Dependencia: más beneficiarios "low cost"

Año nuevo, problemas viejos: hay 310.951 dependientes, ancianos y discapacitados, que tienen reconocida una ayuda, pero no la reciben por falta de recursos públicos. Están en “lista de espera”, pero muchos morirán sin recibirla (100 ancianos al día). Y aunque las nuevas autonomías han recortado las listas de espera desde 2015, la mejora tiene “truco”: dan prioridad a los dependientes “moderados” (más baratos) frente a los graves: de 38.189 dependientes que salieron de las listas en 2017, sólo 1.567 eran graves. Y otro “truco”: se opta por darles ayudas baratas, como la tele asistencia, antes que una residencia. Y todo porque, tras los recortes de 2012, la Dependencia ha perdido 4.000 millones. Ahora, el Gobierno Rajoy presume que sube la aportación para 2018 (+63 millones), pero paga por dependiente un tercio menos que en 2012. Urge un Plan de choque para acabar con las listas de espera y asegurar ayudas dignas a 1.265.000 dependientes. Costaría 2.700 millones extras al año. Hay que sacarlos como sea. Nuestros ancianos lo merecen.

enrique ortega

En enero, la Ley de Dependencia cumplió 11 años, con los mismos problemas para financiarse que siempre, aunque las nuevas autonomías, gobernadas mayoritariamente por la izquierda, han hecho un mayor esfuerzo desde 2015. Así, en 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había 752.005 dependientes con ayuda y cuatro años después, en 2015, sólo se habían ganado 44.109 (hasta 796.109 beneficiarios). En los dos últimos años, los beneficiarios  han aumentado el triple (+158.722), hasta los 954.831 a finales de 2017, según los datos del IMSERSO. Un avance que no puede esconder el grave problema de la Dependencia, las “listas de espera”: ancianos y discapacitados que tienen oficialmente reconocida una ayuda, pero que no la reciben por falta de recursos públicos para dársela. A finales de 2017, eran todavía 310.120 dependientes en “lista de espera”, 1 de cada 4 dependientes (el 24,5%), un dato escandaloso aunque la lista se haya reducido un 19,3% en los dos últimos años (había 384.326 dependientes “en espera” a finales de 2015).

La “lista de espera” de la Dependencia es grave por dos razones. Una, porque es muy desigual por autonomías y en algunas es mucho más escandalosa, como es el caso de Cataluña (el 37,10% de los dependientes reconocidos no recibe ayuda), Canarias (36,62%), la Rioja (32,25%), Andalucía (31,81%) y Extremadura (27%), mientras hay otras donde casi no hay problema, como Castilla y León (sólo el 1,41% dependientes “en espera”), Ceuta (5%), Melilla (5,28%), Murcia (13,54%) y Asturias (13,85%). Y la otra, más preocupante, porque la mayoría de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y muchos se mueren antes de que les llegue la ayuda que tienen oficialmente reconocida. Así, en 2016, hubo 40.647 dependientes en lista de espera que murieron sin recibir la ayuda, según los cálculos de los Directores y gerentes de Servicios Sociales. Y en 2017 estiman que habrán muerto sin recibir la ayuda otros 34.000, una media de 100 dependientes al día de la lista de espera.

La “lista de espera” se ha reducido en 38.189 dependientes durante 2017, pero esta reducción tiene “truco”: las autonomías, que gestionan la Dependencia, han optado por dar prioridad a los dependientes más moderados (Grado I), que son “más baratos”, para así recortar más la lista de espera, relegando a los dependientes grandes (Grado III) y severos (Grado II), que son más caros de atender, según han denunciado los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las estadísticas del IMSERSO son muy evidentes: de los 38.189 dependientes que han salido de las listas de espera, sólo 1.567 son dependientes más graves (Grado III y II) y la casi totalidad (36.622) son dependientes moderados (Grado I). Así que encima de ser los ancianos y discapacitados que más necesitan ayuda, son los que tienen menos prioridad al reducir las listas de espera.

Pero hay otro “truco más”, este para aumentar los beneficiarios de las ayudas (+158.722 entre 2016 y 2017): dar ayudas más baratas a más dependientes, dando prioridad a los servicios más baratos, a los servicios “low cost”. Basta ver las estadísticas de ayudas del IMSERSO para detectar el aumento de la “tele asistencia”, la ayuda más barata (cuesta 35 euros al mes): ha pasado del 2,32% de las ayudas en 2008 al 15,81% en 2017 (y en Andalucía es ya la ayuda que más se da, al 31,7% de dependientes, al igual que en Madrid, al 22,5%). Y también ha aumentado el peso de las ayudas económicas a las familias, para que atiendan al dependiente en casa: por una prestación que va de 442,59 euros al mes a 286 euros y 153 euros, según el grado de dependencia), las autonomías “se quitan de encima” el problema de atender a los ancianos y discapacitados dependientes. Si en 2008 recibían estas ayudas el 25,85% de los dependientes, en 2017 las recibían ya el 37,72%. Y suponen más de la mitad de las ayudas totales en Baleares (60% de las ayudas), Navarra (57%) y Murcia (54%). Además, muchas autonomías han priorizado otro sistema de ayuda económica, dar un cheque a las familias para que busquen la ayuda de forma particular (se llama “prestación económica vinculada a servicio”). Es una manera de “privatizar la Dependencia”, que supone ya el 9,39% de todas las ayudas pero mucho más en algunas autonomías: Extremadura (39,8%, es la ayuda más utilizada), Castilla y León (24,80%, la ayuda con más peso también), Canarias (18,64%), Aragón (18,39%) y Comunidad Valenciana (15,42%).

Mientras, se estancan las ayudas más caras a los dependientes, sobre todo las plazas en una Residencia (el 13,94% de las ayudas en 2008 y son el 13,34% en 2017)  y los Centros de Día (de ser el 2,90% de las ayudas en 2008 pasaron al 8,46% en 2015 y han bajado al 7,72% en 2017, según los datos del IMSERSO. Eso sí, ha crecido la ayuda a domicilio (del 12,92% en 2011 al 16,53% de las ayudas en 2017), pero es también una ayuda “barata” y que muchas veces controla la situación de los dependientes más que ayudarlos de verdad.

La “lista de espera” y las “ayudas low cost” son la forma que tienen las autonomías de mantener un sistema de asistencia social que cuenta hoy con 4.000 millones menos de financiación que en 2012, según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, tras los recortes hechos por el Estado central (-2.865 millones) y las autonomías (-1.100 millones). Antes, estos recortes ya supusieron un deterioro del servicio para los dependientes y sus familias. Así, en 2012, el Gobierno Rajoy dejó fuera a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes y les bajó su paga mensual, redujo servicios, simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias. Y las autonomías, que sufrían el recorte del Estado y sus propios recortes, trataron de gastar menos a costa de retrasar los expedientes de ayuda, endurecer los requisitos y revisar “de oficio” (a la baja) las valoraciones ya hechas. Todo, en perjuicio de los dependientes y sus familias.

El origen del problema actual de la Dependencia es que el Estado central se ha ido “desentendiendo”, reduciendo drásticamente su aportación financiera a la Dependencia: si en 2009 aportaba el 39,2% del coste, en 2016 (último año certificado) sólo aportaba menos de la mitad, el 17%, según el balance de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y por eso, las autonomías han pasado de financiar el 46,2% de la Dependencia a costear el 63%, mientras los usuarios (las familias) han pasado de costear el 14,7% de los servicios a pagar el 20% de la atención recibida (copagos). Esta situación provoca las protestas de las autonomías, que denuncian que “el Gobierno Rajoy incumple la Ley de Dependencia”, que establecía que la aportación pública se repartiría al 50% entre Estado Central y autonomías (en 2016, las autonomías aportaron el 82,6% y el Presupuesto el 17,4% restante).

La solución al grave problema de la Dependencia está en que el Estado central aporte más dinero. Pero Rajoy, que nunca ha creído en la Dependencia (“no es viable”, dijo tres días antes de ganar las elecciones de 2011), no está por la labor. En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó una subida de la financiación estatal a la Dependencia del 5,31% para 2018, que calificó de “histórica”, aunque sólo son 63 millones de euros más (ni siquiera los 100 millones extras pactados con Ciudadanos), frente a los 4.000 recortados antes. Una subida tan mínima que lo que pagará el Estado central a las autonomías por dependiente en 2018 (190, 84 y 47 euros, según el grado de dependencia) es entre un 28% y un 38% menos de lo que aportaba antes de los recortes de 2012. Y para igualar el resto que pagan las autonomías (para pagar el 50% del coste público de la dependencia), el Gobierno central tendría que pagar por dependiente más del doble de lo que van a pagar este año (418,195 y 104 euros, según el grado), según los cálculos hechos por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así que nada de subida “histórica” a la Dependencia en 2018: pagan por dependiente un tercio menos que antes de 2012. Y encima, este pago no se gasta totalmente, porque para que Hacienda lo abone, la autonomía tiene que pagar su parte al dependiente (ese 82% del coste que debería ser el 50%). Y como la mayoría de las autonomías tienen problemas financieros, muchas no pueden poner su parte y los dependientes se quedan sin ayuda (en la lista de espera). Y la ayuda del Presupuesto estatal, encima que es poca, se pierde en parte: en 2017, 90 millones (de los 1.260 que iba a aportar el Estado a la dependencia) se habrán quedado sin gastar, porque las autonomías no han podido poner su parte. 90 millones que han perdido los dependientes y sus familias. Otro sinsentido.

Con la subida de la aportación estatal para 2018, sólo se podrá reducir un 4% la “lista de espera”, que quedará anclada en 300.000 ancianos y discapacitados. Urge poner en marcha un Plan de choque, para dejar a cero la “lista de espera”, y una reforma del sistema de financiación, para asegurar unas ayudas decentes en el futuro. Acabar con las “listas de espera”, atender a esos 310.000 dependientes, costaría unos 1.700 millones extras al año hasta 2020, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y harían falta otros 1.000 millones más al año para recuperar el pago por dependiente de antes de 2012 y hacer frente a los dependientes futuros (se van a duplicar en 2050, por el aumento del envejecimiento y la esperanza de vida, según el CSIC). En total, unos 2.700 millones más de gasto al año, no los míseros 100 millones extras vendidos “a bombo y platillo” en el acuerdo de investidura entre  PP y Ciudadanos.

Es un aumento del gasto asequible, sobre todo si España redujera el fraude fiscal y recaudara como el resto de países europeos (ingresar como la media UE supondría recaudar 72.000 millones más cada año, según los datos de la Comisión Europea). Además, supondría gastar en Dependencia 9.800 millones anuales, una factura mucho más asequible que los 126.000 millones que gastamos en pensiones, los 80.000 millones que gastamos en Sanidad, los 50.000 en Educación o los 18.000 millones en desempleo. Y además es un gasto “rentable”, porque crea empleo (se podrían crear 100.000 empleos en una década) y una parte del gasto se recupera en forma de cotizaciones e impuestos. Pero sobre todo, es “un gasto que les debemos” a nuestros mayores y a los discapacitados.

No puede pasar más tiempo sin resolver la financiación de la Dependencia, “el cuarto pilar” del  Estado del Bienestar (tras la sanidad, la educación y las pensiones). Pero no parece que el problema preocupe al Gobierno ni a la “oposición”, sólo a las autonomías y a las familias de los dependientes. Ha pasado más de un año desde la firma en el Congreso, el 14 de diciembre de 2016, de un “Pacto por la dependencia”, apoyado por todos los grupos políticos, salvo el PP y PNV (por un tema de competencias), un intento de “blindar” un sistema de financiación estable a medio plazo. Y aquí estamos en 2018, con la misma penuria financiera, ofreciendo ayudas “low cost” y con 310.000 dependientes en espera, de los que mueren 100 cada día sin recibir la ayuda. Es “un escándalo social”, una grave injusticia con nuestros ancianos y discapacitados. Y casi nadie se inmuta. ¡Qué vergüenza¡   

Horas extras = 153.000 empleos perdidos

La EPA de 2017 ha confirmado la tendencia de los últimos años: crecen las horas extras y a finales de 2017 se batió un nuevo récord: 6,1 millones a la semana, que evitan contratar a 153.000 personas. Y casi la mitad de estas horas no se pagan ni cotizan, agravando el agujero de las pensiones. El problema de fondo es que, con la reforma laboral de Rajoy, las empresas imponen las horas extras y además, no hay control, porque una sentencia del Supremo decidió, en 2017, que las empresas no tienen obligación de llevar un registro diario de jornada. En enero, la Audiencia Nacional ha planteado la cuestión al Tribunal de Justicia europeo, mientras en el Congreso se debate una proposición de Ley del PSOE (no apoyada por PP y Ciudadanos) para obligar a registrar las horas extras. Al margen de normas, es una locura que el 2º país con más paro de Europa sea líder en horas trabajadas y horas extras. Hay que recortarlas: "roban"  empleo a los parados y a los jóvenes.

enrique ortega

En España hay una costumbre de hacer largas jornadas de trabajo y muchas horas extras, como en parte de la Europa del sur. Para las empresas, es un sistema de recortar costes y ahorrarse dinero en sueldos y cotizaciones. Y para los trabajadores, es una forma de “redondear el sueldo” y llegar a fin de mes. Todos contentos. Y así, en los años de bonanza,  se llegó a un récord de horas extras, 10,2 millones a la semana en el primer trimestre de 2008, según el INE. Pero luego vino la crisis y las empresas “metieron un tajo” a las horas extras, que bajaron a la mitad, hasta un mínimo de 4,5 millones semanales en el verano de 2012.Pero ese año, en febrero, el Gobierno Rajoy aprobó una reforma laboral que daba todo el poder al empresario para fijar la jornada y las horas extras, que volvieron a subir, hasta los 6,7 millones de horas extras semanales en la primavera de 2015. Y ahí se han mantenido, por encima de los 6 millones, hasta cerrar 2017 con 6,13 millones semanales, el mayor dato desde 2015.

Tomando todo el año 2017, la media de horas extras trabajadas ha sido de 5.810.600 horas semanales, lo que equivale, tomando la jornada media (37,9 horas a la semana) a 153.313 empleos que han sido sustituidos por estas horas. Y no es sólo que al hacer horas se evita que las empresas aumenten plantilla, es que además, casi la mitad de estas horas no se cobran: el 46,9% de las horas extras se hacen “gratis”, 2.724.850 horas semanales en 2017. Un dinero que se ahorran las empresas y que no se llevan a casa los trabajadores que las hacen. Si el coste para las empresas de una hora de trabajo está en 20 euros, según el INE, son 54 millones a la semana (2.592 millones al año, descontando las semanas de vacaciones) que se ahorran las empresas. Y si el coste salarial por hora son 13,50 euros, según el INE, son 36 millones de euros semanales (1.728 millones al año) que pierden los trabajadores por no cobrar las horas extras que hacen (“obligados” de alguna manera, evidentemente). Y también se perjudica la Seguridad Social, porque estas horas no cotizan.

¿Dónde se hacen las horas extras? Básicamente, en cuatro sectores que suman más de la mitad del total: en la industria (1.040.300 horas extras a la semana en el 4º trimestre de 2017, un tercio menos que en 2008), el comercio (1.012.100 horas, casi las mismas que antes de la crisis), la hostelería (662.700 horas, igual que en 2008) y la sanidad y servicios sociales (545.700 horas, también igual que antes de la crisis), seguidas de lejos por la construcción (409.800 horas, menos de la mitad que en 2008), los trabajos administrativos (357.700), la Administración pública (321.600) y la educación (321.000 horas extras semanales). Un dato llamativo es que son pocos los asalariados que hacen horas extras: sólo 736.800 trabajadores (el 4,62% del total) a finales de 2017, frente a 655.000 (el 4,5%) que hacían horas extras en 2011, según el INE. Dos de cada tres trabajadores que hacen horas extras son hombres y son básicamente trabajadores con buenos trabajos: hombres, asalariados del sector privado, de los servicios, con contrato indefinido y jornada completa, que trabajan de técnicos, profesionales o directivos, según el perfil elaborado por CCOO.

La normativa laboral vigente (Estatuto de los Trabajadores) limita a 80 horas anuales (1,6 a la semana) las horas extras y establece un periodo de 4 meses para que el trabajador recupere las horas extras no pagadas. Pero en muchos casos, y más desde la reforma laboral de 2012, las horas extras ni se cobran (en 2008 no se cobraban el 39% y en 2013 llegaron al 56,8%) ni se recuperan. Son “lentejas”, sobre todo en algunos sectores como el comercio, la hostelería, la sanidad o las finanzas. Los sindicatos llevan un par de años luchando contra el abuso  de las horas extras, especialmente en banca (el 88,3% no se pagaban a finales de 2017, según la EPA), donde cada año siguen los despidos mientras que los que se quedan “amplían” jornada. A raíz de esta pelea sindical en la banca, trasladada a los tribunales, la Audiencia Nacional dictó tres sentencias (diciembre 2015 y febrero y marzo 2016) que obligaban a la banca a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla, para comprobar horarios y horas extras. Y a raíz de estas tres sentencias, la inspección de Trabajo aprobó, en marzo de 2016, una “instrucción interna” para exigir a todas las empresas ese registro diario de jornada. Y lanzaron una campaña en la que inspeccionaron (y multaron) a muchas empresas.

Pero la banca afectada (Bankia, Sabadell y Abanca) recurrió estas tres sentencias de la Audiencia Nacional y finalmente, el Tribunal Supremo les dio la razón, en 2 sentencias (23 marzo y 30 abril 2017) que establecen que las empresas no están obligadas a llevar un registro diario de jornada, sólo deben llevar un registro de horas extras y comunicárselo cada mes a los trabajadores afectados. Al ser 2 sentencias, el Supremo “sienta jurisprudencia” y la inspección de Trabajo se ha visto obligada  a cambiar su instrucción de 2016, aprobando otra el 25 de mayo de 2017, donde ya no exige a las empresas el registro diario de jornada.

La “batalla legal” no ha acabado, porque la Audiencia Nacional, a raíz de un nuevo conflicto por las horas extras en Deutsche Bank (promovido por CCOO y al que se sumó UGT), acaba de dictar un auto (19 enero 2018) en el que plantea al Tribunal de Justicia de la UE “tres cuestiones prejudiciales” para que verifique si la normativa española “garantiza las limitaciones en la jornada laboral de los trabajadores y su descanso semanal y diario”. Mientras el alto tribunal europeo se pronuncia (tardará un par de años), el PSOE ha enviado al Parlamento una proposición de Ley para reformar el Estatuto de losTrabajadores y obligar a las empresas a llevar un registro y control de las horas extras. El Pleno del Congreso aprobó el 17 de octubre de 2017 la toma en consideración del proyecto de Ley, con el apoyo de PSOE, Podemos, PNV y Grupo mixto, más la abstención de PP y Ciudadanos, que pretenden “rebajar” el control de la Ley durante el debate de las enmiendas, que empieza en febrero.

Mientras se reforma o no el Estatuto de los Trabajadores y se pronuncia el Tribunal europeo, los expertos señalan que sin un control obligatorio diario, es muy difícil controlar las horas extras y evitar abusos y fugas de cotización. Sobre todo porque la mitad de las empresas computan la jornada “a mano”, sin sistemas informáticos, y porque el nivel de fraude es muy elevado. Según los últimos datos disponibles, de 2014, la inspección de trabajo detectó irregularidades sobre horas extras en el 60% de las empresas investigadas. Y eso que hizo sólo 2.900 actuaciones (hay más de 3 millones de empresas).

El problema del exceso de horas extras es triple. Por un lado, las empresas que fuerzan a hacer horas a sus trabajadores evitan contratar a nuevos empleados, esos 153.000 empleos a los que equivalen las horas hechas en 2017. Por otro, al no pagarse casi la mitad de las horas, tampoco se cotiza por ellas, ni por el pago real de muchas que sí se pagan, lo que reduce los ingresos de la Seguridad Social (y aumenta el “agujero” de las pensiones). UGT estima que la SS ha dejado de ingresar 3.500 millones anuales desde 2010 por cotizaciones no pagadas por horas extras realizadas. Y en tercer lugar, las horas extras fuerzan a la baja los salarios (todos), ya que el trabajador complementa sus bajos sueldos con lo que cobra por horas (cuando cobra). Y los que no las cobran, dejan de ingresar esos 1.728 millones al año que antes estimaba que tendrían que pagarle (serán más de 2.000 millones, porque las horas extras se pagan más caras que las horas “normales”).

 El exceso de horas extras agrava otro problema, los extensos horarios laborales de los españoles, que están entre los más amplios de Europa: la jornada laboral media está en 37,9 horas a la semana, según Eurostat (3º trimestre 2017), por encima de la jornada media en la UE 28 (37,2 horas) y en la zona euro (36,6 horas semanales: 62,4 horas menos de trabajo al año que en España). Y por encima de la jornada laboral que hacen en Italia (37,3 horas semanales), Francia (37,2),Reino Unido (36,6) y sobre todo Alemania (35,1 horas: los alemanes trabajan 134,4 horas menos al año que los españoles), siendo sólo superados por Grecia (42,2 horas semanales), Portugal (39,8), Polonia (40,6) y algunos países del Este.

Los españoles “trabajan más horas” (o están más horas en el trabajo, lo que se llama “presentismo”), pero no por eso son más productivos. Al contrario: somos el país nº 34 en el ranking mundial de competitividad 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial y el 18º de Europa. Y eso porque la productividad no depende de que estemos muchas horas trabajando sino de otros factores: el modelo económico (tenemos muchos servicios y poca industria), la tecnología (producimos con poca tecnología y poco valor añadido), el tamaño de las empresas (tenemos muchas pymes y pocas grandes empresas, las más productivas), la escasa ayuda de la inversión pública (ha caído a niveles de hace 50 años) y, sobre todo, la baja formación de los españoles (en 2016, el 41,7% de los españoles adultos tenían una formación baja, sólo tenían la ESO o ni siquiera, frente al 22% de adultos de la OCDE y al 20% de adultos europeos o el 15% en Alemania, según la OCDE). Por eso, España ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de capital humano (valora la formación y productividad de los trabajadores), elaborado también por el Foro Económico Mundial.

Así que trabajamos más horas, pero somos menos productivos. Y encima hacemos más horas extras, que quitan empleo a 153.000 parados cada año. Una “locura” para un país que tiene todavía 3.766.700 parados, el 16,55% de los españoles en edad de trabajar (1 de cada 6), más del doble que el paro UE (7,3%) y más del cuádruple que Alemania (3,6% de paro), según Eurostat. Así que habría que tomar medidas contra las horas extras, en dos direcciones. Una controlar y vigilar mejor las horas extras, exigiendo un seguimiento diario de las empresas y con campañas de la inspección de trabajo, para frenar los abusos. Eso exige una nueva Ley, mayores sanciones (hoy son bajas: van de 600 a 6.000 euros, “compensan” el fraude) y más medios para la inspección de Trabajo (tienen la misma plantilla que en 2009 y la mitad que en Europa: 1 inspector por cada 15.000 asalariados frente a 1 por cada 7.300 en la UE). Y por otro, penalizar las horas extras, subiendo las cotizaciones por ellas. E incentivando a las empresas que las reduzcan y creen empleos estables a cambio.

Las horas extras sistemáticas son una “corruptela” laboral con la que muchos trabajadores colaboran a la fuerza y otros de buena gana, pero es una fórmula que “roba trabajo” a los que no lo tienen. Digámoslo claramente. Ya es hora de recortarlas drásticamente, a cambio de que haya más empleo (y sueldos dignos que no las necesiten). El camino es trabajar menos horas, como se hace en Europa, pero con más eficacia y productividad. Eso nos permitiría vivir algo mejor, estar más con la familia, y no hacer horarios de “locos”. El debate está ahí, aprovechando la Ley que se negocia en el Congreso. Pacten otros horarios, porque una empresa puede competir y ganar dinero haciendo menos horas extras. Europa lo demuestra.

Paraísos fiscales: Europa no se atreve

El escándalo de los paraísos fiscales estalla periódicamente, desde los Papeles de Panamá a LuxLeaks o los Paradise Papers. En diciembre, la Comisión Europea aprobó una “lista negra” donde sólo incluyó 17 países. Pero en enero, han  sacado de esa “lista negra” a 8 países, entre ellos Panamá (por la presión de España), Barbados, Corea del Sur y Emiratos. Además, Bruselas no incluye entre los paraísos fiscales a 4 países europeos que utilizan las multinacionales para evadir impuestos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta. Mientras, las inversiones a paraísos fiscales se han cuadruplicado y son la vía de entrada del 54% de las inversiones que llegan a España y del 25% de las que salen. Y 34 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Son millones de euros que eluden impuestos, mientras 98 países han firmado el acuerdo OCDE para intercambiar datos fiscales. Pero no lo ha hecho EEUU, que releva a Suiza como paraíso fiscal. Urge una “cruzada” mundial contra la los paraísos fiscales, donde se esconde un dinero que nos hace mucha falta.

enrique ortega

Esta historia de la lucha contra los paraísos fiscales cumple casi 10 años. En noviembre de 2008, tras el estallido de la Gran Recesión, los principales países se reunieron en Washington, en la Cumbre del G-20, para “refundar el capitalismo”, con la idea de emprender reformas que evitaran otra gran crisis en el futuro. Y entre ellas, poner coto a la evasión fiscal internacional, apoyada en los paraísos fiscales, encargando a la OCDE que estudiara medidas de control para aplicarlas a nivel mundial. En junio de 2017, el G-20 se reunió en Hamburgo y se felicitó porque casi 100 países hubieran firmado el acuerdo de la OCDE (proyecto BEPS) para intercambiar información fiscal a nivel internacional. Y tras la firma de miles de convenios bilaterales, declaraban que sólo había un “paraíso fiscal”: Trinidad y Tobago, una pequeña república caribeña formada por 2 islas enfrente de Venezuela.

Pero, por desgracia, hay muchos más paraísos fiscales en el mundo, cada vez más activos. De hecho, la inversión mundial hacia los paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en los últimos 15 años, según un documentado estudio de Intermón Oxfam, que estima en 170.000 millones de dólares el dinero que quitan sólo a los países en desarrollo. En general, los usan las empresas y multinacionales como “plataforma intermedia” de sus inversiones, creando allí empresas con las que invierten luego en terceros países o que utilizan para sacar sus beneficios de otros países sin pagar impuestos. Y para las grandes fortunas y muchos inversores, son la plataforma ideal para eludir también el pago de impuestos. Por ejemplo, en 2016, las islas Caimán recibieron 5 veces más inversión que China, según Intermón Oxfam. Y Holanda es el 2º país de origen de la inversión extranjera que llega a Latinoamérica y el primer país de origen de la inversión extranjera en Brasil. Son meros “portaviones” donde aterrizan las inversiones de camino entre un país y otro, para no dejar rastro fiscal.

El caso de España es también muy esclarecedor. Más de la mitad de la inversión extranjera que llega a España (el 54%) lo hace a través de un paraíso fiscal, según el informe de Intermón Oxfam. Sobre todo llegan a través de Holanda, Luxemburgo, Barbados, Islas Caimán,  Bahamas, Panamá, Irlanda, Malta, Suiza, Singapur, Hong-Kong, Barbados o Delaware (USA), los paraísos fiscales  más agresivos. Y un 25% de la inversión española que se hace en el exterior se canaliza a través de paraísos fiscales, habiéndose cuadruplicado esta inversión en el último año, según el informe de Intermón Oxfam.  De hecho, la inversión española a través de paraísos fiscales es un 27% superior a la inversión española en Latinoamérica.

Esta inversión española a través de paraísos fiscales es posible porque las empresas y los bancos españoles tienen filiales en esos paraísos fiscales, a través de las que canalizan sus operaciones y las de sus clientes. En 2016, 34 grandes empresas y bancos (todas las empresas del IBEX, salvo Aena) tenían una o varias filiales en paraísos fiscales, 996 filiales en total, encabezando el ranking Banco Santander (225 filiales en paraísos fiscales), ACS (108), Repsol IPF (93), Arcelor Mittal (79), BBVA (64), Ferrovial (64) e Iberdrola (63), según datos de Intermón Oxfam a partir de sus Memorias anuales. Y la mayoría de estas filiales (438) se sitúan en Delaware (un “paraíso fiscal” en el noroeste de EEUU), seguida de Holanda (157), Irlanda (83) y Luxemburgo (80). Lo más preocupante es que estas filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales se han multiplicado por 4 entre 2009 y 2016.

Las empresas y bancos, españolas y multinacionales, aumentan su presencia en los paraísos fiscales como una forma de “eludir” impuestos (palabra fina, “elusión fiscal”: significa que no defraudan impuestos sino que los “eluden” legalmente…). Y lo hacen porque pueden, porque ni Hacienda ni la normativa europea se lo prohíbe. Sobre todo, porque la mayoría de los países que utilizan como “portaviones” de sus inversiones no son oficialmente “paraísos fiscales”. Y aquí entramos en el tema clave: “la lista” de los paraísos fiscales.

España tiene una lista oficial de 48 paraísos fiscales, que se aprobó oficialmente en 1991 (ver países). Pero no es la que rige hoy, porque en estos años, sobre todo desde 2003, han salido de la lista 15 países: Andorra, Luxemburgo, Singapur, Chipre, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Antillas Holandesas, Aruba, Emiratos, Jamaica, Malta, Trinidad Tobago, San Marino, Singapur, Omán y Panamá (salió de la “lista negra” de Hacienda en 2010, a raíz de que Sacyr ganara el mega contrato del Canal de Panamá). Sorprenden muchos de los países que ya no son paraísos fiscales para la Hacienda española, sobre todo cuando 7 de estos 15 países “indultados” forman parte de la lista de los 15 peores paraísos fiscales elaborada por Intermón Oxfam, por este orden de más a menos opacidad fiscal: Bermudas, islas Caimán, Holanda, Suiza, Singapur, Irlanda, Luxemburgo, Curaçao, Hong Kong, Malta, Bahamas, Jersey, Barbados, Islas Mauricio e Islas Vírgenes.

La Comisión Europea, a raíz del “escándalo LuxLeaks” (548 acuerdos fiscales favorables suscritos por el gobierno de Luxemburgo con numerosas multinacionales), destapado en noviembre de 2014, quiso ponerse a la cabeza de la lucha contra los paraísos fiscales. Y ha estado tres años preparando una “lista negra” de paraísos fiscales, que por fin aprobó el 5 de diciembre de 2017, con 19 países, en su mayoría pequeños estados del Caribe, Oriente Medio y Asia, una lista que defraudó a los expertos porque dejaba fuera a muchos de los países “evasores habituales”. Pero la sorpresa saltó el 21 de enero de 2018, cuando la Comisión recortó esta lista, sólo 37 días después de aprobarla. Salieron de la lista de “paraísos fiscales” 8 países: Panamá, Barbados, Granada, Corea del Sur, Macao, Mongolia, Túnez y Emiratos Árabes Unidos, porque “se habían comprometido a ser fiscalmente transparentes”, según Bruselas. La lista se revisará a finales de 2018 y antes, la Comisión Europea establecerá sanciones para los 9 únicos países que, para Bruselas, son ahora “paraísos fiscales: Samoa, Bahréin, Guam, islas Marshall, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa y Trinidad Tobago.  Y quizás Hacienda “rehaga su lista” con esta nueva lista UE.

Los expertos consideran que la lista europea de paraísos fiscales es un fiasco, fruto de las presiones políticas y económicas de países y multinacionales. De hecho, España presionó en el Ecofín para que Panamá saliera de la lista europea, según ha reconocido Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional, a pesar de que 2.000 españoles aparecieron con cuentas en los "Papeles de Panamá" (2016). Mientras, los técnicos de Hacienda (Gestha) han elaborado una “lista negra” (ver aquí) de 30 países (donde incluyen a Suiza, Gibraltar, Hong Kong, Aruba y Bahamas, que no están en la lista negra de Hacienda) y otra “lista gris” (donde incluyen Panamá, Andorra, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Malta, Mónaco, San Marino, Turquía o Venezuela). Y Oxfam Intermón ha elaborado una “lista negra” de 39 paraísos fiscales, donde incluye 4 países europeos: Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Malta.

Precisamente, la mayor crítica que puede hacerse a las autoridades europeas es que la “lista negra” de la Comisión deja fuera a los paraísos fiscales que hay en Europa. Sobre todo cuando en los últimos años han estallado diversos escándalos que han demostrado que hay países europeos especializados en facilitar la evasión fiscal a empresas y multinacionales. El escándalo LuxLeaks destapó que el Gobierno de Luxemburgo (presidido por el actual presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker) había firmado (entre 2002 y 2010) acuerdos secretos, para pagar menos impuestos, con 340 multinacionales. Holanda también había firmado acuerdos similares en 2008 con la multinacional Starbucks. También el gobierno de Bélgica, en 2005, con 35 multinacionales. Y el gobierno de Irlanda firmó otro pacto secreto con Apple para que sólo pagara el 2,5% de impuestos.

Pero el problema no son sólo los acuerdos secretos con multinacionales. Lo más grave es que muchas grandes compañías utilizan algunos países europeos, con su consentimiento, para aplicar una “ingeniería fiscal” que les permita eludir (legalmente) el pago de impuestos, unos 70.000 millones de euros al año (8.250 millones en España). El sistema más utilizado es transferir beneficios a filiales de países donde se pagan menos impuestos, utilizando para ello compras y ventas entre filiales. Una variante más sofisticada es lo que se llama el “sándwich holandés” y el “doble irlandés”, los sistemas que utilizan Google y Apple: facturan su negocio en España, por ejemplo, a través de una filial en Irlanda, que transfiere ese dinero a una filial en Holanda (que no paga impuestos) y el dinero vuelve a otra filial en Irlanda (por gestión del uso de la marca), que tampoco paga impuestos y que transfiera los beneficios a una filial de Bahamas (paraíso fiscal). Al final de este periplo, Google y Apple sólo han pagado un 2,4% de los beneficios, la media que pagan las multinacionales USA fuera de EEUU.

Otra vía de “elusión fiscal” son las marcas y patentes (royalties): las multinacionales registran la propiedad de sus marcas en paraísos fiscales y desde otras filiales transfieren allí dinero como pago por uso de la marca. Es lo que hace Starbucks con el dinero del café que nos tomamos: una parte va a una filial en Irlanda que gestiona su marca y que no paga por este dinero desviado. Ikea hace lo mismo a través de una filial en Holanda. Y McDonald’s creó una filial en Luxemburgo donde desvía el 5% de su facturación en España y lo que se ha ahorrado de pagar aquí 68,5 millones en 5 años. El caso más llamativo es Inditex, que a través de dos filiales en Holanda y Suiza, factura al resto por la compra de ropa en Asia y por la gestión de marca y consultoría. Así ha “eludido” el pago  a la Hacienda española de 585 millones de euros entre 2011 y 2014, según un informe de los verdes en el Parlamento europeo. Y todavía hay más vías de “elusión” fiscal: préstamos entre filiales de una multinacional, trasvase de dividendos o aprovechar las diferencias fiscales dentro de Europa.

Es un escándalo porque, en estos casos, los paraísos fiscales no están en el Caribe o en Asia, sino en el corazón de Europa. Los gobernantes europeos trataron de “salvar la cara” aprobando, en julio de 2016, una Directiva europea para luchar contra la elusión fiscal de las grandes empresas y multinacionales. El problema es que se ha retrasado su entrada en vigor, dado que los países tienen hasta diciembre de 2018 para modificar sus normas fiscales y en algunos casos, se les da de plazo hasta el 1 de enero de 2020. Luego, habrá que ver cómo se aplican los cambios, porque ningún país se va a arriesgar a perder multinacionales, que ya estarán preparándose para burlar las nuevas normas fiscales aprobadas por Bruselas.

En paralelo, este año 2018, Hacienda y los responsables fiscales de todo el mundo van a disponer de más datos sobre dónde tienen el dinero sus empresas y sus ciudadanos, porque ha entrado en vigor el acuerdo de la OCDE (Proyecto BEPS) para intercambio mundial de información fiscal, acuerdo que han firmado ya 98 países (Panamá en enero 2018). El problema es que no es un acuerdo vinculante y cada país decidirá con qué países intercambia información fiscal. España ha aprobado intercambiarla con todos los países, pero ahora falta ver si Suiza o Panamá le mandarán a Hacienda los datos fiscales de españoles y empresas que tengan inversiones en su territorio. Unos países lo tenían que enviar antes de  septiembre de 2017 (con datos al 1 de enero 2016) y otros tienen hasta septiembre 2018 (Andorra, Suiza, Panamá, Bahamas, Mónaco, Indonesia, Singapur, Qatar, Arabia Saudí o Turquía entre ellos).

Quien no ha firmado este acuerdo internacional ha sido Estados Unidos, lo que refuerza la idea de que se va a convertir en el mayor paraíso fiscal, si no lo es ya, porque cada día se registran más empresas y fortunas en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Miami, los estados que están atrayendo el dinero opaco que hasta ahora estaba en Suiza, Luxemburgo, Panamá o el Caribe. Así que la Hacienda española y del resto de Europa no pueden esperar colaboración de EEUU, mientras se da el contrasentido de que los bancos europeos están obligados a dar puntual información de las inversiones de empresas y ciudadanos estadounidenses, porque desde 2013 está en vigor la FATCA, una Ley que obliga a los demás países a darles los datos de los ciudadanos USA (sean residentes o no) pero que no les obliga a dar los datos fiscales de las empresas  extranjeras en USA, sólo de las personas físicas.

Así está el panorama fiscal en el mundo: se multiplican por cuatro las inversiones en paraísos fiscales y aumenta la sofisticación de las multinacionales para eludir impuestos, pero Europa responde con una lista negra inútil y una Directiva complicada de implantar. El fraude fiscal se hace global y la vigilancia mundial es poco efectiva, con lo que muchos millones de euros se pierden por el camino, en beneficio de los más ricos, lo que aumenta la desigualdad (como se ha reflejado en la Cumbre de Davos) y penaliza las inversiones y servicios públicos y sociales, que pierden recursos por el aumento del fraude fiscal, con la inestimable ayuda de los paraísos fiscales, donde está nuestro dinero. “Saca a la luz un dinero que no ves”, nos pide Intermón Oxfam en esta campaña contra los paraísos fiscales. Están bien las firmas, pero lo que hace falta son Leyes y vigilancia para que se cumplan. En Europa y en España. 

Móviles: año nuevo, subidas nuevas

Este lunes 5 de febrero, sube Movistar otros 5 euros sus paquetes Fusión. Y el 18 de febrero sube 3 euros las tarifas de los móviles, tras empezar el año con subidas en múltiples servicios. Le sigue Orange, que subirá tarifas el 25 de febrero, tras hacerlo en enero Vodafone (tarifas low cost), que además subirá el 1 de abril  sus tarifas de móviles, fibra y paquetes convergentes. Y  ya subieron Euskaltel y Telecable. Es la primera subida de las telecos este año, pero habrá otra en verano, como ha sucedido en los 2 últimos años: nos suben móviles e Internet, con la excusa de darnos a cambio más gigas y más velocidad. Así, el paquete Fusión de Movistar, por ejemplo, ha subido 20 euros (+33%) en tres años y medio. Y tenemos las tarifas más caras de Europa. Pero los clientes ahí estamos, pagando lo que nos cobren, porque estamos “enganchados” al móvil y a Internet. Y porque el “triopolio” de las telecos acuerdan  las subidas y no tenemos donde ir. Así que, hasta la subida del verano.

enrique ortega

El rosario de subidas de 2018 lo empezó, como es habitual, la teleco líder, Movistar. El 5 de enero hizo a sus clientes un peculiar “regalo de Reyes”, la subida de las tarifas de conexión (telefonía fija y fibra), así como de Movistar Fibra Óptica (subió 2 euros al mes), además de subir la tarifa de cinco servicios auxiliares: establecimiento de llamada (de 0,25 a 0,30 céntimos de euro), SMS (de 20 a 25 céntimos cada uno), consultas de mensajes (de 12,1 a 18,15 céntimos), la llamada a tres (las más castigadas: pasan de 1,21 a 5 euros mes) y el desvío de llamadas (3 euros al mes en vez de 2 euros).

El próximo 5 de febrero, Movistar subirá 5 euros al mes (+3,1%) los paquetes Fusión (salvo los más baratos, Fusión #0 y Fusión Series), a cambio de duplicar la velocidad de conexión por fibra (de 50 MB a 100 y de 300 MB a 600) y del aumento de datos móviles (+2GB). Y para redondear, el 18 de febrero subirá las tarifas de móviles, entre 2 y 3 euros al mes, así como la contratación de una línea adicional (de 1 a 1,50 euros más).

La segunda teleco en clientes, Orange, le seguirá, el 25 de febrero, con otra subida de 2 a 5 euros al mes en sus paquetes convergentes (Love esencial, Love sin límites y Love Familia), aunque también la justifican en que subirán a cambio los datos que ofrecen (+1 GB a +6 GB), pero sin tocar la velocidad de la fibra o ADSL, como sí hace Movistar. 


La tercera teleco, Vodafone, subió el 15 de enero sus tarifas low cost, las de los paquetes Lowi: subió 3 euros al mes la fibra óptica (de 30 a 33 euros) y suprimió las modalidades más sencillas de los combinados Internet + móvil, sustituyéndolas por bonos con datos móviles de 1,2 a 3,6 GB. Y sólo se podrá contratar el combinado de 4GB, a un precio de 43 euros al mes.  Además, Vodafone ha anunciado que el 1 de abril subirá el resto de tarifas: entre 1 y 2 euros al mes las de móvil y fibra y entre 4 y 5 euros los paquetes convergentes, con el "gancho" de que ofrecerá a cambio más servicios. Y por último, las cableras del norte, Euskaltel y Telecable (comprada en 2017 por la teleco vasca), subieron también el 22 de enero sus tarifas de cuota de línea y fibra óptica.

Como puede verse, son subidas que “coinciden en el tiempo”, como las impuestas en 2016 y 2017, aunque la Comisión de la Competencia (CNMC) nunca les ha multado por ello. Y los clientes poco pueden hacer, sólo rechazarlas y cambiar de compañía, sin penalización, algo que tiene poco sentido porque en la nueva compañía también encontrará subidas. Nos tenemos que acostumbrar a que ésta será la tónica: dos subidas al año de las telecos, en enero-febrero y en junio-julio, como el año pasado. De hecho, Movistar realizó 5 subidas en 2017 y 7 en los dos últimos años, subiendo el paquete Fusión 20 euros (de 60 a 80 euros al mes, +33,3%) entre mayo de 2015 (primera subida) y ésta de febrero de 2018. Le sigue Vodafone, que ha subido 11 euros el paquete Vodafone One M (de 53 a 64 euros, +20,75%). Y cerca está Orange, con una subida de 10 euros en su paquete Orange Canguro Ahorro (de 41,95 a los 62,95 euros actuales, +23,8%), según se ve en este gráfico de xataca.com.

Las telecos “necesitan” subirnos las tarifas dos veces al año porque necesitan anualmente subir sus ingresos para afrontar sus crecientes inversiones, tanto en fibra óptica como en telefonía móvil 4G (y luego la 5G), así como para pagar el costoso fútbol que mantiene su oferta de TV de pago. Además de subirnos las tarifas año tras año, han recortado plantillas de forma drástica, para recortar gastos. Así, entre 2009 y 2016, las telecos que operan en España han recortado 1 de cada 4 empleos (su plantilla ha pasado de 80.117 a 59.588 personas), el último 10%, en 2016, Movistar y Vodafone.

Además, las telecos nos suben tarifas dos veces al año porque pueden. Primero, porque lo hacen todas (las grandes) y tienen un  gran poder como para imponer sus condiciones. De hecho, tras las compras de 2014 a 2016 (Telefónica compró Canal Plus, Vodafone se hizo con Ono y Orange con Jazztel), las tres grandes telecos controlan el 82,6% de las líneas móviles y el 97,2% de los paquetes cuádruples de telefonía (fijo, móvil, Internet fijo y móvil) y el 97,2% de los paquetes quíntuples, según los datos de la CNMC. Precisamente, el gran éxito de las telecos que operan en España es haber implantado los paquetes combinados (fijo, móvil, internet fijo y móvil más TV de pago), algo que no se conoce apenas en Europa y que tienen ya contratados 13,6 millones de familias y españoles, el 70% de los clientes. Y eso hace que el cliente sea “más fiel”, se cambie menos de compañía, también porque le resulta más difícil comparar tarifas al ser paquetes con servicios y precios diferentes.

Así que las telecos nos suben tarifas porque ven que apenas pierden clientes con ello. Si uno bucea en los datos de cambio de operador (“portabilidad”) desde 2014, que publica la CNMC, se puede observar que las telecos han perdido pocos clientes con las subidas. Así, el líder, Movistar, que perdió 819.300 clientes en 2014, perdió menos de la mitad en 2015 (-365.860), a pesar de hacer la primera subida en mayo. Y perdió menos (-354.800 clientes) en 2016, a pesar de que ese año hizo dos subidas más en Movistar Fusión. Y en 2017 perdió menos de la mitad de clientes que el año anterior (-129.400 clientes hasta noviembre), a pesar de las subidas. Orange ganó clientes en 2015 y 2016, a pesar de las subidas, aunque los perdió en 2017 (-161.500), como Vodafone (-179.100 clientes perdidos hasta noviembre de 2017), más que por las subidas por la competencia de Mas Móvil, que ha ganado 350.100 clientes en 2017 (hasta noviembre). Y lo importante: todos tienen más líneas de móviles ahora que en 2015, cuando empezaron las subidas. O sea, han perdido clientes año a año, pero menos, y han ganado otros nuevos. Pueden seguir subiendo tarifas.

Mientras las tres grandes telecos se ponen de acuerdo en las subidas a los clientes actuales, se pelean a muerte por “robarse clientes” nuevos. La nueva “guerra de tarifas” la inició la teleco más retrasada, Vodafone, que en octubre de 2017 ofreció descuentos del 50%  (durante un año) en los paquetes convergentes (fijo, móvil e Internet) para nuevos clientes. Movistar y Orange contestaron en noviembre, con ofertas de hasta el 50% en los nuevos contratos hechos antes del 8 de enero. Además de esta “guerra de ofertas”, el mercado se ha reanimado a partir de octubre de 2016, cuando Orange decidió abrir sus líneas de fibra óptica al cuarto operador, Mas Móvil, lo que le permitió competir con los tres grandes en la oferta de móviles y acceso a Internet. Una decisión que permite a Orange ingresar más por sus líneas de fibra óptica, pero que abre la puerta a la competencia de un cuarto operador, MásMóvil, que ha crecido de forma espectacular: en 15 meses se ha hecho con 500.000 hogares y el 8,2% de las líneas móviles, quitando 402.600 clientes a los tres grandes.

Pero el triopolio (Movistar, Orange y Vodafone) tiene el 82,6% de los móviles y el 80% de los clientes, a pesar de las dos subidas al año. Y eso se debe a que los españoles estamos muy enganchados a los móviles (tenemos 51,5 millones, más que habitantes) y los usamos mucho (2 horas y 11 minutos al día, el 5º país que más, tras Brasil, China, USA e Italia, según Statista). Y estamos muy enganchados a Internet: hay ya 31,8 millones de internautas y el 85% se conecta a Internet con su Smartphone, una media de 246 minutos al día navegando por la red, según la AIMC. Así que, aunque nos suban las tarifas, no sabemos vivir sin el móvil e Internet. Y cada día lo usamos más, más WhatsApp,  más descargas y más consumo de datos. Y eso hay que pagarlo.

Además, las telecos construyen cada vez redes más rápidas, para que consumamos más datos y así justificar nuevas tarifas más caras. Precisamente, el otro gran éxito de las telecos que operan en España, además de inventar los paquetes convergentes (fijo, móvil, internet y TV), es haber creado una gran red de fibra óptica, una enorme red de autopistas de telecomunicación por la que pueden vendernos productos cada vez más caros. Algo que no han conseguido hacer las demás telecos europeas. Así, entre 2012 y 2017, las telecos han instalado en España  fibra óptica en 31,3 millones de hogares (el 75%), el tercer mayor despliegue de fibra óptica del mundo, tras Corea del Sur y Japón. Y así, España tiene instalada tanta fibra óptica como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas. Y Movistar cubre con fibra el 75% de los hogares (85% en 2018), frente al 35% de Orange en Francia, el 5% de Deutsche Telecom en Alemania o el 2% de BT en Reino Unido. Ahora, el problema de las telecos es rentabilizar esta enorme inversión (y la hecha en la red móvil 4G, donde se ha alcanzado un 96% de cobertura), donde han gastado 33.910 millones de euros desde 2010. Una inversión que compensarán nuestros recibos.

Así que las telecos “españolas” (Movistar, la francesa Orange y la británica Vodafone) son “la envidia” de las telecos europeas, por la forma en que tienen “atrapados” a sus clientes, con los paquetes convergentes y la fibra óptica ,que multiplica descargas y consumo de datos (creció un 70% en 2017) , a cambio de tarifas cada vez más altas. El resultado es que los españoles pagamos las tarifas móviles más altas de Europa: 52,96 euros en 2016, un 42,14% más que la media de los cinco mayores países europeos (37,26 euros/mes), según el último análisis de Kelisto. Eso supone que pagamos por el móvil más del doble que en Reino Unido (20,98 euros al mes) y Francia (21,97 euros) y también más que Alemania (43,52 euros) e Italia (52,96 euros). Y en 2017, el coste medio de un paquete cuádruple (fijo, móvil e Internet fijo y móvil) era en España de 67,80 euros al mes, según la CNMC. Y el coste de un paquete quíntuple (con TV de pago) era de 96,60 euros, un 19,5% más que en 2015.

Ahora, todo apunta a que hay un “doble mercado” de móviles e Internet. Los clientes antiguos sufren y sufrirán las subidas periódicas de las grandes telecos, mientras se enzarzan con Más Móvil y los operadores virtuales en “guerras de tarifas” (ellas y sus segundas marcas low cost : Tuenti, Lowi y Amena o Pepephone) por captar clientes nuevos, batiendo récords de fugas (676.117 cambios de operador en noviembre de 2017). Y cuando los “nuevos” ya son “viejos”, pasan a sufrir las periódicas subidas de los antiguos, salvo que se vayan y antes o después caigan en las redes de un operador que les suba. Y todo ello mientras el Gobierno Rajoy y la “independiente” Comisión de la Competencia (CNMC), dependiente del Ministerio de Economía, “miran para otro lado” cuando las telecos “coordinan” e imponen subidas “a cambio de” mejoras que los clientes no han pedido.

Pero es lo que hay. Nosotros, los clientes, estamos cada vez más enganchados al móvil e Internet, más conectados a las redes y bajando cada vez más vídeos, gastando cada vez más datos y buscando más velocidad. Y las telecos nos tienen cada vez más cogidos, con paquetes más complejos y servicios más amplios y más costosos, sin los que no sabríamos vivir. Así que nos suben, protestamos, pero seguimos dándole a la tecla aunque nos cueste más cada año. Y así hasta la próxima subida, este verano.