizaciones no crecen lo que hace falta, a pesar de que se han recuperado 2 millones de cotizantes de los 3 millones perdidos con la crisis. Pero los nuevos trabajadores son precarios, muchos tienen contratos temporales (25,7%) y a tiempo parcial (un tercio), y por tanto sus sueldos son bajos (el sueldo medio bruto en España son 1.177 euros mensuales, según el INE) y cotizan poco. Y mientras, la Seguridad Social recauda poco (aunque haya medio millón más de cotizantes cada año), la factura de las pensiones crece mes a mes, porque hay más españoles que se jubilan (somos el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón) y además, los nuevos jubilados han cotizado más (antes de la crisis) y su pensión es más alta (1.396 euros las nuevas en marzo 2018). Y así, cada mes nos gastamos 9.000 millones en pagar pensiones y sólo se ingresan 7.500.

Además, lo preocupante es que el problema se va a agravar con los años. Porque aunque pueda mejorar algo más el empleo y llegarse a 20 millones de españoles trabajando, los jubilados crecerán mucho más: en 2050, un tercio de los españoles tendrán más de 65 años y el número de pensiones pasará de los 9,5 millones actuales a 15 millones. Y además, los pensionistas vivirán más años: 90 frente a los 83 años de hoy. Mientras este envejecimiento aumentará la factura de las pensiones, bajará la población española y habrá menos gente trabajando y cotizando: 900.000 activos menos en 2025. Así que si ahora no salen las cuentas, en las próximas décadas aún menos.

Y eso sin contar que el sistema no permite revalorizar apenas las pensiones actuales ni subir las mínimas, que cobran demasiados pensionistas (1.067101 pensionistas cobran menos de 600 euros al mes). Porque con la reforma impuesta por Rajoy en 2013, las pensiones actuales se revalorizaban (antes del pacto con el PNV) un 0.25% anual (2 euros al mes) hasta 2040, según el Banco de España, con lo que los pensionistas actuales perderán un 35% de poder adquisitivo. 0 sea, que una pensión de 700 euros (son casi la mitad hoy) se quedaría en 455 euros reales en 2040. Si se quiere evitar y revalorizarlas más, el déficit de la Seguridad Social subiría más. Así que hacen falta recursos para tapar el déficit actual y para poder subir algo más las pensiones en los próximos años. Dos grandes objetivos que obligan a ingresar para las pensiones entre 50.000 y 80.000 millones más en un horizonte a 20 años. Como poco.

Aquí estamos, con un agujero estructural en las cuentas de las pensiones y con 8,7 millones de pensionistas que pierden poder adquisitivo y temen por el futuro de sus pensiones, mientras la oposición tiene “ocurrencias” y el Gobierno Rajoy no hace nada, salvo aprobar un crédito para tapar el agujero. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones mágicas sino un abanico de medidas a tomar, a corto y medio plazo.

Por un lado, “quitar lastre” a las cuentas de la Seguridad Social para que consiga algunos ahorros, como ya han propuesto expertos y sindicatos. Por un lado, quitar las bonificaciones de cuotas a empresas y autónomos, las llamadas “tarifas planas” (3.700 millones de pérdida de cotizaciones), que no son útiles para crear empleo, o costearlas a cargo de los Presupuestos, no de la SS. Por otra, quitar del Presupuesto de las pensiones el coste del Ministerio de Empleo (4.000 millones), un anacronismo que debería pagar el Presupuesto del Estado, como los demás Ministerios.  En tercer lugar, pagar el subsidio a más parados (el 50% no cobran nada), con lo que la SS ingresaría cotizaciones por ellos que ahora pierde (otros 3.000 millones). Y por último, subir la cotización de los sueldos más altos (hoy tienen un tope de 3.751 euros: lo que se gane de más no cotiza), haciendo que los  sueldos altos coticen por todo lo que ganan, con lo que se podrían ingresar 7.500 millones más. Entre estas 4 medidas, posibles a corto plazo, son 18.200 millones más para las pensiones.

Aún harían falta entre 32.000 y 62.000 millones más para estabilizar las cuentas a medio plazo y subir algo más las pensiones actuales. Y si no se quieren aprobar más recortes, sólo puede conseguirse con más ingresos, por dos vías: cotizaciones e impuestos.

La primera vía, subir las cotizaciones a empresas y trabajadores es viable porque en España se pagan menos cotizaciones sociales que en Europa: los ingresos netos suponen el 12,2% del PIB (2016), frente al 13,3% en Europa y el 15,3% en la eurozona, muy por debajo del peso de las cotizaciones sociales en Alemania (16,7% del PIB), Francia (18,8%), Italia (13,2%) o Portugal (11,7%) y sólo por debajo de Reino Unido (7,7%), según Eurostat . Eso significa que si en España se cotizara como en la eurozona, la Seguridad Social podría ingresar 35.000 millones más cada año. Pensemos en una subida paulatina y menor, para no penalizar en exceso el empleo, por ejemplo 20.000 millones más de cotizaciones en 4 años. Posible. Sobre todo cuando se fomenta fiscalmente que esos mismos trabajadores se paguen una pensión privada con los Planes. Mejor que el dinero extra se lo paguen a la Seguridad Social.

Y entonces queda recaudar entre 12.000 y 42.000 millones extras por la otra vía, los impuestos. Y se puede hacer, porque España recauda mucho menos ingresos fiscales que el resto de Europa. Concretamente, en 2017, se recaudó un 37,9% del PIB en España mientras la media UE-27 recaudó un 44,9% del PIB, según Eurostat. A lo claro, esto significa que si recaudáramos como el resto de Europa, Hacienda debería ingresar 81.456 millones más al año, lo que daría para no tener déficit, pagar parte de las pensiones (25.000 millones) y gastar en lo que hace falta, desde educación y sanidad a industria, tecnología y digitalización. Pero, por desgracia, esto no se lo oímos a casi nadie, ni al Gobierno ni a la “oposición”: es un mensaje “complejo” y poco populista. No da “titulares”.

Así que, buena parte del futuro de las pensiones pasa por hacer una reforma fiscal que reduzca el fraude y mejore la recaudación. ¿Cómo? La Comisión Europea y la OCDE se lo han dicho al Gobierno Rajoy en varias ocasiones, sin éxito. Primero, deberían subir el IVA al 21% a productos y servicios que ahora pagan el 10% (como hoteles, bares y restaurantes) y reducir el fraude en el IVA, dos medidas con las que se recaudarían 16.000 millones más. Otra vía es subir el impuesto al gasóleo y la gasolina (más bajos que en Europa), que reportarían otros 2.000 millones. Y subir los impuestos medio ambientales, como ha pedido la OCDE, otros 2.000 millones más. En total, 18.000 millones más, que la mitad podría ir a las pensiones. Y todavía quedaría, para mejorar la recaudación, que paguen más impuestos tres colectivos que pagan hoy poco “legalmente”: grandes empresas y bancos, multinacionales y los más ricos.. Si se modifica la legislación y se dota a Hacienda de más inspectores (hay 1.928 contribuyentes por inspector frente a 860 en Francia o 729 en Alemania), podríamos recaudar unos 30.000 millones más a medio plazo y destinar la mitad a las pensiones.

No son “las cuentas de la lechera”, sino un resumen de las propuestas de muchos expertos para asegurar el futuro de las pensiones. Se puede conseguir, pero no con medidas “simplistas” y demagógicas (PSOE y Podemos) ni “sentándose a esperar” que mejoren las cotizaciones (PP) y mucho menos bajando los impuestos (Ciudadanos). Hay que sentarse, echar cuentas y arañar ahorros e ingresos de aquí y de allá, con realismo y sin politiqueos. Y sabiendo que cuanto más se tarde en conseguir nuevos ingresos, más fácil será que nos impongan recortes más duros. No pidamos sólo subidas de las pensiones. Exijamos que pacten reformas de fondo ya para asegurar el futuro de las pensiones. No pierdan más tiempo.