Adiós al tabaco "español"

En junio cierra la fábrica de tabaco de Logroño, la última que produce cigarrillos (Fortuna y Ducados) en la Península. Con ella, son 12 las fábricas de tabaco cerradas en España desde 1999, con 6.000 empleos perdidos. Es la consecuencia de un desplome del consumo (se venden la mitad de cajetillas que en 2008) y de un aumento del contrabando, que supone ya 1 de cada 10 cajetillas vendidas. La industria del tabaco está en crisis en EEUU y Europa y sólo aumentan las ventas en Asia, por lo que las multinacionales trasladan allí sus fábricas. Pero el tabaco causa todavía demasiadas muertes en el mundo, una cada 6 segundos. Y España es el 9º país con más fumadores de Europa y donde los jóvenes empiezan antes. Por eso, los médicos piden que suban los precios del tabaco (aquí es más barato) y que las cajetillas denuncien más claramente que mata. Entre el empleo y la salud, la opción está clara.
 

enrique ortega

El tabaco fue una de las grandes industrias de España en el siglo XIX, aportando hasta un 16% de la riqueza del país. Pero hoy sólo supone el 1% del PIB y las ventas se han desplomado al nivel de consumo que había en 1965: en 2015 se vendieron en  España 2.325 millones de cajetillas, casi la mitad que en 2008 (4.514 millones). La facturación cayó mucho menos, sólo un -11,8% (de 12.365 millones vendidos en 2008 a 11.904 millones en 2015), porque el precio del tabaco se ha disparado en estos años, sobre todo por la subida de impuestos: la cajetilla ha subido un 77% desde 2008 y un paquete de Marlboro (la marca más vendida) ha pasado de costar 3 euros (2008) a valer ahora 4,85 euros.

El desplome en la venta de cigarrillos se debe a varias causas. Empezó con la prohibición de la publicidad del tabaco, desde enero de 2006, y se agravó con la crisis, que hizo que mucha gente fumara menos (se ha pasado de 20 a 14 cigarrillos al día de media) y marcas más baratas. Pero el gran cambio se dio el 1 de enero de 2011, cuando entró en vigor la Ley que prohíbe fumar en bares, restaurantes, oficinas y edificios. Posteriormente, en 2011, 2012 y 2013 subieron los impuestos al tabaco, que suponen un 80% del precio final de los cigarrillos. Y eso hizo subir la venta de tabaco de contrabando, que no paga impuestos. La puntilla ha sido la crisis de Oriente Medio, que ha recortado las exportaciones de tabaco “español” a Siria e Irak, antes importantes compradores.

Con la crisis y la prohibición de fumar en locales, las tabaqueras hicieron frente a la caída de ventas lanzando una “guerra de precios”, con objeto de promocionar marcas más baratas que siguieran captando clientes y ganaran cuota de mercado. Surgió así el tabaco “low cost”, por debajo de 4 euros la cajetilla, que deja menos margen pero mantiene fumadores (Altadis disparó las ventas de West Brooklyn, fabricado en Logroño). Y empezó la moda de fumar tabaco de liar, más barato, aunque su venta se retrajo al subirle los impuestos en 2013 (ahora han subido las ventas de tabaco de pipa, para liar, que paga menos impuestos). En 2015, el mercado español de cigarrillos se lo repartieron las multinacionales Philip Morris (USA), con Marlboro (15% cuota) y Chesterfield (8,8%), Japan Tobacco (JTI), con Winston (12,5% de cuota) y Camel (7%), y la británica Imperial Tobacco (dueña de Altadis, fruto de la fusión de Tabacalera y la francesa Seita), con la marca Fortuna (7,4% de cuota).

El lobby (grupo de presión) de las tabaqueras (multinacionales) lleva años quejándose, en Bruselas y en España, de que el desplome de su negocio se debe a la fuerte subida de impuestos al tabaco, que ha disparado el contrabando. Y dan un dato: si en 2010, el tabaco de contrabando suponía el 3,9% de las ventas, en 2014 llegó al 12,5%. Eso obligó a muchos países europeos a tomar medidas contra el contrabando, porque mermaba sus ingresos fiscales. Y así, en 2015 el contrabando ya ha bajado al 10,6% en España, según Altadis, aunque hay dos zonas donde supone un tercio de las ventas: Andalucía (el 34% del tabaco que se consume es de contrabando) y Extremadura (31%).

En Europa, el contrabando de tabaco surgió hace una década, pero en España se ha recrudecido a partir de 2013, por el surgimiento de fábricas de tabaco clandestinas, creadas en polígonos industriales por mafias europeas (lituanas, polacas, bielorrusas o griegas), que importan maquinaria (como si fuera agrícola), tabaco a granel y tecnología, fabricando millones de cajetillas (hasta 3 millones a la semana) de tabaco ilegal (“pata negra” o “polvorón” ) que luego son distribuidos por pueblos y ciudades por mafias españolas. En los dos últimos años, las fuerzas de seguridad han desmantelado 8 de estas fábricas de tabaco ilegal por toda España. Además, hay multinacionales tabaqueras europeas (la griega Karelia o la luxemburguesa H. Van Landewyck) que fabrican "marcas blancas" de tabaco que acaban en el mercado ilegal español (y europeo). La tercera vía del contrabando es Gibraltar: miles de cajetillas que pasan cada día a España por carretera o en lanchas, con la connivencia del gobierno gibraltareño, según ha denunciado España y las tabaqueras.

El éxito del tabaco de contrabando es su precio, la mitad que el tabaco legal, lo que permite a un fumador habitual ahorrarse una media de 100 euros al mes. El problema lo tienen no sólo las tabaqueras, que pierden un 10% de sus ventas, sino el Estado, que también recauda menos: en 2015, Hacienda ingresó 9.137 millones de euros por  impuestos del tabaco (impuesto especial más IVA) y se estima que dejó de ingresar otros 1.000 millones por el contrabando. Una actividad ilegal poco castigada, ya que los responsables detenidos suelen acabar con penas de hasta 2 años de prisión. Y el tránsito por Gibraltar no baja.

La caída de ventas, por el menor consumo, el auge del contrabando y la caída de exportaciones, ha provocado que la multinacional británica Imperial Tobacco decida cerrar a finales de junio la fábrica de Altadis en Logroño, fundada en 1890 y en la que trabajan 471 personas, fabricando Fortuna, Ducados o West Brooklyn . Con ella, son ya 12 las fábricas de tabaco cerradas en España en los últimos diecisiete años, en Madrid (1999), La Coruña, Gijón, San Sebastián, Valencia, Alicante y Málaga (2002), Tarragona y Sevilla (2007), Cáceres (2012) y Cádiz (2014). Y ya no quedará ninguna fábrica de cigarrillos en la Península (sólo una fábrica de puros y puritos en Santander), manteniéndose sólo una factoría de Japan Tobacco (JTI) en Canarias. Adiós al tabaco “español”.

La industria del tabaco tiene problemas en todos los países y más tras haber sido 2015 el primer año en que cayeron las ventas de tabaco a nivel mundial. En EEUU, las ventas han caída a la tercera parte desde 1982 y en Europa casi a la mitad, pero crecen en Asia (por China y la India), en África y Latinoamérica. Eso provoca que las multinacionales cierren plantas en EEUU y Europa (el año pasado, Imperial Tobacco cerró sus plantas de Nantes, en Francia, y Nottingham, en Reino Unido) y que ahora se cierre la planta de Logroño, a pesar de la oferta de ayudas del Gobierno Rajoy  y de ser la tercera fábrica más eficiente entre las 40 plantas de Imperial Tobacco en el mundo. Se trata de poner las fábricas donde está ahora el consumo, en los países emergentes.

A pesar de la caída de ventas, el tabaco es un gran problema sanitario en todo el mundo: en EEUU, causa la muerte de 500.000 norteamericanos cada año (con un coste de 300.000 dólares anuales). En Europa, según la Comisión Europea, el tabaco mata al año a 700.000 personas, con un coste sanitario de 25.000 millones de euros. Y en España, el tabaco sigue siendo la primera causa de enfermedad y muerte, según los médicos: provoca 55.000 fallecimientos al año, con unos elevados costes sanitarios (8.000 millones al año) y a las empresas (8.780 millones por pérdida de productividad, absentismo y gastos limpieza).

Y a pesar de la caída del consumo, España sigue fumando mucho: fuman diariamente un 23% de los españoles adultos y un 2,3% más de forma ocasional, según la última Encuesta de Salud del INE (2014). Y la tasa de fumadores sólo ha bajado un 2% tras estos 5 años de prohibir fumar en lugares públicos. Además, España es el 9º país de Europa con más fumadores, según el Eurobarómetro de 2014: nos daba un 29% de fumadores, frente al 26% de media de toda Europa (y el 17% en USA), sólo por detrás de Grecia, Bulgaria, Croacia, Francia, Chipre, Eslovenia, Hungría y Letonia. Y lo peor: España es el país europeo donde los jóvenes empiezan antes a fumar: a los 16,7 años de media, casi un año antes que en el conjunto de Europa (17,6 años), según el Eurobarómetro de 2014.

Y mucho tiene que ver el precio: en España, el tabaco es más barato que en la mayoría de Europa, con un precio medio de la cajetilla de 4,30 euros (2014), que está muy alejado de los 10,78 euros por cajetilla de Noruega, los 9,45 de Reino Unido o los 9,30 de Irlanda, y por debajo de los 6,83 euros de Suiza, 6,60 euros de Francia, los 6,32 de Holanda, los 5,64 de Dinamarca, los 5,26 de Alemania o incluso los 5 euros por cajetilla de Italia, según datos del Comité nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).

En mayo de 2016 entrará en vigor la nueva Directiva Europea contra el tabaco, aprobada en 2014 tras muchas presiones del “lobby” tabaquero, que obliga a vender unas nuevas cajetillas, con más espacio para fotos y advertencias de que el tabaco mata (ver aquí nuevos diseños). Pero los médicos y el Comité nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) piden que el futuro Gobierno español que vaya más allá y obligue a las tabaqueras a implantar el “empaquetado genérico”, una nueva cajetilla neutra, con el mismo color, tamaño y forma, sin logotipos y con más espacio para advertir que el tabaco mata. Lo implantó Australia en 2012, lo ha aprobado Irlanda y Reino Unido  y está pendiente en Francia, Finlandia y Hungría, mientras el Gobierno Rajoy lo descartó. Además, los médicos y la Comisión Europea advierten contra el cigarrillo electrónico, que consideran ineficaz, no inocuo (el vapor contiene sustancias tóxicas) y un elemento que “normaliza” el fumar.

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que hay que “ir más allá” en la guerra contra el tabaco, porque provoca la muerte de una persona cada 6 segundos, 6 millones de personas al año, que, al ritmo actual, serán 10 millones de muertes en 2030. Y la OMS cree que lo único de verdad efectivo contra el tabaco es subir el precio, por lo que pide a todos los países que suban los impuestos al tabaco. Según cálculos del CNPT, subir un 5% la cajetilla en España evitaría 3.000 muertes en los próximos 20 años.

Al final, el dilema que se plantea es optar entre mantener el empleo en la industria del tabaco o arremeter contra ella con todos los medios, aunque se cierren fábricas, porque está demostrado que causa muchas muertes y enormes costes sanitarios. La elección parece clara: la salud antes que nada. No pueden chantajearnos con el paro. Cierren y váyanse. Pero no nos vendan tabaco hecho en Asia, sin crear trabajo aquí. Hay que acabar de una vez con un consumo y una industria que mata. Es otro gran reto del mundo para el siglo XXI.

Las pensiones perderán poder adquisitivo

En enero, 8,5 millones de pensionistas han cobrado entre 2 y 5 euros más, por la subida del 0,25% aprobada por el Gobierno, la misma que en 2014 y 2015. Pero este año, esa mínima subida se la comerá la inflación, que crecerá un 0,7%. Y los pensionistas perderán poder adquisitivo, algo que no pasaba desde 2012, aunque en esta crisis, las pensiones han subido menos que la inflación. Pero el mayor problema de las pensiones  es que no salen las cuentas: en 2015, la Seguridad Social habrá tenido 12.000 millones de déficit, el mayor de su historia. Y no porque se dispare el gasto (pensionistas y gasto crecen menos que los últimos 10 años, por los recortes de ZP y Rajoy) sino porque crecen poco los ingresos, aunque hay 530.000 empleos más: es un empleo precario, que cotiza poco. Urge reformar las pensiones, no para recortarlas otra vez sino para conseguir más ingresos, vía impuestos y cotizaciones. Porque España gasta menos en pensiones que el resto de Europa.
 

enrique ortega

Las pensiones también han cambiado con la crisis. Hasta el año 2010, las pensiones en España subían cada año lo que se esperaba que subiera la inflación. Y luego, si los precios habían subido más, se les compensaba en febrero con la diferencia. Pero en 2011 se abandonó este sistema, presionados por Bruselas, que obligó al Gobierno Zapatero a congelar las pensiones, sin subirlas nada (por primera vez en la democracia). Y luego, en 2012 y 2013, Rajoy las subió un 1%. Y en diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprueba una Ley para establecer el mecanismo que determina la subida futura de las pensiones (factor de sostenibilidad), teniendo en cuenta la marcha de la economía y de las cuentas de la Seguridad Social. Así se fijó una subida del 0,25% para 2014, que se ha repetido en 2015 y 2016, y que parece será la misma al menos hasta 2020.

Con estas mínimas subidas, el poder adquisitivo de los pensionistas ha dependido de lo que hiciera la inflación. En 2011 y 2012, con una inflación alta (+2,9%), perdieron bastante, y a partir de 2013, con el desplome de los precios (por la atonía de la economía y la caída del petróleo), recuperaron poder adquisitivo. Pero no todo: entre 2008 y 2015, las pensiones subieron una media del 9,2% y los precios aumentaron un 10,1%, así que los pensionistas perdieron un 0,9% de poder adquisitivo. Y sólo en la pasada Legislatura (2012-2015), con Rajoy, los pensionistas ganaron un 0,3%, porque los precios subieron menos (2,2%) de lo que subieron las pensiones (2,50%). Pero si tenemos en cuenta el copago de los medicamentos, implantado el 1 de julio de 2012, resulta que esa mínima ganancia de poder adquisitivo de los pensionistas se ha perdido al tener que pagar parte de sus medicinas.

Ahora, en 2016, todo apunta a que los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo, por primera vez desde 2012: las pensiones subirán un 0,25% (entre 2 y 5 euros al mes) y la inflación podría subir un 0,7% de media anual, según el consenso de analistas (o más, si sube el petróleo). Y lo mismo se espera para 2017: subida de pensiones del 0,25% y subida de precios por encima del 1%. Y lo peor es que las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo en los próximos años: si no se hace nada, las pensiones bajarán un 30% en términos reales (descontando la inflación) para 2050, según un estudio universitario. 

Con todo, el mayor problema de las pensiones en España no es que pierdan poder adquisitivo sino que “no salen las cuentas”: el gasto crece más que los ingresos y 2015 se habrá cerrado con un déficit de la Seguridad Social en torno a 12.000 millones de euros, el mayor de su historia. Y sería ya el quinto año consecutivo con “números rojos”, un déficit que se inició levemente en 2011 (-1.000 millones), que se agravó drásticamente en 2012 (-10.131 millones) y que se ha mantenido al alza en 2013 (-11.861), 2014 (-11.202) y volvió a crecer en 2015 (entre -11.000 y --15.000 millones, según vaticinan los expertos). Un déficit en las pensiones insostenible a medio plazo.

Podría pensarse que la Seguridad Social tiene un abultado déficit porque el gasto en pensiones se ha disparado. Pero no es así. El gasto en pensiones crece, pero poco: ha subido un 2,7% en enero de 2016 (sobre enero 2015), la menor subida de la serie histórica. Y eso porque aumenta mucho menos el número de pensionistas (+0,94% en 2015, el menor aumento de los últimos 10 años), con una caída en las altas de jubilación (-2,9% en 2015, por segundo año consecutivo). Y también porque las nuevas pensiones suben menos que antes. Un menor ritmo del gasto que es fruto de las dos reformas de pensiones (recortes)  aprobadas por Zapatero en 2011 (aumento edad de jubilación y mayores exigencias de cotización) y por Rajoy en 2013 (menor subida pensiones y penalización jubilaciones anticipadas).

Así que si la Seguridad Social sigue aumentando su déficit no es porque se disparan los gastos sino porque apenas crecen los ingresos: un 1,3% en 2015. Y eso a pesar de que se está creando empleo, con 530.000 nuevos cotizantes en 2015. Pero los nuevos trabajadores cotizan poco, porque tienen empleos muy precarios (temporales y por horas) y salarios muy bajos (un 34% de todos los trabajadores ganan menos de 645 euros al mes, según datos de Hacienda). Así que hay más españoles cotizando, pero la SS sufre un estancamiento de ingresos porque los nuevos cotizantes aportan menos: los empleos temporales (92% de los contratos hechos en 2015) cotizan por un sueldo que es dos tercios el sueldo (63,4%) de un contrato fijo, según el INE. Y los contratos a tiempo parcial (35,58% de los contratos firmados en 2015) cotizan por un sueldo que es la tercera parte (38%) del sueldo de un empleo a tiempo completo. Así que la precariedad, fomentada por la reforma laboral de 2012, es “un mal negocio” para la Seguridad Social y para el futuro de las pensiones.

La otra razón de que la Seguridad Social ingrese poco es que el Gobierno Rajoy ha disparado las bonificaciones (descuentos) en las cotizaciones sociales de las empresas, como medida de “fomento del empleo” (muy discutible y poco efectiva, según la mayoría de expertos). Han proliferado desde 2012 las “tarifas planas” (50 y 100 euros mensuales de cotización), que en 2015 supusieron un coste para la Seguridad Social de 1.614 millones, que subirán hasta los 2.100 millones en 2016 (2.100 millones menos de ingresos). En total, se estima que durante los 4 años de la legislatura de Rajoy, estas ayudas a las empresas le han supuesto a la Seguridad Social dejar de ingresar 3.439 millones de euros.

Para 2016, las cuentas de la SS no van a mejorar, aunque los gastos vuelvan a crecer moderadamente, por efecto de los recortes de 2011 y 2013 (este año, la edad de jubilación para tener derecho al 100% de la pensión sube otro mes, hasta 65 años y 4 meses, y como periodo de cotización se computará un año más, 19 años, para llegar a los últimos 25 años cotizados en 2022). El problema volverá a estar en los ingresos: el Presupuesto 2016, que aprobó Rajoy a última hora, prevé un crecimiento de las cotizaciones del 6,7%, cuando el año pasado crecieron un 1,3% y este año se va a crear además menos empleo (unos 450.000 nuevos cotizantes). Por eso, será casi imposible cumplir la previsión del Gobierno Rajoy, de bajar el déficit a -3.000 millones de euros en 2016. Y se espera que haya déficit en las pensiones hasta 2018.

La Seguridad Social y las pensiones tienen un déficit estructural, que el Gobierno Rajoy ha tratado de paliar estos años con dos “parches”. Uno, recurriendo a las Mutuas laborales, cogiendo parte de sus excedentes para financiarse (5.350 millones hasta diciembre de 2014). Y el otro “parche”, echar mano de “la hucha” de las pensiones, un Fondo de reserva creado en el año 2.000 por el Gobierno ZP para guardar los excedentes y que llegó a acumular un máximo de 66.815 millones en 2011. A partir de ahí, empezaron los déficits y el Gobierno Rajoy se vio obligado a “tirar de la hucha” para pagar las extras de los pensionistas, desde la Navidad de 2012 a la última Navidad de 2015. En total, han retirado ya 34.330 millones de euros, más de la mitad del ahorro que había. Y seguirán haciéndolo en 2016, con lo que se prevé que la hucha de las pensiones se quede sin fondos a principios de 2018.

La situación de las pensiones es pues preocupante, sobre todo por la falta de ingresos. ¿Qué se puede hacer? El Tribunal de Cuentas dio en julio de 2015 una receta, que propuso se debatiera con urgencia en el Pacto de Toledo (la comisión, integrada por políticos, sindicatos y patronal, que es responsable del futuro de las pensiones: financiar parte de las prestaciones de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos, no con cotizaciones. En agosto, el Gobierno Rajoy concretaba esta propuesta, señalando que iba a proponer  a los demás partidos que fuera el Presupuesto y no la Seguridad Social quien pagase las pensiones de viudedad (2,3 millones) y orfandad (335.000 pensiones), un gasto de 23.000 millones para 2016, el 19,6% del gasto total en pensiones. Pero luego, con la vorágine electoral y postelectoral, no ha habido ninguna reunión y el tema está pendiente. Será una cuestión clave para el próximo Gobierno.


Quitarle a la Seguridad Social una quinta parte de la factura de las pensiones sería sin duda un gran alivio, aunque dejaría a viudas y huérfanos al albur de los Presupuestos y de futuros recortes para bajar el déficit (Bruselas pide 13.000 millones más). Pero no basta. Habría que contemplar otra medida: subir los ingresos por cotizaciones sociales. Es cierto que subir cotizaciones es malo para el empleo y más en un país que tiene el doble de paro que Europa. Pero también es cierto que las cotizaciones a la SS son más bajas en España que en la mayoría de Europa: las cotizaciones por contingencias comunes son el 28,3% del salario, algo menos que la media en Europa (28,7%) y mucho menos que las cotizaciones en Alemania (33,3%), Francia (37,9%) o Italia (31,5%). Y eso no tanto porque las empresas coticen menos (cotizan en España el 23,6%, cerca del 27,7 % de Francia o el 24,3% de Italia) como porque los trabajadores españoles cotizan bastante menos (4,7% del salario) que los alemanes (17,1%), franceses (10,2%) o italianos (7.2%).

Si España subiera un 2% las cotizaciones sociales (1% a las empresas y 1% a los trabajadores), todavía seguiríamos cotizando menos (30,7%) que los grandes países europeos y la SS ingresaría 8.000 millones más en cotizaciones. Claro que sería pedir un esfuerzo extra a las empresas, pero también es verdad que llevan un par de años con beneficios (las grandes, un +22% más en 2015). Y en el caso de los trabajadores, si bien es verdad que sus sueldos han caído, el dilema es claro: o cotizan más o tendrán que pagarse una pensión privada para complementar la pública, porque sus cuentas no salen. ¿Qué prefieren: cotizar algo más para asegurar el futuro de las pensiones o pagar a un banco o a una aseguradora (con comisiones elevadas) un Plan de pensiones privado? De hecho, el miedo al futuro ha disparado la contratación de pensiones privadas: las aportaciones (de 10 millones de españoles) han aumentado 10.000 millones de euros en los dos últimos años.

Las pensiones sufren en España un grave problema de fondo que se ha agravado con la crisis: los ingresos no cubren los gastos, que irán aumentando la próxima década por el envejecimiento de la población. Y eso, a pesar de que la mayoría de las pensiones son bajas. La pensión media está en 896,57 euros al mes (1.038 euros la jubilación), pero casi dos tercios de las pensiones (61,5%) cobran menos de 800 euros y más de la cuarta parte (27,8%) menos de 600 euros al mes (en el caso de las jubilaciones, el 52,6% cobran menos de 800 euros y el 19,2% menos de 600 euros). Y peor están las viudas, con una pensión media de 630 euros al mes, o los huérfanos (370 euros mensuales de pensión media).


De hecho, la penuria económica de muchos mayores se refleja en este dato: España es el país europeo donde los mayores de 50 años ayudan menos con dinero a sus hijos: sólo les dan dinero el 10% de padres, frente al 25% en Francia o el 30% en Alemania, según un reciente estudio de Funcas.

La solución no es recortar más estas pensiones, que apenas dan para vivir. Hay que pensar en conseguir más ingresos, vía impuestos y cotizaciones, para hacer frente a un gasto que además va a seguir creciendo. Y sobre todo porque España, aunque gasta mucho en pensiones (120.000 millones), todavía gasta proporcionalmente menos que la mayoría de Europa: un 12% del PIB, frente al 13,8 % de la zona euro (y un 16,6% en Italia, un 15,2% en Francia y un 12,3% en Alemania). Así que habrá que gastar más en pensiones, sobre todo porque van a crecer mucho, más a partir de 2030, cuando se jubilen los españoles del “baby boom”, los nacidos entre 1962 y 1975. O eso, o recortar más las pensiones futuras y además no subirlas apenas a los actuales jubilados.

Urge poner orden en las cuentas de las pensiones y pactar un sistema estable a medio plazo, con más ingresos. Si no se toman medidas, luego será peor y habrá quien haga “negocio con el miedo”, disparando las pensiones privadas. Hay que hacer las cuentas al revés: queremos unas pensiones decentes y busquemos cómo financiarlas. Con nuestra vejez no se juega.

La escandalosa desigualdad torpedea el futuro

Se dice pronto, pero es tremendo: los 20 españoles más ricos tienen tanto como los 14 millones de españoles más pobres (el 30% de la población). Y en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre). Esta larga crisis ha agravado aún más la desigualdad y España es el segundo país de la OCDE donde más ha empeorado desde 2007, de la mano del paro, los bajos salarios, la política fiscal y los recortes. Pero la desigualdad no es inevitable, sino producto de unas políticas que pueden cambiarse. Y no queda más remedio que reducir la desigualdad, porque no sólo es injusta e inmoral sino que además representa una gran amenaza para la recuperación económica y hasta para la democracia. El Papa Francisco, Obama, el FMI, la OCDE, varios Nobel, muchos economistas y hasta algunos empresarios coinciden: la desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo. Es un cáncer social. Otra asignatura pendiente para el próximo Gobierno.
 

enrique ortega

Desigualdad social ha habido siempre, pero con esta crisis ha llegado a niveles insoportables. Y así, esta desigualdad extrema se ha convertido en la principal enfermedad del mundo en el siglo XXI. Baste un dato: en 2015, 62 personas poseían la misma riqueza que 3.200 millones (la mitad más pobre de la población mundial), según el último informe de Intermón Oxfam. En 2010, eran 388 personas. Lo que ha pasado es que la crisis ha aumentado aún más la desigualdad, porque esos 62 más ricos han aumentado un 44% su riqueza en los últimos 5 años mientras a los 3.600 millones más pobres se les redujo un 41%. Y en todo el siglo XXI, la mitad del aumento de la riqueza se ha ido al bolsillo del 1% más rico (70 millones de personas), que ya posee más riqueza que el otro 99% de la población mundial (6.930 millones).

La desigualdad ha aumentado en todos los países, pero más en Estados Unidos, el país más desigual del mundo: el 1% más rico (que controla el 40% de la riqueza del país) se ha llevado el 95% del crecimiento generado tras la crisis financiera de 2007. En Europa, la desigualdad es algo menor pero impresionante: el 1% más rico posee el 31% de la riqueza europea, el 9% siguiente posee otro 38%, el 50% de la población poses el 30% de la riqueza y el 40% más pobre de los europeos sólo posee el 1% de la riqueza restante, según Intermón Oxfam.

En España, los datos son también tremendos: los 20 españoles más ricos (ver listado 200 mayores fortunas) tienen tanto patrimonio como el 30% de la población más pobre, como 14 millones de españoles, según el último informe de Intermón Oxfam. Y el 1% de la población, los más ricos (465.000 españoles) poseen tanta riqueza como el 80% de españoles más pobres (36,8 millones). Una tremenda desigualdad que se ha agravado con la crisis: España es el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad desde 2007, sólo por detrás de Chipre, casi 10 veces más que la media europea (incluso 14 veces más que en Grecia). Y ahora, España es el cuarto país más desigual de Europa, tras Portugal, Italia y Grecia, según un informe de Morgan Stanley.  

¿Por qué tanta desigualdad? La razón principal es que, desde los años 80 y 90, la rentabilidad del capital, del ahorro y las inversiones, ha crecido muy por encima de los rendimientos del trabajo, como explica el libro “El capital en el siglo XXI”, de Thomas Piketty. Dicho de otra manera: el capital, el dinero, se ha quedado cada año con un mayor trozo del pastel de la riqueza, a costa del trabajo. La desregulación económica y financiera, iniciada con Reagan y Thatcher y agravada con los dos Bush, ha aumentado el peso y la influencia del capital financiero y las grandes empresas, que han multiplicado exponencialmente sus beneficios. Y en paralelo, la globalización ha presionado a la baja los salarios, mientras la crisis aumentaba el paro y reducía más los ingresos de la mayoría. La puntilla han sido los impuestos: las empresas y los inversores han visto reducir su fiscalidad (para “fomentar la inversión”) mientras aumentaban los impuestos indirectos, los que “no se ven” (IVA, tasas, impuestos especiales), que perjudican más a los que menos tienen. Recordemos la frase del multimillonario norteamericano Warren Buffet: “Pago menos impuestos que mi secretaria”. Y en los últimos años, los recortes han agravado mucho la desigualdad, porque se han sacrificado los gastos (desempleo, sanidad, educación, pensiones, servicios sociales y dependencia) que benefician más a las rentas más bajas.

Dentro de este abanico de causas de la desigualdad, el informe de Intermón Oxfam da un papel clave a la existencia de paraísos fiscales, que permiten a los más ricos, grandes empresas y multinacionales eludir “legalmente” el pago de impuestos. De hecho, el 90% de las 200 mayores empresas del mundo tienen presencia en paraísos fiscales, igual que las grandes empresas españolas: 34 de las 35 empresas del IBEX tienen sociedades en paraísos fiscales, según Intermón Oxfam. Los  “paraísos fiscales” son claves en la ingeniería fiscal de bancos, grandes empresas y multinacionales para eludir el pago de impuestos. Y su importancia es creciente: al menos la mitad del comercio mundial pasa por un paraíso fiscal y los activos en estos paraísos se estiman entre 20 y 32 billones de dólares, una cifra superior al PIB de EEUU y China juntos, según datos del FMI (2014), recopilados por Intermón Oxfam.

Vistas las causas generales de la desigualdad en el mundo, veamos qué ha pasado en España. Aquí, un factor agravante de la desigualdad es el paro, que ha sido el doble que en Europa y el triple que en EEUU, con la pérdida de 3,7 millones de empleos durante la crisis. Otro, la mayor caída de los salarios durante la crisis, agravando aún más la brecha salarial: los presidentes de las empresas del IBEX cobran 158 veces más que sus trabajadores y mientras los sueldos de los altos ejecutivos de las empresas han subido un 10% con la crisis, la media de los salarios brutos ha caído un 22,2% desde 2007 a 2014, según Intermón Oxfam. Y otro factor clave de la mayor desigualdad en España son los impuestos: las multinacionales apenas pagan, las grandes empresas sólo pagan el 7,3% de sus beneficios (la mitad que las pymes) y las grandes fortunas se refugian en las SICAV (hay 38.000 millones invertidos, una cifra récord), sociedades que les permiten eludir el pago de impuestos. El resultado es que 9 de cada 10 euros recaudados en España proceden de los trabajadores.

La tremenda desigualdad, en el mundo, Europa y España, no es sólo totalmente injusta e inmoral. Es que además, debilita la economía y el crecimiento, según distintos expertos. Un informe del FMI de 2014 ya concluía que los países con una desigualdad elevada tienen periodos de crecimientos más cortos y otro informe de 2015 ha abundado en esta idea, reiterando que si aumenta la renta de los más ricos y no de los más pobres (que suponen un porcentaje mayor del consumo), se reduce el crecimiento (PIB) a medio plazo. Y otro informe de la OCDE sobre 20 países reveló que en Italia y Gran Bretaña, la tasa de crecimiento de los últimos 30 años podría haber sido mayor (entre un 6 y un 9% más) si no hubieran aumentado tanto las desigualdades. En todos los estudios, la razón es la misma: la caída de los ingresos de las clases media y los más pobres reduce el consumo y el crecimiento. Si los de abajo ingresan menos y no pueden comprar, las ventas y el crecimiento se frenan.

Pero hay más efectos negativos de la desigualdad extrema. Por un lado, fomenta la desigualdad de género: un estudio del FMI revela que los países con más desigualdad de ingresos son también los que tienen mayor desigualdad  entre hombres y mujeres (en salarios, trabajo, acceso a la sanidad y educación, presencia en las instituciones…). Y además, otros estudios señalan que la desigualdad fomenta las emisiones de CO2 y el cambio climático: los datos señalan que “la huella de carbono” (emisiones)  del 1% más rico puede ser hasta 175 veces mayor que la del 10% más pobre. Y además, la desigualdad debilita la democracia, como ha estudiado el Premio Nobel de Economía 2015, Angus Deaton. Y eso porque la desigualdad debilita la cohesión social, aleja a los más pobres de la política y las instituciones, fomenta los extremismos y aumentan los ciudadanos que no votan.

La desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo, algo en lo que coinciden el Papa Francisco, Obama, el FMI, la OCDE, la Reserva Federal USA, varios Nobel de Economía, muchose expertos y hasta algunos grandes empresarios. Lo fundamental es tener claro que tanta desigualdad no es “necesaria” (para que los  megaricos “tiren" de la economía, como defienden los conservadores USA y rechaza el Nobel Krugman) ni  “inevitable”, como insiste el Nobel Joseph Stiglitz, en su último libro “La gran brecha”. Explica cómo la desigualdad no es una “consecuencia” de la economía, sino el fruto de una serie de políticas, básicamente fiscales y de falta de control del sistema financiero y los sectores básicos de la economía, ese 1% que se ha apropiado de los resortes de la economía y del poder, en EEUU y en todo el mundo, en perjuicio del 99% restante. La otra idea de Stiglitz es que la desigualdad entorpece la recuperación, porque reduce el consumo, frena las posibilidades de los jóvenes (sus familias no pueden invertir en su educación), reduce la recaudación fiscal (y los países no pueden invertir en infraestructuras, tecnología y educación, lo que frena su competitividad) y provoca que la economía sea más vulnerable y más volátil (los ciclos de prosperidad y depresión son más frecuentes y más severos).

El mundo está obligado a luchar contra la desigualdad extrema, no sólo por justicia y dignidad, sino para facilitar la salida de la crisis. A nivel internacional, la principal medida pasa por reducir el peso de los paraísos fiscales y conseguir que las multinacionales, grandes empresas y los más ricos paguen lo que deben. Casi un tercio de la fortuna de los africanos más ricos se encuentra escondida en paraísos fiscales, según Intermón Oxfam. Y la Unión Europea pierde cada año por evasión y elusión fiscal un billón de euros, que rondan los 58.000 millones en el caso de España. Cualquier medida para frenar la evasión fiscal ha de ser a nivel mundial y tanto el G-20 como la OCDE van muy retrasados en esta batalla.

A nivel europeo y español, la lucha contra la desigualdad pasa por terminar con la austeridad (los recortes afectan más a los más pobres) y relanzar las economías, para crecer más y crear más empleo, la medida más efectiva contra la desigualdad. Un empleo decente y mejor pagado, con un aumento del salario mínimo (objetivo: los 1.000 euros) y subidas salariales en línea con la mejora de beneficios y la productividad, reduciendo la brecha salarial (hay una campaña en Europa, 1:12, para que nadie gane más de 12 veces lo que otro). Pero sobre todo, hay que apostar por una política fiscal contra la desigualdad, que aumente la recaudación de los que menos impuestos pagan (multinacionales, grandes empresas y los más ricos) y se vuelque en un gasto público, un Presupuesto  que redistribuya la riqueza en favor de los que menos tienen, a través de la educación, la sanidad, los gastos sociales, las infraestructuras y la lucha contra la pobreza.

La desigualdad extrema se debe y se puede reducir. Hay quien dice que primero salgamos de la crisis y luego lucharemos contra la desigualdad. Es una falacia, porque si no recortamos la desigualdad, será mucho más difícil salir de la crisis de una vez. Por eso, y por pura justicia y ética, hay que emprender una batalla global contra la desigualdad, como una gran prioridad no sólo económica sino también política: la desigualdad erosiona la democracia, fomenta los extremismos y aleja a millones de personas de la política. Es una “bomba de relojería”, un verdadero cáncer de nuestra sociedad, que crece año tras año, torpedeando el futuro.