Rescate autopistas: nos cargan sus deudas

El Gobierno acaba de decidir otro rescate público de empresas privadas en quiebra: nueve autopistas de peaje, promovidas por el Gobierno Aznar entre 1999 y 2003. Y lo ha hecho a escondidas, el viernes 17, presentando una propuesta al juez que lleva dos concursos de acreedores. El Gobierno Rajoy ha pactado con los bancos españoles acreedores de estas 9 autopistas hacerse cargo de la mitad de su deuda (es de 4.500 millones) y pagarles a 30 años, con los ingresos que obtenga la empresa pública (ENA) que crea nacionalizando estas autopistas quebradas. Y repiten que este rescate no nos va a costar un euro, pero no es cierto: habrá que pagar deuda e intereses y sacar a flote una empresa inviable. Además, estas autopistas ya nos han costado 5.200 millones en ayudas aprobadas por Zapatero y Rajoy, más subidas extras de peajes. Y otro recordatorio: en 1984, Felipe González ya nacionalizó seis autopistas en apuros y cuando ganaron dinero, en 2003, Aznar las privatizó. Siempre nos toca pagar los platos rotos.

                                                                              Enrique Ortega

Empecemos situando la historia. En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo se nacionalizan 9 de las 10 autopistas de segunda generación promovidas en los años del boom económico (1.999-2003), por Aznar, Álvarez Cascos (Fomento) y Esperanza Aguirre (PP de Madrid), que buscaba “tener autopistas como los catalanes”. Por eso, la mayoría de las 10 autopistas con problemas (en concurso de acreedores) son las radiales madrileñas (R-2, R3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas y la Madrid-Toledo, junto a Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y Alicante-Cartagena (que queda fuera del plan de rescate). El problema es que se diseñaron pensando en un tráfico irreal que además se ha desplomado con la crisis, máxime cuando hay autovías libres en paralelo. Y además se multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, con la “ayuda” de la Ley del Suelo de 1998 (Aznar).

Pero el negocio de las autopistas estaba en construirlas (sus dueños son las grandes constructoras) y en financiarlas (bancos pueden cobrar 10-20 millones año en intereses), sin poner apenas capital. Un ejemplo: en la R-2 (Madrid-Guadalajara), inaugurada con toda pompa por Aznar en 2003, los socios sólo pusieron el 12% de inversión y el 88% eran créditos (424,5 millones). Si luego no pasaban coches y no salían las cuentas, el problema era del Estado. Sí, porque Aznar pactó con las concesionarias incluir en los contratos la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las autopistas no pagaban la deuda, debía hacerlo el Estado. Negocio redondo.

El problema ha sido que con la crisis, los tráficos se desplomaron y estas autopistas amenazaban quiebra. Para evitarlo, el Gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos a devolver al final de la concesión (65 años), más un adelanto de dinero para cubrir la caída de tráfico (80 millones anuales). Posteriormente, Rajoy mantiene las ayudas, ampliándolas hasta 2021 (antes eran hasta 2018). Y para 2013, duplica incluso el adelanto (de 80 a 150 millones). En conjunto, estas autopistas tienen garantizados 5.200 millones en ayudas públicas hasta 2.021, que se suman a otros 1.098 millones recibidos por las autopistas (todas) entre 1.999 y 2011, en compensación por haber subido menos las tarifas para que España entrara en el euro (Real Decreto 6/1999). Y además, tanto Zapatero como Rajoy se comprometieron a subirles los peajes más que el IPC, tanto en 2011 (+3,43%) como en 2012 (+13,5%) y 2013 (+5%), para “ayudarles” a mejorar sus cuentas (tras una subida de peajes del 30% en diez años).

Pero ni con esas. Las cuentas de estas autopistas no salían y tuvieron que renegociar con los bancos acreedores para refinanciar su deuda. Y en 2013, suspendieron pagos, una tras otra. Los bancos le recordaron al Gobierno que si había problemas se tendrían que hacer cargo de la deuda, además de la mala imagen de España si no cumplía. Pero pagar la deuda (asciende a 4.541 millones, 4.000 de ellos la deuda bancaria, 473,2 la deuda a constructoras y 67,7 de deuda a accionistas) suponía aumentar el déficit público y la deuda. Fomento ya dijo en marzo de 2012 que estaba pensando nacionalizar estas autopistas, pero el problema era cómo afrontar la deuda.


Al final, ha forzado a la banca deudora a una quita (perdón) del 50% de la deuda, a cambio de cobrar seguro el resto (2.000 millones), en 30 años, con un interés cercano al 4%, del que un 1,8% se asegura con los ingresos por peajes. La banca acreedora española (Santander, BBVA, CaixaBank, Popular, Sabadell y Bankia), que tiene el 60% de la deuda, ha aceptado finalmente, tras asegurarles el BCE que los bonos en que transforme esta deuda serán líquidos (los podrá descontar Draghi). Pero la banca extranjera, con el 40% de deuda restante (Royal Bank, ING, Commerbank, Lloyds y HSBC) no está de acuerdo con la quita y podrían reclamar a Bruselas. Pero como el Gobierno ha cambiado recientemente la Ley Concursal, basta con un 50% de acreedores para cerrar el acuerdo presentado al juez del concurso de la R-3 y la R-5, con la intención de extenderlo luego al resto de las autopistas en concurso.

Tras firmar la tregua con los bancos españoles, el Gobierno aprobará la creación de la Entidad Nacional de Autopistas (ENA), 100% pública, donde integrará a las 9 autopistas rescatadas (la autopista  Alicante-Cartagena queda fuera tras haber alcanzado un acuerdo de refinanciación aparte). La ministra de Fomento ha reiterado que este rescate “no va a costar un euro a los españoles”, pero no es verdad. Primero, porque hay que devolver la deuda y los intereses y no parece fácil que se pueda hacer con los ingresos de estas autopistas sin tráfico. Segundo, porque estas autopistas tienen pendiente de pago más de 1.200 millones de euros en expropiaciones  Y tercero, porque cargamos con una empresa pública inviable que hay que mantener (con 748 kilómetros de autopistas, un 22% de la red). Y recordemos  además que recibirá de aquí hasta 2021 otros 2.000 millones de euros de ayudas acordadas ya entre 2010 y 2013.

Lo más sangrante es que muchas de estas autopistas pertenecen a concesionarias y constructoras con elevados beneficios, como Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr, Azvi, Isolux o Comsa. Y que varias de ellas explotan autopistas muy rentables (como saben catalanes y levantinos), en especial Abertis con Acesa, Aumar e Iberpistas. Lo lógico hubiera sido forzarles a “cargar con el error” de estas inversiones, o bien liquidando estas empresas o fusionándolas con otras autopistas rentables. Pero no, nos han cargado sus pérdidas a todos, al Estado, gracias a la cláusula de responsabilidad que les regaló Aznar.

Y lo peor es que la historia se repite. En marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó la empresa pública ENA para nacionalizar seis autopistas en apuros (de Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones, menos de lo que aportó el Estado a ENA (1.700 millones). Y antes, las autopistas, habían gozado de importantes privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del Estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos costó a los españoles unos 8.000 millones de euros. Ahora, de momento, nos costarán otros 6.300 millones más acordados por Aznar, Zapatero y Rajoy, más lo que nos cueste la nueva ENA.

Ayudas públicas con dinero de todos para resolver los problemas creados por decisiones políticas erróneas y compromisos polémicos con empresas poderosas. Es una historia que se repite una y otra vez: déficit eléctrico (Aznar), moratoria nuclear (Felipe González), rescate bancario (Rajoy), el reciente rescate del almacén de gas Castor (Zapatero-Rajoy) y ahora las autopistas. Dinero y más dinero público para ayudar a grandes empresas privadas (¡Viva la economía de mercado…¡), mientras 185.000 empresas españolas han tenido que cerrar con la crisis sin que nadie les haya ayudado. Y mientras los españoles hemos sufrido  los recortes de unos 30.000 millones de gasto público en educación, sanidad, desempleo, dependencia, ayudas sociales  I+D+i, cultura, Cooperación… Doble rasero. Es un escándalo.

Defensa, una hipoteca hasta 2030

El Gobierno Rajoy ha subido el gasto de Defensa para 2015, tras seis años de caídas. Pero esos recortes eran un espejismo, para enmascarar subidas del gasto militar en estos tres años, vía créditos extraordinarios para pagar compras de armamento aprobadas en 1997 (otra herencia de Aznar). El Gobierno ha pactado con las empresas de armas un nuevo calendario de pagos, que obliga a desembolsar 22.500 millones hasta 2030,1.500 millones extras al año. Una hipoteca que contrasta con la penuria del Ejército español en el día a día, con tanques, barcos y aviones que no se usan porque no hay dinero para carburante (es de Gila). Además, Defensa será un “agente de ventas” de las empresas de armamento, promoviendo acuerdos con otros Gobiernos para fomentar nuestras exportaciones de armas (España es el 7º vendedor mundial). Hay que poner orden y modernizar la política de Defensa, para conseguir un Ejército más pequeño, más operativo y más barato, sin trampas presupuestarias.
 

enrique ortega

En el Consejo de Ministros del 1 de agosto, mientras la mayoría de españoles salían de vacaciones, el Gobierno Rajoy aprobaba un crédito extraordinario de 883 millones de euros para pagar el recibo anual de la compra por Defensa de aviones de combate (EF2000) y transporte (A400), helicópteros (Tigre, NH90 y EC35) y misiles (Skype). Era el tercer crédito extraordinario aprobado por el Gobierno Rajoy, que aprobó dos similares en 2012 (1.782 millones) y 2013 (877 millones), con lo que ha habido un gasto extra en Defensa de 3.542 millones, un 20% del gasto presupuestado en esos tres años. El objetivo de estos créditos extraordinarios (convalidados en solitario por el PP en el Congreso) era poder presentar cada año un Presupuesto de Defensa que bajaba (daba mejor imagen con los recortes) y luego aprobar un gasto extra (que no se nota tanto) para pagar el armamento comprado.

El origen de estos gastos está en una herencia de Aznar (ver aquí otras): los Programas Especiales de Armamento (PEAS), un ambicioso programa, aprobado en 1.997, para modernizar las Fuerzas Armadas, comprometiendo un gasto de 24.000 millones de euros en la compra de 19 nuevos sistemas de armamento (fragatas, buques, submarinos, aviones de combate y transporte, helicópteros, tanques, misiles, artillería…). Como era una cantidad desorbitada, el Gobierno Aznar se inventó un truco contable: Industria daba un crédito sin interés (con nuestro dinero) de 14.000 millones a las empresas de armamento para que fueran fabricando y Defensa les pagaría el nuevo armamento a partir de 2011. Para entonces, los contratos habían disparado su coste, además de no estar incluido el mantenimiento del material. Y la hipoteca se había convertido en unos 30.000 millones.

El Gobierno Zapatero dejó crecer la burbuja y no pagó las primeras facturas, con la excusa del déficit. Al llegar Rajoy se encontró con la herencia y aprobó el primer crédito extraordinario, para pagar los impagos de 2010 a y 2012. Y en 2013, el ministro Morenés se puso a renegociar con la industria un nuevo calendario de pagos, que el Gobierno aprobó el 2 de agosto (otra vez agosto) de 2013. Una renegociación que ha sido un fiasco: se amplía el plazo de pago (de 2025 a 2030) y a cambio se paga más  de lo que se debía (quedan pendientes 22.500 millones, 2.500 millones más), en un nuevo calendario donde se paga menos ahora (915,6 millones en 2014 y 873,5 en 2015, cuando antes eran 1.032 y 1.276) y más en el futuro (2.045 millones en 2020 frente a los 1.832 del calendario anterior). El que venga detrás, que arree. Y además, se paga más dinero por menos material: en vez de 27 aviones de transporte A-400, serán 14; en vez de 24 helicópteros Tigre, 18; en vez de 45 helicópteros de transporte, serán 24; y en vez de 190 tanques Pizarro, 117. Eso sin olvidar el retraso en la compra de 4 submarinos  S-8 porque los han fabricado… con exceso de peso (parece de Gila), lo que nos costará 800 millones extras (ahora parece que ya flotan, pero les falla la propulsión, con lo que no estarán hasta 2018).

La renegociación de los PEAS es tan escandalosa que UPyD ha presentado una proposición no de Ley para que el Congreso encargue una auditoría para clarificar esta inmensa hipoteca. Y creen que la renegociación beneficia a las cuatro grandes empresas de armamento, que han presionado al Gobierno con despidos (EADS-Airbus ha anunciado un ERE, con 600 despidos en CASA) y con la “mala imagen” que daría no cumplir con estos pagos a empresas multinacionales. El mayor proveedor es el Programa Eurofighter (Italia, Alemania, Reino Unido y España con CASA), que vende los aviones de combate Eurofighter 2000 (10.600 millones pendientes de pagar). Le sigue de cerca el Grupo Airbus (Francia, Alemania y España, con un 4% a través de CASA), que fabrica el avión de transporte A-400M (5.018 millones pendientes de pagar) y los helicópteros NH-90 (1.682 millones), Tigre (1.515 millones) y EC-135 (65,2 millones). El tercer proveedor es la multinacional USA General Dynamics, que compró Santa Bárbara al Estado en 2001 y que ha vendido al Ejército los tanques Leopard (2.508 millones pendientes) y Pizarro (786 millones por pagar). Y en cuarto lugar, Navantia, un astillero 100% público que construye los submarinos S-80 (2.135 millones por pagar), los buques BAM (509 millones) y las fragatas F-100 (1.997 millones).

Un personaje clave en toda esta historia es el ministro de Defensa Pedro Morenés. Era Secretario de Estado de Defensa con Aznar (1996-2000) cuando se aprobaron estos millonarios programas de armamento. Y luego, como Secretario de Estado de Política Científica (2002-2004), en Industria, fue responsable de aprobar los créditos para que la industria de armamento fabricase estos pedidos (créditos que aún no han devuelto: suponen ya 15.260 millones, con intereses). En 2004, al llegar el PSOE al poder, Morenés vuelve al sector privado, primero a un astillero (2009), luego (2010) a una empresa europea de misiles, MBDA (la segunda del mundo) y entre medias es consejero de Instalanza (2005-2009), la primera fabricante española de bombas de racimo, prohibidas en 2010. Tras un recurso contra el Estado por esa prohibición, impulsado por Morenés, Defensa les compensa, en enero de 2014 (con Morenés como ministro) adjudicándoles el contrato de los lanzagranadas Alcotán (4 millones de euros). En definitiva, “puerta giratoria” de Morenés con la industria armamentista.

Ahora, Defensa, además de asegurar el pago de la hipoteca de los PEAS (1.500 millones extras anuales hasta 2030) va a ir más allá en su apuesta por la industria de armamento (en su mayoría extranjera, salvo CASA, Indra y Navantia): apoyará “las reformas normativas necesarias para que el Ministerio de Defensa pueda gestionar programas de armamento con destino a la exportación”, según dicen textualmente los Presupuestos 2015 (página 116 Libro amarillo). Para ello, añade, se promoverán “acuerdos Gobierno a Gobierno” (o sea, el Rey y los ministros se dedicarán a vender material militar en sus viajes) y se desarrollarán las capacidades de OFICAEX, la Oficina de Apoyo a la Exportación (Defensa). Todo por promover las ventas de material de Defensa, donde España es el 7º exportador del mundo.

Y entre tanto, el Ejército español, en su día a día, está paralizado, por culpa de los ajustes. Y mientras busca cómo pagar sofisticados aviones de combate, tanques  o submarinos, la realidad es que no tiene dinero para pagar el carburante de tanques, barcos y aviones: los pilotos se tienen que turnar para hacer horas de vuelo, los buques no salen a la mar y los nuevos tanques Leopard están sin estrenar. Han mandado al desguace el portaaviones “Príncipe de Asturias” porque no había dinero para mantenerlo operativo. Y cuando hay una emergencia internacional, como la de Mali en 2013, el presupuesto apenas da para enviar un avión de transporte. Es como el Ejército de Gila, en “economía de guerra”: en agosto pasado, el Gobierno aprobó también otro crédito extraordinario de 30,56 millones para pagar gastos urgentes, desde carburante y compras a dietas y formación de los militares.

Lo llaman “Ejército bonsái” porque tiene de todo pero pequeñito e inoperante. Urge afrontar una reconversión de la política de Defensa española, en cuatro frentes. Uno, el ajuste de personal, que se lleva el 75% del gasto: tiene 79.000 personas y se estima que sobran 20.000, entre tropa y sobre todo jefes (hay 45.000 mandos). Dos, una renegociación de verdad con las industrias militares, para que no impongan sus productos y condiciones. Tres, una mayor colaboración con otros países europeos (sobre todo del sur), para compartir servicios y costes. Y cuarto, una nueva política de Defensa, con un Ejército más pequeño pero más operativo: España es un país peninsular, donde no tiene sentido la Defensa basada en Tierra (tanques y artillería) y si en la Armada y el Ejército del Aire, que juntos gastan menos que Tierra. Es necesario apoyarse en unidades más pequeñas y especializadas, de intervención inmediata. Y no pensar en una guerra convencional, con invasión por los Pirineos, sino en las nuevas amenazas: ciberdefensa, terrorismo internacional, crimen organizado, catástrofes naturales, seguridad líneas de suministro e intervención en conflictos exteriores. Y para todo eso, hace falta otro Ejército con otras armas, no las que compró Aznar en 1997.

No se trata de hacer demagogia y desmantelar el Ejército, cuando formamos parte de Europa y la OTAN, que acaba de pedir a los países (Cumbre de Gales) reforzar su política de Defensa (y más gasto). Se trata de reestructurar el Ejército español, huyendo de trampas contables y gastando con eficacia, no en las armas que nos quiera “colocar” la industria con el chantaje del empleo que crean. Si hay recortes en sanidad, educación, dependencia, desempleo y gastos sociales, no podemos hacer gastos extras en armamento ni estar hipotecados hasta 2030. Ejército sí, pero más pequeño, más operativo, más eficaz y más barato.   

Almacén Castor: otro rescate con nuestro dinero

Ha pasado bastante desapercibido, pero el Gobierno Rajoy aprobó el 3 de octubre otro rescate con nuestro dinero, como el de la banca: el almacén de gas Castor, situado en la costa de Castellón. Como su funcionamiento provocó mil micro-seísmos, lo paralizó el año pasado y ahora lo cierra, pagando a sus dueños (una empresa de Florentino Pérez) lo que han invertido, un compromiso del Gobierno Zapatero, que autorizó el almacén en 2008 sin estudios sísmicos. El cierre costará 100 millones de euros anuales los próximos 30 años, 3.000 millones que se cargan al recibo de los consumidores de gas (particulares y empresas), que pagarán un 1% extra en cada recibo por el cierre de Castor. Otro ejemplo de “socialización de pérdidas”, de cómo los consumidores pagamos los errores de otros: rescate de las Cajas (Rajoy), cierre de nucleares (González), déficit eléctrico (Aznar) y pronto, la nacionalización de 9 autopistas y el rescate parcial de las centrales de gas. ¡Viva la economía de mercado!
 

enrique ortega

El almacén de gas Castor es el cuarto en España, tras los que funcionan sin problemas en Yela (Guadalajara), Bermeo (Gaviota, en la costa vizcaína) y Serralbo (Huesca). Está situado a 22 kilómetros de la costa de Castellón, frente a Vinaroz, a 1.750 metros bajo el mar, aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Shell en Amposta. Su objetivo era almacenar gas para garantizar el suministro de un tercio del consumo español durante 50 días. El primer permiso de investigación lo concedió el Gobierno Aznar, en 1996, pero hasta mayo de 2008 no fue autorizado por el Gobierno Zapatero. Y no empezó a funcionar hasta el 14 de junio de 2013, cuando se empezó a cargar el gas. Pero en septiembre 2013 se produjeron hasta 1.000 microseísmos en la zona (uno de magnitud 4,2 en la escala Richter), lo que provocó la paralización por el Gobierno el 26 de septiembre de 2013. Posteriormente, dos informes del Instituto Geográfico Nacional (diciembre 2013) y del Instituto Geológico y Minero (abril 2014) coincidieron en su diagnóstico: los temblores tenían que ver con Castor y se debían a la rotura de una falla no cartografiada antes (ahora falla Castor).

La empresa propietaria, Escal UGS (un 66,7% de ACS, presidida por el madridista Florentino Pérez, y el resto de la canadiense Escal) insistió durante meses que los seísmos no tenían que ver con Castor. Y de paso, recordaba que si el almacén no entraba en funcionamiento, el Gobierno tenía que resarcirle de la inversión, según la concesión. Y era así: el Real Decreto de mayo de 2008 que autorizó Castor permitía a la empresa renunciar al proyecto en cualquier momento de los 25 años de concesión y en caso de caducidad o extinción de la concesión, “las instalaciones revertirían al Estado (…) y se compensará el valor neto contable de las instalaciones”, un trato de favor que no se dio a los almacenes de Yela y Gaviota (autorizados en 2007). Pero hay más. El ministro Carlos Sebastián concede a Castor otro beneficio más: “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones…”. Luego hay que indemnizarles (menos) aunque tengan la culpa. Una locura, pero está escrito en el BOE.

El Gobierno Rajoy recurrió al Supremo, en mayo de 2013, esta segunda parte de la cláusula del contrato, por considerarla abusiva. Pero el 14 de octubre de 2013, el Tribunal Supremo resolvió a favor de la empresa: había que indemnizarla. El Gobierno estuvo varios meses remoloneando y en julio de 2014, Florentino Pérez le comunica que renuncia a explotar Castor, paralizada ya diez meses. Y reitera su mensaje: me tenéis que pagar lo invertido, unos 1.400 millones, tres veces lo previsto. El Gobierno se pone las pilas porque lucha contra el calendario: en noviembre de 2014, el almacén Castor ha de pagar el primer cupón a los inversores que han puesto su dinero para construirlo, grandes bancos europeos y el propio Banco Europeo de Inversiones (300 millones). Si no se les paga (el almacén no da ingresos) y la empresa quiebra, supone un grave problema para la imagen de España. Hay que pagarles y “tranquilizar a los mercados”. Aunque sea a costa de que lo paguemos todos.

La primera idea del Gobierno Rajoy es nacionalizar Castor, crear una empresa pública que se quede con el muerto y financiarlo con un crédito del ICO, un préstamo a bajo interés. “El consumidor no pagará Castor”, decía el 4 de julio de 2014 el secretario de Estado de la Energía. Pero esta fórmula se consultó con Bruselas y lo tuvieron claro: así aumentaba la deuda pública de España en 1.400 millones. Así que Montoro se negó en redondo. Y hubo que buscar otro camino: Enagás (5% del Estado) se hace cargo de Castor y pide un préstamo a tres grandes bancos (Santander, CaixaBank y Bankia) para pagar a los inversores: en 35 días, les adelantarán los 1.350 millones de euros del rescate, a cambio de un interés para los bancos del 4,3% a 30 años. Y luego, Enagás traslada este coste a los operadores y comercializadores de gas, que lo cargan a los consumidores (particulares y empresas) en el recibo.

En total, contando el coste de indemnizarles, los intereses del préstamo bancario, el coste de mantener Castor “hibernando” (20 millones al año), despedir a sus 200 trabajadores y desmantelarlo en el futuro (200 millones), la factura será de unos 100 millones de euros al año durante 30 años, unos 3.000 millones de euros (la OCU lo sube a 4.731 millones). Aproximadamente, un extra del 1% en la factura mensual de los 7,4 millones de usuarios del gas en España. Para intentar paliar la impopularidad de esta decisión, el Gobierno ha insistido que “deja la puerta abierta a exigir responsabilidades en el futuro a Escal EGS si se demuestra que hubo negligencia”, para lo que ha pedido sendos informes a la Universidad de Stanford y al Instituto Tecnológico de Massachusetts, informes que tardarán más de un año (para el siguiente Gobierno).

La pena es que estos y otros informes no se pidieran antes de autorizar el almacén Castor, ni en 1996 ni en 2008. De hecho, el informe (favorable) de Medio Ambiente no se conoció hasta noviembre de 2009 (18 meses después de la concesión) y no consideró los riesgos sísmicos (aunque un informe del Instituto Geológico y Minero validó en 2007 los estudios técnicos de la empresa), a pesar de las denuncias de varios expertos y del Observatorio del Ebro (incluso la página 27 del folleto de emisión de bonos para los inversores, en julio de 2013, también señalaba riesgos de fugas y seísmos). Pero el almacén Castor era una “prioridad energética”, primero para el Gobierno Zapatero y luego para el de Rajoy, además de contar con el apoyo político de Francisco Camps (Generalitat valenciana), del condenado Carlos Fabra (Diputación de Castellón) y del Ayuntamiento de Vinaroz (PP). Ahora, todos se acusan mutuamente, pero el hecho es que entre todos lo apoyaron (sin garantías) y nosotros los consumidores pagamos los platos rotos.

El problema es que Castor (ahora en los infiernos, como el mito) no es un caso aislado, sino otro ejemplo más de este principio: cuando las cosas van bien, el beneficio es privado, pero cuando van mal, lo pagamos entre todos. Socializar pérdidas. Es lo que pasó con la crisis de la banca y el pago del rescate a las Cajas, que nos acabará costando más de 100.000 millones de euros. Antes, la decisión de Felipe González (1991) de paralizar la construcción de 7 centrales nucleares: la moratoria nuclear la estamos pagando en el recibo de la luz (0,89%) hasta 2020. Después, la decisión de Aznar (1997) de compensar a las eléctricas por subir menos la luz (déficit de tarifa), por lo que estamos pagándoles esta “deuda” en cada recibo: 3 euros al mes hasta 2025. Y ahora viene la nacionalización de 9 autopistas de última generación (aprobadas por Aznar), que prepara el Gobierno  Rajoy desde hace más de un año y que nos costará otros 2.000 millones. Y antes de las elecciones podrían “hibernar” por 4 años (a costa de nuestro recibo) las centrales eléctricas de gas, que ahora sólo funcionan al 7% por el exceso de oferta (una “burbuja eléctrica” alimentada con ayudas públicas y nuestro recibo).

Al final, se está desvirtuando la esencia del capitalismo: invertir con riesgo, a cambio de beneficios o de tener que cerrar. Ya hemos visto muchos ejemplos, en España y en el mundo, de las nuevas reglas: si las cosas van bien, gano (ACS, con Castor) y si van mal, también (porque me rescatan e indemnizan). Todo sea porque los inversores no pierdan y no se preocupen “los mercados”: somos el segundo país más endeudado del mundo y estamos en sus manos. Así que, nada de riesgo: ganan siempre algunos (los más grandes y los que tienen mejores conexiones con el poder -ver foto-, ya que con la crisis han cerrado 184.000 empresas en España). Y nosotros perdemos. ¡Viva la economía de mercado¡