La enorme deuda, una losa para la recuperación

España está endeudada hasta las cejas. Como país, debemos 1 billón largo de euros, más del 100% del PIB, un récord desde 1910. Y hay que sumar otros 1,6 billones que deben las empresas y familias españolas. En total, debemos el 250% del PIB y somos el 8º país más endeudado del mundo. El problema es doble. Por un lado, la deuda sigue creciendo y nos hace muy vulnerables: dependemos de que “los mercados” nos presten (necesitamos 400.000 millones “nuevos” este año) y no se pongan nerviosos, cobrándonos más por su dinero. Y por otro, tenemos que dedicar muchos recursos a devolver deuda y pagar intereses, dinero que el Estado no puede destinar a gastos necesarios, las empresas a invertir y las familias a consumir. Por eso, tanta deuda es una losa que dificulta crecer y crear más empleo. Hay que renegociar esta deuda, a nivel europeo y español, para rebajar su coste y que no torpedee la recuperación.
 

enrique ortega

España alimentó la burbuja inmobiliaria y el fuerte crecimiento de la pasada década a base de endeudarse, de créditos para el Estado, las empresas y las familias (hipotecas). Y con la crisis, los Gobiernos se endeudaron aún más, para enjugar los déficit públicos crecientes, mientras las empresas y familias intentaban reducir sus deudas, que muchos no podían pagar (quiebras y desahucios). El resultado es que si España ya estaba muy endeudada antes de la crisis, como el resto del mundo, lo está aún más ahora, por culpa del aumento de la deuda pública  (+641.556 millones), aunque haya bajado la deuda privada (-542.278 millones). Así, si en diciembre de 2008 España tenía una deuda total de 2.611.413 millones de euros (el 233,95% del PIB), en febrero de 2016 tiene una deuda mayor, de 2.710.691 millones de euros (el 250,71% del PIB), dos veces y media lo que producimos anualmente.

España se ha convertido así en el octavo país más endeudado del mundo, con datos del Mc Kinsey Global Institute, sólo por detrás de Japón (debía el 400% de su PIB en 2014), Irlanda (390%), Singapur (382%), Portugal (358%), Bélgica, Holanda y Grecia (todos con una deuda superior al 300% del PIB). En el mundo, la deuda es hoy uno de los problemas económicos más graves y ha crecido un 40% con la crisis: pasó de 142 billones de dólares a 199 millones en 2014, según los datos del  Mc Kinsey Global Institute. Los mayores aumentos de deuda se han dado estos años en China, España, Irlanda Portugal y Grecia. Y este “empacho de deuda” explica que el mundo y sobre todo Europa apenas crezcan: los esfuerzos de Estados, empresas y familias están volcados en devolver parte de esta deuda, en “desendeudarse” y eso se come la mayor parte de la recuperación internacional.

Volviendo a España, la mayor parte de la deuda total es deuda privada, de empresas y familias: alcanzaba los 1.629.364 millones de euros en febrero de 2016, un 150,7% del PIB, una deuda más elevada que en el resto de Europa, a pesar de que esta deuda privada es la única que se ha recortado con la crisis: se ha rebajado en 542.278 millones, una cuarta parte de lo que debían empresas y familias en diciembre de 2008 (2.171.642 millones).

Las empresas españoles deben ahora 910.769 millones de euros (febrero 2016), tras haber devuelto 350.836 millones en los últimos 7 años, a costa de beneficios, dividendos y empleo. Con todo, las empresas españolas siguen más endeudadas (84% del PIB) que el resto de las empresas europeas (su deuda supone el 60% del PIB) y sobre todo más que las alemanas (su deuda es sólo el 38% del PIB). Y además de tener más deuda pendiente, las empresas españolas pagan más caro el dinero, sobre todo las pymes, con lo que devolver los créditos y pagar intereses les supone un coste mayor que a la mayoría de empresas europeas. Por eso, aunque el beneficio de las empresas españolas se ha triplicado, la mayoría dedican estos recursos a desendeudarse, pagar dividendos y ahorrar, no a invertir. Y no quieren pensar en pedir más créditos, porque aún tienen encima una pesada deuda.

Las familias españolas deben ahora 718.595 millones de euros (febrero 2016), la mayoría son hipotecas pendientes de pago (el 77% de esta deuda) que tienen unos 7 millones de españoles. También aquí, las familias españolas están más endeudadas (67% del PIB) que la mayoría de familias europeas (65% PIB) y que las alemanas (52%), francesas (60%) o italianas (50% PIB). Y como además aquí han caído más los salarios y el empleo, han sufrido más el impacto de la crisis para poder pagar estas hipotecas. Por eso ha subido la morosidad y los desahucios, mientras se ha recortado el consumo, porque su prioridad ha sido y es pagar la hipoteca. Y aún tienen que seguir devolviendo dinero, unos 2.000 millones al mes, con lo que las familias no alcanzarán el nivel de endeudamiento europeo hasta 2018, según un estudio de CaixaBank.

Y queda la deuda pública, que está disparada: acaba de batir un récord histórico, al llegar en febrero de 2016 a la cifra de 1.081.327millones de euros, superando la barrera del 100% del PIB (100,012 % PIB) y el mayor porcentaje desde el año 1910 (antes tuvimos el 165% en 1879 y el 124% en 1900), según el reciente libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015”, de Francisco Comín. Esta deuda pública se ha multiplicado por 2,5 con la crisis, ya que era sólo de 439.771 millones (39,4% PIB) en diciembre de 2008. Y el mayor salto lo ha dado con el Gobierno Rajoy, que recibió 743.530 millones de deuda pública (el 69,5% del PIB) y la ha aumentado en un tercio, para financiar el déficit público, ayudar a las autonomías y a la banca y colaborar en los rescates de Grecia, Portugal e Irlanda. Una deuda que en un 80% tiene el Estado y la Seguridad Social y el resto las autonomías.

Con esta deuda que ya supera el billón de euros, España es el 6º país europeo con más deuda pública en importancia relativa (99,2% del PIB en 2015), por delante de la media europea (85,2% PIB) y de la zona euro (90,7%), sólo por detrás de la deuda de Grecia (176,9% PIB), Italia (132,7%), Portugal (129%), Chipre (108,9%) y Bélgica (106%), según los últimos datos de Eurostat. Y a nivel mundial, somos el país nº 14 en deuda pública, sólo por detrás de Japón (249,08%), EEUU (104,97%) y cinco pequeños países de África y el Caribe.

Las perspectivas apuntan que la deuda privada (empresas y familias) se reduzca otra vez este año, pero que siga creciendo la deuda pública, porque España tiene que financiar un elevado déficit público. La última previsión de la Comisión Europea es que la deuda pública española crezca en 2016  (hasta el 101,3% del PIB) y no baje del 100% del PIB hasta 2020. Y esto nos hace “un país muy vulnerable”, como ha advertido Bruselas en su informe de Sostenibilidad Financiera (enero 2016). Y eso porque tanta deuda hace a España muy dependiente de los “mercados”, de los inversores (el 53% de la deuda pública española está en manos de extranjeros). Así, el país necesita este año 400.000 millones de dinero nuevo para seguir funcionando, según el ministro de Guindos (226.000 el Tesoro público y 170.000 las empresas y bancos). Y si vuelve a haber tensiones o suben los tipos (que están casi a cero), tendríamos un grave problema. Porque además de devolver la deuda, hay que pagar intereses. Este año 2016, el pago de intereses sólo por la deuda pública supondrá 33.500 millones (5.000 menos que en 2012, gracias a la bajada de tipos). Una factura que daría para pagar medio año del gasto en Educación o 4 meses las pensiones. Y que ahora se va a pagar intereses a los inversores y bancos (la mayoría españoles), que son los que ganan dinero con nuestra deuda.

Así que la deuda pública es una pesada losa para los Gobiernos, que no pueden gastar ese dinero en gasto social o en inversiones que ayuden a crecer más y crear más empleo. Y la deuda privada es también una losa para el resto de la economía: las empresas tienen que destinar una gran parte de sus ingresos a devolver deuda y pagar intereses en vez de a invertir y crear más empleo. Y las familias, están agobiadas por pagar la hipoteca y restringen su consumo y sus gastos, lo que retrae también las ventas y el crecimiento. Por eso, son muchos los economistas que creen que la abultada deuda, del mundo y de España, es la principal causa de que la economía internacional esté estancada y no despegue con más fuerza.

¿Qué se puede hacer? Hay que reducir la deuda, empezando por la pública, lo que obliga a reducir el déficit público, para no seguir “alimentándola”. Eso pasa no tanto por hacer más recortes (siempre hay gastos “prescindibles”) sino por aumentar los ingresos públicos, ya que España recauda mucho menos que el resto de Europa (sólo el 38,2% del PIB, frente al 46,6% del PIB que recaudan los países del euro y el 44,9% del PIB que ingresa la UE-28, según Bruselas). Eso se traduce en que si España recaudara como los demás países euro, Hacienda ingresaría 90.804 millones más al año, con lo que no habría déficit y se podría pensar en devolver más deuda y gastar más en lo que hace falta. Para ello, habría que reducir el fraude fiscal y conseguir que paguen más impuestos los que ahora pagan poco (multinacionales, grandes empresas y los más ricos), no la mayoría.

Además de reducir el déficit y la deuda pública, habría que renegociarla a nivel europeo. Porque ahora, España y los países del sur de Europa pagamos intereses más altos porque tenemos que endeudarnos por nuestra cuenta, país a país, y los más endeudados y con más problemas económicos tenemos que pagar más (prima de riesgo). La alternativa, propuesta por el Consejo alemán de expertos económicos y 17 economistas europeos, sería crear un Fondo Europeo donde los países metieran su exceso de deuda, la que supera el 60% del PIB (en el caso de España, 432.000 millones del billón largo de deuda pública) y eso se convertiría en “eurobonos”, bonos que pagarían menos que ahora los países. Y el resto de deuda, ya más baja, se financiaría más barata mientras se crea el Tesoro europeo y toda la deuda se mete en el mismo saco, como hace EEUU con la deuda de sus Estados. Claro que eso supondría que Alemania y los países del norte pagarían algo más de lo que pagan ahora por su deuda (por eso se resiste Merkel). Pero eso debería ser la solidaridad europea.

A nivel de deuda privada, las empresas españolas deberían renegociar su deuda con los bancos, ayudadas por el Estado (que ha “rescatado” a la banca), para ampliar plazos de devolución  y reducir tipos, sobre todo las pymes, que están más indefensas. Y en algún caso, crear un “banco malo de créditos empresariales”, como se hizo con los créditos inmobiliarios de la banca. Sólo reduciendo el peso de la deuda podemos conseguir que las empresas inviertan más y creen más empleo, las grandes prioridades de España. Y en cuanto a las familias, habría que hacer “un mapa de las hipotecas más vulnerables”, para renegociar plazos, tipos y condiciones, evitando desahucios y dando un respiro a las familias, que sólo así podrán pensar en gastar y consumir más, algo que necesitan las empresas y la economía.

Como se ve, quitarse parte de la losa de la deuda es clave para reanimar la economía, internacional, europea y española. Pero no es algo que se resuelva de un día para otro: 2,7 billones de euros es una carga demasiado pesada como para aligerarla en poco tiempo. Hacen falta años, pero sobre todo un Plan ambicioso, europeo y español, para recortarla y aliviar su peso. Porque si no, no sólo creceremos menos sino que cargaremos el problema de  esa deuda sobre nuestros hijos y nietos. No es justo dejarles esa pesada herencia.    

Cooperación española: recortes de vergüenza

Mucho vender la “marca España” por el mundo y resulta que somos el país que más ha recortado la ayuda a los países pobres y el cuarto país que menos dinero aporta al mundo subdesarrollado. Con la crisis, el Gobierno Rajoy ha recortado ayudas dentro pero más fuera, donde hay 900 millones de personas en pobreza extrema. La OCDE acaba de publicar un  informe demoledor sobre la ayuda española: gastamos poco y mal en los países pobres. Y las ONGs denuncian sobre todo el hundimiento de  la ayuda humanitaria, para situaciones de emergencia (como la de Ecuador), que ha pasado de 320 millones anuales a sólo 50 millones. Urge recuperar la Cooperación de España en el mundo, que fue ejemplar hasta 2008. Todos los grupos políticos (salvo el PP)  han aprobado una proposición no de ley para triplicar la ayuda en la próxima Legislatura. Se puede y se debe. Porque ayudar a los más pobres tiene una triple recompensa: moral, política y económica. No nos avergüencen.
 

enrique ortega

Los fondos de ayuda al desarrollo (FAD) es el dinero que los países ricos destinan a ayudar a los países pobres, con proyectos para luchar contra la pobreza y el subdesarrollo. Con la crisis, todos los países occidentales recortaron sus aportaciones, que cayeron entre 2007 y 2009, estancándose después. Pero ahora, los últimos datos de la OCDE revelan que la ayuda al desarrollo (FAD) se está recuperando: creció un 6,8% en 2015, por tercer año consecutivo, y alcanzó los 146.680 millones de dólares (28 países). Eso supone que ahora dedican un 0,30% de su PIB para ayudar a los países pobres, volviendo a los niveles de ayuda de 2006, aunque el dato tiene "truco": inflan las ayudas al desarrollo incluyendo en ellas lo que los países ricos gastan "dentro" en atender a los refugiados (12.000 millones de dólares en 2015). Y aún así, todavía están lejos del objetivo del 0,7%, que comprometieron gastar con la ONU, en 1970. Los que más gastan en ayudar a los países pobres son Estados Unidos (31.080 millones dólares), Reino Unido (18.700), Alemania (17.780), Japón (9.320) y Francia (9230 millones dólares) , pero gastan poco en relación a su riqueza (0,17% de su PIB USA o el 0,51% Alemania) y sólo hay 6 países que gastan en ayuda al desarrollo más del 0,7% que propone la ONU: Suecia (1,40% de su PIB), Noruega (1,05%), Luxemburgo (0,93%), Dinamarca (0,85%), Países Bajos (0,76%) y Reino Unido (0,71%).

España está en el pelotón de cola de la ayuda al desarrollo: gastó 1.446 millones de euros en 2015, un 0,13% del PIB, el cuarto país que menos ayuda a los países pobres, sólo por delante de la República Checa (0,13%), Eslovaquia y Polonia (0,10%), incluso menos que Grecia (0,14%) o Portugal (0,16%), según el ranking 2015 que acaba de publicar la OCDE. Y  España es el país occidental que más ha recortado su ayuda al desarrollo con la crisis: un -73,7%, pasando de gastar 5.500 millones de euros en 2008 a 1.446 millones en 2015, casi la cuarta parte. El impresionante recorte muestra el cambio drástico que ha dado la ayuda exterior española: si en los años 80 gastábamos mucho menos que los demás (0,04% del PIB frente al 0,34 total en 1983), en los años 90 nos equiparamos (0,28% frente a 0,29% en 1993) y en la década del 2000 superábamos incluso al resto de la OCDE, con un máximo en 2008: España dedicó el 0,45% de su PIB a ayudas al desarrollo frente al 0,30% de los 28 países ricos. Pero en 2011, Zapatero pega el primer tajo a la Cooperación (baja al 0,29%) y en 2012 y 2013, Rajoy pega dos tijeretazos más, para bajarla al actual 0,13% del PIB. En resumen: de ser “un país modelo” en ayuda al desarrollo hemos pasado a ser “un vergonzoso ejemplo”.

El recorte a las ayudas al desarrollo y la Cooperación internacional no lo ha hecho sólo el Gobierno central, sino también las autonomías, Ayuntamientos, Universidades, Fundaciones, entidades y empresas: hay más de 900 entidades que ayudan y suponen un 15% del gasto total. Y este desplome de fondos ha supuesto el cierre de proyectos en muchos países y la desaparición de un tercio de las ONGs, según un informe de la Caixa. En España hay unas 2.000 ONGs que gestionan ayudas al desarrollo en unos 100 países y su futuro es muy incierto porque dependen en un 60% de recursos públicos (recortados). Las ONGs que no han cerrado han tenido que recortar plantillas, sueldos y proyectos, mientras buscan desesperadamente recursos de empresas y particulares. Porque si en 2010, los fondos públicos al desarrollo llegaban a 665 ONGs españolas, en 2012 sólo llegaron a 78 ONGs.

El problema no es solo que se gaste casi la cuarta parte en Cooperación internacional. Otro problema grave es que además se gasta mal. Primero, porque no se gasta todo el menguante dinero disponible: en 2012, un tercio de la ayuda al desarrollo no llegó a su destino por problemas de gestión de los créditos reembolsables.  En 2013 sólo se gastó el 69% del presupuesto disponible y en 2014 no debió subir del 70%. Segundo, porque una buena parte de la ayuda se gasta en burocracia, en gastos administrativos, no en proyectos concretos. Y además, expertos y ONGs se quejan de que no hay auditorías que sigan la eficacia de las ayudas (por no hablar de corrupción, como el caso que saltó en la Comunidad Valenciana).

Otro problema es que dos tercios de toda la ayuda española al desarrollo no la gestiona España: se tramita a través de organismos multilaterales, que gestionan  el 67% de toda la ayuda exterior, mientras en los demás países OCDE sólo se canaliza así el 27% de toda la ayuda. Eso significa que la mayor parte de nuestra ayuda son contribuciones fijas a organismos multilaterales (el 78%, contribuciones obligatorias a la Unión Europea, que es la que las gasta) y que sólo un tercio de toda la ayuda es bilateral, de España con cada país. Y aquí hay otro problema: el Gobierno Rajoy ha cambiado las prioridades y ha centrado buena parte de esta ayuda exterior en países de renta media (como Perú, Colombia y Ecuador), por interés de las empresas españolas que invierten fuera (los que venden la “Marca España”), recortando la ayuda a los países más pobres y en conflicto, que deberían ser los prioritarios (han pasado de llevarse el 25% al 18% de la ayuda total). Así, la Cooperación española con los países del Magreb y el África subsahariana (de donde salen las pateras con inmigrantes) ha caído un 91% desde 2011.

Otra crítica que hacen expertos y ONGs a la Cooperación española es que Rajoy ha cambiadoe l modelo de gestión, quitando recursos al Ministerio de Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), el organismo más profesionalizado, que han pasado de gestionar el 47% de los recursos (2011) a sólo el 12% (2015). Y se los ha dado a los Ministerios económicos, para ligar más la ayuda exterior al crecimiento internacional de las empresas españolas. Así, ahora, más de la mitad del presupuesto (recortado a 1.446 millones de euros) lo gestionan Hacienda (el 50%, sólo para “transferir” las cuotas a los organismos multilaterales) y Economía (15%), además de muchos otros Ministerios e instituciones públicas, porque otro problema de la Cooperación española es que la hacen multitud de organismos, con poca coordinación entre ellos. Los expertos y ONGs critican también que la ayuda española se dirige a demasiados proyectos y países, 23 de Latinoamérica y África (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Mauritania, Marruecos, Sahara y territorios Palestinos, Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Filipinas).

Estos problemas de la Cooperación española y otros más aparecen en el último informe del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que cada 4 años evalúa la ayuda española y que publicó en marzo su informe de 2015. Es un análisis muy crítico con la política española de ayuda al desarrollo, que denuncia la escasez de recursos, la descoordinación y falta de control administrativo, el exceso de burocracia que se exige a las ONGs, la desaparición de las contribuciones voluntarias de España a organismos de la ONU (desde el PNUD a ACNUR o UNICEF) y sobre todo denuncia la caída drástica de la ayuda humanitaria española, la ayuda para catástrofes (como la de Ecuador): ha caído de 320 millones que se gastaron en 2009 a los 50 millones gastado en 2015, sólo un 4% de la ayuda total al desarrollo.

La OCDE recomienda a España, sobre todo, que aumente su ayuda al desarrollo, con el objetivo de gastar ese 0,7% objetivo de la ONU (recordemos que gastamos el 0,13%). Y sobre todo, pide que se suba la ayuda humanitaria, hasta el 10% del gasto total (serían 144 millones en vez de 50). Y proponen  más coordinación entre organismos, menos burocracia y concentrar la ayuda en menos proyectos y en  los países más pobres y con graves conflictos. Propuestas en las que coinciden los expertos y ONGs, que como Intermón Oxfam o Unicef, piden además que el futuro Gobierno cree una Secretaría de Estado de Cooperación (suprimida por Rajoy en diciembre de 2011), que potencie la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y que concentre las ayudas en menos países (España tiene proyectos en unos 100 países, frente a los 28 países donde trabaja Reino Unido, que gasta 15 veces más en Cooperación) y menos proyectos, más especializados, buscando programas donde España tiene experiencia y ventaja comparativa, como salud, seguridad alimentaria, infancia, educación o infraestructuras básicas. Y todos piden una política de Estado para la Cooperación, que dedique recursos en educar a los españoles sobre la importancia de la ayuda exterior.

Los españoles, teóricamente, somos solidarios con los países más pobres: un 90% considera que la ayuda al desarrollo es importante y un 57% cree que debe ser prioritaria para el Gobierno español, según el Eurobarómetro de 2015. Y un 50% de los españoles creen que se dedican pocos o muy pocos recursos a la Cooperación, según la encuesta del CIS (marzo 2015). Pero cuando se pregunta si hay que recortar antes fuera que dentro de España, la mayoría contesta que sí, lo que parece “avalar ”los recortes de Rajoy a la Cooperación (han pasado bastante desapercibidos). Y más en un país donde hay menos tradición de ayudas particulares a ONGs: sólo un 20% de españoles donan a ONGs, el porcentaje más bajo en Europa (33%), muy por debajo del 34% de Alemania, el 38% de Italia, el 49% de Francia o del 55% de Reino Unido. Y además, estas donaciones han caído con la crisis: de 800 millones en 2006 a menos de 500 en 2014, según un estudio de la Asociación de Fundraising.

Ahora, cara a la próxima Legislatura, todos los partidos políticos, salvo el PP, han apoyado en abril una proposición no de Ley presentada por Ciudadanos que defiende subir la ayuda al desarrollo del 0,13% al 0,40% (media hoy en Europa) para 2020. Eso supondría gastar 2.800 millones en 2017 (0,25%) y llegar a los 4.400 millones de euros en 2020, el triple que ahora. Y además, se comprometen a que un 10% sea en forma de ayuda humanitaria. Los expertos, ONGs y la mayoría de partidos creen que este “salto en la Cooperación” es posible y que bastaría con destinar a la ayuda exterior la mitad de lo que España ingrese con la tasa Tobin, el impuesto a las actividades financieras que debe entrar en vigor en 2017 (se prevé que ingrese 5.000 millones extras anuales). Además, se podrían conseguir más recursos privados, de empresas (cuando se apruebe una Ley de Mecenazgo) y particulares, si se estableciera una nueva casilla en la Renta (IRPF), para poder destinar un 0,7% de la declaración a Cooperación (como se hace para la Iglesia y fines sociales).

Habrá que esperar al próximo Gobierno, que tiene que aprobar antes de fin de año un nuevo Plan de Cooperación 2017-2020. Pero España no puede seguir “mirándose el ombligo de su crisis” y estando a la cola en la ayuda a los países pobres. Es una vergüenza inadmisible. Primero, por una cuestión ética y moral, de pura solidaridad. Pero también es una forma de desactivar tensiones geopolíticas, de reducir la presión migratoria,  y de defender mejor los intereses de España por el mundo. Gastar en ayudas y solidaridad con los países más pobres es una obligación ética pero también el mejor pasaporte de la “marca España”. No seamos rácanos. Porque ayudar a los demás siempre tiene recompensa. Moral, política y económica. 

Los salarios tienen que subir más

Los sueldos han empezado a subir, tras estar tres años congelados o bajando. Pero suben muy poco: un 0,74% en 2015. Y para 2016, se espera que suban poco más del 1%. Además, aumentan las diferencias entre el sueldo de la mayoría y los directivos, que ya ganan 104 veces más, lo que ha reducido la parte de los trabajadores en el reparto de la renta nacional. Y sobre todo, los sueldos españoles se alejan más de Europa: ganamos un 28% menos que un europeo y un 36% menos que un alemán. Y uno de cada tres trabajadores españoles son mileuristas. Un panorama injusto que además supone un obstáculo muy serio para la recuperación de la economía y el empleo: si no suben más los salarios, no crecerá lo suficiente el consumo y habrá menos crecimiento y empleo. No se puede competir tirando salarios, siendo la China de Europa. Las empresas que puedan, deben pagar mejor. Para así salir antes de la crisis.
 

enrique ortega

Los sueldos de los españoles subieron entre 2007 y 2009, como si no hubiera crisis y las empresas reaccionaron con despidos (3  millones). En 2010, los sindicatos pactaron moderación salarial y los sueldos apenas crecieron ese año y en 2011. En 2012 hubo otro pacto salarial y el Gobierno Rajoy aprobó unilateralmente una reforma laboral que forzó la caída y congelación de salarios, al menos hasta 2014, con una rebaja media de sueldos del 15%. Y en 2015, los sueldos empezaron a subir, aunque tímidamente: la subida media pactada en los convenios fue del  0,74%, según datos del Ministerio de Empleo. Un aumento que está por debajo del tope de subida del 1%, pactado en junio por sindicatos y patronal. Ahora, para 2016, el pacto fija una subida máxima del 1,5%, pero la propia patronal cree que la subida salarial de este año estará más cerca del 1% que del 1,5%. Y más con la economía creciendo menos.

Con todo, estas son las subidas en convenio, la mayoría para trabajadores con antigüedad y contratos estables. Pero una gran parte de los empleos creados en 2014, 2015 y 2016 son empleos precarios, temporales y por horas, con sueldos de entrada mucho más bajos y la mayoría al margen de los grandes convenios. Por eso, los expertos creen que el salario medio ha seguido cayendo en 2015 y seguirá cayendo hasta 2017.

No es sólo que los sueldos suban poco sino que suben menos que en Europa, con lo que aumenta la brecha con los salarios europeos. De hecho, España es el 7º país europeo donde menos subieron los salarios en 2015 (+0,3%), muy por debajo de la media europea (+2%) y de los países euro (+1,5%) y sólo por delante de Noruega (-5,1%), Chipre (-1%), Italia (-0,5%), Bélgica, Luxemburgo y Suecia (los tres, +0,1%), según los últimos datos de Eurostat. Con ello, los trabajadores españoles ganan una cuarta parte o menos que la mayoría de europeos. Así, el pago por hora trabajada fue de 15,8 euros en España (2015), frente a 19 euros en Europa (UE-28), 21,8 euros en la zona euro (UE-19), 20 en Italia, 22 en Reino Unido, 24 en Francia, 25 en Alemania y 35,6 euros por hora en Dinamarca. O sea, que ganamos un 28% menos que un trabajador de la zona euro, un 36% menos que un alemán y menos de la mitad que un danés. Y esa distancia salarial es hoy mayor que en 2008, que antes de la crisis.

Y no sólo eso. Las empresas españolas también tienen una mano de obra más barata que las demás empresas europeas, si a los sueldos anteriores sumamos el coste de cotizaciones e impuestos más otros cargos no salariales. Así, el coste por hora trabajada en España fue de 21,2 euros en 2015, por debajo de los 25 euros en Europa (UE-28), de los 29,5 euros en la zona euro (UE-19) o de los 32,2 euros por hora de costes laborales en Alemania, los 35,9 euros en Francia, los 28,1 de Italia, los 25,7 de Reino Unido o los 51,2 euros de Noruega. Así que nuestras empresas tienen “un colchón” de menos costes laborales para competir.

Entre tanta cifra, ¿qué sueldos tenemos en España? Pues la radiografía salarial del INE, con datos de la EPA 2015, es muy reveladora: el salario medio bruto (2014) era de 1.881,30 euros al mes. Y el sueldo más habitual, el que cobran más trabajadores, es de 1.602,5 euros el mes brutos (“limpios”, descontando cotizaciones y quitando efecto extras, se quedaría en unos 1.280 euros netos mensuales). Pero son sueldos medios. Las mujeres y los jóvenes ganan un 24% menos. Y lo mismo los que tienen contratos temporales (15.433 euros de sueldo frente a 24.333 euros los fijos)  o por horas. Y hay muchísimas desigualdades según el sector donde se trabaje (52.827 euros brutos anuales en las eléctricas frente a 13.851 euros en la hostelería), el puesto (51.594 los directivos frente a 15.240 una cuidadora), la nacionalidad (23.181 euros los españoles frente a 13.727 euros los emigrantes) o la zona donde se trabaje (26.915 euros de sueldo medio en el País Vasco frente a 19.129 en Extremadura).

Al final, el resultado es que un 30% de los trabajadores ganan menos de 1.221 euros brutos al mes, según las estadísticas del INE. Eso significa que casi un tercio de todos los trabajadores, unos 4,5 millones, son mileuristas: ganan menos de 1.000 euros netos al mes. Y hay otro 30% que gana más de 2.173,5 euros brutos al mes, casi el doble. Además, una buena parte de estos mileuristas son considerados “trabajadores pobres”, porque no llegan a ganar el 60% de la media de los españoles (961 euros brutos). Por ello, España tiene un 22,2% de trabajadores pobres, según datos de la OIT: serían 3.215.226 españoles que tienen trabajo pero a los que se considera “pobres”. Y tenemos el mayor porcentaje de trabajadores pobres de Europa, sólo detrás de Rumanía y Grecia.

No es solo que los salarios españoles sean bajos y en buena parte mileuristas. Es que además, con la crisis se han agravado las desigualdades de sueldos, porque han caído más o se han congelado los sueldos bajos, mientras crecían los altos. Así, entre 2009 y 2015, los sueldos de los empleados normales cayeron un 1,1% mientras los de los directivos subían un 6,8%, según un estudio de ICSA. Y siguen ganando 3,5 veces más. Pero la brecha salarial con los grandes ejecutivos de las empresas del IBEX se ha agravado mucho más: su sueldo creció un 80% en 2014 (último dato disponible) y su sueldo es ya 104 veces mayor que el de sus empleados, según un estudio de El País. Y en 2014 hubo 119 banqueros españoles que ganaron más de 1 millón de euros, según la autoridad bancaria europea (EBA). Eso sí, esa misma banca con sueldos millonarios acaba de  pactar con los sindicatos un contrato para los nuevos empleados de 18.000 euros brutos el primer año (1.000 euros netos al mes).

Este panorama de salarios muy bajos, estancados y desiguales choca con una realidad: la mayoría de las empresas españolas están mejor, venden más y tienen beneficios. Las empresas tocaron fondo en 2012, recuperaron ventas y beneficios en 2013 (aumentaron un 63,9%, según el Banco de España), en 2014 (las empresas cotizadas aumentaron sus beneficios un 64%) y también en 2015 la mayoría, aunque las pérdidas de algunas grandes (Repsol, FCC, Arcelor o Indra) hayan bajado los beneficios de las empresas del Ibex (-23,4%). Y la banca ha ganado un 5,6% más en 2015, mientras los 6 grandes bancos aumentaron sus beneficios un 7,3%. Todo ello se traduce en que los beneficios empresariales han aumentado su trozo de pastel en el reparto de la renta nacional, a costa de los salarios: si en 2008 se llevaban el 41,3%, en 2015 era ya el 42,2%, según el INE. Y los salarios han perdido: del 49,9% de la renta al 47,2% (el resto del pastel se lo llevan los impuestos, que también han aumentado su "ración" con la crisis, del 8,8 al 10,6%).

Y no es sólo que los trabajadores tengan ahora un sueldo bajo y menos pastel de la renta, es que además, los impuestos se llevan ahora una parte mayor de sus ingresos, tras la fuerte subida hecha en 2012 por el Gobierno Rajoy (y que no han compensado las bajadas electorales de impuestos de 2015 y 2016). Con ello, España no sólo tiene los sueldos más bajos de Europa sino que es el país nº 13 entre los 34 países dela OCDE que paga más impuestos por el trabajo. Un asalariado sin hijos paga entre impuestos y cotizaciones un 39,6% de su salario bruto, frente a un 35,9% de media en la OCDE. Y un trabajador casado y con dos hijos paga el 33,8% de su salario bruto, frente al 26,7% de media en la OCDE.

El resultado de todo esto es que los trabajadores españoles tienen menos dinero para gastar, entre la congelación o moderación salarial y los impuestos. Y eso no es sólo injusto sino que es además una enorme hipoteca para la economía, frena la recuperación. Básicamente porque los trabajadores son la base del consumo y el consumo supone el 60% del crecimiento de la economía: si no se puede gastar más, las empresas no suben ventas, tienen que tirar precios, ganan y crecen poco y no crean apenas empleo (o trabajos muy precarios). Así que los salarios de penuria y las subidas salariales mínimas son un mal negocio, para las empresas y para la economía en su conjunto, sobre todo para el empleo. Como decía Henry Ford: “tengo que subir los sueldos para que mis trabajadores compren coches”. Fácil de entender.

Pero empresarios y muchos expertos reiteran que la moderación salarial es clave para competir y exportar. Primero, recordemos que los costes laborales en España son ya mucho más bajos que en Europa, que hay “un colchón” para poder subir más los salarios sin que por ello se resienta la competitividad. Y sobre todo, hay que insistir en que la competitividad no depende sólo de los salarios. Por un lado, hay otros costes que son tan importantes o más, como la energía (en España, la luz industrial es un 25% más cara que en Europa), el transporte o los impuestos. Y por otro, hay factores que pesan más que los salarios, como la cotización del euro: la moneda europea ha subido ya este año un 3,75% frente al dólar, lo que ha encarecido en ese porcentaje los productos españoles (aunque se hayan moderado los salarios). Además, hay que denunciar que muchas empresas, sobre todo las que operan en sectores monopolísticos (energía, petróleo, comunicaciones) han aprovechado la rebaja y moderación de salarios no para bajar precios sino para subir sus márgenes, sus beneficios. Y la mayoría, no ha creado más empleo a cambio de salarios más bajos.

En definitiva, no es verdad que la moderación salarial mejore la competitividad y cree empleo. Hay que crecer más y competir con empresas más eficientes, de mayor tamaño, volcadas a la exportación, más innovadoras y mejor organizadas, no competir a costa de “tirar los salarios”, de pagar unos sueldos miserables, de querer ser “la China de Europa”.

Y por eso, ha llegado la hora de subir más los salarios, por encima del 2% en los sectores y empresas con beneficios. Mal ejemplo acaba de dar la banca española , uno de los sectores con más beneficios (10.389 millones en 2015), pactando con los sindicatos una subida salarial del 1,25% para 2016 y el 1,5% para 2017. Ahora, el próximo Gobierno tendría que marcar un cambio salarial , con dos medidas: una mayor subida a los funcionarios (más del 1% fijado, a cambio de aumento de horarios efectivos y mejoras de productividad) y una fuerte subida del salario mínimo, que es una vergüenza en España: está en 655,20 euros (por 14 pagas), el más bajo de toda Europa salvo Grecia, Portugal, Malta y 10 países del Este. Baste decir que el salario mínimo en España (757 euros en 12 pagas) es menos de la mitad que el de Reino Unido (1.510 euros), Alemania (1.473) o Francia (1.923) y la tercera parte que en Luxemburgo (1.923 euros). Y además, el próximo Gobierno debería propiciar un nuevo acuerdo patronal-sindicatos para subir más los salarios donde se pueda. Y vigilar con los inspectores de trabajo para suprimir las horas extras gratis: 3,5 millones a la semana, equivalentes a 89.150 empleos que se dejan de crear.

Ya basta de moderación salarial, un eufemismo que esconde abusos empresariales y mucha precariedad, demasiados trabajadores pobres. Es hora de sentar las bases de una “economía decente”, con sueldos dignos a cambio de un trabajo eficiente. No sólo por justicia, sino también por razones económicas, para reanimar el consumo, la economía y el empleo. Hay que salir del “círculo vicioso de la austeridad”, también en los salarios. Solo acarrea desigualdad, penurias y una economía que no acaba de despegar. Cambien ya.