jueves, 9 de abril de 2015

La luz baja pero nos cuesta más


Parece un acertijo, pero es lo que está pasando con la luz en 2015: el recibo ha bajado un 0,95% en el primer trimestre pero la luz nos cuesta un 10% más que hace un año. Y aunque bajó el coste de producir electricidad (por la climatología), el recibo nos sube porque pagamos más por la potencia instalada que por el consumo, tras la reforma de 2014. Ahora, se espera que la luz baje en primavera, suba en verano y baje en otoño, para acabar con una subida del 4,3% en el recibo de todo 2015. Pero la mayor subida vendrá en 2016, pasadas las elecciones, cuando el próximo Gobierno tenga que subir la parte regulada de la luz. Al margen de lo que baje o suba un mes, los españoles pagamos la luz más cara de Europa, salvo Irlanda y Chipre. Y encima, en 2016, la Comisión Europea quiere liberalizar el precio de la luz, como están los carburantes o el teléfono. Lo que puede traducirse en más subidas. Nos funden.
 
enrique ortega

Recordemos que el recibo de la luz tiene tres partes: los costes de producirla (que suponen el 37,48% del recibo), los impuestos (21,38%) y la parte regulada por el Gobierno (41,14% del recibo), que este año no se ha tocado, porque el Gobierno Rajoy no quería un aumento extra de la luz en año electoral y para ello ha “cuadrado” a la fuerza las cuentas del sector eléctrico para que no haya déficit, algo que no se confirmará hasta diciembre : se teme que lo haya y el próximo Gobierno tenga que hacer una subida extra de la luz en enero de 2016.

Así que este año, lo único que subirá la luz es lo que suba el coste de producirla, un precio muy oscilante y que depende de la climatología (de que haya agua, viento o sol), del tipo de centrales que utilicen las eléctricas (la luz producida con carbón y fuel es más cara y la producida por energía renovables e hidráulica es más barata), así como de la demanda (si hay más consumo de electricidad, suben los precios).

En enero de 2015, los costes de producir electricidad subieron (+5,3%), pero bajaron en febrero (-7,6%) y marzo (-1,6%), con lo que la parte del coste de la electricidad del recibo habrá bajado un 3,9% en el primer trimestre. Traducido a un recibo medio (familia con dos hijos), la electricidad ha bajado un 0,95% en el primer trimestre, según el simulador de la CNMC. Pagamos algo menos (-0,68 euros al mes)  que a finales de 2014, pero un 10% más que hace un año, porque los precios de la electricidad son ahora un 22% más altos que en el primer trimestre de 2014, cuando hubo una climatología muy favorable (con mucha lluvia y viento). Además, en el recibo pagamos una parte por el coste de la electricidad que consumimos (más barata este año) y otra por la potencia contratada. Y desde la reforma de febrero de 2014, pagamos más por la potencia contratada (60% del recibo, cuando antes era el 35%) que por el consumo (40%), para compensar a las eléctricas de la caída del consumo. Así que la electricidad cuesta algo menos, pero en realidad pagamos más por ella. El recibo medio de los usuarios ha subido un 12,7% en el primer trimestre de 2015 sobre un año antes, según cálculos de Facua.

Ahora, el mercado de futuros anticipa que el coste de la electricidad bajará en primavera, subirá en verano y bajará en otoño, para cerrar el año con una subida anual del 11,5% (repercutiría un +4,3% en la subida del recibo de 2015). Y es que este año, las eléctricas tienen que repercutir en sus costes una serie de gastos que antes pagábamos en la parte regulada del recibo: los 500 millones que se pagan a las grandes empresas (cementeras, aluminio, siderurgia…) por compensarles de posibles cortes de luz (que nunca han tenido desde 2009), el “regalo” de la mitad de los peajes que pagan las grandes empresas vascas (en contrapartida a que el PNV  apoyara al PP en la Ley del Sector Eléctrico de 2013), o los 200 millones del “bono social” que pagan eléctricas y distribuidores. Y además, este año, la energía eólica será más cara, porque le han quitado ayudas y deja de aportar energía a coste cero.

Entre tanto, se ha vuelto a retrasar la tarifa eléctrica por horas, que el Gobierno había prometido introducir el 1 de abril y que no estará hasta julio. Y solamente para los usuarios que tengan instalado un contador inteligente, que pueda informar de su consumo horario. A finales de 2014, de los 27,8 millones de usuarios con contrato de luz, sólo 14 millones tenían instalados contadores inteligentes. Y de ellos, sólo 10 millones permitían la lectura a distancia. Estos serán los primeros a los que se aplique la tarifa horaria, a partir de julio, y el resto tendrá que esperar a que estén instalados todos los contadores inteligentes, para lo que las eléctricas tienen de plazo hasta 2018. Mientras, el Gobierno aplica un sistema provisional, un “apaño”: cruza el precio medio diario de la luz en el mercado eléctrico con tres perfiles de consumidores (normales, con tarifa nocturna y con coche eléctrico) para “estimar” su consumo por horas y facturar en consecuencia (ver los precios en esta calculadora de REE).Pero es una estimación, que no coincide con el consumo horario real de cada uno de nosotros.

Mientras llegan estos cambios, los usuarios ven cómo les sube cada recibo, un 13,7% entre febrero de 2015 y febrero de 2014, según la asociación de consumidores Facua. Y un 4,4% de subida de la luz en 2014, según el INE, aunque el Gobierno dice que bajó un 4,5%. Con todo, a finales de 2014, los españoles pagábamos la luz un 28% más cara que la media de Europa, según Eurostat: 0,177 euros por KWh frente a 0,138 de media en la UE-28. Y éramos el  tercer país con la electricidad más cara de Europa, tras Irlanda (0,200 euros/KWh) y Chipre (0,186 euros/KWh), dos islas (lo que encarece producir electricidad). Y las empresas españolas se quejan de que no pueden competir con una electricidad que les cuesta un 20% más que a las alemanas, un 30% más que a las francesas o un 50% más que a las chinas.

Y si pagamos más cara la luz es porque pagamos unos extracostes que el Gobierno mantiene (hoy Rajoy y antes ZP) desde la época de Aznar, en las tres partes del recibo. En la parte que paga la producción de electricidad (37,48% del recibo), pagamos de más los kilovatios que producen las centrales hidráulicas y nucleares (un sobreprecio que les garantizó Aznar en 1997), así como el exceso de centrales (pagamos ayudas a las centrales de gas y carbón, sólo porque estén disponibles), porque  la potencia instalada duplica con creces al consumo. En la parte de los impuestos (21,38% del recibo), también pagamos más que otros países. Y en la parte de los precios regulados (41,14% del recibo) estamos pagando una serie de “extras” injustificables, que debían pagarse en el Presupuesto o suprimirse: ayudas a las renovables (7.100 millones), ayudas al transporte (1.689 millones) y la distribución de luz (5.000 millones), ayudas a la producción en las islas (887 millones), el parón nuclear y la hipoteca de la deuda eléctrica (40.000 millones más intereses).

Al final, habría que hacer una auditoría de costes, para que pagáramos por la luz en el recibo lo que realmente cuesta producirla, transportarla y distribuirla, no extracostes que engordan los beneficios y dividendos de las eléctricas desde hace décadas, a costa de pagar una electricidad que ha subido un 72,3% entre 2004 y 2014, según Facua. Es un reto que no ha querido afrontar ningún Gobierno y una asignatura pendiente para el que salga de las elecciones de diciembre de 2015, que se va a encontrar además con la necesidad de subir los costes regulados en enero de 2016 (41,14 % del recibo), para compensar las subidas no hechas en 2015.

Pero el mayor problema que vamos a tener en 2016 es que Bruselas quiere “liberalizar” los precios de la luz y el gas, lo que significa dejar que las eléctricas fijen libremente los precios, como hacen ahora las petroleras con los carburantes o las telecos con el teléfono. Todo hace pensar que eso provocaría mayores subidas de la luz, porque el mercado es un “oligopolio”: las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) acaparan un 92% de los consumidores domésticos y un 72% del mercado empresarial e industrial. Un poder que les lleva a pactar repartos de zonas y precios, aunque no siempre pueda demostrarlo la CNMC, como sí ha conseguido con las petroleras y los carburantes. Dejar en sus manos los precios, sin que intervenga el Gobierno, es apostar por fuertes subidas de la luz en el futuro.

Así que el futuro del recibo de la luz es preocupante, al margen de que nos digan que un mes u otro sube o baja la luz, por el clima, el consumo o el tipo de centrales que “enchufan” las eléctricas. El problema es de fondo, de que pagamos de más por la luz y ningún Gobierno se atreve a hacer una auditoría de costes y poner el cascabel al gato eléctrico, que tiene un gran poder económico, político y mediático. Un gran tema económico pendiente (otro) para las próximas elecciones. Piense también en su recibo de la luz al votar.

lunes, 6 de abril de 2015

El empleo no llega a los jóvenes


Se está creando empleo sí, pero no para los jóvenes. Sólo 3,8 de cada 100 empleos creados en 2014 fueron para menores de 20 años. Y los jóvenes de 20 a 34 años volvieron a perder empleos. Con ello, más de la mitad de los menores de 25 años están en paro y somos el país europeo con más jóvenes parados (más que Grecia). Los jóvenes sin trabajo tienen dos problemas serios. Uno, que la mitad llevan más de 1 año parado (y una cuarta parte, más de 2). Y el otro, que las dos terceras partes tiene poca formación, y así no hay forma de que encuentren empleo. En el futuro, aún lo tendrán peor, porque el 98% de empleos de la próxima década serán para los que tengan estudios superiores o medios, no para ellos. Así que urge volcarse mucho más en la formación de los jóvenes, incluyendo idiomas, informática y prácticas laborales. Porque si no, se quedarán fuera. Más de lo que ya lo están ahora. 
 
enrique ortega

Los datos oficiales (EPA  2014) son bastante explícitos, aunque casi nadie hable de ello: de los 433.900 empleos netos creados en 2014, sólo 16.700 (3,8%) fueron para jóvenes menores de 20 años, que han perdido 314.400 puestos de trabajo en esta crisis. Y los jóvenes entre 20 y 35 años siguieron perdiendo empleos en 2014: -92.800 más, con lo que han perdido ya más de 3 millones de empleos desde 2007. Al final, dos de cada tres nuevos empleos creados en 2014 fueron para mayores de 50 años (280.300 empleos), la mayoría mujeres con contratos  a tiempo parcial y muy precarios.

El poco empleo que consiguen los jóvenes es en las grandes ciudades y la mitad en restaurantes y turismo, como vendedores y en servicios personales, según un estudio de Asempleo. Y son trabajos mucho más precarios que los de sus padres. Así, casi el 70% de los jóvenes que trabajan (693.300 a finales de 2014) lo hacen con un contrato temporal, según la EPA, muchos con contratos de un mes y menos. Y casi la mitad tienen contratos a tiempo parcial, por horas (58% de los menores de 20 años y 40% con 20 a 24 años), no porque los busquen así para poder estudiar o hacer otras cosas: el 69% dice que es porque no encuentran otra cosa. Y en consecuencia, tienen sueldos muy bajos, menos que mileuristas. Así, los jóvenes que han sustituidos a los padres de otros (despedidos durante la crisis) están cobrando 1.100 euros de media a tiempo completo y 600 euros a tiempo parcial, un 18% menos que en 2008, según los datos de Fedea publicados en el blog Nada es gratis.

En cuanto al paro juvenil, se redujo en 2014 pero menos que el paro general: sólo 1 de cada 5 parados que salieron del desempleo eran menores de 25 años, según la EPA. Y así, a finales de 2014, teníamos a 813.700 jóvenes menores de 25 años sin trabajo, un 51,8 % del total, el triple que antes de la crisis (17,9%), según un estudio de Asempleo. Un porcentaje que nos sitúa como el país europeo con más jóvenes en paro, incluso por delante de Grecia (51,2%) y muy lejos de la media europea (25% de jóvenes en paro) o de Alemania (7,5%). Y hay regiones donde es especialmente grave, como Castilla la Mancha (62,3% de jóvenes menores de 25 años en paro), Andalucía y Canarias (59% paro juvenil).

Lo grave no es sólo que más de la mitad de los jóvenes estén sin trabajo. Hay dos datos aún más preocupantes. Uno, que casi la mitad de ellos (47,6%) llevan más de un año buscando trabajo y la cuarta parte (26,6%) llevan más de dos años sin trabajar, según la EPA. Y ya se sabe que cuanto más tiempo desocupado, menos posibilidades de trabajar. El otro dato explica en buena parte esta dificultad para emplearse: dos de cada tres jóvenes parados (63,2%) sólo tienen los estudios obligatorios (hasta la ESO) y carecen de bachillerato, FP superior o estudios universitarios, según los datos de la EPA. Y así, no tienen forma de colocarse, sobre todo cuando hay sólo una vacante por cada 102 parados. Y menos si el 80 % de los jóvenes parados carecen de experiencia, porque buscan su primer empleo.

La formación es clave para los jóvenes a la hora de trabajar o estar parado. Así, la tasa de paro entre los jóvenes sin estudios roza el 100%, baja al 67% entre los que tienen sólo primaria  y al 38,1% entre los jóvenes con estudios superiores, siendo el paro “sólo” del 23% entre los jóvenes universitarios. Y la formación va a ser incluso más fundamental en el futuro. Así, en la próxima década (2013-2025) va a haber más empleo para los jóvenes que ahora, porque se van a jubilar muchas más personas (7,2 millones de jubilaciones) y habrá nuevos empleos (1,3 millones). En total, entre 8,8 y 10 millones de nuevos empleos disponibles para los jóvenes hasta 2025, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Pero el 98% de esos empleos van a ser solamente para los que estén más formados: más de la mitad (58,4%) para los que tengan educación superior (estudios universitarios o FP Superior), un 39,3% para los que tengan estudios medios (bachillerato o FP) y sólo el 2,3% para los que sólo tengan la formación básica obligatoria (ESO), según dicho estudio.

El problema es que los jóvenes españoles no tienen esa formación que va a exigirse. Por un lado, tenemos más jóvenes universitarios que la mayoría de Europa: un 30% de los jóvenes entre 15 y 34 años, frente al 24,2% en la UE-27, el 32,6% en Reino Unido, 29,8% en Francia, el 19,3% en Alemania y el 14,1% en Italia. Pero por otro, tenemos más jóvenes con poca formación, sólo con los estudios obligatorios (hasta ESO): un 42% de los jóvenes en 2013, frente al 29,4% en la UE-27, el 18,7% en Reino Unido, el 26,3% en Alemania, el 27,6% en Francia y el 38.7% en Italia. Y en medio, con formación media, también tenemos menos que la mayoría de países europeos: un 28% de jóvenes frente al 46,4% en la UE-27 y el 54,4% en Alemania.

Estos datos explican claramente por qué tenemos más jóvenes parados que nadie en Europa. Pero lo peor es que incapacitan a nuestros jóvenes para aprovechar las mayores oportunidades de empleo de la próxima década, esos 10 millones de empleos que se avecinan y que sólo se llevarán los que estén mejor formados. No sólo los que tengan mejores títulos sino los que tengan más “habilidades”, según el estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Porque encontrar un trabajo no va a depender sólo de la titulación, sino de que los jóvenes tengan competencias en idiomas, informática, prácticas laborales y liderazgo. Y los jóvenes españoles están a la cola de la OCDE en estas competencias, según los últimos estudios. No sólo están poco formados sino que los que lo están, tienen títulos pero pocas competencias de las que les piden las empresas para trabajar.

Este informe debería ser el libro de cabecera del Gobierno y los partidos para pactar un cambio en la enseñanza en España, con dos objetivos: aumentar el porcentaje de jóvenes con estudios medios y superiores (el 42% no los tienen) y conseguir que los que estudien no sólo saquen un título sino que estén mejor preparados en idiomas, informática y experiencia laboral, para que no tengan que trabajar de cajeras de supermercado o tele operadores al acabar la Universidad: hoy, 1 de cada 2 universitarios hacen trabajos poco cualificados porque tienen un nivel bajo o medio bajo de las competencias que exigen otros trabajos. Un reto que requiere tiempo, al menos una década, para que nuestros hijos y nietos tengan más oportunidades de trabajar.

Pero, por desgracia, casi nadie habla de esto y sólo se ofrecen “soluciones mágicas” frente al paro juvenil, “atajos” interesados. Como la receta del FMI, que propuso en 2014 a Europa bajar el salario mínimo (que en España es de 648,60 euros, una miseria) para incentivar que las empresas contraten a los jóvenes. Y la patronal CEOE ya ha pedido varias veces al Gobierno aprobar un contrato de formación para menores (… ¡de 35 años¡) que tenga un salario inferior al mínimo (los famosos “mini-jobs” de 400 euros que tanto se dan en Alemania). En definitiva, que en lugar de preocuparse de tener unos jóvenes mejor formados, se busca ofrecerles contratos basura para aprovecharse de que la mitad están en paro.

Los líderes europeos, preocupados por el impacto del paro juvenil en Europa (5,6 millones, una cuarta parte de los menores de 25 años) aprobaron en abril de 2013 un Plan, la Garantía Juvenil, que consiste en ofrecer a todos los jóvenes europeos (de 16 a 25 años) que no trabajan ni estudian una de estas tres alternativas en el plazo de 4 meses: un curso de formación, unas prácticas o un empleo. Una buena solución, que tiene dos problemas: cuenta con pocos recursos (sólo 6.000 millones en los dos primeros años, 1.800 para España) y se ha retrasado mucho, porque no se puso en vigor hasta mediados de 2014. En España, la web para que los jóvenes se apuntaran a la Garantía Juvenil no se abrió hasta el 7 de julio de 2014. Y su aplicación va muy lenta y no hay datos: en septiembre de 2014, sólo se habían apuntado 30.000 jóvenes, según Empleo, un 3,6% de los parados menores de 25 años. El problema es triple: el programa se ha divulgado poco, su aplicación está en manos de las autonomías (cada una va a su aire) y no cuenta apenas con la ayuda de las empresas, para ofrecer cursos de formación y contratos en prácticas.

O sea que mucho Plan europeo, mucha Garantía Juvenil, pero poco empleo o formación de verdad para los jóvenes españoles. Y eso cuando hay 700.000 jóvenes menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, son ni-nis (un 17,2%, 1 de cada 6 jóvenes), según el último informe de Asempleo-AFI. Y la quinta parte de ellos (un 21%) son “ni-ni-nis”: ni estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Son 147.000 jóvenes menores de 25 años que están en casa “a verlas venir”. Sin formación y sin perspectivas, excluidos. Ahora y más para el futuro, en la próxima década, cuando los empleos van a exigir más formación. Y si ampliamos la edad, hay 1.956.000 jóvenes españoles menores de 30 años que son ni-nis: ni estudian ni trabajan. Son uno de cada cuatro jóvenes (25,79%), según la OCDE, el mayor porcentaje de ni-nis de Europa (13%) y el segundo mayor de toda la OCDE, tras Turquía (29,19%).

Una generación que está condenada al paro si no se hace algo de verdad con urgencia. Y eso pasa por una política activa de formación a los jóvenes parados (el 37% no hace ningún curso), con cursos eficaces y un asesoramiento personalizado del SEPE, dedicando más dinero (sólo 4.746 millones de euros para 5,7 millones de parados) y más personal (cada funcionario atiende a 440 parados, frente a 50 técnicos por parado en Alemania). También hay que fomentar la formación dual en todos los niveles de la enseñanza, mezclando estudios y prácticas, con especial atención a los idiomas y la informática. Y aplicar agresivos incentivos fiscales y en las cotizaciones para que las empresas den una oportunidad a los jóvenes que lleven más tiempo parados, para que salgan de la apatía y cojan experiencia.

Dejen de hacer demagogia con que la economía y el empleo van bien: la cuarta parte de nuestros hijos y nietos ni trabajan ni estudian. No tienen perspectivas ni aunque se cree más empleo en la próxima década: no será para ellos. Y así no puede construirse el futuro ni asegurar las pensiones o el Estado del Bienestar. Y así, nos estamos cargando a toda una generación de jóvenes españoles. Encima quieren que participen y voten.

jueves, 2 de abril de 2015

Los puertos, otra "burbuja" de hormigón


El ladrillo, con un millón de pisos sin vender, no ha sido la única “burbuja” alimentada con deudas. Ahí están la “burbuja” de las autopistas sin coches  y los aeropuertos sin aviones. Y no olvidemos la “burbuja” de los puertos, 200 kilómetros de nuevas instalaciones que están sin barcos ni mercancías: los puertos sólo tienen un tercio de ocupación, tras haberse invertido 14.000 millones de euros. Y la mayoría pierden dinero. Ahora, Bruselas obliga a España a una reforma de los puertos, porque el sistema de contratación de estibadores viene del franquismo. Pero el Gobierno teme una huelga de puertos y ha retrasado la reforma un año: le tocará al próximo. Entre tanto, las empresas piden rebajas de tarifas y sueldos y unas concesiones a más plazo, para competir con los demás puertos del Mediterráneo. Los puertos son claves para España (por ellos entran dos tercios de las mercancías), pero hay que concentrar esfuerzos en menos puertos, más competitivos. Pinchar la “burbuja”.
 
enrique ortega

Es una historia parecida a la de la “burbuja” de los aeropuertos: cada autonomía y cada ciudad quería un gran puerto, que iba a tirar de su esplendor y crecimiento. Y se llenó la costa de hormigón, de “súper puertos”, unos al lado de otros, construidos con cargo a la inversión pública (déficit), las ayudas europeas y un montón de deuda. Y a costa del medio ambiente: se han llenado de hormigón 200 kilómetros de costa (la distancia de Valencia a Mallorca), una superficie robada a la costa y al mar de 25.726 hectáreas, la extensión de Madrid y Barcelona juntas, según un estudio de Greenpeace.

La “burbuja” de los puertos engordó sobre todo entre 2006 y 2010, años en los que se invirtió una media anual de 1.150 millones de euros. Pero la inversión viene desde 2004 y ha seguido incluso durante la crisis, con 524 millones invertidos en 2014 y 863 millones previstos para 2015. En total, el Plan Estratégico de Infraestructuras 2005-2020 pretende invertir 22.480 millones de euros en los puertos españoles, tres veces los recortes hechos en educación. Una ingente inversión que ha resultado antieconómica, porque no se justifica por el aumento de tráfico, que ha crecido la cuarta parte que la inversión. Y encima, muchas inversiones se han planificado mal: se hacen en puertos que están a 100 kilómetros o menos de otro que ya se ha ampliado. Basten tres ejemplos: 765 millones para ampliar Pasajes (a 107 km. del nuevo puerto de Bilbao), 1.500 millones para el nuevo puerto de El Gorgel (a 3 km. de Escombreras) y 380 millones para el puerto de Granadilla (a 60 km. de Tenerife). El negocio ha sido para las constructoras: luego, si los puertos no tienen tráfico, no es su problema.

Mientras se disparaba la inversión en los puertos, el tráfico marítimo crecía menos y pinchaba desde 2007, como todo. En 2009, el tráfico en los puertos españoles ya había caído un 14,5% (mientras seguían ampliándose los puertos) y aunque luego se ha ido recuperando poco a poco, con otra caída en 2013, hasta 2014 no se ha recuperado el tráfico portuario al  nivel anterior a la crisis: 482 millones de toneladas manipuladas. Pero aun así, es un tráfico escaso para las instalaciones existentes y aún más para las futuras, porque hay grandes obras en marcha: el súper puerto de la Coruña, impulsado por Aznar (licitado por 500 millones y cuyo coste ahora ronda los 755 millones) no se terminará hasta 2017 y también están pendientes El Gorgel (2020-21) y Pasajes (2020), mientras se habla de la tercera ampliación del puerto de Valencia (que ahora es como el de Hong-Kong, pero con la décima parte de contenedores). Y ahí está medio vacío el puerto de Gijón, que costó 623 millones, mientras el ampliado Puerto de Barcelona sólo tiene tráfico para uno de sus dos concesionarios.

Aquí está el gran problema: sobran instalaciones, hay un exceso de capacidad en los puertos, incluso ahora que se han recuperado los tráficos de 2007. Tienen una capacidad instalada de 25 a 30 millones de TEUs (la unidad de carga que hace referencia a los contenedores) y cuando terminen las obras en marcha llegarán a 40 millones, para un tráfico de 14,2 millones de TEUs en 2014, según la asociación de concesionarios de puertos (PIPE). O sea, que los puertos españoles trabajan a un tercio de su capacidad (35,5%).”Tenemos capacidad  para atender a la demanda de los próximos 20 ó 25 años”, reconoció en el Congreso en octubre el presidente de los Puertos del Estado. Pues qué bien. El problema es que este exceso de capacidad se ha creado a costa del Presupuesto (déficit), de las ayudas europeas (905,8 millones de Fondos Feder y de Cohesión sólo entre 2007 y 2013) y de una fuerte deuda (2.716 millones pendientes), que estaremos pagando durante muchos años.

Y todo para que la mayoría de los puertos pierdan dinero, porque tienen muchas instalaciones  y poco tráfico. De los 28 grandes puertos españoles (autoridades portuarias), sólo 8 son rentables (2013) : Cartagena (+8,94% sobre activos), Baleares (+6,87%), Algeciras (+5,98%), Marín (+4,83%), Barcelona (+3,72%), Ferrol (+3,43%) y las Palmas (+3%). Y hay 9 puertos que pierden dinero: Villagarcía de Arousa (-1,82% sobre activos), Melilla (-1,17%), Málaga (-0,60%), Alicante (-0,47%), Santa Cruz de Tenerife (-0,43%), Sevilla (-0,37%), Ceuta (-0,31), Almería (-0,17%) y Pasajes (-0,03%). El resto son muy poco rentables, por debajo del 2,5% que exige la ley de Puertos, entre ellos Vigo (+0,45%), Gijón (+0,50%), Santander (+0,51%), Cádiz (+0,56%), Bilbao (+0,85%), Tarragona (+1,69%) y Valencia (+1,66%).

El contrasentido es que mientras la mayoría de puertos son un mal negocio, el organismo Puertos del Estado gana dinero, 243 millones en 2013 (2,34% de rentabilidad), gracias a que la ley de Puertos, pactada entre PSOE y PP en 2011, establecía un sistema de tasas en los puertos para conseguirlo. Y precisamente, el pago de esas tasas a los puertos (una parte se pagan haya o no tráfico, por el uso de las instalaciones) y la caída del tráfico son culpables de que las empresas privadas que tienen la concesión de los puertos estén en crisis: 1 de cada 3 terminales de empresas concesionarias están en pérdidas, según PIPE. Y se quejan de que mientras ellos pierden, Puertos del Estado gana dinero (con sus tasas)  y dedica la mayor parte de esos beneficios a nuevas inversiones, que alimentan la burbuja en el futuro: hay previstas inversiones por 575 millones en 2016 y otros 400 millones en 2017. Más hormigón.

España tiene que competir duramente con otros países para captar el tráfico marítimo mundial, sobre todo el de China y Asia a Europa y América. Un 28% de todo el tráfico mundial y entre el 55 y el 64% del tráfico de contenedores es tráfico de tránsito, que se transporta en grandes barcos portacontenedores hacia un país donde dejan su carga para luego repartirla a otros países en barcos más pequeños. Hoy, Algeciras (y Valencia, menos) compiten con Tánger, Italia y Portugal por captar este tráfico internacional, que es muy volátil: las cinco grandes navieras del mundo (la italiana MSC, la danesa Maersk, la francesa CMA CGM, la taiwanesa Evergreen y la china Cosco) pueden cambiar de puerto de un mes para otro. Y lo que miran son las tarifas y el tiempo de carga y descarga, los costes.

Aquí es donde se la juega España y sus puertos, sobre todo Algeciras (el primero en toneladas manejadas, aunque sólo sea el quinto puerto de Europa), Valencia (el primero en contenedores y en mercancías de exportación-importación) y Barcelona (el primero en facturación y el mayor puerto europeo en turismo de cruceros). Pero lo tienen difícil, según las empresas concesionarias, porque tienen costes más altos: su coste medio es de 90 euros por TEU, frente a los 50 euros (incluso 35) de otros puertos competidores. Y eso se debe, según las empresas, a dos factores: las tasas que cobran los puertos son más altas (aunque los concesionarios intentan compensarlas bajando las que ellos cobran a los buques) y los salarios de los estibadores son mucho mayores (70.000 euros de sueldo bruto anual). Por eso, piden que Puertos baje más las tasas (lo ha hecho en 2014 y las han congelado en 2015) y que se rebajen los sueldos, que consideran el triple de lo debido. Además, piden al Gobierno que amplíe las concesiones de 35 a 50 años, para compensar los mayores costes.

Con todo, la gran asignatura pendiente de los puertos españoles es el cambio de modelo laboral, porque el actual viene del franquismo y ha sido denunciado por Bruselas al Tribunal Europeo de Luxemburgo, que ha sentenciado en diciembre pasado que debe cambiarse. Actualmente, las empresas concesionarias que operan en los puertos están obligadas a contratar personal en las SAGEP (Sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios), que tienen el monopolio de la descarga de barcos en los puertos españoles. La Comisión Europea cree que este modelo laboral (heredado del sindicato vertical franquista) va en contra de la normativa europea y el Tribunal de Luxemburgo ha exigido cambiarlo, acabando también con el “blindaje salarial” de los estibadores. El Gobierno Rajoy ha propuesto un nuevo sistema en el que las empresas concesionarias asuman las actuales plantillas de estibadores, ya con otros sueldos y derechos laborales a partir de 2018. Un cambio que no gusta a las empresas concesionarias y menos a los estibadores, que han amenazado con huelgas en los puertos y paralizar el país. Para evitarlo, Fomento ha dado a los puertos un año para aplicar la reforma y así se quita el problema hasta pasadas las próximas elecciones generales.

Pero el problema de los puertos está ahí, con o sin elecciones: sobran instalaciones, falta tráfico y la dura competencia internacional exige ser más competitivos. Expertos y empresas del sector coinciden en que la solución pasa por ajustar costes (tasas y salarios), agilizar los servicios y la productividad (para reducir tiempos de descarga) y concentrar los esfuerzos en los puertos con más posibilidades, no invertir en todos. Pero el problema es que los puertos son pequeños reinos de taifas, cada uno actuando por su cuenta, no siempre sobre bases económicas sino políticas: los dirigen políticos locales y autonómicos. Y cada uno va a lo suyo, compitiendo con el de al lado, sin un sentido de Estado. Haría falta concentrar los esfuerzos en 12 puertos: los 4 grandes (Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao), otros 5 puertos energéticos (Tarragona, Cartagena, Huelva, Coruña-Ferrol y Gijón) y 3 más en las islas (Palma, Las Palmas y Tenerife). Y el resto, especializarlos como puertos complementarios.
El problema es político: quien le pone el cascabel al gato, quien decide por qué puerto se apuesta y por cuál no. Ahora es una pelea por ver quién puede más, con inversiones y guerra de tarifas. Pero haría falta un árbitro, el Estado central, como se hizo en Francia. Y se requiere un pacto de Estado a largo plazo, para asegurar el papel de los puertos españoles en el mundo del futuro. Y para reforzar el mar como vía de transporte, con más barcos y menos camiones. Algo que supone, además, conectar los puertos con tren, lo que falta en la mayoría y exigiría invertir 1.600 millones más. Hay que “pinchar” la burbuja de los puertos y poner orden ya.