Los cinco grandes
bancos españoles ganaron hasta septiembre 11.400 millones de euros, más que en todo el año 2016. Y eso ha
sido gracias a que nos han cobrado un
11% más en comisiones, sobre todo de tarjetas, cajeros, cuentas, fondos y
Bolsa. Y también porque han abierto la mano en créditos al consumo, cobrando tipos más altos que en Europa, aunque
sólo nos pagan el 0,1% por los depósitos (donde tenemos 775.000
millones de euros). Además, les ha ayudado a ganar más el seguir cerrando oficinas y despidiendo empleados,
81.500 ya desde 2008. Ahora, la banca ya ha anunciado nuevos despidos (1.585 el
Santander, tras absorber el Popular) y seguirá subiendo las comisiones,
mientras espera que 2018 sea un año
de grandes beneficios, porque subirán
los tipos de interés (BCE). Es bueno que la banca sanee sus cuentas, pero,
tras las cuantiosas ayudas públicas recibidas,
debería cambiar: ser más transparente, más ética y más eficiente,
no “brearnos” a comisiones. Necesitamos otra
banca.
La banca sí ha salido de la crisis,
mientras el 70% de los españoles afirman que todavía no notan la recuperación. Los cinco grandes bancos (Santander, BBVA,
CaixaBank, Bankia y Sabadell) han conseguido, de enero a septiembre de 2017,
unos beneficios netos de 11.400 millones de euros, un 24,3% más que en los nueve primeros meses del año pasado y más beneficios que en todo 2016 (8.755
millones), año que les cayeron los beneficios
(-22,3%) por las pérdidas del Banco Popular. Casi la mitad de estos
beneficios de 2017 los tiene el Santander (5.077 millones), seguido de BBVA
(3.449 millones), CaixaBank (1.488), Bankia (739) y Sabadell (654 millones).
Con todo, el beneficio de los cinco grandes bancos españoles aún no ha recuperado el nivel de antes de la crisis (15.093 millones enero-septiembre 2008).
Tomando a toda la
banca española, los últimos datos de la patronal AEB son del primer semestre de 2017: ganaron 6.964 millones de
euros, un 18,6% más que en el primer
semestre del año pasado y casi tanto como lo ganado en todo 2016 (7.987 millones). Eso sí, todavía están lejos de recuperar los beneficios de antes de la crisis, los 9.712
millones ganados en el primer semestre de 2008.
Los beneficios de la
banca mejoran sensiblemente este año por varias razones. La principal,
porque siguen aumentando los ingresos por comisiones que cobran a los clientes. Los cinco grandes bancos
han ingresado por comisiones 15.716 millones en los nueve primeros meses de 2017, un 11% más que en 2016, destacando el
tirón de las comisiones en Santander
(8.648 millones, +14,6%), BBVA (3.705
millones, +4,2%), CaixaBank (1.867 millones, +20,8%), Sabadell (904 millones, +5,1%) y Bankia (636 millones,
+4,1%). Para toda la banca española,
tenemos los datos del primer semestre: 7.265 millones ingresados por comisiones, un 8,77% más, casi tanto como antes de la
crisis.
La banca española ha conseguido en 2017 aumentar sus
ingresos por comisiones en casi todo, desde lo que
cobran por transferencias, descubiertos o mantenimiento de cuenta a las
comisiones por venta de seguros, fondos
y Planes de pensiones, sin olvidar el fuerte aumento en las comisiones por
operar en Bolsa. Y sobre todo, han aumentado mucho los ingresos por sacar
dinero en los cajeros y por la
operativa de las tarjetas de crédito,
sin olvidar las comisiones que cobran en los créditos personales e hipotecas.
Muchos bancos han aumentado la comisión que cobran por tener una cuenta corriente,
sobre todo a los clientes “no
vinculados”, los que no tienen la nómina domiciliada ni contratan otros
servicios (el Santander, por ejemplo, con la Cuenta 1,2,3). E incluso varios cobran por algunas operaciones hechas en las oficinas, en un intento de que vayan menos los clientes y
usen los canales “online”. También han subido las comisiones por descubierto, que son dos: una fija (entre 30 y 45 euros) y otra
variable, sobre el importe del descubierto, que ronda el 4,5% (con un mínimo de
15 a 20 euros). Y suben las comisiones por hacer transferencias, que pueden ser gratis (banca online) hasta un
0,35% de lo transferido (con mínimos de 3 a 8 euros por operación). A partir del 21 de noviembre, las transferencias serán instantáneas (10 segundos), al entrar en vigor el nuevo sistema europeo de transferencias, pero no gratuitas (el cargo, 3 euros o más por transferencia, dependerá de cada banco y cliente).
Este año 2017, una gran fuente de comisiones son las operaciones en los cajeros (455.000 operaciones en el primer semestre, un 1,5% menos que el año pasado), tras la aprobación de las nuevas tarifas en enero de 2016.Los
grandes bancos cobran entre 1,80 (BBVA) y 2 euros (CaixaBank) a los clientes de
otras entidades que usan sus cajeros, mientras Bankia y las cajas de la red
Euro 6.000 cobran entre 0,65 y 1,80 euros por operación de clientes de terceras
entidades. Ahora, tras la reciente fusión de 4B, Servired y Euro 6000, operativa a partir de enero, podrían incluso endurecerse los cobros, al gestionar una única sociedad (un monopolio de hecho) los 50.193 cajeros existentes.
Pero la gran fuente de comisiones son las tarjetas de crédito, que han
batido en 2017 todos los récords:
77,25 millones de tarjetas en junio
(50,85 de crédito y 26,40 de débito). Y con las tarjetas, la banca ingresa por todos los lados: desde que las coloca
al cliente (comisión anual de 35 a 45 euros al año) hasta lo que cobra a la
tienda por el TPV y las compras (el 0,3% por operación en las tarjetas de
crédito y un 0,2% en las de débito, más de 3 millones de operaciones al año)
más los ingresos por descubierto, cuando nos pasamos en el límite de compras. Y
luego están las compras que se hacen a crédito, con las tarjetas revolving: se paga cada mes una cantidad fija, que es como un crédito por el que se pagan
intereses (rozan el 20% anual). Este uso de las tarjetas para comprar a crédito se ha
disparado y supuso un gasto de 12.765 millones al mes en septiembre, según el Banco de España (frente a 10.432 millones en septiembre de 2016), por el los bancos
cobraron jugosos intereses.
También ayuda a engordar las comisiones que la banca haya empezado a dar más créditos a las familias (no a
las empresas). Por un lado, los bancos
llevan dos años y medio concediendo más créditos al consumo, para
comprar coche, pagar estudios o irse de vacaciones, con importes bajos y plazos
cortos. Este año, de enero a septiembre, la banca española concedió 21.056 millones en crédito al consumo, un 15,6% más que el año pasado y el doble que en
todo 2012. Unos créditos donde la banca cobra de media el 8,83%, bastante más
que los bancos de la zona euro (6,20%), según datos del BCE. Y donde además carga comisiones y a veces exige contratar un
seguro (más comisiones). Por otro lado, la banca está concediendo más hipotecas (26.500 al mes, el doble que hace cuatro años),
en las que cobra un interés similar al de la banca europea (2,21% frente a
2,20%), mientras intenta que los clientes contraten a tipos fijos (ya lo tienen
el 40% de las hipotecas), que les dejan más rentabilidad. Y además, también por las hipotecas cobran comisiones: de estudio, de apertura (hasta 2.000
euros), de cancelación parcial o total (0,25 al 0,50%)…
Y todo este dinero que presta la banca, en crédito al
consumo o hipotecas, es dinero que no le
ha costado nada: los tipos de interés oficiales del dinero están en el 0% y el dinero que les dejan los clientes en depósitos (775.000 millones de euros) sólo les cuesta
el 0,1 % de media, según datos del BCE. En los depósitos a un
año, por ejemplo, la banca española paga el 0,09% a sus clientes, muy por
debajo de la media que paga la banca europea (0,37%). Y en las cuentas a la vista, pagan el 0,04% (el
0,05% en la zona euro).
En resumen, la banca española consigue aumentar sus beneficios (un +24,3% los
cinco grandes) gracias a que ingresan
más por comisiones y a que prestan más dinero que no les cuesta. Además, en
2017 siguen haciendo caja con la venta de viviendas
con las que se habían quedado a la fuerza (de promotores y clientes morosos):
en los primeros 9 meses ya se han desprendido de 52.000 millones en activos
inmobiliarios, 30.000 el Santander, del Popular), frente a 22.000 millones
ingresados en 2016. Y se espera que sigan vendiendo inmuebles en 2018, con el
objetivo de que el ladrillo deje de ser un lastre para la banca en 2019. Y otra vía de mejorar beneficios ha sido recortar costes, cerrando oficinas y despidiendo empleados. Entre 2008 y 2016, la banca española ha cerrado 16.000 oficinas (1 de cada 3) y
ha recortado 81.575 empleos (3 de
cada 10), según el Banco de España. Y el ajuste no ha terminado: Santander ha anunciado 1.585 despidos más (por la absorción del Popular), Bankia otros 1.300 (por la fusión con BMN) y Evo Banco otros 270, mientras los expertos creen que la banca
recortará otro 30% sus plantillas en los próximos 10 años.
Bueno, ya sabemos por
qué la banca española recupera sus beneficios de siempre. Ahora se espera
que los beneficios se disparen en 2018 y
2019, porque la mayoría del ajuste
está hecho (ya no tienen que dedicar tanto dinero a saneamientos y
provisiones), porque “harán la digestión”
de las fusiones (más negocio y menos costes) y, sobre todo, porque subirán los tipos de interés en Europa (BCE), la clave del negocio bancario: poder cobrar más por el dinero. Eso
sí, el crédito no despega y llevamos ya casi 9 años de caída del crédito "vivo" (el crédito nuevo que se concede es
menor que el que se devuelve o amortiza): un recorte del crédito a empresas y
familias del 33% (-611.000 millones)
desde 2008, según el Banco de España. Y todavía habrá que esperar a que crezca, porque falta que se recupere el crédito a
las empresas, porque la banca tiene miedo de prestar y porque hay pocas
empresas solventes que se lancen a endeudarse para invertir más.
Por ello, los bancos van a seguir centrando su negocio en los préstamos
personales y en conceder algunas
hipotecas más (solo a clientes con trabajos fijos y sueldos decentes), pero
sobre todo en cobrar más comisiones a la mayoría de los clientes, la principal fuente de sus
beneficios. “En la próxima década, el
cobro de los servicios prestados será la norma”, advirtió
el año pasado la patronal bancaria AEB,
mientras la mayoría de entidades, ante la apatía del crédito, busca más
ingresos en el negocio no específicamente
bancario, como los seguros, los
fondos de inversión, la operativa de Bolsa y sobre todo, las tarjetas de
crédito, vía comisiones crecientes. Y en la operativa diaria, buscan cargar más comisiones a los clientes no vinculados (sin nómina, tarjetas,
créditos o productos), los que no aportan
negocio.
Es la estrategia de la banca española, mientras se enfrenta
a dos problemas de fondo: recuperar su mala imagen entre los clientes (se presentan más de 1.000 demandas diarias contra la banca en los Juzgados, sólo por hipotecas) y
afrontar la digitalización, un reto en el que afrontan la creciente competencia de los grandes de Internet (Google, Apple,
Facebook, Amazon), que cada vez ofrecen más medios de pago y servicios financieros.
Para afrontarlos, necesitan crear una nueva banca, más dinámica, más ágil, más transparente y, sobre todo, más cercana al cliente, que no les
perdona que les hayan engañado (venta
de acciones preferentes, cláusulas suelo) y
que les quieran cobrar por todo,
sobre todo después de haber sido rescatados
con dinero público que
mayoritariamente no se podrá recuperar (41.150
millones). España necesita una banca
rentable para financiar la recuperación, pero no a costa de “brear” al
cliente con comisiones y tipos más altos que en Europa. Necesitamos una banca más eficiente, justa, transparente y más comprometida con la
recuperación y el empleo. Urge tener una banca “nueva”.
Mañana se clausura en Bonn la 23 Cumbre del Clima, sin avances para concretar los recortes de
emisiones aprobados en la Cumbre
de París de 2015. El CO2 sigue
creciendo en la atmósfera y bate todos
los récords históricos, mientras los expertos alertan de que el consumo energético crecerá un 30% hasta
2040 y que si no se toman medidas drásticas, la temperatura del Planeta subirá
entre 3 y 4 grados, no el 1,5 grado deseable. El mundo está en una preocupante encrucijada, con Trump fuera de control y China, India y paises emergentes
emitiendo cada vez más. Europa
aprueba medidas para aumentar las renovables y los coches eléctricos, mientras España volverá a emitir más CO2 este año,
por el auge del carbón y la sequía. Y
no tendremos Ley del Cambio Climático
hasta dentro de 1 año. Urge que paises, políticos y ciudadanos tomemos medidas
para afrontar el mayor problema del siglo
XXI. Se acaba el tiempo para salvar el Planeta y nuestras vidas.
El 30 de octubre, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) dio una nueva alerta: la
concentración de CO2 en la atmósfera
alcanzó en 2016 las 403,3 partes por
millón (ppm), un nuevo récord histórico, que casi duplica el CO2 de niveles preindustriales (antes de 1750). Y
daban un dato escalofriante: la última vez que la tierra conoció una cantidad de CO2
comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años, cuando la temperatura era
entre 2 y 3 grados más alta y el nivel del mar era entre 10 y 20 metros más
alto que hoy.
El nivel de CO2 en la
atmósfera sigue subiendo a pesar de que las emisiones mundiales se han estancado en los últimos tres años,
en 2014(+0,7%), 2015 (+0,06%) y 2016 (+0,2%). Pero han sido muchas
décadas de emitir CO2 a mansalva y el gas se queda ahí durante milenios
y más en los océanos. Además, lo preocupante es que las emisiones de CO2 van a volver a crecer en 2017, un 2%,
hasta alcanzar 41,5 gigatoneladas, según dos estudios difundidos días antes de
la Cumbre de Bonn. Y eso porque subirán
las emisiones de China (+3,5%), India
(+2%) y paises emergentes, aunque bajarán en EEUU y Europa.
Actualmente, los
mayores emisores de CO2 son China (29,17% de todas las emisiones en 2016),
Estados Unidos (14,01%), Unión Europea (9,60%), India (7,08%), Rusia (4,60%) y
Japón (4%), repartiéndose el 21,54% restante entre el resto del mundo. Pero esta estadística es engañosa, por partida
doble. Por un lado, China, India y los emergentes emiten mucho hoy porque
están creciendo, pero Occidente lleva más de dos siglos emitiendo
CO2. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta la población, las emisiones por habitante. Y aquí, Occidente bate todos los récords, encabezando el
ranking Canadá (18,62 Tm CO2/cápita en 2016), Australia (17,22), Arabia Saudí
(16,1), Estados Unidos (15,56), Rusia (11,54), Japón (9,68), Europa (8), China
(7,45) e India (1,92), según puede verse en este mapa. En Europa,
las mayores emisiones de CO2 por habitante se dan en Alemania (9,47 Tm), Italia
(6,30), Reino Unido (5,5), España (5,44
Tm/habitante), Francia (5,12) y Portugal (4,82 Tm).
El CO2 (emitido por los transportes, la industria,
las eléctricas, las viviendas, la agricultura y ganadería y los residuos)
es culpable del 80% de los gases de
efecto invernadero, una especie de “paraguas” que rodea la Tierra y evita
que el calor salga a la atmósfera exterior. El resto del problema se debe a las
emisiones de metano (12% emisiones),
óxido nitroso NO2 (5% emisiones) y gases
fluorados (3%). Y lo que pasa es que las emisiones de metano no dejan de crecer desde hace una década, agravando así el aumento de CO2. El
39,2% del metano es de origen natural pero el
60,8% restante se debe a actividades
humanas: un tercio a la ganadería
(los 2.500 millones de cabezas de ganado emiten metano), otro tercio a la
producción y distribución de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), un 18%
a la gestión de basuras y aguas
residuales y otro 9% por los arrozales. Al final, los paises pobres y en
desarrollo de África, Asia y Latinoamérica producen el 64% del metano que va a
la atmósfera y un 30% los paises ricos del norte.
En la Cumbre de París de 2015,195 paises firmaron un Acuerdo para recortar las emisiones sólo
de CO2, no las de metano y demás gases de efecto invernadero. El objetivo es recortar las emisiones de CO2 entre el 20% y el 30% para 2030, para que la temperatura de la
Tierra suba a finales de siglo entre 1,5
y 2ºC, no los 3º o 4ºC que subiría si no se hiciera nada. Y en paralelo, la
promesa de crear un Fondo verde de 100.000 millones de dólares anuales para
ayudar a los paises más pobres a reconvertir su energía y paliar los daños del
Cambio Climático. El Acuerdo de París era limitado (porque los recortes son voluntarios, no
vinculantes para los paises) e insuficiente:
científicos del IPCC (organismo de la ONU) señalaron
después que, con los recortes prometidos en París, la temperatura subiría
de 2,9 a 3,4 grados a finales de siglo, no los 1,5º-2ºC deseados. Pero aun así, era un importante punto de partida, la
primera vez que todo el mundo se ponía de acuerdo en reducir emisiones (a
partir de 2020), ya que el actual Protocolo de Kioto (en vigor de 2005 a 2020) solo fue aprobado (en 1997) por
Europa y 10 pequeños paises, no por EEUUU, China, Rusia, India o Japón, los
mayores emisores.
Han pasado dos años
de la firma del Acuerdo de París y apenas se ha avanzado contra las emisiones de CO2, mientras el Cambio Climático se hace omnipresente:
mayores temperaturas (2016 y 2017 serán los años más calurosos del siglo),
sequías, huracanes, inundaciones, malas cosechas y hambrunas… Y además, Donald Trump retiró en junio de 2017 a
EEUU del Acuerdo de París, con lo que queda en el aire el importante recorte de
emisiones prometido por Obama: entre el 26% y el 28% para 2015 (sobre 2005). En
esta Cumbre de Bonn
había que avanzar en las medidas para recortar las emisiones y decidir quien
aporta los 100.000 millones del Fondo verde, pero apenas se ha concretado nada
y todos los Planes quedan para la próxima Cumbre
del Clima de finales de 2018, en Katowice (Polonia), el país más “sucio” de
Europa.
Lo preocupante de no concretar medidas para recortar las
emisiones es que mientras, el mundo
sigue consumiendo energía y emitiendo CO2 de forma imparable ahora que se
crece más. Y la Agencia Internacional de la Energía acaba de alertar que el consumo de energía se va a disparar en
el mundo: crecerá un +30% de
aquí a 2040, debido al fuerte crecimiento
esperado (+3,4% anual del PIB) y al aumento de población (de 7.400 a 9.000 millones), pero sobre todo al fuerte crecimiento del consumo energético en China
(casi duplicará su consumo energético para 2040), India (lo triplicará con creces), resto de Asia y Oriente Próximo (lo duplicarán) y África (triplicará su consumo de
energía), mientras crecerá poco en Europa
y USA. O sea que el mundo en desarrollo crecerá a
costa de disparar su consumo energético (petróleo y gas, pero también carbón) y
emitir lo que antes han emitido los paises ricos. Y con este horizonte, no hay
manera de luchar contra el Cambio Climático.
Así que la lucha contra el Cambio Climático no está tanto en Occidente (que
también: somos los que más emitimos por habitante) sino en conseguir que el mundo en desarrollo crezca de otra
manera, con combustibles más limpios, para lo que van a necesitar la tecnología
y las ayudas de Occidente. Y no será fácil, porque no van a poner en peligro su
crecimiento por la ecología. Pero ahí
nos jugamos todos el futuro, en Asia,
Latinoamérica y África.
Mientras, Europa sigue
a la vanguardia política de la lucha contra el
Cambio Climático y tanto Merkel como Macron han acordado en Bonn celebrar una Cumbre extraordinaria en diciembre, en París, con 100 Jefes de Estado mundiales, para reforzar la lucha contra el cambio Climático ahora que no se puede contar con EEUU . Entre tanto, la Comisión Europea teme que 7 paises europeos no puedan cumplir sus recortes de emisiones para 2020 (Alemania, Austria, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Malta) y ha optado por "dar una vuelta de tuerca" y elevar los objetivos medioambientales de la UE: recortarán sus emisiones un 40% para 2030 (sobre las de 1990) y elevarán al 35/40% la
aportación de las energías renovables.
Además, el 8 de noviembre han
aprobado límites más estrictos a las emisiones de los coches, con
importantes ayudas a los coches eléctricos. Y quieren cambiar el sistema que penaliza las emisiones de CO2 de
eléctricas e industrias (45% de las emisiones totales en la UE), porque actualmente
el precio en el mercado del CO2 está muy barato (7 euros por Tm, cuando debía estar en 30 euros) y a las empresas les compensa pagarlo en vez de invertir en sistemas
para contaminar menos.
Entre tanto, España
va a su aire, también en esto de las emisiones y las medidas contra el
Cambio Climático. En 2016 se redujeron las emisiones de CO2 un 3,5%, tras subir en 2014 (+0,5%) y
2015 (+3,5%). Pero este año 2017, las emisiones de CO2 volverán a subir en España, dado que la sequía ha
provocado un aumento del consumo de carbón y un menor peso de la
electricidad producida con fuentes
renovables (33,7% frente al 38,9% en 2016 y el 40,5% en 2013 y 2014). Pero lo peor es nuestra “historia”. España es uno de los 5 únicos paises de
Europa (junto a Chipre Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2015 (+16,6%)
mientras los 23 restantes y la propia UE las reducían (-23,7%), según los datos de la Agencia europea de Medio Ambiente. Así que ahora, cumplir con los
Acuerdos de París y recortar las emisiones nos va a costar mucho más que al resto. Porque nos tocará en el reparto reducir
las emisiones un 26% sobre 1990: significará reducir ese 26% más el 16,6 de
aumento…
¿Quién tiene que reducir
las emisiones de CO2 en España? Pues los que contaminan: el 27% de las emisiones las causan los transportes (25% la carretera), el 23% las industrias, el 18% las eléctricas, el 12% las viviendas y edificios, el 11”
el campo (70% la ganadería), el 4%
las refinerías y otro 4% la gestión de residuos, según el balance 2016 enviado a Bruselas por el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente. Así que ahí
urge actuar. De momento, el
Gobierno ha estado recibiendo aportaciones de expertos hasta finales de octubre
(más de 300) y ahora tiene que preparar
un proyecto de ley de cambio Climático, que dice va a aprobar en el primer trimestre de 2018. Y luego, tendrá que pactarla en el Congreso,
con lo que se espera que la Ley española
de Cambio Climático no esté lista hasta finales de 2018.
La primera medida
que han propuesto a España la Agencia Internacional de la Energía y la
OCDE es que el Gobierno recorte las
ayudas públicas a los combustibles fósiles, que suponen 1.100 millones de euros al año, según el IDIMA: 470 millones a las centrales térmicas de carbón y gas, 339 millones
de exenciones fiscales al transporte y 400 millones a la agricultura
(devolución impuesto hidrocarburos). Es
una locura financiar con dinero público el consumo de energías que envenenan la
atmósfera. Otra medida clave es acabar con el carbón en la generación de electricidad (hoy aporta el 17% de la
luz), ya que 9 de las 10 instalaciones
que más contaminan en España son centrales térmicas de carbón. Y aquí se da
el contrasentido de que Iberdrola quiere cerrar dos centrales de carbón y el ministro de Energía se opone, “por temor a que falte suministro” (la realidad es que
la oferta eléctrica duplica la demanda). La clave es apoyar las energías renovables y reducir las centrales de gas (emiten CO2) y las nucleares
(potencialmente peligrosas y generan unos residuos costosísimos).
Los transportes,
la mayor fuente de CO2, exigen un amplio paquete de medidas. Desde recortar el peso de la carretera (83% de
las mercancías frente al 45% en Europa) a fomentar el ferrocarril y el coche eléctrico: en España se venden 4.750 coches eléctricos al año (el
0,4% de las ventas de 2016) y haría falta tener 300.000 coches eléctricos en 2020 (el 5%
de las ventas) para cumplir con los Acuerdos de París, según Deloitte. Y eso no se va a conseguir con ayudas ridículas, como
los 35 millones recién aprobados por el Plan Movalt (la Comisión Europea acaba de aprobar 1.000 millones para
promover el coche eléctrico).
Otro sector clave es la
industria (23% emisiones), donde urge una
política del palo (endurecer el
coste de la Tm de CO2 emitida) y la zanahoria (ayudas públicas y
créditos para reconvertir las instalaciones). Y lo mismo en el campo, a la vez que los consumidores nos concienciamos de que
comemos demasiada carne, culpable de muchas emisiones: debemos saber que
producir 1 kilo de cordero supone
emitir 10.629 gramos de CO2, 7.275 gramos de CO2 para 1 kilo de vaca, 2.592
gramos de CO2 para 1 kilo de cerdo, 1.409 gramos 1 kilo de pollo o sólo 299
gramos de CO2 para producir un kilo de tomates o 140 gramos para 1 kilo de
naranjas. Y otro tanto en nuestras casas
y edificios, al poner la calefacción o ahorrar energía: habría que rehabilitar energéticamente 12 millones de viviendas (la mitad del parque español)
de aquí a 2050 para cumplir con la Directiva energética de la UE.
Al final, recortar emisiones de CO2 (y metano) pasa por tratar de ahorrar energía y consumir energías más limpias, huyendo en lo posible del petróleo, el
carbón y el gas. Y todo ello exige
inversiones, cuesta dinero. Exige una inversión entre 330.000 y 385.000 millones de euros de aquí a 2050, según un estudio de la consultora Deloitte, la mayoría (65%) en el sector eléctrico.
Eso supone gastar unos 10.000 millones al año contra el Cambio Climático.
Una buena parte de ese dinero podría venir de
los impuestos verdes, ya que España está a la cola de Europa en impuestos medioambientales: ingresamos el
1,8% del PIB frente al 2,5% de media en la UE-28. Con estos impuestos a
industrias y particulares que contaminan podrían ingresarse 7.800 millones más al año. Y podríamos
empezar subiendo los impuestos a los carburantes, porque en España la gasolina paga un 27% menos de impuestos (18 céntimos
menos/litro) y el gasóleo un 25,6% menos (14 céntimos menos/litro) que la media
europea. Eso sí, otra parte del esfuerzo inversor lo tendríamos que hacer los consumidores, que tendríamos que pagar precios más altos para tener una economía más limpia.
Pero es lo que hay:
o se toman medidas y se gasta dinero en
reconvertir la economía para que deje de consumir a todo trapo energías
contaminantes o cada vez habrá más
emisiones, subirá la temperatura del Planeta (ya llevamos +1,1ºC sobre la
era preindustrial) y el Cambio Climático
nos pasará factura, en olas de calor, sequías, huracanes, inundaciones,
malas cosechas y subidas del nivel del
mar peligrosas para los millones que viven en las costas. Un Cambio Climático
que, según los expertos, afectará más a España que al resto de Europa. No podemos arriesgarnos a todo
eso. Pero el tiempo para tomar medidas se acaba, como acaban de advertir 15.000 científicos en una carta pública. Paises, políticos y ciudadanos tenemos
que afrontar en serio el problema, el más grave de este siglo. Nos jugamos el Planeta y nuestras vidas,
pero sobre todo las de nuestros nietos y sus descendientes.
La venta de pisos
ha vuelto a subir en septiembre y son ya casi
4 años de recuperación, tras el desplome de 2008 a 2013. Lo que tira de las ventas son los inversores, extranjeros y
españoles, que compran pisos para alquilarlos,
algo cada vez más rentable. Y también que hay más gente trabajando y más hipotecas. Con este tirón de ventas, los precios de los pisos siguen
subiendo, 13 trimestres seguidos,
aunque sólo recuperan un tercio (+16%) de la caída de precios sufrida con la
crisis (-42%). Se consolida el despegue de la vivienda, pero no hay riesgo de “burbuja” inmobiliaria, salvo en el centro de las grandes
ciudades, donde precios y ventas se han disparado, en pisos y alquileres. El
problema está en que esta recuperación de la vivienda dificulta que muchos españoles, con empleos precarios y salarios mileuristas, compren o alquilen. Son un 30% de las familias. Y nadie les
ofrece viviendas públicas a bajo
precio, desatendidas por el Estado, autonomías y ayuntamientos.
La vivienda se
recupera poco a poco, aunque lejos del “boom” de ventas y precios de
principios del siglo XXI. En septiembre
han vuelto a subir las ventas de viviendas, un 11% sobre septiembre del año pasado, según los datos del INE conocidos hoy. Y con ello, se han vendido ya este año 354.400 viviendas, un 14%
más que el año pasado. Los expertos esperan cerrar el año con unas ventas de 470.000 viviendas (el mejor dato de ventas desde 2008), lo que convertiría a 2017 en el 4º año consecutivo de subida de ventas desde 2014 (318.800 viviendas
vendidas), tras el desplome sufrido de 2007 (775.300 pisos vendidos) a 2013
(312.600 viviendas vendidas). Se trata de una recuperación firme, pero no puede hablarse de una nueva “burbuja
inmobiliaria”, porque las ventas están todavía muy lejos de los años dorados del ladrillo, de
2004 a 2007, cuando en España se vendían una media de 885.000 viviendas al año.
El tirón de las ventas se debe a las viviendas de segunda mano (82 de cada 100 viviendas vendidas, 328.200 en 2016 frente a
162.600 en 2012), ya que la venta de viviendas
nuevas todavía no se ha recuperado
(se vendieron 75.600 en 2016, frente a 155.900 en 2012), mientras que antes de
la crisis la proporción de venta de usadas/nuevas era 50/50. Y hay que
resaltar que el repunte de ventas es muy
desigual por regiones: este año, las ventas de viviendas crecen más en
Castilla la Mancha, Comunidad valenciana, Galicia, Extremadura y Madrid. Y
crecen menos en Navarra, el País Vasco y Rioja.
Casi tres de cada
cuatro compradores de vivienda
(71,26%) lo hacen para vivir en ella,
pero más de una cuarta parte (28,74%)
la compran para invertir en ella,
para alquilarla, según un estudio de Tecnocasa. Son inversores, españoles y extranjeros (el 17% de las
compras las hacen extranjeros, frente a un 10% antes de la crisis), que están tirando de las compras y que ven
la vivienda como una buena inversión: comprar un piso y alquilarlo está dando
una rentabilidad del 7,1% en
septiembre de 2017 (frente al 5,9% hace un año), según un análisis del portal Idealista. Una rentabilidad muy superior a la de otras
inversiones, desde la Bolsa a la deuda pública. Y aún es mayor la rentabilidad
de invertir en locales comerciales (8,3%) y oficinas (7,7%), lo que explica el aluvión de dinero (español y sobre todo de fondos extranjeros) que está llegando al
sector inmobiliario español (aquí sí puede haber una “burbuja”).
Volviendo a los pisos, no sólo se venden más porque mucha gente los compre para alquilar, sino
también porque hay más familias que los
compran para vivir, ahora que los precios son todavía bajos y ellos tienen
más empleo (hay 2 millones de españoles más trabajando
que en 2013), aunque sea precario y mal pagado. También tiran de las compras los extranjeros que comprar en
España para vivir, veranear o invertir (el 17% de las compras, que llegan al 50% en Alicante, el 44% en
canarias, el 33% en Baleares y el 32% en Gerona y Málaga). Y también ayuda
a las ventas que ahora las hipotecas (sólo 1 de cada 3 viviendas se compran al contado) son más baratas (el tipo medio está en
el 2,76%, a 24 años) y los bancos han
empezado a “abrir la mano”, eso
sí mirando con lupa a quien le
prestan (buscando que tengan contratos fijos y un ingreso mensual que triplique
al menos la cuota de la hipoteca). La concesión de hipotecas viene creciendo
desde principios de 2015 y se están dando unas 26.000 hipotecas al mes,
la cuarta parte de las que se daban en los años del “boom del ladrillo” (108.000
hipotecas al mes en 2006).
El tirón de las ventas se ha alimentado sobre todo del desplome de precios de la vivienda con la crisis: los pisos bajaron un 42% entre 2007
y 2013. Pero ahora, el tirón de las ventas ha provocado una fuerte subida de precios, que dura ya 13 trimestres, desde la primavera de 2014, con una subida acumulada del 16% (5,45% este año 2017).
Eso sí, la subida de precios está siendo muy desigual, siendo mayor en los
centros de las grandes capitales y en las ciudades donde hay menos stock de
viviendas sin vender. Las mayores subidas
se dan este año en Madrid (+7,9%), Cataluña (+5,9%) y País Vasco (+5,5%),
mientras los precios sólo bajan en Asturias (-0,7%), según los últimos datos del INE.
Ahora, los expertos creen que los precios seguirán subiendo tres
o cuatro años más, una media del 4,7% anual, según Moodys, aunque es probable que no
recuperen el 26% perdido todavía respecto a los precios de 2007. Eso
significaría que el propietario que
piense en vender no debería esperar más, porque los precios pueden estar ya
cerca del límite. Y que el comprador potencial no debe esperar tampoco, porque
los precios seguirán subiendo, aunque menos que en los últimos años. Eso sí, la
subida futura va a depender mucho de las zonas: Andalucía, Baleares y Canarias tienen
menos recorrido de subidas y sin embargo los precios pueden subir más en
Madrid, Cataluña, Navarra y Aragón.
El futuro de la vivienda depende mucho
de que propietarios y bancos
consigan dar salida al enorme stock de viviendas sin vender, estimado por el Banco de España en 508.549
viviendas (un 2% del parque total). Este enorme patrimonio de casas sin
vender frena la subida de precios, sobre todo en las zonas donde el stock es mayor:
Murcia (5,5% de viviendas sin
vender), Comunidad Valenciana (4,8%),
Cantabria (3%), Castilla la Mancha y Andalucía
(2,5%). El problema del stock de viviendas sin vender es de tal magnitud en
algunas provincias (Castellón,
Toledo, la Rioja, Almería, Ciudad Real, Alicante, Teruel, Ávila, Lérida y Soria)
que la patronal de los promotores-constructores propuso
el año pasado “llegar a demoler viviendas”,
para ayudar así a recuperarse el sector… Una locura y un sinsentido en un país
donde hay millones de familias que
no pueden comprar un piso y dos millones de jóvenes que tampoco pueden alquilarlo, por lo que el 80% viven con sus padres.
Ahora, los expertos confían que las ventas de viviendas sigan creciendo
mes a mes y en 2018 ronden la cifra
de 500.000 viviendas vendidas, cerca
ya de las 558.429 vendidas en 2008 pero todavía lejos del promedio de 885.000
vendidas al año entre 2004 y 2007. Si sigue fuerte la demanda y se agotan las
viviendas usadas en algunas provincias, podrían
empezar a construirse más viviendas nuevas, que por ahora despegan despacio: en 2016 se terminaron
60.000 viviendas nuevas, por encima del mínimo de 34.300 viviendas construidas
en 2013 pero muy lejos todavía de las 865.000 viviendas iniciadas en España en
2006. Los promotores piensan que en
los próximos años se podrían iniciar 100.000
viviendas al año, pero se quejan de que se están disparando los precios de los solares (sobre todo en las grandes capitales) y los sueldos, debido a que falta mano de obra preparada en la construcción (desde soladores a yeseros pasando
por pintores y fontaneros, que perdieron su trabajo hace 10 años y no han sido
sustituidos por jóvenes formados que quieran trabajar en una obra).
La clave del futuro
de la vivienda va a estar en que las
familias españolas se recuperen, mejoren sus empleos y sus ingresos y puedan pensar en comprar un piso, algo que
se va a poner más difícil a partir de
2018 porque van a subir los tipos de
interés, al retirar el BCE sus estímulos monetarios. Con todo, hay una parte importante de españoles
que no notan la recuperación y que no
van a poder pensar en ser propietarios de un piso: son todas las familias
que ingresan menos de 2.000 euros al mes
(el 30% de los hogares, 5.5 millones de familias, según un estudio de Fedea
) y que por tanto no pueden pagar los
810 euros al mes de hipoteca que les costaría comprar un piso medio en una gran
ciudad. Con esos ingresos, les resulta difícil incluso alquilar, porque los
alquileres han subido un 12,3% en el último año y un alquiler medio en una gran
ciudad cuesta ya entre 700 y 1.200 euros al mes
(fuera del centro), una cantidad que tampoco pueden pagar muchos jóvenes y
familias.
Eso obliga a muchos
españoles a buscar un piso de promoción pública o un alquiler social. El problema es que no
hay, sobre todo donde más falta hace, en las grandes capitales. Y no
hay porque el Estado, las autonomías y
ayuntamientos han abandonado la promoción de viviendas públicas, sobre todo
desde 2010 y más desde 2012, con el Gobierno Rajoy. Y así, si entre 1940 y 2011, la mitad de las familias españolas accedieron a
su primera vivienda gracias a una vivienda protegida, en 2016 sólo se iniciaron
6.000 viviendas protegidas. Y los expertos alertan que si no se toman medidas, la vivienda protegida
desaparecerá: a los promotores
no les compensa construirlas (hay un exceso de burocracia y faltan suelo y
ayudas) y al comprador no les
compensa adquirirlas, porque el precio supera en un 15% a las viviendas libres,
no existen apenas ayudas y luego tienen limitaciones para venderlas. Y tampoco
las autonomías ni los Ayuntamientos (salvo
ahora el de Madrid) se están volcando en promociones de viviendas públicas
para alquilar.
En resumen, que la vivienda se recupera en ventas y
precios, pero sin estridencias, sin que vayamos a una nueva “burbuja inmobiliaria”
por el momento. Y aunque hay más
familias que ahora pueden comprar una vivienda, todavía el empleo es
demasiado precario y los sueldos bajos como para asentar las ventas, que crecen
impulsadas por los inversores, españoles y extranjeros que compran para alquilar. Eso sí,
el problema de la subida de precios
de los pisos deja
fuera a un tercio de familias, que no pueden comprar ni tampoco
alquilar y a las que no se ofrece una salida, con promociones públicas de
vivienda en alquiler. Hace falta un Pacto
por la vivienda pública, entre el Estado, las autonomías, los ayuntamientos
y los promotores, para crear un parque de vivienda pública, como
tienen otros paises europeos. No dormirse
en la recuperación de la vivienda libre. Porque muchos españoles siguen sin casa.