Otro palo al alquiler

La “mini reforma” fiscal aprobada por el Gobierno no sólo baja impuestos (poco) a algunos (rentas bajas y altas). También perjudica a otros, como a los caseros e inquilinos, a los que quitan o reducen las ayudas al alquiler desde 2015. Es un palo más que se une a otras medidas contra el alquiler tomadas en 2013 por el Gobierno Rajoy : supresión de ayudas a los jóvenes para alquileres, endurecimiento del resto de ayudas, recortes de incentivos fiscales y un Plan de Vivienda 2013-2016 que apenas promueve viviendas en alquiler. Ahora que el alquiler estaba despegando, la supresión de ayudas va a reducir y encarecer los alquileres, sobre todo a los jóvenes. Y aumentarán los desahucios por impagos. Además, los que no pueden pagar un alquiler normal, tampoco tienen alquileres sociales bajos. Sobran viviendas vacías (6 millones) y muchos jóvenes y familias siguen sin casa y viviendo con sus padres. Y ahora, con el recorte fiscal del Gobierno, tienen aún más difícil alquilar.

enrique ortega

La “mini reforma” fiscal  aprobada por el Gobierno Rajoy incluye dos medidas que son un torpedo al alquiler. Una, elimina la deducción por alquiler de la que se benefician los inquilinos desde enero de 2008: hasta ahora, los inquilinos con bases imponibles hasta 24.107 euros podían deducirse en el IRPF (Renta) un 10,05% del alquiler que pagan, con un máximo de 9.040 euros anuales. El otro cambio afecta a los caseros: hasta ahora no tenían que declarar en la Renta (IRPF) el 100% del alquiler recibido si su inquilino/a tiene menos de 30 años y tenían el 60% exento si tenía más de 30 años. Ahora, esa cantidad exenta queda en el 50% del alquiler, tenga el inquilino/a la edad que tenga.

Estos cambios afectan a los contratos de alquiler que se hagan a partir del 1 de enero de 2015, no a los actuales. Pero como todos los alquileres tienen que renovarse a los cinco años,  al final acabará afectando a los 2,5 millones de alquileres que hay en España. Un truco para retrasar estos cambios es firmar un nuevo contrato antes de diciembre, pero en cinco años sufrirá igual los recortes. Ahora queda ver qué hacen las autonomías, si también aplican en 2015 (año electoral) recortes a las ayudas que algunas dan al alquiler (Madrid, Valencia, Aragón o Canarias) o a los jóvenes que alquilan (Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cantabria y Andalucía).

La supresión de la ayuda estatal afectará a más de 820.914 inquilinos, que fueron los que dedujeron su alquiler en 2011 (ahora hay más alquileres), con una deducción media de 215 euros anuales por inquilino. Y el recorte en el alquiler exento afectará también a más de un millón de propietarios: 1.184.103 caseros no tributaron en 2011 por todo o parte de lo cobrado por alquiler. En total, las dos medidas supondrán un ahorro para Hacienda de 256 millones de euros y podrían alcanzar hasta 400 millones cuando los cambios lleguen a todos los alquileres. Un ahorro mínimo y muy dañino para el alquiler que contrasta con los 2.000 millones anuales que cuestan las ayudas fiscales a la compra de pisos (anteriores al 1 de enero 2013), que el Gobierno Rajoy mantiene (son 5,8 millones de contribuyentes/votantes) , a pesar de las críticas de la Comisión Europea y el FMI, que creen debían suprimirse.

Esta “mini reforma” fiscal al alquiler es injusta y discriminatoria, porque quita totalmente la deducción al inquilino (la parte más débil, con menos ingresos) y la mantiene, aunque recortada, al propietario. Y además, penaliza fiscalmente a los más jóvenes, a los menores de 30 años: antes, el casero que alquilaba a un joven deducía todo el alquiler y ahora le da igual la edad del inquilino, porque recibe siempre la misma exención (50%). Esto es especialmente grave en España, donde casi la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años se ven obligados a vivir con sus padres, según Eurofound.

La primera consecuencia de estos recortes fiscales al alquiler es que puede haber menos alquileres, ya que ahora, sin ayudas fiscales, al inquilino le resultará más caro alquilar. Además, al casero también le compensará fiscalmente menos alquilar, con lo que se teme que pueda haber más “alquileres en negro”, sin declarar: ahora son unos 200.000 y podría haber 100.000 más con estos recortes, según Arrenta, lo que supondría un “mercado negro” de 2.160 millones de euros que escaparían al Fisco. La segunda consecuencia de estos recortes es que pueden forzar que los caseros suban el alquiler, ahora que tienen menos ayudas. Y si esto es así y el inquilino no las tiene ya, aumentarán los desahucios: ya en 2013, más de la mitad de todos los desahucios fueron por impago de alquileres (37.625).

Estos recortes se suman a otras medidas tomadas antes por el Gobierno Rajoy contra el alquiler, cuando España es un país de propietarios y tenemos el porcentaje de alquileres más bajo de Europa: un 16,1%, según el INE, frente al 38% en la UE (y el 46% en Alemania). Por un lado, en junio de 2013, el Gobierno suprimió las ayudas a los jóvenes para que alquilaran y  endurecieron las ayudas generales al alquiler. Por otro, liquidaron la Sociedad Pública de Alquiler y redujeron las ayudas fiscales a inquilinos y propietarios, que ahora se vuelven a recortar. Además, en el Plan de Vivienda 2013-2016 destinaron sólo 65 millones anuales a promover viviendas en alquiler, lo que da para unas 2.000 al año. Una miseria para un país que sólo tiene un 2% de vivienda pública en alquiler, frente al 15% de Francia o Reino Unido.

Mientras el Gobierno Rajoy no apoya al alquiler, por mucho que lo diga, el mercado de alquileres ha ido creciendo, por la crisis (no hay dinero ni hipotecas para comprar) y porque muchos propietarios han optado por alquilar al no poder vender su piso, sobre todo tras aprobarse una Ley de Fomento del alquiler (en vigor desde junio 2013) que agiliza los procedimientos para desahuciar a un inquilino (en 10 días) si no paga. Con ello, el porcentaje de alquileres ha pasado del 11,4% en 2001 al 16,1% en 2013, según el INE. Y al haber más alquileres, han bajado los precios del alquiler, un 31,5% desde 2007, según Fotocasa.

Ahora, en 2014, esa bajada parece haber tocado suelo: en el último semestre, los alquileres han subido una media del 0,60%, según un sondeo de Enalquiler.com. Todavía hay 37 capitales en los que los alquileres bajan en el último año (incluidas Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Pamplona y Alicante) pero ya son 14 las ciudades donde los alquileres suben (entre ellas, Madrid, Sevilla, Las Palmas, Santa Cruz y Coruña). El alquiler medio está en 662 euros, pero hay ocho capitales con alquileres superiores, sobre todo Madrid (1.209 €), San Sebastián (1.014), Bilbao (982), Sevilla (897) o Barcelona (888), que contrastan con las capitales más baratas, Huesca (370 €), Ávila, Orense o Castellón (sobre 400) y Cuenca (423).

Ahora, con la “mini reforma” fiscal de Rajoy, los alquileres podrían subir más y dificultar su acceso a las familias con menos recursos, que ya hoy no pueden alquilar: si la mitad de los españoles viven con menos de 1.000 euros al mes, según Eurostat,  resulta difícil que paguen un alquiler medio de 662 euros. Así que a un gran número de españoles (parados, emigrantes, jubilados y jóvenes) sólo les queda la opción del alquiler social, hasta 200 euros mensuales. El problema es que apenas hay: España sólo tiene un 1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Y Alemania paga incluso el alquiler a los parados de larga duración. Mientras, aquí, autonomías y Ayuntamientos están desbordados de peticiones de alquileres sociales de familias y ONGs.

Para ponernos a nivel europeo, España debería promover un millón de alquileres sociales. Se puede. Por un lado, incorporando al parque público de alquiler las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías que no se venden. Por otro, sumando las 76.000 viviendas vacías del banco malo (SAREB), que se están vendiendo a fondos extranjeros para que especulen. Y dando suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos, ONGs y Fundaciones para promover pisos de alquiler social: con 1.000 millones (la octava parte de lo perdido con NovaGalicia Caixa) se podrían hacer 20.000 viviendas sociales al año para alquilar  Con estas tres medidas, se podría tener en cinco años un parque de 200.000 viviendas de alquiler social, para cubrir las necesidades más urgentes. Y negociar con bancos y Cajas para que cambien los desahucios por hipotecas impagadas en alquileres sociales.

El alquiler es la vía más sencilla y barata para resolver el problema de la vivienda en España. Habría que duplicar los alquileres para ponerse a nivel europeo, hasta llegar a los 5 millones de viviendas en alquiler, algo perfectamente posible porque hay 6 millones de viviendas vacías. Pero para ello, hace falta apoyar al alquiler, no suprimir o recortar las ayudas. Y en el caso de las familias y jóvenes sin ingresos, darles una salida con los alquileres sociales. La vivienda es un serio problema sin resolver. Y Rajoy sigue penalizando al alquiler.

Tarjetas: rebaja al comercio, no al cliente

A partir de septiembre, los comercios pagarán menos de la mitad de comisión por las ventas hechas con tarjetas de crédito. Es una de las medidas aprobadas el 4 de julio por el Gobierno Rajoy “para reactivar la economía”. Teóricamente, facilitará las ventas. Pero esta rebaja de las tarjetas tiene “truco”: es para los comercios, pero no se espera que los 200 millones que se ahorran en comisiones los trasladen en rebajas a sus clientes. Y como los bancos van a ingresar menos por las tarjetas, se teme que nos suban las cuotas anuales y el ya alto interés que cobran por las compras aplazadas. Lo dicen los consumidores  y hasta VISA y Master Card. Y es lo que pasó en 2005, la otra vez que bajaron las comisiones de las tarjetas: no nos bajaron los precios y los bancos nos cobraron más por ellas, para resarcirse. Así que esta bajada de comisiones tiene retranca: puede acabar en subida para nosotros.
 

enrique ortega

En España hay casi 70 millones de tarjetas, dos por adulto: un tercio son de débito y los dos tercios restantes son tarjetas de crédito (43,26 millones, 8,2 millones menos desde 2008). Con estas últimas se hacen 1 de cada 6 compras en España: 72 compras y un gasto de 3.074 euros por segundo. Parece mucho, pero los españoles usamos menos las tarjetas que la mayoría de europeos: hacemos 52 compras al año por persona (una a la semana) frente a 79 compras en la UE, según el BCE. Los que más compran con tarjeta son los nórdicos (230 compras los suecos, 224 los daneses, 167 Reino Unido, 130 Francia y sólo 39 Alemania) y los que menos los europeos del sur (4 compras búlgaros y rumanos y 7 los griegos). En cuanto al gasto, España compró con tarjeta de crédito por valor de 2.305 millones en 2013, la mitad que Portugal, la cuarta parte que Reino Unido y la quinta parte que Suecia o Dinamarca.

En general, Europa está retrasada en el uso de tarjetas frente a Estados Unidos: aquí se usan para hacer el 21% de los pagos y en Norteamérica para el 40% de las compras. Por eso, el BCE quiere fomentar su uso como un instrumento de pago “eficiente, seguro y fiable”. Y la Comisión Europea lleva desde 2009 peleando con VISA y Master Card, a los que ha abierto varios expedientes para que bajen las comisiones que cobran por el uso de las tarjetas. Precisamente, en febrero de 2014 alcanzó un acuerdo con VISA para rebajar un 60% las comisiones de las tarjetas, a cambio de no multarles. Y en abril, el Parlamento Europeo aprobó un Reglamento que plasmará este pacto con VISA y regulará las comisiones máximas de las tarjetas, como hicieron antes EEUU, Canadá o Australia: serán de un 0,3% máximo para las tarjetas de crédito y un 0,2% para las tarjetas de débito. El nuevo Reglamento aún tiene que ser ratificado por el Consejo Europeo y entraría en vigor un año después, para 2016.

El Gobierno Rajoy ha querido adelantarse a Bruselas y ha aprobado el 4 de julio estas nuevas comisiones europeas, que entrarán en vigor el 1 de septiembre. Las comisiones de las tarjetas de crédito, que eran de las más altas de Europa, pasan del 0,74% de media al 0,30% (rebaja del 60%). Y las de las tarjetas de débito, que estaban en el 0,30% (mínimo 0,32 euros por operación) pasan al 0,20% (y 0,07 euros), una rebaja del 70%. Los comerciantes se han quejado siempre de que las elevadas comisiones retraían las compras con tarjeta y que por eso las tarjetas se usan menos en España. Sobre todo para los pequeños pagos (menos de 20 euros, sólo un 7% se hace con tarjeta), porque tienen unas comisiones abusivas: un pago con tarjeta de 3 euros, por ejemplo, soporta una comisión de 25 céntimos (ahora la comisión baja más que para el resto de pagos, al 0,2%).

Los comercios estiman que se van a ahorrar unos 200 millones en pago de comisiones por las tarjetas. Pero el reparto será desigual, como es desigual el pago de estas comisiones, según un esquema complejo: las empresas emisoras (Visa, Master Card, American Express…) fijan una comisión por el uso de sus tarjetas, que es la tasa de intercambio que ahora baja el Gobierno (y Bruselas en 2016). Pero luego, el banco que trabaja con el comercio le traslada esta comisión  a su manera, cobrándole un porcentaje que puede ser mayor o menor, según las ventas y los servicios que le presta el banco. Los comercios que más pagan son los pequeños (las farmacias pagaban hasta ahora una tasa del 1,04%, los supermercados el 0,90%, los restaurantes un 0,88% y las ventas inferiores a 15 euros el 0,83%) y los que menos pagan los grandes negocios (0,26% las autopistas, 0,45% los híper, 0,49% las gasolineras y 0,51% las agencias de viaje). Ahora, lo lógico es que a todos los comercios les baje la comisión que les cobran los bancos, pero no por igual.

Esta rebaja de las comisiones al uso de las tarjetas (-60%) debería servir para que los comercios nos rebajaran sus precios, al menos una parte. Pero las asociaciones de usuarios bancarios, como ADICAE, temen que no bajen, como ya sucedió en 2005, tras la rebaja de comisiones del 50% pactada entre bancos y comercios (la comisión pasó del 1,52 al 0,74%): los comercios en vez de bajar sus precios, los subieron un 25% más que en la eurozona entre 2005 y 2010. El otro temor es que los bancos suban también a los usuarios el coste de las tarjetas, para resarcirse de los menores ingresos por comisiones en las ventas con tarjeta: es lo que pasó entre 2005 y 2010, que subieron un 27% sus ingresos financieros (cinco veces más que en la eurozona).

Ahora, hasta VISA y MasterCard han dicho que la rebaja de comisiones a las tarjetas “no va a beneficiar al consumidor”, ya que acabará pagando más por tener su tarjeta. La banca, molesta por la rebaja del Gobierno anticipándose más de un año a Europa, está pensando en cómo resarcirse. Algunas entidades piensan en cobrar un alquiler a los comercios por los datafonos o TPV (1,5 millones), como se hace en algunos países de Europa. Y antes o después, tratará de compensar los menores ingresos por comisiones con subidas a los usuarios, que pagan por dos conceptos. Uno, por tener la tarjeta, una cuota anual que ronda los 21 euros de media (eran 10,21 euros en 2010), aunque muchos bancos cobran más (30 euros Barclays, 43 euros Santander y 52 euros La Caixa). El otro, los intereses que cobra por aplazar los pagos, en las tarjetas revolving: el tipo medio está en el 20% (16% en la UE), pero en los grandes bancos el interés supera ya el 25% (26,75% La Caixa y Santander).

En definitiva, que se rebajan las comisiones a las tarjetas, pero los usuarios no lo vamos a notar, salvo porque nos acabará saliendo más caro usarlas. Ya antes, tener una tarjeta sale  caro y usarla más, sobre todo si se aplazan los pagos, algo cada vez más habitual con la crisis: se paga más cuanto menor sea la cuota mensual y más el gasto, porque se pagan intereses por lo pendiente. Además, si el cliente se retrasa en el pago de una sola cuota, paga tres comisiones más: comisión por reclamación de posiciones deudoras (35€), comisión de descubierto (30€ por exceder el límite de la tarjeta) y pago de intereses de demora (20,4% TAE). Así que lo mejor es pagar cada mes lo que se gasta y no tener muchas tarjetas, porque aunque al principio nos la ofrezcan “gratis”, al final nos acaban cobrando una cuota. Y lo peor es que muchas de las comisiones que pagamos son opacas, porque bancos y Cajas no tienen obligación de publicar su Libro de tarifas desde abril 2012: basta que comuniquen los cambios individualmente a sus clientes(muchos no se enteran).

La asociación de usuarios bancarios ADICAE ha presentado una denuncia ante la Comisión de la Competencia (CNMC) por presuntos acuerdos ilegales entre emisores, bancos y comercios en la fijación de los costes de las tarjetas. Y piden al Gobierno Rajoy y a Bruselas que tomen medidas efectivas para que la rebaja de comisiones se traduzca en una rebaja de precios a los consumidores y en un abaratamiento de las tarjetas a sus usuarios, algo que no pasó con la rebaja de 2005. Además, Bruselas y el Gobierno deben exigir más transparencia al sector, para saber con claridad los acuerdos entre emisores y bancos, la cuantía de las comisiones cruzadas y las diferencias de pago según el negocio, en perjuicio de los pequeños.

Las tarjetas de crédito son un gran invento, que facilita las ventas, pero no puede ser un negocio clave para la banca, que debe cobrar lo justo por su servicio y no aprovechar los plásticos para redondear unas cuentas que no les salen con su negocio tradicional (dar créditos, que no dan). Y las tiendas las tienen que verlas como una ayuda a la venta, no como un coste a cargar al cliente. Al final, no puede ser que las tarjetas sirvan para estrujar a los de siempre, a los usuarios. Que no nos engañen con bajadas que tienen retranca.

Salarios mínimos = más trabajadores pobres

Tener un trabajo hoy en España no garantiza una vida digna: uno de cada ocho trabajadores ganan el salario mínimo o menos (645 euros al mes), según el INE. Y así, un 13,4% de los trabajadores son pobres (2,27 millones), un porcentaje sólo superado por Rumanía y Grecia. Es el fruto de la enorme precariedad laboral (muchos contratos temporales y a tiempo parcial) y la bajada de salarios, más de un 10% con la reforma laboral. Y el resto de  trabajadores no tienen sueldos boyantes: el 72% ganan menos de 2.000 euros brutos al mes. Así pasa, que la mitad de españoles viven con menos de 1.000 euros al mes. Y todavía, la patronal pide dos años más de moderación salarial y más contratos temporales. Es un suicidio: si los trabajadores tienen sueldos de miseria, no consumen y no se crece ni se crea empleo. Y tienen pocos incentivos para trabajar mejor. Necesitamos sueldos europeos.
 

enrique ortega

La última estadística de salarios del INE, con datos de 2012, es terrorífica (y la de 2013 puede ser peor): el 12,25% de los trabajadores ganan el salario mínimo (SMI) o menos (645 euros por 14 pagas, 8.979 euros brutos al año, de los que se descuentan retenciones a Hacienda y las cuotas de la seguridad Social). Es un porcentaje que duplica a los que cobraban el SMI en 2004 (6% trabajadores) y muy superior al de antes de la crisis (7,8% en 2007). Con ello, un 13,4% de los trabajadores españoles son pobres, según el INE, nada menos que 2.271.130 empleados. Y tenemos el mayor porcentaje de trabajadores pobres de Europa, sólo por detrás de Rumania (19%) y Grecia (15%), según Eurostat.

El perfil de estos trabajadores pobres son mujeres (hay un 17,3 % de trabajadoras pobres frente a un 7,5% entre los hombres), jóvenes, mayores de 55 años, autónomos e inmigrantes, con poca formación y que trabajan básicamente en los servicios, con contratos temporales y a tiempo parcial. Precisamente, la primera causa del aumento de trabajadores pobres es la precariedad laboral, por partida doble. Por un lado, hay un 16,4% de contratos a tiempo parcial (en 2014, un tercio de los nuevos contratos), que ganan de media menos de la mitad que a tiempo completo (un 39,5%, según el INE). Y por otro, tenemos el mayor porcentaje de Europa de contratos temporales (24%, frente al 14,1% en la UE), los únicos casi que se firman ahora (91,3% de los contratos en 2014), contratos que ganan un 65,5% de los fijos, según el INE. Y además, la otra causa de pobreza es que todos los trabajadores, cualquiera que sea su contrato, han visto reducir su sueldo un 10% desde 2012, por la reforma laboral. Y hasta un -17% los  más bajos, según FEDEA.

Este creciente grupo de trabajadores pobres es el dato más preocupante, pero hay otro más: el 72% de todos los trabajadores (12.202.000) ganan menos de 27.000 euros brutos al año, menos de 2.000 euros brutos al mes (en 14 pagas). Y según el INE, el sueldo más corriente en España (2012) eran 15.500 euros brutos al año, curiosamente el mismo que en 2008 (lo que supone, con la inflación acumulada, ganar ahora un 9,1% menos). Son 1.107 euros brutos al mes (en 14 pagas), que descontando retenciones y SS se quedan por debajo de los 1.000 euros. No en vano, la última estadística de Eurostat daba un dato escalofriante: la mitad de los españoles viven con menos de 1.000 euros al mes. Y la mitad de ellos, incluso, son minieuristas (ganan entre 400 y 800 euros). En contrapartida, los que ganan 8 veces o más el salario mínimo (71.832 euros brutos anuales, 5.128 euros al mes en 14 pagas) han aumentado con la crisis y son ya el 1,74% de los trabajadores, 302.000 en 2012.

Junto a estos salarios bajo mínimos, los datos del INE revelan varias desigualdades flagrantes. La primera, la diferencia salarial entre hombres y mujeres: ellas ganan un 24% menos (19.537 € de media frente a 25,682€ los hombres), una brecha que se ha agravado con la crisis (en 2008 ganaban un 21,9% menos). Eso se debe, básicamente, a que las mujeres tienen más contratos temporales (26,1% frente a 23,9% los hombres) y más contratos a tiempo parcial (73,1% contratos de las mujeres y 26,9% de los hombres), los peor pagados, además de otros factores como que ocupan peores puestos y se les deja promocionar menos. Otra desigualdad  es por sector: los que trabajan en las eléctricas, por ejemplo, ganan 3,7 veces más que los trabajadores de los servicios. La tercera, la desigualdad por puesto: un directivo gana 4,14 veces más que un trabajador no cualificado. La cuarta, por edad: los menores de 30 años (sobre todo chicas) ganan un 44% menos que los que tienen entre 35 y 50 años. Y los inmigrantes no europeos ganan un tercio menos que los españoles. Por último, el sueldo depende mucho de dónde se trabaje: los que más ganan viven en País Vasco (ganan +16,7% que la media nacional), Madrid (+14,6%), Cataluña (+7,5%) y Navarra (+4,7%) y los que menos en Canarias (-15,1% que la media), Galicia (-14,6%) y Extremadura (-13,2%).

En 2013 y 2014, los salarios han seguido bajando, como sucede desde 2010, con una rebaja que supera el 10% de media. La bajada real podría ser mayor, según el Banco de España, porque con  la crisis se han perdido puestos de trabajo con menores salarios y ahora los más altos (que han perdido menos) pesan más en la media estadística. Además, la devaluación salarial no se ha producido sólo en el sueldo: han crecido mucho las horas extras gratis, de 2,7 millones a la semana (2009) a 3,38 millones (2013), sobre todo en los contratos precarios. Así, el trabajador pierde ingresos por partida doble (sueldo y horas extras no cobradas). Y España deja de crear, con todas la horas extras, unos 150.000 empleos.

Cara al futuro, la patronal quiere aprovechar la crisis para seguir con la moderación salarial dos años más: los salarios “no podrán subir hasta 2016 como pronto”, dicen, mientras los sindicatos defienden subidas en los sectores y empresas con beneficios. Recordemos que España tiene los costes laborales más bajos que Europa: se pagan 20,90 euros por hora trabajada (2013), un 12% menos que la media europea (23,70 euros) y bastante menos que en Francia (35€ por hora), Alemania (31€), Italia (28€) o Reino Unido (21,1€). Y tenemos un salario mínimo (645 euros por 14 pagas) congelado desde que llegó Rajoy (diciembre 2011) y uno de los más bajos de Europa, la mitad que en los grandes países (en Alemania llegará a 1.360€ en 2017, en Francia es de 1.430€ y en Reino Unido de 1.189€).

La Comisión Europea pidió en enero medidas urgentes para frenar el crecimiento de los trabajadores pobres en Europa. Es hora de poner coto a esta lacra social, mejorando el salario mínimo y cumpliendo con el compromiso adquirido por España con el Consejo de Europa: que el SMI sea el 60% del salario europeo, lo que supondría subirlo a 800 euros. Además, hay que reducir la precariedad laboral, recortando los contratos peor pagados, temporales y a tiempo parcial (la patronal CEOE quiere que haya más, multiplicar los minijobs a 400 euros para jóvenes, como en Alemania). Y sobre todo, hay que dejar atrás la moderación salarial, porque es un suicidio económico y social: si los trabajadores tienen sueldos de miseria, no consumen, las empresas no venden  y el país no crece ni crea empleo. Además, para competir no sólo hay que tener en cuenta los costes laborales: si las empresas españolas pagan más cara la luz (+20%) o los créditos (a un interés triple que en Alemania) y encima sube el euro, todo eso se come los sacrificios salariales de los trabajadores.

Hay que actuar en dos frentes. Por un lado, con medidas para reducir el número de trabajadores pobres: subirles el salario mínimo, rebajarles cotizaciones e impuestos, aumentarles las ayudas sociales (alquileres, becas y mayores ayudas por hijos y dependencia), y mejorar su formación y su empleabilidad. Por otro, negociar convenio a convenio subidas de salarios en empresas con beneficios, a cambio de mejorar la productividad. Y reducir las horas extras (gratis o pagando), para permitir que entre más gente a trabajar.

En definitiva, España no puede pretender tener salarios de China o Marruecos y competir a costa de que sus trabajadores estén entre los peor pagados de Europa. Hay que optar por negocios viables, que permitan salarios decentes a la europea. Y si la patronal persiste en tener empleados precarios y mal pagados, estarán desmotivados y trabajarán peor. Además, no consumirán y las empresas no aumentarán sus ventas. Por todo ello, tener sueldos decentes es una clara apuesta para salir de la crisis. Y para tener un país más justo.