El pulso entre Montoro y los nuevos Gobiernos

El mapa político de España ha cambiado drásticamente tras el 24-M, con 7 autonomías gobernadas por el PSOE, 5 por nacionalistas y la izquierda controlando la mayoría de grandes ciudades. Pero el PP mantiene el Gobierno central y con ello la llave de la financiación a autonomías y Ayuntamientos. Montoro acaba de recordarles que tienen que seguir ajustando sus cuentas, porque incumplen los objetivos de déficit, gasto y deuda prometidos a Bruselas. Así que los nuevos Gobiernos autonómicos han recibido una penosa herencia: tienen que recortar 10.000 millones este año y otros 4.000 millones para 2016. Si no lo hacen, Montoro les amenaza con “cortarles el grifo”, sanciones y hasta una posible intervención. Y a los Ayuntamientos les recuerda que no pueden gastar más y que la reforma de la Ley de Régimen Local (aprobada en solitario por el PP) les prohíbe asumir competencias como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales, que quieren potenciar los nuevos gobiernos locales. El pulso (doble) está servido. Y sufriremos las consecuencias. 

enrique ortega

Las autonomías han salido de las elecciones del 24-M como llegaron: en una penosa situación económica, con muchos gastos (sanidad, educación, dependencia y gastos sociales), pocos ingresos y muchas deudas. De hecho, sólo tres autonomías están saneadas y cumplen los tres objetivos de gasto, déficit y deuda, impuestos por el Gobierno en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en abril de 2012, con el único apoyo de Ciu y UPYD), de acuerdo con Bruselas: son Galicia, Canarias y Navarra. Las otras 14 autonomías incumplen alguno de los tres objetivos de estabilidad, en especial el tope del déficit, que era del 1% en 2014 y que sólo cumplieron cuatro autonomías (Galicia, Canarias, Navarra y País Vasco), cerrando el conjunto de autonomías con un déficit del 1,68% sobre el PIB en 2014.

Cinco autonomías son las que tienen una peor situación económica. El farolillo rojo es Murcia: la región con más déficit público (2,8% de su PIB) y la quinta con más deuda (25,2% PIB), aunque en 2014 gastó por debajo del límite (+1,5%). Le siguen la Comunidad Valenciana (la región con más deuda, el 37,5% de su PIB, y con el cuarto mayor déficit, el 2,39% del PIB) y Extremadura (con el tercer mayor déficit, el 2,44% del PIB y un fuerte aumento del gasto, el +5,4% en 2014). También están mal, aunque no tanto, Castilla la Mancha (la segunda autonomía con más deuda, el 33,7% de su PIB, y la quinta con más déficit, el 1,76% del PIB) y Baleares (la cuarta con más deuda, el 29,5% de su PIB, y la sexta con más déficit, el 1,71% del PIB).  En total, cinco autonomías con una situación económica “penosa”, que antes eran gestionadas por el PP y cuya herencia tendrán que afrontar ahora  gobiernos del PSOE, salvo Murcia (que sigue en manos del PP).

Además de estas 5 autonomías con mayores problemas económicos, destaca la mala situación de Cataluña (con el 2º déficit más elevado, el 2,58% de su PIB, y la tercera mayor deuda (el 32,2% del PIB) y Aragón (con el séptimo mayor déficit, el 1,66% de su PIB, y un 18,1% de deuda), mientras mejora Andalucía, aunque supera el objetivo de déficit (1,16% PIB) y mantiene una alta deuda (20,5%). Madrid, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Cantabria y País Vasco están casi bien, aunque incumplen algunos de los tres objetivos de estabilidad (déficit, deuda o gasto). Y sólo hay tres autonomías económicamente saneadas, que los cumplieron en 2014: Galicia, Navarra y Canarias.

Con este panorama, la Autoridad Fiscal Independiente, un organismo creado para controlar las cuentas públicas, ya reclamó al Gobierno, en diciembre de 2014, que tomara “medidas preventivas” contra 7 autonomías que presentaban “un elevado riesgo de incumplir el límite de déficit público”: Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha, Baleares, Cataluña y Andalucía, 5 de ellas gobernadas entonces por el PP y ahora por el PSOE. Al final, el 24 de abril de 2015, una vez conocidas las cuentas de 2014, Hacienda envió una carta a las 14 autonomías que no cumplían los tres objetivos de la Ley de estabilidad (todas salvo Galicia, Navarra y Canarias) en las que les daba un mes para que enviasen Planes de ajuste para cuadrar sus cuentas. El plazo se cumplió el 24-M (día de las elecciones autonómicas) y los nuevos Gobiernos, que acaban de tomar posesión, aún no han tenido tiempo de comprobar  la herencia recibida y poder elaborar ningún Plan de ajuste.

Pero tienen que hacerlos y mandárselos a Montoro, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las 14 autonomías afectadas tendrán que ajustar 10.000 millones este año, la diferencia entre el 1,68% de déficit que tuvieron en 2014 y el 0,7% de déficit que deben tener en 2015, según los objetivos enviados a Bruselas. Un ajuste que sólo pueden hacer con más recortes o con más recaudación (subiendo impuestos) y que recaerá sobre todo sobre las autonomías con más déficit y peor situación económica, que ahora están en su mayoría gobernadas por el PSOE (con el apoyo de Podemos): Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares, además de Murcia (PP) y Cataluña (CiU). Y no sólo eso. En 2016, el objetivo de déficit es rebajarlo de nuevo, al 0,3% del PIB, con lo que las autonomías deben hacer otro ajuste de 4.000 millones en sus Presupuestos para 2016.

Montoro les acaba de recordar a las autonomías que tienen que cumplir la Ley y hacer estos ajustes, 10.000 millones este año y otros 4.000 para el próximo, les guste o no. Y aunque 9 autonomías han votado en contra, las 7 gobernadas ahora por el PSOE (Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Baleares, Aragón y Asturias) más Canarias y Cataluña (y la abstención de Castilla y León), no tienen fácil oponerse. Porque la Ley le da muchos instrumentos a Montoro para “disciplinar” a las autonomías. Por un lado, le permite sancionarlas, con multas, si no toman medidas de ajuste, multas que se cobraría de los pagos que tienen que hacerles. Y también puede “cortarles el grifo de la financiación” si no toman medidas de ajuste, como Bruselas con Grecia. Y en caso de mayor “rebeldía”, la Ley faculta a Montoro a “intervenir” una autonomía, a enviarles sus técnicos (los  “hombres de negro”) a gestionar sus cuentas y aplicar un duro Plan de ajuste.

De hecho, en marzo pasado, Hacienda envío dos cartas sucesivas a tres autonomías gestionadas entonces por el PP (Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón) en las que les amenazaba de suspenderles la financiación si no agilizaban el pago de las facturas a sus proveedores, que rondan los 100 días cuando la Ley marca un tope máximo de 60 días, que llevaban incumpliendo ya más de ocho meses. Ahora, estas tres autonomías, gobernadas por el PSOE, tendrán que agilizar estos pagos (recortando de otros sitios) si no quieren que Montoro les deje de abonar lo que les corresponde de los impuestos estatales. Y lo mismo les pasará al resto de las 14 autonomías “advertidas” si no hacen más ajustes. Algo que choca frontalmente con los objetivos de los nuevos Gobiernos autonómicos, que han llegado al poder con la promesa de gastar más, en sanidad, educación, vivienda, empleo, Dependencia y gastos sociales.

El pulso entre Montoro y las autonomías va a ser duro estos próximos 5 meses y veremos amenazas y posibles sanciones, para tratar de “meter en vereda” a las autonomías más díscolas, que se quejan de falta de recursos. Y es verdad. El problema de fondo, junto al hecho cierto de que muchas autonomías han gastado mal (dilapidando recursos públicos y con mucha corrupción) es que las autonomías tienen muchas competencias (60% del gasto total) y pocos recursos, en beneficio del Estado central. Se deberían reordenar los ingresos y los gastos públicos, para aumentar los ingresos de autonomías (y Ayuntamientos), en detrimento del Estado central (que se lleva el 57% de los ingresos públicos). Y además, hacer un mejor reparto del sistema de financiación autonómica (2009), que ahora perjudica a Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña. El Gobierno Rajoy no quiso reformarlo en 2014, cuando tocaba, y ahora dice que lo hará en 2016 (si gana).

En paralelo a este pulso con las autonomías, Montoro mantiene otro pulso con  los Ayuntamientos, este por partida doble. Por un lado, para que contengan sus gastos y no crezcan más del 1,5% en 2015, el tope impuesto por el Gobierno para conseguir que no tengan déficit en 2015 y 2016 (tras un superávit del 0,5% del PIB en las cuentas de los Ayuntamientos en 2014). Este objetivo choca con las promesas de los nuevos Gobiernos municipales, que han prometido más gasto en ayudas (pago luz y agua), becas (comedor, transporte) y subsidios (a los más pobres), además de en alquileres y gastos sociales. Y por otro, Montoro tratará de evitar que los nuevos Ayuntamientos asuman competencias que el Gobierno Rajoy les quitó, al aprobar en solitario en el Congreso (diciembre 2013) la reforma de la Ley de Régimen Local, recurrida ante el Tribunal Constitucional por once partidos (PSOE. IU, CiU, BNG y UPyD entre ellos) y 3.500 Ayuntamientos de toda España. Tras esta Ley, los Ayuntamientos tienen prohibido asumir competencias "impropias" y deben pasarlas a las autonomías: competencias en materia de vivienda (alquileres), sanidad (centros de salud y urgencias tipo SAMUR), educación (guarderías y escuelas municipales) y servicios sociales (centros atención, ayudas a la pobreza, residencias ancianos y sin hogar), competencias que los nuevos Ayuntamientos de izquierdas quieren ahora potenciar, mientras Montoro les recuerda que no pueden hacerlo.

Los dos pulsos, de Montoro con las nuevas autonomías y con los nuevos Ayuntamientos, están servidos y darán muchas noticias hasta las elecciones si el Gobierno quiere cumplir con el objetivo de déficit prometido a Bruselas. Se repite dentro de España el problema de Grecia con Europa: los nuevos políticos autonómicos y locales no quieren seguir con la austeridad, se niegan a hacer más recortes. Pero necesitan la financiación del Gobierno central, de Montoro, que sin más recortes no quiere soltar más dinero (aunque sea de las autonomías y Ayuntamientos, que tienen derecho a una parte de los ingresos públicos). Dos poderes (el central y el autonómico y local) y dos partidos (PP y PSOE) enfrentados, con el telón de fondo de las próximas elecciones generales. Debería haber acuerdos y pactos, pero no será fácil. Y lo peor es que el doble pulso lo acabaremos pagando los ciudadanos.

Camiones por autopista: pagamos nosotros

Desde el 7 de julio, cuando vaya por algunas autopistas y adelante a un camión, piense que la mitad de su peaje se lo ha pagado usted (y todos nosotros). Es la decisión que ha tomado  Fomento: pagar con cargo al Presupuesto (a nosotros) el 50% del peaje de los camiones que abandonen algunas carreteras convencionales y circulen por 6 tramos de autopistas de toda España. En teoría, la medida, que beneficiará a 27.000 camiones diarios, se toma para reducir congestiones de tráfico y accidentes. Pero en realidad, es “otra ayuda más” a las autopistas, algunas medio quebradas y a punto de ser “nacionalizadas”: van a ingresar 80 millones de euros más este año con estos “camiones extras”. Lo que debería hacer el Gobierno es sacar a muchos camiones de las carreteras, porque tenemos más que ningún país, mientras apenas circulan mercancías por tren y barco. Y eso dispara el consumo de petróleo y las emisiones contaminantes. Menos camiones, tampoco por autopista a nuestra costa.
 

enrique ortega

La medida entró en vigor el pasado miércoles 7 de julio y se aplicará, como Plan piloto, hasta el 30 de noviembre: subvencionar con dinero público el 50% del coste del peaje a los camiones que abandonen ciertos tramos de carreteras convencionales y pasen a circular por 6 tramos de autopistas de peaje, con una extensión de 326 kilómetros: Villalba-Villacastín (Nacional VI a la AP6), Dos Hermanas-Jerez norte (de la N-IV a la AP4), Lleida-Montblanc (de la N-240 a la AP2), Burgos-Armiñón/Álava (de la N-I a la AP1), Vigo-frontera portuguesa (de la N-550 a la AP66) y León-Campomanes (de la N-630 a la AP66). El Ministerio de Fomento dice que la medida beneficiará a 1,3 millones de vehículos pesados y Fenadismer, la patronal, estima que beneficiará a 27.000 camiones diarios.

Este Plan de trasvase de camiones a las autopistas ha acabado desinflándose, ya que inicialmente, en febrero, el Ministerio de Fomento habló a los transportistas de subvencionarles el peaje en 20 tramos de autopistas, sacando a los camiones de 1.300 kilómetros de carreteras convencionales, cuatro veces más que lo ahora aprobado. La verdad es que esa idea inicial se ha recortado drásticamente porque era demasiado cara y Hacienda no ha dado el visto bueno. Aun así, este trasvase de camiones a las autopistas nos costará 10 millones de euros, la partida dedicada a este fin en los Presupuestos 2015. La patronal del transporte Fenadismer se queja de que este dinero se gaste mal y sin haber contado con sus propuestas, que defendían centrar las ayudas en desviar los camiones de otras carreteras nacionales con más tráfico pesado (N-II/AP2, N-340/AP7 y N-232/AP68) y modular los descuentos en los peajes según los horarios y los días de mayor circulación.

El Gobierno justifica las ayudas públicas al trasvase de camiones a las autopistas en que busca descongestionar las carreteras convencionales, agilizar el tráfico y reducir accidentes, que por cierto no son demasiado elevados con vehículos pesados: en 2013, según la DGT, hubo 4.665 accidentes de camiones con víctimas (59 muertos y 195 heridos graves), el 74% en carreteras secundarias. Pero muchos expertos y camioneros piensan que el objetivo del Gobierno es otro: ayudar a las concesionarias de autopistas, que en muchos casos tienen tramos con poco tráfico y otros en suspensión de pagos. De hecho, desde 2013 hay nueve autopistas en el Juzgado, en concurso de acreedores, quebradas: las cuatro radiales madrileñas (R-2, R-3, R-4 y R-5), la M-12 a Barajas, la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Y el Gobierno ya tomó la decisión en octubre de nacionalizarlas, de crear con ellas una empresa pública, asumiendo la mitad de su deuda (3.600 millones), que se pagará a los bancos acreedores en 30 años.

Las autopistas que ahora recibirán más camiones no son las mismas, pero en muchos casos sí lo son las empresas que están detrás (o las constructoras accionistas que están “pilladas” en las autopistas quebradas). Y además, se trata sólo de un Plan piloto, con la idea de que si ganan las elecciones, haya ayudas en más tramos para 2016. En cualquier caso, será un balón de oxígeno para los tramos de autopistas elegidos, que tendrán más camiones y más ingresos. Ya hay un precedente ilustrativo. En abril de 2013, la Generalitat de Cataluña prohibió la circulación de camiones en un tramo de la N-II, entre Maçanet de la Selva (Girona) y la frontera francesa (81km), obligándoles a circular por la AP-7 (Acesa), subvencionando con dinero público una parte del peaje (del 35 al 50%). El resultado ha sido el aumento de 3.000 camiones diarios por la autopista de peaje, unos 18 millones de ingresos extras anuales. Ahora, no es descabellado pensar que esos 27.000 camiones extras van a reportarles a las autopistas un ingreso extra de 80 a 100 millones de euros hasta diciembre. Y además, pueden encarecer también el coste del transporte (el camionero paga la otra mitad del peaje, aunque se ahorre tiempo y carburante) y trasladarse a los precios de casi todos los productos.

Lo que el Gobierno tenía que hacer, si de verdad quiere descongestionar el tráfico y reducir accidentes, es quitar a muchos camiones de las carreteras. Primero, porque hay demasiados: circulan unos 310.000 vehículos de transporte (220.000 son vehículos pesados), aunque las estadísticas oficiales hablan de 164.865 empresas de transportes y 437.359 camiones (100.000 menos que antes de la crisis). Con ello, España es el segundo país de Europa con más camiones por mil habitantes, sólo por detrás de Portugal: 109,9 frente a 89,6 en Francia, 69,8 en Italia, 58,9 en reino Unido o 34,4 en Alemania, según Eurostat.

Pero lo más preocupante es que el camión es el rey del transporte de mercancías en España, a años luz del tren y el barco y muy lejos de lo que pasa en Europa. Así, el 95,2% de las mercancías se transportan en España por camión, mientras en Europa (UE-28) son sólo el 75,1%, según Eurostat. Y así, somos el 5º país europeo con más peso del camión en el transporte de mercancías, sólo por delante de tres islas (Irlanda, Chipre y malta, donde supone el 100%) y de Grecia (98,7%). En Alemania, se transportan por camión el 64% de las mercancías, en Francia el 80%, en Italia el 85,9%, en Reino Unido el 87,8% y en Portugal el 93,2%. Y mientras tanto, España sólo transporta por tren el 4,8% de las mercancías, la cuarta parte que en Europa (18,2% en la UE-28) y bastante menos que Alemania (23,1%), donde además el 12,3% de las mercancías se transportan por vía fluvial (6,7% en la UE-28).

Y hay una tercera razón para quitar peso a los camiones: gastan mucha más energía que el tren o el barco y contaminan mucho más. Los datos son muy explícitos: el transporte por carretera consume el 39% de toda la energía primaria que consume España, un 52,5% de todo el petróleo que consume el país (la factura total del crudo es, ahora que sale más barato, de 34.000 millones de euros, casi lo que ingresamos por turismo). El transporte por carretera consume el triple de energía (por Tm) que el tren y el doble que el barco. Y por si fuera poco, el transporte supone el 24% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en España (el 20% en Europa) y de estas emisiones, el 22% procede del transporte de mercancías (el 70% vienen del transporte de viajeros). Además, España está muy retrasada en el uso de energías renovables en el transporte: sólo el 0,4%, frente al 5,4% de media en la UE, que se ha fijado como objetivo un 10% de energía renovable en el transporte para 2020.

Así que los camiones atascan las carreteras, gastan demasiada energía y contaminan mucho, en perjuicio del tren y el barco, infrautilizados, salvo para el tráfico internacional de mercancías, donde el barco transporta un 67% en toneladas, aunque el camión transporta el 52 del valor de las exportaciones y el 47% de las importaciones. Y en el transporte interior, la carretera acapara el 94,6% de las mercancías, en casi todas las actividades: de los 11 principales sectores industriales, el camión domina su logística en 10 (en todos salvo en el transporte de vehículos, donde han crecido el barco y el tren). Además, el transporte por carretera es una actividad menos eficiente en España que en Europa, con demasiadas empresas pequeñas (autónomos y pymes), que tienen la mitad de tamaño, ingresos, empleados y valor añadido por Tm que la media europea, según el Observatorio del Transporte. Eso, además de encarecer precios a los clientes, resta capacidad de competir a los pequeños transportistas frente a las grandes empresas y multinacionales, que están ganando cuota de mercado a costa de bajar tarifas, mientras los pequeños camioneros protestan y  les acusan de competencia desleal y “dumping”. Pero la realidad es que cada vez tienen menos futuro.

El Gobierno, en lugar de hacer regalos a los transportistas y a las autopistas con nuestro dinero, debería tomarse en serio la reconversión del transporte de mercancías, para ponernos a nivel europeo, con menos peso del camión y más peso del tren y el barco. Eso pasa por realizar inversiones públicas en infraestructuras (interconectando el acceso a puertos y estaciones con  nuevos centros de transporte) y promover el uso de los corredores ferroviarios y marítimos entre los grandes usuarios del transporte de mercancías, facilitando la logística intermodal, el uso combinado del camión, tren y barco, según zonas y tipos de mercancías. Una política integral de transportes, que recorte además el consumo de energía y las emisiones contaminantes, subvencionando las energías alternativas. En definitiva, hace falta tomar decisiones estratégicas a medio plazo, no parches inútiles que además pagamos nosotros.

Sube la luz antes de pagarla por horas

El Gobierno vende que somos el único país de Europa que va a pagar la luz por horas, con lo que ahorraremos si gastamos de noche o por la mañana. El nuevo sistema, en vigor desde el 1 de julio, no se aplicará totalmente hasta octubre, y sólo para la mitad de usuarios, los 10,7 millones que tienen contadores inteligentes con telemedida. El resto tendrá que esperar a que se lo instalen (van por el 40%) y el plazo acaba en 2018. Entre tanto, el recibo de la luz subió  en junio un 5,2% y un 3,6% en la primera mitad de 2015. Y volverá a subir este verano, para bajar en otoño. España es el cuarto país con la luz más cara de Europa, para familias y para empresas. Y eso porque pagamos muchos costes de más, que ni ZP ni Rajoy se han atrevido a quitar a las eléctricas, engordando sus beneficios. Un gran reto para el próximo Gobierno.
 

enrique ortega

El próximo recibo de la luz viene con subida. En junio, el coste de producir electricidad se disparó, por el aumento de la demanda y la menor aportación de las energías eólica e hidráulica (por la climatología). Y como el coste repercute algo más de un tercio en el recibo, subió un 5,2% en junio. Una fuerte subida (la mayor del año) que contrasta con la bajada del -1,5% en mayo y la subida del +1,8% en abril, según las estimaciones de la calculadora Lumios de Red Eléctrica. Con ello, el recibo de la luz habrá subido una media del 5,5 % en el segundo trimestre, tras haber bajado un 1,9% en el primer trimestre. En consecuencia, el recibo de la luz lleva este año una subida media del 3,6%, un aumento de 3 euros por recibo mensual (70 euros) para una familia con dos hijos que consuma 3.900 kW/h anuales.

Ahora, los expertos apuestan por nuevas subidas de costes en la producción de electricidad este verano y una ligera bajada en otoño, con la previsión de cerrar 2015 con una subida del recibo de la luz del 4 al 5%, tras haber bajado un 4,9% en 2014 (según Industria). Aún falta por ver si una serie de factores “externos” no suben más los precios: el aumento del consumo, la repercusión de las ayudas a las grandes empresas consumidoras (550 millones que ahora se cargan como costes en la producción de electricidad), el regalo de la mitad de los peajes que pagaban las empresas vascas (en contrapartida a que el PNV apoyara  en 2013 la Ley del sector eléctrico del Gobierno), el pago de los 200 millones del bono social (que antes pagaban las eléctricas y que ahora van a costes de producción) y, sobre todo, el aumento en el coste de producir electricidad eólica, al haberles quitado ayudas el Gobierno. Y por si fuera poco, el Tribunal Supremo acaba de decidir que los impuestos medioambientales que aplican tres autonomías (Castilla y León, Castilla la Mancha y Galicia) tendrán que pagarlos los consumidores que vivan en esas autonomías y no el resto, con lo que a ellos les subirá aún más el recibo de la luz mientras les baja algo al resto.

Mientras sube la luz, el Gobierno desvía la atención con el nuevo sistema de facturación por horas, vendiendo que es “una innovación en Europa”. Teóricamente, entró en vigor el 1 de julio, pero las eléctricas tienen tres meses para ponerlo en marcha, hasta el 1 de octubre. Y no se aplicará a todos los usuarios, sólo a los que cumplan dos condiciones. Una, tener un contrato de luz con precio regulado (precio regulado al pequeño consumidor, PVPC), con una potencia contratada inferior a 10 kWh, un contrato que tienen 17 millones de los 25,4 millones de españoles con contrato de luz (el resto son contratos “libres”). La otra condición es tener instalado un contador inteligente con telemedida, que envía los datos a la comercializadora o a la eléctrica. De momento, sólo hay instalados 10,4 millones de contadores inteligentes con telegestión, a un 40% del total de clientes. El resto tendrá que esperar a que las eléctricas se lo instalen y tienen de plazo hasta finales de 2018. Eso sí, todos tendrán que pagar un alquiler por el nuevo contador de 1 euro al mes (ahora pagamos 60 céntimos).

Con los nuevos contadores, la luz se cobrará a un precio diferente cada hora (24 tarifas al día), precio que se podrá consultar a las 20,30 horas  del día anterior en la web de Red Eléctrica. Los precios variarán de un día a otro y según la estación y la climatología, siendo más bajos entre enero y mayo y más caros en el resto del año. Las horas más caras serán entre 12 y 22 horas (invierno) o entre 13 y 23 horas (verano), destacando como franjas horarias más caras las que van de 20 a 23 horas, sobre todo los lunes y entre semana. Y las horas más baratas serán desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana, siendo la luz más barata los fines de semana y sobre todo el domingo entre las 15 y 18 horas. Los expertos aconsejan que empecemos a cambiar los hábitos de consumo y pongamos algunos electrodomésticos (lavadora, friegaplatos, horno) y la calefacción por la noche y los fines de semana, para poder ahorrar hasta un 5%. Claro que para sacar el máximo partido a la tarifa horaria habrá que estar mirando los precios cada día, algo un poco obsesivo.

Con o sin tarifa horaria, la luz está muy cara en España, tras haber subido un 71% entre 2003 y 2013, según Industria. Y después  ha subido el doble en España, entre el 2º semestre de 2013 y el 2º semestre de 2014: un +4,1% frente al +2,7% de la zona euro y el +2,9% de Europa (UE-28), segúnEurostat. Con ello, España era, a finales de 2014, el cuarto país europeo con la electricidad para uso doméstico más cara (0,237 €/kWh), sólo por detrás de Dinamarca (0,304 €/kWh), Alemania (0,237 €/kWh) e Irlanda (0,254€/kWh) y muy alejada del precio medio de la electricidad en Europa (0,208 €/kWh en UE-28, un 14% más barata) y en la zona euro (0.221 €/kWh, un 7,2% más barata que en España). Y peor lo tienen las empresas españolas, que pagan la electricidad un 20% más cara que las alemanas, un 30% más que las francesas o un 50% más que las chinas.

¿Por qué los españoles pagamos la luz más cara? Básicamente, porque en el recibo de la luz estamos pagando costes de más, extracostes que el Gobierno mantiene (hoy Rajoy y antes ZP) desde la época de Aznar, en dos de las tres partes del recibo. En la parte que pagamos el coste de producción la electricidad (37,48% del recibo), pagamos de más los kilovatios que producen las centrales hidroeléctricas y nucleares (un sobreprecio que les garantizó Aznar en 1997), así como el exceso de centrales (pagamos ayudas a las centrales de gas y carbón sólo porque estén disponibles, aunque no funcionen) en unos años donde sobra potencia instalada (duplica con creces el consumo) y la compensación a las grandes empresas consumidoras (550 millones de subvenciones a siderurgias, cementeras, aluminio, etc., por compensarles de posibles “cortes de suministro” que no se dan nunca).


En la parte de precios regulados (41,14% del recibo), pagamos otros extracostes que deberían suprimirse o pagarse en los Presupuestos: ayudas a las renovables (7.100 millones) o al carbón nacional, ayudas al transporte (1.689) y a la distribución de electricidad (5.000 millones, 6 céntimos por kW cuando en Europa se paga medio céntimo a la distribución), ayudas al parón nuclear y la hipoteca de la deuda eléctrica (22.000 millones que quedan por pagar y suponen un extracoste anual de 2.900 millones hasta 2030, un 6,5% de todo el recibo de la luz). Y en la tercera parte del recibo (el 21,38% restante), los impuestos, los españoles pagamos menos impuestos que el resto de europeos (32% del recibo son impuestos en la UE-28 y el 36% en la zona euro).

Como puede verse, son muchos extracostes que disparan nuestro recibo de la luz y la mayoría acaban en los beneficios de las eléctricas, que son las compañías del sector más rentables de Europa (las 4 grandes ganaron 8.166 millones en 2014) y con mayor dividendo. Lo normal sería realizar una auditoría de costes del sector eléctrico, para que los usuarios pagáramos en el recibo lo que realmente cuesta producir, transportar y distribuir la electricidad, no extracostes que se van sumando y se pagan injustificadamente desde hace 18 años. Un reto que no ha querido afrontar ningún Gobierno, porque supone enfrentarse a un sector con gran poder económico, político y mediático y a un verdadero oligopolio, donde la competencia es inexistente: las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) acaparan el 92% de los consumidores domésticos y un 72% del mercado empresarial.

Así que, al margen de la luz baje o suba (como este año), de que cueste más de día que de noche, el problema de fondo es que estamos pagando de más por la luz y ningún Gobierno se plantea hacer una auditoría de costes independiente y poner el cascabel al todopoderoso gato eléctrico. Y así, la luz cuesta muy cara y un 42% de las familias tienen ya problemas para pagar el recibo cada dos meses, mientras hay 1,8 millones de familias en riesgo de pobreza energética, 1 de cada 10 hogares. Y las empresas tienen que pagar un extracoste por la electricidad que les impide ser más competitivos al vender, en España y fuera, mientras se pelean por no subir más de un 1% los salarios. En definitiva, los extracostes de la luz son una rémora para la economía y la recuperación. Un grave problema  que urge resolver y que debía ser un tema central de debate para las próximas elecciones y uno de los principales retos para el futuro Gobierno. ¡Luz sobre el recibo!