Los ciberataques, una guerra silenciosa

La guerra en Ucrania ha intensificado los ciberataques en Europa, incluso desde enero, antes de la invasión rusa. El Gobierno español ha elevado a nivel 3 la alerta cibernética, reuniéndose con grandes empresas y pidiendo a los funcionarios que cambien sus claves. Pero los ciberataques no sólo crecen por la guerra: llevan años disparados. De hecho, se han triplicado las denuncias de los particulares y hasta la policía dice que tenemos más riesgo de sufrir un fraude en internet que un atraco en la calle. Y un 94% de las empresas españolas sufrieron al menos un incidente grave de seguridad en 2021, con altos costes. El Gobierno ha puesto en marcha, desde 2019, una Estrategia contra los ciberdelitos, que se refuerza ahora con los Fondos europeos. Pero faltan recursos y personal cualificado, también en las empresas, sobre todo en las pymes. Y los internautas tampoco ponemos los medios suficientes para protegernos. Es hora de tomarse en serio esta otra guerra que nos amenaza cada día.

Enrique Ortega

La ciberdelincuencia es un grave problema mundial, un negocio que mueve ya más dinero que el tráfico de drogas, unos 5,5 billones de euros en 2020, según datos de la Comisión Europea. Y si ya era un riesgo global, se ha acelerado con la pandemia, al haberse multiplicado la conexión a Internet, la conectividad, el teletrabajo y las compras online, multiplicándose por cuatro el fraude cibernético, según el FBI. En España, los ciberdelitos aparecen en primer lugar en el ranking de los delitos más preocupantes para los próximos años, según la Estrategia nacional contra el crimen organizado aprobada en 2019.

Ahora, con la guerra de Ucrania, incluso antes de la invasión, se han disparado los ciberataques contra infraestructuras básicas, instituciones  y grandes empresas, en Europa y en España. Es la llamada “guerra híbrida”, que mezcla ciberataques y propaganda. De hecho, la Unión Europea ya anunció el 22 de febrero, dos días antes de la invasión de Ucrania, el despliegue de un equipo de respuesta cibernética en toda Europa, mientras muchos paises y también EEUU, elevaban su nivel de alerta cibernética. En España, un informe del Centro Criptológico Nacional (dependiente del CNI) ya alertaba en enero sobre “el riesgo de ciberataques de alta persistencia y sofisticación tecnológica”. Y señalaba que España sufre diariamente ciberataques de peligrosidad muy alta o crítica contra el sector público y grandes empresas privadas, parte de ellos procedentes de “otros Estados” que tienen entre sus motivaciones debilitar nuestra capacidad política, económica y tecnológica”, sin citar nombres de paises, aunque Rusia siempre es el primer sospechoso.

Ahora, una vez invadida Ucrania, el Gobierno español decidió, el 9 de marzo, elevar la alerta cibernética al nivel 3 (hay 5 niveles), ante el temor de que arrecien los ciberataques rusos. Y en paralelo, ha creado un Comité de Ciberseguridad, dirigido por el CNI y bajo el paraguas del Comité de Crisis creado en la Moncloa, que está coordinando la defensa ante los ciberataques. Por un lado, se ha reunido con las grandes empresas del IBEX y las empresas estratégicas (energía, telecomunicaciones, servicios esenciales) para coordinar medidas e intercambiar información. En paralelo, se ha instruido a diplomáticos, funcionarios e instituciones públicas (incluidas Universidades) para que cambien contraseñas y refuercen la ciberseguridad. Incluso han pedido al Congreso que los diputados extremen la precaución en el uso de sus móviles y dispositivos informáticos.

Pero el problema de la ciberseguridad es muy anterior a la guerra de Ucrania. La generalización del uso de Internet, sobre todo en estos 2 años de pandemia, ha multiplicado los ataques, tanto a particulares (que compran y operan más por Internet) como a las empresas, a quienes el teletrabajo ha aumentado su brecha de seguridad. Los datos son muy relevantes. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (con sede en León) gestionó  en 2020 (últimos datos oficiales) 133.155 incidentes de seguridad en particulares y 861 incidentes en operadores privados, sobre todo en Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. Y en 2021, con datos del primer semestre, el INCIBE atendió 69.211 consultas (al teléfono 017 o bien online), un 68% más que en 2020: envío de SMS fraudulentos, robo de datos, suplantación de identidad, falsos soportes técnicos, fraude en compraventas, tiendas online falsas, hackeo de cuentas o dispositivos, sextorsión, problemas con menores…

La ciberseguridad no es sólo un problema de los Estados, instituciones públicas o grandes empresas, sino que nos afecta a todos los que utilizamos Internet. De hecho, más de la mitad de internautas (un 55,3%) sufrieron alguna incidencia de seguridad online en la primera mitad de 2021, según el INCIBE. Y de ellos, la mitad (el 28% del total) sufrieron un incidente grave. La mayoría de los incidentes fueron correos indeseados (85%), virus informáticos y códigos maliciosos (61%). Y son 4  las amenazas más comunes denunciadas: estafas informáticas (phising o robo de contraseñas y datos bancarios y carding, el copiado de tarjetas), daños a cambio de dinero, fraude en las telecomunicaciones (robo de wifi) y delitos contra la intimidad (sextorsión o bullying informático).

En el caso de las empresas, los ciberataques son aún más preocupantes: el 94% de las empresas españolas sufrieron un incidente grave de seguridad en 2021, según un reciente informe de la consultora Deloitte. De ellas, el 69% sufrieron entre 1 y 2 ataques y un 25% sufrieron más de 2 ataques en 2021. Las más afectadas fueron las aseguradoras (4 ataques graves de media), empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnológicas (3 ataques), empresas de fabricación (2,80 ataques), bancos (2,25) y la Administración Pública (2 ataques graves: recordemos la paralización de las oficinas del SEPE). Los ataques se dan más a las grandes empresas (hay más “botín”), pero son más frecuentes en las pymes, que están menos preparadas: 1 de cada 5 pymes ha sufrido un ataque informático en el último año, con un coste medio de 35.000 a 75.000 euros por empresa, según Acens.

Cuatro son las ciberamenazas habituales a las empresas. La más utilizada (19% empresas la han sufrido) es el phising (el robo de datos), seguida de cerca por el ransomware (se restringe el acceso a los datos de la empresa y se pide un rescate para desbloquearlo), sufrido por el 18% de las empresas, el malware (introducir un programa malicioso que realiza acciones dañinas), que afectó a otro 14% de empresas, y el data breach (escape o filtrado de datos), que afecta a otro 10% de compañías. En conjunto, las estadísticas revelan que la media anual de ciberataques a empresas subió un 21% en 2021.

Al final, no todos los ciberataques se denuncian, en unos casos por desconocimiento o pereza (particulares) y en otros por preservar la imagen de marca (empresas). Con todo, los delitos informáticos denunciados se han triplicado: han pasado de 92.716 denuncias en 2016 a 287.963 denuncias en 2020 (+31%), último año que figura en el informe del Ministerio del Interior. El problema es que resulta muy difícil investigar muchos de estos ciberdelitos, porque su origen está en paises extranjeros muy opacos (Rusia, paises del Este, Asia) y no es fácil demostrar la autoría ni detener a los culpables. Por eso, de los 287.963 delitos denunciados, sólo se esclarecieron 38.046 (el 13,2%) y fueron investigados y detenidos sólo 11.280 delitos (el 3,91%). Un dato curioso, que contrasta con lo que muchos piensan, es que el 79,2% de los ciberdelincuentes detenidos fueron españoles.

Lo preocupante es que los ciberdelitos, a particulares (lea cómo es un fraude online) y empresas, se han aupado al 7º lugar del ranking de delitos más comunes, por delante del tráfico de drogas y de los robos con violencia (la propia policía cree que “es más fácil que nos roben por Internet que nos atraquen en la calle”). Los investigadores indican que el auge de los ciberdelitos se explica por varias razones: la facilidad para delinquir (los equipos tienen bajo coste), el poco riesgo (sólo se esclarecen y detienen el 3,91% de los delitos denunciados) y porque se ha producido una “migración” de delincuentes de otros delitos (droga, robos) a los ciberdelitos, donde trabajan para grandes mafias que les compran datos. Y hay otra explicación más: la falta de medios especializados, en las comisarías y en las fuerzas de seguridad, para detectar y perseguir estos delitos, que promueven mafias muy poderosas.

Las autoridades que vigilan los ciberdelitos, en especial el INCIBE, multiplican sus esfuerzos para que particulares y empresas refuercen su ciberseguridad. Pero hacemos poco. La prueba es que sólo el 61% de los internautas han cambiado sus hábitos (cambio contraseñas, antivirus, herramientas de privacidad) tras sufrir un problema de ciberseguridad. Y sólo un 30% de los internautas han cambiado sus hábitos de compra tras un fraude online, según los datos de INCIBE, que alerta además de una reducción de las medidas de seguridad (programas antispam, cortafuegos, antivirus) tanto en los ordenadores de casa como en los teléfonos móviles. Y llaman la atención sobre la costumbre generalizada de usar fuentes desconocidas para la descarga de aplicaciones (una de las vías principales de entrada de virus). Además, reiteran en su web las recomendaciones de seguridad para los usuarios: actualizar dispositivos y aplicaciones, antivirus, seguridad de contraseñas, descargas aplicaciones en sitios seguros y realizar periódicamente copias de seguridad.

Para las empresas, el mejor consejo de ciberseguridad es gastarse dinero, darle importancia institucional (crear un responsable de seguridad con categoría y medios) y la formación de los empleados (que son la principal entrada involuntaria de virus, vía correo electrónico, navegación por Internet o aplicaciones descargadas). Muchas empresas subcontratan la ciberseguridad y eso les resta eficacia. Y en el caso de las pymes, apenas se invierte en seguridad ni se cuenta con planes y personal preparado. De hecho, los especialistas en ciberseguridad van  a ser los profesionales más demandados en los próximos años: harán falta 83.000 nuevos especialistas para 2024, según el INCIBE.

El Gobierno Sánchez lleva desde 2019 empeñado en la lucha contra el cibercrimen y este trabajo ya ha dado algunos frutos: España es el 4º país del mundo con más ciberseguridad global, según el Global Cybersecurity Index 2020, elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), sólo por detrás de EEUU (1º), Reino Unido y Arabia Saudí (2º) y Estonia (3º), empatado a puntos (98,52 sobre 100) en el 4º puesto con Corea y Singapur y por delante de Francia (9º lugar), Alemania (13º) o Italia (20ª). El índice mide 5 indicadores y España ha obtenido el máximo (20 puntos) en cuestiones legales, capacidad de desarrollo y cooperación, obteniendo una alta nota en la aplicación de capacidades técnicas (19,54 puntos) y estrategias nacionales de ciberseguridad (18,98).

En enero de 2019, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado que incluía un Plan Estratégico de Ciberseguridad. Y en abril de 2019, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En julio de 2020 se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad, un especio de colaboración entre la administración pública y las grandes empresas privadas para reforzar la ciberseguridad. En diciembre de 2020, se aprobó la Agenda Digital 2025, un Plan para reforzar la digitalización de la economía y de la Administración, con medidas de ciberseguridad. Y el 9 de marzo de 2021, el Ministerio del Interior aprobó el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que se refuerza con los Fondos europeos destinados a la ciberseguridad en el Plan de recuperación (260 millones, entre 2021 y 2024, para que las pymes refuercen su ciberseguridad. Y todo ello dentro del paraguas de la Unión Europea, que ha centralizado toda su gestión de la ciberseguridad europea en un nuevo Centro, abierto en Budapest en febrero de 2022. En España, el Centro de  gestión de la ciberseguridad pública se acaba de adjudicar a Telefónica e Indra.

Parece que los poderes públicos, europeos y españoles, se han tomado en serio la guerra contra la ciberdelincuencia, uno de los grandes retos del siglo XXI, junto al cambio climático y la revolución tecnológica. Pero queda mucho por hacer. A nivel público, dedicar más dinero y medios a la lucha contra la ciberdelincuencia: baste decir que el Plan contra la Cibercriminalidad contó en 2021 con 1 millón de euros de presupuesto… Y las empresas apenas gastan en ciberseguridad, solo las muy grandes, no las pymes. Y nosotros, los particulares, ni gastamos en seguridad ni tomamos apenas medidas de defensa, al navegar por Internet, abril correos, compartir información o bajarnos aplicaciones. Hay que tomarse más en serio esta guerra, como ahora la defensa europea o la autonomía energética. Porque la ciberdelincuencia es cada día más fuerte y peligrosa. Nos jugamos mucho.

 

Gobierno no se forra con la energía, señor Feijoo

Me han soliviantado las declaraciones de ayer del líder in pectore del PP, menos de 24 horas después de mostrarse como “moderado” en La Palma, apoyando al Gobierno ante la crisis de Ucrania: “El Gobierno se forra con la subida de la luz y de los carburantes, porque la mitad del precio son impuestos”. Mentira, señor Feijoo y por partida doble. Quien se “forra” con los impuestos de la energía es el Estado, o sea todos nosotros, los ciudadanos, que nos beneficiamos de esa mayor recaudación en la sanidad, la educación, los servicios públicos y las ayudas a particulares y empresas. Y además, la recaudación extra de la energía no va solo al Presupuesto del Estado, sino que se forran también las autonomías (incluida la Xunta de Galicia del señor Feijoo). Y más que el Gobierno central: la mitad del IVA que recauda la luz y los carburantes se destina a las autonomías y también el 52% del impuesto especial de hidrocarburos que pagan los carburantes (12.400 millones este año). Así que, puestos, se “forran” más las autonomías y el señor Feijoo que Hacienda y el Gobierno Sánchez…

                                                                                                           Enrique Ortega
Pero además, el señor Feijoo miente también cuando dice que si el PP estuviera en el Gobierno habría bajado ya los impuestos a la luz y a los carburantes. Primero, los impuestos a la luz ya los bajó el Gobierno Sánchez en septiembre del año pasado (el IVA del 21 al 10% y el impuesto especial de la electricidad del   al mínimo del 0,5%) y ha prorrogado ahora esta rebaja hasta el 30 de junio. Y ni estos impuestos ni los de los carburantes (por cierto, los cuartos más bajos de Europa) puede bajarlos más sin autorización de Europa. Precisamente, lo que quiere el Gobierno español es que la próxima Cumbre de Bruselas (el 24 y 25 de marzo) autorice a los paises a bajar el IVA de los carburantes (del 21 al 10%) y el impuesto especial (hasta un mínimo). El señor Feijoo podría ayudar al Gobierno y a los españoles llamando a sus colegas del PP europeo (que son mayoría en la Comisión Europea) para facilitar esta bajada: sería más útil que su demagogia.

Todo el mundo tiene prisa porque se tomen medidas para bajar el precio de la luz y los carburantes. Pero no es fácil. Primero, si se reducen ingresos públicos, habrá que ver cómo compensarlos y eso es lo que quiere debatir Hacienda con las autonomías. Segundo, implantar cheques o ayudas directas a las familias, como han hecho Francia o Irlanda, es muy complicado a nivel administrativo. Otra cosa es aumentar el bono eléctrico a los más vulnerables, como se ha hecho. Y buscar ayudas a las familias y sectores más afectados, como industrias, transporte o pesca. Pero la clave, nos guste o no, está en Bruselas y, sobre todo en cambiar el sistema de fijación de precios de la luz y poder bajar impuestos a los carburantes. Y en Europa, las cosas van lentas: habrá que esperar 10 días más.

Mientras, tenga una cosa clara, señor Feijoo: quien se está “forrando” con la energía son las eléctricas (6.534 millones de beneficios en 2021 entre Iberdrola, Endesa y Naturgy) y las petroleras (2.499 millones de beneficio tuvo Repsol). Pero de ellas no habla usted, quizás porque son poderes económicos “cercanos”. Deje de hacer demagogia populista. Y que no “calen” sus mentiras.

Una década exportando más

La guerra de Ucrania afecta a todo, frenando la recuperación y también las exportaciones españolas, que ya “nos han salvado” dos veces: en la anterior crisis (la recesión habría sido mayor entre 2009 y 2014 si las exportaciones no hubieran crecido) y en 2021, cuando han contribuido a la recuperación, con un aumento histórico del +21,2%, mayor que la subida de  exportaciones de Europa, EEUU y China. De hecho, las exportaciones españolas llevan 11 años subiendo, desde 2010, y han permitido (con el turismo) otro “milagro económico”: que España tenga superávit con el exterior en la última década, algo que no pasaba antes, donde la falta de divisas estrangulaba nuestro crecimiento y rebajaba nuestra solvencia. Ahora somos un país más “independiente”, lo que permite financiar el crecimiento y la deuda. Pero hay que “mimar” las exportaciones, demasiado centradas en Europa, en la maquinaria, los automóviles y la alimentación y en productos de bajo valor y poca tecnología. Hay que promover las exportaciones, para que nos salven otra vez.

Enrique Ortega

Uno de los mayores cambios de España en las últimas décadas ha sido que el país se ha abierto comercialmente al exterior, sobre todo con el ingreso en la CEE (1986) y en el euro (2000). De hecho, las exportaciones españolas llevan creciendo, año tras año, desde 1995 a 2021, con sólo tres años de caída (2008, 2009 y 2020), según los datos de Comercio. El tirón de las exportaciones se ha notado más desde 2010, cuando la anterior crisis obligó a las empresas españolas a buscar mercados fuera, ante la caída de la demanda dentro. Eso ha provocado que las exportaciones españolas se hayan más que  duplicado: de 159.889 millones vendidos fuera en 2009 a 316.609 millones exportados en 2021, un récord histórico. Y con ello, las exportaciones han ganado un enorme peso en la economía: si en 2009 aportaban sólo un 15% del crecimiento total (PIB), en 2021 han aportado un 26,31%, más de la cuarta parte. Y si añadimos a las exportaciones de mercancías las de servicios (trabajos realizados fuera por empresas españolas), la aportación de todas las exportaciones supone ya más de un tercio de la economía, el 35% en 2021 (22% en 2009).

Pero no sólo son importantes las exportaciones porque aportan un tercio del crecimiento total, sino también porque “nos han salvado dos veces”  en poco más de una década, contrarrestando el bajo crecimiento interno. La primera ocasión fue con la crisis de 2008: entre 2009 y 2013, la economía española estuvo en recesión, con bajadas del PIB, pero habríamos caído mucho más si las exportaciones no hubieran crecido esos años malos. Basten dos ejemplos. Uno, el año 2009, el peor año de la anterior crisis: el PIB cayó un -3,6%, pero hubiera caído mucho más si las exportaciones no hubieran aportado un +2,8% de crecimiento. Otro ejemplo, 2012, el 2º peor año de la anterior crisis: el PIB cayó -1,42%, pero la recesión hubiera sido mucho mayor si no hubiera sido por las exportaciones, que crecieron un +2,5%. Así que en estos años malos, las ventas fuera ayudaron a que no fueran peores.

Ahora, con la pandemia, las exportaciones nos han vuelto a salvar, cayendo menos que la economía en 2020 (-1,9% frente al -10,8% que cayó el PIB) y ayudando a la recuperación conseguida en 2021 (del +5% que creció el PIB, +0,4% lo aportaron las exportaciones).

Veamos qué ha pasado con las exportaciones en 2021. Batieron un récord histórico, con ventas al exterior por 316.609 millones de euros, un aumento del 21,2% sobre 2020 (el año en que cayeron un -10,21%, por la pandemia). Y hay que destacar que este tirón exportador en 2021 ha sido mayor en España que en el resto de Europa (las exportaciones de la UE crecieron un +17,1%), que en Alemania (+13,9%), Francia (+15,2%) o Reino Unido (+9,4%) e incluso crecieron más que en China (+21,1%), siendo sólo mayor el aumento exportador en Estados Unidos (+23,1%) y Japón (+21,5%), según datos de Comercio.

¿Qué exporta más España? En 2021, las mayores partidas de ventas al exterior son los bienes de equipo (18,6% de las exportaciones: maquinaria, motores, material de transporte y aparatos eléctricos), alimentos (18% del total, un récord histórico, destacando las ventas fuera de frutas y carnes), productos químicos y medicamentos (17% del total), automóviles (12,8%), semi manufacturas no químicas (11,2% del total: metales, hierro, papel y cerámica) y manufacturas de consumo (9,6%: textil, calzado y juguetes). Son más o menos los mismos artículos que España exportaba hace una década, pero han ganado peso las exportaciones de alimentos, productos químicos y medicamentos, más ropa y calzado, perdiendo peso las exportaciones de automóviles (16,1% del total en 2010, 12,8% ahora) y productos químicos.

¿A dónde exportamos? En 2021, casi dos tercios de todas nuestras ventas exteriores fueron a la Unión Europea (61,8%), destacando las exportaciones a la zona euro (54,5% del total), en especial a Francia (destino del 15,9% de nuestras exportaciones), Alemania (10,2%), Italia (8,4%), Portugal (7,9%), Bélgica (4,5%), Paises Bajos (3,6%) y Polonia (2,4%). Otro 11,8% de nuestras exportaciones van a paises europeos no comunitarios, destacando Reino Unido, donde nuestras ventas han caído con el Brexit (del 6,6% en 2020 al 5,9% en 2021), Suiza (1,8%), Turquía (1,7%) y Rusia (donde van sólo el 0,7% de nuestras exportaciones). Fuera de Europa, otro 10,1% de las exportaciones van a América (5,3% a EEUU y sólo el 4,6% a Latinoamérica, destacando el 1,3% que van a México), un 8,9% a Asia (destaca China, destino del 2,7% de nuestras exportaciones), un 2,4% a Oriente Medio, otro 5,8% a Africa (Marruecos, con el 3% es allí nuestro primer cliente) y el 0,6% se exporta a Oceanía.

En la última década han aumentado en España las empresas exportadoras, ahora unas 100.000 compañías, aunque sólo la mitad exportan habitualmente: 59.169 las empresas exportaron en 2021 “de forma regular” (el año pasado y los tres años anteriores), casi el doble que en 2010 (30.000). El problema es que la exportación está muy concentrada en pocas empresas: las 25 grandes concentran el 22,8% de toda la exportación y entre 5.000 empresas exportan el 87% del total, porque la mayoría de los exportadores son pymes, que venden poco (41.082 exportadores regulares exportan entre 50.000 a 500.000 euros), según Comercio. Y además, las empresas exportadoras se concentran en 5 autonomías, que acaparan dos tercios de la exportación: Cataluña (origen del 25,4% de las exportaciones), Madrid (12,6%), Andalucía (10,9%), Comunidad Valenciana (10,2%) y País Vasco (8,1%). Choca que Extremadura sólo exporte el 0,8% del total y Castilla la Mancha el 2,9%.

España se ha convertido en una potencia exportadora, ocupando ahora el puesto 18º en el último ranking mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 2020, donde hemos perdido 2 puestos sobre el ranking de 2009 (nos han adelantado Taiwán y Suiza). Y en ese ranking, encabezado por China (14,7% de cuota en el mercado mundial) y EEUU (8,1%), somos el 8º mayor exportador de Europa, con un 1,7% de cuota mundial (igual porcentaje que en 2009), sólo por detrás de Alemania (7,8%), Paises Bajos (3,8%), Italia (2,8%), Francia (2,8%), Bélgica (2,4%), Reino Unido (2,3%) y Suiza (1,8%).

A pesar del salto exportador y del récord histórico de 2021, las exportaciones españolas tienen varios problemas de fondo, estructurales. Por un lado, la excesiva concentración de nuestras exportaciones, tanto por su destino (el 61,8% van a los paises UE, mientras Alemania sólo exporta el 54% a los 27, según el último informe de Eurostat) como por su origen (dos tercios salen de 5 autonomías) y por el reducido número de empresas que exportan regularmente. Además, otro hándicap es que España exporta mercancías de bajo contenido tecnológico y poco valor añadido, con lo que compite más por precio que por innovación. Y eso hace que los exportadores españoles sean muy sensibles a los aumentos de costes, de la energía o de los salarios, con lo que “el milagro exportador” se ha asentado sobre los bajos salarios españoles : el coste salarial es de 16,8 euros por hora, un 22% menos que la media europea (24,2 euros por hora pagan en la UE-27) y un 41% menos que en Alemania (28,6 euros por hora), según Eurostat. Así que somos “la China de Europa”: competimos sobre todo por los bajos salarios.

Junto a estos problemas estructurales, la exportación española se enfrenta ahora a una serie de problemas coyunturales. El primero y fundamental, la alta inflación, un hándicap para vender en general y también para vender fuera. Y más si los precios en España suben más que en el resto de Europa: la inflación anual en febrero fue  aquí del +7,6%, según el INE, frente al +5,8% que subió en la zona euro, el +5,5% en Alemania, el +4,1% en Francia o el +6,1% en Italia, nuestros competidores. Por eso resulta crucial que no se disparen los salarios, para mantener la ventaja de costes ya que tenemos una mayor inflación. La única ventaja, para los exportadores españoles y europeos, es que la guerra de Ucrania ha depreciado el euro, porque el miedo siempre fortalece al dólar como moneda refugio: el viernes cotizó a 1,0935 euros por dólar, frente a los 1,2216 dólares que costaba comprar un euro en mayo 2021, su máxima cotización. Esa depreciación del euro, el -10%, puede ayudar a las exportaciones españolas y europeas fuera de Europa, ya que ahora las mercancías son un 10% más baratas en dólares. Pero ojo: esta caída del euro también encarece un 10% las importaciones que pagamos en dólares  (petróleo y gas incluidos)…

El otro problema coyuntural que afrontan nuestras exportaciones son los efectos de la guerra de Ucrania, no sólo el aumento extra de la inflación sino también el freno a la recuperación, que va a frenar el crecimiento y el comercio, en Europa y en el mundo, torpedeando nuestras exportaciones en 2022, sobre todo si el conflicto se alarga. Y si pinchan las exportaciones, mientras pincha también la economía dentro, el crecimiento y el empleo serán menores, porque las exportaciones no podrán ayudarnos como en la crisis de 2008.

Por todo ello, dentro del Plan económico de respuesta a la guerra, deberían tener un papel crucial las medidas de apoyo a la exportación. Porque nos jugamos parte de la recuperación y el empleo, pero también nuestra independencia económica. Y eso porque los ingresos de las exportaciones, junto a las divisas del turismo, nos han permitido tener superávit con el exterior en los últimos 10 años, entre 2012 y 2021, algo que en España no habíamos visto nunca antes (salvo en años puntuales: 1978, 1979, 1984, 1985,1.986). Siempre, con la dictadura de Franco y la democracia, España tenía ese problema: el déficit con el exterior, la insuficiencia de divisas exteriores para financiarse. Así, entre 1987 y 2011, hemos sufrido 26 años de déficit con el exterior (ver gráfico). Y ahora, gracias a los ingresos de las exportaciones y el turismo, llevamos una década de superávit en la balanza por cuenta corriente de bienes y servicios: +17.057 millones de euros en 2021, según el Banco de España.

Esto, que parece complejo, significa que España es ahora un país económicamente más independiente y más solvente frente al exterior, gracias a los ingresos que nos reportan las exportaciones y el turismo. Este superávit con el exterior es un logro fundamental, que habría que mantener, para financiar la recuperación. Y para financiar mejor la enorme deuda externa que España tiene y que batió otro récord en 2020, por la pandemia: 2.236.173 millones de euros (2,2 billones) es la deuda externa bruta, casi el triple que en 2003 (824.728 millones). El 48% de esta deuda con el exterior es del sector público y el resto de las empresas y particulares que se han financiado fuera. Ahora, con nuestro superávit con el exterior estamos en una mejor situación para financiar y reducir esta deuda. Pero hace falta que las exportaciones sigan tirando y vuelvan los turistas, además de que no se disparen los tipos.

Volviendo a las exportaciones y su futuro inmediato, habría que aprobar medidas de apoyo, en Europa (próxima Cumbre del 24 y 25 de marzo) y en España, para afrontar el riesgo de frenazo por la guerra de Ucrania y la inflación disparada. Y junto a estas medidas de choque, España necesita avanzar más en el proceso de internacionalización de la economía, para diversificar más las exportaciones fuera y para implicar a las empresas y autonomías en el reto de exportar más. Básicamente, porque los paises que más exportan y tienen superávit comercial son los que tienen más riqueza y empleo, mientras que los paises con déficit comercial (como España), que importan más que exportan, son los que están creando riqueza y empleo fuera del país, no dentro. Los datos son claros. Vean los paises con superávit comercial en Europa (2021): Alemania (+179.000 millones de euros), Paises Bajos (+66.500), Italia (+50.400), Bélgica (+28.700) y Chequia (+13.000 millones). Y los paises con más déficit comercial: Francia (-109.600), España (-28.900 millones), Grecia (-24.300), Portugal (-19.000) o Rumanía (-24.400 millones), según Eurostat.

Por eso escribo este blog, aunque les pueda parecer aburrido: las exportaciones son la clave para crecer y crear empleo, para tener un nivel de vida más alto, como tiene la Europa con superávit comercial. España va por el buen camino, con una década larga de subidas anuales y un récord histórico de las exportaciones en 2021. Pero no podemos pinchar ahora, con la inflación descontrolada y la guerra de Ucrania. Hay que salvar las exportaciones para salvar una parte clave de la economía, la recuperación y el empleo. Aunque no hablen de ello.

Salarios contra precios: una pelea desigual

La guerra de Ucrania está disparando (más) los precios de luz, calefacción y carburantes, con lo que la inflación batirá otro récord en marzo, tras subir un 7,4% en febrero (el mayor alza en 33 años). Esta subida ya ha empobrecido a 24 millones de españoles (jubilados, funcionarios y trabajadores), que han perdido poder adquisitivo, aunque los jubilados lo recuperarán en 2023. El resto intenta resarcirse con mayores subidas de salarios en 2022, una negociación que acaba de empezar, aunque parece difícil: los sindicatos piden una subida mínima del 3% y que se generalicen las clausulas de revisión salarial (que sólo tienen el 15% de trabajadores), mientras la patronal propone una subida menor y no quiere moderar sus márgenes y beneficios (al alza). Habría que buscar un punto medio: subir los sueldos sin alimentar más la inflación y pactar mejoras de productividad para conseguir mejoras no salariales que compensen sacrificios. Y, sobre todo, subir más los sueldos más bajos, los que más están sufriendo esta inflación.

Enrique Ortega

La inflación está disparada, pero no sólo por la guerra de Ucrania: está subiendo desde marzo de 2021, por el aumento de la demanda tras la recesión de la COVID y los cuellos de botella en el comercio internacional y los suministros, con casi un año ya de fuertes subidas de la energía y las materias primas (incluidos los alimentos). Hace poco más de un año, en febrero de 2021, la inflación anual en España estaba en el 0%, porque todavía la actividad era muy débil tras el primer año de pandemia. Pero en marzo, la inflación subió al 1,3% y fue in crescendo hasta el verano, alcanzando en agosto el 3,3% el IPC anual. Y a partir de ahí, con la mayor demanda y la ruptura de las cadenas de suministros, más las tensiones en el mercado del gas (propiciadas por Putin, que lleva meses "preparando" el escenario energético para la invasión de Ucrania), siguió al alza global de precios hasta cerrar el año 2021 en el 6,5% de inflación, la tasa más alta desde 1992. Luego bajó algo en enero (6,1%), pero se disparó en febrero, en la antesala de la guerra de Ucrania, alcanzando el 7,6% de inflación en febrero, la mayor subida de precios desde 1.989. Y este mes de marzo, con los precios de la energía disparados, el IPC superará con creces el 8%.

Los culpables de esta histórica inflación son evidentes, según los datos del IPC de enero, el último detallado: la electricidad sube un +46,4% anual, el butano y propano un +33,5%, el gasóleo un +25,7%, la gasolina un +23,1%, el gas natural un +12,1%, los gastos de la vivienda un 18,1%, el transporte un +11,5% y la alimentación un +4,8%, según el INE. El resto de los precios suben más moderadamente: +2,4% la inflación “de fondo” (sin energía ni alimentos). El problema es que esta inflación que sufrimos no es igual para todos: afecta más a las familias con menos ingresos, más vulnerables, según revela este informe de CaixaBank Research. Y eso porque la energía, los carburantes y los alimentos (lo que más sube) “pesan más en el presupuesto de las familias con menos ingresos, lo que hace que sufran más esta subida en los productos de primera necesidad que las rentas medias y altas, aumentando con ello la desigualdad.

En cualquier caso, la inflación disparada afecta a la mayoría. Concretamente, 24 millones de españoles perdieron poder adquisitivo en 2021, es decir “se empobrecieron”, porque los precios (6,4% en diciembre, un 3,08% de subida media en 2021) subieron más que sus ingresos: es el caso de los 9 millones de pensionistas (tuvieron una subida media del 0,9%), los 2,7 millones de empleados públicos (con una subida del 1,5%) y 12 millones de trabajadores (con una subida de convenio inferior al 3,1%). Los pensionistas ya tuvieron una primera compensación, con la “paguilla” que cobraron en enero (por la desviación del IPC entre noviembre 2020 y noviembre 2021) y el resto se les compensará con la subida que tengan en 2023, gracias a la reforma pactada de las pensiones. El problema es cómo se va a resarcir el resto, los funcionarios públicos y los asalariados, así como los autónomos.

La vía que van a buscar es forzar una mayor subida de salarios en 2022, para compensar  esta inflación disparada. Es una novedad, porque hasta 2021, la inflación ha estado muy moderada en España, sobre todo entre 2014 y 2020, incluso con bajadas de precios. Si tomamos la inflación media (la media de las subidas mensuales, no el IPC de diciembre), apenas subió desde 2014 e incluso bajó en 2014 (-0,14%), 2015 (-0,5%), 2016 (-0,19%) y 2020 (-0,25%), lo que permitió que los salarios subieran poco  (desde +0,5% en 2014 a +1,75% en 2020) y aún así, los trabajadores ganaran poder adquisitivo: entre 2012 y 2020, los salarios en convenio subieron un +10,34% mientras la inflación media en esos nueve años subía un +7,13%, lo que dio a los salarios una ganancia del +3,21%. El problema es que en 2021 se ha roto esta racha y los sueldos han perdido poder adquisitivo. Y para 2022, con la inflación disparada y la guerra, la pérdida será aún mayor.

En 2021, la subida media de los convenios pactados (los nuevos y los pactados en años anteriores con vigencia para el año pasado) fue el +1,47%, según los datos de Trabajo, que nos informa de las subidas de  7.677.139 trabajadores, no del resto, la mayoría (hay 16.974.200 asalariados), cuyas subidas fuera de convenio suelen ser menores. Frente a esta subida salarial, la inflación fue del +6,5% a finales de 2021. Y si tomamos la inflación media de 2021, el +3,08%, los trabajadores perdieron -1,61% de poder adquisitivo (de media, más los que pactaron subidas inferiores al 1,47%, más de la mitad de los trabajadores).

Ahora, cara a 2022, los sindicatos piden una subida mayor, para compensar que la inflación se ha disparado y puede superar el 4% de media (y más si la guerra de Ucrania se enquista y se complica el panorama geopolítico mundial). Los expertos, el Banco de España y el propio Gobierno han advertido que “hay que tener cuidado con las subidas de salarios”, porque pueden “alimentar” la inflación: suben mucho los salarios, las empresas tienen más costes y los repercuten en los precios de sus productos y servicios, abriendo una espiral inflacionista. Es verdad. Pero también lo es que si los salarios no suben y recuperan parte del mordisco de la inflación, se frenará el consumo, el crecimiento y el empleo, entrando en otra recesión tras la débil recuperación actual.

En la última década, los sindicatos y la patronal españoles han sido los únicos en Europa que han firmado acuerdos para pactar la subida anual de los salarios. El primer acuerdo se firmó en 2010 (para 2010-2012) y después han venido tres más, el último el IV Acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva (AENC), firmado en julio de 2018 para fijar la subida de salarios de 2018, 2019 y 2020 (+2% de subida media más un 1% adicional por mejora de la productividad). En 2020, con la pandemia, no hubo acuerdo y ahora, sindicatos y patronal se han reunido ya dos veces para firmar el V AENC, con subidas salariales para 2022-2024, un acuerdo que quieren cerrar este mes de marzo. Pero las posturas están muy distantes, según se vio ayer tarde, y no se descarta un desacuerdo que lleve a movilizaciones esta primavera.

Este año, la negociación salarial es muy complicada, porque hay que afrontar una inflación disparada y no sabemos hasta dónde puede llegar. Los sindicatos quieren recuperar lo perdido en 2021 y evitar más pérdidas de poder adquisitivo en 2022 y 2023. UGT se descolgó hace días pidiendo una subida del 5%, mientras CCOO habla del 3,1%, la inflación media de 2021. Y la patronal no ha enseñado sus cartas, pero piensa en una subida menor, en torno al 2%, argumentando que muchas empresas están en riesgo por la alta inflación.

Con todo, para los sindicatos es más importante que la subida el incluir en el acuerdo  clausulas de revisión salarial en los convenios (una revisión de lo pactado si el IPC sube más de lo previsto), porque con la reforma laboral de 2012 desaparecieron de la mayoría de las empresas: en 2008, tenían esta clausula el 70% de los trabajadores y en 2021 sólo las incluyeron el 15% de los convenios, con lo que las tienen 1,24 millones de trabajadores (el 7% de los asalariados). La patronal no quiere oír hablar de estas clausulas, argumentando que “alimentan la inflación” (lo que está claro es que sube sus costes).

Además, los sindicatos defienden en esta negociación que los trabajadores “no deben ser los únicos que paguen la factura de la inflación”, moderando sus subidas de salarios, que también “las empresas deben arrimar el hombro”, asumiendo una parte de los mayores costes, reduciendo sus márgenes y sus beneficios. Unos beneficios empresariales que casi han recuperado los niveles de antes de la pandemia: han sido de 505.159 millones de euros en 2021, el 93,4% del beneficio (excedente empresarial) que tuvieron en 2019 (540.907 millones), según la Contabilidad Nacional del INE. Y estas son las cuentas de todas las empresas. Si miramos sólo las cuentas de las 120 empresas cotizadas en Bolsa, ganan ya bastante más que antes de la pandemia: 64.021 millones en 2021, un beneficio récord.

Y mientras la patronal pide moderación a los salarios para 2022, los sueldos de los consejeros de las empresas del IBEX subieron un +12% en 2021, con subidas mucho mayores para los consejeros de Telefónica (+48.8%) o Banco Santander (+38,9%). Y los sueldos de sus directivos son “escandalosos”: Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola (13,2 millones, +8,2% de subida), Ana Patricia Botín, del Santander (12,3 millones, +59%), José Antonio Álvarez, su 2º en el banco (9,7 millones), Jesús Mª Herrera, consejero delegado de Cie Automotive (9,5 millones, +163% de subida) o José Mª Álvarez Pallete, presidente de Telefónica (8,89 millones de sueldo anual). Y en paralelo, las empresas han pagado más a sus accionistas en forma de dividendos: 20.474 millones de euros repartidos en 2021, un 9, 4% más que en 2020 (cuando repartieron 18.709 millones, a pesar de la recesión). En el reparto de dividendos, hay uno especialmente “indignante”: los 5.000 millones que van a repartir las 3 grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy), tras conseguir unos beneficios récord de 6.534 millones en 2021, un año en que se duplicó el precio de la luz…

Al final, el problema es que moderar los salarios es relativamente fácil (basta una directriz de la patronal a sus empresas) mientras que moderar los márgenes y beneficios empresariales es mucho más complicado, ya que habría que vigilar empresa a empresa o que la patronal firmara un compromiso público y lo hiciera cumplir. Así que lo más probable es que los salarios suban en torno al 3% para 2022, quede para la pelea de cada convenio el incluir clausulas de revisión y las empresas traten de afrontar la subida de costes con más subidas de precios para salvaguardar sus márgenes y beneficios.

Y eso pasará en un país, como España, donde la inflación disparada afectara más a las personas ya vulnerables (11 millones) y a sueldos que, en general, son bastante bajos. Los datos del INE son muy explícitos: el 18,18% de los trabajadores ganan el salario mínimo (1.000 euros ahora) o menos y otro 46,35% ganan de 1 a dos veces el salario mínimo). Así que dos tercios de los trabajadores españoles ganan menos de 2.000 euros al mes. Sobre estos “sueldazos” es sobre lo que se discute el 2, el 3 o el 5%...Y en 2020, el salario medio bruto de los españoles era de 2.038 euros, sólo un 14,9% más alto que en 2008 (1.774 euros), cuando en estos años la inflación subió un +15,3%. O sea, que en realidad ganan menos que en 2008.

Otro argumento que usa la patronal es que España no puede subir mucho los salarios porque eso nos impediría competir en Europa y en el mundo. Pero hay mucho margen de subida, además de que no se compite tirando salarios sino siendo más eficiente y productivo. En realidad, España es el país grande europeo con los sueldos más bajos: el coste salarial es de 16,8 euros por hora, un 22% menos que la media europea (24,2 euros por hora se paga en la UE-27), un 41% menos que en Alemania (28,6 euros por hora), un 34% menos que en Francia (25,4 euros por hora) y un 21% menos que en Italia (21,3 euros por hora), según Eurostat. Y además, ahora que los salarios europeos suben por la recuperación, en España suben mucho menos: aquí, los costes laborales subían un 1,1% anual en septiembre de 2021, frente al triple en Europa (+2,9%) y mucho más en Holanda (+4%),Alemania (+2,6%), Italia (+2,4%), Francia (+1,9%), según datos de Eurostat.

En definitiva, España tiene los precios más disparados que Europa (+7,5% en febrero, en términos homogéneos, frente al +5,8% en la zona euro), pero aquí los salarios son mucho más bajos y suben menos. Por eso, urge un pacto de salarios equilibrado, que no alimente más la inflación pero que compense a los sueldos más bajos, con subidas suficientes para afrontar la pérdida de poder adquisitivo. Y es hora también de negociar otros temas además de los salarios: cómo aumentar la productividad (para poder cobrar más), como organizar la jornada y repartir el empleo, como negociar contrapartidas no salariales (horarios, incentivos, compensaciones sociales y familiares, Planes de pensiones…) que permitan mejorar la vida de los trabajadores sin disparar sus salarios y alimentar la inflación. En definitiva, se trata de pactar el reparto de los costes por la inflación disparada y la guerra de Ucrania. Que no paguen los de siempre: los asalariados y los más vulnerables.

8-M: las mujeres mejoran poco

Mañana, 8 de marzo, es uno de los pocos días que hablamos de la discriminación de las mujeres. Y mejora poco: han conseguido más empleos que los hombres, tras 2 años de pandemia, en la sanidad, educación y los cuidados. Pero el paro femenino aumentó. Y sigue la peor “brecha”: hay 1.476.720 mujeres menos trabajando que hombres. Además, sus contratos son más precarios, trabajan más en sectores peor pagados, tienen peores puestos y cobran menos complementos. Resultado: ganan un 19,5% menos que los hombres. También cobran menos paro (-14%) y menos jubilación (-32,76%). La esperanza es que su situación mejore ahora con los planes de igualdad en las empresas (obligatorios desde mañana), la subida del salario mínimo (afecta más a las mujeres) y la reforma laboral, que mejorará sus contratos y sueldos (subcontratas). Pero urge avanzar más en la igualdad de las mujeres en casa, los cuidados, la educación y las empresas. Si no, a este ritmo, tardarán un siglo en ser iguales.

Enrique Ortega

Lo más preocupante de la discriminación laboral entre hombres y mujeres no es la brecha salarial, que ganen un 19,5% menos, sino que trabajen mucho menos que los hombres, lo que limita su vida y su futuro. En principio, hay más mujeres que hombres (20.414.400 mujeres adultas, con más de 16 años, frente a 19.292.600 hombres), pero trabajan muchas menos: 9.354.100 mujeres ocupadas frente a 10.830.700 hombres, a finales de 2021, según la EPA. Esta es la gran brecha de género: 1.476.800 mujeres menos trabajando que los hombres. Y eso se debe a que muchas mujeres son “inactivas”: ni trabajan ni buscan trabajo, unas porque creen que no lo van a encontrar y otras porque tienen que cuidar de hijos y padres. Eso explica que haya 9.404.700 mujeres adultas inactivas en España, frente a sólo 7.013.500 hombres inactivos. Y luego, entre las mujeres que sí buscan trabajo, hay más mujeres paradas que hombres: 1.656.600 paradas frente a 1.448.200 hombres parados a finales de 2021, según la EPA.

Son cifras (oficiales) muy explícitas. Otra forma de verlo es en porcentaje. De cada 100 adultos, si son hombres, trabajan 56,14 y si son mujeres, menos de la mitad, 45,82%. Y de las personas activas (que trabajan o buscan trabajo), el 11,79% de los hombres están en paro mientras están sin trabajo el 15,04% de las mujeres activas. Esto es fruto de la mayor dificultad de las mujeres para acceder a un empleo (aunque ahora están más “preparadas” que los hombres) y a que muchas interrumpen su vida laboral para atender a su familia.

En los dos últimos años, con la pandemia, el balance laboral para las mujeres es desigual. Por un lado, trabajan ahora más mujeres que en 2019: el empleo femenino ha aumentado en +195.800 personas, una mejoría mucho mayor que la de los hombres (+22.300 empleos), según la EPA de diciembre de 2021. La mayor parte del nuevo empleo de las mujeres se ha dado en los servicios (+463.000 empleos femeninos frente a +241.500 empleos masculinos), debido sobre todo a la contratación de mujeres durante la pandemia en la sanidad, la educación, los cuidados y servicios sociales, además del comercio y la hostelería. Pero ha crecido muy poco en el campo (+24.100 empleos femeninos frente a +33.900 masculinos) y la construcción (+31.200 empleos femeninos y -25.600 masculinos), mientras caía el empleo femenino en la industria (-39.700 mujeres ocupadas y +111.300 hombres).

Un dato revelador es que el empleo femenino apenas ha crecido entre las mujeres jóvenes (+23.600 ocupadas entre 16 y 34 años), ha bajado en edades medias (-61.200 empleos entre mujeres de 35 a 44 años) y ha crecido sobre todo entre mujeres mayores de 45 años: +64.100 empleos entre 45 y 49 años, +32.300 entre 50 y 54 años y +184.900 empleos en las mujeres de más de 55 años, las que han salido mejor paradas de la pandemia, quizás porque la necesidad les ha impulsado a trabajar en empleos temporales del sector servicios, sanidad, educación, cuidados, limpieza y subcontratas, muchos precarios y mal pagados.

Al hacer balance del paro durante estos 2 años de pandemia, las mujeres salen peor paradas: el desempleo total ha bajado en -88.100 parados, de los que -57.800 son hombres y -30.200 son mujeres. Eso sucede porque, aunque las mujeres han conseguido más empleos que los hombres, también han aumentado las mujeres “activas”, las que han dejado de “estar en casa” y se han lanzado a buscar trabajo: hay 165.600 mujeres “activas más que en 2019 y por eso crece el paro femenino. Y aquí sucede al contrario que con el empleo: en las mujeres mayores hay más paro (+54.100 paradas más entre las mayores de 55 años que en 2019), porque son las que más han salido a buscar trabajo, como entre las mujeres más jóvenes (+3.300 paradas entre 16 y 19 años), bajando sólo el paro entre las mujeres de 20 a 24 años (-10.700 paradas) y, sobre todo, entre las de 25 a 54 años (-76.900 paradas).

Visto lo que ha pasado con el empleo y el paro de las mujeres, entre 2019 y 2021, veamos qué ha pasado con sus sueldos. La “brecha salarial”, la diferencia entre lo que ganan las mujeres y los hombres ha mejorado ligeramente, del -21,42% en 2018 al -19,5% en 2019, el último dato salarial publicado por el INE: 21.682 euros de sueldo bruto las mujeres frente a 26.934 los hombres (-5.252 euros de diferencia). La mayor brecha salarial se da en las mujeres mayores de 45 años, especialmente entre las mujeres de 55 a 59 años (-22,01 de diferencia salarial) y las mayores de 65 años (-33,93% de brecha salarial). La diferencia salarial mayor se da en Aragón (-30%) y Navarra (-29%) y la menor en Baleares (-13%) y Canarias (-15%). En todas las autonomías ha bajado, salvo en Extremadura, donde empeora la brecha salarial.

La culpa de esta “brecha salarial” está en la “brecha laboral” entre hombres y mujeres, según detalla este informe de CCOO. Empezando por el acceso al trabajo, donde las mujeres tardan más en conseguir un empleo y muchas lo retrasan por cuidar a sus hijos y familiares. Y sigue después, en el tipo de contratos que las mujeres consiguen: el 25% de las mujeres tienen un trabajo a tiempo parcial frente al 7% de los hombres. A finales de 2021, el 75% de todos los que trabajaban en España a tiempo parcial eran mujeres (2.738.000 ocupadas). Y como en estos contratos a media jornada (o menos)se cobra mucho menos (un 40% menos, según el INE), eso explica el 53% de toda la brecha salarial de las mujeres, según CCOO. Y si las mujeres trabajan menos horas y ganan menos no es porque quieran, en muchos casos: un 49% dicen que es porque no han encontrado otro empleo, un 14% porque necesitan cuidar niños o discapacitados y un 8% más para atender obligaciones familiares.

Otro factor que explica la brecha salarial de las mujeres es que tienen más contratos temporales (donde se gana un 33% menos, según el INE): un 27% de todos los contratos de las mujeres son temporales, frente a un 25% los hombres. Y no sólo tienen contratos precarios en las empresas, también en la Administración pública: en diciembre de 2021, había 754.400 mujeres con contrato temporal (149.400 más que en 2019) frente a 321.800 hombres (+21.500), según un informe de CSIF.

Otra causa de la brecha salarial es que las mujeres trabajan más en sectores donde se gana menos, donde hay más diferencias de sueldo por género: en las actividades administrativas  y servicios auxiliares (30,68% de brecha salarial), los servicios (30,21%), la sanidad y servicios sociales (26,86%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (29,66%), las inmobiliarias (29,39%) y el comercio (25,81% de brecha salarial). Además, las mujeres trabajan más en puestos menos cualificados, con menos ascensos y promociones, lo que rebaja también su sueldo. Y otro factor muy decisivo: las mujeres cobran menos “complementos” salariales (por esfuerzo físico, penosidad, disponibilidad horaria, nocturnidad, puesto directivo…), la mayoría muy “masculinizados y que suponen casi el 40% del salario final de muchos trabajadores. De hecho, CCOO alerta que esta desigualdad en los complementos salariales explica el 39,4% de la brecha salarial de las mujeres.

Y hay todavía dos factores más que penalizan el trabajo y los sueldos de las mujeres. Uno, la maternidad: reduce drásticamente su tasa de empleo (70% de ocupación las mujeres de 16 a 65 años sin hijos y 57% las que tienen tres hijos o más), suele reducir también su jornada, aumenta su petición de excedencia y muchas acaban dejando el empleo. Según un estudio del Banco de España, el primer año de maternidad recorta los ingresos de las mujeres un 11% (los hombres cobran igual) y, a largo plazo, pierden un 28% de sus ingresos. El otro factor que lastra los ingresos de las mujeres son los cuidados de familiares: la pandemia ha elevado a 337.300 las mujeres que reducen su jornada para cuidar a familiares, según el CSIF.

Vistas las desigualdades de las mujeres, las arrastran cuando se quedan en paro: al tener peores contratos y sueldos, las mujeres tienen también un peor subsidio de desempleo. Por un lado, porcentualmente hay menos mujeres que hombres cobrando el paro: si las mujeres son el 58,72% de todos los parados registrados, son solo el 54,27% de todos los que cobran un subsidio, según los datos de Trabajo. Y aunque había 569.610 mujeres más que hombres apuntados al paro en España en febrero 2022 (1.840.647 frente a 1,271.037 hombres), son el 50,76% de todos los que cobran el subsidio contributivo (900 euros de media) y el 54,38% de los que cobran un subsidio asistencial (463 euros mensuales), según los datos del SEPE (2021). Además, a las mujeres se les reconocen menos meses de desempleo (porque han cotizado menos) y cobran menos que los parados hombres: 801 euros en 2021 frente a 931,20 euros, una brecha en el subsidio del 14% (que sube al 17,5% para las paradas de 50 a 54 años y hasta el 21% para las paradas con más de 60 años).

Y vayamos a “otra brecha”, la de las pensiones. Aunque hay más mujeres adultas en España, como trabajan menos, hay menos mujeres pensionistas cobrando una jubilación: 2.472.071 jubiladas frente a 3.746.446 jubilados, con datos a diciembre de 2011 (en total, de los 9.916.966 pensiones, las mujeres reciben 5.181.332 pensiones, más que los hombres, porque hay muchas más viudas que viudos, con pensiones de miseria). Y como han cotizado por salarios más bajos (la “brecha”) y durante menos tiempo (por la maternidad y las interrupciones para los cuidados), reciben pensiones de jubilación más bajas: 924,70 euros de media frente a 1.375,20 euros los hombres, una “brecha” del -32,76% en todos los regímenes, según los datos de la Seguridad Social. Y baja al -28,66 % de diferencia en el Régimen General (1.072 € frente a 1.503,35 €).

Además, las mujeres sufren más años estas menores pensiones, porque su esperanza de vida es mayor: 85,1 años frente a 79,6 años los hombres, según el INE. Con ello, corren más riesgo de necesitar ayuda en su vejez, como lo demuestra que el 63,22% de los solicitantes de ayuda a la dependencia son mujeres. Y por ello, sufren más que los hombres el retraso de las ayudas, al ser mujeres los dos tercios de los 194.369 dependientes que esperan recibir la ayuda que tienen reconocida (un 13,75% de dependientes en “listas de espera”), muchas más en Cataluña (32% dependientes esperando), La Rioja (31%) y Canarias (28%). Y 130 dependientes (82 mujeres) murieron cada día en 2021 esperando esa ayuda que tenían reconocida.

Como se ve, la discriminación de la mujer no es sólo que ganen un 19,5% menos, sino que va desde trabajar menos, tener más paro, peores contratos y puestos a cobrar menos paro o menos pensión y morir sin recibir las ayudas a la dependencia. Y por si fuera poco, la mujer está discriminada en su propia casa. Antes y después de la pandemia, las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, como lavar (69%), cocinar (59%) y limpiar (64%), los deberes de los niños (62%) y su cuidado, según datos del INE y CaixaBank Research.

Tras este preocupante panorama, hay que decir que el futuro se presenta mejor para las mujeres. Por un lado, mañana 8 de marzo entra en vigor la obligación de que las empresas de más de 50 trabajadores tengan aprobado un Plan de Igualdad, lo que afectará a más de 30.000 empresas y 8,4 millones de trabajadores (en el último año lo han tenido que aprobarlo las empresas de 50 a 100 trabajadores y las grandes antes). Ese Plan de igualdad se une a otra obligación que tienen todas las empresas, desde el 14 de abril de 2021: tener registros salariales de sus empleados y auditorias retributivas por sexo, lo que será clave para que los sindicatos puedan pactar en las empresas una mayor equiparación salarial.

Otra medida positiva para las mujeres es la subida del salario mínimo (SMI), la última con efectos al 1 de enero (1.000 euros mensuales en 14 pagas), la 5ª subida importante desde los 707,7 euros de 2017. Estas subidas del SMI  benefician más a las mujeres, porque son el 55% de todos los que lo cobran (1.809.000 trabajadores), sobre todo a las mujeres más jóvenes (entre 16 y 34 años) de la agricultura y los servicios, la mayoría en Andalucía, Extremadura y Canarias, según un reciente informe de UGT. Y como el grupo de Trabajo ha propuesto al Gobierno seguir subiendo el salario mínimo, hasta los 1.047 euros en 2023, estos 6 años de subidas deberían reducir la brecha salarial de las mujeres.

Pero la principal esperanza para las mujeres es la reforma laboral recién aprobada, por tres de los cambios que incluye. El primero y fundamental, porque reducirá la temporalidad de los contratos, causa del 53% de la brecha salarial de las mujeres. Lo van a notar más las mujeres que trabajan en los sectores con más temporalidad: servicio doméstico, agricultura, comercio, hostelería y hoteles, servicios, sanidad, servicios sociales y residencias de ancianos. El segundo cambio es que la reforma prohíbe el encadenamiento de contratos temporales, que es mayor en las mujeres (42,7% frente al 38,5% en los contratos de hombres). Y el tercero, el cambio en las subcontratas, con la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, lo que aumentará el sueldo de muchas mujeres que trabajan en subcontratas de limpieza, administración y servicios auxiliares, telemarketing y ferias.

Tres cambios (Planes de igualdad, subida del salario mínimo y reforma laboral), más la aprobación (febrero 2021) de un complemento para reducir la brecha de género en las pensiones, que deben mejorar la situación de las mujeres. Pero no bastan. Urge actuar en otros frentes: en la educación (con la extensión de la educación pública de 0 a 3 años), la Universidad (con más mujeres en carreras técnicas y FP Superior, que facilitan su empleo), en su acceso y promoción laboral en empresas y la Administración pública, en la racionalización de la jornada laboral y la conciliación familiar, en la economía de los cuidados (para “liberar” a las mujeres) y en el reparto de las tareas de la casa y los hijos, una asignatura pendiente para la mayoría de los hombres. Hacen falta Planes y medidas pro-activas, porque al ritmo actual, la igualdad de las mujeres tardaría 135 años, según el World Economic Forum. Es un reto de todos, al margen de las ideologías. Media España exige igualdad.