Sube el gasto sanitario (y subirá más)

El gasto en la sanidad pública está subiendo, aunque sólo se ha recuperado un tercio de los casi 10.000 millones recortados entre 2009 y 2013. El problema de fondo es que el gasto sanitario va a seguir creciendo fuerte, porque cada vez hay más viejos que viven más años, hay 9 millones de enfermos crónicos, la sanidad pública lleva una década sin renovar aparatos y tecnología y porque los nuevos medicamentos son cada vez más caros. Y además, los Tribunales van a forzar a la sanidad pública a regularizar los contratos de 170.000 eventuales e interinos (más gasto). Las autonomías, que cargan con el 92% del gasto sanitario público, están agobiadas y piden más recursos, mientras Hacienda (en funciones) les pide que frenen el gasto sanitario y Bruselas exige más recortes. Pero España gasta en sanidad 12.300 millones anuales menos que la media europea. Así que, en vez de meter tijera, urge  aumentar los ingresos públicos para pagar una sanidad cada vez más cara.
 

enrique ortega

La sanidad pública ha sido el sector más castigado por los recortes exigidos por Bruselas y aplicados desde 2010 por Zapatero y sobre todo por Rajoy: el gasto sanitario se redujo en 9.787 millones de euros (-13,4%, 1 de cada 7 euros perdidos) entre 2009 y 2013, según la Intervención General del Estado (Hacienda). Un recorte que supera al sufrido esos años  por la educación pública (-7.613 millones), aunque sea menor en porcentaje (-15,3% de recorte la enseñanza). En paralelo, crecía en 4.000 millones de euros el gasto sanitario privado, lo que los españoles gastábamos en medicinas, seguros médicos y especialistas privados.

Este drástico recorte en la sanidad pública se produjo por tres caminos. El primero y fundamental, la reducción de los gastos de personal, por dos vías: bajada de sueldos (2011) y congelación posterior, junto a un recorte de 28.500 empleos (enfermeras, auxiliares y médicos) y un aumento de personal interino y temporal. El segundo, el recorte en el gasto farmacéutico hasta 2014, gracias a la bajada de precios pagados a los laboratorios, la reducción de medicamentos financiados (el “medicamentazo”) y, sobre todo, el copago de una parte de las recetas, desde julio de 2012. Y el tercer camino, el frenazo de gastos e inversiones, desde nuevos ambulatorios y hospitales a compra de aparatos y tecnología, recortándose incluso el número de camas disponibles (-5.934 camas entre 2000 y 2013). El resultado ha sido un deterioro de la calidad en la sanidad pública, traducido en un aumento de las listas de espera: ya hay 549.424 pacientes esperando para operarse y más de 2 millones esperando la consulta de un especialista. Y la sanidad se ha convertido en la quinta preocupación de los españoles (tras el paro, la corrupción, los políticos y la economía), según el último Barómetro del CIS.

En 2014, el gasto sanitario subió un poco (+187 millones), por primera vez desde 2008, y volvió a subir más en 2015 (+1.152 millones). Pero el mayor salto en el gasto se ha dado este año 2016, en que el presupuesto sanitario subirá 2.482 millones más, debido a las crecientes necesidades de la sanidad pública y a que 12 de las 17 autonomías estén gobernadas por la izquierda y los nacionalistas desde el verano de 2015. Con todo, el gasto sanitario público (66.973 millones en 2016) sólo ha recuperado 3.821 millones, un tercio de lo perdido desde 2009 (ese año, el gasto sanitario público eran 72.939 millones de euros). Y muchas autonomías están asfixiadas por el gasto sanitario, al que no pueden hacer frente, por lo que recurren a retrasarlo y engordar su deuda (7.034 millones de deuda comercial en julio: dos tercios es deuda sanitaria con laboratorios, farmacias y proveedores de tecnología).

Este aumento del gasto sanitario ya ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno Rajoy (en funciones): el ministro Montoro  envió en julio y agosto una carta a 7 autonomías (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla la Mancha y Murcia) donde les instaba a “recortar su gasto”, porque tenían su déficit por encima de lo previsto. Y especialmente el gasto sanitario, que supone entre el 35 y el 40 % del gasto total de las autonomías. Bruselas está también “vigilante”, porque exige a España recortar entre 16.500 millones y 21.300 millones en 2017 para cumplir con el déficit objetivo (3,1%). Y eso será imposible sin nuevos ajustes en las autonomías, también en sanidad.

A pesar de la vigilancia de Hacienda y Bruselas, el gasto sanitario va a seguir creciendo en los próximos meses y años. Y eso, por varias razones. A corto plazo, por motivos laborales: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en septiembre una sentencia que respondía a un recurso de una enfermera del Hospital Clínico de Madrid, a la que despidieron tras haber tenido 7 contratos temporales para el mismo puesto en cuatro años. La sentencia del TJUE establece que “el encadenamiento de  contratos temporales para un puesto que es fijo incumple el derecho comunitario” y que la normativa debe poner límites a estos contratos. De hecho, la legislación española lo hace (los contratos temporales deben tener una duración máxima de 2 años, ampliables a 12 meses más por convenio), pero la sanidad pública se rige por un Estatuto que sí permite encadenar contratos sin límite (el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud españoles, en vigor desde 2003).

Ahora, las autonomías tendrán que decidir qué hacen con todos los contratos precarios que tienen en la sanidad pública, donde la tasa de temporales es del 28,6%, superior a la del mercado laboral español (24,2%, según la EPA) y doble que la europea (14% de temporales en el sector público de la UE-28). De hecho, 3 de cada 10 enfermeras tienen un contrato temporal y la mitad de los médicos no tienen la plaza en propiedad. Y la mejor prueba del “abuso” de esta contratación precaria es que un tercio de todos los trabajadores temporales de la sanidad (el 34,3%) tienen una antigüedad de más de 10 años, según un informe de CCOO. Por todo ello, a golpe de recursos y sentencias, las autonomías podrían verse obligadas a regularizar la situación de 170.000 eventuales e interinos que trabajan en la sanidad pública. Y eso tiene un alto coste en sueldos, cotizaciones e indemnizaciones.

A medio plazo, en la próxima década, hay otros cuatro factores que van a tirar al alza del gasto sanitario en España. El primero y fundamental, el envejecimiento de la población (los mayores de 65 años, hoy el 19%, serán el 25% de los españoles en 2029) y el aumento de la esperanza de vida (de 80 a 84 años los hombres y de 85 a 88 años las mujeres), que aumentarán el número de ancianos, más “costosos” de atender para la sanidad pública: si un paciente de 15 a 44 años supone un gasto medio de 203 euros en atención primaria, un mayor de 75 años supone 1.255 euros, según este estudio de 2008. El segundo motivo es que hay muchos enfermos crónicos y aumentarán más, por el envejecimiento de la población: 9 millones de españoles (4 de cada 10) padecen alguna enfermedad crónica (hipertensión, cardiopatías, colesterol, diabetes, asma, insuficiencias, alergias, depresiones…) y dos tercios de los mayores de 65 años sufren cuatro o más patologías crónicas, más costosas de tratar.

El tercer factor que dispara el gasto sanitario es la renovación tecnológica, la necesidad de contar con aparatos y tecnologías punteras, muy costosas. Y aquí, la sanidad pública española tiene un gran retraso, porque lleva 7 años sin casi renovarse, con medios antiguos y poco modernizados. Baste un dato: la sanidad privada, con sólo un 33% de las camas totales del país, tiene el 56% de todos los equipos de resonancia magnética, el 59% de los dispositivos LIT por ondas de choque, el 55% de los densitómetros óseos, el 47% de los aparatos de tomografía y el 41% de los mamógrafos. Antes o después, hospitales y centros de salud tendrán que ponerse al día y renovar equipos, sin olvidar construir nuevos centros y ampliar camas.

Y un cuarto factor de gasto serán los nuevos medicamentos. Sólo el nuevo tratamiento contra la hepatitis C ha supuesto un gasto extra de más de 1.000 millones de euros entre 2015 y 2016, lo que ha obligado a algunas autonomías a “racanear” con los enfermos para ajustar sus cuentas. Y los expertos coinciden en que los futuros tratamientos contra el cáncer, el Alzheimer y muchas patologías, van a ser cada vez más caros. Ello obligará a una dura negociación con los laboratorios, para que no impongan a veces precios abusivos, pero también a presupuestar un mayor gasto farmacéutico, si queremos salvar vidas.

Así que sube el gasto sanitario pero todo apunta a que subirá más en los próximos años. Y frente a los que defienden más recortes, dos datos. Uno fundamental: el gasto sanitario en España es de los más bajos de Europa (hay 17 países que gastan más). Lo era antes de la crisis y lo sigue siendo ahora: España es el tercer país euro (tras Luxemburgo y Grecia) que menos gasta en sanidad, un 6,1% del PIB, frente al 7,2% del PIB que gastan los 28 paises de la UE, el 8,2% de Francia, el 7,2% de Alemania o Italia o incluso el 6,2% de Portugal, según los últimos datos de Eurostat referidos a 2014. Y si ampliamos el foco a los 34 paises de la OCDE, el gasto sanitario español (público y privado) es de 2.898 dólares por persona, frente a 3.453 dólares en la OCDE. Y otro dato: no sólo tenemos menos gasto sanitario, también menos medios: en España hay 5,1 enfermeras/os por 1.000 habitantes, frente a 8,4 en Europa.

Esto se traduce en que para tener una sanidad “europea”, España tendría que gastar 12.320 millones más al año (+1,1% del PIB) y contratar a 153.450 enfermeras/os más, sin contar con la tecnología, las camas y los nuevos medicamentos que harán falta. Una enorme factura para la sanidad pública, que tienen que afrontar casi en solitario las autonomías: financian el 91,6% del gasto sanitario público (2014), afrontando otro 6,9% la Seguridad Social (incluidas Mutualidades de funcionarios), un 0,9% los Ayuntamientos y sólo un 0,6% la Administración central. Y el problema es que cada autonomía hace lo que puede y gasta a su manera, con grandes diferencias que ya ha denunciado el Comité Económico y Social (CES). Así, en 2015, el gasto medio por habitante en la sanidad pública fue de 1.232 euros, pero hubo 5 autonomías que gastaron más (1.584 euros el País vasco, 1.457 Navarra, 1423 euros Asturias, 1.348 euros Cantabria y 1.325 euros Castilla y León) y otras 5 que gastaron mucho menos (1.007 euros Andalucía, 1.083 Galicia, 1102 la Comunidad Valenciana, 1.114 la Rioja y 1.127 Cataluña). Así que ojo a dónde nos ponemos enfermos.

El problema financiero de la sanidad española está ahí y muchos tratan de obviarlo con más recortes o planteando el debate de la “sostenibilidad”: qué sanidad podemos permitirnos. Pero ambos planteamientos “miran para otro lado” y eluden el problema de fondo: la sanidad es un servicio muy costoso y lo será más, por lo que la prioridad es buscar más recursos. Y eso fuerza a recaudar más ingresos públicos, algo que España puede hacer, porque ingresamos menos que Europa: Hacienda recauda el 38,2% del PIB (2015), frente al 45% que recauda la UE-28 y el 46,6% del PIB que recaudan los 19 paises del euro, según Eurostat. Eso significa que si redujéramos el fraude fiscal y las grandes empresas, multinacionales y fortunas pagaran lo que deben, España ingresaría 85.000 millones más al año. Para gastar más en sanidad, en educación y en tantas cosas, además de poder bajar el déficit público.

Así que la primera receta para asegurar el futuro de la sanidad pública es recaudar más, para hacer frente al inevitable aumento del gasto en los próximos años. Y luego, repartir mejor esa recaudación, con una reforma del sistema de financiación autonómica, asegurando además un nivel mínimo de asistencia sanitaria en toda España, para que no nos atiendan mejor en unas autonomías que en otras. Y analizar muy bien el gasto, para que la sanidad pública sea tan eficiente o más que la privada, sin exclusiones para ningún español por el  elevado coste de tratamientos o fármacos que sean necesarios. Al final, debemos saber que la salud tiene un precio. Alto. Habrá que pagarlo.

Los bancos avisan: cobrarán más comisiones

Los dos grandes bancos españoles lo han dicho muy claro: van a cobrar más comisiones. Y la patronal bancaria AEB lo apostilla: “el cliente tiene que acostumbrarse a pagar comisiones”. Ya  las pagamos: unos 400 euros al año por cliente, según ADICAE. Pero ahora, como hay pocos préstamos y a la banca le han caído los márgenes (con los tipos tan bajos), tienen que sacar más dinero de las comisiones. Y nos las subirán, con apoyo del Banco de España. Sobre todo, cobrarán más comisiones  a los clientes que les den poco negocio, que no tengan con ellos nómina o hipoteca. Y subirán especialmente las comisiones por operar en Fondos o en Bolsa, por Planes de pensiones y seguros, donde la banca busca ahora su negocio. Parece justo que la banca, como Internet, el cine, los libros o la música, sea un servicio que hay que pagar. Pero con comisiones razonables, transparentes y más controladas por el Banco de España, no abusando del cliente, como muchos cobros que nos cargan ahora.
 

enrique ortega

Las comisiones han sido siempre la segunda fuente de ingresos de la banca, tras lo que ganaban con su negocio básico (prestar dinero).Pero desde hace cinco años, con el desplome del crédito y la caída a mínimos de los tipos de interés, sus márgenes de beneficios se han resentido. Y los bancos han tratado de compensarlo subiendo los ingresos por comisiones, a costa de nosotros, sus clientes. Y lo han conseguido. Así, los ingresos por comisiones netas han pasado de 16.144 millones en 2009 a 17.558 en 2011 y a 17.495 millones en 2015, un año con récord histórico de aumento de comisiones (+840 millones, un +5%), según los datos de la patronal bancaria AEB. Y en 2016 va camino de batir un nuevo récord de ingresos por comisiones: van 8.769 millones hasta junio, un 1,9% más que en la primera mitad de 2015.

¿Por qué están subiendo las comisiones? Porque son la válvula de escape de los bancos para recomponer sus cuentas, muy deterioradas por la caída del negocio tradicional (el crédito no despega) y por los bajos tipos de interés, que reducen sus márgenes de beneficios. Y este panorama todavía va a durar, porque el crédito no despunta (sobre todo a empresas)  y los tipos de interés van a seguir bajos mucho tiempo, como augura el Banco Central Europeo (BCE). Y encima, han aumentado las exigencias  a la banca de capital y de provisiones (dinero en el cajón “por si vienen mal dadas”), lo que complica aún más sus cuentas. En este contexto, los bancos españoles aumentaron su beneficio sólo un 5,6% en 2015. Y este año 2016 les sigue cayendo su margen, según los datos de la AEB. En este contexto, sólo pueden hacer dos cosas: recortar costes (han cerrado la mitad de oficinas desde 2008 y han despedido a 83.753 personas, uno de cada tres empleados) y aumentar comisiones a los clientes.

Y ya lo están haciendo, sobre todo desde 2011. De hecho, los españoles pagamos una media de 400 euros en comisiones en 2015, 80 euros más que en 2014 (+25%), según un estudio elaborado por ADICAE en marzo. Y las comisiones bancarias en España están entre las más altas de Europa, sobre todo por sacar dinero de cajeros. La mayor parte de las comisiones las pagamos sin casi notarlo, por 3 conceptos: por el mantenimiento de la cuenta o libreta (120 euros de media), por las tarjetas (de 20 a 45 euros de media) y por un abanico de comisiones coyunturales (por descubiertos, por transferencias, por correspondencia…). Actualmente, con los ingresos por comisiones, los bancos españoles cubren ya el 43% de sus costes y consiguen el 21,4% de sus ingresos brutos (margen bruto), según las cuentas de la AEB. Pero todavía tienen margen para subirlas más, porque hay paises europeos donde las comisiones tienen más peso: en Reino Unido suponen el 26% de los ingresos brutos de la banca, en Alemania el 27% y en Francia e Italia el 33%, según un estudio de BBVA Research.

Luego tienen margen para ingresar más por comisiones. Los bancos lo saben y ya han anunciado que nos las van a subir. Lo han dicho claramente, sin tapujos. El último, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, el 14 de septiembre: “Las entidades financieras deben cobrar por los servicios que prestan”. Unos meses antes, en abril, el responsable de Santander España, Rami Aboukhair, lo  decía aún más claro: “Se tienen que acabar las comisiones cero para ser rentables. Hay que empezar a cobrar cada servicio que se ofrece al cliente”. Y el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, decía también en abril de 2016: “El cliente tiene que acostumbrarse a pagar comisiones”. Todo ello, “bendecido”  y hasta promovido por el Banco de España, que teme una segunda ronda de crisis bancarias y prefiere antes que los bancos aumenten sus ingresos subiendo las comisiones a sus clientes. Así, el pasado 17 de junio, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, animaba  a los bancos a subir comisiones: “Tienen margen para hacerlo”, repitiendo una idea que ya lanzó en 2015: la banca española debe apostar por las fusiones y por subir comisiones.

Ya nos han avisado: los bancos nos van a subir (más) las comisiones. ¿Cuáles? Todas, aunque unas más que otras. La primera subida importante, la de las comisiones por sacar dinero en el cajero, ya nos la están aplicando desde la pasada Navidad: si antes cobraban una media de 65 céntimos por sacar dinero en un cajero de otro banco, ahora estamos pagando entre 1,80 y 2 euros por operación, gracias al decreto ley que aprobó en octubre de 2015 el Gobierno Rajoy, a raíz de la subida impuesta por CaixaBank. Sólo con esta subida de la comisión por uso de cajeros, la banca va a ingresar 181 millones extras al año. Una subida que beneficia sobre todo a la gran banca, según la Comisión de la Competencia (CNMC), porque entre CaixaBank, Santander y BBVA controlan el 49% de los cajeros instalados en España.

Otras comisiones que se están multiplicando son los cobros por cuentas, sobre todo a clientes que dan poco negocio (los llaman “poco vinculados”, porque no tienen nómina, recibos o hipotecas ni préstamos personales con el banco).  Actualmente, mantener una cuenta corriente sin nómina cuesta 45 euros anuales (Bankinter), 48 euros en CaixaBank o BBVA, 60 euros en Bankia, 60 euros en Sabadell, 96 euros en Santander y 120 euros en el Popular. También están subiendo los pagos anuales por tener una tarjeta de crédito o de débito (el coste se ha triplicado desde 2012, según ADICAE). Y se está cobrando comisión (de 3 euros y más) por hacer algo que antes no la tenía: realizar ingresos por ventanilla (para “echar” a los clientes de las oficinas) o añadir el remitente en un simple ingreso (hasta 10 euros). O la comisión de apertura en una hipoteca. O los gastos por envío de correspondencia.

Y luego se mantienen y generalizan comisiones que son consideradas "abusivas" por ADICAE : pagos a terceros en una sucursal (comisión del 0,25% en Popular al 0,48% en Santander), cobro por apunte (entre 0,40 y 0,60 euros, además de cobrar por mantenimiento o administración de cuenta), cobro por liquidación de intereses y gastos y cobro de comisiones por cuentas que se han abierto por imposición de la entidad (para pagar los intereses de una hipoteca o abonar los rendimientos de un depósito), comisión esta última que no debería cobrarse según el banco de España. Y además, ADICAE denuncia los cobros excesivos por descubiertos (de 18 a 20 euros más una segunda comisión por notificación, que puede llegar a 45 euros, aunque el descubierto se haya cubierto).

Cara a los próximos meses, lo que van a hacer los bancos es clasificar mejor a sus clientes y estandarizar el cobro de comisiones según los perfiles de clientes. Por un lado estarán los clientes que dan negocio, los que tienen nómina, recibos, hipotecas, créditos, tarjetas y posibles inversiones (Fondos, Planes, valores o seguros). A este grupo tratarán de cobrarles más comisiones por los servicios que les prestan (hipotecas, Fondos, valores), que “se ven poco”,  y menos comisiones “de las que más se ven”, por cuenta, apuntes, transferencias, tarjetas o cajeros. Se trata de sacarles ingresos sin forzar que se vayan. Y luego, a los clientes que no dan negocio, cobrarles por todo lo que puedan, se note o no, sin ningún temor a que se vayan a otro banco porque “no les interesan”. Con ello, se abre una “guerra entre bancos” por quedarse los clientes rentables, cuidando sus comisiones (por eso las engañosas campañas "No comisiones").

El otro gran cambio será un aumento de las comisiones por productos, básicamente por Fondos, Planes, Bolsa y seguros, el negocio por el que está apostando la banca ahora que no se recupera el crédito. De hecho, hoy ya, el grueso de las comisiones que ingresa la banca es más por estos productos que por cuentas, cajeros o tarjetas. Y su pretensión es cobrar más comisiones en el futuro. Por eso habrá que estar muy atento a las subidas de comisiones a los que tienen un Fondo, una cartera de Bolsa (por tenencia de valores y por operativa), un Plan de pensiones o un seguro. Y también van a aumentar las comisiones en las hipotecas (ahora que empiezan a crecer) y, sobre todo, en los créditos al consumo, que se han disparado en el último año. Comisiones muchas que “no se ven”, que hay que investigar para saber finalmente cuánto pagamos de comisión con un Fondo, un Plan o una acción.

Al final, “en la próxima década, el cobro de los servicios bancarios será la norma”, como ha dicho el presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, quien reconoce que el cobro de comisiones “no será fácil ni pacífico”. Sabe que la banca tiene un grave problema de imagen, de malas prácticas (preferentes) y eso no les facilita cobrarlas. Y que muchos clientes se van a “rebotar” con la subida de comisiones y se van a ir. Unos a la banca online, que cobra menos comisiones, y otros a las alternativas financieras que puedan lanzar en su día los gigantes de Internet (Google, Apple, Facebook o Amazon) y las telecos (Orange va a lanzar un banco mientras todos agilizan los pagos por móvil). Pero también saben que los clientes que se vayan tienen pocas opciones fuera: el banco de enfrente también cobra parecidas comisiones y cada vez el mercado es más reducido, por las fusiones: los tres grandes (CaixaBank, Santander y BBVA) controlan el 44% del mercado y si añadimos los otros tres (Bankia, Sabadell y Popular), dominan el 69%. Y con ese poder, este oligopolio impone unas comisiones muy similares, como se ha visto con los cajeros.

Así que poco podemos hacer ante la subida de comisiones, salvo intentar negociar con nuestro banco y amenazar con cambiar a otro si tenemos una baza para hacerlo, como nuestra nómina o nuestra hipoteca o el negocio que les damos. Pero hay un debate de fondo que no se puede obviar: la banca, como cualquier otro servicio, no puede ser “gratis total”. Si pagamos por la gasolina o por la comida y deberíamos pagar por el cine, los libros, la música o la prensa, también debemos pagar por los servicios bancarios. Pero con tres condiciones: unas comisiones transparentes, justas y controladas. Transparentes porque ahora no sabemos bien cuantas comisiones pagamos y por qué. Justas, que estén justificadas por el servicio,  porque ahora hay comisiones abusivas, como pagar 45 euros por un descubierto de 1 euro o 3 euros por un ingreso en una sucursal. Y controladas, porque ahora no se publican como antes las comisiones que se cobran y además los bancos no hacen caso cuando un cliente gana una reclamación ante el Banco de España: en 2014, las entidades no rectificaron la mitad de las denuncias por cobros injustificados aceptadas por el Banco de España, nada menos que 8.029 de 15.516 denuncias respaldadas. Ni caso a estas reclamaciones, aunque fueran justas.

En definitiva, que usar un banco nos va a salir ahora más caro. Y tendremos que acostumbrarnos a pagar comisiones, como pagamos en la vida por muchos otros servicios. Pero tenemos que exigir que si pagamos comisiones, sepamos de verdad  lo que estamos pagando y que sea a cambio de un mejor servicio, de unas prestaciones que lo valgan, no un cobro arbitrario para mejorar sus beneficios. Y que si hay abusos, el Banco de España defienda al cliente hasta el final, obligando al banco a devolverle lo cobrado de más, con intereses. Todo esto no pasa ahora. Por eso llevamos tan mal que nos cobren comisiones. También, claro, porque a nadie le gusta pagar más. 

La "fiebre" por los Centros comerciales

Todos los meses se anuncia un cambio de propiedad, una compra venta, de uno de los 549 Centros comerciales que hay en España. Y de aquí a 2018 se van a abrir 24 Centros más, uno de cada 9 que se abrirán en Europa. Hay una “fiebre” por los Centros comerciales, alimentada por grandes inversores extranjeros, que buscan beneficios en pocos años, por los alquileres de tiendas y negocios y las plusvalías al volverlos a vender. Se han invertido 6.000 millones de euros en Centros comerciales durante los últimos dos años y medio, sobre todo fondos norteamericanos y europeos, que han cambiado  el ladrillo y las oficinas por grandes Centros en toda España. Ahora, el temor es que el auge del comercio electrónico les reste interés a medio plazo, porque la gente compre por Internet. Para evitar una nueva “burbuja”, un exceso de Centros comerciales medio vacíos, tendrán que “reinventarse”: ser también grandes espacios de ocio, gastronomía, cultura y deporte, no sólo grandes tiendas.
 

enrique ortega

La “fiebre” de los inversores españoles y extranjeros ya no se dirige al ladrillo (como en la pasada década) ni a la compra de grandes edificios de oficinas (como en 2014 y 2015) sino a los Centros comerciales. Cada mes se anuncia una compra venta y así desde 2014. La última ha sido la compra, el 16 de septiembre, del Centro Gran Vía de Vigo , el cuarto mayor de Galicia, por 141 millones de euros, adquirido por Lar España, sociedad de inversión inmobiliaria (SOCIMI) participada por Fondos norteamericanos y europeos, que compró en 2015 los Centros de Megapark Barakaldo y As Termas de Lugo, con lo que ya tiene 14 Centros en toda España. Unos días antes, el 6 de septiembre, se anunció la venta del Centro Comercial Atalayas de Murcia al grupo inversor francés Carmila, filial de Carrefour, que también va a comprar dos Centros más en Burgos y Badalona. El 3 de agosto se anunciaba la mayor venta de este año, por 495 millones, de Diagonal Mar, el mayor Centro Comercial de Cataluña, comprado por la división inmobiliaria del Deutsche Bank. Y antes se habían hecho tres importantes ventas más: la del Centro comercial de Vistahermosa, en Alicante (junio), a Lar España, la del Centro Luz del Tajo, en Toledo (junio) y el centro Comercial ABC Serrano, en Madrid (febrero), ambos comprados por CBRE Global Investors.

Hasta finales de agosto de 2016, las compraventas de Centros comerciales supusieron una inversión total de 1.800 millones de euros. Y todavía se esperan nuevas operaciones antes de final de año: la venta del centro Metromar de Sevilla y del Tormes de Salamanca, así como el traspaso de propiedad del Centro Xanadú, uno de los mayores de Madrid, cuyo precio podría superar los 450 millones de euros. Por todo ello, 2016 puede acabar con un volumen de operaciones similar a 2014, que fue un año récord, con una inversión en Centros Comerciales de 2.500 millones de euros, que bajó a 1.700 millones en 2015. El año pasado hubo 27 operaciones de compra venta de Centros comerciales, entre las que destacan Plenilunio (Madrid), una venta de 375 millones, y la mitad de acciones (255 millones) de Puerto Venecia (Zaragoza), el mayor centro comercial de España, con 103.500 metros cuadrados.

Esta fiebre por los Centros comerciales está ligada a los inversores extranjeros y a unas sociedades de inversión, las SOCIMIS (no tributan en Sociedades pero están obligadas a repartir dividendos anualmente), que son las dueñas de la mayor parte de los Centros que hay en España. El líder es la sociedad francesa Unibail Rodamco, con más de 500.000 metros cuadrados y 16 Centros, entre ellos los madrileños Parque Sur y La Vaguada. Le sigue Merlin Propertis, una SOCIMI participada por Santander, BBVA y fondos internacionales que se va a fusionar con Metrovacesa y que alcanzará los 500.000 metros cuadrados, con 14 Centros, entre ellos Marineda City (A Coruña) y Las Arenas (Barcelona). El tercero en el ranking es Lar España, otra SOCIMI participada en un 70% por inversores internacionales, propietaria de 14 Centros y 350.000 metros cuadrados. Y le siguen dos sociedades francesas, Carmila (grupo Carrefour) y Klépierre (Plenilunio, La Gavia y Príncipe Pío), con unos 300.000 metros cuadrados cada una, seguidas de cerca por la británica Intu, propietaria del mayor Centro comercial, Puerto Venecia (Zaragoza).  

Para el futuro, se esperan nuevas compraventas mientras se anuncian aperturas de nuevos Centros comerciales, 24 nuevos de aquí a 2018 más 6 ampliaciones de los existentes, según la patronal del sector (AECC). De ellos, 8 serían grandes Centros, de más de 50.000 metros cuadrados: 2 en Almería, 2 en Madrid (uno en Torrejón, cerca de Barajas, el Open Sky, con 90.000 m2, promovido por la multinacional francesa Phalsbourg, y el otro el Plaza Rio 2, a orillas del Manzanares, promovido por LSGIE, con 39.000 m2) y uno en Palma de Mallorca, las Palmas, Valencia y Granada (en Armilla, el Parque Nevada, que cuando se inaugure este mes de noviembre será el segundo mayor de Europa, con 85.000 metros cuadrados).

Con estos nuevos Centros comerciales, España ampliará en 1 millón de metros cuadrados la superficie actual, la novena parte del crecimiento de los Centros comerciales en Europa (crecerán en 9,1 millones de m2 entre 2016 y 2017). Y pasaremos de tener 549 Centros comerciales (con 15,5 millones de m2) a 573 centros (con 16,5 millones de m2), siendo el cuarto país europeo con más Centros comerciales abiertos, tras Reino Unido (líder a distancia del resto, con 1.400 Centros), Francia  y Alemania (unos 700 Centros cada uno). En Europa hay diez veces la superficie de Centros comerciales que en España, unos 156 millones de m2, y una densidad un poco mayor que aquí: unos 370 m2 por 1.000 habitantes, cuando en España hay ya  330 m2 de Centros por 1.000 habitantes. Y se espera que siga el “boom” de Centros comerciales en Europa los próximos años, sobre todo en Rusia, Turquía, algunos paises del Este y Francia, además de España, de la mano de inversores USA y europeos.

¿Por qué esta fiebre por invertir en Centros comerciales? La razón fundamental es que hay mucha liquidez en el mercado, mucho dinero que busca invertir al margen de la Bolsa, dinero de inversores y posible crédito barato que se consigue. Y los Centros Comerciales parecen una buena inversión por dos razones. Una, porque se ha recuperado el consumo y tienen mucho tráfico, mucha gente que los visita, con lo que se pueden cobrar altos alquileres a las tiendas y negocios. En España, en 2015, los 34.000 comerciantes instalados en los Centros comerciales vendieron por importe de 40.978 millones de euros, un 6,1% más que en 2014, tras recibir a 1.907 millones de visitantes a lo largo del año. La otra razón que convence a los inversores es que pueden conseguir beneficios extras (“plusvalías”) en poco tiempo, vendiendo los Centros en unos años. Un ejemplo: el fondo de inversión británico Northwood Investors ha conseguido en menos de tres años un beneficio de 335 millones de euros al vender a Deutsche Bank, en agosto, el Centro comercial Diagonal Mar por 495 millones de euros cuando lo compró, en noviembre de 2013, al banco malo irlandés Nama, por 160 millones de euros. Ahora, Deutsche Bank espera dar otro “pelotazo” en unos años, vendiéndolo más caro, además de los “alquileres cash” que ingresa cada mes de tiendas y negocios.

En el caso de España, un interés extra de los inversores internacionales por los centros comerciales está en el turismo: España recibirá este año más de 74 millones de turistas y eso supone un enorme tirón para las compras y el consumo, sobre todo en islas y zonas de costa. Por eso el interés de construir en Paterna (Valencia) el que iba a ser el mayor Centro comercial de Europa, el Shopping Resort “Puerto Mediterráneo”, con 300.000 metros cuadrados, que acaba de ser rechazado por la Generalitat valenciana, por razones ecológicas. Y otro aliciente es el turismo de cruceros, si atracan cerca de un Centro comercial.

Con todo, el futuro de los Centros comerciales, en España y en Europa, no parece tan claro como anticipa la actual “fiebre” de compras. El principal factor en contra es el auge del comercio electrónico, aunque sea menor en España. Todo apunta a que en una década, la mayoría de compras, de comida a ropa, las haremos por Internet, no acudiendo a las tiendas físicas. Y mientras tanto, además, en España hemos cambiado los hábitos de consumo y crecen las compras en los supermercados (el “modelo Mercadona” o Día) mientras bajan en los hipermercados, que han sido “los motores” de los Centros comerciales. Los dos factores juegan en contra el auge futuro de los Centros, que tendrán que “reconvertirse” más a Centros de ocio que de compras. De hecho, los nuevos Centros comerciales ya se están centrando en la oferta gastronómica y de ocio (aunque los cines están de capa caída), así como en ofertas deportivas y culturales. Por ejemplo, El Centro “Puerto Mediterráneo”, de momento parado, contemplaba un parque acuático, un mini parque del juguete, una zona de acrobacias, un parque de esquí e incluso un lago con olas para hacer windsurf.

Se reconviertan o no, la “fiebre” por los Centros Comerciales tiene un riesgo claro: que se esté formando “una burbuja especulativa”, como pasó con el ladrillo. Y que en unos años, sobren la mitad de los Centros comerciales, porque estén medio vacíos. El riesgo será para el último en comprar o construir, que no podrá recuperar la inversión. Y el problema, que lo acabemos pagando todos, como ha pasado con la crisis de la vivienda. Por eso, el futuro Gobierno debería vigilar y regular este sector, para evitar la especulación, a la vez que urge poner orden en la regulación de las autonomías, con 17 normas y horarios, cada una a su aire, autorizando o no nuevos Centros comerciales (a veces, a pocos kilómetros unos de otros), según presiones e intereses. Hay que poner orden al “boom” de los Centros comerciales, para que no nos acabe cayendo encima. Que no crezcan al ritmo de los especuladores.