Más desigualdad entre las 2 Españas

La economía mejora y crea empleo, pero aún no hemos salido de la crisis: la producción (PIB) por persona es menor que en 2007. Y la crisis ha agravado las diferencias entre las regiones ricas y pobres: sólo hay 6 autonomías que estén mejor que en 2007 y cuatro de ellas son ricas. La diferencia de renta entre el País Vasco y Extremadura es ahora mayor que antes de la crisis. Además, el mapa de la desigualdad no ha cambiado: las 7 autonomías más pobres (Extremadura, Melilla, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Ceuta y Canarias) son las mismas que en 2007. Y que hace 30 años. Seguimos con las 2 Españas y cada vez más lejos. Urge reformar la financiación autonómica, no sólo para que las regiones tengan más recursos, sino para corregir sus grandes diferencias. Y utilizar los impuestos, la industria, la tecnología, las inversiones y la educación para homogeneizarlas. Trabajar para que los españoles seamos más iguales en una década. No es mucho pedir.
 

enrique ortega

La actual crisis económica ha tenido en España dos periodos muy diferentes. Uno, el de la Legislatura de Zapatero (2008-2011), cuando la crisis financiera que estalló en EEUU (Lehman Brothers, septiembre 2008) hundió a la economía española en 2009 (-3,6% PIB), para estabilizarse después (+0,01% en 2010) y caer un poco en 2011 (-1%), por los primeros recortes. Pero no hubo “un desplome” y aunque la producción (PIB por habitante) cayó algo (-0,53%) hubo 7 autonomías cuya producción aumentó en esta Legislatura (País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Galicia), 2 autonomías donde se estabilizó (Castilla la Mancha y Extremadura), para caer en las 10 restantes (más en Melilla, Ceuta y Canarias).

En la siguiente Legislatura (2012-2015), la de Rajoy, estalló la segunda recesión, en Europa y en España, que provocó una fuerte caída de la economía en 2012 (-2,6%) y 2013 (-1,7%), que hundió el empleo y la renta. Y aunque el crecimiento se ha recuperado después, en 2014 (+1,4%) y 2015 (+3,2%), el balance es muy negativo: la producción (PIB per cápita) cayó en estos cuatro años un -2,10%, cuatro veces más que en la Legislatura anterior. Y de las 17 autonomías, más Ceuta y Melilla, sólo dos regiones ricas aumentaron su producción (Madrid y Cataluña), dos la estabilizaron (Canarias y Extremadura) y las 14 restantes empeoraron, sobre todo Cantabria, Melilla, Asturias y Castilla y León.

Al final, si sumamos las dos Legislaturas de la crisis, el balance es muy claro: España aún no ha recuperado el PIB por habitante de 2007. Si en ese año producíamos 23.396 euros por español, en 2015 produjimos 23.290 euros, un 0,45% menos, según el INE. Aún no nos hemos recuperado de esta crisis. Eso sí, hay 4 regiones ricas que sí: Madrid (+6,16% ha aumentado su PIB/habitante), La Rioja (+3,19%), Cataluña (+0,80%) y Aragón (+0,75%). Otra intermedia que también, Galicia (+3,18%) y una pobre, Extremadura (+0,53%), aunque ahora esté más lejos de la renta de la región más rica (en 2007, su PIB/habitante era el 52,5% y en 2015 es sólo del 50,8%). Y todavía hay 13 regiones cuya producción (PIB por habitante) no ha recuperado los niveles de 2007, destacando la caída en todos estos años de Melilla (-18,5%), Ceuta (-11,8%), Cantabria (-10,8%), Andalucía (-5,6%), Canarias (-5,25%) y Murcia (4,17%). O sea, las que más cayeron con la crisis son 5 de las 7 más pobres.

Este mayor crecimiento o caída de las regiones durante la crisis explica que en unas haya más o menos empleo y paro que en otras. Y aquí, las diferencias son muy llamativas. En todas se ha creado empleo, pero no trabaja el mismo porcentaje de personas. Si la media en España es del 47% (47 ocupados por cada 100 españoles mayores de 16 años), hay 12 autonomías con menos empleo, en especial las más pobres: Melilla (37,5% empleados), Extremadura (39,5%), Andalucía (40,98%), Asturias (41,2%), Ceuta (42,9%) y Galicia (43,8%), según la EPA de 2015. Y otras 7 autonomías, las más ricas, donde trabajan la mitad o más de los adultos: Madrid (54,05%), Baleares (53,4%), La Rioja (51,06%), Cataluña (51,03%), Navarra (50,7%), Aragón (50,03%) o País Vasco (49,4%). Y lo mismo pasa con el paro: si España está en el 20,9% (EPA diciembre 2015), hay 5 autonomías, las más pobres, con un paro mucho mayor: Melilla (32,6%), Andalucía (29,8%), Canarias (26,7%), Extremadura (26%) y Castilla la Mancha (24,9%). Mientras, 4 de las autonomías ricas tienen un paro “casi europeo”: País Vasco (12,8%), Navarra (13,5%), La Rioja (13,9%) y Aragón (14,6%).

Y claro, con distinto crecimiento y distinto paro, los salarios también son muy desiguales entre las autonomías. En Extremadura, el salario medio es de 19.129 euros, un 29% menos del salario en el País Vasco (26.915 euros), según el INE (datos 2013, los últimos publicados). Y lo peor es que la caída de los salarios con la crisis ha sido mayor en las regiones más pobres y con más paro, que la brecha salarial se ha agravado también con la crisis.

El Estado, cualquier Gobierno, tiene una serie de mecanismos para tratar de reducir las diferencias entre sus ciudadanos y sus regiones. La principal son los impuestos, haciendo que paguen menos los que menos tienen. El problema en estos años es que han subido más los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tasas, etc.), que se pagan igual se gane lo que se gane. Eso ha restado eficacia a que los impuestos redistribuyan riqueza. Lo mismo ha pasado con las prestaciones sociales: desde el paro a las pensiones, becas y ayudas, se han recortado drásticamente y eso afecta a los que menos tienen y a las regiones más atrasadas. Y también se han recortado las inversiones públicas, que ayudan a “repartir” infraestructuras y recursos que “tiren” de las regiones más deprimidas.

Así que al final, el cocktail de la crisis, la subida de impuestos y los recortes han agravado las desigualdades, no sólo entre españoles sino también entre regiones, según los datos del INE. La renta media por persona ha caído en toda España por la crisis, un 3,2% (de 10.737 euros en 2008 a 10.391 en 2014). Pero esta misma renta ha crecido en 5 de las 7 autonomías más ricas: Aragón (+4,8%), La Rioja (+1,96%), País Vasco (+1,73%), Madrid (+0,8%) y Navarra (+0,75%). Y en el resto, la renta por persona sólo ha mejorado en Ceuta (+8,2%), Galicia (+7,9%) y Melilla (+5%). Y la renta ha caído más que en el conjunto de España en varias autonomías pobres o medianas: Murcia (-14,8%), Cantabria (-12,5%), Andalucía (-10,3%), C. Valenciana (-7,3%), Castilla la Mancha (-5,7%) y Extremadura (-4,6%). Lo peor es que la renta por persona en Extremadura (7.729 €) no sólo es casi la mitad que la del País Vasco (14.281 €), sino que en 2008 era el 57,7% de la renta vasca y en 2014 suponía aún menos (el 54,12%). Las regiones ricas son más ricas ahora.

Y las regiones pobres son ahora más pobres que antes de la crisis, según los datos del INE. Si en 2008 había 7 autonomías con más de una cuarta parte de su población “pobre” (que ingresan menos del 60% que la media de españoles), esas mismas autonomías eran las que tenían más pobres en 2014: Ceuta (44,3% de pobres), Murcia (37,2%), Andalucía (33,3%), Extremadura (33,1%), Castilla la Mancha (28,4%), Canarias (27,65) y C. Valenciana (26,25), mientras hay menos pobres que en 2008 en el País Vasco (10,2%) y Madrid (14,7%).

Al final de tantas cifras, el balance es claro: España es más desigual que antes de la crisis. Y además, se mantienen inmutables las 2 Españas, la rica y la pobre. Esta es la lista de las 7 autonomías más ricas (PIB por habitante) en 2015: Madrid (31.812 euros por habitante), País Vasco, (30.459), Navarra (28.682), Cataluña (27.663), Aragón (25.552), La Rioja (25.507) y Baleares (24.394). Son las mismas que en 2007, cambiando que Madrid superó en 2014 al País Vasco y que Aragón ha superado en 2015 a la Rioja. Y tampoco ha cambiado la lista de las 7 autonomías más pobres, salvo porque haya salido Galicia y haya entrado Ceuta: son Extremadura (16.166 euros por habitante), Melilla (17.173), Andalucía (17.263), Castilla la Mancha (18.354), Murcia (18.929), Ceuta (19.399) y Canarias (19.900). Y lo peor: esta lista de regiones pobres y ricas en España es la misma que hace 30 años.

¿Por qué sigue habiendo 2 Españas? La respuesta habría que buscarla en la distinta estructura económica de las regiones. Es un hecho que la industria aporta un empleo más estable y más productividad. Y pesa más en Navarra (29% PIB), la Rioja (28%), País Vasco (25%) o Aragón (22%) que en Andalucía (11,7% PIB) o Extremadura (13%). Las exportaciones también ayudan decisivamente y dos tercios se concentra en cinco regiones (25,5% en Cataluña, 11, 4% en la Comunidad Valenciana, 11,3% en Madrid, 10% en Andalucía y 8,8% en el País Vasco), mientras apenas cuentan Extremadura (0,7% exportaciones totales, Asturias (1,5%), Cantabria (0,9%), Castilla la Macha (2,4%) o Murcia (3,7%). La innovación y la tecnología son claves para competir  y no es casualidad que las 4 autonomías que invierten más que la media en I+D+i, País Vasco (2,03% del PIB), Navarra (1,75%), Madrid (1,68%) y Cataluña (1,47%) estén entre las más ricas, mientras Ceuta, Melilla, Castilla la Mancha, Extremadura, Cantabria y Murcia, estén a la cola, gastando menos del 0,8% de su PIB en tecnología. Y también el País Vasco y Navarra están a la cabeza de España (con Asturias y Extremadura), en el gasto en educación por habitante.

Además de estos factores económicos, también hay factores financieros, ligados a la concentración del dinero y del crédito en las regiones más ricas. Y luego está la distinta financiación de las regiones. Está claro que el País Vasco y Navarra se benefician de un régimen fiscal especial, el cupo vasco o régimen foral, que se les concedió en 1981 (en los tiempos más duros de ETA) y que ahora nadie se atreve a quitarles. Pero también está claro que el actual sistema de financiación autonómica es insuficiente para prestar los servicios básicos (por eso, 13 autonomías están “rescatadas” por el Estado central, a través de un Fondo, el FLA,  que les ha inyectado ya 93.645 millones en créditos a muy bajo interés). Como para pedirle al sistema de financiación que además corrija las desigualdades entre autonomías.

Urge aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que aumente sus ingresos con dos fines. Uno, sostener las competencias básicas de las autonomías (sanidad, educación, dependencia y protección social). Y el otro, ayudar a las autonomías pobres a crecer más y recuperar la brecha que les separa de las autonomías más ricas: hay que crear un Fondo de compensación eficaz (ahora hay 4 Fondos), con más recursos, asegurados por Ley. Y en paralelo, tratar de corregir los desequilibrios regionales con la política fiscal (deducciones e incentivos a empresas) y la política económica (inversiones públicas, política industrial, exportaciones, tecnología, educación y formación). Y con un Plan contra la pobreza.

No puede ser que los españoles sean más o menos ricos según donde nazcan o vivan. Ni tampoco que la democracia y el desarrollo no hayan servido apenas para reducir la desigualdad entre la España rica y la pobre, agravada con la crisis. Si pedimos solidaridad a Europa, tenemos que empezar a aplicarla entre nosotros. No puede haber 2 Españas.

La crisis aumenta los suicidios

Los datos tardan en salir pero son impactantes: 3.910 españoles se suicidaron en 2014, más de 10 suicidios al día, el doble de muertes que por accidentes de tráfico. Y lo más llamativo: los suicidios han aumentado un 20% desde 2007, sobre todo por la crisis económica. Los estudios dejan claro que el paro y las deudas están detrás de muchos suicidios, que se concentran en los mayores de 45 años y los ancianos, sobre todo hombres. Al final, dos tercios de los que se suicidan sufren depresión y enfermedades mentales, sin que se les trate adecuadamente, salvo el “parche” de recetarles pastillas: los ansiolíticos y antidepresivos están entre los medicamentos más vendidos en España. Urge poner en marcha un Plan nacional contra los suicidios y por la mejora de la salud mental de los españoles, centrado en los colectivos de más riesgo, los parados maduros de larga duración, los jóvenes y los ancianos. La prioridad debería ser salir de la crisis lo más sano posible.
 

enrique ortega

Los suicidios son una de  las 10 principales causas de muerte en el mundo y la segunda entre los jóvenes de 15 a 27 años. Cada año se suicidan en el mundo cerca de 1 millón de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una media de 16 personas por cada 100.000 habitantes. Lituania es el país con la mayor tasa de suicidios del mundo (61,3 por cada 100.000 habitantes), seguido de Rusia (53,8), Bielorrusia (48,7), Kazajistán, Hungría, Letonia, Ucrania, Corea del Sur, Japón y Sri Lanka, según la OMS. En conjunto, la tasa de suicidios es mayor en Europa (23,2 suicidios por 100.000 habitantes) que en América (10,3 por 100.000), aunque en los últimos años, con la crisis económica, los suicidios están creciendo más en los países de bajos y medianos ingresos.

España ocupa el lugar 58 en el ranking mundial de suicidios (101 países) estudiado por la ONU. En 2014, el último año con datos oficiales, se suicidaron en España 3.910 personas, una tasa de 8,40 suicidios por 100.000 habitantes, la mitad de la tasa mundial y por debajo de la media de la Unión Europea (11,6 suicidios por 100.000 habitantes), aunque tenemos más suicidios que otros países de la Europa del sur, como Grecia (4,7 por 100.000), Malta (5), Chipre(5,1), Italia (6,6), o que Reino Unido (7,3), pero menos que Bélgica (17,2), Francia (16,9), Alemania (11,6) y la mayoría de países del Este. Pero lo verdaderamente preocupante es que los suicidios se han disparado en España con la crisis: han pasado de 3.263 muertes en 2007 a las 3.910 de 2014 un 19,82% más, según el INE. Son ya más de 10 muertes al día. Y desde 2008, las muertes por suicidio superan a las muertes por accidentes de tráfico (1.873 en 2014) y son la primera causa de muerte en España por motivos no naturales (no enfermedades).

Algunos expertos creen que estas cifras oficiales no reflejan la cifra real de suicidios, que debe ser aún mayor, porque muchas muertes por suicidio se acaban computando como muertes por infarto o por otras causas, para “encubrir” una muerte que se considera “vergonzosa”. Así, algunos médicos forenses estiman que hay un 0,97 por 100.000 más de suicidios no contabilizados, lo que daría unas 450 muertes por suicidio más cada año. O sea, unas 4.360 muertes al año, casi 12 al día.

El perfil del suicida en España es un hombre (75,14% de los suicidas) maduro: casi un tercio de los que se suicidaron en 2014 tenían entre 40 y 55 años, destacando los suicidas de 45 a 49 años (457) y los de 50 a 54 años (438). Todo apunta a que este colectivo maduro, de padres de familia, es el que más sufre las tensiones de la crisis (paro, deudas, incertidumbre) y que “se quita de en medio” cuando ve que los hijos “ya están criados”, no antes. También destacan los suicidios en ancianos (la cuarta parte de los suicidas tiene más de 70 años), sobre todo entre los muy mayores: 498 suicidas en 2014 tenían más de 80 años, algo que tiene mucho que ver con sufrir enfermedades incurables y la soledad. Y no hay que olvidar a los niños y adolescentes: hubo 10 suicidas con 10 a 14 años en 2014.

La mayoría de suicidas en España se ahorcan o saltan al vacío, aunque ha aumentado la muerte por intoxicación voluntaria de medicamentos. Las tasas más altas de suicidio se dan en las grandes ciudades (29,4% del total) y también en los pueblos pequeños, de menos de 10.000 habitantes (26,4%), destacando la alta tasa de suicidios de Asturias (13,92 por 100.000) y Galicia (12,09) y la baja de Madrid (5,21). Durante la crisis (2007-2014), el 83% del aumento de suicidios (hay 647 muertes más) se ha dado entre hombres de 40 a 59 años, el colectivo con mayor paro de larga duración (más de 1 año), según la EPA.

“La relación entre el aumento de suicidios y la crisis económica es clarísima”, ha señalado Antoni Talarn, psicólogo clínico, que aporta los datos del estudio internacional publicado en 2009 en la revista médica Lancet: constataba que “cada 1% de aumento del desempleo se asoció con un aumento del 0,79% en la tasa de suicidios de menores de 65 años y con un aumento del 0,79% en la tasa de homicidios (…) Un aumento superior al 3% en el desempleo tuvo un mayor efecto sobre los suicidios a edades menores de 65 años…”.  Ya en 2012, la OMS advertía que el desempleo y los problemas en los pagos (hipotecas, deudas) eran las principales causas del suicidio en el mundo.

Otra investigación realizada entre 2008 y 2010, publicada en el British Journal of Psychiatry, concluía que 10.000 personas se habían suicidado durante esos años en Europa y EEUU por la crisis económica, apuntando los tres factores de riesgo encontrados: la pérdida de empleo, el endeudamiento y la ejecución de hipotecas (el 15-M tiene esta web con la lista de suicidios motivados por la crisis) . Otro estudio de la misma publicación sobre Grecia, publicado en 2015, revelaba que la tasa de suicidios en el país heleno creció un 37,5% a partir de junio de 2011, justo después de que el Gobierno griego aprobara su segundo paquete de austeridad. Y un tercer trabajo, de 2013, elaborado por investigadores de China y Reino Unido sobre datos de suicidios de 24 países, revelaba que los suicidios habían aumentado en todo el mundo con la crisis, más en Europa (+6,5%) que en EEUU (+4,8%).

En España, los datos del estudio IMPACT (publicado en 2013), realizado entre 2006 y 2010 en las consultas de atención primaria de la sanidad pública son también muy concluyentes: los problemas de depresión crecieron un 19,4%, la distimia (depresión más leve) un 10,8%, la ansiedad un 8,4% y el abuso del alcohol un 4,6%, señalando explícitamente el estudio que “el desempleo constituye el principal factor de riesgo de estos trastornos”. El informe SESPAS 2014 concluye que “la crisis económica va asociada a problemas de salud mental y suicidios”. Y otro estudio de la Universidad de la Coruña, divulgado en 2016, demuestra una relación directa entre desempleo, caída del PIB y aumento de los suicidios en España. Y concluye que el factor de riesgo más importante no es el paro sino los años que se lleva en desempleo.

Está claro también que no todos los suicidios se producen por la crisis. Hay un segundo factor muy importante, la demografía: España es un país que ha envejecido, donde los mayores de 50 años, que son los que más se suicidan, suponen ya el 36% de la población. Y en el futuro aún habrá más riesgo demográfico, porque los mayores de 50 años serán el 44% de la población en 2023 y el 58% de los españoles en 2064, según las proyecciones del INE.

Además, hay otro bloque de causas personales, sociales, culturales y ambientales (clima) que influyen también muy decisivamente en muchos suicidios. En bastantes casos, la ruptura del modelo familiar, los drásticos cambios en el trabajo y las relaciones laborales, la ruptura de los valores tradicionales, la mayor incertidumbre y seguridad, el aumento de la soledad y del individualismo son factores que juegan a favor de los suicidios. Y más si, con la crisis, se han recortado gastos sanitarios, sobre todo en prevención: la atención a la salud mental ha perdido 2.200 millones con los recortes, según la Confederación de Salud Mental de España.

Al final, los suicidios son sólo la punta del iceberg de un problema más de fondo: el deterioro de la salud mental en Europa y en España, agravado con la crisis. Los expertos recuerdan que dos tercios de los suicidas sufrían depresión (la mayoría sin tratarse) y que cerca del 90% tienen un historial psiquiátrico detrás (por depresiones, adicciones y ansiedad). Por eso, para atajar los suicidios hay que mejorar la salud mental, que se ha deteriorado muy seriamente en las últimas décadas. Así, el 9% de los españoles adultos padece algún trastorno mental (son más de 3 millones de personas), la tercera parte de ellos un trastorno grave, según los datos de la Confederación Salud Mental de España. Y estiman que hasta un 15% de españoles adultos (5,3 millones) tendrán problemas mentales alguna vez.

Es un problema muy serio como para no tenerlo en cuenta. Y más porque la mayoría de los enfermos mentales no se trata, ni en España ni en el mundo: mientras el 75% de los males físicos se tratan, sólo lo hacen el 25% de los enfermos mentales, muy estigmatizados socialmente. Y además, el 88% de su cuidado recae en la familia, sin que acudan en muchos casos a la sanidad pública, por recelo y falta de medios, tanto en la atención primaria como en la mayoría de hospitales. Y eso porque España es uno de los países europeos que menos gasta en salud mental, según el Libro verde de la UE. Una cicatería que contrasta con el alto coste de los trastornos mentales, no sólo personal y social, sino económico: 83.749 millones, un 8% del PIB, según algunos estudios.

En España, desde 2006 hay una Estrategia Nacional de Salud Mental, que pilota el Ministerio de Sanidad y ejecutan las autonomías, cada una a su aire y con grandes diferencias de gasto y servicios a los enfermos mentales. En octubre de 2015, el ministro de Sanidad señaló que el Gobierno Rajoy iba a ampliar la Estrategia de salud Mental con dos nuevas prioridades: la lucha contra el suicidio y los problemas mentales de niños y jóvenes. Y eso porque en 2020, de las 10 enfermedades que producirán más discapacidad a los españoles, 5 serán mentales, figurando la depresión como la segunda enfermedad más inhabilitante. Pero al día de hoy, sin Gobierno, la nueva Estrategia de salud mental no se ha puesto en marcha ni hay nuevos recursos para aplicarla. A pesar de que cada día se suiciden más de 10 españoles.

Los expertos creen que la clave es destinar más recursos a la prevención, seguimiento y tratamiento de las enfermedades mentales, para rebajar así la cifra de suicidios. Y hacerlo desde edades muy tempranas, por dos razones. Una, que el 50% de los trastornos psiquiátricos en adultos se inician antes de los 14 años (y el 75% antes de los 24 años). Y la otra, porque preocupa el aumento de trastornos mentales entre niños y jóvenes: un 15% de los chavales entre 4 y 17 años tienen problemas psicológicos serios que deben ser tratados (y un 30% los jóvenes de 13 a 18 años), según acaba de revelar la Asociación española de Psiquiatría del niño y adolescente. Además, hay que reforzar la formación de los médicos de atención primaria, para evitar que el único tratamiento en muchos casos sea medicar a los pacientes. De hecho, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se ha disparado con la crisis y ese tratamiento amortigua pero no resuelve los problemas de fondo. Y en la mayoría de hospitales, faltan médicos y medios para tratamientos psiquiátricos más complejos.

La crisis sigue ahí, atacando con el paro de larga duración, el subempleo y la precariedad, los bajos salarios y la pobreza a muchos millones de españoles. Así que los factores de riesgo de las enfermedades mentales y el suicidio están presentes. Urge un Plan contra el suicidio y los trastornos mentales vinculados a la crisis, centrado en los colectivos de más riesgo (parados mayores de 45 años, ancianos, jóvenes y niños), con medidas de detección de problemas en ambulatorios, empresas y colegios, reforzando los medios para atenderles de forma integral y profesional, no sólo recetándoles medicamentos para salir del paso. Y, en paralelo, hacer otra política económica, que mejore el crecimiento y el empleo y luche contra la pobreza y la desigualdad, la base de muchos problemas mentales y suicidios. Hay que poner los medios no sólo para salir de la crisis, sino para salir vivos y sanos. No es mucho pedir.

Déficit excesivo: más ingresos, no más recortes

Tantos recortes para que Rajoy no haya cumplido nunca con el déficit prometido a Bruselas. Y España tiene el mayor déficit público de Europa (Grecia incluida). Montoro echa la culpa a las autonomías, pero olvida algo: de los 10.000 millones que se ha desviado el déficit, 4.800 son porque el Gobierno Rajoy bajó los impuestos, por las elecciones. Y también tiene culpa del agujero de las pensiones, por una reforma laboral que ha desplomado las cotizaciones. Ahora, el Gobierno en funciones quiere recortar el gasto de las autonomías, con muchas competencias y pocos ingresos, que exigen una reforma urgente de su financiación. Mientras, Bruselas amenaza con nuevos recortes (12.000 millones), que hundirían más la economía y la recaudación. Hay que explorar otro camino: recaudar más. Si España ingresara como Europa, recaudaríamos 82.000 millones más. Hay que reducir el fraude y hacer que paguen más las grandes empresas, multinacionales y los ricos. Así no habría que recortar.
 

enrique ortega

España es el país de la Unión Europea (28 países) con más déficit público en 2015: -56.600 millones de “agujero” (gastos-ingresos públicos), un 5,16% del PIB, frente al 2% de media en la UE-28, incluso por encima de Grecia (4,6% de déficit), Francia (3,8%) o Portugal (3%). Pero esto no ha sido siempre así: en 2003 y 2004, España tenía unas cuentas públicas equilibradas y entre 2005 y 2007 tuvo superávit, ingresábamos más de lo que gastábamos. Pero llegó la crisis y la recaudación se desplomó, mientras crecían los gastos públicos para tratar de paliar la crisis (desempleo, Plan E y cheque bebé, medidas inútiles y costosas). Y así, Zapatero dejó el déficit en el 9,4% del PIB en 2011 (-101.265 millones). Rajoy metió la tijera en los gastos y subió los impuestos, pero sólo consiguió bajar el déficit a la mitad, el 5,16% en 2015. Y año tras año, de 2012 a 2015, ha incumplido las promesas de recorte del déficit hechas a Bruselas.

¿Qué ha pasado? En líneas generales, que los recortes impuestos por el Gobierno Rajoy en 2012-2014 frenaron el crecimiento y con ello la recaudación: se gastó menos, se creció menos, se ingresó menos y el déficit se rebajó menos de lo previsto. Es “el círculo vicioso de la austeridad”. Concretamente, en 2015, el déficit superó en 10.345 millones lo prometido a Bruselas: ha sido del 5,16% del PIB en vez del 4,2%. La Administración central cumplió el déficit prometido (2,77% frente al 2,90% de objetivo), los Ayuntamientos tuvieron superávit (+0,44% frente al objetivo del 0% de déficit), pero incumplieron las autonomías (1,66% de déficit frente al 0,70% prometido) y la Seguridad Social (1,26% de déficit frente al 0,60%). Sin embargo, una semana después de dar él mismo estos datos, el ministro Montoro, "reculaba" y decía que la Intervención del Estado iba a "recalcular los datos" (por razones contables) y bajará el déficit de 2015 al 5% del PIB.

Décima más o menos, el desvió del déficit es enorme. Montoro, en funciones, ha aprovechado para echar la culpa del mayor déficit a las autonomías, sobre todo a las ahora gobernadas por el PSOE. Concretamente, las mayores desviaciones de déficit se han dado en Cataluña (2,7% déficit), Extremadura (2,64%), Murcia (2,52%), Comunidad Valenciana (2,51%) y Aragón (2,13%), aunque todas las autonomías incumplieron en 2015 su objetivo de déficit (0,7%) salvo tres: Canarias (0,54%), Galicia (0,57%) y País Vasco (0,69%). Está claro que las autonomías han gastado de más (e ingresado de menos), pero hay que matizarlo. Primero, todas (la mayoría gobernadas entonces por el PP) gastaron de más antes de mayo, de cara a las elecciones autonómicas. Y luego, a la izquierda sólo se le puede achacar el gasto de medio año o menos, porque los nuevos Gobiernos autonómicos tomaron posesión a finales de junio (30) y principios de julio (5 y 7).

Pero con el mito del “despilfarro autonómico” hay que hacer otras dos precisiones. Una, que el Gobierno Rajoy les ha impuesto a las autonomías un ajuste doble del que se ha impuesto a sí mismo, en la Administración central: tenían que bajar su déficit a menos de la mitad (del 1,70% en 2014 al 0,70% en 2015), mientras el Estado central lo tenía que bajar sólo una cuarta parte, del 3,6 al 2,7%. Y eso no es justo, porque las autonomías soportan el 35% del gasto total del país y el Estado central el 50%. Así que se les impone un recorte doble de lo que debían, mientras Montoro suaviza la tijera “en casa”. La otra queja de las autonomías es que están mal financiadas, que tienen que hacerse cargo de la sanidad, la educación, la dependencia, la justicia y muchísimas competencias más sin recursos, sin apenas ingresos. Y que el Gobierno Rajoy no ha cumplido con la reforma del sistema de financiación autonómica, prometida para 2014. Es un problema de reparto de dinero y de poder: las autonomías deberían ingresar más y el Estado central menos.

Está claro que hay despilfarro y mala gestión en muchas autonomías, que además pagan tarde (Hacienda ha "advertido" a 11 autonomías por pagar tarde a sus proveedores, con más de 60 días de retraso), pero también  es un hecho que les faltan recursos y les sobran competencias, mientras el Estado central conserva recursos y tiene menos competencias, además de permitirse un déficit que es cuatro veces el de las autonomías. O sea, que Montoro es juez y parte y al recortar el déficit barre para casa. Lo ha hecho también para 2016: prometió a Bruselas que las autonomías reducirán su déficit a menos de la mitad (al 0,3% del PIB desde el 0,7% previsto, ahora desde el 1,66%) pero su déficit, el del Estado central, solo prometían bajarlo la cuarta parte (al 2,2% desde el 2,9% previsto, ahora desde el 2,77%). La mitad de esfuerzo fiscal: que recorten otros. 

Pero hay más. Rajoy esconde que su Gobierno es directamente responsable de una gran parte del exceso del déficit, por la decisión de bajar los impuestos en 2015 y 2016, de cara a las elecciones del 20-D: de los 10.345 millones que se ha desviado el déficit en 2015, 4.800 millones son por la bajada de impuestos hecha en enero y julio de 2015, en el IRPF y en Sociedades (empresas). Y lo peor es que esta rebaja ha beneficiado más a los que más ganan (los que superan los 60.000 euros) a los inversores (ahorro) y a las grandes empresas, según los técnicos de Hacienda (Gestha). Y en 2016, Hacienda ha vuelto a ingresar 1.321 millones menos (más déficit) por la nueva rebaja de impuestos hecha en enero. Con todo, los españoles todavía pagamos 19.500 millones más de impuestos ahora que en 2011. O sea, que Rajoy ha hundido la recaudación, pero aun así todavía pagamos más impuestos.

El tercer culpable del déficit son las cuentas de la Seguridad Social, que han acabado con un agujero de 17.000 millones, aunque al final el déficit ha sido menor (12.800 millones, un 1,26% del PIB) porque el Gobierno ha compensado parte del mayor gasto en pensiones quitando dinero a los parados (se ha “ahorrado” 4.000 millones en desempleo). Y el problema no es que se haya desmadrado el gasto en pensiones (ha crecido, pero menos que nunca, por el efecto de los recortes de las “reformas” de Zapatero y Rajoy), sino porque apenas han crecido los ingresos por cotizaciones: un 1,7%, frente al 7% previsto por el Gobierno. Y eso, a pesar de que se crearon 525.100 nuevos empleos en 2015. El problema es que son empleos muy precarios, muchos por horas y mal pagados, con lo que las cotizaciones apenas crecen y menos con las bonificaciones y la tarifa plana aprobadas por el Gobierno. Es el fruto de la reforma laboral de Rajoy, que también por esta vía ha agravado el déficit público.

Ahora, el Gobierno Rajoy, en funciones, quiere calmar a Bruselas y va a tomar como “chivo expiatorio” del déficit a las autonomías. De entrada, la semana pasada, Montoro decidió retener los fondos de financiación a Extremadura y Aragón, como castigo por su reiterada morosidad en el pago a proveedores. Y envió una carta a 12 de las 14 autonomías que han incumplido el déficit en 2015 (a todas, salvo al País Vasco y Navarra), donde les daba 15 días de plazo para que aprueben un control de los gastos de 2016, para que no crezcan más del 1,8%, en cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria aprobada en solitario por el PP en 2012. Y les recuerda que si no controlan el gasto (en especial el sanitario y farmacéutico) y si no pagan a tiempo las facturas a los proveedores, no tendrán derecho a las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómico (el FLA), unos créditos que han evitado la quiebra de 13 autonomías (todas salvo País Vasco, Navarra, Galicia y Castilla y León). De hecho, todas han sido “rescatadas” por Hacienda, que les ha inyectado 93.645 millones de euros (del FLA) entre 2012 y marzo de 2016. Una prueba clara de que su sistema de financiación no funciona.

Montoro tiene en sus manos que las autonomías lleguen a fin de mes (como Bruselas con Grecia) y ahora quiere presionarles con no soltar un euro más si no recortan sus gastos. Pero la mayoría de autonomías, controladas por la izquierda y los nacionalistas, no están por la labor, porque eso exigiría más recortes en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, Justicia y tantas cosas más que dependen de ellos. Y así, se va a abrir una dura batalla política, entre un Gobierno en funciones con la llave del dinero y unas autonomías medio quebradas que exigen más recursos y un recorte más equitativo del déficit. Y ya han dicho que "no aceptan ningún castigo "de un Montoro en funciones.

Entre tanto, Bruselas está ahí, vigilante y molesta con España, porque Rajoy les ha engañado otro año más con el déficit y no cumplimos desde 2009. Esta vez, la Comisión está dispuesta a tomar medidas duras e imponer sanciones a España, por déficit excesivo. El problema es que no hay Gobierno a quien exigir más recortes, pero Bruselas no quiere esperar y este mes de abril emitirá un informe sobre España que impondrá más ajustes. Si no suavizan sus objetivos, España tendría que rebajar su déficit público al 2,8% en 2016, lo que supone tener que recortar 23.600 millones de gasto este año. Algo imposible. Todo parece indicar que la Comisión aceptaría “suavizar” el objetivo y que España rebajara el déficit al 4% en 2016 (son 12.000 millones de recortes) y al 3% en 2017 (otros 10.000 millones), a cambio de algunas reformas más (quizás otra vuelta de tuerca en la reforma laboral y en las pensiones).

El futuro Gobierno (o el actual si Bruselas se niega a esperar) tendrá que negociar estos futuros recortes, que serán difíciles de evitar, aunque deberíamos apoyarnos en Francia, Italia o Portugal, cuyos Gobiernos de izquierdas no quieren más austeridad. Pero si nos la imponen, tendremos un grave problema: la economía crecerá menos, se creará menos empleo, se recaudará menos y al final el déficit no bajará apenas, que es lo que ha pasado estos años. Es el “círculo vicioso de la austeridad” impuesta por los fundamentalistas de Bruselas a la Europa del sur: los recortes hunden la economía, caen los ingresos y no se corrige el déficit. Es una política equivocada, como ha reconocido incluso el FMI. Pero ellos, erre que erre :"España debe presentar más ajustes", insiste el presidente del Eurogrupo.

Hay que probar otro camino: recaudar más. Y se puede. El problema de España no es que gaste más: el gasto público en 2015 fue del 42,3% del PIB, por debajo del gasto medio de la UE-28 (48%), según la Comisión Europea. Y gastamos menos que la “austera” Alemania (gasta 43,8% PIB) y bastante menos que Italia (49,6% PIB) o Francia (56,8%). Entonces, ¿por qué tenemos mucho más déficit que todos ellos? Porque ingresamos mucho menos. La recaudación en España supone sólo el 38,2% del PIB (2015), frente al 46,6% del PIB que recaudan los países del euro y el 44,9% del PIB que ingresa la UE-28, según Bruselas. Y recaudamos mucho menos que Alemania (44,9%), Italia (48,2%) y Francia (53,4% de su PIB).

En definitiva, que si España recaudara como los demás países euro, habríamos ingresado 84.000 millones de euros más en 2015. No habría déficit (fue de 56.600 millones) e incluso podríamos haber gastado más. ¿Porqué ingresamos menos? Porque recaudamos peor, porque tenemos más fraude. La Comisión Europea estima que España deja de ingresar 12.000 millones por IVA (por tener tantos tipos bonificados) y los técnicos de Hacienda (GESTHA) denuncian que las grandes empresas, multinacionales y los más ricos evaden (“legal” e ilegalmente) 60.000 millones anuales. O sea, 72.000 millones menos de ingresos porque muchos pagan menos de lo que deben.

Si el futuro Gobierno no rebaja impuestos como Rajoy y ataja de verdad el fraude fiscal, España podría ingresar 25.000 millones más al año. Se puede. Y con este dinero extra, se podrían evitar más recortes y dedicar una parte a reanimar la economía, a invertir y gastar más en cosas necesarias (no en el AVEs), desde la formación, la innovación y la tecnología a las inversiones públicas que tiren de la inversión de las empresas y del empleo. En vez de recortar, reanimar la economía para crecer más y así poder recaudar más y bajar el déficit. Ese es el camino que habría que seguir, no más recortes que ya sabemos a dónde nos llevan. El dilema es más recortes o más ingresos. Austeridad o reactivación para tapar el agujero de las cuentas públicas. Este debería ser el gran debate del déficit en las próximas semanas.