El gasto en investigación retrocede 8 años

Al final, el recorte en I+D+i para 2012 no han sido los 600 millones que se temían en diciembre, sino 2.192 millones, un tijeretazo del 25%, el mayor en la historia de nuestra ciencia y uno de los mayores recortes del Presupuesto 2012. Lo peor es que ya van 3 años de recortes en investigación, lo que paraliza proyectos y lleva al paro a miles de investigadores, que se irán a otros países. Y encima, uno de cada tres euros del Presupuesto no se gasta, en parte porque las empresas también recortan sus  inversiones en I+D+i. Y todo ello cuando Europa gasta más en investigación, lo que agrava nuestra brecha tecnológica. Es urgente reconsiderar los recortes en investigación en España. Y conseguir que Bruselas apoye los esperados planes de crecimiento europeo en programas de I+D+i.

enrique ortega

El gasto total de los Ministerios en I+D+i (civil y militar) será de 6.397 millones en 2012, un 25,52% menos que en 2011, según el estudio de COSCE, un recorte superior al del Presupuesto 2012 (-16,9%). Se trata del mayor recorte en ciencia desde que existen los Planes de I+D+i (1.988) y un tijeretazo que se suma a los recortes del Gobierno ZP en 2010 y 2011 (-13%). Con ello, el presupuesto en I+D+i se coloca en términos reales (descontando la inflación) por debajo del de 2005 y muy próximo al de 2004. O sea que España va a gastar en investigación lo que gastaba hace 8 años.

Pero eso no es lo único grave. Lo peor es que no vamos a gastar esos 6.397 millones presupuestados en I+D+i, sino mucho menos. Porque más de la mitad del Presupuesto son créditos (3.761 millones), destinados a empresas y no se utilizan: en 2011, un 52% de estos créditos no se gastaron y quedó un remanente de 3.016 millones sin gastar que han vuelto al Tesoro. Y lo mismo pasará este año, lo que enmascara que 2.181 millones en créditos, un 34% del Presupuesto 2012, no se van a gastar. Doble recorte.

Esto es más grave en España porque la financiación pública de la investigación tiene un mayor peso que en Europa: Bruselas fijó como objetivo que dos tercios de la I+D+i fueran financiados  con fondos privados en 2010 y en España no llegan al 43,8%, frente al 55% en la UE y el 70% en Alemania, por ejemplo. Y además de aportar menos, las empresas invierten cada vez menos en I+D+i, por la crisis: 3.568 empresas han dejado de innovar entre 2008 y 2010 y han recortado su inversión en tecnología (-9%), sobre todo las pymes (-17%). Y de cada 100 empresas, 34 desaprovechan las ayudas a la investigación.

En resumen, recortes drásticos en las subvenciones y préstamos que no se gastan, en el Presupuesto del Estado, más ajustes en las autonomías y Universidades, que suponen un 60% del gasto en I+D+i. El resultado, tras tres años de tijera, son proyectos que no se pueden terminar y, sobre todo, contratos de investigadores que no se pueden renovar y puestos que no se cubren, provocando una fuga de cerebros, difíciles de recuperar en el futuro.

Los últimos recortes agravan la brecha tecnológica con Europa: en 2011 gastamos en I+D+i el 1,35% del PIB, frente al 2,3% de media de UE-27 y muy por debajo de los países punteros, como Suecia (3,5%), Alemania (2,9%), Francia (2,25%). Precisamente, los países que menos gastan  en investigación son los que peor han aguantado la crisis: Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España. Y ahora, mientras el Gobierno Rajoy agrava los recortes a la investigación, otros aumentan su inversión: Alemania un 5%, Francia +33.000 millones en 2012 y la Comisión Europea dotando 80.000 millones para 2014-2020.

Reducir esta brecha en I+D+i con Europa obligaría a invertir 10.000 millones extras en investigación, porque al ritmo inversor actual tardaríamos 30 años en igualarnos y salir del pelotón de cola: estamos en el puesto 18 de 27 en el ranking europeo de innovación. Miles de investigadores han enviado una carta al Gobierno pidiendo que la inversión en I+D+i sea una prioridad a medio plazo, para impulsar un cambio en el modelo de crecimiento español, basado en el ladrillo y el turismo. La investigación debería estar blindada y al margen de los ciclos económicos y de los cambios políticos, con presupuestos estables y crecientes, como defiende la Ley de la Ciencia, aprobada en mayo de 2011 por el 99% de los grupos políticos. Pero la realidad es que la I+D+i ha sufrido más los recortes, mientras el Gobierno Rajoy apoyaba con subvenciones al ladrillo (8.000 millones para desgravaciones e IVA reducido), a salvar las autopistas o a sanear bancos y Cajas, por ejemplo.

Ahora se abre una puerta para intentar reparar el daño causado con los recortes en I+D+i: los esperados planes europeos de crecimiento, forzados por Hollande y varios países, para reanimar unas economías en recesión. Planes que girarán sobre inversiones en  infraestructuras, energía e investigación. España debe procurar no perder este tren y conseguir una parte del futuro pastel inversor en I+D+i (al menos un 8%, frente al 4,5% de ayudas europeas que conseguimos ahora), para lo que necesitamos no desmantelar centros de investigación, equipos y proyectos, paralizando al menos la aplicación de los recortes.

En paralelo, es urgente montar la Agencia Estatal de Investigación y aprobar el Plan nacional de I+D+i 2012-2015, que marque las prioridades y coordine mejor los esfuerzos públicos (17 autonomías, 17 políticas de investigación) y privados, ayudando a las empresas a utilizar mejor ayudas y créditos que hoy se pierden. Hay que pactar un Plan de futuro para la investigación y la innovación, la mejor palanca para salir de la crisis y crear empleo. No es casual que País Vasco, Navarra y la Rioja, que invierten en I+D+i como la media europea, crezcan más y tengan la mitad de paro que el resto de España. Hay que salvar a la ciencia de los recortes y ponerla como referencia del futuro. Con hechos, no con palabras.

Bancos y Cajas: la reforma de nunca acabar

La presión de los mercados, FMI y Bruselas más la nacionalización de Bankia han forzado al Gobierno a una nueva reforma financiera, la cuarta en dos años. Se obliga a bancos y Cajas a hacer más provisiones sobre los créditos del ladrillo y a crear unas inmobiliarias malas donde soltar los inmuebles embargados. Además, se les va a  desnudar, para que los mercados confíen en nuestra banca y en España. Algo que nos va a costar 15.000 millones en ayudas públicas, a sumar a los 34.000 millones ya empleados. Y además, habrá ayudas para las inmobiliarias malas. Un tremendo esfuerzo, en plenos recortes, para corregir una gestión nefasta de las Cajas, que van a pasar de 45 a 5 en beneficio de la banca. Al final, otra reforma que complicará  aún más que este año haya crédito.

enrique ortega

España sigue en el punto de mira de los mercados, con la deuda en máximos, por temor a que la recesión impida rebajar el déficit y pagar la deuda, pero también por las dudas sobre la banca: temen que la recesión empeore sus balances y tengan más pérdidas por el ladrillo y la morosidad de las confesadas. El FMI echó más leña al fuego con un informe que hablaba de morosidad oculta y Standard &Poors lo empeoró rebajando el rating a los 11 principales bancos y Cajas españoles. Y para colmar el vaso, el auditor no quiso aprobar las cuentas de Bankia, forzando su nacionalización.

El Gobierno Rajoy ha querido cortar por lo sano, aprobando una segunda reforma financiera, que obliga a bancos y Cajas a provisionar 28.000 millones los créditos no problemáticos del ladrillo (123.000 millones), después de que en febrero les obligó a provisionar con 54.000 millones los créditos inmobiliarios problemáticos (184.000 millones). Además bancos y Cajas han de crear este año  inmobiliarias malas, con los 80.000 millones que tienen en solares, pisos y locales embargados, para quitarse este muerto de sus balances, buscando inversores que se queden con la mayoría de estas inmobiliarias malas y vendan lo que tienen en 10 años.

Pero la medida más llamativa es que el Gobierno contratará a dos empresas independientes para que, en tres o cuatro meses, hagan dos informes sobre todos los créditos que tienen los bancos y Cajas españoles. Un striptease sin precedentes, que desacredita al Banco de España (el teórico supervisor) y a España. Pero ya estábamos desacreditados desde que Zapatero, en 2009, sacaba pecho en las cumbres del G-20 presumiendo de banca sana mientras sus colegas destinaban miles de millones (la mayoría públicos) a salvar bancos (420.000 millones en Europa y 431.000 millones en EEUU). Y sin embargo, en junio de 2010 aprobaba la primera reforma para sanear las Cajas y una segunda en enero de 2011, con los primeros 15.152 millones en provisiones, reformas que no evitaron la caída e intervención de ocho entidades: Caja Castilla la Mancha (2009), Cajasur (2010), CAM, Unnim, Catalunya Caixa, NovaGalicia y Banco de Valencia (2011), más Bankia. Como para creernos.

En el camino, la banca ha incrementado provisiones en 108.000 millones y el Estado ha inyectado 34.046 millones de ayudas públicas, sin contar avales (otros 81.000 millones). Y con esta cuarta reforma, se dedicarán “hasta 15.000 millones” más de dinero público en créditos (al 10%, a devolver en 5 años) para las entidades que lo necesiten (unos 9.000 millones irán a Bankia). Y eso sin contar las ayudas que habrá que hacer (incentivos fiscales, créditos y avales) a las inmobiliarias malas, porque ningún inversor se va a quedar con estos “muertos” sin ayudas. Podrían ser otros 10.000 millones más.

Todo ello, para que al final, las Cajas y bancos saneados con ayudas públicas vuelvan a privatizarse, en vez de crear un banco público (¡ anatema¡),fortaleciendo al ICO, para asegurar el crédito a pymes y exportadores. Hasta ahora, los grandes se han quedado con las Cajas problemáticas: BBVA con Unnim, la Caixa con Banca Cívica, Sabadell con la CAM, Popular con Pastor, UniCaja con Caja Duero-Caja España e Ibercaja con Caja 3. Y está pendiente la subasta de tres entidades intervenidas: Banco de Valencia, Cataluña Caixa  y NovaGalicia, mientras la última reforma presiona más a las Cajas medianas a fusionarse (BMN con Ibercaja y Liberbank con Unicaja). Así, de los 10 bancos y 45 Cajas que había hace tres años, pasaríamos a 7 bancos y 5 Cajas (hasta que Bankia sea troceada y vendida). Más poder para la gran banca tras un costoso ajuste con ayudas públicas.

¿Responsabilidades?  A repartir, empezando por los gestores de las Cajas, en especial las dos grandes del PP (Caja Madrid y Bancaja), que durante 16 años han hecho y desecho en connivencia con políticos regionales (Esperanza Aguirre y Camps) y con promotores “amigos”, sin olvidar otros políticos regionales (Cataluña, Galicia y las dos Castillas) y municipales, más el silencio de consejeros, sindicalistas y dirigentes patronales. Siguiendo con auditores que han dado por buenas (con jugosas facturas) cuentas maquilladas Continuando con un gobernador del Banco de España que o no sabía (malo) o no tenía autoridad (peor). Un Gobierno Zapatero que pasó del autoengaño a los paños calientes, sin tomar medidas eficaces. Y un Gobierno Rajoy que empezó con una reforma a medias para ahora ir contra reloj. Al final, demasiadas indemnizaciones millonarias, miles de despidos y nadie en la cárcel.

Ahora falta que los mercados se crean la ultima reforma, porque si no iremos a la quinta. Pero lo que nos importa a los españoles es que haya crédito. Y tras dos años de reformas, provisiones y fusiones, el crédito sigue cayendo, tras bajar un 4,2% en 2011. Ahora, con los bancos y cajas preocupados en buscar capital y ayudas más cerrar las fusiones, será aún más difícil que tengan la cabeza y las cuentas para dar créditos. Y si los dan, tienen que encontrar empresas y particulares que los pidan (no hay ventas y la economía está parada) y que sean solventes, ya que la morosidad  está cerca de máximos históricos.

En definitiva, el saneamiento de bancos y Cajas es una condición necesaria pero no suficiente para que haya crédito. La clave es que se reanime la economía, que haya consumo e inversión, que vuelva la confianza. Que se suavicen los recortes y la economía crezca. Sería, además, la mejor manera de sanear la banca. Todo lo demás son ajustes de cara a los mercados, que no se los creen y acaban siendo insuficientes. Espejismos.

El Gobierno salva a las autopistas

Entre los recortes del Presupuesto 2012, el Gobierno Rajoy ha aprobado de tapadillo, como Zapatero los dos años anteriores, ayudas a las autopistas de peaje, para evitar que algunas quiebren por falta de tráfico y el Estado tenga que cargar con ellas. El PP ha ido más allá y ha prolongado estas ayudas hasta 2021, lo que supondrá darles otros 2.000 millones en créditos blandos. Y les ha quitando, con una fe de erratas, la obligación de que a cambio se fusionen. Ahora, el Gobierno estudia  ampliar las concesiones a las autopistas y subir tarifas, para que se saneen. Y las que no lo consigan, nacionalizarlas, como ya se hizo en 1984. Al final, las autopistas siguen con los privilegios que arrastran desde el franquismo y que nos han costado ya 8.800 millones de euros.

En España hay 38 autopistas de peaje, pero sólo 10 tienen problemas graves: las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 a Barajas, las autopistas Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la circunvalación de Alicante y el peaje Alto de las Pedrizas-Málaga. Son autopistas de segunda generación, hechas en los años del boom económico (1999-2003), con la presión política del PP en la Comunidad de Madrid (“queremos autopistas como los catalanes”) y pensando en un tráfico irreal que se ha desplomado con la crisis: pasan un 40% de los coches previstos (y hasta el 10%), dado que hay autovías libres en paralelo. Y además, se les multiplicó por siete el coste de las expropiaciones, debido a la ley del Suelo aprobada por el Gobierno Aznar en 1.998.

Pero el negocio de las autopistas era construirlas, no los ingresos por peajes: Yo gano con hacerla y si luego no tienen tráfico, no es mi problema, sino del Estado. Porque las concesiones incluían la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA): si las empresas no pagaban su deuda, debía hacerlo el Estado. Por eso, el gobierno Zapatero salió en su ayuda (con apoyo del PP) en los Presupuestos de 2010 y 2011, con 800 millones de créditos blandos, a menos del 4%  de interés (Euribor+1,75%), a devolver al final de la concesión (65 años). Y con subida de tarifas: hasta el 3,43 % en 2011 y 3,2% en 2012.

Este año, los 29 bancos y Cajas que prestaron a estas autopistas han vuelto a presionar: no refinanciarán la deuda (4.000 millones) si no se les garantiza el cobro, lo que ha colocado a varias (R-2, R-4, Cartagena-Vera) al borde de la quiebra. Y hay otros 1.000 millones de expropiaciones pendientes de pagar. Fomento ha salido al quite y en los Presupuestos 2012 ha aprobado dos ayudas. Una, 289 millones de créditos participativos, para pagar expropiaciones. Y la otra, ampliar hasta 2021 la cuenta de compensación, 80 millones de créditos anuales para compensar la caída de tráfico. En total, unos 2.000 millones más de ayudas públicas en la próxima década para sanear las autopistas.

A cambio, el Gobierno quería que las autopistas se fusionaran (como los bancos), las buenas con las malas. Por ejemplo, Abertis, líder europeo del sector, tiene las tres autopistas más rentables de España (Acesa, Aumar e Iberpistas) absorbería las tres radiales donde es accionista (R-2, R3 y R-5).Pero la propuesta ha creado reticencias en el sector y Fomento ha quitado el requisito de las fusiones de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos, con una fe de erratas al proyecto enviado al Congreso…

Solventada la amenaza de la quiebra con estas ayudas, el Gobierno ha creado una Comisión para asegurar antes del verano el futuro de las autopistas con problemas. La primera medida será inyectarlas más recursos vía ampliación del plazo de las concesiones. Así, Abertis (uno de cuyos directores generales, Gonzalo Ferré, es ahora Secretario General de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento) podría recibir, a cambio de sanear sus radiales, una ampliación por 20 años de sus concesiones en las autopistas valencianas y catalanas (vencen en 2019 y 2021). Y lo mismo otras empresas que carguen con autopistas en apuros. Y se les garantizarán subidas de tarifas por encima del IPC y los créditos ya comprometidos para pagar expropiaciones y compensar caídas de tráfico. No se descarta incluso cobrar peajes en las autovías hoy gratuitas, lo que podría desviar más tráfico a las autopistas. 

Y si estas medidas no bastan, Fomento ya ha dicho que nacionalizará las autopistas insalvables (probablemente cuatro: Madrid-Toledo, M-12 al aeropuerto, Murcia-Almería y el peaje de las Pedrizas). No es algo nuevo: en marzo de 1984, el Gobierno de Felipe González creó ENA para nacionalizar 3 autopistas en apuros (Audasa, Audenasa y Aucalsa). Y en mayo de 2003, cuando ya ganaban dinero, el Gobierno Aznar las privatizó: las compró Sacyr, por 1.586 millones (el Estado había aportado a ENA 1.700 millones).

Las autopistas, un sector español líder en el mundo, han gozado de privilegios desde el franquismo: la Ley de autopistas de peaje de 1972 les permitía endeudarse en divisas con aval del estado y seguro de cambio, un privilegio que duró hasta 1988 y que nos ha costado a los españoles unos 8.000 millones de euros. Y ahora, con la amenaza de la quiebra con cargo al Estado, van a recibir créditos privilegiados por otros 2.800 millones al menos, más el regalo de las nuevas concesiones y las subidas de tarifas. Ayudas públicas para un poderoso lobby (asiduos a la Moncloa) con gran poder mediático, controlado por 7 constructoras (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL y Sacyr) que ganaron 3.482 millones en 2011.

Al final, el dinero público (recortado para casi todo) salvará a las autopistas de los errores de diseño, por razones políticas y del negocio constructor. Y el Estado volverá a nacionalizar autopistas, para venderlas (con pérdidas) cuando sean rentables. La cuestión es por qué este trato de favor (al margen de las exigencias legales) con las autopistas y no con la industria del automóvil, las inmobiliarias o los miles de tiendas que también venden menos por la crisis. Esto no es economía de mercado. Es el Estado al servicio de los poderosos. En plenos recortes.

Se pagan facturas públicas bajo vigilancia

Este mes de mayo, autonomías y Ayuntamientos empezarán a pagar casi 6 millones de facturas que deben desde hace años a medio millón de empresas. Será una inyección de liquidez a la economía de 27.000 millones de euros, aunque irá más a tapar agujeros que a invertir y crear empleo. A cambio del crédito para pagarlas, que tendrán que devolver en 10 años, autonomías y Ayuntamientos han de poner en marcha este mes drásticos planes de ajuste, con más recortes, sobre todo en sanidad, educación y personal interino. Y si no lo hacen, en noviembre, el Gobierno podría intervenirles, como Bruselas a Grecia. Andalucía (por defender otra política y no sólo recortes), Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo vigilancia del Gobierno, como 2.000 Ayuntamientos que no han presentado planes de ajuste.

enrique ortega

El mayor bloque de facturas impagadas lo han presentado las autonomías, todas salvo Galicia, País Vasco y Navarra (que tienen pocas): 3.918.986 facturas, de unas 360.000 empresas, por un importe total de 17.255 millones de euros. La cuarta parte del importe son de la Comunidad Valenciana (4.205 millones en 578.000 facturas), aunque en número lidera el ranking Andalucía (772.758 facturas, por 2.763 millones). Les siguen Castilla la Mancha (2.510 millones), Cataluña (1.984), Madrid (1.279), Murcia (1.173) y Castilla y León (1.066 millones).

Los Ayuntamientos tenían muchas más facturas, pero sólo han presentado 1.931.976 (algunas en pesetas, anteriores a 2001), de 180.000 empresas (dos tercios pymes y autónomos), por 9.584 millones (se esperaban 17.000 millones), de 4.900 Ayuntamientos (hay 8.114). Por importes, Madrid lidera el ranking (1.017 millones), seguido de Jerez (400), Jaén (300), Valencia (190), Zaragoza (160), León (161) y Huelva (150), no estando Barcelona.

En ambos casos, las facturas se van a pagar gracias a un crédito que conceden a autonomías y Ayuntamientos la mayoría de bancos, cajas y el ICO (crédito oficial), a 10 años (aunque el Tesoro adelantará el pago a las entidades a los 5 años), al 5 % de interés. Las facturas se empezarán a pagar a finales de mayo, sin abono de intereses de demora. En las autonómicas tendrán prioridad las de empresas que hagan descuentos (quitas), las que se hayan exigido ante los tribunales y las más antiguas. En las municipales, pueden hacerse quitas, pero la prioridad la tienen las facturas más antiguas, las de pymes y autónomos y las reclamadas en los tribunales.

En total, 26.389 millones que se pagarán de aquí al verano a medio millón de empresas. Será la primera inyección de liquidez tras dos años de recortes. Pero una parte del dinero irá a tapar agujeros: pagar deudas bancarias, a Hacienda (IVA y Sociedades) y a la Seguridad Social y proveedores. Y poco irá a inversión y empleo, ya que no hay apenas ventas. Además, se teme que haya un importante volumen de facturas sin aflorar: otros 35.000 millones, sobre todo en Ayuntamientos.

Este Plan para ayudar a autonomías y Ayuntamientos a pagar facturas tiene su contrapartida: han tenido que presentar a Hacienda unos duros Planes de ajuste, para asegurar que podrán devolver estos créditos (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendrá que devolver, 4.205 millones más 1.200 en intereses, una cuota anual de 540 millones los próximos 10 años) : previsión de ingresos y gastos, subida de tarifas, gastos de personal… De momento, el Gobierno ha rechazado los planes de Andalucía y Cataluña (porque contemplaban ingresos del Estado que no tendrán) y hay 2.000 Ayuntamientos que no han presentado Planes de ajuste con las facturas.

Las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo son las autonomías: para que España cumpla con el déficit impuesto por Bruselas han de recortar 15.545 millones este año (para bajar su déficit al 1,5% del PIB), mientras los Ayuntamientos sólo han de recortar 1.064 millones. Y el recorte más duro habrán de hacerlo las cuatro autonomías con más déficit: Cataluña (-4.335 millones), Andalucía (-2.460 millones), Comunidad Valenciana (-2.217) y Castilla la Mancha (-2.034 millones), aunque el esfuerzo será también duro en relación a sus cuentas para Murcia (-765 millones), Baleares (-658), Extremadura (-544) y Cantabria (-342).

En unos días, el Gobierno dirá a autonomías y Ayuntamientos si aprueba sus nuevos Presupuestos 2012, que han de contemplar nuevos recortes en sanidad y educación (al amparo de lo aprobado por el Gobierno) y reducción de personal interino y contratado (se temen 300.000 despidos). Y si no les convencen, les podrá aplicar la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, con este calendario: en mayo, apercibimiento y obligación de establecer un depósito en el Banco de España del 0,2 % del PIB regional (391 millones para Cataluña, 286 para Andalucía o 203 para Valencia). En tres meses más, si no han corregido sus cuentas, pago de intereses por esa cuenta (multa) y  posible retención de transferencias del Estado. Y a los 6 meses, en noviembre 2012, Hacienda podría intervenir a la autonomía indisciplinada, mandarle a sus técnicos, como Bruselas con Grecia.

Y lo mismo con los Ayuntamientos, a los que se exige, además de un Plan de ajuste, el envío trimestral de sus cuentas (un tercio no han presentado todavía sus cuentas de 2010 y una cuarta parte siguen sin presentar los balances de hace cuatro años), que Hacienda va a revisar con la ayuda de auditores privados. El Gobierno estima uno de cada cuatro Ayuntamientos tendrá que ser intervenido y retenidos sus fondos, destituyendo incluso a alcaldes por mala gestión. Y que habrá que fusionar o cerrar unos 4.000, porque son económicamente inviables.

Al final, hay que poner orden en las cuentas de autonomías y Ayuntamientos. Nadie lo discute. El problema es que el Gobierno utilice la Ley de Estabilidad para atacar e intervenir a Andalucía (por buscar otra política económica, no sólo recortes) o a Cataluña (por defender su autonomía de gestión) y no la Comunidad Valenciana o Castilla la Mancha, sus dos comunidades en peor situación. No repitamos el error de Bruselas con Grecia: controlar autonomías y Ayuntamientos si, acogotarles  y hundirles con recortes imposibles, no. Porque sólo conseguirán hundirles más. Y hundir más al país.

Siembra recortes y recogerás paro

Dos noticias económicas nefastas en menos de una semana: ya tenemos más de 5,6 millones de parados y estamos en recesión. Algo que no puede sorprender al Gobierno Rajoy ni a los fundamentalistas de Bruselas: es el fruto de dos años de recortes, de la dieta de austeridad que ha matado la economía. Y queda por ver los frutos de los ajustes de 2012, tanto del Estado como de autonomías y Ayuntamientos: para otoño superaremos los 6 millones de parados. Y encima, el déficit baja la mitad de lo previsto, porque caen los ingresos. Así que los mercados siguen inquietos y nos bajan el rating. Una política suicida que también ha llevado a la recesión a media Europa. Por eso, Francia y otros países piden cambiar el rumbo y Merkel  acepta ahora hablar de crecimiento, pero con pocos euros y manteniendo el recorte imposible del déficit. Y Rajoy sigue en sus trece, prometiendo más recortes cada viernes. No podemos seguir así.

Se veía venir: España tiene ya 5.639.500 parados, uno de cada cuatro personas en edad de trabajar, el triple que antes de la crisis. Con Rajoy, han sido 374.300 empleos perdidos en el primer trimestre (4.113 al día). El paro crece sobre todo entre los hombres de 25 a 54 años y supera el 30% en tres autonomías, Andalucía (33,17%), Canarias (32,28%) y Extremadura (32,05%), mientras es bajo en País Vasco (13,55%), Navarra (16%), Aragón y Cantabria (18%). Casi la mitad de los parados (2.385.400) llevan ya más de un año sin trabajo. Y lo peor: en uno de cada cuatro hogares (4.408.700) no hay ningún activo y uno de cada diez hogares (1.728.400) tiene a todos sus miembros en paro. Y más de la mitad de los jóvenes (52%) están parados.

Unos datos espeluznantes que no van a mejorar el resto del año. Con ello, para otoño se podrían haber perdido los 630.000 empleos que estimaba el Gobierno para 2012 y superar los 6 millones de parados. Ello forzará además a un recorte de prestaciones, porque el  Gobierno dedica en el Presupuesto 1.637 millones menos al desempleo (28.503) aunque  espera se destruyan el doble de empleos que en 2011. Ahora, ya hay 2,2 millones de parados que no cobran nada y a finales de 2012 podrían ser 2,5 millones.

El otro mal dato, que explica este paro histórico: España ha entrado oficialmente en recesión (dos trimestres seguidos con la economía cayendo): -0,3% en el primer trimestre, tras otro -0,3% en el cuarto de 2011. La economía cae, como hizo entre el verano de 2008 y finales de 2009, porque cae el consumo y la inversión y no tiran suficiente las exportaciones. Y sobre todo, es el fruto de dos años de recortes, forzados por Bruselas en mayo de 2010. Ahora se espera un agravamiento de la recesión (y del paro) en lo que queda de año, ya que todavía no se han visto los efectos de los recortes del Presupuesto 2012 y los de autonomías y Ayuntamientos, con una pérdida de 300.000 empleos públicos (interinos). Por eso, la economía se debilitará más a partir del verano, con una caída que rondará el 2% en 2012. Y seguirá cayendo en 2013, otro año de pérdida de empleo.

Y encima, la austeridad y los recortes no dan sus frutos: el déficit público ha bajado a la mitad de lo necesario en el primer trimestre (1,85% PIB el Estado, que debe bajarlo al 3,5% en 2012), porque cayeron los ingresos tributarios un 2,5%, por la recesión. Si la economía no tira, el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos no recaudan y aunque metan la tijera no es suficiente para rebajar su déficit como dice Bruselas. Por eso, ni el FMI ni los expertos creen que España cumpla y rebaje su déficit total al 5,3% en 2012. Y por eso, nos han vuelto a bajar el rating (S&P) y España sigue en el punto de mira de los mercados.    

Ajuste tras ajuste nos lleva a no crecer y como no crecemos no recortamos el déficit y hay que recortar más y eso nos lleva a menos ingresos y a más déficit. Es el círculo vicioso del fundamentalismo de Merkel y Bruselas, iniciado por Zapatero hace dos años y defendido a ultranza ahora por Rajoy. Ya vemos donde nos ha llevado: al suicidio económico, a un país sumido en la parálisis, desalentado, sin perspectivas. Y nos queda lo peor: los efectos de los ajustes de 2012 y los prometidos para 2013, si nadie lo remedia.

La esperanza es que Europa está también muy mal, con doce países en recesión, gracias a la dieta de los ajustes. El FMI dice que sería preferible “haber hecho un ajuste más moderado”, algo que defienden Obama y China desde hace meses. Ahora, la esperada victoria del socialista Hollande en Francia trae una esperanza y se oyen palabras de cambio en Europa, desde el BCE (“Europa necesita un pacto por el crecimiento”, ha dicho Draghi) hasta el italiano Prodi (“Italia debe trabajar con Francia y España para relanzar Europa”). Se va a convocar una cena informal de líderes europeos en mayo para hablar de crecimiento. Pero ojo: Merkel insiste que el ajuste es innegociable, que está en el Tratado, aunque ha maniobrado para encabezar un rimbombante Pacto por el Crecimiento que le cubra frente a Hollande y los críticos. Y Rajoy, alumno aplicado, la defiende: “la austeridad no es por Merkel sino por el euro”. Y promete más reformas (recortes) cada viernes.

Habrá que ver si hay cambio de rumbo y si la apuesta por el crecimiento son euros (Bruselas habla de poner sólo 11.700 millones y buscar otros hipotéticos 190.000 en los mercados) y no palabras, como en la Cumbre de marzo. A España le interesa sumarse al carro de Francia, Italia y la Europa del sur. No se trata de abandonar la austeridad, sino de recortar menos, en más años, y a la vez invertir en crecer, gastando en infraestructuras, I+D+i, educación y formación, fomento del empleo, energía, ayudas a la inversión y desbloqueo del crédito. Reanimar las economías y el consumo para crear empleo. Probar otras políticas, después de que los recortes nos han llevado a la recesión y  a un paro histórico sin rebajar apenas el déficit público.

No esperemos a los 6 millones de parados para reaccionar como país y como Europa. Nuestra gente ya no aguanta más. Merecen que se pruebe otro camino.

Móviles: batalla por el robo de clientes

La crisis también ha llegado a los móviles: se venden menos y más baratos, mientras Movistar y Vodafone ya no los regalan como gancho comercial, por su alto coste. Y porque sus ingresos han caído un 4%. Pero sigue la guerra de precios y el robo de clientes: cada mes, más de medio millón cambian de compañía. Todavía deben bajar más los precios, más altos que en Europa, pero las operadoras temen que esta guerra les impida invertir en redes, que pueden colapsarse si no se amplían y se hacen más veloces, por el vertiginoso aumento del tráfico de datos. La pelea es quien paga esas inversiones, ya que Google, las redes sociales y las empresas de contenidos son los que más ganan con las redes y no invierten. Al final, acabaremos pagándolo también los usuarios, pero indiscriminadamente.

El negocio de la telefonía móvil es un mercado maduro y saturado, porque no puede crecer mucho: hay  56,2 millones de líneas y 36 millones de usuarios, con lo que tienen móvil el 92% de los mayores de 16 años. La crisis y la guerra de precios ha bajado un 4% los ingresos de las operadoras de móviles (13.461 millones en 2011), que suponen el 58% del negocio de las telecomunicaciones y 2,5 veces los ingresos de la telefonía fija.

La guerra de precios, agravada desde el verano, agudizó la fuga de clientes: 5,5 millones en 2011 y unos 540.000 al mes en 2012, con lo que somos el país con los clientes más infieles de Europa. Y pierden más los que más clientes tienen: Movistar (perdió 2,15 millones de clientes en 2011 y tiene un 39,6% de cuota, frente al 60% en 1999), Vodafone (-1,6 millones y 28,2% cuota) y Orange (-1,1 millones perdidos, aunque ganó 1,4 y tiene 20,06 % de cuota), mientras los ganan Yoigo (la sueca Telia Sonera, que entró en 2007, ganó 779.000 clientes, con el 5,34% de cuota) y los operadores móviles virtuales (MasMóvil, Simyo, Jazztel, Pepephone, Happy Móvil , Labara, Eroski móvil, Carrefour online y hasta 30 en total), que alquilan las redes de los grandes y les robaron 1.224.212 clientes (tienen 6,78% de cuota).

Un mercado que no crece para unos 40 operadores que pelean cada día por el cliente a golpe de tarifas y con el caramelo de regalar terminales, sobre todo teléfonos inteligentes (Smartphones). Pero tanto Movistar como Vodafone ya no regalan teléfonos a nuevos clientes, sólo a los clientes fieles, para que no se vayan. Eso sí, ofrecen a los clientes nuevos financiarles el nuevo terminal (sin intereses y en cuotas mensuales) y pagarles por su viejo teléfono si lo cambian. Y además, como ha caído la venta de móviles (-10% en 2011), están vendiendo Smartphones usados (con 40% de descuento) y Movistar se ha aliado con Mozilla, Qualcomm y Adobe para fabricar un Smartphone low cost, de 100 dólares (unos 70 euros).

Las operadoras fomentan el uso de los teléfonos inteligentes porque el negocio no está en las llamadas sino en los datos, en el acceso a Internet. Pero el Smartphone y los dispositivos móviles (tablets y videoconsolas con acceso a la red) pueden colapsar sus redes y les obligan a cuantiosas inversiones, unos 150.000 millones para todas las operadoras europeas. El tráfico de datos se va a multiplicar por 18 en cinco años, según un estudio de Cisco. Eso obliga a las operadoras europeas a invertir en redes de cuarta generación (4G), con una velocidad superior a 100 megas (diez veces más que las redes 3G), que Movistar tiene en pruebas en Madrid, Barcelona y Londres.

Mientras, la batalla de cada día se da en las tarifas, cada vez más enrevesadas para atraer al cliente que busca ahorrarse el céntimo. La guerra ha provocado ya que los precios hayan caído casi la mitad (-43% desde 2007), pero todavía son más altos que en Europa: la telefonía móvil es un 60% más cara en España, según Eurostat. Y deberá bajar a partir de abril y sobre todo en enero de 2014, por imperativo dela Comisión Europea, que obliga a las compañías a bajar (de 4 céntimos a 1,09) las tarifas que se cobran entre ellas, lo que debería repercutir (aunque sólo un 20%) en los clientes.

Pero lo fundamental no son las tarifas escaparate (que bajaron otro 10% en 2011), sino lo que realmente pagan los usuarios, con los trucos de las tarifas planas: si hablan más de lo contratado (muy habitual), se pasa de pagar de 6 o 8 céntimos a 12 o 18, más el establecimiento de llamada (15 céntimos). Y están las cuotas fijas, consumo mínimo, coste SMS, exigencia de permanencia, limites de navegación…, que al final suben la factura. Por eso, crece el móvil de prepago: lo tienen el 70 % de clientes en compañías low cost y un tercio en las grandes.

Los clientes se beneficiarán del aumento de competencia que supondrá  poder cambiar de compañía en un día (ahora son 4) desde junio de 2012. Pero ojo: las operadoras van a tener que hacer cuantiosas inversiones en redes y 4G y tendrán que sacar el dinero de algún sitio. Por eso, los Gobiernos y la UE les tendrán que ayudar con las tarifas. Y los operadores tendrán que seguir peleando duramente con Google, Apple, Microsoft  y las redes sociales, que son los que sacan más ingresos de Internet, para que ayuden a financiar unas redes que son la clave de su negocio: sin carreteras no hay tráfico.

Pero al final, lo fácil es que lo paguemos los usuarios, indiscriminadamente. Porque un 80% de internautas usan poco la Red y pagan casi como el resto. Ahí está la clave: quien consuma más redes, más datos, más vídeos, más contenidos y aplicaciones, sobre todo empresas y profesionales, que pague más por su móvil conectado a Internet. Y sobre todo, los que hacen negocio con los móviles y la Red. No tarifas planas iguales para todos. Sería injusto.

Infraestructuras: un recorte suicida

Uno de los mayores tajos del Presupuesto 2012 se da a la inversión en infraestructuras, por tercer año consecutivo: España va a invertir en obras públicas la mitad que en 2010. Se trata de la mayor paralización de obra civil de las últimas décadas, lo que se traducirá en más paro, cierre de empresas y pérdida de competitividad. No se trata de hacer obras faraónicas, sino salvar la brecha con Europa en transportes, comunicaciones, obras hidráulicas, depuradoras de aguas y equipamientos sociales. Hace falta pactar un Plan de infraestructuras para una década y pelear con Bruselas para financiarlo, con créditos y ayudas europeas, que se acaban. Nos jugamos la competitividad y el futuro.

Hemos pasado de un extremo al otro en tres años: de ser el país de Europa que más invertía en infraestructuras (unos 25.000 millones al año en el boom 2004-2008) a recortar la inversión a menos de la mitad (- 20.000 millones en los últimos 3 años). De la burbuja de las infraestructuras, con obras faraónicas por doquier, a no tener presupuesto para hacer depuradoras, arreglar viejas carreteras o terminar obras hidráulicas contra la sequía.

En el Presupuesto 2012, la inversión en infraestructuras de Fomento (11.386 millones) cae un 22,2%, que se suma a los recortes de 2011 (-31,7%) y 2010 (-19%), con lo que es ya la mitad que hace dos años (21.240 millones en 2010). El mayor tajo se lo llevan las obras hidráulicas     (-36,3%), cuando España tiene un serio problema de sequía y Bruselas nos ha llamado la atención por la mala depuración de las aguas residuales. También caen las inversiones medioambientales (-64% en 2 años) y en puertos (-33,1%), donde ha habido un exceso de hormigón. Sube la inversión en carreteras (+7,8%), aunque apenas hay dinero para conservación: 873 millones, la mitad de lo que haría falta, según la Asociación Española de la Carretera, que denuncia que tenemos” la peor red de carreteras en 25 años”.

La mitad del presupuesto se lo lleva el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad (4.187 millones para el AVE), con fuertes inversiones en los accesos a Galicia (1.217 millones) y al País Vasco (1.080 millones AVE Norte), donde habrá elecciones en 2013. Y 135 millones  para el AVE a Extremadura, que ya no continúa a Portugal. El Gobierno Rajoy (gallego como la ministra de Fomento) apuesta por llevar el AVE a Galicia, más de 10.000 millones para una dudosa inversión: no llegará a 2 millones de pasajeros cuando harían falta más de 3 (en el primer trimestre, el AVE Orense-Santiago-A Coruña ha transportado una media de 68 pasajeros por tren). Mientras, Cercanías se lleva sólo 28,5 millones del Presupuesto 2012, aunque las utilicen millones de pasajeros. Y la mayoría de los puertos y aeropuertos siguen sin conexión con el ferrocarril.

A este recorte de 3.300 millones en Fomento hay que sumarle el de autonomías y Ayuntamientos, con lo que el tajo serán unos 8.000 millones, que van a provocar unos 150.000 despidos y la asfixia de muchas empresas. Sobre todo, porque hay muchas obras ya comprometidas (1.700 millones heredados en carreteras y 28.000 millones en ferrocarril, según Fomento), con lo que apenas habrá obra nueva. Y eso supone la puntilla para las empresas, que ya han sufrido una drástica caída de la licitación pública: de 47.198 millones en obras públicas (2006) se ha pasado a 13.659 (2011).

Este tijeretazo en las obras públicas se da en un país que todavía tiene un gran retraso de infraestructuras frente a Europa. La propia patronal CEOE ha pedido al Gobierno que se inviertan 80.000 millones en infraestructuras en 5 años, en tres frentes. Uno, construir 5 corredores ferroviarios (Bruselas sólo va a ayudarnos a financiar el Mediterráneo y el Atlántico), invirtiendo 50.000 millones, para duplicar el transporte de mercancías por tren (van sólo el 4%, frente al 11% en Europa). Dos, invertir 16.000 millones en el ciclo del agua, con infraestructuras y depuradoras. Y tres, invertir en equipamientos sociales: 4.600 millones en 30 nuevos hospitales y 10.000 millones en residencias de ancianos (en Dependencia podrían crearse un millón de empleos, según CEOE).  

Para financiar estas obras, los empresarios plantean invertir ellos la mitad, a cambio de concesiones, tarifas y créditos. El Gobierno Rajoy está preparando para julio un Plan de infraestructuras 2012-2024, donde contempla invertir 225.000 millones (unos 16.000 al año, frente a los 20.000 de los ocho años anteriores). Para financiarlo, contempla pedir créditos al Banco Europeo de Inversiones (BEI), abrir una línea de crédito oficial (ICO) y buscar capital privado, a cambio de darles concesiones y privatizar la gestión de las obras (ya lo han hecho con hospitales y residencias).

Hay que volcarse en este Plan, porque es la última oportunidad para recuperar el retraso en infraestructuras frente al norte de  Europa, con quien tenemos que competir. Y la última oportunidad de optar a fondos europeos (los de cohesión se nos acaban en 2014). Invertir en infraestructuras que hagan falta es clave para relanzar la inversión, el empleo (18 empleos por cada millón invertido) y los ingresos públicos (580.000 € de ingresos fiscales y menos gastos en desempleo por cada millón invertido). Y para conseguir una industria y un transporte con menos costes y menos consumo de energía, más competitivos.

Ha habido muchos excesos: AVEs sin viajeros, autopistas sin coches, puertos sin barcos o aeropuertos sin aviones. Pero recortar la inversión en infraestructuras es un suicido para un país en recesión, que va camino de los 6 millones de parados y que todavía tiene retrasos frente a Europa en transportes, comunicaciones, gestión del agua, equipamientos y medioambiente. Hace falta un gran Pacto de infraestructuras para una década  y sumar esfuerzos para financiarlo. Y pelear con otros países de la Europa del Sur para conseguir más fondos europeos. El Plan Marshall del que se habló en la Cumbre europea de enero y que quedó en agua de borrajas. Un Plan de grandes obras para salir de la recesión invirtiendo en futuro. No podemos esperar más.