Mucha tarjeta y poco gasto social

En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 

enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.

Los alquileres, por las nubes

No sólo suben la luz, los carburantes o los móviles. También los alquileres: más del 10% en diez grandes ciudades españolas, un 6,7% de media en 2016, la mayor subida en 10 años. Y este año subirán más, entre el 10 y el 12%. Estas subidas han atraído al alquiler a inmobiliarias e inversores extranjeros, que compran edificios para alquilar. Y con alquileres medios de 620 euros, que suben a 900 euros al mes en grandes capitales (60 m2), muchos españoles no los pueden pagar: parados, familias pobres y jóvenes (el 80% viven con sus padres). Urge explotar la “burbuja” del alquiler y crear un parque público de viviendas para alquilar: 500.000 viviendas en cinco años, a partir de la promoción pública de autonomías y ayuntamientos y la compra de pisos vacíos a la banca y a particulares. Es lo que hacen en Europa, con un 15% de alquileres públicos, mientras en España no llegan al 2%. Alquileres sociales entre 150 y 250 euros y promociones para alquilar a precios asequibles. Se puede.
 

enrique ortega

Los alquileres subieron con fuerza en 2016, por segundo año consecutivo tras la crisis: un 6,7% de media, según Fotocasa, casi el doble que en 2015 (+3,8%) y la mayor subida en los últimos 10 años. Incluso algunos expertos creen que los alquileres subieron más: un 9,16% pisos.com y un 15,9% el Idealista.com. Las mayores subidas se dieron en las grandes capitales, sobre todo en Barcelona (+23,4%), Valencia (+20,3%) y Madrid (+18%), que ya están en precios históricos de los alquileres: 15,36 euros/m2 en Barcelona y 12,9 euros/m2 en Madrid, lo que eleva un alquiler de sólo 60m2 a 921/774 euros mensuales. En el último año, la subida de los alquileres se ha trasladado del centro a la periferia de las grandes capitales, ante la falta de alquileres en zonas céntricas. Y otro fenómeno: la subida de los alquileres ha sido un factor determinante del encarecimiento de la vivienda, que lleva año y medio subiendo sus ventas y precios, un 4,5% de subida media en 2016.

Para este año 2017, los expertos auguran una subida incluso mayor de los alquileres, entre el 10% (ServiHabitat) y el 12% (pisos.com), e incluso más en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y San Sebastián, junto a Baleares y Canarias (por el turismo). La promotora inmobiliaria Cushman&Wakefield cree que los alquileres ya están cerca de su techo en Barcelona (podrían subir el 5%) pero menos en Madrid (subirán un 10%), pero apuestan por una subida media que duplique con creces la de los alquileres europeos (+2/3%). A favor de la subida de alquileres jugará este año el encarecimiento de las hipotecas (por la subida de tipos y la repercusión del coste de las cláusulas suelo), retrayendo la compra de viviendas. Y en contra de la subida de alquileres jugará la subida de tipos, que hará más atractiva la Bolsa y los bonos frente a invertir en alquileres.

¿Por qué suben tanto los alquileres? La razón fundamental es que se ha disparado la demanda, mientras apenas crece la oferta de viviendas en alquiler. Crece la demanda porque hay muchos españoles con trabajo precario y sueldos bajos que ni se plantean ya comprar un piso, no tanto por la hipoteca (en muchos casos, con sus ingresos, el banco no se la daría) como porque no consiguen ahorrar el 25% de su coste (de 35.000 euros para arriba), necesario para complementar la hipoteca (dan un 80% del valor del piso), gastos e instalación. Y también hay cada vez más jóvenes (los “millennials”, menos 35 años) que han cambiado su “filosofía” (¿a la fuerza?) y ya no se plantean ser propietarios como sus padres sino “inquilinos de por vida”. Además, hay más “movilidad geográfica”, cambios de ciudad para trabajar o buscar empleo o estudiar. Y sobre todo, porque se han sumado a la demanda los inversores, particulares, inmobiliarias y fondos que buscan pisos para alquilar.

Este es el gran cambio de los últimos dos años: particulares y grandes inversores que se han lanzado al mercado de alquiler, como una forma rentable de inversión: compran pisos o edificios enteros para alquilar y eso hace subir los precios. Les resulta un negocio más rentable que la Bolsa, los bonos (1,5%) o los depósitos bancarios (0,5/1%). Actualmente, la rentabilidad bruta del alquiler es del 6,3%, según el Idealista: un 4,4% se obtiene sólo por el alquiler y el resto por el beneficio de vender el piso al año. Incluso el Banco de España señaló que la rentabilidad del alquiler alcanzó el 8,3% en el tercer trimestre de 2016. No hay nada tan rentable y con poco riesgo (que el inquilino no pague, pero ahora se le puede desahuciar con más facilidad). Esta “profesionalización” del alquiler, con cada vez más “caseros” que son Fondos de inversión, inmobiliarias y bancos ha presionado al alza los precios, porque estas empresas necesitan conseguir una rentabilidad y añadir ingresos para costear sus gastos de administración y mantenimiento, mayores que los de un “casero” particular.

Por todo ello, el mercado del alquiler está cambiando y los grandes “caseros” en España son hoy bancos, Fondos de inversión, SOCIMIs (Sociedades de inversión inmobiliaria) e inmobiliarias: CaixaBank (38.000 pisos en alquiler), Lazora fondo inmobiliario (11.500), el fondo Blackstone (10.500 viviendas), la SOCIMI Testa Residencial (9.400 viviendas en alquiler, tras traspasarle 3.300 viviendas el BBVA, Santander y Popular), banco Santander (8.000 viviendas), Sabadell (5.500), fondo Goldman Sachs (4.860) y el banco malo Sareb (4.297 viviendas en alquiler). Y cada semana hay un nuevo desembarco de inversores españoles y extranjeros en el mercado de alquiler (viviendas y oficinas), lo que está creando una inquietante “burbuja”. 

Y enfrente, cada vez hay más españoles buscando un alquiler: ya son el 22,3% de la población los que viven en alquiler, frente a sólo el 19,4% en 2007, aunque todavía somos “un país de propietarios” y tenemos un porcentaje de alquiler mucho más bajo que la mayoría de Europa: un 30,1% de europeos viven en alquiler, siendo un 26,7% en Reino Unido,  un 39,5% en Francia, un 47,4% en Alemania y un 56% en Suiza, según Eurostat. En España, los más activos en el alquiler son los jóvenes (25-34 años), que se decantan cada vez más por el alquiler, aunque mayoritariamente creen que  comprarán un piso en el futuro (58% en España, frente al 71% de los jóvenes europeos), según la consultora CBRE. También crece el alquiler entre los profesionales que “se mueven” por motivos laborales y entre los “nuevos modelos de familia”: mujeres sin hijos, parejas solas, personas que comparten piso… Y sólo dos capitales, Madrid y Barcelona, concentran el 50% de los alquileres en España.

Los alquileres por las nubes provocan una serie de problemas inquietantes. El primero, que mantienen un alto nivel de desahucios: el número de desahucios por impago de alquiler ha bajado en 2015 (35.677) y 2016 (habrá acabado con unos 28.000), pero crece su peso en el conjunto de desahucios (si en 2015 los desahucios por alquiler eran el 53% de todos los desahucios, en el tercer trimestre de 2016 fueron ya el 55% del total). La mayoría de los desahucios por alquiler se dan en Cataluña (26% del total), seguidos de lejos por Madrid (14,5%), Andalucía (12,8%) y Comunidad Valenciana (11,7%). Y siguen elevados no sólo los desahucios de la vivienda habitual, sino de locales y oficinas, por la crisis y porque los “caseros” aprovechan las últimas renovaciones de contratos para subir mucho los alquileres sobre lo fijado hace cuatro o cinco años.

Otro efecto pernicioso de la fuerte subida de alquileres es “la fuga” de habitantes del centro de las ciudades, que se están poblando de pisos turísticos, viviendas de alto standing, oficinas y negocios en alquiler. Tanto es así que los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, controlados por la izquierda, han pedido en enero al Gobierno que cambie la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular mejor el alquiler y evitar “precios desmesurados que favorecen la expulsión de los vecinos de sus barrios”, algo que ya ha provocado protestas ciudadanas en Barcelona. De momento, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que va a penalizar fiscalmente los alquileres altos: en primavera fijará un índice de referencia que marcará precios orientativos y los que suban por encima serán penalizados con recargos fiscales en el IBI y el IRPF.

Con todo, el peor efecto negativo de unos alquileres tan caros es que impiden acceder a una vivienda a muchas familias y a los jóvenes. Empezando por los 3,3millones de españoles en situación de pobreza extrema, según Cáritas, entre los que están muchos de los 2.246.957 parados EPA que no cobran ningún subsidio (un 53% de todos los parados). Y siguiendo con muchos españoles que sí tienen un trabajo pero cuyo sueldo es mileurista o incluso menor. De hecho, “el salario más frecuente” en España son 16.490 euros brutos al año, según el INE, y eso supone 965 euros netos en 14 pagas. Si en la familia sólo entra un sueldo, resulta difícil pagar un alquiler, cuya media está en 620 euros mensuales (y en Madrid y Barcelona rondan los 900 euros mínimos). Y lo mismo les pasa a la mayoría de los jóvenes: ingresan de media 763 euros netos mensuales si están solos o 1.460 euros por hogar joven, según datos del Instituto de la Juventud. Y claro, con estos ingresos, no es que no puedan comprar un piso sino que tampoco pueden alquilarlo. Y en consecuencia, el 80% de los jóvenes españoles de 16 a 29 años siguen viviendo con sus padres (según el Observatorio del Instituto de la Juventud), frente al 70% en Europa.

El Gobierno Rajoy ha anunciado que este mes de febrero aprobará el Plan de Vivienda 2018-2021, para negociarlo después con partidos, autonomías e instituciones y que pueda aprobarse en el Congreso antes del verano. Y plantean incluir en este Plan dos medidas de fomento del alquiler: crear un Fondo de viviendas para alquilar con aportaciones de bancos y particulares y establecer unas ayudas de 150 a 400 euros al mes para los colectivos más desfavorecidos. Suena bien, pero hay que desconfiar un poco, porque los cinco años de Gobierno Rajoy han sido un “rosario de medidas” en contra del alquiler. Primero, en julio de 2013, el Gobierno suprimió las ayudas al alquiler para los jóvenes y endureció el resto, además de liquidar la Sociedad Pública del Alquiler y reducir las ayudas fiscales a inquilinos y propietarios. Después, en el Plan de vivienda 2013-2016 (prorrogado en 2017), destinó sólo 65 millones a promover viviendas públicas en alquiler, lo que da para unas 2.000 al año. Y el 1 de enero de 2015, con su “mini-reforma fiscal”, el Gobierno Rajoy suprimió la deducción fiscal del 10% a los inquilinos y la rebajó a los propietarios (del 100 al 50% del alquiler).

Mientras llegan las nuevas medidas, el sector inmobiliario pide reanimar la oferta de alquileres, con promoción pública y ayudando también a multiplicar las promociones privadas para alquiler, con financiación y ayudas públicas, además de menos trabas municipales. También se pide “regular y normalizar” el “boom” de los apartamentos turísticos (1,8 millones) y establecer un censo de alquileres, para luchar contra los “sumergidos” (se estima que un tercio de los alquileres no se declaran). Y además, dotar con más medios y plantilla a los juzgados, para agilizar de verdad los desahucios, que a veces tardan meses en materializarse por falta de personal en las “comisiones de lanzamiento”.

En España hay unos 3,8 millones de viviendas de primera residencia (no turísticas) en alquiler, el 97% alquiladas por particulares. Pero son insuficientes para una demanda creciente. El sector inmobiliario considera que, a medio plazo, hacen falta en España 1.200.000 viviendas más en alquiler, lo que supondría destinar al alquiler la mitad de las nuevas promociones. Y una parte importante de la oferta, unos 500.000 alquileres, deberían ser para jóvenes y familias que no pueden pagar el alquiler de mercado, a los que habría que ofrecer 2 tipos de alquileres: un alquiler social de 150 a 250 euros al mes (para los más pobres y desfavorecidos)  y otro alquiler subvencionado de 250 a 450 euros, para las personas con bajos ingresos. Y la responsabilidad de crear este parque de ´500.0000 viviendas sociales en alquiler es de la Administración pública, desde el Estado a las autonomías y Ayuntamientos.

Crear este gran “parque público de alquiler” es necesario para equiparar a España con el resto de Europa: aquí el parque público de alquiler no llega al 2% de las viviendas, frente al 15% de media en Europa (y más del 20% en Francia, reino Unido o Alemania). Y además, es posible. Se pueden conseguir esas 500.000 viviendas en cinco años, incorporando a ese parque público de alquiler las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, añadiéndole las 76.000 viviendas del banco malo (SAREB), promoviendo 20.000 viviendas anuales desde las autonomías y Ayuntamientos (costarían unos 1.000 millones extras al año) y comprando el resto, a precios “justos”  a bancos y particulares que tienen viviendas sin vender (el stock actual es de 492.314 viviendas y hay promotores que plantear “demoler” un tercio por invendibles). Lo más fácil y razonable sería que la banca (rescatada con dinero público) colaborara, sin querer “hacer negocio”, porque si no se arriesga a medidas más duras: el Parlamento valenciano ha aprobado, el 25 de enero de 2017 (con la única oposición del PP), una Ley para obligar a la banca a poner sus pisos vacíos en alquiler social…

España gasta menos dinero público en vivienda que otros paises : un 0,23% del PIB frente al 0,6% de la UE-28 (y el 1,6% de Reino Unido). Eso significa que equipararnos a Europa obliga  a gastar 4.025 millones de euros públicos más en vivienda. O sea, unos 1.000 millones anuales en los próximos 4 años. Es asumible si España consigue ingresar más (recaudamos 50.000 millones menos que la media europea, según la Comisión Europea) y si establecemos la vivienda como una de las prioridades básicas de los españoles, tal como reconoce la Constitución. Y habría que volcar es dinero extra en el alquiler, en conseguir en cinco años ese parque público de 500.000 viviendas para alquilar, una medida con dos efectos: permitir tener casa a muchas familias y jóvenes que no pueden pagar un alquiler “de mercado” y de paso, presionar a la baja al resto de alquileres y desinflar así la “burbuja” antes de que estalle. Es un objetivo necesario y posible. Habría que alcanzar un gran acuerdo entre partidos, Administraciones, empresas y bancos para lograrlo. Muchos sin casa lo esperan.

Las batallas perdidas de la banca

A la banca le crecen los enanos de las sentencias judiciales en contra. Si en diciembre, el Tribunal Europeo de Justicia les obligaba a devolver las cláusulas suelo cobradas “abusivamente” en las hipotecas, el 26 de enero ese Tribunal dictaba otra sentencia permitiendo a los jueces examinar sin plazo todas las cláusulas hipotecarias. Y en los últimos años, decenas de sentencias de juzgados españoles han dado la razón a clientes frente a bancos y Cajas. Todo ello ha deteriorado aún más su imagen, muy afectada por la crisis, los desahucios y las preferentes. Ahora, el Gobierno estudia aprobar una nueva Ley Hipotecaria, para evitar abusos y pleitos futuros. Pero la banca tiene un grave problema de reputación, reconocido por ellos, que dificulta su negocio y su futuro, ante la creciente competencia de multinacionales tecnológicas y telecos. La banca es clave para una economía, pero no cuando apenas da créditos, nos brea a comisiones y trata de engañarnos. Necesitamos otra banca, ética, cercana, ágil y útil . Una banca “nueva” para afrontar mejor el futuro.
 

enrique ortega

La última sentencia en contra de la banca española es del 26 de enero, cuando el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) de Luxemburgo dictaminó que limitar a un mes el plazo para reclamar contra una cláusula abusiva en una hipoteca “va contra las normas comunitarias”. No hay plazo para que el cliente reclame y además se permite a los jueces que examinen todas las cláusulas del contrato, para ver si hay más cláusulas presuntamente “abusivas”, además de la reclamada. Y hay pendiente otra sentencia del mismo TJE (que se espera también contraria) sobre un recurso de un cliente de Bankia al que se le ejecutó la hipoteca por un solo impago.

Sólo un mes antes, el 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia europeo conmocionó a la banca española con una sentencia en la que obligaba a devolver íntegramente el dinero cobrado con las cláusulas suelo de las hipotecas, por considerarlas “abusivas”. Ya en marzo de 2013, el Tribunal Supremo español declaró “ilegales” estas cláusulas y obligó a devolverlas, pero limitando el pago a esa fecha y no antes (se empezaron a utilizar desde 2009), para no deteriorar más las maltrechas cuentas de bancos y Cajas. Ahora, el Tribunal Europeo establece la retroactividad total: hay que devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo.

Las “cláusulas suelo” establecen que si los tipos de interés caen por debajo de un determinado tipo (normalmente entre el 2 y el 3%), ese bajo tipo de interés no se aplica al cliente y se le cobra “el tipo suelo”. Empezaron a incluirse en las hipotecas en 2009, cuando los intereses bajaron incluso del 1%. También hay “cláusulas techo”, por si los tipos suben mucho, pero aquí los bancos se cubren mucho más y sólo actúan con tipos por encima del 13%. La mayoría de los clientes no eran informados por el banco (ni por el notario) de que su hipoteca contenía esa cláusula suelo y lo notaron cuando se desplomaron los tipos y ellos no lo disfrutaron tanto. Se estima que hay 1.400.000 españoles con hipotecas con cláusula suelo y que la banca debería devolver más de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. Los bancos más afectados son Caixa Bank (1.250 millones a devolver), BBVA (1.200 millones), Popular (534 millones), Sabadell (490), Bankia (214), Unicaja (120) y BMN (80), mientras Santander y Bankinter no comercializaron hipotecas con esta cláusula.

A la vista de la sentencia europea, el Gobierno Rajoy trató de evitar un “atasco” en los juzgados, con 1,4 millones de clientes reclamando, y aprovechar para erigirse en “defensor de los consumidores”. Y aprobó un decreto ley, apoyado en el Congreso (31 de enero) por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canarias, para agilizar el pago de las cláusulas suelo en el plazo de 3 meses. Ahora, bancos y Cajas están obligados a enviar una carta a sus clientes informándoles de que tienen cláusula suelo, para que ellos soliciten información y digan si quieren acordar con el banco su devolución. Pero el banco podrá negarse a devolver la cláusula suelo “si cree que no es opaca”, y al cliente sólo le quedará ir a los Tribunales. Si el banco admite que la cláusula “no es procedente”, negociará con el cliente para fijar la cantidad a devolver y cómo hacerlo, si en metálico o mejorando las condiciones de la hipoteca.

Todo esto “suena muy bien”, pero la banca ya ha dicho que no va a pagar todo, porque no cree que todas las cláusulas sean “improcedentes”. El más duro ha sido el Sabadell, que cree que sus cláusulas “no son nulas”. BBVA, Abanca (NovaCaixaGalicia), Popular y Cajamar, cuyas cláusulas fueron explícitamente anuladas por el Supremo en 2013, han dicho que esperarán a que ese Tribunal aclare lo que han de hacer. CaixaBank irá "caso por caso" y sólo Bankia ha dicho que va a pagar inmediatamente las cláusulas a sus 60.000 clientes afectados, por cuestión de “imagen” y para ahorrarse costas judiciales. El resto está ahora negociando con los clientes, entre la amenaza (“si no acepta lo que le ofrezco, nos vemos en los Tribunales, con más riesgo y coste para usted”) y la negociación (“le mejoro a cambio su hipoteca”), pero siempre con una idea central: evitar pagos en metálico. De hecho, la patronal bancaria AEB ha dicho que la banca destinará 3.339 millones a “provisionar” (cubrir) el pago de las cláusulas suelo, lo que supone sólo el 64% de lo que deberían pagar (5.544 millones).

Las cláusulas suelo es el último eslabón de una cadena de enfrentamientos de los bancos y Cajas españoles con sus clientes. El eslabón más grave fueron los desahucios: 598.747 durante la crisis (2008-2015), según datos del Consejo General del Poder Judicial, frente a 700.000 en toda Europa. Y el otro, el fraude de las participaciones preferentes, una especie de acciones sin cotización que bancos y Cajas vendieron a 856.388 clientes (350.000 de Bankia), captando así 42.582 millones de euros de inversores particulares, según los datos del periodista Andreu Missé, autor del libro “La gran estafa de las preferentes”. Bancos y cajas ofrecieron esta inversión a partir de 2003, con el “visto bueno” del Banco de España y la CNMV, con el “gancho” de su alto interés (7 y 8%) y sin advertir de su alto riesgo a los clientes, muchos de ellos ancianos (hasta con Alzheimer) y analfabetos financieros. En otoño de 2011, a la vista de la crisis, bancos y Cajas impidieron que los inversores recuperaran su dinero (“corralito”) y en 2013, con el rescate bancario, Bruselas obligó al Gobierno Rajoy a que esos inversores perdieran una parte de su inversión (“quitas”), hasta el 70%. Eso abrió un rosario de manifestaciones y demandas, que acabó con un sistema de arbitraje por el que se devolvió el dinero en los casos más sangrantes, recuperando el resto sólo una parte de su inversión en preferentes.

En paralelo, los bancos han ido perdiendo batallas legales contra sus clientes. El 25 de noviembre de 2015, una sentencia del Supremo establecía como nulo un crédito rápido con un interés del 24,6%, por “usurario”. Y en julio de 2016, un juzgado de Vitoria era el primero en condenar a una entidad (Kutxabank) por cobrar 30 euros como comisión por reclamación de posiciones deudoras (por “descubierto”), algo que hacen todos los bancos y cajas (además de cobrar los intereses de demora). Y antes, un rosario de sentencias judiciales condenando distintas cláusulas que las entidades suelen incluir en las hipotecas: imponer que el cliente pague todos los costes (prohibido por sentencia del Supremo de diciembre 2015), limitación de los intereses de demora, redondeo al alza de tipos, vencimiento anticipado cuando se produce el impago de 3 cuotas, imposición de gastos procesales en caso de impago de cuota, ejecución hipotecaria de un crédito cedido (El Supremo lo declaró abusivo en 2009 y está pendiente de sentencia del Tribunal UE), dación en pago, cuota final abusiva (hasta el 20 y 30% del préstamo, para rebajar las cuotas mensuales) o sistema de cálculo de intereses, sin olvidar  la batalla de 60.000 clientes por haberles vendido “hipotecas multidivisas” con gran riesgo.

Todas estas sentencias y miles que hay cada día en los Tribunales evidencian una mala aplicación y muchos “agujeros” en la Ley Hipotecaria, reformada parcialmente en 2013 y 2015. Ahora, el Gobierno Rajoy ha propuesto aprobar una nueva Ley este verano, solicitando el acuerdo de la oposición. Su idea es incluir en las hipotecas una “ficha precontractual” estándar, donde se informe al cliente de todas las cláusulas y que tendrá que firmar. La idea es buena porque explicita las condiciones de las hipotecas, pero tiene un problema: si el cliente no se entera bien, luego no podrá recurrir: “usted ya firmó que lo conocía”. Más impunidad si mantienen cláusulas abusivas.

La banca española ha reaccionado ante la sentencia de la cláusula suelo y ante el anuncio de una nueva Ley Hipotecaria con una amenaza: son más costes y eso supondrá que subirán las hipotecas. De hecho, ya han subido en el último año y las nuevas hipotecas en España son las más caras de Europa, según los datos del BCE: las nuevas hipotecas se dan a un tipo medio del 1,97% (noviembre 2016), frente al 1,79% en la eurozona, el 1,55% en Francia, el 1,62% en Alemania, el 1,82% en Portugal o el 2,05% de Italia. Y son aun comparativamente más caras las nuevas hipotecas a tipo fijo, que ya son mayoría en las nuevas hipotecas por “presión” de la banca a sus clientes: están al 2,2% en España, frente al 1,7% de media en la eurozona, 1,59% en Francia, 1,68% en Alemania y 2,2% en Italia. Ahora, todo apunta a que las hipotecas seguirán subiendo en 2017 y más en 2018, porque suben los tipos en los mercados (por el Brexit, Trump y la mayor inflación) y porque la banca nos repercutirá tantas sentencias contrarias.

Y también porque la banca española afronta un futuro complicado, con tipos todavía bajos y un margen estrecho, que les obliga a seguir recortando gastos (tras cerrar 16.000 oficinas y despedir o prejubilar a 80.000 trabajadores desde 2010, aunque acabamos de saber que hay 126 ejecutivos bancarios que ganan más de 1 millón de euros...), seguir fusionándose (el Popular puede ser absorbido y quizás Bankia y BMN se fusionen en 2017) y, sobre todo, a conseguir ingresos extras como sea, básicamente subiéndonos las comisiones. Hasta septiembre de 2016, los 11 principales bancos ingresaron 7.000 millones por comisiones, que habrán sido 9.500 millones en todo 2016 (26 millones diarios), un 23,2% de sus ingresos totales (28,2% en la banca europea). Una fuente clave de ingresos, dado que apenas conceden créditos. En las cuentas del Santander de 2016, los 10.180 millones ingresados en comisiones suponen el 23,2% de su margen. En el resultado de BBVA en 2016, las comisiones aportaron  4.718 millones, el 27,65% del margen. Y en el caso de CaixaBank, el 50,2% de su margen (¡ la mitad ¡) de 2016 fue gracias a las comisiones (2.090 millones). Ahora, los grandes bancos ya han anunciado que van a cobrarnos más comisiones, con el apoyo del Banco de España, sobre todo en tarjetas, fondos, Bolsa, seguros y las cuentas de los clientes que menos “interesan”, porque no dan negocio.

La banca española tiene el doble reto seguir aumentando sus beneficios (para remunerar a los accionistas), aunque sea a costa de brear a comisiones a sus clientes (“no va a ser fácil ni pacífico”, ha reconocido el presidente de la patronal bancaria AEB), y hacer frente a la creciente competencia de los gigantes de Internet (Google, Apple, Amazon, Facebook) y las telecos, lanzados al negocio de transferencias y pagos online, pagos por móvil, créditos y hasta inversiones, mientras la banca tradicional reacciona tarde y mal al reto digital. Ojo: el 30% de los españoles dicen que se pasarían a Google, Apple o Facebook si fueran bancos (y el 41% de los jóvenes), según un estudio de Accenture.

Con todo, el mayor reto de la banca española es superar su “mala reputación”, un problema reconocido por ellos mismos: “la reputación de la banca está bajo mínimos. Es un problema muy serio”, ha dicho sin ambages el consejero delegado de CaixaBank. Con tan mala imagen, empeorada tras cada sentencia contraria, la banca tiene muy difícil competir y avanzar. “El mundo ha cambiado y eso obliga a hacer las cosas de otra manera”, ha reconocido Ana patricia Botín, presidenta del Santander. Pero no basta. Tendrían que reconocer los errores del pasado, cambiar presidentes y directivos y empezar a actuar de otra manera de verdad, con rigor, transparencia y sin engaños. Y apostar por ejercer su negocio, por dar créditos (pueden dar más, según el FMI), y no jugar a recibir dinero sin coste (del BCE y los clientes) e invertirlo en deuda pública en vez de prestarlo: el crédito nuevo sigue de capa caída y cayó un 14% en 2016). Y la banca tampoco se moja en el futuro, no invierte en la industria ni en sectores punteros como en el siglo pasado.

La banca es un elemento clave del sistema, el corazón que bombea el dinero que mueve la economía. Pero apenas cumple esta función y los ciudadanos están escarmentados de tanto engaño, tantos cobros injustificados, tanta opacidad. Y la mayoría desconfía de la banca. Urge que el sector se tome en serio su reconversión, protagonizando una revolución interna, en favor de una banca ética, justa, cercana, útil y comprometida con la recuperación. No es mucho pedir tras haberla "salvado" con más de 100.000 millones de dinero público. Necesitamos “otra banca” para encarar mejor el futuro.