Este domingo se acaba la
Liga y con ella, la quinta temporada en que
los 42 equipos de 1ª y 2ª División han seguido ajustando sus cuentas, para conseguir beneficios tras años de pérdidas y suspensiones de pagos. Los
Clubes se recuperan económicamente, gracias al fuerte aumento de ingresos
por las retransmisiones de TV y la venta de jugadores, aunque en el
día a día siguen con ligeras pérdidas, por los enormes gastos en fichajes.
La Liga apuesta por seguir
aumentando ingresos y superar en 2022 a
la Liga inglesa, gracias a la retransmisión mundial de partidos y a las
redes sociales, porque el fútbol español
tiene más de 1.600 millones de seguidores en el mundo. Y aspira a atraer a inversores internacionales,
sobre todo chinos y asiáticos, que ya son dueños de muchos Clubes españoles y
europeos. El fútbol mueve 10.000
millones de euros en España y casi duplicará su negocio en 5 años, aunque
podría crearse una burbuja con pies de barro. Negocio y deporte sí, pero con cabeza.
Junio 2010. España gana el
Mundial de fútbol. Y en 2012, gana la tercera Eurocopa, tras las de 2008 y 1964, algo que sólo había conseguido
Alemania. Sin embargo, España es una potencia futbolística con los pies de barro: 32
Clubs entraron en suspensión de pagos entre 2003 y 2012. Y muchos desaparecieron. La gravedad
de la crisis de los Clubes obligó al Gobierno Rajoy a forzar, el 25 de
abril de 2012, la firma de un Protocolo entre la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo
Superior de Deportes (CSD), para ajustar las cuentas del fútbol español, obligados también por la UEFA, que se
enfrentaba al mismo problema en Europa: la mitad de los Clubes europeos perdían dinero en 2010, cuando aprobó un Plan de ajuste continental, el Fair Play Financiero, para forzar a los equipos europeos a sanear sus
cuentas.
El Plan de ajuste acordado en 2012
obligaba a los 42 Clubes de fútbol a enviar de antemano sus Presupuestos
(empezando por los de 20012-2013) a la Liga (LFP) y al Consejo (CSD), para que
se los aprobaran previamente, mientras la UEFA hacía los controles financieros
a posteriori (eliminando de las competiciones europeas a los que no sanearan
sus cuentas). Se trataba de forzar a los Clubs a recortar gastos y deudas, buscando que aumentaran sus
ingresos. Y tras 5 temporadas, el ajuste ha dado sus frutos: en
2015-2016 (última temporada con datos), los 42
Clubes de fútbol de Primera y segunda División han tenido unos beneficios de +149,38 millones de euros, el
4º año con beneficios tras tener pérdidas casi todos los años desde 1.999
(-483,84 millones en 2002-2003, el peor año, según los balances del CSD).
El éxito del ajuste se ha debido sobre todo al aumento de ingresos, un +37,4%,
entre los 2.097 millones ingresados en la temporada 2011-2012 y los 3.327
millones esperados por la LFP para esta temporada 2016-2017. Y aquí, el motor han sido los ingresos por las retransmisiones de televisión, que estaban estabilizados (728,7
millones en 2011-2012 y 854,5 en 2014-2015), hasta que la decisión del Gobierno
de aprobar un real decreto, en abril de 2015, para subastar
y repartir esos ingresos de otra manera, ha disparado esta partida, hasta
los 1.400
millones de ingresos previstos en 2016-2017, casi el doble que hace cinco años. Junto a esta inyección de
fondos, también han crecido un 28,4 %
los ingresos por taquilla y abonados, de 599,3 millones en 2011-2012 a 769,7
millones esperados en 2016-217. Y también han crecido los ingresos comerciales,
por traspasos y publicidad.
La otra palanca del ajuste, los gastos, han crecido menos que antes, pero han seguido
aumentando, un 26,33% entre
2011-2012 (2.323 millones) y 2015-2016 (2.934 millones, último dato del CSD). En general, los
Clubes han frenado el ritmo de sus gastos de personal, pero todavía crecen
mucho y se llevan el 65% de los
gastos de los 20 Clubs de 1ª división (y el 55% de los 22 de 2ª). Además, los
Clubes españoles son los terceros que más gastan en fichajes:
590 millones en 2016 (verano e invierno), sólo por detrás de los 855 millones
que gastaron los Clubes italianos y los 1.770 millones gastados por los equipos
de la Liga británica.
Precisamente, los
fichajes son la herramienta
financiera que permite “maquillar y salvar las cuentas” de los Clubes españoles, ya que en su
actividad “normal” (ingresos ordinarios menos gastos ordinarios), los equipos
de fútbol siguen con pérdidas de explotación: -48,81 millones de pérdidas ordinarias
en la temporada 2015-2016 (-35,58 millones los 20 Clubes de 1ª y -13,23 millones
de los 22 Clubes de 2ª), según las cuentas del CSD. Gracias a la
venta de jugadores y sus “ingresos extraordinarios”, los equipos consiguen
sus beneficios finales: +138,31 millones
de euros los equipos de 1ª (llevan 4 temporadas con beneficios) y +11,06 millones los equipos de 2ª
división (segunda temporada con beneficios), según el CSD.
Los mayores ingresos
por TV, entradas y venta de jugadores no sólo han colocado a los 42 Clubes
de fútbol de 1ª y 2ª en beneficios, sino que les han permitido reducir sus deudas un 5,7%, entre la
temporada 2011-2012 (3.595,7 millones) y la 2015-2016 (3.388 millones de deuda,
2.988,35 los de 1ª y 390,44 los de 2ª división), según los datos del CSD. Y la LFP dice que en estos momentos, la deuda neta de los Clubes está ya en 1.800 millones de euros, la mitad que hace cinco temporadas, tras haber
reducido a la mitad la deuda bancaria
y con jugadores, Clubes y proveedores. Y se ha recortado drásticamente la deuda de los Clubes con Hacienda: si en abril
de 2012 debían al Fisco 750 millones, en junio de 2017 esperan deber 187
millones y sólo unos 50 millones para 2020. Y la deuda de los Clubes a la Seguridad Social ha bajado de 17,99 millones en 2011-2012 a 12,41
millones en 2015-2016.
Ahora, la Liga de
Fútbol Profesional (LFP) busca consolidar este ajuste económico de los Clubes, para conseguir
en cinco años, para 2022, superar a la Premier League británica, la líder del fútbol europeo. De momento, esta temporada 2016-2017, con unos
ingresos de 3.327 millones de euros, la
Liga española habrá superado a la segunda Liga del continente, la Bundesliga alemana (que ingresó 2.392
millones de euros en 2014-2015, frente a 2.053 millones la Liga española y
4.400 la Premier League, según los últimos datos del Estudio Annual Review of Football Finance 2016, elaborado por Deloitte).
El punto de partida
de esta segunda fase de relanzamiento del fútbol español será una auditoría de los 42 Clubs de 1ª y 2ª
división, con 57 indicadores de gestión,
que ha preparado la consultora PwC con las cuentas cerradas de 2016 y que la LFP
hará publica este año. El objetivo es dar
a los equipos una “etiqueta de buena gestión”, que les
permita atraer más ingresos y nuevos inversores. De hecho, el fútbol europeo es hoy una inversión muy
atractiva para grandes inversores internacionales y ya hay 27 grandes Clubes europeos en manos de inversores asiáticos, rusos y americanos. Entre
ellos,
equipos españoles, como el Atlético de Madrid (20% del grupo chino
Wanda), el Espanyol (56,2% grupo
chino Rastar), Granada (100% grupo
chino Desport), Valencia (82%
empresario Peter Lim, de Singapur), Málaga
(jeque catarí Al Thani), Real Oviedo
(71% empresario mexicano Carlos Slim), Mallorca
(norteamericano Robert Sarver, dueño de un club de la NBA), Sabadell (japonés Sakamoto)… Y en estos
momentos, hay 6 Clubes en el punto de mira de inversores extranjeros: Elche, Getafe,
Levante, Tenerife, Valladolid y Córdoba.
En paralelo, la Liga
de Fútbol Profesional (LFP), la patronal que ha reconvertido el deteriorado
fútbol español, busca dar “el gran salto hacia adelante”,
buscando nuevas fuentes de ingresos. La primera y fundamental, aumentar los ingresos por las retransmisiones
de TV, porque aunque se han duplicado entre 2011 y 2017 (de 728 a 1.400
millones), todavía están muy alejados de los 3.500 millones que recauda por TV la Premier League británica. Aquí, el objetivo es doble: aumentar los
abonados españoles a la TV de pago (de los 6 millones actuales a 9 millones en 2021) y captar
400 millones más a nivel internacional, para lo que están negociando acuerdos
con plataformas de TV de Asia, Oriente Medio y América. En esta línea, la LFP
va a poner en marcha un Canal de TV 24
horas (como tiene la Liga inglesa) y ha empezado a emitir un partido los viernes por Facebook. Y
para mejorar la oferta, ofrece repeticiones en 360º con tecnología
5K en las retransmisiones de partidos jugados en el Bernabéu y Nou Camp (pronto
estará disponible en los campos del Atlético de Madrid, Sevilla y Atlético de Bilbao),
una tecnología (INTEL) que no ofrece ninguna otra Liga del mundo.
Las redes sociales son la
gran esperanza de la LFP para
que el futbol español pase a liderar económicamente el fútbol mundial. Y eso
porque el fútbol español, con tres
equipos entre los 15 mayores Clubs del mundo (1º el Manchester United, 2º el
Barca, 3º el Madrid y 13º el Atlético de
Madrid, según el último ranking 2015/2016 de Deloitte) y los últimos 9 ganadores del balón de oro, es
el deporte con más seguidores en las redes sociales: 1.637 millones en el mundo, según la LFP, por delante de la Premier league británica (761 millones de
seguidores), la NBA de baloncesto (718 millones), la Bundesliga alemana ( 350
millones), la Liga italiana Serie A (286 millones), la Liga NFL de fútbol
americano (282 millones de seguidores), la liga de béisbol MLS (180 millones) o
la Fórmula 1 (90 millones de seguidores). Un ejemplo: el penúltimo Madrid-Barca
fue seguido por 600 millones de personas en todo el mundo. Una
audiencia con un tremendo potencial de ingresos que la Liga quiere exprimir al máximo
en Internet y las redes sociales, para lo que firmó en noviembre de 2016 un acuerdo con Microsoft.
En paralelo a esta estrategia, el creciente potencial y
resultados de los Clubes españoles les están abriendo la puerta a nuevas fuentes de ingresos comerciales,
desde los patrocinios a los estadios. De hecho, los patrocinios son ya la primera fuente de ingresos del Real Madrid
(248 millones), por delante de los ingresos de TV (168 millones) y las entradas
y socios (154 millones). Y en la próxima temporada, el Barca sustituirá a Fly
Emirates por la japonesa Rakuten en sus camisetas, pasando de cobrar 33,5
millones anuales a 55 millones. También están subiendo los ingresos por patrocinio de camisetas, en una puja constante entre Adidas (Alemania) y Nike (USA),
que puede llevar al Madrid, por ejemplo, a renegociar su contrato con Adidas y
pasar de cobrar 40 a 140 millones anuales (155 le paga Nike al Barça). Y
aparecen nuevas fuentes de ingresos, como poner
nombre a los estadios de fútbol, algo habitual en Alemania pero hasta ahora
inusual en los grandes clubes europeos. Lo han hecho ya el Arsenal (“Arsenal
Emirates”) y el Manchester City (“Etihad Stadium”) y lo hará el Atlético de Madrid en su nuevo
estadio (“Wanda Metropolitano”), a cambio de 5 millones anuales. Y también el Madrid para la remodelación del
Bernabéu en 2020 (“Bernabéu IPIC” o “Bernabéu Cepsa”) y el Barça para el nuevo Nou Camp, en 2021, con el nombre de quien finalmente lo
financie.
La Liga de fútbol también está detrás de que los Clubes remodelen sus estadios, para que sean más atractivos para los aficionados y generen más ingresos.
Porque uno de los problemas del fútbol español es que atrae pocos aficionados a los campos: una media de 25.734 asistentes por partido y un 71%
de ocupación, frente a 42.685 y 90% en la Bundesliga y 36.163 espectadores y
96% de ocupación en la Premier británica, según
datos de Deloitte. Quizás esta menor asistencia tenga que ver con que las entradas al fútbol en España son las segundas más caras del mundo (70 euros de media), tras las
británicas (74 euros) y el doble o más de lo que valen en Francia (37 euros),
Portugal (32) o Alemania (31), según Goeuro.es
En resumen, el
futbol español está más saneado y aspira a
dar “un gran salto hacia adelante”, para ser en cinco años la primera Liga de
Europa y del mundo. De hecho, si todo el deporte mueve unos 100.000 millones de euros al año en el mundo, el 40%
lo genera el negocio del fútbol y dos tercios, unos 25.000 millones, lo ingresa el fútbol europeo. Y la Liga habla de que en España, el fútbol mueve ya un negocio de 10.000 millones de euros (0,98% PIB) y mantiene 204.000 empleos. Y su objetivo es que
el negocio casi se duplique, hasta los 18.750 millones de euros en 2020 (1,68% PIB). Ojo a este crecimiento:
los clubs han de crecer con cabeza,
asentando ingresos y controlando gastos y deudas, no creando una “burbuja” que nos estalle encima, como las pérdidas en 2012. Y habrá que vigilar
que sea un crecimiento con transparencia, algo que no tienen
hoy las cuentas de los Clubes, según Transparencia Internacional. Además, habrá que evitar que los Clubes sean
utilizados por inversores internacionales para especular, dejando luego
costosas herencias. Fútbol sí, negocio
también (si crea empleo y riqueza), pero sin perder de vista la racionalidad económica y el deporte.
Este miércoles 17 de
mayo se celebra una subasta para
aprobar nuevas instalaciones de energías
renovables, las primeras en 5 años, tras el parón decretado en 2012 por Rajoy, que hundió a las renovables
(eólica, solar, biomasa…), un sector donde España era una potencia mundial.
Esta subasta es muy polémica, porque el Gobierno enfrenta a unas renovables con
otras, permite la especulación y no asegura una rentabilidad futura. España
está lejos de cumplir el objetivo europeo de que un 20% de la energía sea renovable para 2020 y tendrá que autorizar
nuevas
subastas en los próximos años, aunque el Gobierno Rajoy sigue sin apostar
por las renovables, cada vez más competitivas y que ayudan a bajar el recibo de la luz. Habría
que volcarse más en las renovables,
porque España es el país europeo más dependiente del petróleo y el único que emite ahora
más CO2 que en 1.990. Apuesten por el sol y el aire, que nos sobra y es limpio y barato.
Enrique Ortega
España vuelve a
andar este año el camino de las energías renovables, tras haberlo desandado
desde 2012 a 2016. Antes, a partir de
2007, en España se produjo una “burbuja” de renovables, tras las
ayudas introducidas por el Gobierno
Zapatero, que dispararon las instalaciones. En fotovoltaica, por ejemplo, se esperaba instalar 400 Mw en tres años
y se instalaron 3.335 Mw sólo en 2008. La especulación
y la afluencia de inversores españoles y extranjeros provocaron un crecimiento desordenado de los “huertos solares” y de las primas a pagar, en un
momento en que la tecnología no estaba madura y requería fuertes ayudas
públicas. El crecimiento de las instalaciones eólicas fue más ordenado pero
también desmesurado. Y al amparo de este “boom”, España construyó un sector de energías renovables que en
2010 era pionero en el mundo, exportando a varios
continentes.
En esto llegó la crisis, con una caída de la demanda eléctrica y una
explosión del déficit público, que
obligó a recortes en las primas e instalaciones ya en 2010 y 2011. Pero el tajo a las renovables se lo dio el Gobierno Rajoy, a partir de 2012, por partida doble: no autorizando nuevas instalaciones y recortando en 2.100 millones anuales las ayudas a las
instalaciones existentes, la cuarta parte de lo que recibían, lo que provocó
enormes pérdidas a pequeños y grandes inversores, junto a miles de demandas judiciales, dentro y fuera de España (el Gobierno acaba de perder el primer laudo internacional , 128 millones de euros más intereses a pagar a un fondo británico, y hay otras 26 reclamaciones extranjeras esperando). Rajoy justificó
estos recortes en que estas ayudas eran excesivas y una de las causas del déficit eléctrico y de la subida de la
luz. Pero era sólo una
excusa, porque mientras desmantelaba el prometedor sector de las
renovables, autorizaba un parque de centrales térmicas de gas, al amparo de importantes ayudas (por
construirlas y por tenerlas disponibles, aunque no se usen), a pesar de que había
un exceso de capacidad (101.631 Mw de potencia instalada frente a una demanda
de 43.527 Mw), sobre todo por las centrales de gas (25.000 Mw frente a 24.000
la eólica y 4.177 Mw la fotovoltaica).
El Gobierno Rajoy ha
estado cinco años recortando las
ayudas a las renovables y paralizando
nuevas instalaciones, con el argumento de que así bajaba el recibo de la luz. No
es verdad. Primero, porque las renovables
han recibido menos ayudas que las eléctricas tradicionales: entre 1998 y 2011, recibieron
35.000 millones de euros de subvención
mientras las eléctricas tradicionales recibían 53.000 millones por “pagos regulados” (costes de transición a la competencia, pagos por
disponibilidad, ayudas al carbón y “regalo” de derechos de emisión de CO2 que
han vendido). Todo salía de nuestro
recibo. Y segundo, el apoyo a las
renovables supone el 17,22% del recibo actual, pero
hay otro
12% del recibo que pagamos para financiar otras ayudas a las eléctricas que no dicen: compensarles por la luz que
producen en las islas, por el consumo de carbón nacional, por la moratoria
nuclear, por tener disponibles las centrales de gas, para pagar el bono social
y el déficit de tarifa, por las pérdidas de transporte o para compensar a las
grandes industrias consumidoras. Y eso sin contar la parte del recibo que
destinamos a pagar el transporte (2,96%) y la distribución de la luz (10,04%).
En total, un 25% del recibo, más que las
ayudas a las renovables.
Los recortes y
paralización de las renovables han ahorrado costes al recibo pero han
tenido un enorme coste económico para un sector donde España tenía industrias punteras,
que han acabado en crisis, compradas por extranjeros (Gamesa por Siemens) o volcadas en instalaciones internacionales, en América, Oriente
Medio y Asia. De hecho, las empresas fotovoltaicas han perdido entre el 15 y el
55% de sus ingresos y las eólicas han perdido la mitad de sus plantillas (de 40.000 personas en 2008 a 22.000 hoy). Y este retroceso se ha producido mientras
el resto del mundo apostaba por las energías renovables. Así, la potencia eólica instalada entre 2013 y
2015 aumentó un 20% en Europa, un 36% en Asia, un 52% en Norteamérica y sólo un
0,07% en España (el equivalente a 7 aerogeneradores en 2 años).Y la potencia solar fotovoltaica aumentó un
15% en Europa, un 58% en Asia, un 52% en Norteamérica y sólo un 0,3% en España
(el país del sol).
Este parón renovable
en España durante 5 años (2012-2016) ha provocado que España se haya quedado rezagada en Europa, con un 16,15% de energía renovable sobre el
consumo final, según Eurostat, por detrás del 16,7% de la
UE-28 y de 18 paises europeos donde las renovables tienen más peso que en
España, entre ellos Noruega y Suecia (69,4%), Finlandia (39,3%), Dinamarca
(30,8%), Portugal (28%) e Italia (17,5%). En la electricidad, el 36,9%
de la energía que se produce es renovable
(49,8% eólica, 31,1% hidráulica, 13,5% solar, 3,9% biocombustibles y 1,7% el
resto), en la calefacción el 16,8% y en el transporte sólo el 1,8%.
El gran objetivo de
Europa es que el 20% de la
energía sea renovable en 2020. Ya
hay 11 paises europeos que lo cumplen hoy, pero otros 17 todavía no, entre ellos Grecia (15,1%), Francia (15,2%),
Alemania (15,6%), Polonia (11,8%), Reino Unido (8,2%) y España (16,15% de
energía renovable en 2015). Por eso, el Gobierno Rajoy se ha visto obligado a convocar una subasta para aprobar nuevas instalaciones renovables, la
primera importante desde el parón de 2012 (en enero de 2016 hubo una subasta de 700 Mw,
eólicos y biomasa, pero fue un fiasco). La subasta, que se celebra este 17 de mayo, contempla autorizar la instalación de 3.000 Mw renovables nuevos (2.000 + una
ampliación de 1.000), un 10% del parque renovable
existente hoy (30.000 Mw) y el equivalente
a 2 nuevas centrales nucleares.
Es una subasta largamente esperada, pero que ha sido muy
polémica por las condiciones que ha impuesto el Gobierno Rajoy.
La primera crítica del sector es que
la subasta no contempla cupos para las distintas renovables (eólica, solar,
biomasa, cogeneración…) sino que todas
las energías tendrán que competir entre sí, aunque cada una tiene sus costes y
características. Y el sector fotovoltaico (solar) cree que esto beneficia
a la energía eólica, que tiene menores costes y más horas de
funcionamiento anual, por lo que han recurrido la subasta ante el Supremo. También critican que se valore el menor coste de las instalaciones
y no quien ofrece el kilowatio más barato. Y muchos expertos critican que el
sistema de subasta, que permite bajas excesivas, fomenta la especulación. Además, se quejan de que el Gobierno no garantiza un precio a
medio plazo, una rentabilidad razonable. Y que incluso va a recortar lo que paga por kilowatio
renovable, a partir de 2017 (dicen que perderán 600 millones de ingresos entre 2017 y 2019) y sobre todo a
partir de 2020, cuando temen que la rentabilidad de las renovables caiga un 40% y muchas instalaciones tengan que cerrar por no ser económicamente sostenibles.
Las grandes empresas (como Iberdrola, Acciona o EDP) y
algunos fondos de inversión internacionales van a pujar por llevarse la mayor parte de estos 3.000 nuevos Mw renovables, ahora que en todo el mundo aumenta el interés inversor por las nuevas
energías, cada vez más competitivas. Y en los próximos dos años, el
Gobierno Rajoy tendrá que sacar nuevas subastas, porque España necesita ampliar su parque renovable en otros 8.500 Mw para cumplir con ese 20% de energía renovable
que nos exige Bruselas para 2020. Pero el sector pide ya un calendario
claro, con fechas y precios, para programar sus inversiones. Y se quejan de que
el Gobierno Rajoy, aunque convoque las subastas por imperativo europeo, no está
a favor de las energías renovables y no
las apoya al hacer estas polémicas subastas y no asegurar futuras rentabilidades. Y también
denuncian que, entre ellas, sólo apuesta por la energía eólica, donde más han avanzado las grandes eléctricas españolas.
La oposición debería presionar el Gobierno para ir más allá de ese 20% de energías renovables para 2020, porque España
es un país doblemente interesado en estas energías alternativas a los
combustibles fósiles. Por un lado, porque somos
el país de Europa más dependiente energéticamente del exterior: importamos
el 72,3% de la energía total que consumimos, frente al 53% de media en Europa.
Y esa dependencia nos supone un alto coste: la factura del petróleo, carbón y gas
importado nos costó 29.563 millones de
euros en 2016 (y 57.162 millones en 2013, con el petróleo más caro), casi
lo que ingresamos neto por turismo (36.000 millones de euros en 2016). Y por
otro lado, porque esta enorme dependencia de los combustibles fósiles nos hace un país “muy sucio”:
somos el 5º país europeo que emite más CO2 y el único del continente que emite
hoy
más CO2 que en 1990.
Deberíamos cambiar radicalmente la política energética
y apostar por energías que tenemos de sobra en España, como el sol, el aire, la biomasa o las mareas.
Unas energías que tecnológicamente han avanzado mucho y que ya son competitivas y tienen costes incluso por debajo de las térmicas
de carbón, gas o fuel. Así, un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AEI) estudió en 2015 los
costes de 181 centrales en 22 paises y concluyó que las centrales eólicas están
entre las que producen electricidad más
barata y que se ha abaratado mucho la luz de origen fotovoltaico (solar).
Incluso un informe de la ONU señala que las energías renovables serán la fuente de energía más barata en el mundo en 10 años.
Así que el Gobierno
Rajoy debería dejar de hacer demagogia con las energías renovables (“son caras y encarecen el recibo de la luz”)
y apostar más decididamente por ellas
para que tengamos una energía más limpia
y más barata, con recursos ilimitados dentro de España. Y de paso, apoyar un sector que puede consolidar su liderazgo en el mundo y una prometedora fuente de inversión y trabajo a
medio plazo. Hay que dejar de apostar por
el carbón, el petróleo y el gas, desviando sus actuales ayudas (que pagamos
todos) a las renovables, como ha pedido el G-7, la OCDE, la Comisión Europea y la AEI, para luchar contra el Cambio Climático. Volcarse
en las energías renovables, para abaratar la luz, reducir la
dependencia exterior y mejorar el medio ambiente. Apostar ya por el futuro.
El Gobierno Rajoy
ha “vendido” que el gasto en Ciencia
aumenta en 2017. Falso: sólo crecen los
créditos (que no se gastan) pero bajan
las subvenciones. Si consideramos todo el gasto descontando la inflación,
realmente baja un 0,38%. Y se suma al
recorte del 30% sufrido desde 2009, según la OCDE. España se coloca así a la
cola de Europa, en el puesto 19 por gasto
público en I+D+i, mientras también las empresas gastan menos. Además,
existen enormes diferencias de gasto en
Ciencia por autonomías: el País
Vasco gasta cuatro veces lo que Canarias. La Comisión Europea, la OCDE y el FMI acaban de pedir al Gobierno (otra vez)
que se vuelque con la Ciencia,
porque es una razón clave de que España
sea menos productiva y cree menos empleo que Europa. Pero como si nada. Mientras,
los
investigadores han salido a la calle, pidiendo más gasto y un
Ministerio. Y recuperar una década larga perdida
para la Ciencia. Nos jugamos el futuro.
El Gobierno Rajoy
ha vuelto a utilizar su “truco presupuestario” con la Ciencia en el Presupuesto 2017, como ya hizo
en años anteriores: el gasto total será
de 6.501 millones de euros, con un pequeño aumento (+1,1%), pero a costa de
subir los créditos (+3,78%) y bajar las subvenciones (-2,6%). Este aumento global es un “espejismo”, porque los
créditos (3.896 millones, un 60% del Presupuesto 2017) no se utilizan (Universidades
y centros públicos están muy endeudados y no se pueden endeudar más) y al final
no se los gastan, mientras las subvenciones (2.604 millones, el 40% del
Presupuesto) sí se utilizan. Además, aunque el gasto público en Ciencia sube 71,57
millones (+1,1%), en realidad ese aumento nominal se lo comerá este año la
inflación (+1,5% anual), con lo que el
gasto real caerá un 0,38%.
Este año 2017, todas las partidas importantes de gasto (salvo los créditos) caen,
desde los gastos de personal (-0,6%)
hasta las inversiones (-7,8%),
pasando por las compras (-2,4%) y las transferencias (-9,9%), según el análisis de COSCE. Y todos los organismos públicos de investigación ven
recortados sus Presupuestos: un -0,9% el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (el CSIC, el principal organismo de investigación en España), un -0,8% el Instituto de Salud Carlos III, un
-32,41% el Instituto de Investigación Agraria (INIA), un -35,45 la innovación
tecnológica en defensa, un -20,95% la innovación en telecomunicaciones (Ciudades
digitales, Agenda Digital, Red.es y el Instituto de Ciberseguridad) y un
-64,03% los programas para promover la investigación y la tecnología en las
empresas.
Este estancamiento del gasto público en
Ciencia en 2017 (o recorte, contando la inflación), se suma a los recortes sufridos entre 2009 y 2013: -3.741 millones de euros, 1 de cada 3 euros disponibles (9.673 millones en 2009). Menos de un tercio del recorte es
culpa de Zapatero (-1.084 millones entre 2010 y 2011) y más de dos tercios son de
Rajoy (-2.657 millones entre 2012 y 2013). El problema añadido es que España recortaba un tercio su gasto en
Ciencia mientras los demás países lo aumentaban durante la crisis, con lo
que nos hemos quedado aún más retrasados
de Europa. De hecho, España es el país occidental que más ha recortado su presupuesto público en Ciencia,
un 34,69% entre 2009 y 2013, según datos de la OCDE aportados por COTEC.
Un recorte mayor que el de Grecia (-3,12%), Portugal (-7,22%), Italia
(-13,64%), Francia (-15,39%) o Irlanda (-18,46%) y que contrasta con el aumento del gasto en Ciencia en Europa
(+0,16% en la UE-28) y en los paises punteros, como Alemania (+18,41%), Suecia
(+16,29%), Reino Unido (+1,83%), Holanda (+1,51%) o Finlandia (+1,41%).
Pero no sólo ha recortado en Ciencia el Presupuesto del Estado. También las autonomías han reducido un 10% su gasto en Ciencia desde 2010, aumentándolo sólo Andalucía y Murcia, aunque las
que más gastan son País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. Y las empresas privadas también han recortado su gasto en I+D+i, otro 16% entre 2008 y 2015
(6.915 millones). Todos han utilizado la
Ciencia para ajustar sus cuentas, a costa de perderse proyectos y
plantillas: se han perdido 23.000
empleos, de los que 13.000 son investigadores perdidos, que han ido al paro o han emigrado al extranjero.
Entre 2014 y 2017,
los presupuestos en Ciencia se han
mantenido, con ligeras subidas, lo que no ha evitado que el recorte final en Ciencia sea del 30% entre
2009 y 2016, según los últimos datos de la OCDE, que contrastan con la subida del gasto en Europa y muchos
paises. Con ello, el gasto público
español en Ciencia se coloca a
niveles de 2006: una década perdida. Y España sigue bajando en el ranking europeo por gasto público en I+D+i: en 2016 estábamos en el puesto 18, con un gasto público en
Ciencia del 1,23% del PIB, muy por
debajo del 2,02% de la UE-28 y del objetivo europeo del 3% para 2020. Sólo hay 7 paises europeos que gasten menos en
Ciencia (Rumania, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania) y estamos muy lejos de los más innovadores:
Suecia (3,30% del PIB en Ciencia), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%),
Austria (2,97%), Alemania (2,86%), Bélgica (2,46%), Francia (2,22%) y Reino
Unido (1,66%). Y estamos a la cola de
Europa (puesto 27) en el ranking europeo de solicitud de patentes (32 por millón de
habitantes).
Y todos estos recortes son contando el gasto que está en los Presupuestos, que no es
lo que se gasta de verdad en Ciencia, porque la mayoría de las partidas
son créditos que no se consumen. Así, en
2016, el Estado sólo gastó realmente un tercio de lo presupuestado, según las cifras
parciales de Economía, debido a la no utilización de los créditos y al cierre
del gasto el 1 de agosto para forzar el recorte del déficit. En 2015, el Estado solo gastó la mitad
de lo presupuestado, según datos de la Intervención General. Y en conjunto, se
estima que el Estado ha dejado de gastar 18.886 millones en I+D+i sobre lo presupuestado entre 2008 y
2015, con lo que el recorte final en
Ciencia ha sido aún más drástico.
El problema de la
Ciencia en España no es sólo la falta
de recursos. Hay un problema adicional de falta de plantillas y de investigadores (6,8 por cada 1.000 empleados frente
a 7,9 en la UE, 8,9 en Reino Unido o 9,9 en Francia), que además están muy
envejecidos y con poco reciclaje. Además, hay poca inversión en investigación en las Universidades (330
millones de media por Universidad frente a 1.330 millones en Alemania). Una
gran disparidad en el gasto en Ciencia por autonomías, que
representan un 60% de todo el gasto público en Ciencia: un 1,93% del PIB gasta
el País Vasco, 1,71% Madrid, 1,64% Navarra o 1,52% Cataluña frente a sólo un
0,48% de Canarias, un 0,54% de Castilla la Mancha, un 0,66% de Extremadura o un
1,02% de Andalucía (justamente, las regiones más pobres y atrasadas de España). Y, sobre todo, tenemos el
problema de que las empresas españolas gastan poco
en I+D+i: un 0,65% del PIB frente al
1,3% de media en la UE. Gastan menos y sólo las grandes empresas, que mantienen
menos investigadores que en Europa
(3,4 por cada 1000 empleos, frente a 6,5 investigadores en las empresas
alemanas y 8,7 en las francesas).
Ya no es sólo que España gaste poco y mal en Ciencia, desde el Estado, autonomías, Universidades y empresas. Es que además tenemos un problema educativo que no ayuda,
que tiene un impacto muy negativo sobre
la innovación, como señala el Informe COTEC 2016. Por
un lado, la educación de los jóvenes
españoles es muy deficiente, como revelan dos datos. Uno, que los jóvenes de 15 años tienen peores
puntuaciones que la media de Europa y la OCDE en matemáticas, lectura y ciencia,
según revelan los
informes PISA. Y el otro, que España
es líder en abandono escolar en Europa: un 20% de jóvenes abandonan sus
estudios, casi el doble de la media europea (11%), según Eurostat. Y por otra parte, tenemos también una población adulta poco formada: un 25,4% de los trabajadores
españoles tienen baja cualificación, frente al 9,4% de media en la OCDE. Como
dice el Informe COTEC, este bajo nivel
educativo y formativo no ayuda al avance de la Ciencia y la innovación.
Mientras Rajoy sigue “racaneando”
con la Ciencia, los organismos internacionales reiteran año tras año que España
tiene un grave problema de innovación y tecnología, que explica en
buena medida nuestra baja productividad (puesto 33 en el ranking mundial) y que trabajen
pocos españoles (el 59,5% de los adultos frente al 66,6% en UE-28, según Eurostat).En diciembre 2016,
la misión
del FMI criticó a España por las escasas
ayudas públicas que destina a los programas de innovación de las empresas
privadas y pidió más eficacia en el gasto público en I+D+i. En febrero de
2017, el informe sobre España de la Comisión Europea
criticaba la falta de coordinación en materia de Ciencia entre el Estado
central y las autonomías, pidiendo un mayor gasto empresarial y una mayor
colaboración entre la investigación pública y la privada, señalando el exceso
de rigidez y burocracia en las Universidades y la falta de evaluación sistemática
del gasto en I+D+i. Y en marzo de 2017, el informe de la OCDE sobre España pidió
simplificar los trámites para que las empresas consigan bonificaciones fiscales
para inversiones en investigación, a la vez que más ayudas directas y no
créditos para la Ciencia.
Todas estas llamadas de atención del FMI, la Comisión
Europea y la OCDE no sirven de mucho. Ya en julio de 2014, la Comisión
Europea realizó un Informe sobre la Ciencia en España, donde hacía 10 recomendaciones que se resumen en tres: tenemos que gastar más (mínimo, 1.000 millones más
de gasto público al año), aumentar las
plantillas de investigadores y gastar
mejor, reformando los centros públicos de investigación (fusiones),
modificando la carrera de investigador, coordinando mejor los esfuerzos de las
17 autonomías, estado, Universidades y empresas, evaluando mejor y de forma
sistemática los programes de investigación y favoreciendo fiscalmente la
innovación de las empresas privadas. Han
pasado casi 3 años y apenas se ha avanzado, ni en el gasto ni en cómo investigar
mejor.
Ante este parón
de la Ciencia, tras una década perdida, los investigadores salieron a la calle el 22 de abril para pedir recursos y
medidas, resumidas en este Manifiesto por la Ciencia, centrado
en 4 propuestas: firma de un Pacto
de Estado por la Ciencia, restitución del Ministerio de Ciencia y creación de una Oficina independiente que asesore el
Gobierno en temas de tecnología, además de la creación de una Agencia independiente (al estilo del European Research Council
europeo) que gestione un Fondo estable de
inversión en Ciencia procedente de los Presupuestos. Los investigadores
creen que habría que pactar unos recursos estables para la Ciencia, al margen de la política, hasta recuperar
unos 9.000 millones de gasto público al año (el nivel europeo), un tercio más
que ahora (6.501 millones para 2017). Y no
sólo gastar más sino gastarlo mejor, de forma más coordinada y
eficiente.
Todo el mundo habla de la
importancia de la Ciencia, pero sigue relegada, en este Presupuesto y en los últimos 8 años, en la
política y en las empresas. Y con ello, España pierde el tren del futuro, porque de la innovación y la tecnología depende nuestra productividad, empleo
y riqueza. No podemos seguir en el vagón de cola de la Ciencia europea si
aspiramos a ser un país puntero. Dejen de mirar para otro lado y acuerden ya un Pacto por la Ciencia, con dinero y medidas eficaces para recuperar
esa década perdida y avanzar hacia un país más moderno, más competitivo y con
más empleo. El pasaporte es la Ciencia.
