Este año han vuelto a aumentar las horas extras que se hacen en España, 5,8 millones cada semana, como sucede desde 2012, gracias a la reforma laboral de Rajoy. Y más
de la mitad de estas horas extras
no se pagan, frente a un tercio antes de la crisis. Muchas empresas afrontan el
aumento de trabajo exigiendo más horas, no contratando gente. Y esto puede ir a
más, después de que dos sentencias del
Supremo (marzo y abril 2017) hayan establecido que las empresas no están obligadas a
llevar un registro diario de jornada, hasta ahora obligatorio. Con ello,
los inspectores de Trabajo se quejan
de que pierden el mecanismo clave para controlar las horas extras. Y además, les faltan medios para vigilar los
abusos, porque España tiene la mitad de inspectores que Europa.
Urge tomar medidas para limitar las
horas extras, porque quitan 156.300
empleos cada año. Y son un fraude que reduce los ingresos de
la Seguridad Social y las futuras pensiones.
enrique ortega
España
ha
sido siempre “un país de horas extras”, con una tendencia a alargar la
jornada laboral “haciendo horas”: el
trabajador las veía como una forma de “redondear
su sueldo” y la empresa como un sistema para ahorrarse en sueldos y
cotizaciones, ganando en flexibilidad. Así se llegó, en los años de “vacas
gordas”, a un récord de 10,2 millones de
horas extras a la semana en el
primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y cayeron los pedidos, con lo que las empresas metieron un tajo a las horas
extras, que bajaron a la mitad, a un mínimo de 4,5 millones de horas a la semana en el verano de 2012. Pero ese
año, el Gobierno Rajoy aprobó la reforma laboral, que da más poder a
los empresarios para regular la jornada de sus trabajadores. Y a medida que la
economía se ha ido recuperando, han
vuelto a crecer las horas, desde 2012: 6,1 millones a la semana a finales
de 2013, 5,4 millones a finales de 2014, 5,9 millones a finales de 2015, 5,48 a
finales de 2016 y ahora, 5.871.200 horas extras semanales en el primer trimestre
de 2017, según el INE
(EPA).
Junto a la recuperación de las horas extras, hay un cambio fundamental en estos años: la mayoría de estas horas extras no se
pagan, el trabajador las hace gratis total. Si en 2008 sólo se
hacían gratis el 37,8% de las horas
extras y el 48,8% en 2011, a partir
de 2012, con el elevado paro (casi 6 millones) y la reforma laboral de Rajoy, son ya más las
horas extras que se hacen gratis que las que se pagan. Y así, año tras año,
hasta primer trimestre de 2017, en que un
51,4% de las horas extras (3.018.700) se
hacen gratis, sin cobrar por ellas, según el INE. Y eso porque
los trabajadores saben perfectamente que no pueden negarse si quieren mantener
su empleo.
Este abultado número de horas extras explica en gran
medida que la jornada laboral en España
sea una de las más largas del mundo,
según
la OCDE (datos 2015): trabajamos una
media de 1.691 horas anuales (263
horas menos que en 1979), por debajo de la media de los 35 paises OCDE (1.766
horas) y de Italia (1.725 horas), pero por encima de las horas que trabajan
Alemania (1.371 horas), Francia (1.482 horas) o Reino Unido (1.674 horas). Y en
cómputo semanal, trabajamos 38 horas
semanales (2015), sólo por detrás de Grecia (42 horas) y Portugal (39,3), más
horas que Francia (37,2), Italia (36,9), Reino Unido (36,5), Irlanda (35,4),
Alemania (35) y Holanda (30 horas), según los últimos datos de la OCDE.
¿Quién
hace horas extras en España? Resulta curioso ver que son
una
minoría de trabajadores, sólo el
4,85 % de los asalariados, según los datos del INE (EPA): de 15.340.800 asalariados que trabajaban en marzo de 2017, sólo 744.500 trabajadores habían hecho horas
extras la última semana, un promedio de 8,8 horas cada uno. Son unos 100.000 trabajadores más de los que
hacían horas extras en 2011 (655.500 asalariados). La mayoría (230.500) hacen de 4 a 6 horas semanales, seguidos de los que hacen de 10 a 12 (147.400 trabajadores) y de
1 a 3 horas semanales (127.400). La mayoría de horas extras se hacen en la
industria, la hostelería, el comercio, los transportes, la sanidad y la banca.
Y otro dato curioso: los que hacen horas extras no son los trabajadores más
precarios sino los que laboralmente
están mejor: hombres (59%) con contrato indefinido (75% de los que hacen
horas), con jornada a tiempo completo (75%) y sobre todo técnicos y directivos, trabajadores “de cuello blanco”, según un detallado estudio realizado por CCOO. Sin embargo, resulta chocante que los trabajadores a tiempo parcial sean los que han triplicado sus horas extras desde 2008, según los datos del INE. Y que teniendo media jornada hagan casi tantas horas extras como los que tienen jornada completa.
La normativa laboral vigente (Estatuto de los
Trabajadores) limita a 80 horas anuales
las horas extras y establece que hay un periodo de 4 meses para que el
trabajador recupere con libranzas las horas extras realizadas. Pero en muchos
casos, no se recuperan ni tampoco se cobran.
Son “lentejas”. Los sindicatos
llevan un par de años luchando contra el abuso de las horas extras, especialmente
en la banca, donde cada año siguen los despidos mientras los que se quedan
amplían la jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los
tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (en diciembre de
2015 y febrero y marzo de 2016) obligando
a los bancos (y por extensión, a las demás empresas) a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para
comprobar sus horarios y las horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias de
la Audiencia Nacional, la inspección de
Trabajo aprobó en marzo de 2016 una instrucción interna para exigir a las
empresas este registro diario de
jornada. Y se lanzaron a inspeccionar (y multar) a muchas empresas.
Pero la banca
recurrió las tres sentencias contrarias de la Audiencia nacional (contra
Bankia, Sabadell y Abanca) y el Tribunal
Supremo les dio la razón, en dos sentencias (23 marzo y 20 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un
registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de las horas
extras y comunicárselas cada mes a los trabajadores afectados. Al ser ya dos
sentencias, el Supremo “sienta
jurisprudencia” y la Inspección de Trabajo se ha visto obligada a cambiar su instrucción de marzo, aprobando otra el 25 de mayo donde ya no se exigirá a las empresas el registro
diario de jornada.
Ahora, ¿qué va a
pasar con las horas extras? Los inspectores de Trabajo se quejan de que las sentencias del Supremo les han quitado el instrumento más eficaz con el que
contaban para detectar las horas extras, el registro diario de jornada. Y
que detectar el fraude, el exceso de
horas extras por las que ni se paga ni se cotiza, va a ser ahora más difícil. Sobre todo
porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistema informáticos, y porque el nivel de fraude es elevado. Según los últimos datos disponibles, de
2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas.
Y eso que sólo hizo 2.900 actuaciones
(hay más de 3 millones de empresas).
Los inspectores de
Trabajo creen que la normativa actual deja muchos resquicios a las horas
extras sin control y que habría que aprobar una normativa ad hoc, que ayudara a controlar mejor este fraude. De hecho,
las propias sentencias del Supremo admiten que “convendría
una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro
horario y facilitara al trabajador el probar las horas extras que hace”.
De momento, el PSOE acaba de presentar en el Congreso una proposición de Ley para obligar a las empresas a llevar un registro diario de la jornada laboral. Pero la patronal no quiere oír hablar de este registro y piden autonomía para
que las empresas regulen horarios y horas extras, como les permite la reforma
laboral de 2012. Y mientras, los sindicatos se quejan de que no se
les informa de las horas y que los trabajadores no denuncian por miedo a perder
su empleo (y por la necesidad que tienen de redondear sus ingresos con las
horas que sí les pagan).
El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas
que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan así contratar nuevos
empleados, con lo que las horas extras
evitan crear 156.300 empleos, según cálculos de CCOO. Por otro, al no pagarse más de la mitad de las horas
extras, tampoco se cotiza por ellas, lo que se traduce en menos ingresos para la Seguridad Social y una menor pensión futura para los
trabajadores afectados. UGT estima
que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por
cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, los trabajadores que hacen horas sin cobrarlas dejan de percibir ingresos a los que
tendrían derecho: entre 2010 y 2015 dejaron de percibir 12.500 millones de euros sólo por horas extras, según los cálculos de UGT. Y además, se les paga un sueldo más bajo del que deberían recibir porque
se les compensa en parte pagándoles (menos) por las horas extras que sí cobran.
Que los trabajadores con empleo hagan tantas horas extras es un escándalo en
un país que todavía tiene 4.255.000 parados. Urge aprobar una Ley
que controle con eficacia la jornada laboral y limite el uso de las horas
extras, para que las empresas no se agarren a los Tribunales para aprovechar el
vacío legal existente. Y urge aprobar un
Plan de lucha contra el fraude en las horas extras, con una estrategia
clara y más medios, sobre todo más inspectores de Trabajo: hay 1.800 inspectores
y subinspectores, la mitad de funcionarios para inspección que en Europa, según datos de la OIT (hay 1 inspector de Trabajo por
cada 15.000 asalariados en España frente a 1 por cada 7.300 en la Unión europea).
En definitiva, se está creando empleo (muy precario),
pero se podría crear más empleo si los
trabajadores ocupados hicieran menos
horas extras y las empresas afrontaran esa mayor carga de trabajo con
nuevos empleos, no forzando a hacer horas gratis a los que ya trabajan. Es algo sencillo de entender y fácil de
controlar, si el Gobierno aprueba unas normas claras, que no puedan “interpretar”
los tribunales, y si hay inspectores suficientes para evitar el fraude. Porque
una actuación decidida, con sanciones ejemplares a las empresas que abusen,
reduciría en poco tiempo las horas extras al mínimo. Y aumentaría el empleo y los ingresos de la Seguridad Social, que
falta nos hacen.
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