España sigue lejos de la Europa rica

Rajoy y de Guindos presumen en Europa del  “milagro español”: crecemos más que nadie (falso: 17 países UE crecieron más en 2017) y creamos más empleo (otra mentira: hay 6 países que crearon más). Pero Bruselas ha dado en las últimas semanas dos “toques” a España que el Gobierno ha ocultado. Uno, que tenemos el 92% de la renta media europea y 5 autonomías tienen menos del 75%, con lo que estamos peor que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. El otro “aviso”, una alerta de la Comisión Europea sobre la elevada precariedad, pobreza y desigualdad en España, a pesar de la recuperación: somos el primer país en contratos temporales, el 7º país con más pobreza y el 4º con más desigualdad. Y los salarios subieron sólo un 0,5% en 2017, en plena "recuperación". La OCDE también ha alertado esta semana sobre el alto paro, la pobreza y la desigualdad en España, pidiendo reformas fiscales, educativas y laborales.Hay que dejar tanto triunfalismo y ponerse a la tarea: conseguir que trabaje más gente y con más eficacia y productividad para que ganen más. Es la vía para acercarnos a la Europa rica. Se puede.

enrique ortega

Durante la transición política, la mayoría de los españoles queríamos entrar en Europa porque pensábamos que era una garantía de democracia y mejor nivel de vida. Y así fue, a pesar de los problemas. Si España tenía en 1986, el año de la adhesión a la UE, un 72% del nivel de vida europeo (PIB por habitante), fue mejorándolo año tras año hasta equipararnos con los europeos en 2002 (100% del PIB/habitante UE)  e incluso mejorar después (101% en 2005) y llegar a un máximo del 103% de su riqueza en 2007. Pero empezó la crisis y España la sufrió más que la mitad norte de Europa, con lo que empezamos a perder su nivel de renta, en2 010 (España tenía el 99% del PIB/habitante de la UE-28), cayendo hasta un mínimo del 90% de su renta en 2015. Eurostat acaba de publicar los últimos datos, de 2016, ocultados por el Gobierno y poco difundidos por los medios: España tiene el 92% de la renta media europea (PIB/habitante), por debajo del 96% (2011) que encontró Rajoy al llegar a la Moncloa.

Según estos datos, que miden lo que produce cada español (deducida la inflación de los países), España ocupa el lugar nº 14 en el ranking de riqueza europeo, a pesar de ser “la cuarta potencia económica de Europa” (somos el 4º país con más PIB, tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, pero otros países más pequeños producen menos en total pero más por habitante, que es lo que importa). El ranking de riqueza europea lo encabeza Luxemburgo (con el 257% del PIB/habitante medio de Europa, o sea que produce 2,5 veces la media UE por persona), seguido de Irlanda (183% del PIB/habitante UE) y varios países ricos del norte de Europa: Holanda (128% del PIB/habitante UE), Austria (127%), Dinamarca (124%), Alemania (124%) y Suecia (123%). En un segundo bloque están Bélgica (118%), Finlandia (109%), Reino Unido (108%) y Francia (104%). Y luego ya, los 17 países europeos restantes están por debajo de la media de riqueza europea, empezando por Italia (97% del PIB/habitante UE), Malta (96%, que superó a España ya en 2015) y España (26.700 euros producidos por  cada español, el 92% de la media UE-28), a la que sigue muy de cerca la República Checa (25.600 euros por habitante), que nos podría “pasar” en un par de años.

Si estos no son datos para “presumir”, menos lo son cuando bajamos al nivel regional, de la riqueza de las 276 regiones europeas que acaba de publicar Eurostat. Aquí aparece que España tiene 5 regiones en el pelotón de las regiones pobres, de las que tienen el 75% o menos de la riqueza europea: Extremadura (63% del PIB/habitante UE-28, peor que Lituania y similar a la riqueza de Hungría o Polonia), Melilla (67%), Andalucía (68%), Ceuta (73%) y Canarias (75%), según Eurostat. Y lo más preocupante es que son más regiones pobres que antes de la crisis (en 2007 eran 4: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Melilla) y bastantes más que cuando Rajoy llegó a la Moncloa, en 2011, sólo 2 regiones tenían menos del 75% de la renta europea, Extremadura (67%) y Andalucía (73%), ambas peor hoy. En el otro extremo, Rajoy se encontró en 2011 con 7 regiones españolas que todavía tenían más riqueza que la media europea: Madrid (126%), País Vasco (130%), Navarra (124%), Cataluña (113%), La Rioja (109%), Aragón (108%) y Baleares (101%). Pues bien, en 2016, sólo hay 4 regiones españolas más ricas que la media UE: Madrid (125% del PIB/habitante UE), País Vasco (121%), Navarra (114) y Cataluña (110%). Y todas están peor que en 2011.

Los datos son aplastantes: estamos más lejos de Europa que antes de la crisis y que en 2011. Todos y peor aún las regiones españolas más pobres. Así que “de milagro nada”. Baste una comparación sencilla. Alemania produce casi el triple (PIB 2016: 3.144.050 millones de euros) que España (PIB 2016: 1.118.852 millones). Y Francia (PIB 2016: 2.228.857) casi el doble, según Eurostat. Si descontamos el efecto de que Alemania tiene casi el doble de habitantes (82,8 millones) que España (46,5 millones) y Francia un tercio más (67 millones), resulta que Alemania y Francia producen comparativamente mucho más que España y por eso son más ricos. Concretamente, España produce dos tercios de lo que produce Alemania (26.700 euros de PIB /habitante frente a 36.000 euros, en 2016) y una cuarta parte menos que Francia (26.700 euros frente a 30.400 euros). Producimos menos por español que cada alemán o francés y por eso tenemos peor nivel de vida que ellos.

La siguiente pregunta es obligada ¿Por qué producimos menos que alemanes, franceses y otros 11 países europeos? La respuesta es sencilla y doble: porque trabajamos menos gente y porque trabajamos peor.

Primero, producimos menos porque trabajamos menos gente. Los datos son muy evidentes: en España trabajan el 62,57% de los españoles de 16 a 64 años (EPA diciembre 2017), frente al 67,7% de ocupados en la UE-28, el 65,2% de Francia, el 74,4% en Reino Unido o el 75,4% de Alemania, según los datos de la OCDE, que revelan que España es el tercer país con menos gente trabajando en Europa, sólo por detrás de Grecia (53,9% adultos trabajan) e Italia (57%). Quiere esto decir que si en España trabajara tanta gente como la media en Europa (67,7%), habría 1.543.000 españoles más trabajando y creando riqueza. Y si fuéramos como Alemania, habría 3.850.000 españoles más trabajando (sobre todo mujeres y jóvenes hoy inactivos) y mejoraría el nivel de vida de todo el país.

Segundo, producimos menos también porque los que trabajan lo hacen peor, con menos eficiencia, son menos productivos que en Alemania, Francia y otros 11 países europeos. El indicador de productividad más utilizado es el ranking mundial de competitividad del Foro Económico mundial, que analiza a 137 países. En el informe 2017-2018, España ocupa el lugar 34 del mundo en competitividad (ha empeorado del puesto 32 en 2016-2017), por detrás de 16 países europeos, entre ellos 12 que nos ganaban en riqueza más Suiza, Islandia, Estonia y República Checa, más competitivos que España (sólo ganamos a Italia, en el puesto 43 del ranking, y a los países del Este).  El informe nos da baja nota en innovación, en acceso al crédito, en regulación laboral, en exceso de regulación y burocracia, en impuestos y en formación de la mano de obra, valorando alto infraestructuras y sanidad. Otro ranking de competitividad, de la escuela de Negocios IMD, nos sitúa en el puesto 34 del mundo y en el puesto 18 en Europa, sólo por delante de Italia (39) y Portugal (34).

La siguiente pregunta es más difícil de contestar: ¿por qué trabajamos menos gente y trabajamos peor? Primero tiene que ver con la estructura de nuestra economía, muy asentada en los servicios (turismo y hostelería o comercio) y la construcción pero poco en la industria, que proporciona una riqueza más estable: en España, la industria aporta un 19% del PIB frente al 25% en Alemania. Además, España tiene un nivel tecnológico medio-bajo y la mayoría de lo que producimos tiene un bajo “valor añadido” (a lo claro: son productos de medio o bajo valor) y es muy sensible al precio y a la competencia de terceros países. Algo que tiene mucho que ver con el abandono de la Ciencia, a la que España destina, tras los recortes de Rajoy, el 1,19% del PIB frente al 2,03% en la UE-28 o el 2,94% en Alemania, según Eurostat.

Un factor importante es el tamaño de las empresas: las grandes suelen ser más productivas que las medianas y pequeñas, porque aprovechan mejor las economías de escala (al fabricar más, les bajan los costes medios), consiguen mejor financiación, utilizan más tecnología, exportan más, forman y pagan mejor  y crean un empleo más estable. En España, el 99% de las empresas censadas (ver datos enero 2018) tienen menos de 50 trabajadores y sólo hay un 0,15% de empresas grandes (4.487 empresas con más de 250 empleados), frente al 0,5% en Alemania (más de 9.000 grandes empresas), el 0,4% en Reino Unido o el 0,2% en Francia.

También es un factor clave de riqueza y competitividad exportar más o menos, porque se crea riqueza vendiendo fuera. España ha dado un gran salto exportador en la última década, con la crisis, y las ventas exteriores aportan ya más de un tercio del crecimiento (32,9% del PIB en 2016). Pero hay otros países europeos con mucho más poder exportador, que se traduce en más riqueza: Irlanda (exporta el 121,6% de su PIB), Alemania (exportaciones suponen el 46% del PIB), Bélgica (82,9% del PIB), Holanda (82,4%), Malta (139,6% del PIB), Dinamarca (53,6% del PIB), países la mayoría más pequeños que España pero más ricos por el empuje de sus exportaciones, como República Checa (exportaciones suponen el 79,5% del PIB), Eslovenia (77,4%) o Hungría (89,5%), según los datos del Banco Mundial. Con ello, España es el 5º país europeo con menos peso de las exportaciones, porque hay pocas empresas que exporten (menos de 50.000 de forma habitual) y la exportación sólo es importante en 5 regiones, que suponen dos tercios del total: Cataluña (25,6%), Andalucía (11,2%), Madrid (11%), Comunidad Valenciana (10,6%) y País Vasco (8,6%).

Pero quizás el factor decisivo sea la baja formación de los españoles. Los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2017”) son impactantes: un 41,7% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 20,3% en Europa o el 22,4% en la OCDE, el peor dato de todos los países europeos, salvo Portugal (53,1% poco formados), muy lejos del 13,1% de poco formados de Alemania, el 20,2% de Irlanda, el 21,9% de Francia, el 22,9% de Holanda, el 35,7% de Reino Unido o el 39,9% de Italia. En el medio, tenemos menos adultos con formación media (un motor de crecimiento y riqueza): el 22,5% de españoles tienen Bachillerato o FP, frente al 46,4% de media en Europa y el 44,2% en la OCDE, con lo que somos el 2º país europeo con menos personas de formación media, tras Reino Unido (18,4%), muy alejados de Alemania (58,2% adultos con Bachillerato o FP), Francia (43,5%), Italia (42,4%), Holanda (41,1%), Irlanda (37%) y hasta Grecia (41,4%) o Portugal (23,1%). Eso sí, por arriba, tenemos más universitarios que la mayoría: un 35,7% de los adultos en España, frente al 33,4% en Europa y el 36,7% en la OCDE, el 28,3% en Alemania o el 34,6% en Francia.

Estas serían las causas básicas de que seamos más pobres que la Europa rica, las razones que explican por qué trabajamos menos gente y trabajamos peor que otros 13 países europeos. Si tuviéramos un Gobierno que no sólo pensara en hacer triunfalismo barato y una “oposición” que denunciará los problemas de fondo, estos temas estarían en la agenda política, como lo están las pensiones, el paro o las mujeres. Pero son problemas “complejos” y la política va al día a día y a la consigna fácil. Aunque aquí está la clave de todo: o conseguimos trabajar más gente y trabajar mejor o casi nada tendrá arreglo.

Esa es la primera lección de los datos europeos, la “brecha” con la Europa rica. Pero la Comisión Europea acaba de publicar, el 7 de marzo, un informe económico y social que cuestiona el milagro español, alertando del alto nivel de precariedad laboral, pobreza y desigualdad en España, a pesar de la recuperación. Primero, ya somos el país europeo con más porcentaje de empleo temporal (lo tienen el 27,5% de los asalariados) y también el que tiene más empleo a tiempo parcial no deseado (el 60% de los que trabajan por horas). Pero, además, el 40% de los empleos indefinidos tampoco son seguros: se pierden antes de 1 año, según un estudio del blog Nada es gratis. O sea, un empleo como para presumir poco. Y además, los que trabajan tienen bajos salarios, que han perdido peso a favor de los beneficios empresariales: si en 2008, los salarios se llevaban la mitad de la riqueza del país (el 50,1% del PIB), en 2017 se llevan sólo el 47,3% del pastel, mientras crecen los beneficios empresariales (del 41,7% al 42,4%) y los impuestos (del 8,2 al 10,3%). Y en 2017, en plena "recuperación", los salarios subieron sólo un 0,5%, según el INE, mientras la inflación media anual subía el 2%. Eso después de que los salarios hayan bajado en España un -4.4% de 2010 a 2017, según Benchmarking Working Europe 2018.

En segundo lugar, la Comisión Europea alerta a España de que la pobreza ha crecido en España, a pesar de la recuperación: si en 2008 afectaba al 23,8% de españoles, en 2011, al llegar Rajoy subió al 26,7% y en 2016, último dato de Eurostat (índice AROPE) alcanzaba al 27,9%, a 12.989.405 españoles que estaban en el umbral de la pobreza (por bajos ingresos, servicios o alto paro), 2 millones de “pobres” más que antes de la crisis (y +389.543 desde que está Rajoy). Y de ellos, casi 3 millones están en pobreza severa, malviviendo con menos de 342 euros al mes. Un dato que coloca a España como el 7º país con más pobreza de Europa, tras Grecia (35,6%), Italia (30%) y cuatro países del Este, Bulgaria (40,4% pobres), Rumanía (38,8%), Lituania (30,1%) y Letonia (28,5%). No son datos para presumir…

La tercera alerta de Bruselas es el aumento de la desigualdad en España, el mayor sufrido por un país durante la crisis. La renta media (10.708 euros por persona en 2016) ha caído un 0,3% sobre la de 2018, pero a la mitad de españoles con menos renta les ha caído entre un 2,2 y un 12% mientras la otra mitad ganan ya más que antes. Con ello, el 20% de españoles más ricos ganan ahora 6,6 veces lo que el 20% más pobre, cuando en 2008 la diferencia era de 5,6 veces. Y así, España se ha convertido en el 4º país europeo con más desigualdad entre ricos y pobres, sólo por detrás de Bulgaria, Letonia y Rumania. Lo peor es que la Comisión Europea denuncia que las políticas gubernamentales y fiscales no han servido estos años para reducir la pobreza y la desigualdad en España. Pero Rajoy no toma nota.

Esta misma semana, el lunes 19, la OCDE daba otra alerta sobre la recuperación en España, en su informe "Apuesta por el crecimiento 2018": España mantiene una "brecha" de riqueza con los países avanzados y la desigualdad es superior a la media de la OCDE (34 países desarrollados), con un mayor aumento de la pobreza (incluso infantil)  y menores ayudas a las familias desfavorecidas. Y propone al Gobierno mejorar las políticas de empleo (destaca que gasta la mitad que la OCDE) y las ayudas a los parados de larga duración, reformas fiscales que Montoro no atiende (bajar impuestos a los salarios más bajos, subir los impuestos al gasóleo, subir el IVA y los impuestos medioambientales), reformas educativas (mejorar la educación profesional y universitarias de los jóvenes, pero formados que en la OCDE) y laborales (reducir la dualidad fijos/temporales), para mejorar el empleo y la productividad, más bajos que en la OCDE.  

Así que la Comisión Europea, la OCDE y los datos (oficiales) no revelan un “milagro económico español” por ningún lado. Estamos más lejos de la Europa rica y la recuperación no ha servido para evitar tener el 2º paro más alto de Occidente, un empleo más precario, peores sueldos y más pobreza y desigualdad. Lo dicen las estadísticas y los organismos internacionales. Hay que dejar “el triunfalismo y afrontar  los problemas de frente, los que causan que tengamos menos empleo y seamos menos productivos y más pobres. Los expertos de aquí y de fuera ya no han dado las recetas: más industria, más tecnología, empresas más grandes, más exportación, más formación y educación, más productividad, mayor recaudación, más gasto social, mejores salarios, más y mejor empleo. Empiecen por algún lado, pero muévanse para que en unas décadas vivamos mejor, más cerca de la Europa rica. Se puede.  

Los jóvenes, de mal en peor

La cacareada recuperación no llega a los jóvenes. Más de un tercio siguen en paro (37,46%) y somos el tercer país con más paro juvenil, doble que en Europa. Y tenemos la 4ª tasa más baja de empleo juvenil, mientras se crean empleos muy precarios (sólo el 2% de los contratos hechos a jóvenes en 2017 fueron indefinidos y a tiempo completo) y se abusa del contrato en prácticas, con licenciados trabajando en tiendas o de camareros. Y hay 1.400.000 jóvenes que trabajan de becarios sin cobrar ni cotizar. Los jóvenes que sí cobran, ganan 898 euros netos al mes (640 los menores de 24 años). Y con estos sueldos y esta precariedad, el 80% de los jóvenes siguen viviendo con sus padres. Los jóvenes no salen a la calle para protestar, como los jubilados o las mujeres, pero su situación es dramática. Urge un Plan de empleo, que fomente contratos justos para una generación muy formada pero subempleada. Y mejorar las ayudas fiscales y al alquiler, para que puedan emanciparse y crear una familia, tarea urgente para asegurar las pensiones. Hay que apostar por su futuro.

enrique ortega

La crisis de la última década se cebó sobre los jóvenes: de los 3.802.800 empleos perdidos en España entre 2007 y 2014, casi las tres cuartas partes (2.744.000) los perdieron los jóvenes menores de 30 años, según la EPA. Ahora, han recuperado 914.600 empleos (un 44,6% de todo el empleo creado), que es bastante, pero aún les queda recuperar dos tercios del empleo perdido (1.829.400 empleos pendientes de recuperar por los menores de 30 años). En 2017, los jóvenes consiguieron el 30% de todo el empleo creado, pero aún así, su tasa de empleo es baja: sólo trabajan 2.577.200 jóvenes menores de 30 años, el 39,66% de los jóvenes de esa edad. Y si tomamos a los jóvenes de 15 a 24 años, su tasa de empleo es sólo del 21,1%, la cuarta más baja en Occidente, sólo por debajo del nivel de empleo de los jóvenes en Sudáfrica (12,8% empleados), Grecia (14,4%) e Italia (17%) y muy lejos de Francia (28,6%), la media europea (34,7% jóvenes trabajando), la OCDE (41,4% empleados), Alemania (46,6%), Reino Unido y EEUU (50% jóvenes empleados), según la OCDE (2016).

A los jóvenes que han encontrado trabajo estos años les ha pasado como al resto de españoles: que han sido empleos muy precarios, más aún entre los jóvenes. Así, sólo 8 de cada 100 empleos han sido indefinidos (el 5% en Andalucía, Castilla la Mancha y Cantabria) y el 92% temporales, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y en 2017, sólo el 2% de los contratos hechos a los jóvenes (menores de 30 años) fueron contratos indefinidos y a tiempo completo, según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno. Impresionante. Con ello, el porcentaje de jóvenes asalariados (16 a 29 años) que trabajan con un contrato temporal es ya del 57,5% (1.347.100 de 2.333.200 ocupados), un récord histórico. Y si tomamos sólo a los jóvenes menores de 25 años, el 72% tienen un contrato temporal. Y además, el 23% de los jóvenes  tienen contratos a tiempo parcial, por horas, la mayoría porque no encuentran otra cosa. 

La creación de empleo en los últimos cuatro años ha ayudado a bajar el paro de los jóvenes, pero de forma insuficiente, ya que a finales de 2017 había 1.014.400 jóvenes en paro (de 16 a 29 años), uno de cada seis jóvenes, según la EPA. Lo más llamativo es que el paro ha aumentado en 2017  entre los jóvenes de 16 a 19 años, en +2.700 jóvenes, lo que se explica porque hay chavales que han dejado los estudios y se han animado a buscar trabajo a la vista de que aumentaba el empleo. Y eso pasa también en edades superiores. Así, hay 100.000 jóvenes de menos de 24 años que se han sumado a buscar trabajo desde 2014, la mayoría de ellos (60.000) en 2017. Un fenómeno preocupante porque muchos de ellos han dejado sus estudios para buscar trabajo y aumentar de momento las cifras del paro.

En conjunto, el paro juvenil se redujo en 110.200 jóvenes en 2017, pero la tasa de paro juvenil sigue siendo muy elevada: 54,20% (más de la mitad) entre los jóvenes de 16 a 19 años, el 33,95% para los de 20 a 24 años y el 21,71% para los de 25 a 29 años, tasas muy superiores a la media del paro en España (16,55% en 2017, según la EPA). En conjunto, España tiene la tercera mayor tasa de paro juvenil de Occidente, según las estadísticas de la OCDE (2017): 37,46% de los jóvenes menores de 25 años, sólo por detrás de Sudáfrica (53,3%) y Grecia (47,4%) y el doble de la media UE-28 (18,7% de paro juvenil), quedando por encima del paro juvenil de Italia (37,8%), Francia (24,6%), Portugal (23,9%), Reino Unido y la OCDE (13%), EEUU (9,2%), Alemania (7%) o Japón (4,7%). Y encima, en España hay 5 autonomías con una tasa de paro juvenil exagerada (menos 25 años): Melilla (68,59%), Extremadura (51,03%), Ceuta (48,94%), Andalucía (47,88%) y Castilla la Mancha (46,08%).

 Mucho paro juvenil y poco empleo, que además de precario se ve rodeado de “abusos” en la contratación por parte de las empresas. El sindicato CCOO acaba de publicar un informe sobre los contratos de formación y aprendizaje donde denuncia que las empresas (sobre todo las más pequeñas) utilizan este contrato para ofrecer empleos a jóvenes licenciados que no pretenden mejorar su nivel educativo sino conseguir mano de obra barata. Así el 35% de estos contratos de formación se hacen en la hostelería y el comercio para jóvenes universitarios, encadenando ilegalmente contratos: un licenciado puede ser contratado para “aprender” de camarero y al año hacerle otro contrato como dependiente y al año otro como empleado de limpieza. La misma persona y sin cotizar un euro por él, ya que estos contratos están exentos, lo que ha privado a la Seguridad Social de ingresar 1.893 millones en cotizaciones los últimos 5 años (bonificaciones como ésta son una de las razones de su déficit). CCOO denuncia que con los contratos de formación se está subvencionando contratos precarios y ayudando a que las academias privadas (que cobran por cada “alumno”) ganen dinero, mientras la patronal CEOE quiere ahora que estos contratos de formación” se amplíen a mayores de 45 años (ahora el límite son 30 años).

Otro “abuso” en la contratación de jóvenes son los becarios. Un estudio de InfoJobs ya revelaba, en 2015, que el 52% de los becarios trabajaban gratis. Y ahora, en 2018, un informe de CCOO denuncia que en España hay 1.445.000 becarios que ni cobran ni cotizan: 1 millón son universitarios en prácticas externas, 63.000 desempleados en formación para el empleo y 100.000 en otras tres modalidades de prácticas no laborales. De hecho, cotizar por los becarios es obligatorio desde 2011, pero CCOO estima que sólo cotizan una minoría, unos 80.000 (otra causa del déficit de la Seguridad Social). Y encima, la patronal CEOE acaba de pedir que no se les obligue a cotizar ni a pagar a los becarios…

Otro problema muy habitual en la contratación de los jóvenes es que hacen trabajos que poco tienen que ver con su formación, están “sobrecualificados” para el empleo, lo que les desanima mucho y supone un despilfarro de los recursos invertidos en formarles. En 2017, el 47,7% de los menores de 30 años estaban “sobrecualificados” para el trabajo que hacían, según el Observatorio  del Instituto de la Juventud,  especialmente en Aragón, Extremadura y Baleares, donde los jóvenes sobrecualificados suponían el 53% de los contratos. Y los universitarios que han hecho un master, aunque trabajen en lo suyo, ven que el 26,8% ganan menos de 1.000 euros y que el 61% no supera los 1.600 euros al mes, según un estudio del CRUE. Tanto estudiar para esto...

Entre el paro, la precariedad laboral y el tipo de contratos que tienen, el 39,3% de los jóvenes españoles menores de 30 años no ingresa nada, según el Observatorio 2017 del Instituto de la Juventud. Y entre los que sí ganan algo, el sueldo neto mensual es de 898,35 euros para los trabajadores menores de 30 años (y 640 euros al mes para los menores de 24 años). Una estimación que parte del Decil de Salarios de la EPA, que fija un salario medio bruto para los jóvenes de 1.029,30 euros al mes (2016), casi la mitad del salario medio bruto para todas las edades (1.878,1 euros brutos). El salario varía con la edad de los jóvenes, según la Encuesta de Salarios del INE 2015: si el sueldo medio bruto español es de 23.106 euros anuales, los jóvenes menores de 20 años ganan la tercera parte (7.526 euros brutos), los de 20 a 24 años la mitad (11.228 euros) y los que tienen entre 25 y 29 años ganan dos tercios de la media (16.046 euros brutos). Y las mujeres jóvenes menos, porque si la brecha de género es del  -22,86%, entre 20 y 24 años sube al -23,74% y luego baja al -14% entre 25 y 29 años.

Con este nivel de ingresos, poco pueden hacer los jóvenes, desde alquilar o comprar un piso a pensar en formar una familia o, mucho menos, ahorrar para la jubilación, como les piden algunos. Y la situación ha ido a peor en los dos últimos años, con la subida de los precios de los pisos (+6,2% en 2017, la mayor subida en 10 años) y de los alquileres (+18,4% en 2017, la mayor subida en 11 años). Estas fuertes subidas han afectado muy negativamente a los jóvenes, que tienen ahora mucho más difícil emanciparse. Así, comprar un piso le supone a un joven, de media, dedicar el 61% de sus ingresos a pagar la hipoteca, algo que además de imposible les invalida ante los bancos (cuyo tope es que el hipotecado destine a pagarles el 30% de los ingresos). Pero tampoco pueden alquilarlo porque el alquiler medio, de 767 euros (difícil de encontrar en una gran ciudad) les supone a los jóvenes dedicar el 85,4% de sus ingresos, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Imposible.

La consecuencia es evidente: con estos precios de pisos y alquileres y sus limitados ingresos (encima muy precarios e inestables), los jóvenes optan por quedarse a vivir con sus padres: en el verano de 2017, el 80,6% de los españoles jóvenes menores de 30 años vivían con sus padres, nada menos que 5.236.860 jóvenes, 4 de cada 5 en esas edades, según el Observatorio del Instituto de la Juventud. Y hay 8 autonomías donde suben al 82% los jóvenes no emancipados: Andalucía, Extremadura, Murcia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, la mayoría de España. Un dato que contrasta con el 70% de jóvenes no emancipados en Europa.

Si el presente de los jóvenes es difícil, a pesar de la recuperación, el futuro se presenta más problemático, por dos razones. Una, porque para 2030, un tercio de los empleos actuales (34%) están en riesgo, por la robotización de la economía, según un reciente estudio de la consultora PWC hecho en 27 países, que señala a España como el 4º país más afectado por la automatización del trabajo, tras Eslovaquia (perdería el 44% de los empleos actuales), Italia (-39%) y Alemania (-37%). Ya hace un par de años, la OCDE señalaba a España como el tercer país occidental más afectado por la robotización, tras Alemania y Austria.

Pero hay otro motivo de preocupación: el empleo del futuro será más especializado y el 70% de los nuevos empleos que se creen en 2025 requerirán una “alta formación”, según la Comisión Europea. Y nuestros jóvenes (25-34 años) tienen todavía baja formación, aunque un tercio largo sean universitarios, según el último informe educativo de la OCDE: el 35% tienen baja formación (sólo tienen la ESO o ni siquiera) frente a menos de la mitad en la OCDE (16%) y en Europa (15% en UE-22 y 13% en Alemania, Francia y Reino Unido), con lo que somos el país europeo con más porcentaje de jóvenes poco formados y el tercero de la OCDE, tras Turquía (45% jóvenes poco formados) y México (53%). En un nivel medio (con Bachillerato y FP) están el 24% de los jóvenes españoles, frente al 42% en la OCDE y el 40% en la UE-22. Y otra vez, tenemos casi tantos jóvenes universitarios (41% como la OCDE (43%) y más que Europa (40% en UE-22). Una pirámide de formación totalmente “de locos”: muchos jóvenes muy formados, muchos jóvenes sin formación y pocos con formación media.

Ante este difícil panorama para los jóvenes, con poco empleo, mucho paro y un futuro que exige más formación, ni el Gobierno Rajoy ni la “oposición” plantean alternativas, mientras los jóvenes se mantienen “dormidos”, tratando de sobrevivir al día a día. Es urgente tomar medidas para afrontar el futuro de nuestros hijos y nietos, cada día más oscuro. Y como en todo lo demás, no hay “soluciones milagro”, sino que hace falta afrontar un abanico de medidas a corto, medio y largo plazo, que exigen dinero, medios y valentía política.

Lo más urgente es poner en marcha un Plan de empleo que gire en torno a los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años, los que menos se benefician de la recuperación. Hay que acabar con los “contratos basura” para jóvenes, que esconden la “explotación laboral” y la precariedad bajo paraguas de formación y aprendizaje. Y fomentar la contratación estable a tiempo completo, con incentivos fiscales y más inspección de trabajo. E implicar a las empresas y a la Universidad en la formación para el empleo, con más prácticas remuneradas y unos cursos de formación actualizados para los jóvenes parados. Y, por supuesto, una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), para que reorienten y coloquen a los jóvenes. No basta con gastar el dinero europeo (Garantía Juvenil) en buscar un contrato en prácticas o un curso de formación a los jóvenes por unos meses. Hacen falta contratos de verdad.

En paralelo, hay que reformar de arriba abajo la enseñanza, desde la ESO al Bachillerato y la Formación Profesional y la Universidad, para que los niños y jóvenes actuales estudien lo que la economía va a demandar dentro de 2 décadas (quizás no sepamos qué, pero si sabemos los estudios que no tendrán salida, para no seguir “fabricando parados”). Y en esta tarea, resulta clave recuperar a los jóvenes perdidos por el camino, ese 18,2% de jóvenes que han abandonado los estudios (en Europa son el 10,7%) en 2017 (570.672 jóvenes de 18 a 24 años) para irse al paro o al subempleo y que habría que recuperar para las aulas, para que tengan oportunidades de empleo en el futuro.

Un tercer frente de actuación es apostar por una política de apoyo a la familia (en España sólo se gasta el 0,7% del PIB en ayudas a la familia, según Eurostat, frente al 1,7% de media en la UE-28 y el 2,4% en Francia, que tiene incluso un Ministerio de Familia, como Alemania), con múltiples actuaciones para ayudar a los jóvenes a emanciparse y crear una familia: ayudas a la vivienda (sobre todo al alquiler: el nuevo Plan de vivienda da 390 euros de ayuda mensual a los jóvenes que ganen menos de 19.000 euros, pero es insuficiente para muchos jóvenes y además las ayudas provocarán más subidas de los alquileres), promoción de guarderías, horarios laborales más razonables, mejora permisos paternidad y maternidad, ayudas a la natalidad y medidas fiscales, para frenar la caída de la población y aumentar el número de cotizantes, clave para salvar las pensiones a medio plazo (las de "los jóvenes de hoy").

Pero sobre todo, Gobierno, políticos e instituciones tienen que demostrar a los jóvenes que saben dónde vamos, que nos preocupamos por las nuevas generaciones y por sentar las bases del futuro de España. Porque lo que hay ahora, con el 80% de los jóvenes dependiendo de los padres, es la muestra de un gran fracaso, como país y como generación. No se escuden en el “conformismo” de los jóvenes o en su “impotencia” para seguir sin hacer nada. Nos estamos jugando su futuro.

Los parados, abandonados a su suerte

Los parados no salen a la calle a protestar, como los pensionistas, pero motivos les sobran: la mitad de los parados no cobran ningún subsidio y entre la mitad que si cobra, el 60% recibe una ayuda asistencial de 426 euros, sólo por 6 meses. Por ello, la mitad de los parados españoles son pobres. Y además, la mitad de los parados (1.902.000) llevan más de un año sin trabajar y tienen pocas posibilidades de hacerlo, por su elevada edad y baja formación. En consecuencia, muchos ni se apuntan a las oficinas de empleo, por ineficaces: no les asesoran, no les dan formación (sólo hacen cursos el 4,12% de parados) y no les encuentran trabajo (sólo al 2%). El Gobierno Rajoy se ha desentendido de los parados y los ha utilizado para reducir el déficit público, gastando en ellos la mitad que en 2009, con un paro casi similar. Urge dar ayudas a 1 millón de parados más y aprobar Planes de choque para formarles y recolocarlos. No les abandonen a su suerte.

enrique ortega

El paro en España se ha reducido bastante con la recuperación, pasando de los 6 millones de parados EPA a finales de 2012 a 3.766.700 a finales de 2017. Pero ojo, las cifras no permiten hacer triunfalismo, como hacen repetidamente Rajoy y su Gobierno. Primero, porque todavía tenemos más del doble de paro que Europa (16,55%, 1 de cada 6 españoles en edad de trabajar, frente al 8,1% de la UE-28) y cuatro veces más paro que Alemania (3,8%). Y, sobre todo, porque todavía tenemos hoy una tasa de paro (16,55%) doble que antes de la crisis (8,60% en diciembre 2007), cuando Europa está casi igual (7.7% frente a 7,2% en 2007) y muchos países europeos tienen ya menos paro que en 2007: Alemania (3,8% frente a 8,5%), Reino Unido (4,4% frente a 5,8%), Portugal (8,6 frente a 9,1%) o Polonia (4,9% frente a 9,6%), así como EEUU (4,4% frente a 4,6%) o Japón (2,8% frente a 3,8%), con la excepción de Francia, Italia e Irlanda, que también tienen más paro que en 2007.

Pero, por encima de las cifras, lo más preocupante es la situación de los parados españoles. Sí, 2,3 millones de personas han salido de las listas del paro en los últimos 5 años, pero los que han quedado lo ven cada vez más negro, porque pasan los meses y no encuentran posibilidades de trabajar. De hecho, el paro se ha enquistado y la mitad de los parados estimados por la EPA (el 50,5%, a finales de 2017), 1.902.183 parados, llevan más de 1 año sin trabajar (y de ellos, 1.365.500 llevan más de dos años parados). Eso reduce mucho sus posibilidades de encontrar trabajo, según los expertos, y más si tenemos en cuenta que la mayoría de parados de larga duración tienen más de 45 años y poca formación.

La consecuencia inmediata de que la mitad de los parados lleven más de un año sin trabajar (y la tercera parte, más de 2 años) es que muchos ya no cobran el subsidio de paro, un drama para ellos y sus familias. A finales de 2017, sólo cobraban alguna ayuda 1.894.209 parados, según los datos oficiales del SEPE (oficinas de empleo). Si lo comparamos con el número de parados estimados, el paro EPA (la estadística más real y homologada en Europa), que era de 3.766.700 parados, resulta que sólo cobraban un subsidio la mitad de los parados españoles, el 50,28% para ser exactos. Y la otra mitad, 1.872.491 parados (y sus familias) no cobran nada. Incluso si lo comparamos con  los parados registrados, apuntados en el SEPE (3.412.781 parados en diciembre 2017), la cobertura es preocupante: un 55,5%.

Pero este es el dato global, de toda España. Hay 9 autonomías, más de la mitad del país, donde la cobertura baja y hay más parados que no cobran que los que cobran: es el caso de Madrid (cobran sólo el 36,74% de los parados EPA), Melilla (cobran el 30,43%), Castilla la Mancha (42,93%), Canarias (42,08%), País Vasco (43,29%), Comunidad Valenciana (45,85%), Murcia (46,03%), Ceuta (47%), Aragón (48,19%), Asturias (48,87%) y Castilla y León (48,94% parados EPA cobran), según los datos del SEPE. En las 8 autonomías restantes hay más parados que cobran de los que no, encabezadas por Extremadura (65,11% parados EPA cobran), Baleares (60%), Andalucía (56,8%) y Navarra (54,18%).

Esta cobertura de parados que cobran se ha desplomado en los últimos años, con la crisis, pero sobre todo desde que Rajoy llegó al Gobierno. Así, en 2008, con 3.206.800 parados ya (560.000 menos que hoy), cobraban algún subsidio el 72,3% de los parados EPA, casi tres de cada cuatro. El paro se disparó y a finales de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había ya 5.287.300 parados, pero todavía cobraban más de la mitad, el 55,36%. A partir de ahí, el paro llegó al máximo de 6 millones en diciembre de 2012 y luego bajó hasta hoy, pero el porcentaje de parados que cobran ayudas ha estado cinco años por debajo del 50% (sobre el 44% en 2014 y 2015), quedando en ese 50,28% a finales de 2017.

No es sólo que con el Gobierno Rajoy cobren subsidio la mitad de los parados. Es que, además, de esa mitad que cobra, la mayoría no recibe un subsidio contributivo, en función del sueldo por el que ha cotizado (un subsidio de 828 euros al mes de media), sino que ese subsidio lo agotó y ahora recibe un subsidio asistencial, de 426 euros. Si en 2011, sólo el 53,5% de los parados cobraban este subsidio asistencial, con Rajoy lo han cobrado en torno al 60% de los parados que cobran algo (el 59,41% en 2017). Y el problema de este subsidio “asistencial” no es sólo que sea más bajo, es que se paga sólo durante 6 meses.

Otro problema de los subsidios de paro, en este caso los contributivos, es que cada año son más bajos, por el deterioro de los salarios sobre los que se cotiza al desempleo: la cuantía media de la prestación contributiva ha caído un 4,2%, de los 864,70 euros por parado que se pagaban en 2011 a 828,10 euros en diciembre de 2017, 36.60 euros menos al mes. Y si tenemos en cuenta la subida de la inflación en estos años (+8,1% la inflación media, según el INE), la pérdida de poder adquisitivo de los parados es del -12,3% desde que llegó Rajoy al Gobierno. Y además, no es sólo que los parados cobren  menos, es que cobran también durante menos tiempo: la duración media de la prestación contributiva era de 15,8 meses en 2009, subió a 17,9 meses en 2013 y ahora, a finales de 2017, se ha quedado en 15,1 meses, casi tres meses menos cobrando que hace cuatro años.

Con todos estos datos, no sorprende que la mitad de los parados españoles estén en situación de pobreza, porque ingresan menos del 60% de la renta media española, según los datos publicados por Eurostat hace dos semanas: son pobres el 49,4% de los parados españoles, frente al 48,7% de los parados europeos. Con ello, somos el 9º país europeo con más porcentaje de parados pobres, por detrás de Alemania (el 70,8% de sus parados son “pobres”), Suecia (el 50,3%) y 6 países del Este,  pero por delante de Francia (38,4% parados son pobres), Reino Unido (45,9%), Italia (46%), Grecia (46,9%) o Portugal (41,6%).

Todo esto, que la mitad de los parados no cobren nada y que los que reciben subsidios cobren cada año menos y la mitad estén en la pobreza, no es casualidad. Por un lado, lógicamente, es culpa de la subida del paro con la crisis. Pero otra razón básica es que el Gobierno Rajoy ha utilizado a los parados para recortar el déficit público, aprobando en julio de 2012 un amplio paquete de recortes a los parados: redujo la prestación a partir del 6º mes (del 60% del último salario al 50%), eliminó el subsidio para mayores de 45 años, elevó de 52 a 55 años la edad del subsidio asistencial previo a la jubilación, recortó los subsidios a partir de los 61 años (para forzar las jubilaciones anticipadas),endureció los criterios para conceder subsidios asistenciales y redujo la cotización a la SS de los parados con cargo al Estado.

El resultado de estas medidas es lo que hemos visto: menos parados que cobran y menos subsidio. Y estos recortes se han reflejado en la factura del paro: si en 2012 se gastó un máximo de 31.730 millones de euros en los parados, en el Presupuesto de 2017 se destinaron casi la mitad, 17.474 millones (como este año 2018). Y si el Gobierno gasta casi la mitad en paro no es porque haya la mitad de parados. Baste ver este dato: en 2016 teníamos casi la misma tasa de paro (18,63%) que en 2009 (18,66%) y sin embargo, el Gobierno Rajoy gastó en los parados 18.640 millones frente a los 31.462 millones gastados por ZP en 2009. No se gasta casi la mitad en paro porque haya menos parados, sino porque la mitad no cobran nada y la mayor parte de los que cobran reciben 426 euros y sólo por 6 meses.

Pero el problema de los parados no es sólo de pobreza, de que no tienen ingresos. Es que, además, no tienen esperanza en el futuro, porque llevan muchos meses o años en paro y nadie les ayuda, sobre todo las oficinas de empleo (SEPE). Los datos son demoledores. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un detallado estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí reciben orientación son precisamente los que menos la necesitan: los parados que tienen más formación, los que cobran el subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados. Y tres, sólo el 2% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (el 17%) y sobre todo por su cuenta (81%), a través de amigos y familiares y sembrando currículos.

Las oficinas de empleo no ayudan a colocarse, pero tampoco forman a los parados. El dinero de la formación (que sale de las cuotas de empresas y trabajadores) se dedica casi en su totalidad a formar a los que están trabajando (3.766.997 en 2016) y poco va a formar a los parados, mientras la patronal CEOE quiere que aún sea menos: en 2016, sólo 152.544 parados recibieron cursos de formación, un 4,12% de los parados registrados, según las últimas estadísticas del SEPE. Y encima, la mayoría de los parados que hacen cursos son los jóvenes con más formación, mientras sólo van a cursos menos del 1% de los parados que llevan más de un año en paro y el 0,29% de los parados de larga duración sin estudios, según el estudio de Fedea. Además, los cursos disponibles son demasiado largos (el 35% tienen más de 300 horas), muy “clásicos” y sin ligazón con lo que buscan las empresas.

La consecuencia de esta inoperancia de las oficinas de empleo es que los parados sólo las utilizan para solicitar el cobro del paro y “sellar” periódicamente su demanda (online), pero no para buscar trabajo: sólo el 27,5% de los parados españoles buscan empleo en el SEPE, frente al 48,5% de media que lo hacen en Europa y el 80% en Alemania, según datos de la Comisión Europea. Y así pasa, que cuando los parados ya no cobran subsidio, se borran de las oficinas de empleo, porque no les aporta nada (y el Gobierno Rajoy dice que “baja el paro”). Las empresas también “pasan” de las oficinas de empleo y buscan trabajadores por su cuenta, a través de ETTs, mientras en Alemania, por ejemplo, las empresas están obligadas legalmente a registrar sus vacantes en las oficinas de empleo y toda esa información está en Internet. En España, el registro de las ofertas es voluntario y la web oficial del SEPE (¡creada en 2014¡) sólo tiene 20.175 empresas registradas y 46.740 ofertas de empleo (6 marzo).

¿Por qué funcionan tan mal las oficinas de empleo en España? La primera razón es que se han visto muy afectadas por los recortes (Rajoy rescindió en 2012 la contratación de 1.200 orientadores laborales que iban a ir a las autonomías) y la falta de medios. Actualmente, cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. Pero no sólo falta personal. Lo fundamental es que falta presupuesto para hacer políticas activas de empleo, dado que también aquí Rajoy hizo drásticos recortes mientras se duplicaban los parados. Así, si España gastaba 7.400 millones de euros en políticas activas de empleo en 2011 (5,28 millones de parados) y se rebajó a 4.300 millones en 2013 (5,93 millones de parados), el mayor recorte en toda Europa, según datos de la Comisión Europea. Y aunque ha subido en los dos últimos años, hasta los 5.575 millones en políticas de empleo en 2017, todavía el gasto es ridículo: supone el 0,48% del PIB frente al 0,90% del PIB que gasta Francia o el 0,64% que gasta Alemania (con la cuarta parte de paro que España), según datos de la OCDE.

Y ya no es sólo que gastemos menos, es que además gastamos mal, según puso de manifiesto, por segunda vez, el último informe del Consejo de Europa, presentado en enero de 2017: calificó de “ineficientes” los servicios de empleo españoles y reprochó al Gobierno Rajoy que no publique indicadores de rendimiento de la gestión del desempleo. En paralelo, los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) llevan años pidiendo al Gobierno español “que se vuelque en políticas activas de empleo”, sin conseguirlo. Y encima, hay un problema añadido a la falta de medios y políticas activas de empleo: que la gestión se reparte entre el Gobierno central y las autonomías, responsables de las 711 oficinas del SEPE. Y como pasa en sanidad o educación, cada autonomía tiene su gestión y su presupuesto adicional para políticas de empleo, así que mucho depende de dónde esté uno parado. Y en los últimos años, las autonomías se han enfrentado al Gobierno Rajoy por retrasos en las transferencias para políticas de empleo o los criterios para aplicar el Sistema de garantía juvenil europeo.

España es el segundo país con más paro de Occidente y el paro es el problema que más preocupa a los españoles, según los Barómetros del CIS. Pero el paro no es la prioridad del Gobierno ni de la oposición, mientras a los parados se les acaba el desempleo y se quedan sin ayudas y abocados a la pobreza. No es de recibo que 1.902.000 españoles estén parados y no cobren nada, como tampoco que haya 3.766.700 españoles sin trabajo a los que no se les forme ni se les asesore para encontrar trabajo. Urge tomar medidas antes que la situación explote, como la de los jubilados o las mujeres.

Por un lado, hay que aprobar un Plan de choque para que al menos 1 millón de parados que no cobran nada reciban alguna ayuda, lo que costaría 4.800 millones al año. Y por otro, hay que aprobar una reforma a fondo de las oficinas de empleo (SEPE), con más personal y más medios, dentro de una política activa de empleo, que cuente con más recursos (al menos 2.000 millones más) para fomentar la formación y la contratación de los parados con más dificultades, en especial mujeres, mayores de 45 años y jóvenes con menos formación. En total, serían unos 6.800 millones extras para luchar contra el paro y reducir la pobreza de los desempleados. No es tanto (nacionalizar las autopistas costará la tercera parte y la Comisión Europea acaba de decir a Rajoy que podría recaudar 5.000 millones de euros equiparando los impuestos al gasóleo).Y su efecto puede ser rápido y eficaz sobre los parados.

Los parados son los grandes olvidados, del Gobierno, de los políticos de todo signo y hasta de los sindicatos. Y muchos se han quedado al margen de la sociedad, tras perder el tren de la recuperación. Pero son demasiados (1 de cada 6 españoles en edad de trabajar) como para olvidarles y dejarles a su suerte, como “los grandes perdedores de la crisis” y “carne de cañón” de los peligrosos populismos. Hay que recuperarles como sea.