Las batallas perdidas de la banca

A la banca le crecen los enanos de las sentencias judiciales en contra. Si en diciembre, el Tribunal Europeo de Justicia les obligaba a devolver las cláusulas suelo cobradas “abusivamente” en las hipotecas, el 26 de enero ese Tribunal dictaba otra sentencia permitiendo a los jueces examinar sin plazo todas las cláusulas hipotecarias. Y en los últimos años, decenas de sentencias de juzgados españoles han dado la razón a clientes frente a bancos y Cajas. Todo ello ha deteriorado aún más su imagen, muy afectada por la crisis, los desahucios y las preferentes. Ahora, el Gobierno estudia aprobar una nueva Ley Hipotecaria, para evitar abusos y pleitos futuros. Pero la banca tiene un grave problema de reputación, reconocido por ellos, que dificulta su negocio y su futuro, ante la creciente competencia de multinacionales tecnológicas y telecos. La banca es clave para una economía, pero no cuando apenas da créditos, nos brea a comisiones y trata de engañarnos. Necesitamos otra banca, ética, cercana, ágil y útil . Una banca “nueva” para afrontar mejor el futuro.
 

enrique ortega

La última sentencia en contra de la banca española es del 26 de enero, cuando el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) de Luxemburgo dictaminó que limitar a un mes el plazo para reclamar contra una cláusula abusiva en una hipoteca “va contra las normas comunitarias”. No hay plazo para que el cliente reclame y además se permite a los jueces que examinen todas las cláusulas del contrato, para ver si hay más cláusulas presuntamente “abusivas”, además de la reclamada. Y hay pendiente otra sentencia del mismo TJE (que se espera también contraria) sobre un recurso de un cliente de Bankia al que se le ejecutó la hipoteca por un solo impago.

Sólo un mes antes, el 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia europeo conmocionó a la banca española con una sentencia en la que obligaba a devolver íntegramente el dinero cobrado con las cláusulas suelo de las hipotecas, por considerarlas “abusivas”. Ya en marzo de 2013, el Tribunal Supremo español declaró “ilegales” estas cláusulas y obligó a devolverlas, pero limitando el pago a esa fecha y no antes (se empezaron a utilizar desde 2009), para no deteriorar más las maltrechas cuentas de bancos y Cajas. Ahora, el Tribunal Europeo establece la retroactividad total: hay que devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo.

Las “cláusulas suelo” establecen que si los tipos de interés caen por debajo de un determinado tipo (normalmente entre el 2 y el 3%), ese bajo tipo de interés no se aplica al cliente y se le cobra “el tipo suelo”. Empezaron a incluirse en las hipotecas en 2009, cuando los intereses bajaron incluso del 1%. También hay “cláusulas techo”, por si los tipos suben mucho, pero aquí los bancos se cubren mucho más y sólo actúan con tipos por encima del 13%. La mayoría de los clientes no eran informados por el banco (ni por el notario) de que su hipoteca contenía esa cláusula suelo y lo notaron cuando se desplomaron los tipos y ellos no lo disfrutaron tanto. Se estima que hay 1.400.000 españoles con hipotecas con cláusula suelo y que la banca debería devolver más de 5.544 millones de euros, según los datos recabados por la CNMV. Los bancos más afectados son Caixa Bank (1.250 millones a devolver), BBVA (1.200 millones), Popular (534 millones), Sabadell (490), Bankia (214), Unicaja (120) y BMN (80), mientras Santander y Bankinter no comercializaron hipotecas con esta cláusula.

A la vista de la sentencia europea, el Gobierno Rajoy trató de evitar un “atasco” en los juzgados, con 1,4 millones de clientes reclamando, y aprovechar para erigirse en “defensor de los consumidores”. Y aprobó un decreto ley, apoyado en el Congreso (31 de enero) por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canarias, para agilizar el pago de las cláusulas suelo en el plazo de 3 meses. Ahora, bancos y Cajas están obligados a enviar una carta a sus clientes informándoles de que tienen cláusula suelo, para que ellos soliciten información y digan si quieren acordar con el banco su devolución. Pero el banco podrá negarse a devolver la cláusula suelo “si cree que no es opaca”, y al cliente sólo le quedará ir a los Tribunales. Si el banco admite que la cláusula “no es procedente”, negociará con el cliente para fijar la cantidad a devolver y cómo hacerlo, si en metálico o mejorando las condiciones de la hipoteca.

Todo esto “suena muy bien”, pero la banca ya ha dicho que no va a pagar todo, porque no cree que todas las cláusulas sean “improcedentes”. El más duro ha sido el Sabadell, que cree que sus cláusulas “no son nulas”. BBVA, Abanca (NovaCaixaGalicia), Popular y Cajamar, cuyas cláusulas fueron explícitamente anuladas por el Supremo en 2013, han dicho que esperarán a que ese Tribunal aclare lo que han de hacer. CaixaBank irá "caso por caso" y sólo Bankia ha dicho que va a pagar inmediatamente las cláusulas a sus 60.000 clientes afectados, por cuestión de “imagen” y para ahorrarse costas judiciales. El resto está ahora negociando con los clientes, entre la amenaza (“si no acepta lo que le ofrezco, nos vemos en los Tribunales, con más riesgo y coste para usted”) y la negociación (“le mejoro a cambio su hipoteca”), pero siempre con una idea central: evitar pagos en metálico. De hecho, la patronal bancaria AEB ha dicho que la banca destinará 3.339 millones a “provisionar” (cubrir) el pago de las cláusulas suelo, lo que supone sólo el 64% de lo que deberían pagar (5.544 millones).

Las cláusulas suelo es el último eslabón de una cadena de enfrentamientos de los bancos y Cajas españoles con sus clientes. El eslabón más grave fueron los desahucios: 598.747 durante la crisis (2008-2015), según datos del Consejo General del Poder Judicial, frente a 700.000 en toda Europa. Y el otro, el fraude de las participaciones preferentes, una especie de acciones sin cotización que bancos y Cajas vendieron a 856.388 clientes (350.000 de Bankia), captando así 42.582 millones de euros de inversores particulares, según los datos del periodista Andreu Missé, autor del libro “La gran estafa de las preferentes”. Bancos y cajas ofrecieron esta inversión a partir de 2003, con el “visto bueno” del Banco de España y la CNMV, con el “gancho” de su alto interés (7 y 8%) y sin advertir de su alto riesgo a los clientes, muchos de ellos ancianos (hasta con Alzheimer) y analfabetos financieros. En otoño de 2011, a la vista de la crisis, bancos y Cajas impidieron que los inversores recuperaran su dinero (“corralito”) y en 2013, con el rescate bancario, Bruselas obligó al Gobierno Rajoy a que esos inversores perdieran una parte de su inversión (“quitas”), hasta el 70%. Eso abrió un rosario de manifestaciones y demandas, que acabó con un sistema de arbitraje por el que se devolvió el dinero en los casos más sangrantes, recuperando el resto sólo una parte de su inversión en preferentes.

En paralelo, los bancos han ido perdiendo batallas legales contra sus clientes. El 25 de noviembre de 2015, una sentencia del Supremo establecía como nulo un crédito rápido con un interés del 24,6%, por “usurario”. Y en julio de 2016, un juzgado de Vitoria era el primero en condenar a una entidad (Kutxabank) por cobrar 30 euros como comisión por reclamación de posiciones deudoras (por “descubierto”), algo que hacen todos los bancos y cajas (además de cobrar los intereses de demora). Y antes, un rosario de sentencias judiciales condenando distintas cláusulas que las entidades suelen incluir en las hipotecas: imponer que el cliente pague todos los costes (prohibido por sentencia del Supremo de diciembre 2015), limitación de los intereses de demora, redondeo al alza de tipos, vencimiento anticipado cuando se produce el impago de 3 cuotas, imposición de gastos procesales en caso de impago de cuota, ejecución hipotecaria de un crédito cedido (El Supremo lo declaró abusivo en 2009 y está pendiente de sentencia del Tribunal UE), dación en pago, cuota final abusiva (hasta el 20 y 30% del préstamo, para rebajar las cuotas mensuales) o sistema de cálculo de intereses, sin olvidar  la batalla de 60.000 clientes por haberles vendido “hipotecas multidivisas” con gran riesgo.

Todas estas sentencias y miles que hay cada día en los Tribunales evidencian una mala aplicación y muchos “agujeros” en la Ley Hipotecaria, reformada parcialmente en 2013 y 2015. Ahora, el Gobierno Rajoy ha propuesto aprobar una nueva Ley este verano, solicitando el acuerdo de la oposición. Su idea es incluir en las hipotecas una “ficha precontractual” estándar, donde se informe al cliente de todas las cláusulas y que tendrá que firmar. La idea es buena porque explicita las condiciones de las hipotecas, pero tiene un problema: si el cliente no se entera bien, luego no podrá recurrir: “usted ya firmó que lo conocía”. Más impunidad si mantienen cláusulas abusivas.

La banca española ha reaccionado ante la sentencia de la cláusula suelo y ante el anuncio de una nueva Ley Hipotecaria con una amenaza: son más costes y eso supondrá que subirán las hipotecas. De hecho, ya han subido en el último año y las nuevas hipotecas en España son las más caras de Europa, según los datos del BCE: las nuevas hipotecas se dan a un tipo medio del 1,97% (noviembre 2016), frente al 1,79% en la eurozona, el 1,55% en Francia, el 1,62% en Alemania, el 1,82% en Portugal o el 2,05% de Italia. Y son aun comparativamente más caras las nuevas hipotecas a tipo fijo, que ya son mayoría en las nuevas hipotecas por “presión” de la banca a sus clientes: están al 2,2% en España, frente al 1,7% de media en la eurozona, 1,59% en Francia, 1,68% en Alemania y 2,2% en Italia. Ahora, todo apunta a que las hipotecas seguirán subiendo en 2017 y más en 2018, porque suben los tipos en los mercados (por el Brexit, Trump y la mayor inflación) y porque la banca nos repercutirá tantas sentencias contrarias.

Y también porque la banca española afronta un futuro complicado, con tipos todavía bajos y un margen estrecho, que les obliga a seguir recortando gastos (tras cerrar 16.000 oficinas y despedir o prejubilar a 80.000 trabajadores desde 2010, aunque acabamos de saber que hay 126 ejecutivos bancarios que ganan más de 1 millón de euros...), seguir fusionándose (el Popular puede ser absorbido y quizás Bankia y BMN se fusionen en 2017) y, sobre todo, a conseguir ingresos extras como sea, básicamente subiéndonos las comisiones. Hasta septiembre de 2016, los 11 principales bancos ingresaron 7.000 millones por comisiones, que habrán sido 9.500 millones en todo 2016 (26 millones diarios), un 23,2% de sus ingresos totales (28,2% en la banca europea). Una fuente clave de ingresos, dado que apenas conceden créditos. En las cuentas del Santander de 2016, los 10.180 millones ingresados en comisiones suponen el 23,2% de su margen. En el resultado de BBVA en 2016, las comisiones aportaron  4.718 millones, el 27,65% del margen. Y en el caso de CaixaBank, el 50,2% de su margen (¡ la mitad ¡) de 2016 fue gracias a las comisiones (2.090 millones). Ahora, los grandes bancos ya han anunciado que van a cobrarnos más comisiones, con el apoyo del Banco de España, sobre todo en tarjetas, fondos, Bolsa, seguros y las cuentas de los clientes que menos “interesan”, porque no dan negocio.

La banca española tiene el doble reto seguir aumentando sus beneficios (para remunerar a los accionistas), aunque sea a costa de brear a comisiones a sus clientes (“no va a ser fácil ni pacífico”, ha reconocido el presidente de la patronal bancaria AEB), y hacer frente a la creciente competencia de los gigantes de Internet (Google, Apple, Amazon, Facebook) y las telecos, lanzados al negocio de transferencias y pagos online, pagos por móvil, créditos y hasta inversiones, mientras la banca tradicional reacciona tarde y mal al reto digital. Ojo: el 30% de los españoles dicen que se pasarían a Google, Apple o Facebook si fueran bancos (y el 41% de los jóvenes), según un estudio de Accenture.

Con todo, el mayor reto de la banca española es superar su “mala reputación”, un problema reconocido por ellos mismos: “la reputación de la banca está bajo mínimos. Es un problema muy serio”, ha dicho sin ambages el consejero delegado de CaixaBank. Con tan mala imagen, empeorada tras cada sentencia contraria, la banca tiene muy difícil competir y avanzar. “El mundo ha cambiado y eso obliga a hacer las cosas de otra manera”, ha reconocido Ana patricia Botín, presidenta del Santander. Pero no basta. Tendrían que reconocer los errores del pasado, cambiar presidentes y directivos y empezar a actuar de otra manera de verdad, con rigor, transparencia y sin engaños. Y apostar por ejercer su negocio, por dar créditos (pueden dar más, según el FMI), y no jugar a recibir dinero sin coste (del BCE y los clientes) e invertirlo en deuda pública en vez de prestarlo: el crédito nuevo sigue de capa caída y cayó un 14% en 2016). Y la banca tampoco se moja en el futuro, no invierte en la industria ni en sectores punteros como en el siglo pasado.

La banca es un elemento clave del sistema, el corazón que bombea el dinero que mueve la economía. Pero apenas cumple esta función y los ciudadanos están escarmentados de tanto engaño, tantos cobros injustificados, tanta opacidad. Y la mayoría desconfía de la banca. Urge que el sector se tome en serio su reconversión, protagonizando una revolución interna, en favor de una banca ética, justa, cercana, útil y comprometida con la recuperación. No es mucho pedir tras haberla "salvado" con más de 100.000 millones de dinero público. Necesitamos “otra banca” para encarar mejor el futuro.

Móviles: cuarta subida (¿abusiva?) en 2 años

Ayer 5 de febrero, Movistar subió sus tarifas 5 euros al mes a 4,2 millones de clientes. Y el 19 de febrero las sube Orange, mientras Vodafone cobra ahora por hacer gestiones telefónicas. Son ya cuatro las subidas de tarifas móviles e Internet en menos de 2 años, un aumento del 25%, 166 euros por usuario. Unas subidas polémicas, recurridas a los Tribunales y multadas por los Gobiernos de Andalucía y Madrid, porque en su día las tarifas convergentes se vendieron “para siempre”. Y la Comisión de la Competencia (CNMC) critica que se justifiquen a cambio de más servicios que el cliente no ha pedido, algo que la ley de Consumo califica de “cláusula abusiva”. Polémicas aparte, las subidas seguirán, dos al año al menos, porque las telecos son ahora más fuertes (tras las fusiones) y porque necesitan sacar más ingresos por cliente (vendiéndole más servicios) para cubrir sus crecientes inversiones. Y saben que estamos “enganchados” al móvil y a Internet. Pagaremos lo que nos cobren.
 

enrique ortega

Como pasa siempre, el líder, Movistar, inicia la subida y las demás telecos le siguen, antes o después. La marca de Telefónica subió el 5 de febrero sus tarifas convergentesFusión (telefonía fija, móvil, Internet y TV) en 5 euros al mes a sus 4,2 millones de clientes, justificando que a cambio les ofrece más datos para consumir en los móviles  (sube de 3 a 8 gigas). Y además, a los clientes de móviles que no tienen tarifa plana les sube el establecimiento de llamada de 0,2178 a 0,25 euros (un “redondeo que supone subir un 14,78%). La francesa Orange, ahora la 2ª mayor teleco, ha anunciado también que sube sus tarifas convergentes Love, a partir del 19 de febrero, entre 2 y 5 euros, a cambio también de ofrecer más datos en los móviles asociados. Y como “guinda”, incluirá “roaming” gratis en Europa. La británica Vodafone, ahora la tercera teleco en España, ha optado por “esperar y ver” antes de anunciar nuevas subidas, aunque en diciembre subió 2 euros mensuales su paquete Liga y subirá el 1 de junio otros 5 euros el paquete “todo fútbol”. Y "para hacer caja", ha empezado a cobrar 2,5 euros a sus clientes por hacerles gestiones telefónicas (como solicitar los códigos PIN o PUK y cambiar el contrato).

Las subidas deberían haber sido comunicadas al cliente con un mes de antelación, pero no ha sido así, como es habitual, y las compañías creen que basta con el anuncio en sus webs y la noticia en los medios. Mientras, siguen en los Tribunales los recursos de miles de clientes contra las subidas anteriores, en especial contra la primera subida de Movistar, en mayo de 2015, porque habían vendido sus paquetes Fusión como ofertas con “precios para siempre”. Eso ha llevado a múltiples denuncias de asociaciones de consumidores, que han provocado una multa de 6,3 millones de euros de la Junta de Andalucía (por “publicidad engañosa, cláusulas abusivas en los contratos y no atender a los requerimientos de la Administración”) y otros 30.000 euros de la Comunidad de Madrid, mientras hay decenas de causas en los Tribunales (que según Telefónica están ganando mayoritariamente).

Ahora, con esta nueva subida, los clientes de las telecos pueden rescindir sus contratos  con Movistar y Orange sin ser penalizados. El problema es dónde van, porque todas las telecos funcionan igual y suben los precios de forma “coordinada”, algo teóricamente prohibido. El problema de fondo es que no dejan opción al cliente: o contratas el nuevo servicio más caro o no puedes seguir con lo que tienes pagando menos. La Comisión de la Competencia (CNMC) ha advertido que estudia estas prácticas de “subir unilateralmente el precio a cambio de mejoras que el cliente no ha pedido”. Porque según la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 2007, “la imposición al consumidor o usuario de bienes o servicios complementarios o accesorios no solicitados tiene la consideración de cláusula abusiva”.

Mientras se dirime si las subidas son o no legales, llevamos ya casi dos años pagándolas. Concretamente, esta subida de febrero 2017 es la cuarta que hace Movistar desde mayo de 2015, tras varios años antes de “guerra de tarifas” y bajadas de precios (-70% de media desde 2009 a 2015). Entre mayo 2015 (5 euros), febrero 2016 (3 euros), agosto 2016 (de 2 a 5 euros) y febrero 2017 (5 euros), Movistar acumula una subida de tarifas de 15 a 18 euros, nada menos que un 25% (mientras los sueldos han subido en ese tiempo poco más del 2%). Eso significa que cada cliente ha pagado 166 euros más por las tres subidas anteriores, según cálculos de la asociación de consumidores Facua. Y tanto Orange como Vodafone han subido tres veces las tarifas en menos de dos años, entre 5 y 11 euros.

¿Por qué ahora las telecos suben sus tarifas, tras años de bajarlas? Primero, porque pueden. Ahora son menos compañías, mucho más fuertes tras las fusiones producidas en 2014 y 2015 (Vodafone y Ono, Telefónica con Digital +  y Orange con Jazztel). Y las tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) son un auténtico “triopolio”, que monopoliza el mercado: controlan el 84% del mercado de móviles y el 93% del mercado de acceso a Internet. Pueden imponer condiciones y precios “compitiendo de acuerdo”. Y con el lanzamiento de los paquetes convergentes (teléfono fijo y móvil e Internet más TV “todo en uno”) se han quitado de en medio a la mayoría de los “operadores virtuales” (OMV), que competían con ellos por los móviles pero que no tienen red para ofrecer paquetes convergentes. El único que queda fuera del “triopolio” es el operador español MasMóvil, creado en 2014, que este mes ha empezado a competir ofreciendo paquetes convergentes con la marca Yoigo, gracias a la red de fibra que tuvo que venderle Jazztel (obligada por la fusión) y la que le alquila Orange.

Las tres grandes telecos suben las tarifas porque pueden y también porque lo necesitan. Por un lado, para cubrir las enormes inversiones que han hecho en redes (fibra óptica) y en nuevas tecnologías (4G y 5G), unos 11.200 millones de euros invertidos sólo entre 2012 y 2015, compras y fusiones aparte. Y por otro, para hacer frente a los crecientes costes que les acarrea seguir creciendo en el mercado de la TV de pago, su principal apuesta hoy: han tenido que pagar 1.573 millones esta temporada a los Clubs de fútbol por los derechos de televisión y muchos millones más en la compra de series y películas. Todo esto hay que “rentabilizarlo” y para ello necesitan aumentar sus ingresos, cobrando más por cada cliente.

Y además, las grandes telecos pueden subir las tarifas porque les dejamos, porque estamos tan “enganchados”al móvil y a Internet que pagaríamos lo que fuera. Los españoles estamos entre los europeos más conectados, sobre todo porque somos el país con más penetración de los móviles inteligentes (smartphones), un 88% frente al 78% de la UE-28. De hecho, la telefonía móvil ya llega al 97% de los hogares españoles, superando incluso a la telefonía fija (83,4% de las familias). El 73,3 % de los hogares están ya conectados a Internet, dos tercios de ellos con ADSL y el resto con fibra (19,2%), cable (15,6%) o banda ancha móvil (12,9%). Y casi un tercio de las familias (30,7% de los hogares) tienen ya contratada TV de pago, según los últimos datos del informe “La Sociedad en Red 2015”, de Red.es.

La estrategia de las telecos en los años pasados fue bajar tarifas y regalar terminales para que más y más españoles se “engancharan” al móvil y a Internet, dos productos baratos. Y fidelizar al cliente lanzando “paquetes integrados”, ofertas de todo en uno (telefonía fija y móvil, Internet y TV de pago) que inauguró Movistar en septiembre de 2012 (una novedad que no se ofrece en el resto de Europa) que ya tienen contratados el 75% de los hogares. Y ahora, con los clientes “enganchados”, las telecos ya pueden subirles los precios. En 2015, ante la primera subida, Movistar, Orange y Vodafone perdieron algunos clientes, pero ya los han recuperado. Y ahora son clientes más fieles (tienen “paquetes” y eso les hace cambiar menos de compañía) y que pagan más al mes. Incluso perdiendo clientes ingresarían más.

Cara al futuro, tenemos que acostumbrarnos a que las subidas seguirán, empezando por una segunda subida este año, en julio o agosto. Su estrategia es como la de la bicicleta: si se paran, si no ingresan más para invertir más, se caen. Y para ingresar más, o captan más clientes (hay poco margen, salvo que “roben clientes”, porque todos estamos “conectados) o consiguen que los clientes actuales contraten productos y servicios más caros : “Premium” (100-195 euros al mes) en vez de “low cost” (50 a 62 euros). Pero la vía principal es subir tarifas a los clientes medios (pagan entre 70 y 85 euros mensuales), que son la mayoría. Y eso es lo que hacen con las cuatro últimas subidas.

La estrategia de futuro de las telecos es seguir ampliando los paquetes convergentes e incluir en ellos más servicios, para justificar así las continuas subidas. Lo primero es cambiar a los clientes de cobre (ADSL) a fibra óptica, gracias a la enorme inversión realizada. De hecho, España es líder en Europa en fibra óptica, con 22,6 millones de hogares conectados, más que  Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos, sólo por detrás en el mundo de Japón y Corea. Y una vez conseguido que los clientes cambien a la fibra óptica, se trata de ofrecerles por esta “autopista” más velocidad (para que consuman más datos) y  una mayor oferta de servicios (y cobrárselos).

Ahora, tras los móviles y el acceso a Internet, la batalla de las telecos es vendernos la TV de pago, que ya tienen contratada casi 6 millones de españoles (5,84 en septiembre 2016, según la CNMC), la mayoría de ellos (4,9 millones) como un servicio incluido en el paquete convergente contratado (junto al teléfono e Internet). La estrategia es ampliar la TV de pago a más clientes y que contraten más servicios, enfrentados a la creciente competencia de las grandes multinacionales del entretenimiento que han desembarcado en España (Wuaki.tv en 2012, Netflix en 2015 y HBO y Amazon a finales de 2016). Y preparar la futura oferta de TV en alta definición 4K, que estará generalizada para 2018.

En paralelo, las telecos se preparan para lanzar más servicios dentro de sus “paquetes convergentes”: el pack para el hogar (que incluiría vigilancia y servicios de conexión de aparatos, luz o calefacción vía móvil) y el pack de juegos (ocio a través del móvil y la TV). Y por supuesto, cada semestre ofrecer más velocidad, más datos, más servicios (los móviles 5G para 2020) a cambio de nuevas subidas. Para que la bicicleta no se pare.

Y al margen de los “paquetes convergentes”, las telecos buscan nuevas líneas de negocio, con las que también nos sacarán más dinero. De momento, avanzan en dos: los coches conectados y la banca online. Según la Comisión Europea, en 2018 habrá en Europa 11,5 millones de coches conectados y eso abre un enorme campo de negocio para las telecos. En el terreno de la banca, Orange va a lanzar Orange Bank en Francia en 2017 y en España en 2018, mientras telefónica en Alemania opera con O2 Banking (en España lo tiene más complicado porque CaixaBank es su principal accionista). Y todas las telecos promocionan el pago por móvil: Vodafone ofrece su monedero electrónico (Vodafone Wallet) desde 2014 en Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda y España. Y en noviembre de 2015 renovó su aplicación para permitir el pago con móvil con 5 tarjetas de crédito o débito. También Orange ofrece el servicio de pago por móvil Orange Cash. Y Samsung lanzó en junio de 2016 su sistema de pago por móvil (Samsung Pay) en España, cuarto país donde funciona el servicio.

Este año 2017 va a ser clave para consolidar todos estos nuevos servicios y tratar de cobrarnos más por ellos. Una novedad será que la cuarta teleco, MasMóvil, va a intentar competir mejor con el “triopolio” de Movistar, Orange y Vodafone: el 2 de febrero ha lanzado por primera vez ofertas convergentes (teléfono fijo y móvil más internet pero no TV de pago), con su nueva marca Yoigo (que compró a la sueca Telia en 2016), a un precio “low cost” (de 39 a 59 euros al mes), mientras mantiene también sus ofertas como MasMóvil y Pepephone (comprada también en 2016). Dicen que ya llegan con red propia a 1 millón de hogares y que con la red alquilada a Orange pueden llegar a 10 millones de hogares más, que son los clientes que quieren “robar” al triopolio. Pero están muy endeudados por sus compras (10 en los últimos dos años) como para ser demasiado agresivos tirando precios.

Además, las tres grandes telecos  tienen una doble estrategia: paquetes convergentes más caros con sus marcas y ofertas “low cost” con segundas marcas (Movistar tiene Tuenti, Orange opera con Amena, Simyo y Jazztel y Vodafone con Lowi), para competir mejor con MasMóvil y los que puedan venir, como Euskaltel (que ha comprado la gallega R y podría compra la asturiana TeleCable). Así tratan de “cubrir todos los frentes”. Orange y Vodafone siguen a medio gas, “digiriendo” sus compras (Jazztel y Ono), mientras Movistar debe aprovechar este año 2017 para dar “un salto adelante”, antes de que se vea obligada por la Administración, en enero de 2018, a “abrir” sus redes de fibra óptica (en el 65% de España, fuera de las grandes ciudades) a la competencia, a otros operadores, que le pagarán por ello un canon (que la CNMC acaba de bajar, para facilitar la competencia). Por eso, Movistar necesita ser en 2017 muy agresivo comercialmente, para consolidar su liderazgo y su cuota de mercado (sobre un 40%) antes de que tenga que abrir sus redes a la competencia.

Con todo, las telecos competirán entre ellas, nos lanzarán decenas de ofertas a cual más complicada y con mucha “letra pequeña”, pero su objetivo central será sacarnos más dinero cada mes. Y en eso están todas de acuerdo. Es la esencia de un negocio que exige invertir y crecer sin parar. Y nosotros, poco podemos hacer, salvo pagar, ya que no nos dan la opción de seguir sólo con lo que tenemos, sin contratar más servicios. Y además, estamos tan “enganchados” que cada vez buscamos más velocidad, más datos, más fútbol y series, más Wifi en el coche, más servicios. Y claro, hay que pagarlo. Cada vez más.

La luz dispara su precio porque pagamos de más

En enero, la electricidad duplicó su precio medio de 2016 y subió 18 euros (+29%) el recibo de la luz a 12 millones de consumidores (el resto sufrirán la subida cuando renueven sus contratos anuales “libres”), disparando el IPC al 3%. Se culpa al clima, a la falta de agua y viento (energías más baratas), pero el problema de fondo es el mal funcionamiento del mercado eléctrico, creado por Aznar en 1997, que permite a las eléctricas manipular precios y sacar más beneficio de sus centrales hidroeléctricas y nucleares (ya amortizadas). Además, en el recibo pagamos numerosos costes de más, que deberían no pagarse o cargarse al Presupuesto. Por todo ello, las familias pagan la tercera luz más cara de Europa (sin impuestos). Y las empresas pagan un 28% más que las alemanas. Rajoy pide que "esperemos a que llueva" y no toma medidas, para no enfrentarse a las eléctricas. Urge realizar una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que vale. Y reformar a fondo el sistema eléctrico, para que produzca luz más barata y más limpia. Luz y taquígrafos.
 

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de producir la electricidad (35% de la factura), los pagos regulados que aprueba el Gobierno cada año (los “peajes”, el 40% del recibo) y los impuestos que paga la luz (IVA e impuesto eléctrico, el 25% restante). Ahora, la fuerte subida del recibo en enero se debe al primer tramo, al encarecimiento de la electricidad en el mercado eléctrico, que ha duplicado con creces su precio: si en 2016, el precio medio del kilovatio fue de 38,74 euros, en enero 2017 ha llegado a máximos de 91,88 euros (25 enero), cotizando por encima de 100 euros el kilovatio varias noches. Y ha cerrado enero con un coste medio de 71,49 euros por kilovatio, un 17% más cara que la media de diciembre (61,03 euros kvh). Se trata de la mayor subida de la luz en el mercado eléctrico desde diciembre de 2013, cuando el récord de 93,11 euros por kilovatio (18 diciembre) obligó al Gobierno Rajoy a intervenir en el mercado y cambiar el sistema: en vez de fijar un precio trimestral por subasta, se fijaba el precio diario por horas (24 precios al día) y eso es lo que pagan ahora los consumidores con precio regulado.

Este cambio, de pagar un precio fijado trimestralmente a un precio distinto cada hora, provocó unos enormes altibajos (“volatilidad”) en los precios del mercado eléctrico, donde las eléctricas compran cada día la luz que ellas mismas nos venden al día siguiente. Ahora, en enero, el precio de la electricidad se ha disparado, de 51,09 euros que valía el 1 de enero a casi 100 el 25 de enero, por varias razones. Una, el clima: apenas llueve (los pantanos están al 39% de capacidad frente al 55% hace un año) y tampoco hace viento, con lo que se produce poca electricidad eólica e hidráulica, las más baratas. Y eso obliga a recurrir a las centrales de carbón y gas, dos energías cuyos precios internacionales se han disparado (y más en España el gas, por problemas en las terminales de Argelia y porque nuestro mercado es muy estrecho y los precios del gas duplican a los europeos). Además, Francia lleva desde octubre con 8 centrales nucleares paradas y está importando electricidad de España, haciendo subir los precios. Y para rematar, hemos sufrido una ola de frío en enero que ha aumentado el consumo de luz.

Todo ello explica parte de la subida, pero no el fondo del problema: que el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde el 1 de enero de 1998, es un mercado estrecho (“un mercadillo”), donde muy pocas empresas (Iberdrola, Gas Natural y Endesa) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley Eléctrica de 1997. En esencia, cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, si hay poca agua y viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros kilovatio. Y eso es lo que se paga el kilovatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nuclear (22 euros). Un negocio redondo para esas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio del chuletón: los del pollo y cerdo se forraban. El experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas sólo entre 2005 y 2015 por este injustificable sistema de precios.

Además, este sistema de precios incentiva el fraude. En la anterior gran subida de precios (diciembre 2013), la Comisión de la Competencia (CNMC) detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios en el mercado eléctrico, actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la CNMC en noviembre de 2015. Ahora, en esta subida de enero 2017, varios expertos temen que las eléctricas hayan vuelto a “manipular” el mercado, retrasando la entrada en servicio de las centrales de gas, bien porque no tenían gas almacenado (ahorraban al no invertir en stocks) o porque el gas había duplicado precios. Y al final, las centrales de gas han entrado en funcionamiento, marcando como referencia su elevadísimo precio, lo que beneficia a las eléctricas con centrales hidroeléctricas y nucleares.


Si ha pasado esto (la CNMC y la Fiscalía del Estado están investigando, pero es difícil de probar), resulta doblemente fraudulento, porque las eléctricas cobran por tener sus centrales de gas y carbón disponibles (por si falla la lluvia o el viento). En los últimos tres años (2014-2016), los consumidores hemos pagado en nuestro recibo 2.880 millones de euros como “pagos por capacidad” a las eléctricas, por tener “disponibles” sus centrales de ciclo combinado (gas y carbón). Y parece que muchas no lo están ni tienen combustible, aunque las eléctricas cobran por ellas. Y lo peor: nadie lo controla.

Bueno, por acabar con esta primera parte del recibo (35%), lo que pagamos por el coste de la electricidad  generada, la fuerte subida de enero no afecta a todos los consumidores, sólo a las familias que tienen contratada una tarifa “regulada” (llamada PVPC, precio voluntario al pequeño consumidor), que son 11,9 millones de españoles. A ellos es a quien les ha subido 18,32 euros extras (un 26%) el recibo de enero sobre el de enero de 2016, según el cálculo de la CNMC para una familia con 2 hijos y consumo medio (250 kW al mes). Y eso ha disparado el IPC de enero, que subió al 3% anual (1,6% en diciembre). En el resto de Europa, también ha subido mucho la luz en el mercado eléctrico, pero no ha provocado titulares ni les preocupa tanto porque estos precios no se trasladan automáticamente al recibo, algo que sólo pasa en España , gracias al nuevo sistema de precios regulados (PVPC) que el Gobierno Rajoy introdujo en abril de 2014, tras las fuertes subidas de diciembre de 2013.


Pero el resto de españoles, los 13,9 millones de consumidores que tienen contratada la luz en el mercado “libre” no se librarán de la subida: cuando renueven su contrato (son anuales), les van a subir el importe (“tarifa plana”), argumentándoles que la luz ha subido. En los dos últimos años, estos consumidores han dejado los contratos de precio regulado (PVPC) y se han pasado al mercado “libre” , presionados por las eléctricas, que les decían que así pagaban menos. Pero no es verdad: según la CNMC, las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las del mercado regulado, básicamente porque al ser un precio por todo un año, no se quieren “pillar” con precios bajos. Ahora, con la fuerte subida de enero, las eléctricas tratarán aún más de desviar clientes con precio regulado a clientes con precios "libres", argumentando que así se libran de los “saltos de precios”. Pero no es verdad: antes o después, las eléctricas tendrán que repercutir las subidas en sus clientes “libres”.

Vayamos a la segunda parte del recibo (el 40%), la que paga los costes regulados por el Gobierno cada año (los llamados “peajes”, congelados para 2017), algo inaudito en Europa: en los demás paises, estos "peajes" los fija un organismo independiente del Gobierno, tipo la Comisión de la Competencia española). Aquí, todos los consumidores (“regulados” y “libres”) pagamos los mismos conceptos, costes la mayoría no justificados y que encarecen otra vez nuestro recibo. Pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96 % del recibo, que se lo lleva un monopolio, la empresa pública Red Eléctrica) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables, pero por los que pagamos de más, según varios expertos. Otros 6.403 millones los pagamos para ayudar a las renovables (17,22% del recibo), ayudas que se han recortado mucho. Y 2.838 millones para amortizar la deuda acumulada con las eléctricas (30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo. Nos cobran 155 millones (0,41% del recibo) para compensar a las eléctricas del “parón” nuclear. Pagamos 740 millones por compensar a Endesa del mayor coste de producir luz para las islas (4,2% del recibo). Otros 725 millones (4,15% del recibo) son para que las eléctricas tengan “disponibles” sus centrales de carbón y gas (paradas la mayoría casi todo el año) y 525 millones más (3% del recibo) se los pagamos a grandes empresas (Arcelor Mittal, Alcoa, Asturiana de Zinc…, aunque el Gobierno no quiere dar la lista de beneficiadas) para “compensarles” porque las eléctricas puedan cambiarles o cortales el suministro de luz si hace falta (cosa que no ha pasado nunca). Estos dos pagos (por “capacidad” e “interrumpibilidad”) están bajo vigilancia de la Comisión Europea porque creen que son “subvenciones encubiertas” a eléctricas y empresas (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, esta segunda parte del recibo (recordemos, el 40%) es un “cajón de sastre” donde los Gobiernos llevan años añadiendo costes, en vez de cargar algunos al Presupuesto y otros suprimirlos, porque no se justifican y sólo sirven para engordar los beneficios de las eléctricas (5.794 millones en 2016 las tres grandes). El último coste nuevo, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. También saldrá de nuestro bolsillo.


Como también pagaremos este año el bono social, ese descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables (2,4 millones entre parados, jubilados, familias numerosas y clientes con menos de 3 kilovatios contratados) que cuesta 250 millones anuales. Zapatero pactó en 2009 con las eléctricas que el coste del bono social lo pagaban ellas, pero Iberdrola recurrió a los Tribunales y el Supremo obligó en 2012 a devolverles lo pagado entre 2009 y 2012 (a costa de nuestro recibo) y a cambiar el sistema de pago. Industria lo cambió a medias, las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo falló a su favor en octubre de 2016, sentenciando que hay que devolverles lo pagado entre 2014 y octubre de 2016 (503 millones que pagaremos con nuestros recibos). Ahora, el Gobierno Rajoy ha aprobado un decreto Ley (23 diciembre 2016), con apoyo del PSOE (ha pasado del “no es no” al “sí, claro que sí”), para reformar el bono social y que su coste lo paguen “las comercializadoras de energía”, ligadas a las eléctricas. Pero estas ya han dicho que “lo repercutirán en el consumidor”. O sea que lo pagaremos nosotros. Y si alguien pretende lo contrario, irán a los Tribunales, ganarán otra y vez y lo pagaremos antes o después.

Así que, con todos estos costes, no debe extrañarnos que la luz sea tan cara. Y más porque muchos tienen contratada más luz de la que necesitan, por miedo a que “les salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee.  Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente “potencia” del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), con lo que ahora pesa mucho en el recibo la potencia contratada (es una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas estos años de bajo consumo) y podemos pagar casi tanto por potencia como por consumo (o más algunos meses). Miren su recibo.

Al final, entre tanto “extracoste” a cargo del recibo, el precio de la luz se ha disparado y ha subido en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Los consumidores domésticos pagamos la 5ª luz más cara de Europa. Pero si descontamos los impuestos (más bajos en España, un 21% de media frente al 33% en Europa, el 52% en Alemania o el 69% de Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz (sin impuestos) más cara de Europa, sólo por detrás de Irlanda y Reino Unido (dos islas), según datos de Eurostat (2015). Y ahora (noviembre 2016), con datos del Ministerio de Energía, los consumidores españoles pagamos la luz (0,172 euros/kwh) un 30% más cara que la zona euro (0,132 €/kwh), un 23,7% más cara que los alemanes (0,139 €/kwh) y un 56,3% más cara que los franceses (0,110 €/kwh). Y las empresas pagan en España 0,086 euros/kwh, un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kwh) y un 30,3% más que las francesas (0,066). Es un gran “hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan las empresas (muy inferior al europeo).

En definitiva: tenemos un sistema eléctrico “de locos” y un recibo al que todo el mundo carga costes, con permiso del Gobierno de turno. Rajoy pide que "esperemos a la lluvia" y el nuevo ministro de Energía afronta el problema con “ocurrencias”, como ampliar el mercado del gas, para que entren más operadores y bajen los precios. Vale, pero tardará tiempo en surtir efecto y será mínimo. La CNMC investiga, como la Fiscalía del Estado (sin medios ambos), pero sabe que es muy difícil probar los fraudes y que luego sus sanciones se las echan atrás los Tribunales (la Audiencia Nacional suspendió en marzo de 2016 la ejecución de la multa de 25 millones a Iberdrola por el supuesto fraude de 2013). Lo eficaz sería poner en marcha una auditoría de costes del sistema eléctrico (como acaba de pedir en el Congreso toda la oposición), para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta producirla, sin los “regalos” que hoy costeamos. Y después, modificar a fondo el sistema de generación eléctrica, para que sea más eficiente, más barato y más limpio (menos carbón y gas y más renovables, porque España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015). De las 10 instalaciones que más emiten CO2 en España, 9 son centrales térmicas de Endesa(2), Gas Natural Fenosa(2), Hidroeléctrica(2) y Viesgo (EON).

La reforma a fondo del sector eléctrico es una de las grandes tareas pendientes desde la transición. Aznar dio “prebendas” a las eléctricas a cambio de que ayudaran a bajar precios para entrar en el euro. Y luego, ni Zapatero ni Rajoy se han atrevido a desmontar el sistema, que asegura elevados beneficios y dividendos (+25% entre 2014 y 2017) a las eléctricas, un “oligopolio” con gran poder económico, mediático y político (32 ex-políticos del PP, PSOE, CiU y PNV están sentados en los Consejos de Administración de las eléctricas). Es hora de “desmontarles el sistema”, porque es ineficiente, muy costoso y lo pagan los españoles más vulnerables, con un recibo que no para de subir y que es más elevado que el de los demás europeos. Pero ojo, si mañana cambia el clima o abren las nucleares francesas y los precios ya no son noticia, no bajen la guardia, porque el problema sigue ahí: estamos pagando costes de más, una luz más cara de lo que debía costarnos. No lo permitan. Luz y taquígrafos.