Mucha tarjeta y poco gasto social

En la Conferencia de presidentes autonómicos, celebrada en enero, uno de los pocos acuerdos fue crear una “tarjeta social” para controlar a las personas que reciben ayudas públicas, desde pensiones y paro a la dependencia o renta básica. Los expertos critican la medida, porque estas ayudas ya están controladas y la tarjeta sólo sirve para “estigmatizar” a los que las reciben (“vivo de la ayuda pública”), cuando muchas veces (pensiones, paro) son subsidios a los que tienen derecho porque han cotizado, no "un regalo". Mejor nos iría si los políticos hubieran pactado aumentar el gasto social, porque España gasta menos que el resto de Europa en sanidad, educación y gastos sociales: concretamente, 30.800 millones de euros menos al año en pensiones, paro, vejez, familia y ayudas sociales. Y es un escándalo que PP y Ciudadanos se opongan a ayudar a las familias sin ningún ingreso, 620.000 hogares según la EPA. Menos tarjetas para “controlar a los pobres” y más ayudas sociales justificadas a los más débiles.
 

enrique ortega

El pasado 19 de enero, el ministro Montoro presumió en el Congreso de que era “un Gobierno muy social”: “casi un tercio de los españoles, más de 14 millones, reciben hoy una prestación de la Administración”, dijo ante la sorpresa de diputados y periodistas, que no contrastaron su cifra. Pero resulta que Montoro “manipuló los datos”: habló de 9,5 millones de pensionistas (ese es el número de pensiones: pensionistas hay 8.602.601) y de 3,7 millones de desempleados (esos son los que están “apuntados” en el paro, pero sólo 1.984.376 parados cobran algún subsidio), a los que habría que sumar los que reciben ayuda por la dependencia (865.564 a finales de 2016) y los que cobran la renta básica de las autonomías (264.279 personas). En total son 11.716.820 españoles que reciben ayudas públicas, no “más de 14 millones”. Uno de cada cuatro personas, no “casi uno de cada tres”. Y además, la mayoría de estas “ayudas” (pensiones, subsidio de paro) son prestaciones a las que las personas “tienen derecho” porque han cotizado (pagado) por ellas, muchos años. No son ningún “regalo”.

Dicho esto, ¿España hace mucho o poco gasto social? Comparémoslo con el resto de Europa. De entrada, el gasto público total es mucho menor en España: aquí, todas las Administraciones (Estado, autonomías y Ayuntamientos) gastan el 44,5% de la producción (PIB), mientras en los paises del euro gastan el 49,4% (y el 48,2% del PIB en la UE-28), según Eurostat. Son 53.900 millones menos de gasto público cada año (básicamente, por culpa de que también ingresamos menos). Y España gasta menos en todo. En sanidad (6,1% del PIB frente al 7,3% en la zona euro, el 7,2% en Alemania, el 7,6% en Reino Unido o el 8,2% en Francia). En educación (el 4,1% del PIB frente a 4,8% en la zona euro, el 4,3% en Alemania, 5,2% en Reino Unido y 5,5% en Francia). Y sobre todo, en protección social: España gasta el 17,6% del PIB, frente al 20,4% de la zona euro, el 19,5% de la UE-28, el 18,8% de Alemania, el 16,5% de Reino Unido y el 24,8% de Francia. Gastamos 30.800 millones menos cada año en protección social, en pensiones, familia, desempleo y gastos sociales.

Claro, de esto no podía presumir Montoro en el Congreso. Y menos de los recortes sociales hechos por el Gobierno Rajoy desde 2012, para intentar rebajar el déficit público (que apenas ha bajado, por cierto). España ha recortado el gasto en sanidad en -9.878 millones desde 2009, 1 de cada 7 euros. Otros -7.613 millones se han recortado en educación, 1 de cada 6 euros. Gastamos más en pensiones porque han aumentado los pensionistas, ya que las reformas de Zapatero (2011) y Rajoy (2013) sientan las bases de recortes de las pensiones futuras (hasta un -50% para 2050). En desempleo, el gasto público ha  pasado de 30.000 millones en 2011 a 18.636 en 2016 y aunque también han bajado los parados, ha sido menos. La consecuencia es que si en 2011 cobraban algún subsidio el 55% de los parados estimados (EPA), a finales de 2016 sólo cobraban el 46%: la mayoría (2.253.424 parados no cobran nada). En la Dependencia, ancianos y discapacitados han sufrido un recorte del Estado de -2.865 millones entre 2012 y 2015, provocando que haya 353.990 dependientes esperando recibir una ayuda que tienen reconocida (y muchos se mueren antes).

No sólo ha recortado ayudas sociales el Estado, también autonomías y Ayuntamientos. Los gobiernos regionales han recortado otros 1.000 millones en Dependencia y también las ayudas que dan a las familias con menos recursos, lo que se llama “renta básica”: la reciben 262.307 personas (últimos datos oficiales, de 2014), sobre todo emigrantes, mujeres solas con niños y personas sin hogar o en situación de pobreza extrema, que perciben 420,63 euros al mes de media . Pero hay grandes diferencias entre autonomías, tanto a la hora de cobrar (665 euros en el País Vasco y 300 euros en Murcia) como por gasto y población cubierta: 36 personas por 1.000 habitantes lo cobran en Euskadi frente a 2,6 en Baleares o Andalucía.

Los Ayuntamientos son un pilar básico de la protección social. Los servicios sociales municipales atienden cada año a 8 millones de españoles, a pesar de que cuentan con poco Presupuesto: 5.200 millones en 2.015, tras un recorte de casi 1.000 millones desde 2011. Pero aquí también hay muchas diferencias entre Ayuntamientos: de los 350 Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, sólo 12 alcanzan la excelencia en inversión social, según un estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Entre ellos, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Linares, Martorell, Vélez Málaga y Baza (el mejor: gasta 167 euros/habitante). Y otros 75 grandes Ayuntamientos hacen un gasto social “precario” (gastan menos de 50 euros por habitante), entre los peores Pontevedra, Pozuelo, Leganés, Mérida o Torrevieja, que integran un grupo de 37 grandes ayuntamientos que son “pobres” en servicios sociales.

Con este panorama tan penoso del gasto social en España, lo normal hubiera sido que los presidentes autonómicos aprovecharan la Conferencia con Rajoy para sacarle un Pacto social para gastar más y paliar los recortes sociales de la crisis, máxime cuando 7 autonomías están gobernadas por el PSOE. Pero no. El único acuerdo de la Conferencia fue crear una “tarjeta social” para controlar las ayudas públicas que se dan. Una medida duramente criticada por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que la consideran “un gasto inútil” (porque ya hay medios para controlar las ayudas) y una forma de “estigmatizar” a los que las reciben (el titular pertenece a un “Club de pobres”), una vieja obsesión  de los sectores más reaccionarios, empeñados en “controlar” a los más desfavorecidos. Y comentan que a nadie se le ocurriría proponer una “tarjeta patrimonial” para conocer las ayudas y subvenciones públicas que reciben empresas y particulares y donde se ha detectado mucha corrupción.

Y mientras se prepara la tarjeta social (“yo recibo ayudas públicas”), no se resuelven los grandes problemas sociales pendientes. Empezando por las pensiones. España es el 15º país europeo que menos gasta en pensiones, un 11,4% del PIB (121.268 millones en 2016), bastante menos que Italia (16,1%), Francia (14,9%), Portugal (14,8%), Alemania (12,3%) o reino Unido (11,8%), según datos de Eurostat. Hace falta una reforma pero sobre todo más recursos, vía impuestos, cotizaciones y menos “tarifas planas”. Lo mismo pasa en el desempleo: España gasta en prestaciones el 2,5% del PIB, más que la zona euro o Alemania (1,8%), según Eurostat,  pero tenemos el doble de paro que la UE-19 y cuatro veces más que Alemania. Y además de que gastamos menos,  los que reciben un subsidio (el 46% de los parados EPA) ganan menos: un 61% del último salario en España frente al 69% en la zona euro, el 67% en Alemania y el 68% en Francia. En ayudas a la familia, España gasta casi la tercera parte de Europa (el 0,6% del PIB frente al 1,7% en UE-28), a pesar de que tenemos hundida la natalidad. Y en los servicios sociales municipales, el Gobierno Rajoy aprobó una Ley (27/2013) que les quitaba parte de las prestaciones (promoción social y dependencia), pasándoselas a las autonomías, cuestión que anuló en 2016 el Tribunal Constitucional, aunque los municipios están sin recursos.

Pero quizás lo más urgente es afrontar la grave situación de las familias que han quedado marginadas por la crisis, esos 3,3 millones de españoles en pobreza extrema, según Cáritas. Los sindicatos UGT y CCOO llevaron al Congreso en enero una iniciativa legislativa apoyada por 700.000 firmas para que una parte de esos españoles pobres recibieran una renta básica de 426 euros al mes, lo que tiene un coste de 12.000 millones al año. La iniciativa fue aprobada en el Pleno del 4 de febrero, con el apoyo de todos los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos, argumentando que es “imposible de financiar”. Hay otros paises, como Finlandia, Holanda, Canadá o Alaska que han intentado aprobar experiencias de “rentas básicas”, aunque para pequeños colectivos. En España, quizás, podríamos empezar por aplicarlo a los que están peor de todos: las 629.700 familias que no tienen ningún ingreso, según la última EPA. Eso costaría 3.220 millones al año, algo más asumible.

Con todo, urge tomarse en serio que España equipare su gasto social al del resto de Europa. Y eso pasa por gastar más, al menos 24.000 millones más en los primeros años: 10.000 para tapar el agujero más urgente de las pensiones, 4.000 para un Plan de choque contra el paro, 2.000 millones más para la Dependencia, 3.500 millones contra la pobreza y 500 millones extras para los servicios sociales municipales, sin olvidar 2.000 millones más para la sanidad (está en situación financiera penosa) y otros 2.000 para la educación (mínimo). Parece una factura imposible, pero se podría pagar si España recaudara como el resto de Europa: ingresamos 50.000 millones menos cada año en los principales impuestos, según el último informe de la Comisión Europea. Y eso porque tenemos mucho fraude y porque hay tres colectivos que pagan (“legalmente”) menos de lo que deberían: las grandes empresas (pagan realmente el 7,6% de sus beneficios y muchas, como Banco de Santander o el Corte Inglés consiguen que Hacienda “les devuelva” en el impuesto de Sociedades), las multinacionales (evaden a través de otros paises) y los más ricos (SICAV). Así podríamos recaudar 42.000 millones más cada año, según los técnicos de Hacienda (GESTHA)

Incluso Montoro lo dijo en el Congreso el 25 de enero: “Hemos subido impuestos a las grandes empresas (en 2016) para preservar la cohesión social”. Pero la patronal CEOE no está por la labor y ha llegado a decir que “el discurso de Montoro con las empresas es más agresivo que el de Podemos”… No se puede seguir “tirando de la cuerda” y dejar a una parte creciente de españoles por el camino: somos el tercer país europeo donde más ha crecido la pobreza con la crisis, tras Grecia y Chipre. Y ya hay 13.180.000 españoles en situación de pobreza, según Eurostat, un 28,6% de la población (frente al 23,7% en la UE-28). Y también crece la desigualdad, un 15,5% durante la crisis, veinte veces el promedio europeo (+0,8%). Con ello, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de advertir que España es el tercer país europeo donde los ricos acaparan más proporción de la renta: el 10% más rico acapara el 52,8% de la riqueza (y el 1%, el 20,3%), según datos recientes del Banco de España.

Así que vivimos en un país con demasiada pobreza y desigualdad, donde el Estado ha recortado sus ayudas y el gasto social está a la cola de Europa. Todo ello es un peligroso cocktail, fuente de populismo y desapego político y social. Una situación que no se resuelve implantando una tarjeta para controlar a los más desfavorecidos, sino gastando más en paliar las consecuencias más negativas de la crisis. Aunque eso obligue a algunos a pagar más impuestos, porque para eso se llevan lo mejor del pastel. Un país con más gasto social  sería un país más justo pero también más estable y más eficiente. Parece que no lo entienden. Lo malo es que tampoco los políticos, sean del color que sean. Así nos va.