lunes, 10 de octubre de 2016

El gran salto de la sanidad privada


El mayor grupo hospitalario europeo, el alemán Helios, acaba de comprar el primer grupo hospitalario español, Quirón Salud. Es el último episodio de la “gran movida” de la sanidad privada, que lleva dos años de compras y fusiones. Y eso porque la sanidad privada se ha convertido en un gran negocio: ha duplicado su facturación y supone 1 de cada 3 euros que se gastan en salud en España. Un gran salto que se asienta en los recortes y listas de espera de la sanidad pública y que tiene dos motores poderosos: los seguros privados de salud, que ya tienen contratados 1 de cada 5 españoles, y los conciertos de la sanidad pública: un 23% de los ingresos de los hospitales privados proceden de pagos que hace la sanidad pública por derivar pacientes y pruebas junto a la gestión privada de hospitales. Ahora, todo apunta a que la sanidad privada seguirá creciendo, a costa de la pública y de nuestros bolsillos.
 
enrique ortega

La sanidad pública española era de las mejores de Europa hasta que llegaron los recortes en 2010: ha perdido 9.787 millones de presupuesto (1 de cada 7 euros) y 30.000 médicos y enfermeras, además de medios y tecnología. Y la consecuencia ha sido una pérdida de calidad en la atención sanitaria, disparándose las listas de espera: ya hay 549.424 pacientes esperando para operarse y más de 2 millones esperando consultar al especialista. El resultado es que la sanidad se ha convertido en la 5ª preocupación de los españoles (tras el paro, la economía, la corrupción y los políticos), según el CIS. Y los españoles le dan una nota de 6,38, la segunda más baja desde 2009, según el Barómetro sanitario 2015.

Con este panorama de la sanidad pública, muchos españoles han optado por hacerse un seguro privado de salud, para acudir a un médico o un hospital de la sanidad privada. De hecho, son ya 9.348.000 españoles (uno de cada cinco) los que tienen un seguro médico privado, según datos de la Fundación IDIS: 7.428.000 se lo pagan ellos (una media de 800 euros al año) y los 1.920.000 restantes son funcionarios (Muface, Mugeju-Justicia e Isfas-Defensa) a los que el Estado les paga la póliza de un seguro privado. En total, unos y otros pagaron en 2015 una prima de 7.623 millones de euros, con la que las aseguradoras pagan a los médicos y hospitales privados que les atienden. Actualmente, estos clientes privados y los pagos de sus aseguradoras suponen dos tercios (un 62%) de los ingresos que tiene la sanidad privada en España, según la consultora DBK.

Así que la sanidad privada ha crecido primero a golpe de los seguros médicos privados, los únicos que no paran de crecer (un 3% anual entre 2011 y 2015) mientras bajan los de coches y se estancan los de hogar. De hecho, en España se hacen casi el doble de seguros médicos privados que en Alemania: lo tienen 9,3 millones de personas, el 20%, mientras en Alemania lo tienen 8,8 millones, el 11%. Y cada mes, las aseguradoras  nos lanzan nuevas ofertas, en una “guerra de precios” que esconde mucha letra pequeña.

Pero hay otro potente motor del fuerte crecimiento de la sanidad privada: los pagos que le hace la sanidad pública, sobre todo los conciertos. Sólo en 2015, el Sistema Nacional de Salud (SNS) transfirió a los hospitales privados 7. 623 millones de euros, un 11,6% del presupuesto público en salud, según la Fundación IDIS. Y hay autonomías que más, como Cataluña: derivó el 25,6% de su presupuesto público en salud (2.200 millones) a los hospitales privados (hay 32 integrados incluso en la red sanitaria pública catalana). La segunda autonomía que más desvía fondos públicos a la sanidad privada es Madrid (10,6% de su Presupuesto, 852 millones), seguida de Canarias (10,5%, 270 millones) y Baleares (9,6% de su presupuesto, 123 millones). Y las que menos, Aragón (desvía el 3,40% de su Presupuesto a la sanidad privada), Cantabria (3,80%), Andalucía (4,40%) y Castilla y León (4,40%).

Los pagos de la sanidad pública a la privada son, básicamente, por dos conceptos: por realizar análisis, pruebas y operaciones a enfermos de la pública (para reducir listas de espera) y por la gestión privada de hospitales “públicos: 9 hospitales (5 en la Comunidad Valenciana y 4 en Madrid, más un Centro de análisis) que son concesiones de los gobiernos autonómicos del PP a la sanidad privada y por las que cobran jugosos ingresos mensuales (por gestión y enfermos atendidos). En conjunto, estos conciertos públicos  suponen ya un 23% de los ingresos totales que consigue la sanidad privada, según la Fundación IDIS. Y hay grupos que más: así, los ingresos públicos suponen el 34% de la facturación del grupo líder, Quirón Salud, y hasta un 79% de los ingresos de una de sus filiales, la Fundación Jiménez Díaz, que lleva la atención primaria de más de medio millón de madrileños.

Recapitulando: el 62% de los ingresos de la sanidad privada vienen de los seguros médicos y otro 23% de conciertos con la sanidad pública, procediendo el 15% restante de pacientes privados que se pagan sus tratamientos y operaciones. Con todo ello, la sanidad privada facturó 33.797 millones de euros en 2015 (7.623 trasvasados de la sanidad pública), según el informe de la Fundación IDIS, el doble que hace una década. Y supone ya un tercio del mercado sanitario total, donde el gasto público fue de 58.086 millones, un 13% menos que en 2009. De este pastel de la sanidad privada, dos tercios son gastos en atención sanitaria y un tercio casi el gasto en seguros privados.

Con ello, el gasto sanitario privado (sin contar los ingresos de los conciertos) supone ya en España un 28,5% del gasto total y es el mayor trozo de pastel en Europa: en Alemania, la sanidad privada supone el 23,7% del gasto total, en Francia el 21,3%, en Italia el 22,6%, en Reino Unido el 13,4% y en Suecia el 15,9%, según la Fundación IDIS. Y en la OCDE (28 paises) también es más bajo que en España: el 27%. Por esto, los grandes grupos privados europeos y los fondos de inversión buscan comprar y entrar en la sanidad privada española.

Un tercio del pastel de la sanidad privada se lo disputan los hospitales privados, que facturaron 10.300 millones en 2014, según la Fundación IDIS: 6.450 los “privados privados” (10 grandes grupos hospitalarios) y 3.850 euros los “privados benéficos” (Orden de San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias y Cruz Roja). En conjunto, tienen 450 hospitales (un 57% del total), 3.000 centros médicos, 51.967 camas (33% del total) y emplean a 244.335 profesionales, según datos de la Fundación IDIS (2015).Hasta hace un par de años, era un sector muy atomizado, con muchas empresas y hospitales, pero en 2014 empezaron las compras y fusiones de hospitales, para ganar tamaño y poder enfrentarse mejor a las aseguradoras, que son las que les  imponen precios, por su gran tamaño: las 5 primeras (Adeslas, sanitas, Asisa, DKV y Mapfre) concentran el 71% de las primas de seguros médicos.

La “movida” de los hospitales privados empezó en julio de 2014, cuando el grupo IDC Salud (controlado por el fondo de inversión luxemburgués CVC, dueño de la Fórmula 1 y de Deoleo, la mayor envasadora de aceite del mundo), que ya había comprado en 2012 el grupo Capio (Fundación Jiménez Díaz), se hizo con el grupo Quirón y luego en diciembre compró el Rúber, creando Quirón Salud, que hizo nuevas compras en 2015 y se consolidó como el primer grupo hospitalario español, con 43 hospitales, 2.372 millones de facturación (2015) y un 30% del mercado. Le sigue muy de lejos el grupo Vithas (propiedad de la familia Gallardo, de laboratorios Almirall, y la Caixa), con 12 hospitales y 300 millones de facturación (2015). El tercer lugar lo comparten HM Hospitales (familia Abarca) y los hospitales de la aseguradora Asisa, con 277 millones de facturación cada uno. Y completan el “top nine” el grupo canario Hospiten, los hospitales de Sanitas, el grupo valenciano Nisa, la Clínica Universitaria de Navarra y el grupo andaluz Pascual, a los  que siguen decenas de pequeños hospitales y clínicas privadas en toda España.

Todo apunta a que van a continuar las compras y fusiones de hospitales, para ganar tamaño y poder negociar precios a las aseguradoras, además de poder ofrecer mejores servicios y profesionales. Y sobre todo porque España es un país muy atractivo para la sanidad privada, como lo demuestra el desembarco de varios fondos de inversión multinacionales y la compra, en septiembre, de Quirón Salud por el primer grupo hospitalario europeo, Helios Kliniken, filial de la multinacional sanitaria alemana Fresenius. Se esperan nuevas fusiones y compras en España, sobre todo de pequeños y medianos hospitales independientes, entre ellos la absorción del grupo valenciano Nisa por  el grupo Vithas. Y no se descartan nuevas entradas de grupos e inversores extranjeros.

Y es que España es un mercado atractivo para la sanidad privada, por varios factores. El primero y fundamental, porque gastamos menos en sanidad que el resto de Europa: un 8,8% del PIB frente al 8,9% en la OCDE, el 10,9% en Francia o el 11% en Alemania. Y por eso, los expertos creen que hay margen para crecer en España. Un dato que daban los gestores de la alemana Fresenius: en España hay 3,2 camas de hospital por 1.000 habitantes frente a 8,3 camas en Alemania. Así que “aquí hay negocio”, demanda insatisfecha. Y además, España cuenta con una sanidad pública que es un “chollo”, que da negocio a la sanidad privada (23% de sus ingresos), algo que no se ve en otros países. Otro factor es que la sanidad privada está “menos regulada en España”, según Fresenius, lo que les da más oportunidades. Y “otra ayuda más” para crecer: en España hay más penetración de los seguros médicos privados, entre otras razones, porque son más baratos: aquí, un seguro de salud cuesta 70 euros al mes de media, frente a 240 euros en Alemania.

Hay otro factor más a favor de que crezca la sanidad privada en España: somos un país atractivo para el “turismo sanitario, tanto porque somos el segundo destino turístico del mundo como por el clima, la seguridad y la calidad de la oferta sanitaria, a unos precios imbatibles. Ponerse una prótesis de cadera en la Costa del Sol, por ejemplo, cuesta la cuarta parte que en EEUU (12.852 euros frente a 50.000) y un implante dental en Madrid vale la mitad que en Londres y la tercera parte que en Nueva York (1.288 euros frente a 2.800 y 3.500). Al final, los grandes grupos hospitalarios creen que España puede hacerse con una parte del “turismo sanitario”, que mueve 7.000 millones de euros en el mundo. Y ya hay movimientos para consolidar a Madrid como “el Houston de Europa”: Quirón Salud estudia instalar un gran centro hospitalario en “la quinta torre” que se construirá al final de la Castellana. Y la Clínica Universitaria de Navarra está construyendo un hospital cerca del aeropuerto de Barajas, para otoño de 2017.

Nada en contra del auge de la sanidad privada en España, como en todo el mundo, pero no es de recibo que sea a costa de la sanidad pública, que sigue sin presupuesto, sin personal suficiente y tecnológicamente descapitalizada. Hay que reforzar la sanidad pública y no permitir que la privada crezca a su costa, como se ha hecho en Madrid y Valencia, donde los actuales políticos ya han prometido que van a "desprivatizar" los hospitales de Alzira y Denia. Y en casi todas las autonomías (12 ya no las controla el PP), los nuevos políticos hablan de “revisar los conciertos”, retornando pacientes y pruebas a la sanidad pública (para eso necesitan contar con más presupuesto, personal y tecnología).

En resumen: bien por el salto en la sanidad privada, que crea empleo, tiene una alta calidad y puede complementar la atención pública, pero no a costa de hundir a la sanidad pública y de que las familias tengan que pagar más de 200 euros al mes en un seguro privado para no tener que esperar a operarse o ser atendidos. No puede haber dos sanidades en España: la de la mayoría, muy deteriorada, y otra de más calidad, que paga aparte el que puede. Hay que garantizar una sanidad pública mejor y luego, el que pueda y quiera, que lo complemente, no por necesidad. La salud no puede ser un negocio más.

jueves, 6 de octubre de 2016

Universidad: menos recursos,alumnos y empleo


Un millón y medio de universitarios han iniciado un nuevo curso lleno de problemas. El principal, la escasez de presupuesto, tras 5 años de recortes y con unas autonomías económicamente asfixiadas, a las que Bruselas exige ahora más recortes. Y eso que España gasta un 20% menos que Europa y la OCDE por universitario. Lo positivo es que este curso no suben las tasas universitarias, tras aumentar entre un 20 y un 62% desde 2012. Pero la Universidad española es de las más caras de Europa y eso ha supuesto perder 134.000 alumnos desde 2012. Y también habrá menos alumnos este curso, al no saberse aún las becas disponibles, por no haber Presupuesto 2017. Además, la Universidad sigue “fabricando parados” y 1 de cada 3 universitarios están “subempleados”: trabajan en algo que no necesita su título. Un desastre que obliga a una reforma a fondo de la Universidad, dotándola de más recursos y cambiando programas y organización: tiene que enseñar para trabajar.

enrique ortega

Las 84 Universidades españolas (50 públicas y 34 privadas), que tuvieron 1.545.513 alumnos el curso pasado (1.317.278 las públicas y 228.235 las privadas), volverán a perder alumnos este curso 2016-2017, tras reducirse 32.200 alumnos el curso pasado. Es una tendencia que se viene produciendo desde 2012: en estos cuatro años se han perdido 134.000 universitarios, según un reciente informe de la Fundación CyD. Los expertos hablan de tres razones que explican esta caída de alumnos en la Universidad española. La primera, que hay un 6% menos de jóvenes entre 18 y 21 años. La segunda, que muchos jóvenes que terminaban el Bachillerato han cambiado la Universidad por la Formación Profesional, que ha crecido con gran fuerza desde 2010, con 370.000 estudiantes ya en la FP de Grado Superior. Y la tercera y más importante, que el aumento de las tasas universitarias y el recorte de becas han disuadido a muchas familias de enviar a sus hijos a la Universidad.

Pero esta bajada de alumnos no es un alivio para la Universidades, sobre todo para  las públicas, cuyas presupuestos están bajo mínimos tras cinco años seguidos de recortes, desde el curso 2010-2011. De entrada, se estima que las Universidades públicas han perdido 1.900 millones de euros en estos años, un 18% de su financiación (1 de cada 5,5 euros), lo que las ha obligado a duros ajustes de plantilla (se han perdido 10.000 empleos, entre profesores, investigadores y personal administrativo), una falta de medios e inversiones y un fuerte endeudamiento: las  principales Universidades públicas tienen 1.600 millones de deuda, un 16% más que en 2008. Y cara a este nuevo curso, no van a poder gastar más, porque las autonomías (que financian el 80% del gasto universitario) están en una penosa situación financiera.

Este curso 2016-2017, las autonomías querían mejorar la financiación de sus Universidades, sobre todo las 12 autonomías ahora gobernadas por partidos que no son el PP y que prometieron reforzarlas. Por un lado, pensaban convocar oposiciones a profesores en algunas, además de no subir más las tasas universitarias. Pero las autonomías se han encontrado con un complicado panorama: no saben todavía los ingresos que les va a transferir el Estado ni su límite de gasto para 2017, al estar el Gobierno Rajoy en funciones y no haberse aprobado un Presupuesto para 2017. Y tampoco saben qué déficit van a permitirles este año y el próximo. Lo que sí saben  es que Bruselas ha exigido a España recortar el déficit público y eso exige un ajuste de 16.500 a 23.000 millones entre 2016 y 2017, ajuste que en una buena parte tendrán que hacer las autonomías. Y no hay muchos sitios donde meter la tijera: sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales e inversiones.

Así que las autonomías no saben todavía  lo que van a poder gastar  en 2017 y por tanto tampoco las Universidades. De momento, han hecho sus cuentas sin subir los ingresos por tasas universitarias, tras haberlas subido entre un 20% y un 62% desde 2012. La mayoría han congelado el precio de las matrículas para el curso 2016-2017, mientras Madrid las ha vuelto a bajar, como el año pasado: eso sí, la bajada de los dos años es del 12%, que no compensa el 62% que subieron las matrículas desde 2012. Y lo mismo en otras autonomías: Cataluña ha subido el coste anual en 1.084 euros por grado desde 2012, 748 euros Castilla y León, 439 Madrid o 368 euros la Comunidad Valenciana. Sólo dos autonomías han congelado sus tasas en estos años, Galicia y Asturias. Otro problema que persiste es la enorme disparidad de tasas (ver precios matrículas) entre las distintas Universidades públicas. Así, un grado de Medicina o uno de Ingeniería cuesta 2.372 euros en Cataluña, el triple que en Andalucía (757 euros) y el doble que en Extremadura (1.111 euros). Y un grado de Derecho cuesta el doble: 1.516 euros en Cataluña frente a 757 euros en Andalucía.

La falta de Gobierno y de Presupuesto para 2017 también impide conocer el volumen de becas que se van a poder dar el próximo curso, lo que hace que muchos alumnos no se hayan atrevido a matricularse (o han recortado asignaturas), aunque se hayan congelado las tasas. Y eso porque, aunque en 2015-2016 subieron las becas para todas las enseñanzas, hasta los 1.416 millones, pero todavía eran 202 millones menos que en 2011-2012. Y España tiene una cuantía de becas universitarias (entre 244 y 6.241 euros) que es de las más bajas de Europa. Y en los últimos años, el Gobierno Rajoy ha endurecido los criterios de concesión, tanto las exigencias académicas como los ingresos exigidos a las familias.

Tenemos pues unas tasas elevadas y unas becas a la baja, lo que encarece la Universidad pública española, que ya en 2013 era de las más caras de Europa, según un informe de la Comisión Europea. Así, había 6 países europeos con la Universidad gratuita (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Grecia y Malta, más Bélgica  y Estonia con un precio mínimo) y otros 10 paises donde se paga menos que en España: Alemania (200-1.000 euros), Francia (183 euros), Portugal (631-1.066 euros), Croacia, Lituania, Rumanía, Bulgaria, Polonia, república Checa y Eslovaquia. Al final, sólo había 6 países europeos con la Universidad más cara que en España (713-2011 euros): Reino Unido (4.409-11.099 euros), Chipre, Irlanda, Eslovenia, Letonia y Hungría. Incluso Italia tenía menos tasas máximas (1.300 euros) aunque más altas las mínimas (1.300 €). Y de 2013 a hoy han subido en España.

Estos altos precios disuaden a muchas familias de mandar a sus hijos a la Universidad y explican, junto a la demografía, la pérdida continuada de alumnos universitarios. Pero la Universidad tiene otros problemas este curso. El primero, la incertidumbre sobre las futuras pruebas de acceso, en el verano próximo. La LOMCE, aprobada en solitario por el PP en 2013, establecía que este curso se realice una reválida obligatoria  al final del Bachillerato que sustituiría a las pruebas de selectividad para entrar en la Universidad. La mayoría de las autonomías (las 12 controladas por la oposición al PP más Castilla y León) están en contra de esta nueva prueba. Y hay 9 Universidades medianas y pequeñas que han llegado a un acuerdo para mantener la selectividad como está ahora, sea cual sea la norma que se apruebe para la reválida de Bachillerato. Mientras, Cataluña y Andalucía dicen que no piensan cambiar la selectividad. Por todo ello, no se sabe si los que acaben Bachillerato el verano que viene tendrán que hacer una prueba o dos y cómo será el acceso futuro a la Universidad.

Otro problema pendiente es el cambio en las carreras universitarias: el Gobierno Rajoy aprobó en enero de 2015 un decreto que permitía a las Universidades cambiar los actuales Grados de 4 años y un Master posterior de 1 año (4 ó 4+1) por Grados de sólo 3 años que se pueden complementar con uno o dos años de Master (3, 3+1 ó 3+2). Es una forma de recortar gastos, devaluando los títulos universitarios y favoreciendo que los que tienen más recursos se paguen carreras de 4 ó 5 años mientras que los alumnos con menos ingresos familiares las terminen en tres años. Los rectores aplazaron la reforma al curso 2017-18, pero hay Universidades, sobre todo en Cataluña, que pensaban introducirlo este curso.

Al final, la OCDE acaba de publicar un informe donde señala el problema de fondo que tiene la Universidad española: la falta de recursos. El gasto público en España por cada universitario es de 12.604 dólares, un 20% inferior a los 15.665 euros que gasta de media Europa (UE-22) o los 15.772 dólares por universitario que gasta la OCDE, según el informe "Education at a glance 2016". El gasto español por universitario (2013) está por debajo del de EEUU (27.500 dólares) y muchos países europeos como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Dinamarca, Austria, reino Unido (25.500 dólares), Suecia, Islandia, Bélgica, Finlandia, Holanda, Alemania (17.000 dólares), Francia (16.500 dólares) o Irlanda. Y España, como país, dedica el 1,3% de su PIB a financiar la Universidad, por debajo del 1,5% que gasta la OCDE (28 países).  

La OCDE insiste en su informe, publicado en septiembre: “una educación de calidad necesita una financiación suficiente y sostenible”. Y el gasto educativo en España está por debajo de la OCDE, desde primaria a la Universidad. Recuperar el nivel de otros paises, ese 1,5% del PIB de gasto, exigiría gastar 2.300 millones más cada año en la Universidad, lo que permitiría contratar más profesores y contar con más medios. Pero el problema no es sólo falta de dinero. La Universidad española tiene que resolver otros problemas serios, empezando por ajustar su oferta, recortando titulaciones (hay 2.637 Grados y 3.661 Master) y fusionando centros (hay 234 Campus, con ofertas de estudios similares a pocos kilómetros de distancia. Y otros temas claves son reducir la endogamia (7 de cada 10 profesores trabajan en la misma Universidad donde leyeron su tesis), abriendo los puestos de profesores al mundo económico y empresarial, fomentando la autonomía universitaria y las auditorías de eficiencia y calidad (sólo hay una Universidad española, la de Barcelona, entre las 200 mejores del mundo).

Pero sobre todo, hay que cambiar los contenidos  académicos y orientar a los universitarios hacia las carreras técnicas (más demandadas), reduciendo la oferta de Humanidades y Ciencias sociales (con menos salidas profesionales). Es prioritaria una mayor relación Universidad-empresa, para orientar la formación de los universitarios hacia lo que necesitan y demandas las empresas. Porque si no, las Universidades seguirán siendo “fábricas de parados”. Vean el dato: la tasa de paro de los universitarios españoles era del 11,61% (EPA de junio), inferior a la del conjunto de los españoles (20% de paro) pero más del doble que la tasa de paro de los universitarios europeos (5,7%). Y por si fuera poco, un tercio de los universitarios españoles 33,7%) están “subempleados”: trabajan en empleos que no exigen estudios superiores, según un estudio de la Fundación CyD. O sea, que el país y las familias se esfuerzan en que su hijo/hija estudie una carrera para acabar trabajando de camarero o de cajera de supermercado…

La formación y la Universidad son claves para la recuperación y el empleo pero contamos con unas Universidades medio quebradas, sin recursos, más caras que en el resto de Europa y muy desiguales entre autonomías, que no aseguran el empleo porque están muy disociadas de lo que necesitan las empresas. Hay que financiarlas bien, con más recursos, y asegurar que este dinero público de gasta con más eficacia y resultados. Y conseguir que los jóvenes estudien para luego trabajar en lo suyo. Para lograrlo, hay que promover un gran Pacto educativo, con las autonomías, el Gobierno, las Universidades, los alumnos y las empresas, para configurar un marco organizativo y docente estable y a largo plazo. No se puede esperar otro curso más así.

lunes, 3 de octubre de 2016

Sentencias europeas contra la precariedad


Tres sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, todas del 14 de septiembre, han revolucionado el panorama laboral español, desde empresas y despachos de abogados a sindicatos, patronales y políticos. En esencia, una defiende que los interinos cobren la indemnización de un fijo cuando son despedidos y las otras dos, que no se pueden encadenar varios contratos temporales para cubrir un puesto fijo. Las sentencias han lanzado el debate sobre las indemnizaciones de los contratos temporales, menores que las de los fijos. Pero el debate debía ser otro: España tiene el doble de contratos temporales que Europa, porque se abusa de ellos para contratar. Y esta precariedad es un cáncer para la economía: hunde salarios y cotizaciones (de ahí el “agujero” de las pensiones) y resta productividad a las empresas. Urge pactar una nueva reforma laboral que mejore la calidad del empleo, fomentando los contratos fijos para empleos estables. No podemos competir a base de “contratos basura”.
 
enrique ortega

La primera sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), del 14 de septiembre, responde a un recurso de una trabajadora del Ministerio de Defensa contratada como secretaria interina para sustituir a una liberada sindical. Al volver ésta a su puesto, fue despedida sin cobrar ninguna indemnización, como pasa con todos los interinos, según el Estatuto de los Trabajadores. Ahora, la sentencia del TJUE establece que hay que indemnizarla, como a cualquier interino (sea del sector público o privado) y pagarla lo que le correspondería de indemnización al trabajador fijo al que sustituye. O sea, que aunque sea una empleada temporal (que tienen en España una indemnización de 12 días), el TJUE equipara su indemnización a la de un fijo (20 días por año).

Esta primera sentencia tiene una gran repercusión, ya que en España hay más de medio millón de interinos, trabajadores que ocupan temporalmente el puesto de otro mientras está de baja o en excedencia. Hay unos 200.000 interinos en empresas privadas y otros 382.187 interinos en la Administración pública: 322.559 en las autonomías (169.828 en la sanidad pública, 116.477 en la educación, 26.632 en las consejerías y 9.622 en la Justicia autonómica), 32.776 en los Ayuntamientos, 9.711 en las Diputaciones, 10.393 en los Ministerios y 6.748 interinos más en las Universidades. La mayoría de estos interinos laborales son mujeres (70%) y también jóvenes (casi la mitad). Ahora, todos ellos, cuando se les acabe el trabajo tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. Incluso, según los sindicatos, podrán reclamarla judicialmente los que hayan sido despedidos en el último año, porque la Ley señala que las reclamaciones de cantidad no prescriben hasta pasado un año.

La segunda sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), también del 14 de septiembre, responde a otro recurso de una enfermera del Hospital Clínico de Madrid, a la que despidieron tras haber tenido 7 contratos temporales para el mismo puesto en cuatro años. La sentencia del TJUE establece que “el encadenamiento de  contratos temporales para un puesto que es fijo incumple el derecho comunitario y que la normativa debe poner límites a estos contratos. De hecho, la legislación española lo hace (los contratos temporales deben tener una duración máxima de 2 años, ampliables a 12 meses más por convenio), pero la sanidad pública se rige por un Estatuto que sí permite encadenar contratos sin límite (el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud españoles, en vigor desde 2003).

La tercera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), también del 14 de septiembre, responde a un doble recurso similar. Por un lado, de una auxiliar administrativa que trabajaba en la sanidad vasca e hilvanó 14 prórrogas en su contrato antes de ser despedida. Y el otro, de un arquitecto municipal que trabajó con contratos temporales 7 años en el Ayuntamiento de Vitoria. En los dos casos, el Tribunal europeo reprocha a la Administración española el utilizar la “falsa temporalidad, encadenar contratos temporales para cubrir puestos fijos.
Precisamente, la sanidad pública española, acogiéndose a ese Estatuto que ahora cuestiona el TJUE, ha conseguido ser el sector con más contratos temporales: el 30,4% de las plantillas sanitarias tienen contrato temporal, según un informe de CCOO. Y un tercio de los médicos. Ahora, las autonomías (responsables de la Sanidad pública) se ven obligadas a acabar con estos “contratos encadenados”, o bien despidiendo a médicos y enfermeras, o bien convocando plazas para hacerlos fijos. CCOO ya ha reclamado una convocatoria especial de 94.000 plazas en la sanidad pública para acabar con esta temporalidad. Y sólo unos días después de la sentencia del Tribunal europeo de Justicia, el Tribunal Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo ha reconocido como personal  indefinido" (fijo) a 9 empleadas del Servicio Gallego de Salud que trabajaban como eventuales pero cubriendo "necesidades permanentes que no justifican un nombramiento temporal", según la sentencia.

Pero el encadenamiento de contratos temporales durante años para un mismo puesto es algo que no sucede sólo en la sanidad pública. Es también habitual en la enseñanza, en la Universidad, en la Justicia y en toda la Administración pública, así como en muchas empresas privadas. Y por ello, esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia puede abrir una vía para miles, millones de reclamaciones, de personal público y privado con contrato temporal. Se teme una avalancha de demandas ante los Juzgados de lo Social, que ya están colapsados (con juicios marcados para dentro de 2 y hasta 4 años). Y esto va a agravar la situación económica de las autonomías, que tendrán que pensar en aprobar nuevas partidas de gasto en el Presupuesto de 2017 para convocar nuevas plazas para cubrir  personal temporal y para pagar indemnizaciones al personal interino que despidan.

Con todo, la mayor consecuencia de estas tres sentencias del Tribunal Europeo de Justicia es que han reavivado en España el debate sobre los contratos temporales y la precariedad. Los sindicatos y algunos expertos creen que las sentencias abren la vía a igualar la indemnización por despido de los trabajadores temporales y fijos. El Gobierno en funciones dice que no, que las sentencias sólo hace referencia a los interinos y a los trabajadores sanitarios. Y la patronal cree que se han interpretado mal, porque en España, la indemnización por despido de un trabajador fijo o temporal es la misma: 20 días por año trabajado si es un despido objetivo por causas económicas (y 33 días por año trabajado si es improcedente). Y es cierto: si hay un ERE y una empresa despide, cobran la misma indemnización los fijos que los temporales. Pero si a un trabajador temporal se le acaba su contrato (en puridad, no es un despido sino el fin del contrato), se le indemniza con 12 días por año trabajado, no con 20. Una indemnización que se paga en algunos países de Europa (Francia o Portugal) y no en otros (Bélgica y en Holanda y Gran Bretaña sólo a los que llevan más de 2 años trabajando).Y que aquí se aprobó para encarecer estos contratos a las empresas, para disuadirles de que abusen de los temporales.

Ahora, con estas tres sentencias, los sindicatos y algunos expertos creen que se abre la vía para reclamar judicialmente que un trabajador temporal cobre 20 días de indemnización por año trabajado en lugar de los 12 actuales. Otros expertos creen que no y al final, la cuestión queda en  manos de los Tribunales, salvo que el próximo Gobierno legisle algo al respecto. De momento, el PP ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso para suprimir los contratos interinos, en la Administración y en las empresas. Con ello no se resuelve el problema, ya que autonomías, Ayuntamientos y empresas tendrán que seguir cubriendo los puestos de bajas y excedencias, ahora con contratos temporales más caros (porque tendrán derecho a una indemnización, al menos de 12 días por año trabajado).

Al margen de esta polémica sobre la cuantía de la indemnización a los trabajadores temporales, la cuestión de fondo es otra: la enorme temporalidad de los contratos en España. De los 15.187.800 españoles asalariados, 3.906.400 trabajan con contratos temporales, un 25,72% según la última EPA. Un porcentaje que es el mayor de Europa, tras Polonia, y que casi duplica la media europea (14% de temporales). Y lo peor es que los nuevos contratos que se hacen son casi todos temporales: en julio y agosto últimos, en pleno verano, el 92,58% de todos los contratos que se hicieron fueron contratos temporales. Y un 40% de ellos, por menos de un mes (24,4% por 1 semana o menos). Y lo mismo viene pasando desde la reforma laboral de 2012 hasta hoy.

Así que tenemos un país donde uno de cada cuatro trabajadores es temporal y donde sólo un 7,5% de los nuevos contratos son fijos. Esta enorme precariedad no solo es mala para quien la sufre directamente, sino que es un cáncer para toda la economía. Primero, porque hunde los salarios, los de los temporales (ganan un 37% menos que un fijo) y también arrastran a la baja al resto (el salario más corriente ya está en 15.500 euros brutos, unos 1.000 euros netos en 14 pagas, según el INE). Segundo, porque con estos bajos salarios se hunden las cotizaciones a la Seguridad Social y eso ha provocado un enorme déficit en las pensiones, obligando a echar mano de la mitad de la “hucha” para pagarlas. Tercero, porque estos contratos temporales son los que tienen más riesgo de perderse y aumentar el paro (el 89% de los contratos temporales no se hacen fijos). Cuarto, porque los trabajadores temporales están peor formados y empeora así la competitividad de las empresas, aumentando además los accidentes laborales. Y quinto, porque, al tener un empleo temporal, la cuarta parte de los españoles se lo piensan mucho a la hora de formar una familia, tener hijos, comprar una casa (78,5% jóvenes viven con sus padres) o simplemente gastar. Y eso retrae el consumo, el crecimiento y el empleo, retrasa la salida de la crisis.

Por todo ello, urge poner orden en el mercado laboral y reducir una temporalidad que es de escándalo. Los sindicatos piden un cambio del Estatuto de los Trabajadores, que es de la transición, de 1980. Y todos los partidos menos el PP piden la derogación de la reforma laboral de 2012, con una nueva normativa, aprovechando las dos sentencias europeas. Ciudadanos insiste en aprobar el contrato único: que todos los contratos sean indefinidos y con una indemnización menor al principio que vaya creciendo después. “Suena bien” pero muchos expertos critican que sólo serviría para “precarizar todos los contratos”: reduciría la indemnización de los actuales contratos fijos y en el futuro todos los contratos serían igual de precarios que ahora los temporales (“contrate fijo y despida cuando quiera porque será más barato que ahora”). Mientras, el PSOE defiende que haya solo tres tipos de contratos (indefinido, temporal y de relevo) y medidas para reducir la precariedad.

El problema de fondo es que los empresarios, que son los que tienen que contratar, no sólo están a gusto con la alta temporalidad actual, sino que piden más. De hecho, la patronal CEOE ya pidió en 2015ampliar el uso de los contratos temporales”, para que puedan encadenarse más de 2 años, y refundir el contrato por obra con el eventual, en un contrato temporal “sin causa”, con una duración máxima de 2 años (un contrato “cajón de sastre” con el que puedan contratar temporalmente para casi todo. Y en paralelo, la patronal insiste en pedir los “mini-jobs”, contratos basura para jóvenes, con un sueldo inferior al salario mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado. O sea, piden más precariedad. Y ahora se quejan de que las sentencias europeas encarecerán el despido y por tanto la contratación de nuevos trabajadores.

De momento, el problema de la precariedad laboral y los trabajos temporales ha saltado a primera línea con estas tres sentencias europeas y tendrá que ser una prioridad para el futuro Gobierno. Al margen de las reformas legales que puedan hacerse, la principal medida debería ser aplicar la Ley: que no se hagan contratos temporales o por horas para trabajos que son fijos o a jornada completa. Y para eso hace falta actuar en dos frentes. Uno, con el palo, aumentando las inspecciones y las multas de la inspección de Trabajo, que apenas actúa: hay pocos inspectores (1.878 funcionarios, la mitad por trabajador que en Europa) y sólo dedican el 1,13% de su trabajo a investigar el fraude en los contratos temporales. Por eso, la inspección sólo ha conseguido convertir en indefinidos 227.446 contratos temporales fraudulentos en los últimos 4 años, una "miseria" de 56.000 regularizaciones al año. El otro frente es utilizar la zanahoria: incentivar los contratos fijos, con bajada de cotizaciones y recargo a los temporales.

Hay que apostar por un nuevo modelo laboral, que fomente el trabajo estable y mejor pagado, para colaborar así en la recuperación del consumo, la competitividad, el crecimiento y el empleo. Porque la precariedad es un cáncer para las personas y la economía. No podemos aspirar a competir en Europa y en el mundo con “contratos basura”, con un mercado laboral más parecido a Marruecos o a China que a Francia o Alemania. Hay que apostar de una vez por el trabajo digno y de calidad. Por decencia moral y por el bien de la economía. Y más si lo dicen ahora los Tribunales.