Ciencia : "menos cemento y más conocimiento"

España está creando empleo (poco) pero en sectores con bajo valor, contratos precarios y bajos salarios (porque compiten en precio). Y eso es porque son sectores con poca tecnología y baja productividad: comercio, turismo, construcción y servicios. La clave para crecer más y crear un empleo mejor es la tecnología. Pero el Gobierno Rajoy ha recortado drásticamente el gasto en Ciencia (I+D+i), mientras los demás países europeos lo aumentaban con la crisis. Y así, nos hemos quedado en el vagón de cola europeo, con  un gasto similar al que teníamos en 2003 (y encima, un 46% de los fondos no se gastan). Y se han perdido 11.000 investigadores. Este retraso continuará, porque el Gobierno prevé gastar en tecnología para 2020 lo que Europa gastaba en 2013. Esta brecha tecnológica hipoteca nuestra productividad y nuestro futuro. Hay que gastar más y mejor en Ciencia. Se lo dijo hace unos días una Comisaria europea a diputados y senadores: “menos cemento y más conocimiento”. Un buen eslogan para todos los partidos.
 

enrique ortega

Con la crisis, España ha perdido puestos en el tren europeo de la Ciencia: si antes estábamos en el puesto 15 de la UE-28, ahora estamos en el 17. Y eso se debe a que España ha recortado su gasto en investigación (-11,5% entre 2008 y 2013), mientras los principales países europeos lo aumentaban: +13,6% la Unión Europea, +4,42% Alemania, +2,82% Francia y Reino Unido y +1% Italia. Con ello, España se coloca en el vagón de cola, con un gasto en investigación del 1,24% del PIB (era el 1,39% en 2010), muy alejado de los primeros vagones de la Ciencia (3,32% PIB Finlandia, 3,21% Suecia, 3,05% Dinamarca), de los medianos (2,94% del PIB de gasto en Alemania, 2,81% de Austria, 2,28% de Bélgica, 2,23% de Francia y 1,98% de Reino Unido, 1,58% Irlanda ), por detrás incluso de Portugal (gasta el 1,36% del PIB en Ciencia), empatados con Italia (1,25%) y sólo por detrás de Grecia (0,78%) y países del Este, según los últimos datos de Eurostat para 2013 (ver mapa). Y aún estamos más rezagados de los países tecnológicos punteros: Corea (gasta en Ciencia el 4,04% PIB), Japón (3,38%), USA (2,8%) y China (gasta el 2%, como Europa).

Y hoy, la brecha tecnológica será aún mayor, porque en España han seguido los recortes en tecnología en 2014 y 2015. El gasto en investigación (I+D+i) tiene dos partes, el público y el privado. En el gasto público, los recortes vienen desde 2009, el año que se dedicaron más recursos públicos a la Ciencia (9.673 millones). Desde entonces, la investigación ha perdido un tercio de los recursos públicos, quedando en 6.406 millones de euros para 2015, el gasto que se hacía en 2003 (más de “una década perdida”). O sea, que la Ciencia ha perdido 1 de cada 3 euros públicos en los últimos 6 años. Y ya no es sólo que haya menos dinero. Es que además, dos tercios del presupuesto llega en forma de créditos, un “truco” utilizado desde  2011 para “inflar” el gasto en Ciencia: se aprueban cifras mayores sabiendo que una parte no se va a gastar porque las Universidades y centros públicos no van a pedir estos créditos (no pueden endeudarse más) y tampoco las empresas privadas. Resultado: en 2013 (último dato), casi la mitad de los créditos para Ciencia no se utilizaron (46%), según la COSCE (son 2.209 millones perdidos). Y si tomamos los últimos cinco años conocidos (2009-2013), quedaron sin gastar 11.467 millones, un 28,55% del gasto público presupuestado para la Ciencia. Una locura.

El recorte en el gasto privado en Ciencia ha sido menor pero muy importante: lleva cayendo desde 2008 (ese año alcanzó el récord de 8.074 millones) y en 2013 (último dato INE) era sólo de 6.906 millones, un 14,4% menos. O sea que las empresas han perdido 1 de cada 7 euros que gastaban en investigación. No sólo las empresas gastan menos, sino que han caído drásticamente el número de empresas españolas que investigan: si en 2008 había 36.183 empresas que hacían innovación tecnológica, en 2013 sólo lo hacían 16.119, menos de la mitad, según el INE. Y de ellas, el 91,6% son grandes empresas: sólo 1.347  de los 3 millones de pymes innovan. Y esto es lo que más contrasta con Europa: si el gasto público en investigación es más bajo en España (0,58% del PIB frente a un 0,71% en la UE-28), la mayor brecha se da en el gasto privado en investigación (0,66% del PIB en España frente al 1,30% en la UE-28 y el 2% del PIB en Alemania, cuatro veces más). Y otro dato: entre las 1.000 grandes empresas europeas que más gastan en tecnología sólo hay 21 españolas.

Así que retraso en el gasto público en investigación y una enorme distancia en el gasto privado, de las empresas. Con ello, se han paralizado múltiples proyectos y se han perdido 11.000 investigadores en esta crisis, según el INE. El problema es que este retraso tecnológico hipoteca seriamente nuestro futuro, como revela el último informe Cotec. Y eso porque hay una relación directa entre tecnología y competitividad, nuestra gran asignatura pendiente: España ocupa el puesto 13 en el ranking europeo de competitividad. Y eso se debe, según un documentado estudio de la Fundación BBVA e Ivie,  a que nuestra economía ocupa el último lugar (entre los grandes países europeos) en el peso de los sectores de alta y media tecnología (telecomunicaciones, servicios informáticos y de I+D), mientras somos el país con más peso de los sectores con baja tecnología (hostelería, turismo, comercio y servicios). Y estos sectores, que son los que ahora crecen, suponen menos valor añadido, menos ingresos y un empleo más precario, con menos futuro porque se compite en precio, no en producto (innovación y calidad).

El futuro pasa por empresas con más tecnología e innovación. Y para eso, hace falta un tirón del gasto público en investigación, que promueva el gasto de las empresas. Pero ese no es el objetivo de Rajoy, quien ha tirado la toalla con la Ciencia en aras de rebajar el déficit público: en febrero de 2013 envió a Bruselas la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020, con el objetivo de congelar el gasto público en investigación (0,61%) en esta Legislatura y confiar en que suba el gasto en I+D+i de las empresas privadas (algo “ilusorio”, según COSCE) para que el gasto total en I+D+i pase de 1,24% del PIB en 2013 a 1,48% en 2016 y al 2% en 2020. Rajoy pretende que España gaste en Ciencia en 2020 lo que Europa gastaba en 2013. Y un tercio menos del 3% que es el objetivo para el gasto europeo en Ciencia en 2020. Si ya vamos retrasados hoy, aún estaremos más lejos a finales de la década. Y recuperar esta brecha exigirá otra década.

Un preocupante panorama que ha provocado múltiples protestas de los científicos españoles y que ha llevado a 40.000 investigadores y expertos a firmar una Carta por la Ciencia donde piden más recursos (llegar a un gasto del 2% del PIB en 2016), más contratos para investigadores, mejor acceso a créditos y ayudas (que se gaste todo el Presupuesto) y que se cree de una vez la Agencia Estatal de Investigación (debía estar creada desde junio de 2012, según la Ley de la Ciencia), un organismo independiente que gestione la Ciencia en España, con un presupuesto asegurado para 7 años, al margen de los vaivenes políticos.

Además, la Comisión Europea ya presentó en julio de 2014 un informe sobre la Ciencia en España, con una valoración (dijeron que la media es “baja”) y 10 recomendaciones que se resumen en tres: tenemos que gastar más (un 0,7% de gasto público anual, unos 1.000 millones más al año), aumentar las plantillas de investigadores y gastar mejor, reformando los centros públicos de investigación (fusiones), modificando la carrera de investigador, coordinando mejor los esfuerzos entre autonomías, Estado, Universidades y empresas, evaluando y controlando mejor los programas de investigación y favoreciendo más la innovación en las empresas (con incentivos y compras públicas). Y también, crear la solicitada Agencia estatal de Investigación.

El Gobierno Rajoy ha hecho caso omiso a los científicos y a la Comisión Europea, que acaba de incluir en febrero, entre la lista de recomendaciones a España, que haga un mayor esfuerzo en tecnología. La propia Comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, aprovechó su reunión con parlamentarios y senadores españoles, el 5 de marzo en Madrid, para pedirles “un cambio de modelo económico”, orientado a la tecnología, que favorezca la competitividad y especialización de las empresas. “Menos cemento y más conocimiento”, les dijo con desparpajo, mientras les pedía reorientar las inversiones hacia la I+D+i.

Está claro para casi todo el mundo, menos para el Gobierno Rajoy: España tiene que gastar más en tecnología (llegar al 2% del PIB en 2016 y al 3% en 2020, lo que supone gastar entre 7.000 y 17.000 millones más al año en esta década) y gastarlo mejor, con más eficacia y colaboración con las empresas privadas, apostando por los sectores con futuro. “Menos cemento y más conocimiento”. Es el gran reto de España, que debía obligar a un gran pacto por la Ciencia, al margen de quien gane las elecciones. Hay que dejarse de palabras y apoyar de verdad (con dinero y voluntad política) la investigación y la innovación, porque son la clave para una recuperación duradera y unos empleos estables. Sin Ciencia no hay futuro.

Empleo sí, pero muy precario (19 de cada 20)

En enero y febrero se ha seguido creando empleo, poco y muy precario: sólo 1 de cada 20 contratos firmados son fijos y a jornada completa. El resto (94,35%) son  temporales o a tiempo parcial. Así pasa desde 2012, cuando Rajoy aprobó la reforma laboral: las empresas contratan por semanas o meses y con jornadas menores de 8 horas, aunque luego, con horas (sin pagar) acaban trabajando igual. Y la patronal CEOE pide aún más facilidades para los contratos temporales. Algunos, como Ciudadanos, proponen resolverlo con el contrato único, pero sólo “camuflaría” el problema. La solución es vigilar que las empresas cumplan la Ley y sólo contraten temporalmente o por horas cuando esté justificado, no para ahorrar costes. Pero el Gobierno sólo dedica a vigilarlo el 1,13% del tiempo de los inspectores de Trabajo, que son la mitad que en Europa. Ahora, promete duplicar los medios, con una Ley de inspección que aprobó el viernes. Veremos. De momento, la mitad de los asalariados tienen ya contratos precarios. Entre los trabajadores, también tenemos dos Españas.
 

enrique ortega

El Gobierno echa las campanas al vuelo cada mes: baja el paro y se crea empleo. Pero no dice que casi todo el empleo que se crea es muy precario. Veamos las cifras oficiales: en enero y febrero de 2015 se han firmado 2.594.745 contratos de trabajo, de los que 2,35 millones eran temporales (90,7%) y otros 93.902 (3,6%) eran indefinidos a tiempo parcial. Y sólo 146.618 contratos (el 5,65%) eran indefinidos y a tiempo completo. O sea que sólo 1 de cada 20 empleos nuevos o contratos era de trabajos teóricamente estables.

Algo parecido sucedió en todo el año 2014, el primero en que se creó empleo neto (+433.900)      desde 2007. El año pasado se firmaron 16.727.089 contratos, de los que la gran mayoría fueron temporales (15.376.758 contratos, el 91,2%), una pequeña parte indefinidos a tiempo parcial (588.338, el 3,51%) y sólo 761.993 (el 4,55%) fueron contratos fijos a jornada completa. Y el 35%, más de un tercio de los nuevos contratos, fueron a tiempo parcial. O sea, que también en 2014, sólo 1 de cada 20 nuevos contratos fueron “estables”.

Y así viene pasando desde febrero de 2012, cuando el Gobierno Rajoy aprobó la vigente reforma laboral, que facilita enormemente la contratación temporal y a tiempo parcial. Las empresas se han agarrado a ello y muchas cometen fraude por una doble vía: haciendo contratos temporales para empleos que son estables y antes de que tengan que hacer fijo al trabajador (dos años) lo despiden. Con ello, hay mucha rotación de personas en los trabajos: en el último año, cada asalariado temporal ha firmado una media de 4,5 contratos, según datos de Empleo.  Las empresas también utilizan los contratos a tiempo parcial para trabajos que son a tiempo completo, acogiéndose a la realización de horas complementarias (sin pagarlas muchas veces) para llegar a una jornada casi normal. Ejemplo, un camarero contratado por cuatro o seis horas y que acaba trabajando diez o doce, cotizando por la mitad.

El resultado de este aumento de la precariedad, por la crisis y las facilidades laborales del Gobierno Rajoy, es dramático: ya son menos de la mitad los trabajadores españoles que tienen un empleo estable. Así, en febrero de 2015, por primera vez en nuestra historia, el 51% de los asalariados del régimen general de la Seguridad Social tenían un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial no deseado, según un informe de CCOO. Y sólo el 49% de los asalariados tenían un empleo fijo y a tiempo completo, “de los de antes”.

Vayamos por partes, empezando por el tirón de los contratos temporales. Los tienen ya el 24,24% del total de asalariados, un porcentaje que es el mayor de Europa, muy superior a la media de la UE-28 (14,1% de contratos temporales), a Holanda y Portugal (22%), Francia (16,5%), Italia (14,5%) o Alemania (13%), según Eurostat. La mayoría de los contratos temporales son por menos de 3 meses (40%) y menos de una semana (23,9%), aunque crecen también los contratos por días. La media de contratación es de 45,8 días por trabajador, mucho más baja que antes de la crisis  (68,7 días), según el SEPE.  Los más afectados son los jóvenes, que sufren un 70% de contratos temporales (45% en la UE), seguidos de las mujeres (30% con contratos temporales). Los mayores porcentajes de contratos temporales los tienen los jóvenes y mujeres con menos cualificación, sobre todo en turismo y hostelería, comercio y enseñanza.

Veamos ahora los contratos a tiempo parcial. Los tienen el 16% de los ocupados, un porcentaje inferior todavía al de otros países europeos (19,5% de media en la UE-28), que utilizan este contrato por horas desde hace mucho tiempo. Pero aquí la situación es peor, por varias razones. Una, porque han crecido más con la crisis que en ningún país europeo: en 2014, el 35% de los contratos firmados eran ya a tiempo parcial. Dos, que a diferencia con Europa, el 40% de los contratos a tiempo parcial son temporales. Y sobre todo, mientras en otros países “se elige”  trabajar menos horas (para cuidar a los hijos o estudiar), aquí se trabaja a tiempo parcial “porque no hay un trabajo a tiempo completo”. Así, el 62% de los españoles que trabajan menos horas lo hacen porque no encuentran un trabajo a jornada completa, según el INE, cuando en 2007 sólo lo hacían “obligados” el 32%.

El trabajo a tiempo parcial es muy acusado entre las mujeres: de los 2,82 millones de ocupados con estos contratos a finales de 2014, tres de cada cuatro eran mujeres (2.092.200, el 74,11%) y más de la cuarta parte trabajan ya a tiempo parcial (27%).

Ligado a los contratos a tiempo parcial está el brusco aumento de las horas extras, legales e ilegales, para complementar la media jornada por la que se cotiza. En España se hacen hoy unas 10 millones de horas extras ilegales a la semana, según estimaciones del PSOE, que ha pedido una Ley para reducirlas, porque suponen “robar” 273.315 empleos. Pero también se hacen más horas “legales”, aunque luego muchas no se pagan. Según el INE, en España se hacen 5.860.500 horas extras “legales”, pero sólo un 42% se pagan. Y según un estudio de UGT, de los 600.000 asalariados que hacen horas extras ahora, más de la mitad no las cobran (el 56 %, cuando en 2008, eran el 35%). Y no protestan, para no perder el empleo.

Empleo precario es igual a empleo peor pagado, según datos oficiales del INE. Así, un trabajador con contrato temporal gana un 37% menos que uno con contrato fijo: 1.282 euros de sueldo bruto (en 12 pagas) frente a 2.048 euros de media los contratos indefinidos. Y un trabajador a tiempo parcial gana la tercera parte que uno que trabaje a jornada completa: 697 euros brutos de media frente a 2.121,3 euros en jornada completa. Así se explica luego que se haya disparado la cifra de “trabajadores pobres”, mujeres y hombres que malviven a pesar de tener un trabajo: son 2.271.130 asalariados, el 13,4% de los trabajadores españoles, según el INE. Y todos, porque tienen contratos precarios.

La precariedad afecta muy duramente al trabajador y su familia: no sólo gana menos, sino que esa “inseguridad laboral” le afecta a su vida, desde pensar en casarse o tener hijos hasta emanciparse del hogar materno o comprar un coche. Y, por supuesto, le afecta al desempleo (cobrará menos si cotizan menos por él, aunque realmente trabaje más horas) y a su futura pensión (no sólo porque no llegue al mínimo de años, sino por lo bajo que le cotizan). Y la precariedad también es mala para la economía: los trabajadores precarios consumen menos (se vende y se crece menos), son menos productivos (los empleados descontentos y sin perspectivas trabajan peor, lógicamente) y no se forman (no da tiempo y a la empresa no le “compensa”), lo que reduce la competitividad de sus empresas y de toda la economía.

¿Qué se puede hacer? Algunos economistas, UPYD y Ciudadanos ofrecen la alternativa del contrato único: que sólo haya un tipo de contrato, fijo, con indemnización baja que sube con los años en el trabajo. Así no habrá dualidad entre trabajadores estables y precarios. Suena bien, pero la realidad es que el contrato único sólo serviría para legalizar y “enmascarar” la  realidad actual, como señalan Economistas contra la crisis: “el contrato único incrementaría de facto la dualidad, al convertir en legal y hacer más fácil y barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente a los temporales”, argumentan.

Entre tanto, los empresarios piden más precariedad. La patronal CEOE ha enviado al Gobierno un documento en el que piden ampliar el uso de los contratos temporales: que los contratos puedan encadenarse más de 24 meses (ahora, tras ese tiempo, hay que hacer un contrato fijo o echarle) y refundir el contrato por obra con el eventual, en un “contrato temporal sin causa”, con una duración máxima de 2 años (en 30 meses), similar al que ya autorizó  este Gobierno para los menores de 30 años. Contratos temporales por más años y un contrato “cajón de sastre”, con  el que se pueda contratar temporalmente para casi todo. Y en paralelo, insisten en pedir los “contratos basura” para jóvenes, con un sueldo inferior al mínimo y 12 días de indemnización por año trabajado. O sea, que haya aún más precariedad.

Al final, lo que habría que hacer es algo tan simple como aplicar la Ley: que no se firmen contratos temporales o por horas para trabajos indefinidos y de jornada normal. Los inspectores de trabajo, en una encuesta interna, han revelado que este fraude es el cuarto más habitual que detectan en su trabajo, tras los impagos de salarios y cotizaciones y los trabajadores no dados de alta. Pero denuncian que el Gobierno Rajoy no dedica medios a vigilar la precariedad: en 2013, sólo el 1,13 % de la inspección se dedicó a vigilarla, mientras el 58% de los recursos se dedicaron a descubrir la economía sumergida. Y eso a pesar de que, con tan pocos medios, la inspección transformó 39.385 contratos temporales fraudulentos en indefinidos. Una inspección que también reporta muchos ingresos extras a la SS, porque suben las cotizaciones por salarios y horas. Además, los inspectores de Trabajo se quejan de falta de personal: en España hay 1.878 funcionarios, la mitad por ocupado que en Europa (y sólo los inspectores de Trabajo, 964, se dedican a investigar los contratos temporales). El Gobierno aprobó el pasado viernes 13 de marzo una nueva Ley de Inspección de Trabajo , que permitirá destinar más medios (los 836 subinspectores de Trabajo también vigilarán ahora y habrá  colaboración de policía y guardia civil) para luchar contra el fraude en los contratos temporales. Ojalá se note.

En resumen, la precariedad es un cáncer que se ha adueñado del empleo y deteriora la productividad de nuestra economía. No podemos seguir compitiendo a base de empresas que hacen trampas para rebajar sus costes laborales, empobreciendo a los trabajadores. Hay que poner en marcha un nuevo modelo económico donde las empresas ganen dinero y compitan con empleos más estables y mejor pagados, en línea con Europa. Y eso se consigue con palo y zanahoria: palo (más inspecciones y más multas) a las empresas que abusen de la precariedad y ayudas (fiscales y en cotizaciones) a las que contraten estable. La “esclavitud laboral” del siglo XXI debe acabarse. Es un ataque a la moralidad social y a la economía.

Guerra al "cártel": basuras,leche y carburantes

La Comisión de la Competencia (CNMC) ha multado a Repsol, Cepsa y otras petroleras por pactar precios. Y también a 9 grandes empresas lácteas, por pactar condiciones que imponían a los ganaderos.Pero no son los únicos que lo hacen: muchas empresas se reparten los mercados y no compiten entre ellas, en perjuicio de los consumidores. Son los “cárteles”, mafias que pactan precios. Hace poco, la CNMC ha multado a 39 empresas de recogida de basuras y residuos, por repartirse las principales ciudades, con pactos incluso escritos. Es el “cártel” de la basura, grandes constructoras y empresas de reciclaje que llevan años repartiéndose la recogida de basuras, limpieza, saneamiento de aguas, reciclaje industrial y recogida de papel y cartón. Negocios que mueven más de 15.000 millones anuales. La consecuencia de que pacten precios es que pagamos más por las basuras o el agua. Y la CNMC tiene expedientes abiertos por pactar precios en decenas de sectores. El problema es que las multas son bajas y nadie acaba en la cárcel. Aunque en realidad nos roban.

enrique ortega

La basura es un gran negocio para algunos. Los españoles producimos 464 kilos de residuos por habitante, 137 millones de toneladas de basuras y residuos que hay que recoger, transportar, destruir o reciclar, junto a las aguas residuales. Cuatro negocios muy boyantes. Uno, la recogida de basuras y limpieza de ciudades en 6.200 municipios, realizado por una docena de empresas que facturan unos 5.000 millones anuales, según su patronal (ASELIP). Otro, el saneamiento y la traída de aguas, con otros 5.500 millones de negocio. El tercero, el reciclaje de productos industriales, desde neumáticos a productos químicos, donde trabajan unas 700 empresas, que facturan otros 4.000 millones de euros. Y por último, la recogida y reciclaje de papel y cartón, donde operan unas 110 empresas que facturan 700 millones de euros al año. En total, el saneamiento de basuras, residuos  y agua es un sector que mueve más de 15.000 millones al año y emplea a unas 150.000 personas.

Un negocio que está sobre todo en manos de las constructoras, que en los años 80 empezaron  a diversificar su negocio temiendo que la burbuja del ladrillo no fuera eterna. El 70% del negocio de la basura y el agua se lo reparten entre 4 grandes constructoras. La líder es  FCC (la empresa de Alicia Koplovitz), que factura un 37% de su negocio total en “servicios medioambientales” (4.518 millones de facturación), en recogida de basuras (en 3.449 municipios, entre ellos las grandes capitales), limpieza (9 grandes ciudades), tratamiento de residuos y saneamiento de aguas (un 36,7% de cuota a través de Aqualia). Le siguen Urbaser (filial de ACS, la empresa de Florentino Pérez), con 1.651 millones de facturación, un 10% del negocio total del grupo ACS, Cespa (filial de Ferrovial), presente en 800 municipios  y con 1.000 millones de facturación, y Valoriza (filial de Sacyr), que recoge la basura de 100 municipios y aporta un tercio del negocio total de la constructora. En reciclaje industrial hay muchas empresas, destacando Biotran, Grupo Otúa y Befesa (alemana). Y en reciclaje de papel y cartón dominan la multinacional española Saica Natur, de Zaragoza, que factura 2.200 millones en España y varios países de Europa y Holmen Paper (sueca).

Todas ellas y varias más han estado tres años bajo la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que les abrió un expediente por presuntos acuerdos para repartirse los distintos mercados. Ha sido como una investigación policial, buscando pruebas y llegando a entrar en las sedes de empresas para comprobar papeles y mails. Al final, la CNMC ha multado a 39 empresas (y 3 asociaciones empresariales) de recogida de basuras, limpieza, saneamiento de agua, residuos industriales y recogida y reciclaje de papel/cartón por “considerar probada la existencia de una práctica concertada global de reparto de mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron a los clientes de sus competidores, se repartieron los nuevos e intercambiaron información sensible”.

El expediente revela unas prácticas que parecen de novela pero son reales y ponen los pelos de punta. Vayamos por partes. En las empresas de recogida de basuras y saneamiento urbano, la CNMC ha confirmado acuerdos entre empresas teóricamente competidoras (sobre todo FCC, Cespa, Urbaser y Valoriza) para presentarse de forma conjunta (UTE) o con pactos bilaterales en contratos municipales de Madrid, Andalucía, País Vasco, Ceuta y Melilla. En muchos casos, la empresa ganadora se había comprometido con otra a que si no se presentaba luego le cedía una parte del contrato. Y en otros casos, uno no se presentaba a un concurso a cambio de que el competidor no se presentase a otro. Además, FCC y Urbaser, por ejemplo, tenían un pacto escrito para presentarse conjuntamente a cualquier licitación municipal de una planta de incineración de residuos urbanos en cualquier lugar de España. Y lo más increíble: la patronal de estas empresas (ASELIP) tenía un Código de conducta escrito de no agresión entre los socios, encargándose de “vigilar” que se cumpliera. Y en ese Código figuraba que ninguna empresa se presentaría a un concurso de un Ayuntamiento que tuviera deudas con otra empresa competidora (“solidaridad contra morosos”).

En el sector de la recogida y reciclaje de papel y cartón, la CNMC ha probado pactos bilaterales entre Saica Natur (la líder del sector) y otras empresas competidoras para “el respeto mutuo de clientes” y mercados. Y lo más increíble: la patronal del sector en Madrid (AREMA) era la que contrataba (desde el año 2000) la recogida directamente con el Ayuntamiento de Madrid (única oferta) y luego repartía el contrato, como también se hacía en Sevilla (ambos, Ayuntamientos gestionados por el PP). Y en el sector de gestión de residuos industriales, se han probado también pactos bilaterales y la creación de sociedades conjuntas para repartirse clientes durante los últimos 14 años, también con la inestimable ayuda de su asociación empresarial (Aceser), que hizo una recomendación escrita a sus asociados en la que se les recordaba que “cada uno debía respetar a los clientes de los otros”.

Las 198 páginas del expediente de la CNMC (ver aquí) demuestran claramente que estas empresas “no se cortaban” a la hora de repartirse el mercado: acuerdos escritos, incluso con mecanismos de vigilancia y compensación en caso de incumplimiento, recomendaciones para respetar los clientes, Códigos de conducta e incluso mails explícitos para recordar a los competidores lo que tenían que hacer: “Yo presento la oferta y si gano otorgaré a Urbaser y Cespa un 20%”, “no entremos en guerra con otros vertederos”, Aquí, por ahora, estamos en pacto de no agresión”, “Cedamos Sevilla, no lancemos contraoferta”, “Si no me equivoco, Isofotón es  tuyo, ¿verdad?. Es que los estuve visitando…Dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”. “No quiero guerras con terceros…”.Descaro total.

La CNMC concluye el expediente señalando que estos acuerdos de reparto de mercado “han tenido un carácter especialmente dañino, en la medida que encarecieron los servicios que se prestan a los ciudadanos”. O sea, que por culpa de los tejemanejes del cártel de la basura, hemos pagado de más por el recibo de las basuras, el agua o algunos productos industriales (al comprar neumáticos, electrodomésticos y muchos productos, pagamos su reciclaje). Y eso, al menos en los últimos quince años, según la CNMC. El problema es que con las multas no nos van a compensar a los consumidores. Y de momento, nadie ha abierto una investigación para averiguar la posible connivencia de los Ayuntamientos (presunta corrupción), que parece necesaria para asegurar este escandaloso reparto del negocio.

El problema es que este tipo de conductas no se da sólo en las basuras. La CNMC ha multado en el último año y medio a numerosos sectores, por “cárteles”, acuerdos para repartirse mercados: panificadoras, fabricantes de postes de hormigón, empresas suministradoras de Renfe, fabricantes de palés, empresas de equipos contra incendios, empresas de alquiler de coches o petroleras. Precisamente, la CNMC acaba de multar a Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil a 32,4 millones de euros por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades (“Ya sabes que Ceuta es un corralito”, decía un mail interceptado) y por un pacto de no agresión firmado entre Repsol y Cepsa en 2011. Y tanto Repsol como Cepsa y BP tienen otras multas (casi 10 millones más, ahora recurridas) por fijación de precios y prácticas anticompetitivas desde 2009. Además, el 3 de marzo, la CNMC ha multado con 88 millones de euros a 9 grandes empresas lácteas (Danone, Nestlé, Peñasanta, Lactalis,Puleva, Pascual, Asturiana y Senoble, el fabricante de Mercadona), por ponerse de acuerdo para imponer condiciones en la compra de leche a los ganaderos ("Hay que bajar el precio de la leche. Nosotros lo bajaremos si lo hacéis los demás", dice un mail interceptado de CLAS a otras fábricas lecheras).

Y están pendientes de resolución por la CNMC otros expedientes abiertos a más sectores por repartirse mercados: empresas comercializadoras de luz, de transporte de fondos, empresas de hormigón y cemento, distribuidores de coches, empresas de material ferroviario, empresas de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, fabricantes de pañales de adultos, vinos de jerez, sector de papel y embalaje de cartón ondulado, empresas radiofónicas, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Pero no es fácil de probar. Los funcionarios de la CNMC trabajan como inspectores, hacen registros, buscan pruebas y ofrecen inmunidad a los directivos que aportan documentos y pruebas (“testigos protegidos”), manteniendo un buzón en la web para denuncias anónimas (competidores que denuncian a otros que les dejan fuera de los acuerdos).

La competencia es clave para la economía y los consumidores, porque de ella nacen mejores ofertas y precios. Pero hay una larga tradición de acuerdos, de “cárteles” que prefieren repartirse el mercado antes que competir por él. El problema es que la CNMC cuenta con pocos medios para muchas tareas: 515 personas para vigilar los mercados de la luz y gas, las telecomunicaciones, el transporte ferroviario y portuario, el servicio postal y las televisiones, además de vigilar a la vez la competencia en toda la economía. Y aunque a su presidente lo nombró el Parlamento, no es independiente del Gobierno: lo propuso el ministro Luis de Guindos y el director de la Oficina Económica de Moncloa. Y sobre todo, cuenta con pocas armas para asegurar la competencia: las multas son bajas (el 3% del negocio) y los recursos de los implicados se eternizan, con lo que la CNMC tiene 700 millones pendientes de multas sin cobrar desde hace años. Y no hay ningún expediente en un Juzgado, porque el Código Penal no delimita claramente estas conductas como delictivas.

Hay que luchar de verdad contra los “cárteles”, esas mafias que se reparten mercados y nos encarecen productos y servicios. Las asociaciones de consumidores cuentan ahora para reclamar daños con una nueva arma: una Directiva de la Comisión Europea (aprobada en noviembre) que regula y facilita las demandas contra las empresas que pacten precios. Hay que dotar de más medios a la CNMC y blindar a su presidente (duramente atacado ahora por las petroleras), que debe ser independiente de verdad y sin “cuotas políticas” en los puestos directivos de la Comisión (como ahora). También, establecer un sistema de auditorías externas de los contratos públicos, sobre todo en Ayuntamientos y autonomías, para reducir la corrupción y los extraprecios.Y endurecer las multas y penas, para que los empresarios que se reparten mercados acaben en la cárcel. Porque nos están robando.