La privatización del agua avanza imparable

Primero privatizaron las empresas públicas (Aznar) y ahora Rajoy privatiza la enseñanza, la sanidad, la justicia y hasta el agua: ya son más de la mitad los Ayuntamientos que han privatizado la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua a 25 millones de españoles. Un servicio que se reparten casi en exclusiva dos empresas (Agbar y FCC-Aqualia), que aspiran a gestionar el 70% del agua. Para los Ayuntamientos, es una tentación cobrar en mano un alto canon por ceder la gestión durante 30 años y dedicar ese dinero a tapar agujeros. Pero para los usuarios, la privatización ha supuesto una fuerte subida de tarifas, menos inversiones en infraestructuras y peor calidad del agua (somos el tercer consumidor europeo de agua embotellada). El agua no es una mercancía, sino un bien esencial con el que no se debe hacer negocio. Y menos si tiene que duplicar su precio para equipararlo con Europa.

enrique ortega a partir de un vinilo de chispun

La privatización de la gestión del agua, acelerada desde 2009, supera ya el listón de la mitad de los Ayuntamientos españoles, tras los últimos casos en 2012 y 2013: Lugo (85.000 habitantes), Puerto de Santa María (85.000), Barcelona (adjudicación –paralizada- a Acciona del servicio en alta de Aigues del Ter Llobregat, con 4,5 millones de clientes en el área metropolitana de Barcelona) o Jerez de la Frontera (206.000 habitantes), junto a miles de pueblos pequeños como Candeleda (Ávila) o Laguna de Duero (Valladolid), en medio de una creciente protesta ciudadana. Y en Europa, las protestas contra la privatización del agua en varios paises han llevado un millón de firmas a Bruselas.

Una lista que se suma a las 33 capitales de provincia que ya tienen privatizada la gestión del agua: Barcelona (desde hace 70 años), Tarragona, Lleida, Girona, Teruel, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Huelva, Jaén, Granada, Almería, Guadalajara, Toledo, Ciudad real, Albacete, Cáceres, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, Melilla, Ávila, Salamanca, Zamora, León, Palencia, Valladolid, Soria, Santander, Oviedo, Orense y Pontevedra. Y miles de pequeños municipios, sobre todo menores de 50.000 habitantes. En total, tienen privatizada la gestión del agua un 53% de los municipios (38% privada y 15% mixta). Y ya son 25 millones de españoles a los que les gestiona o envía su recibo del agua una empresa privada.

Para los Ayuntamientos, privatizar la gestión del agua ha sido “una gran tentación”: una empresa llega con 80 millones bajo el brazo, a pagar ya, por la concesión del servicio del agua durante 30 años. Los ediles cogen el dinero y tapan agujeros, gastándolo en todo menos en el agua. Resuelven por hoy una parte de sus problemas y el que venga detrás que arree (es una hipoteca por 30 años). La excusa es que necesitan dinero, pero también hay un componente ideológico: la mayoría son alcaldes del PP, que creen que lo privado es mejor que lo público por definición. Así, la alcaldesa de Jerez (PP) lo intentó en 2003 y cuando ha vuelto al poder, en 2011, lo anunció a los tres meses de tomar posesión.

La privatización del agua ha creado una “burbuja hídrica”, inflada por constructoras que han cambiado el ladrillo por el agua. Un duopolio que se reparten Agbar (45% mercado, 13 millones de clientes) y FCC-Aqualia (34%, 9 millones de clientes), con Acciona (2,9 millones abonados). Para ellas, es un doble negocio: construcción de infraestructuras y gestión del agua. Un negocio redondo: pagan un canon y se aseguran durante 20, 30 y hasta 50 años unos recibos seguros (el 95% se pagan), a unos precios que se revisan anualmente. En Jerez, por ejemplo, FCC-Aqualia paga 80 millones (en un año) por gestionar durante 25 años un servicio de aguas que ganaba 9 millones al año (9x25= 225 millones). Un chollo. Y más si cuenta con la garantía de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: tiene que haber un equilibrio económico-financiero y si el contratista pierde dinero, el Ayuntamiento debe permitirle resarcirse subiendo tarifas.

El problema de la privatización es doble. Por un lado, se privatiza la gestión de muchas empresas municipales que ganan dinero, sólo para conseguir liquidez. Por otro, las empresas privadas pagan el canon con créditos bancarios, con la garantía de las tarifas que van a cobrar. Así que el usuario paga por tres conceptos: el coste del agua, el pago de los intereses del crédito (este es un negocio también para bancos y Cajas) y el beneficio de las empresas (el sector del agua gana unos 1.000 millones). Por ello, las empresas privadas suelen subir más las tarifas tras la privatización: es lo que ha pasado en Huelva (subida tarifas +40,7% desde enero 2011), San Fernando (+117% desde 1.974) o Barcelona (+27% en 2013).

Pero hay más pegas. La primera, que las empresas rebajan sus inversiones en agua, para conseguir beneficios. Y eso repercute en el servicio (cortes, presión) y en la calidad del agua. De hecho, se ha duplicado la venta de agua embotellada en las dos últimas décadas y España es el tercer consumidor europeo (136,5 litros per cápita). Y lo peor, no están interesadas en el ahorro de agua: cuanto más consumo, más facturación y más beneficios. Además, en muchos casos, no se controla bien su gestión y le dedican menos recursos de los que obliga la concesión. Por todo, la gestión privada del agua es menos eficiente que la pública, según un estudio realizado en Andalucía por la Universidad de Granada.

Y más cara. En los últimos años, las tarifas han subido entre un 24% (Madrid) y un 100%, más en las que tienen la gestión privatizada. En 2012, el precio medio estaba en 2,87 euros por m3, tras subir un 5%, según FACUA, cuyo estudio revela que el precio del agua es tres veces más caro en unas ciudades (Murcia, Cádiz o Palma) que en otras (Valladolid). Critican que no haya una tarifa según el número de miembros de la familia y no se penalicen más los consumos excesivos. Y que cada Ayuntamiento haga lo que quiera con el agua. De hecho, muchos expertos piden  una Agencia estatal del Agua, que ponga orden y transparencia, como existe para la luz y el gas (Comisión de la Energía) o en la telefonía (CMT). Debería establecer obligaciones de suministro, fijar estándares de calidad, homogeneizar recibos, vigilar tarifas y asegurar una gestión transparente y eficaz del agua.

Pero no se va por ahí y la previsión de las propias empresas es que sigan las privatizaciones hasta conseguir el 70% del mercado en 2014, tras varios concursos sustanciosos que están esperando: Vitoria, Zaragoza, Burgos, mancomunidad de Canales de Taibilla (79 municipios y 3 millones de abonados en Alicante, Murcia y Albacete) y sobre todo Madrid: en 2012 se paró la privatización del Canal de Isabel II (6 millones abonados), pero el presidente Ignacio González está empeñado en hacerlo para 2014.

El problema del agua no es sólo su gestión, que ha de ser eficaz. Hacen falta grandes inversiones (16.000 millones), sobre todo para depuración (Bruselas nos obliga a construir un millar de pequeñas depuradoras, el 20% que falta) y alcantarillado (está hecho un desastre y es causa de  muchas inundaciones), así como para modernizar viejos abastecimientos. Y esto obliga a subir tarifas, que, de media, sólo cubren el 70% de los costes: habría que duplicar el precio del agua en unos años, para homogeneizarlo con Europa. Pero los usuarios no podemos, además, pagar más para financiar las privatizaciones.

Hay que pagar más por el agua, para asegurar el suministro y la calidad. Vale. Pero no para pagar el beneficio de las constructoras privadas. Pagar más con transparencia y control público de inversiones y tarifas. Con facturas claras como el agua.