Las medicinas más baratas de Europa

El gasto farmacéutico se ha reducido 3.300 millones en cuatro años, por las rebajas de precios, la retirada de fármacos financiables y el copago. Pero en los últimos 6 meses, el gasto ha vuelto a aumentar. Para frenarlo, el Gobierno ha bajado por decreto el precio de 14.500 medicamentos (el 76%), con fecha 1 de julio. Y obliga a los laboratorios a tener los precios más bajos de Europa en las medicinas que financia Sanidad. Ahora, los medicamentos serán un 25% más baratos que en Europa, lo que facilita las exportaciones (y el desabastecimiento de fármacos) y dificulta que los laboratorios investiguen y creen nuevos medicamentos. Y hunde más a las farmacias, una de cada cinco en graves apuros. El problema de fondo es que el Gobierno se ha pasado en el recorte farmacéutico, porque ya gastamos menos que Europa. Y si muchas medicinas valen menos que una cerveza, corremos el riesgo de que no se lancen nuevos fármacos o se exporten y falten en las farmacias. Al final, lo barato es caro.
 

enrique ortega

Ningún país europeo, salvo Grecia, ha hecho un recorte tan drástico del gasto farmacéutico: se ha reducido 3.322,4 millones desde 2009 (el año récord de gasto, con 12.505 millones) hasta finales de 2013 (9.183,2 millones). Un ahorro del 27% en cuatro años, motivado por dos razones. Una, que se hacen menos recetas (-8%), por la introducción del copago a pensionistas y el mayor cobro a los activos (desde el 1 de julio de 2012) y  la retirada de medicamentos financiables (el 1 de septiembre de 2012 salieron 426 fármacos de la financiación pública). Y, sobre todo, porque el gasto por receta es menor (-20%), debido a  la creciente penetración de genéricos más baratos (un 71,5% de las unidades vendidas) y a las sucesivas bajadas de precios impuestas a los laboratorios y farmacias desde 2010.

Sin embargo, la rebaja en el gasto farmacéutico ha tocado suelo y desde septiembre de 2012, son ya 6 meses consecutivos en los que crece la factura farmacéutica (en los dos primeros meses de 2014 ha subido un 2,2%). Ello se debe al envejecimiento de la población (más mayores que necesitan fármacos) y a que se ha desinflado el efecto del copago, tras el primer año de aplicación: muchos pensionistas se han “acostumbrado” a pagar los 8 euros de tope de la mayoría y otros (en Madrid, por ejemplo) acumulan recetas para dos meses y pagan su aportación sólo un mes.

El Gobierno quiere volver a recortar el gasto y acaba de aprobar un real decreto para rebajar los precios de referencia de los medicamentos, el precio máximo de un fármaco que el Estado está dispuesto a financiar. Así, se garantiza que el paciente siempre tenga un genérico o un medicamento con un precio igual o menor al de referencia. Los precios de referencia se establecieron en 1997 y han bajado en numerosas ocasiones, sobre todo desde 2010, aunque no se actualizaban desde 2011, porque el Gobierno Rajoy no ha conseguido hasta ahora (Consejo Ministros 21 marzo 2014) aprobar el real decreto de 2012, por las múltiples alegaciones y su paso por el Consejo de Estado. Ahora, se rebajan los precios de 14.500 medicamentos (76% del total), siendo efectivo desde el 1 de julio probablemente.

Una de las novedades del real decreto de precios de referencia es que obliga a los laboratorios a informar si un medicamento tiene un precio menor en cualquier país europeo y si es así, les obliga a bajar el precio hasta que tengamos en España el más bajo de Europa. Con ello, los medicamentos financiables en las recetas del SNS serán los más baratos de Europa. Hoy ya casi lo son: España tenía en 2012 un precio de los medicamentos un 19,4% inferior a la media europea, según Farmaindustria. Y los fármacos sólo eran algo más baratos en Portugal, Eslovaquia y Estonia. Ahora, serán los más baratos de los 28.

La nueva bajada de precios de los fármacos, con la que el Gobierno pretende ahorrar otros 500 millones este año, tiene un primer efecto perverso: el desabastecimiento de medicamentos. Si los precios en España son los más baratos de Europa, los laboratorios se dedicarán a exportar cada vez más (en 2013 ya batieron un récord, con 10.060 millones, cuatro veces lo exportado en 2000) y puede producirse desabastecimiento. Y también han crecido las exportaciones ilegales, medicamentos desviados de los almacenes y las farmacias para su venta en Alemania, Gran Bretaña, Holanda, países nórdicos y el este de Europa, donde se venden más caros. La Guardia Civil y las autonomías ya han desmantelado varias redes, sobre todo en Cataluña, Castilla y León, Galicia y Andalucía. El resultado es que crece la lista de  medicamentos  que faltan en las farmacias, 127 ahora, según esta Web de Sanidad. Y podría aumentar en los próximos meses, por la anunciada bajada de los precios de referencia: laboratorios, almacenes y farmacias no se quieren pillar los dedos con stocks de medicinas que a partir del 1 de julio bajan de precio.

El otro efecto perverso de la nueva bajada de los medicamentos es que desincentiva la inversión en nuevos fármacos, en investigación de los laboratorios (que hacen el 20% del gasto en I+D de toda la industria española). Actualmente, la mitad de los medicamentos cuestan menos de 3,5 euros, un 35% cuestan entre 3,5 y 20 euros y sólo un 15% valen más de 20 euros. Eso se debe a la rápida penetración de los genéricos, que ya suponen el 71,5% de las presentaciones (y el 43,2% de la facturación). Con este panorama, los laboratorios tienen cada vez menos incentivos para crear nuevos fármacos, en perjuicio de nuestra salud: de hecho, sólo 2 de cada 10 nuevos medicamentos autorizados son innovadores. Y además, sufren la competencia de laboratorios kamikazes, que importan licencias y genéricos de terceros países (Hungría, Corea, India y China), tirando precios.

La rebaja de precios va a deteriorar más un sector clave de nuestra sanidad: las farmacias. No sólo les han caído drásticamente las ventas (-27%) con los mismos clientes, sino que les han subido los costes (financieros, luz, impuestos) y les han impuesto dos descuentos de precios desde 2010, una especie de “impuesto revolucionario” sobre ventas que les obligó a devolver una media de 20.500 euros por farmacia en 2013. Con todo ello, 1 de cada cinco farmacias (hay 21.458) están con apuros económicos, según un informe de Antares Consulting. De ellas, más de 1.000 están en riesgo de liquidación, según Cofares.

El problema de fondo es que el Gobierno Rajoy se ha pasado de frenada a la hora de recortar el gasto farmacéutico: si hasta 2010 había mucho despilfarro, hoy España cumple la recomendación de Bruselas de gastar menos del 1% del PIB en medicamentos: 0,95% en 2012 y 0,90% en 2013 (algo que no sucedía en España desde 1994). Incluso, el gasto farmacéutico per cápita ha caído por debajo de la media europea: gastamos 194,9 euros por habitante (267,5 en 2009), frente a 330 euros de media en la UE-28.

¿Qué ha pasado? Pues que Gobierno y autonomías han utilizado los medicamentos como la principal herramienta para bajar el gasto sanitario: el 79% del ajuste sanitario se ha hecho en los medicamentos, que no es la principal partida de gasto. De hecho, el gasto farmacéutico público suponía en 2013 el 14,5% del gasto sanitario público total, en línea con la media europea (15% del gasto sanitario). O sea, nos han aplicado el copago, nos han quitado medicamentos de las recetas, han bajado precios a laboratorios y farmacias  y así han ahorrado las cuatro quintas partes del ahorro sanitario. Y en todo el resto, desde hospitales a ambulatorios, tecnología, personal y demás gastos, sólo han ahorrado el 21% restante.

El problema de centrar el ajuste en los medicamentos, también en 2014, es que el Gobierno tira demasiado de la cuerda y puede poner en peligro nuestras medicinas. Por un lado, el simple abastecimiento, que peligra por unos precios tan bajos que fuerzan a vender fuera. Por otro, la investigación en nuevos fármacos. Y sufren dos sectores claves, laboratorios y farmacias (nuestros asesores sanitarios más cercanos). Racanear con los medicamentos, forzando que cuesten menos que una cerveza es peligroso. Y no se puede bajar el déficit (casi nada, por cierto) a costa de nuestra salud. Ojo: lo barato es caro.

Deflación y estancamiento, un cocktail mortal

Los que hemos vivido una inflación del 27 % (1977), no acabamos de creer que los precios estén cayendo. Pero así es: la inflación anual está en el -0,2%. Algo que no pasaba desde 2009.Y lo mismo sucede en Portugal, Grecia, Irlanda y Chipre, lo que hace que Europa tenga un 0,5% de inflación mientras apenas crece. Inflación baja y débil crecimiento son un cocktail peligroso que dificulta la recuperación, porque  los precios bajos retraen las ventas y dificultan pagar las deudas, un problema grave para España. Por eso, políticos y expertos han pedido al BCE que actúe contra una posible deflación. Pero Draghi no ha hecho nada, a la espera de las elecciones y presionado por Alemania y los países acreedores del norte, a los que la deflación no preocupa como al sur. Otra vez más, Europa no toma medidas y deja que España y el sur peleen sin ayuda contra el estancamiento y la baja inflación. Al BCE, a Alemania y a Bruselas, les ciega su ideología y sus intereses. Así nos va.  
 

enrique ortega

Lo normal es que los precios suban y se coman parte de nuestro sueldo. Cuando bajan, es que la economía está muy enferma, como pasó en la Gran Depresión: los precios cayeron un 24% entre agosto 1929 y marzo 1.933. O en Japón, donde los precios han caído un 25% desde mediados de los 90. En España, aunque ya no nos acordamos, los precios cayeron al principio de esta crisis: tuvimos 8 meses de inflación anual negativa, entre marzo y octubre de 2009, con un pico de -1,4% de inflación en julio 2009. Y también cayó en otros países europeos.

Ahora ha vuelto la baja inflación: si en junio de 2013 estaba en el 2,1% (un nivel “normal”), en septiembre cayó al 0,3% (por el efecto de la subida del IVA un año antes) y ha estado entre el 0 y el 0,2% desde entonces (-0,1% en octubre), para bajar al -0,2% en marzo. Una inflación negativa que se da también en los otros países europeos con problemas: Portugal (-0,1%), Grecia (-1,2%), Irlanda (-0,1%) y Chipre (-1,3%).Mientras, la Europa del norte tiene inflación positiva: +1% Alemania, +1,7% Reino Unido, Francia +0,9%, Austria +1,5%, Bélgica +1%, Holanda +1,1%, Finlandia +1,3% e Italia +0,5%. Con todo, la media de inflación europea ha bajado al +0,5%, lejos del tope-objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

¿Por qué la inflación baja? La razón fundamental es la crisis, la falta de demanda y de consumo, que se ceba más en España y la Europa del sur: las empresas no venden y para conseguirlo, dentro y fuera, tiran los precios. Además, la política de austeridad, con los recortes y la bajada de salarios, junto a la subida de impuestos, hunden los ingresos de las familias, que reducen sus gastos y no consumen. Y para dar la puntilla, tenemos un euro fuerte, que lleva dos años subiendo por culpa de las restricciones monetarias europeas, con lo que se abaratan las importaciones, bajando los precios de la energía y los alimentos.

Mientras la economía y el consumo no mejoren, los precios van a seguir bajos por bastante tiempo. El BCE cree que acabarán en el 1% en 2014 y que no volverán al 1,5% hasta 2016. Y el Banco de España prevé una inflación del 0,4% en 2014 y el 0,8% en 2015. Es una inflación baja (la llaman desinflación), pero no es deflación, una palabra que sólo se puede aplicar cuando los precios bajan 6 meses seguidos (como en 2009). Pero aunque no estemos en deflación, el riesgo existe. Y la inflación baja también es una fuente de problemas.

Siempre hemos creído que tener los precios bajos es bueno, porque podemos comprar más con nuestros ingresos y ahorros. Y además, permite a las empresas competir mejor fuera, exportar. Es verdad. Pero los precios bajos tienen dos graves problemas, más para una economía que intenta salir de la crisis. El primero, que la baja inflación lleva a los consumidores a retrasar sus compras (más si les recortan sus ingresos), pensando que comprar mañana será más barato. Y con precios bajos, las empresas ganan menos, tienen menos márgenes, invierten menos, no crean empleo y pueden acabar cerrando.

Por otro lado, la inflación baja es mala para los que tienen deudas: si los tipos de interés están al 3% y la inflación es del 2%, estamos pagando unos tipos reales del 1%. Pero si la inflación baja al -0,2%, pagaremos entonces un tipo real del 2,2%, más del doble. Un dato real: España paga hoy por la deuda pública a 10 años el triple de interés real que en 2011 (3,42% frente a 1,21%), aunque ha bajado la prima de riesgo y el interés nominal (del 6% al 3,3%), por culpa de la bajísima inflación. Y además, nuestro patrimonio, nuestro sueldo, el PIB de nuestro país valen menos, con lo que el porcentaje (el peso) de la deuda a pagar es mayor. Esto es especialmente preocupante para un país como España, donde el Estado debe casi un billón de euros (961.555), las empresas otro billón (1.072.000) y las familias 787.400 millones. La baja inflación perjudica a los deudores: les aumenta la deuda pendiente de pagar. Y por si fuera poco, la desinflación mengua los ingresos públicos: a precios más bajos, menos recaudación (sobre todo por IVA). O sea, con precios bajos, más déficit público.

Menos consumo, menos crecimiento y empleo, más pago de intereses y más déficit público, los costes de tener una baja inflación. En definitiva, la desinflación agrava la crisis y dificulta la recuperación, además del riesgo de entrar en deflación. Por todo ello, tanto la Comisión Europea como el FMI, el Banco de España y los Gobiernos español e italiano habían pedido al BCE que tomara medidas para reanimar la inflación en Europa. Las más efectivas son bajar los tipos de interés y aumentar el dinero en circulación, para facilitar la actividad y, de paso, bajar la cotización del euro, que alimenta la desinflación y dificulta las exportaciones.

Pero el BCE se ha limitado a hacer declaraciones y no ha tomado medidas efectivas, que retrasa hasta que haya más riesgo de deflación (y hasta que pasen las elecciones europeas del 25 de mayo…). Y eso porque Alemania y los países del norte no están preocupados por la baja inflación. Primero, porque no la tienen tan baja. Y segundo, porque son países acreedores y como tales, les viene bien que haya una baja inflación, porque van a cobrar más y protegen a sus ahorradores. El problema lo tienen más los países del sur, que son deudores y con un alto paro: la desinflación nos mata.

Una vez más, el BCE y los fundamentalistas de Bruselas se pliegan a los intereses de la Europa del norte, que crece más, tiene poco paro y una inflación no preocupante. Y mientras, España no acaba de salir de la recesión: la economía está estancada, no hay consumo, baja la renta de las familias, se crea poco empleo precario (temporal, a tiempo parcial y autoempleo de autónomos), sube la deuda, el déficit público se estanca (sólo bajó 2.637 millones en 2013, a pesar de los recortes y subidas de impuestos), las exportaciones crecen menos y el crédito sigue cayendo, con lo que no hay dinero para una posible recuperación.

La baja inflación es un síntoma más de la profunda crisis que sufrimos pero puede ser muy peligrosa y llevarnos a una tercera recesión. Por eso, es urgente que Europa se tome en serio reanimar la economía y el crédito, con tipos bajos y liquidez suficiente, como han hecho Estados Unidos, Japón, China e incluso Gran  Bretaña, con bastante éxito. Hay que poner la vista en el paro, el más alto desde la postguerra mundial, y en la inflación, que ha bajado a niveles peligrosos. Alemania y los países del norte tienen que subir salarios, consumir y crecer más, tirando de la Europa del sur. Y necesitamos un Plan Marshall para reanimar la economía europea, compartir la deuda (eurobonos) para que no sea una losa para los países del sur y facilitar crédito a bajo interés, para que haya inversión y empleo. Acabar con la austeridad que nos ha llevado a la recesión y, ahora, a la desinflación.

Esto es lo que nos jugamos en los próximos meses. Y las soluciones van a depender mucho de los resultados de las próximas elecciones europeas. Pensémoslo al ir a votar.   

Muchos más adictos al juego online

El juego online, que en junio cumple dos años legalizado, sigue imparable: a finales de 2013 ya había 1,6 millones de jugadores, 585.000 más que un año antes. Y se han duplicado las apuestas: 10 euros al día de gasto medio por jugador. España es el cuarto país europeo que más juega en la Red, lo que reporta ingresos a Hacienda, a las autonomías, al deporte y a los medios (publicidad). Pero hay varios riesgos: los menores, la ludopatía (más de 1 millón  de españoles con adicción seria), el blanqueo de dinero, el fraude y la compra de partidos (fútbol y tenis), que preocupa en toda Europa. Ahora, se van a lanzar las tragaperras online y se podrá jugar en móviles y tablets, lo que supondrá un gran empujón al juego online: puede superar los 6.000 millones de facturación y los 2 millones de jugadores en 2014. Ojo a este boom: jugar sí, pero con cabeza. Tiene muchos riesgos.

enrique ortega

La mitad de los españoles confiesa que juega alguna vez en bingos, casinos, tragaperras, casas de apuestas y por Internet, donde gastaron 25.988 millones de euros (2012, último año con estadísticas). Pero con la crisis, la prohibición del tabaco y las limitaciones a la publicidad, el juego presencial (89,5%) ha caído desde 2008, pasando de 4,3 millones de jugadores habituales a 3 millones y perdiendo 45.000 empleos, tras el cierre de casinos y bingos. Entre tanto, ha crecido el juego online, que ya supone un 10,5% del juego total (2012), tras las Loterías (36%) y las tragaperras (33%), por delante de la ONCE (7%), bingos y casinos (7% de la facturación del juego cada uno).

El juego online era “alegal” hasta el 5 de junio de 2012, cuando empezaron a funcionar las primeras 53 empresas, para aprovechar la Eurocopa. Y a partir de ahí, ha crecido imparable: en los últimos 7 meses de 2012 facturó 2.727 millones de euros, casi el doble que en 2011 (1.575 millones). Y en 2013, a pesar de un pequeño bache en el primer semestre, se jugaron  5.437 millones de euros, con dos meses facturando más de 500 millones, el doble que la media de 2012. Ello refuerza a España como el cuarto país europeo donde más se juega en la Red, sólo por detrás de Gran Bretaña, Italia y Francia. En Europa hay unos 9 millones de jugadores online, que gastan casi  50.000 millones de euros anuales, controlados por tres multinacionales británicas (Ladbrokes, William Hill y Betfair) y la austriaca Bwin.

Con todo, el gran salto  en España se ha dado en jugadores: si había 51.537 jugadores en febrero de 2012, con la legalización (junio) se pasó a 470.000, a finales de 2012 ya superaban el millón (1.010.086) y en 2013 se sumaron 585.228 jugadores más, para cerrar el ejercicio pasado con 1.596.048 jugadores, todo un récord. Más jugadores que gastan casi el doble: 16,6 millones de euros diarios en 2013 (9 millones en 2012), casi 10 euros al día por jugador, según los datos de la Dirección General del Juego.

La mayoría de los nuevos jugadores online son jóvenes, entre 18 y 34 años, hombres (un 80%), con estudios de secundaria y universitarios, que viven sobre todo en  Madrid, Barcelona, Baleares y Canarias (turistas británicos, franceses y alemanes). La mayoría juegan a varios juegos (apuestas deportivas y póker, sobre todo), todos los días (16%) o todas las semanas (39%), una media de 83 minutos. Y lo más llamativo: el 53% de los jugadores online llevan jugando más de un año (de ellos, un 31% de 2 a 3 años), según el Observatorio del jugador online. Y un 7% de los jugadores totales (111.723) son profesionales, personas que viven del juego y que son los más activos en las Webs (de ellos depende el 80% del negocio).

En España hay actualmente 51 empresas con licencia de juego online, aunque curiosamente 13 de ellas no tienen todavía una Web que ofrezca juegos, tras casi dos años de concesión. La mayor empresa del sector es Loterías del Estado, con casi medio millón de jugadores, y controla, con otras cuatro multinacionales (Betfair, William Hill, Ladbrokes y Bwin) el 90% del mercado, donde también están presentes empresas tradicionales del juego (Cirsa, Codere, Recreativos Franco) y empresas periodísticas (Mediaset-Tele 5, Atresmedia-Antena 3 y Unidad Editorial- El Mundo). En conjunto, el sector del juego online tuvo unos ingresos netos de 228,86 millones en 2013, aunque las empresas dicen que, tras pagar impuestos, publicidad  y sus gastos operativos, pierden dinero (- 72,5 millones en 2012). Quien gana es Hacienda, que recaudó del juego online unos 160 millones en 2013 (133 en 2012 y 70 en 2011), dinero que va a tapar parte del agujero de las autonomías y una parte al deporte.

Las empresas del juego llevan casi dos años pidiendo que Hacienda baje los impuestos, a ellos y a sus jugadores. De hecho, estas empresas pagan un impuesto del juego del 25% sobre su facturación neta, un porcentaje superior al que pagan las empresas del juego online en Gran Bretaña (15%), Italia (15%), Dinamarca (20%), aunque menos que en Francia (2% sobre facturación bruta). También pagan una tasa de gestión (se la han bajado en 2013 al 0,75 por 1.000) y un impuesto de sociedades y un IVA más alto que en el resto de Europa. Además, los jugadores online pagan impuestos en España (retención del 20% en premios superiores a 2.500 euros más la obligación de declarar las ganancias netas, descontadas las pérdidas) y no pagan nada por lo que ganan en Gran Bretaña, Dinamarca, Italia o Francia.

La propuesta del sector del juego online es que Hacienda les baje la tributación al 10% y así podrán gastar más en publicidad, se jugará más y Hacienda ingresará más con un tipo más bajo. Lo que no dicen es que ya nos están bombardeando con publicidad del juego, que tiene un trato de favor frente a la publicidad del tabaco y alcohol (prohibidas) y a la del juego presencial (casinos, bingos y tragaperras), muy restringida. De hecho, la publicidad del juego ha pasado de 90 millones (2011) a 125 millones (2012) y  a 162,5 millones (2013), utilizando incluso a deportistas ejemplares para la juventud (como Nadal) para vender el juego online. Una publicidad que le ha venido muy bien a los medios de comunicación (Internet y TV).

Quizás por ello, se habla poco de los riesgos del juego online. Empezando por el riesgo de que jueguen menores (aunque se controla su acceso) y la ludopatía, una enfermedad que sufren ya a más de un millón de españoles. Y los médicos denuncian que han aumentado un 13% las consultas por adicción al juego, que hunde familias. Pero hay más riesgos, como el fraude (siguen cerrándose Webs ilegales) y los ciberataques: España es el país europeo con más ataques para robar los números de las tarjetas y el dinero de los jugadores online. Además, es una vía conocida para blanquear dinero ilegal. Y, por último, el juego online ha relanzado el fraude en el deporte: el amaño y la compra de partidos, sobre todo en  tenis y fútbol, un problema que preocupa especialmente a la UEFA y a la Liga de Fútbol Profesional, que ha creado una unidad específica para perseguir el amaño de partidos en España.

Cara a 2014, el juego on line va a pegar un nuevo salto, tras la decisión de Hacienda de autorizar en breve dos nuevos juegos: las apuestas cruzadas entre usuarios y las tragaperras online, que revolucionarán este mercado. De hecho, las tragaperras en locales de juego y bares recaudan 3.235 millones al año (y aportan 700 millones en impuestos), que ahora temen perder en buena parte las empresas del juego presencial. Parece claro que las tragaperras acabarán siendo el juego más popular en la Red. Lo malo es que son también el juego más adictivo, según los expertos en ludopatía. Y también ayudará a que se juegue más en Internet el que la mayoría de las empresas ofrezcan ya poder jugar desde el móvil o la tablet.

En definitiva, que jugamos mucho por Internet (para sacar algún dinero extra sin que nadie se entere), pero vamos a jugar mucho más en los próximos meses, al llegar las tragaperras online y poder jugar desde cualquier dispositivo, fijo o móvil. El Gobierno ha establecido controles para evitar el fraude y la ludopatía, pero el riesgo crecerá con el negocio, como también los impuestos recaudados y la venta de publicidad de los medios. No se puede poner puertas al juego, pero sí controles para regularlo con garantías. Es peligroso: juguemos con cabeza.

Nadie sabe lo que costará la luz

El nuevo sistema para fijar el precio de la luz no entra en vigor este 1 de abril, como dijo el Gobierno, sino el 1 de julio. Entonces pagaremos la luz por el precio que tiene cada día en el mercado eléctrico, lo que supondrá tremendos vaivenes de precios: será imposible saber lo que nos cuesta hasta que llegue el recibo. En el de junio, además, nos devolverán dinero (unos 34 euros por recibo) por haber pagado de más este primer trimestre. Y nos dirán cuánto devuelven el 15 de mayo, diez días antes de las elecciones europeas... Sube además el pago por potencia contratada, gastemos o no luz. Y las familias más pobres, con bono social, pagarán más. Este  cambio en el recibo (pagar el precio de la luz cada día) no evita el problema de fondo: seguimos pagando muchos extracostes con el recibo, en beneficio de las eléctricas. Y eso, el Gobierno no se atreve a cambiarlo.
                         
                
                                                                                        Enrique Ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: un 37,48% va a pagar los costes de producirla, un 41,14 % a pagar su transporte y comercialización más un montón de subvenciones (a las islas, Red Eléctrica, comercializadoras, renovables, eléctricas y empresas) y el 21,38% restante son impuestos. Ahora, el cambio en el recibo de la luz, que entrará en vigor el 1 de julio (y no el 1 de abril, como anunció el Gobierno en diciembre), afecta solo a la primera parte de la factura, al cálculo de lo que sube producir la electricidad.

Hasta diciembre, la subida de producir la luz se fijaba en una subasta trimestral, donde productores de electricidad y brókeres financieros pujaban por los precios que se ofrecían para el trimestre siguiente. Era un mercado muy especulativo, tanto que Industria calcula que los consumidores hemos pagado 1.671 millones de más por la luz entre 2009 y 2013, un 3% de la subida del recibo. Tras el subidón en la subasta de diciembre, invalidada por el Gobierno, se estableció una subida de la luz del 2,3% para el primer trimestre y se decidió fijar un nuevo sistema para establecer las siguientes subidas: cobrar la luz por lo que valía cada hora en el mercado eléctrico. Para ello, hacía falta que los usuarios tuvieran unos contadores inteligentes. Pero sólo hay 7 millones instalados, la mayoría sin lectura online. Y así, el Gobierno tuvo que volver a cambiar sus planes: ahora nos cobrarían la luz por lo que cuesta cada día en el mercado eléctrico mayorista, según los datos de Red Eléctrica. Y para dar tiempo a las eléctricas para adaptarse, el nuevo sistema entra en vigor el 1 de julio.

Mientras, este segundo trimestre, se prorroga el precio de la luz del primer trimestre. Pero habrá otros dos cambios, que se traducen en subidas de los próximos recibos . El primero, que desde el 1 de febrero se cambia la factura: sube la parte fija, que se paga por la potencia instalada (supondrá el 60% del recibo, cuando hace un año era el 35%) y baja la parte variable, la que se paga por el consumo (pasa del 65 al 40% de la factura). En definitiva, que por tener un contrato se paga más y menos por consumir  luz, lo que perjudica a los que gasten menos, a las segundas viviendas y a los pisos vacíos. Es una manera de compensar a las eléctricas de la caída del consumo de luz desde hace cinco años. El otro cambio afecta a 2,5 millones de españoles (pensiones bajas, parados y familias numerosas) que tienen un bono social y pagan menos por la luz: se les va a cobrar ahora la cuota fija y se les reduce la rebaja del recibo, lo que aumentará los cortes de luz por impago (1,4 millones).

El Gobierno dice que el nuevo sistema bajará la luz un 3%, el extracoste que suponía la subasta trimestral. Pero no está claro, ya que cuenta mucho más la subida por potencia instalada (+2,3%) y los recortes al bono social (+2%). En cualquier caso, el nuevo sistema, que tiene en cuenta el precio de la luz cada día, es muy volátil: el mercado eléctrico español es el que tiene más altibajos en los mercados europeos: en 2013 tuvo días con precios de 90 euros Mwh y días con precio cero. Altibajos que acabarán en nuestro recibo, haciendo imposible saber lo que nos va a costar la luz. Con una ventaja para el Gobierno: en lugar de afrontar un titular cada trimestre (“La luz sube tanto”…), ahora no sabremos lo que nos sube (o baja) la luz hasta que veamos el recibo. Y será muy distinto según el peso de nuestro consumo.

Con ello, el recibo, ya de por sí complicado, va a ser una fuente de sorpresas, sobre todo este año. En el recibo de junio nos deberían devolver lo que nos han cobrado de más en el primer trimestre (la luz ha subido menos de lo fijado en la subida de enero). Este reajuste de precios asciende a 300 millones de euros según Industria (unos 34 euros por recibo, según el sector) y nos lo concretarán hacia el 15 de mayo, como un “regalo” del Gobierno a diez días de las elecciones europeas. Luego, en julio nos llegará el primer recibo con cambios : desde el 1 de julio, nos cobrarán la luz por el precio diario que tenga en el mercado eléctrico.Y en los siguientes recibos, nos seguirán cobrando el precio diario de la luz, pero además, en el recibo de agosto nos harán “el segundo regalo”: nos tendrán que devolver (o cobrar) lo que nos hayan cobrado de más (o de menos) en este segundo trimestre, cuando se prorrogan los precios del primer trimestre. Luego, en los sucesivos recibos, no habrá ya más devoluciones: nos cobrarán los precios diarios desde julio y los cambios en la potencia-consumo y el bono social.

Así durante los próximos meses, mientras el Gobierno prepara el cambio “definitivo”: cobrar la luz por lo que vale cada hora, algo que según las eléctricas no podrá hacerse a todos hasta finales de 2018, cuando se terminen de instalar todos los contadores inteligentes (que nos costarán un alquiler de 0,85 a 1,15 euros/mes, frente a 0,5 euros del alquiler actual). Pero antes, desde el 15 de abril de 2014, el Gobierno quiere que las eléctricas ofrezcan a los usuarios una tarifa plana anual por la luz, parecida a la del teléfono: pagas una cantidad fija por un consumo hasta tantos kilovatios al año. La ventaja es que así sabemos de antemano lo que vamos a pagar. La desventaja es que, como las eléctricas no se van a pillar los dedos, estas tarifas planas serán más caras que la tarifa diaria, porque tienen que cubrirse del riesgo de un mayor gasto. Y además, si rescindimos el contrato antes de terminar el año contratado, nos penalizarán (hasta el 5% del consumo pendiente).

Mientras digerimos este galimatías eléctrico, recordemos que estos cambios afectan sólo a la primera parte del recibo (37,48%), pero que el Gobierno no afronta los otros dos problemas de fondo del sistema eléctrico español. Uno, el sistema de precios fijado por Aznar con la Ley eléctrica de 1997: se paga por la luz lo que cuesta producirla en la central más cara (térmicas de gas, fuel y carbón), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y nucleares). Es como pagar lo mismo por la carne picada al que la hace con pollo o cerdo que con chuletón de ternera. Con ello, estamos pagando un extracoste a la luz que procede de las centrales hidráulicas y nucleares (ya casi amortizadas). Y este sistema de  precios, que está detrás de los precios del mercado, no se ha tocado, aunque ahora se haya cambiado la subasta trimestral por el precio diario en el mercado mayorista.

El otro problema, tampoco abordado, es que en la segunda parte del recibo (41,14%)estamos pagando unos extracostes que en su mayoría no están justificados: primas a las renovables (17,21%, que debían ir con cargo al Presupuesto), subvenciones al transporte y a la comercialización, ayudas a las eléctricas (9,33% por pago déficit de tarifa, parón nuclear, compensación uso carbón, compensación por centrales de gas), a grandes empresas consumidoras (0,94%) o ayudas a las islas (4,14%) y al bono social (0,41%), que debía pagar también el Presupuesto y no nuestro recibo.

Unos y otros son extracostes que no debíamos pagar en el recibo y pagamos, al margen de lo que suba o baje el coste de producir electricidad. Y tampoco ha resuelto el Gobierno dos problemas más que encarecen la luz. Uno, el exceso de centrales, sobre todo térmicas de gas (27.206 Mw), que las eléctricas construyeron la pasada década al amparo de ayudas públicas y que ahora pagamos aunque sólo funcionen al 10%. De hecho, tenemos 108.148 Mw instalados y sólo consumimos un máximo de 40.277 (27 de febrero 2013), con lo que sobran la mitad de las centrales que estamos pagando. Además, España es una “isla” a efectos eléctricos: sólo se puede importar/exportar un 3% de la luz, con lo que no puede recurrirse a comprar luz a Francia o a Portugal (más baratas) para bajarnos el recibo.

Todo este “caos eléctrico” explica por qué la luz ha subido en España un 60% desde 2007 y por qué España es el tercer país de Europa con la luz más cara, tras Chipre e Irlanda (dos islas): estamos pagando la luz un 27,6% más cara que la media europea, según Eurostat. Y esto es una tremenda losa sobre la mayoría de nuestras empresas a la hora de competir en Europa: nos bajan los sueldos para bajar costes y ese sacrificio se lo come (con creces) la subida de la luz. Y una losa sobre las familias: España es el tercer país UE (tras Rumanía y Malta) con más “pobres energéticos”, 7 millones de españoles, según ACA. Eso sí, las eléctricas españolas consiguen ser las más rentables de Europa: tienen un 6,78% de margen sobre ventas frente al 2,62% del resto de eléctricas europeas.

Y todo ello para que encima, estos altos precios no cubran los costes reconocidos y tengamos una deuda con las eléctricas (el déficit de tarifa) que sigue creciendo (+4.098 millones en 2013, 400 millones más de lo esperado), una hipoteca a 25 años que también pagamos con el recibo.

Todos estos problemas siguen ahí, sin resolver, a pesar del último cambio en el recibo que ahora nos cobra el precio diario de la luz. Estamos pagando extracostes de más por la luz, desde 1.997, y el Gobierno sigue sin remediarlo. Habría que hacer una auditoría de costes, para pagar la luz por lo que efectivamente cuesta producirla (un 20% menos). Y si hay que ayudar a las renovables, que sea con cargo al Presupuesto. Y cerrar las centrales que no hacen falta, para pinchar la “burbuja eléctrica”, que tan cara nos cuesta. Claro que todo esto supondría recortar los beneficios a las eléctricas, un lobby poderoso, con expresidentes y políticos a sueldo en sus Consejos. Y no hay Gobierno que se atreva. Así nos va con el recibo.