Una guerra del pan con mucha miga

Se ha recrudecido la guerra del pan, con supermercados y tiendas lanzadas a la venta de la barra más barata, aunque la mayoría sea pan congelado y recalentado. Es la guerra del pan low cost, que convive con las boutiques del pan (de calidad y caro), mientras en medio, miles de panaderos tradicionales tratan de sobrevivir en un mercado controlado cada vez por menos empresas más grandes. Y cuando no compiten, pactan precios entre panificadoras (como las petroleras), lo que les ha provocado fuertes multas. Se trata de un negocio con mucha miga y poca transparencia, donde los consumidores no sabemos casi nada del pan que comemos,  pagando barato por su baja calidad. Y todo apunta a que el pan subirá, en 2014 y más en 2015, por la subida de los cereales (importamos más de la mitad) y la posible subida del IVA del 4 al 10%. Ojo al pan low cost: es un mal pan.

enrique ortega

La guerra del pan saltó a la actualidad en septiembre de 2012, cuando un panadero valenciano se lanzó a fabricar barras de pan a 20 céntimos de euro, rompiendo el mercado y provocando las iras de las panificadoras, que presionaron a sus proveedores. A partir de ahí, los grandes supermercados vieron el pan (como antes la leche), como “un producto escaparate” con el que atraer clientes, poniendo las barras a bajo precio. Y este noviembre, la guerra se ha agudizado con un componente “nacionalista”: la cadena madrileña Valpan ha acusado a la catalana Granier de desatar “la guerra del pan en Madrid”, vendiendo pan por debajo de coste para ganar el mercado y subirlo después.

Con ello, ya no sabe uno lo que cuesta el pan y las diferencias de precio son tremendas: hay híper que venden  la barra tradicional (75% de las ventas) a 25 céntimos (Carrefour), otros a 45 (Mercadona o Eroski) mientras hay franquicias donde vale 75 céntimos y en el chino de abajo cobran 35 céntimos. Y en las panaderías tradicionales ronda el euro. Una guerra de precios después de que el pan haya sido uno de los artículos que más se ha encarecido con el euro, según la OCU: costaba 45 pesetas en 2001 (0,27 euros) y a finales de 2011 costaba ya 0,50 euros la barra, un 85% más.

La crisis económica y la guerra de precios han aumentado el consumo de pan en España, que estaba por los suelos: si en 1964 comíamos 134 kilos de pan por habitante (367 gramos diarios), bajó a 82 kilos en 1975, 56 en el 2000 y 51 kilos en 2009, no llegando a 36 kilos por persona (menos de 100 gramos diarios) en 2012, el primer año en que ha crecido el consumo, un 1,2%, con una producción de 1,65 millones de toneladas. A pesar de esta ligera subida, que se mantiene en 2013 (+1,8%), España está a la cola del consumo de pan en Europa, siendo el país que menos come salvo Gran Bretaña. Los nutricionistas dicen que debíamos comer el doble de pan (unos 200 gramos diarios) para retrasar la diabetes y prevenir enfermedades cardiovasculares.

En las últimas dos décadas, el mercado del pan en España ha sufrido una doble revolución, tanto en los fabricantes como en la forma de venderse. Por un lado, en los años 60 irrumpieron con fuerza, desde Cataluña y la Comunidad Valenciana, unas nuevas empresas, fabricantes de masas de pan congelado (y precocinado congelado), que fabrican ya el 48% del pan que se vende cada día en España (y hasta el 70% del pan consumido en las grandes capitales). Por otro, esta disponibilidad de pan congelado permite su venta a cualquiera (se rompe la cadena tahona-tienda), con lo que el 60% del pan se vende ya al margen de las panaderías (40%), en los supermercados (42%) e híper (8,5%), que hornean el pan congelado cada día, como las tiendas de los chinos, gasolineras y miles de variados establecimientos.

Con ello, se ha producido un cambio drástico en el negocio del pan, que factura más de 5.000 millones al año y está integrado por tres patas. La primera, los fabricantes de harina panificable, 152 empresas de las que cuentan 35 (grandes o muy grandes), que importan el 57% del trigo y fabrican para panificadoras. El segundo eslabón es el que más ha cambiado: los 15.000 panaderos tradicionales coexisten con las 40 empresas de masas de pan congelado (las 5 primeras controlan el 75% ventas), que les comen el mercado y han multiplicado por cuatro sus ventas ( ahora 1.000 millones) en los últimos veinte años. Y luego está el tercer eslabón, los 164.221 comercializadores de pan, en muchos casos ligados a las panificadoras y empresas de pan congelado, como distribuidores o franquicias a las que imponen sus condiciones y precios, como las petroleras con las gasolineras.

De hecho, la tónica dominante en el mundo del pan ha sido no la guerra de precios sino pactar precios, como en los carburantes. Ya en 2007 y en 2008, las asociaciones de consumidores CAECCU y OCU denunciaron a las panificadoras por ponerse de acuerdo para subir el pan, denuncia que provocó expedientes y sanciones de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a los panaderos, con una multa en 2009 de 270.000 euros a la patronal CEOPAN (rebajada a la mitad por la Audiencia Nacional) y otra en 2010 de 22.500 euros a CEOPAN Asturias. Y recientemente, en julio de 2013, la CNC ha multado con 2 millones de euros a 8 panificadoras de Navarra por acordar en 2011 la misma subida del pan en todas las panaderías.

En el negocio del pan, los tres eslabones no ganan  lo mismo, según un estudio de Agricultura. Los fabricantes de harinas suponen un 15% del coste final y ganan 0,002 euros por barra. El grueso de los costes (del 47 al 52%) radican en la fase de fabricación y la panificadora gana entre 0,005 y 0,015 céntimos por barra (las tradicionales) y 0,020 y 0,010 céntimos las empresas de masa congelada, con más margen de beneficio sobre millones de barras de pan. Y al final de la cadena, el despacho de pan gana entre medio y 9 céntimos por barra (o entre 2 y 10 céntimos si tiene que hornearla), más que el resto, pero sobre una venta baja: la mayoría venden entre 100 y 300 barras diarias. Cuanto más margen tengan las empresas, más poder para bajar el precio de venta y ganar mercados. Su negocio es vender mucho pan barato.

Con todo, la clave del precio está en el mal pan que se vende. Los fabricantes ahorran en tres cosas. Primero, en la harina: la de trigo duro de calidad cuesta más del doble que la más refinada y obtenida con mezcla de varios trigos. Segundo, en la fermentación: los panaderos tradicionales usan la masa madre y la dejan fermentar de un día para otro, mientras la panadería industrial usa levadura madre artificial y máquinas para acelerar la fermentación, lo que hace el pan más indigesto y con más intolerancias. Y tercero, en el proceso de fabricación y cocción, que se hace con muchas máquinas y en hornos eléctricos rápidos, que cuecen el pan por fuera y no por dentro, con lo que dura poco tierno. Y si encima la mayoría del pan es precocinado y congelado que luego se hornea contra reloj, así sabe.

Al final, el pan low cost es pan de baja calidad y provoca el cierre cada día de más panaderías tradicionales, que no pueden competir si usan buena harina, masas trabajadas y hornos de leña. Salvo en las boutiques, donde el pan es cada vez más caro. Cara al futuro, cuando las grandes industrias aumenten sus mercados a costa de rebajar márgenes, el pan volverá a subir, por dos razones. Una, porque el pan depende mucho de los cereales de importación (57%) y el mercado mundial está al alza, por los vaivenes de las cosechas (cambio climático) y la gran demanda de los países emergentes. La otra, porque puede subir en 2015 el IVA del pan, del 4 al 10%, aunque Hacienda dice ahora que no lo hará: pero si lo sube ingresaría 698 millones más al año, una gran tentación para unas arcas públicas famélicas.

En resumen, si ve que el pan está barato, desconfíe: la mayoría es congelado, de baja calidad y con pocas garantías sanitarias (se hornea en cualquier sitio). No puede ser que compremos una barra de pan sin etiquetado, sin marca, sin conocer sus ingredientes ni el fabricante. Es urgente un mayor control del mercado del pan, con garantías y transparencia. Y luego, el que quiera ahorrarse unos céntimos a costa de comer cualquier cosa menos pan, que lo haga. Pero que se pueda comer pan pan, como el de antes, a un precio asequible. Por favor.

El miedo alienta los Planes de pensiones

Vuelve la publicidad de los Planes de pensiones privados, como siempre en diciembre. Pero esta vez, bancos y aseguradoras casi no tienen que hacer campaña: se la hace el Gobierno. Por un lado, con la nueva reforma de las pensiones, que se aprueba este mes: va a recortar las pensiones iniciales de los que se jubilen a partir de 2019 (entre -5,8 y -23,2%), además de revisarlas poco o nada. Por otro, rebaja las comisiones de los Planes de pensiones para que sean más atractivos. Y la OCDE echa otra mano: acaba de decir que las pensiones futuras serán peores y que hay que hacerse un Plan privado. Así que el miedo está servido y empujará a hacerse más Planes, aunque este año tienen menos aportaciones por la crisis. El problema es que hay que dedicarles entre 300 y 500 euros al mes y muchas familias no saben de dónde sacarlos. Pero no va a quedar más remedio, aunque no nos guste.
 

enrique ortega

Los Planes de pensiones privados baten este año todos sus récords de dinero invertido. Hasta septiembre, había 8 millones de españoles con un Plan de pensiones (4,6 millones con Plan individual y el resto con Planes de empresa o de funcionarios, 700.000) y tenían un patrimonio de 89.632,2 millones de euros, una cifra histórica, gracias al tirón de la Bolsa, ya que las aportaciones han bajado este año (3.909 en los últimos 12 meses hasta septiembre, frente a  4.485 millones el año anterior), porque hay más parados y menos ingresos como para hacerse Planes. La otra factura de la crisis es que aumentan un 78% los que rescatan su Plan antes de jubilarse, porque están en paro prolongado (enfermedad grave o desahucio): en 2013 serán unas 180.000 personas (500 al día), que recuperarán 500 millones (2.780 euros por parado o enfermo), según datos de INVERCO.

Bancos y aseguradoras esperan relanzar sus flojas ventas de Planes de pensiones este mes, con unas campañas agresivas (regalos) y sobre todo, aprovechando el miedo que se ha inoculado a los españoles sobre sus pensiones futuras. Ha sido muy “oportuno” el reciente informe de la OCDE sobre pensiones, con tres ideas: las futuras pensiones serán más bajas que las actuales, los que tienen salarios medios lo sufrirán más y hay que hacerse Planes de pensiones privados. Clarito. Pero la mejor campaña la hace este mes el Gobierno Rajoy. Por un lado, aprobando la segunda reforma de pensiones, con dos medidas: recorte de la pensión inicial (entre el 5,8% y el 23,2%) a los que se jubilen a partir de 2019. Y por otro, revalorizando las pensiones poco (0,25%-0,50%) o nada desde enero. Con esto y la reforma  de Zapatero (en vigor desde enero 2013), las pensiones futuras se recortarán entre un 20 y un 40% sobre las actuales, más cuanto más tarde nos jubilemos. Por otro, el Gobierno rebajará este mes las comisiones que cobran los Planes, para hacerlos más atractivos, aunque la medida tiene truco: baja la comisión máxima de gestión del 2% al 1,4%, aunque pocas gestoras cobraban el máximo (la media es el 1,39%, según Seguros). La otra comisión, la de depósito, que sí se cobra íntegra, baja del 0,5 al 0,25%. Serán, pues, más baratos.

Con estas “ayudas” se busca que España se ponga al día en Planes de pensiones privados, porque  estamos rezagados frente a Europa: los tienen el 26% de las personas en edad de trabajar, frente al 40% en la UE. Y eso, por dos razones. Una, que en España hay pocos Planes de empresa: sólo los tienen el 18% de los trabajadores, mientras en otros países van del 25 al 50% (Gran Bretaña). Y la otra, más importante, porque los españoles siempre han confiado en su pensión pública y han ahorrado para comprar una casa (83% españoles son propietarios frente al 60% en la UE y el 44% en Alemania) o para invertir en depósitos (49% del ahorro hoy), Bolsa (20%), seguros (9%), Fondos (6,8%) y sólo un 5,2% en Planes.

El problema ahora es que coincide la crisis de las pensiones públicas con los menores ingresos de las familias, por el paro y la crisis. Y así, el 65% de los españoles cree necesario complementar la pensión pública, pero la mayoría no lo hace por falta de recursos, según una encuesta reciente. Y los que tienen un Plan de pensiones, invierten muy poco: el 54% aportan 1.000 euros o menos al año (mileuristas también en Planes) y otro 27% entre 1.000 y 5.000 euros al año. Y la mayoría invierte en Planes para pagar menos a Hacienda, por la desgravación, que beneficia sobre todo a los más ricos, como ha denunciado incluso la Comisión Europea en junio: a igual aportación, los sueldos altos desgravan mucho más. Y mientras en los sueldos de menos de 21.000 euros, sólo el 18% se desgravan por Planes, entre los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros, se desgravan el 60%.

Con todo, parece claro que las pensiones públicas futuras se van a recortar: si hoy suponen el 81% del sueldo medio, puede temerse que se queden entre el 60 y el 70% dentro de 20 ó 30 años. Así que si no queremos vivir peor después de jubilarnos, parece realista buscar cómo conseguir ese 30 o 40% de pensión complementaria (si este Gobierno y la oposición han tirado la toalla de conseguir más recursos públicos y más cotizaciones para las pensiones públicas). Y tendremos que pensar en hacernos un Plan de pensiones.

¿Cuándo? Cuanto antes: lo mejor es a los 40 años (y mejor a los 35). El tiempo es clave, porque cuanto más tarde se hace más hay que pagar para conseguir algo que compense. ¿Cuánto hay que pagar? Para conseguir, por ejemplo, 250.000 euros al jubilarse (1.000€ extras al mes durante 20 años), habría que pagar 4.251 euros año (354 € mes) si se empieza con 35 años, 8.073 €  con 45 años y 13.000 € al año (1.083 € mes) si se contrata con 50 años.

¿Qué Planes? Depende de la edad. Lo ideal es empezar con Planes de renta variable, de más riesgo (invierten en Bolsa, donde es más difícil perder a 20 años vista), seguir con Planes de renta fija (invierten más seguro, en depósitos, Letras o deuda pública) o Planes mixtos (variable y fija) y acabar con Planes garantizados o Planes de previsión asegurados (PPA), que aseguran una pequeña rentabilidad (revisable o no) a un plazo (5, 10,20 años) que coincida con nuestra jubilación. Lo mejor es repartir la inversión entre distintos Planes y hacer un seguimiento: si no van bien, nos podemos cambiar a otro sin perder la desgravación y sin coste (incluso nos darán algo si cambiamos de entidad). Dos consejos. Uno, no se fijen en los regalos para elegir Plan, sino en lo que invierten (su rentabilidad es pasada y no asegura que se mantenga en el futuro). Y dos, no compre su Plan a un banco, caja o aseguradora que sólo venda los suyos: busque quien ofrezca Planes de muchas gestoras y elija.

El Gobierno Rajoy ha prometido a bancos y aseguradoras que 2014 va a ser el año de los Planes de pensiones, gracias a un paquete de medidas que quiere aprobar, al hilo de la reforma fiscal. Primera, mejorar su liquidez, ampliando las circunstancias para poder rescatarlos. Segunda, obligar a las empresas (pymes incluidas) a informar a sus trabajadores de la inversión en Planes. Tercera, mejorar el trato fiscal a los Planes, para que cuando uno se jubila o lo rescata no pague tanto a Hacienda: podría volver la reducción del 40% que Zapatero quitó en 2006. Y, sobre todo, podría decidirse en 2014 el envío de una carta de la Seguridad Social a los mayores de 50 años informándoles de la pensión que les va a quedar cuando se jubilen. Será la mejor campaña puerta a puerta para los Planes de pensiones.

El problema sigue siendo el mismo: que las familias no tienen dinero para hacerlos, que a 1 de cada 3 españoles no le queda un euro tras pagar los recibos obligatorios. Y así, resulta muy difícil guardar de 300 a 500 euros mensuales para un Plan de pensiones. Por eso, para la mayoría de las familias, no es una opción y la alternativa debería ser recaudar más impuestos a los que más ganan y más cotizaciones a los que trabajan para no recortar las pensiones públicas. Pero nuestros políticos no parecen estar por esa vía. Por eso, el que pueda, tiene que mentalizarse de ahorrar como sea cada año para complementar su pensión. Aunque no nos guste.

Con sueldos mileuristas no hay recuperación

El sueldo de los españoles sigue bajando. Y la Comisión Europea acaba de decirnos que bajarán también en 2014 y 2015. Con ello, se arriesga la débil recuperación, ya que si las familias ingresan menos o lo mismo, seguirán sin consumir, las empresas no venden y así no crecemos ni se crea empleo. Es algo sencillo que no entienden ni el FMI, ni Bruselas ni la patronal, que defienden seguir moderando los salarios, no para crear empleo (no se crea) sino para recomponer los beneficios empresariales, que crecen un 18% y se llevan ya más pastel de la renta que los sueldos. Después de devaluar los salarios cuatro años, para exportar mejor, es hora de pensar en otras cosas que sí mejoran nuestra competitividad: formación, innovación y tecnología, crédito, costes energéticos, más industria, organización del trabajo… Porque con salarios chinos ahogamos el consumo pero a la larga no competimos mejor. Sólo hay más pobreza y desigualdad. Así no habrá recuperación.
 

enrique ortega

El año 2013 acaba como empezó: con recortes en los sueldos de los que trabajan. Los pocos trabajadores que firman convenios sectoriales (4,2 millones hasta octubre) han conseguido una subida media del 0,55%, pero a un tercio les han impuesto congelación o bajada de sueldos. Y lo mismo al 60% de los que han firmado convenios de empresa. El resto, sin convenio, aún peor. Con ello, los sueldos llevarán a final de año 15 meses cayendo. Y el coste por unidad de trabajo, que había subido hasta 2009 (a pesar de la crisis, provocando mucho paro) lleva ya cuatro años bajando, según datos de la Comisión Europea: 2010 (-1,7%), 2011 (-1%), 2012 (-3%) y 2013 (-1,3%).

España es uno de los 7 países europeos donde bajan los sueldos en 2013 (el que más, junto a Grecia y Chipre) y el tercer país cuyos salarios han perdido más poder adquisitivo entre 2010 y 2012, un 6%, tras Portugal (-10%) y Grecia (-20%), mientras crecía en Alemania (+1,5%). Y el coste laboral por hora trabajada en España (2011) es un 25,3% inferior a la zona euro: 20,6 euros por hora frente a 34,2€ en Francia, 30,1€ en Alemania o 26,8€ en Italia.

Con este recorte y congelación de sueldos, nos encontramos un país donde el sueldo más frecuente son 15.500 euros brutos al año (2011), según el INE. Y un país donde 7,5 millones de trabajadores (más de la mitad de los 13,7 millones de asalariados) declaran a Hacienda ganar menos de 1.000 euros al mes. Y la mitad de ellos son minieuristas: ganan entre 400 y 1.000 euros al mes, como fruto de la tremenda precariedad laboral. Los que tienen peores sueldos son los que entran nuevos a trabajar: ganan un 30% menos que sus compañeros de empleo, según un informe de Infoempleo y Adecco. Y a los que más bajan el sueldo,  a los trabajadores de empresas en crisis (limpieza,concursos…)

Son datos doblemente injustos, porque contrastan con los beneficios empresariales, que crecen un 18% este año, según el Banco de España, mientras los bancos ganan un 80% más este ejercicio. Y los beneficios de las empresas del IBEX crecen un 12,9%, mientras 534 de sus directivos ganan más de un millón al año, 90 veces lo que sus empleados (en Europa hay una campaña, 1:12,  para que nadie gane más de 12 veces). Lo más llamativo es que, con la crisis, los beneficios empresariales superaron en 2012 a los salarios (46,1% frente a 44,2%) en el reparto del pastel de la renta española, por primera vez desde 1982.

Los salarios no van a mejorar con la pretendida “recuperación”: los costes salariales seguirán cayendo en 2014 (-1,1%) y 2015(-0,6%), según el informe de otoño sobre España de la Comisión Europea, que vaticina nuevas pérdidas de poder adquisitivo de los trabajadores españoles:- 1,4% en los dos próximos años, a pesar de la baja inflación. Y también dice que, a pesar de este sacrificio, no se creará empleo neto en España hasta 2015.

La Comisión Europea, por boca del comisario económico Olli Rhen, ha reiterado este verano que España debe seguir con la moderación salarial y que quien la rechace es “culpable de que no se cree empleo”. Apoyaba así la tesis de “los hombres de negro” del FMI, que este verano recomendaron a España bajar un 10% los salarios para crear empleo y bajar el paro un 6% (¡al 20%¡). Lo mismo que predican el Banco de España, la patronal y numerosos expertos. Todos tienen en común dos cosas. Una, olvidan la historia económica: la caída de salarios hunde el consumo y el crecimiento. Dos, sus sueldos millonarios: 22.963 euros al mes(más dietas) Olli Rhen, 324.000 euros netos al año Cristian Lagarde (FMI) y 81.320 euros al semestre Luis María Linde (gobernador Banco de España). Todos ganan en un mes lo que un español medio en uno o dos años. Así es fácil pedir moderación salarial.

Pero, ¿sirve de algo la moderación salarial? Evidentemente, un país en crisis y con 6 millones de parados no puede tener los sueldos disparados, máxime si quiere competir con otros países. Pero hundir los sueldos tampoco es bueno, salvo para aumentar los beneficios empresariales. Primero, porque un problema agravado de España es el alto endeudamiento de las familias, que deben todavía 798.000 millones (618.500 en hipotecas). Y si no tienen ingresos, difícilmente lo podrán pagar, con lo que aumentan los morosos y los problemas de los bancos (peligrando la costosa reforma financiera). Segundo, con la congelación o caída de los salarios, las familias tienen muy difícil llegar a fin de mes y gastan lo imprescindible. Resultado: no hay consumo, que es el responsable del 60% del crecimiento en nuestra economía. Y sin consumo no hay ventas, las empresas no ingresan ni para pagar sus deudas y en lugar de crear empleo, lo reducen o cierran.

La devaluación de los salarios se justifica para ser más competitivos fuera y exportar más, algo logrado desde 2011, aunque en 2013 se estén desinflando las exportaciones (crecen menos), por el bajo crecimiento europeo y mundial. Pero aun así, las exportaciones sólo aportan el 21% del crecimiento español (un tercio que el consumo), sólo ayudan a 6 regiones (Navarra, Murcia, País Vasco, Cataluña, Galicia y Aragón) y benefician a 136.773 empresas de 3,2 millones (sólo 5.000 empresas concentran el 86% de las exportaciones). Y tan importante para exportar es la moderación salarial como la financiación (no hay) y la cotización del euro, que sigue por encima de 1,35 dólares, con lo que la moneda fuerte (sin que el BCE haga nada) se come nuestro sacrificio salarial.

Se ha repetido muchas veces, la última, este verano, la OIT: prolongar los recortes salariales pone en peligro el crecimiento (al caer el consumo) y el empleo, además de aumentar la pobreza (21,6 % de nuestros hogares) y la desigualdad. Y como se ve, no ayuda a crear empleo: en los dos años de Gobierno Rajoy se han perdido 1.230.000 empleos, a los que habrá que sumar otros 30.000 en 2014 (123.000 según el FMI). Es hora de cambiar de política, de reanimar el consumo con ligeras subidas para los sueldos más bajos y medios, congelando y bajando los más altos. Y mejorar la competitividad por otras vías: recorte otros costes (energía, transportes), crédito accesible y barato, más formación, más innovación y tecnología, mejora de productos, nuevos modelos de negocio, más industrias y empresas de mayor tamaño, mejor organización del trabajo, más integración laboral…

No todo pueden ser los salarios. España no puede aspirar a ser la China de Europa. Hundir los salarios puede ayudar a la exportación, pero luego hace falta competir con algo más que precio, con producto, innovación y calidad. Y dentro, no podemos aspirar a una economía low cost, donde compremos de saldo a costa de sueldos de miseria. Muchos empresarios buscan aprovechar la crisis para recomponer sus beneficios a costa de sus trabajadores, acuciados por el miedo al paro. Pero así, con empleados malpagados y desmotivados no se compite. Sólo se sobrevive un tiempo. Pero ya llevamos 4 años y lo que nos queda. Hay que montar los negocios sobre sueldos dignos, porque si exigen sueldos chinos es que no son viables. Y además, si hunden aún más los salarios, no saldremos de la crisis. Sólo seremos más pobres.

Medicamentos: los exportan y faltan en España

Nos ha pasado alguna vez: ir a la farmacia y que no tengan la medicina que pedimos. La  mayoría de las veces es porque se les ha acabado el stock, pero otras es porque el laboratorio o el almacén no se la sirven al farmacéutico, porque no hay. Los desabastecimientos de medicinas han aumentado en paralelo a la forzada bajada de precios de los medicamentos, hasta un 40%: a esos precios, el laboratorio prefiere vender esa medicina, más cara, en otro país. Y por eso, se han duplicado las exportaciones mientras hay 117 medicamentos que faltan. El problema provocó que todos los grupos del Congreso pidieran en junio medidas al Gobierno, que ha restringido algunas  exportaciones. Pero mientras las medicinas sigan bajando (en diciembre otra vez) y sean en España un 20% más baratas que en Europa, corremos el riesgo de que los vendan fuera y falten aquí. Es lo que pasa cuando muchas medicinas cuestan menos que una cerveza.
 

enrique ortega

Por fin parece que se está poniendo coto al despilfarro de medicamentos. Este año, la factura farmacéutica podría acabar sobre los 9.000 millones de euros, un 28% menos de los 12.505 millones de 2009, el año récord. Casi un tercio menos de gasto, gracias a que hay menos recetas (2,35 millones al día frente a 4 millones en 2009) y por menos importe (10,67 euros de media). Una rebaja que se debe a las medidas tomadas por Zapatero en 2010 y 2011 (recorte 30% impuesto a los precios de los laboratorios, descuentos obligatorios sobre ventas a laboratorios, almacenes y farmacias, obligación a los médicos de recetar por principio activo y dispensar el genérico más barato) y, sobre todo, a los drásticos recortes impuestos por Rajoy en 2012: copago del 10% para jubilados y aumento copago hasta el 60% según ingresos (julio) y un medicamentazo (septiembre) que sacó a 426 fármacos de la financiación pública, más nuevos copagos en farmacia hospitalaria, nuevas bajadas de precios y más descuentos impuestos a las farmacias, distribuidores y laboratorios.

Medidas que han servido para ahorrar 3.500 millones de euros, pero que tienen “efectos colaterales” negativos, como el riesgo de pacientes que dejen de medicarse (enfermos crónicos y jubilados con baja pensión) y  la grave crisis de muchas farmacias pequeñas (venden menos, a menos precio y con menos margen), asfixiadas además por los impagos en algunas autonomías (como Cataluña o Valencia). También los laboratorios se ven muy afectados, al haber perdido casi un tercio de mercado, aunque buscan una salida en las exportaciones, en vender medicinas fuera a un precio más alto, lo que provoca, ya desde hace unos años, el desabastecimiento de algunos medicamentos, agravado en 2013. Y que puede empeorar más en 2014, porque el Gobierno aprobará este diciembre una nueva bajada de precios de referencia para 11.300 medicamentos.

Las denuncias de desabastecimiento son habituales en todas las autonomías y se agravaron en 2012, con la falta de algunos fármacos clave en los hospitales: Thyrogen (cáncer), Sinemet (Parkinson), Triptizol (cefaleas de tensión). En septiembre 2012, los pediatras denunciaron la falta de vacunas de la varicela. Y a raíz de las subastas andaluzas de medicamentos, en Almería se alertó que faltaban 80 principios activos al mes. En junio 2013, el problema de los desabastecimientos llegó al Congreso, con una moción de CiU, que citaba estos medicamentos como difíciles de encontrar: Cemidon, Pulmicort 400, Terbasmin, Calcium, Atarax, Aldactine o Eutirox. Y consiguió que todos los grupos (algo inaudito) aprobaran  una proposición no de Ley para que el Gobierno “subsanara a la mayor brevedad posible el desabastecimiento de medicamentos en hospitales y farmacias”. Pero hoy, existen 117 medicamentos con desabastecimiento, según esta lista que publica cada día Sanidad (la mayoría se sustituyen por otros, pero eso causa incertidumbre a los pacientes).

La principal causa del desabastecimiento de un fármaco es que baja de precio, o porque se le termina la patente o porque se abarata en exceso tras las bajas de precios de referencia. Y a ese precio, al laboratorio o al almacén no les compensa venderlo en España, sino fuera, sobre todo en Europa, más caro: los precios de los medicamentos son un 20% más bajos en España, el país europeo con las medicinas más baratas salvo Portugal, Eslovaquia y Estonia. Y por eso, las exportaciones españolas de medicamentos acabarán este año por encima de los 10.000 millones de euros, cuatro veces lo exportado en el 2000. Y, por primera vez, España exportará más medicinas de las que importará en 2013. Este “boom” ha movido a las multinacionales a reforzar sus fábricas en España, convertida ahora en una factoría mundial de medicamentos (como de coches), aumentando plantas o trayendo producciones de otros países (caso de Lilly, Roche, Pfizer, Sanofi o Bayer), al amparo de nuestros bajos sueldos, experiencia, productividad y ayudas fiscales (Plan Profarma).

Pero no sólo exportan medicinas los laboratorios, también los almacenes de distribución, a pesar de que los laboratorios tratan de impedírselo con dos medidas. Una, el doble precio: les venden a un precio superior (europeo) y sólo cuando demuestran que el medicamento lo han vendido en España, les abonan la diferencia. Además, les envían un máximo de envases (cupo) de medicamentos susceptibles de exportar. A pesar de esto, muchos almacenes (sobre todo de zonas fronterizas) exportan medicamentos que inicialmente habían comprado para farmacias españolas, a veces en connivencia (comisiones) con ellas. Y la Guardia Civil ha detectado también redes de farmacias que exportan (está prohibido) en Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía (son casos muy minoritarios).

Por una u otra vía, el medicamento acaba en Gran Bretaña, Alemania, Holanda y países del Este, donde se pagan los precios más altos. De hecho, el desabastecimiento es un problema que preocupa en toda Europa, según una encuesta de la Agrupación Farmacéutica Europea, que revela que ha ido en aumento en el último año por carecer de una política común de precios y unos controles efectivos a nivel UE.

La Agencia Española del Medicamento emitió en julio 2012 una Circular para evitar la salida de España de medicamentos cuya escasez pueda causar problemas a los pacientes. Pero no sirvió para acabar con los desabastecimientos, como se vio en la moción del Congreso. A raíz de ella, el Gobierno ha dado un paso más, aprobando en octubre 2013 un real Decreto para regular las situaciones en que se puede limitar o impedir la exportación de medicamentos, estableciendo un mayor control sobre almacenes y bróker de distribución. Es un paso importante, pero hace falta una Ley de suministro, que regule con transparencia el mecanismo de las ventas y el poder de los laboratorios, con más controles y sanciones. Y sobre todo, establecer una política de precios realista, porque si se fija un precio ridículo para un medicamento, el laboratorio y los distribuidores tratarán de venderlo fuera, como sea. Un avance puede ser fijar precios mínimos, como pretende hacer el Gobierno en 2014.

Pero el problema de fondo es que el Gobierno ha ido demasiado lejos en el recorte farmacéutico, que ha permitido a las autonomías aliviar sus cuentas sin tocar apenas la sanidad: el 80% del ahorro sanitario ha sido en medicamentos. Y con ello, el gasto farmacéutico, que antes estaba desbordado, es ahora más bajo que en Europa: 206 euros per cápita frente a 349 euros en la UE-25. Se han pasado de frenada. Consecuencia: a los laboratorios les compensa menos invertir e investigar en España, porque venden menos y más barato. Tenemos menos fármacos innovadores y se utilizan la mitad de fármacos nuevos que antes (5,8% fármacos tenían menos 3 años en 2009 y ahora son el 2,7%).

Es el problema de que una medicina cueste lo que una cerveza: que no compensa venderla ni tampoco investigar en nuevos fármacos. Ahorrar y evitar el despilfarro sí, pero poner en riesgo la producción  y la investigación de medicamentos, no. Ni poner en peligro a los farmacéuticos, que no son tenderos sino nuestros asesores sanitarios más cercanos. Unos y otros tienen que ser rentables, por el bien de nuestra salud. Racanear con los medicamentos sólo nos llevará al cierre de farmacias y a la fuga de medicamentos. Al tiempo.