La pandemia, casi bajo control

Tras 20 meses interminables, la pandemia parece bajo control, aunque con incertidumbres ante un invierno donde se unirá la gripe y nuevas variantes (Delta Plus). De momento, España lleva desde el 6 de octubre con una incidencia “baja”, inferior a los 50 contagios por 100.000 habitantes, el mejor dato en toda Europa. Y han bajado drásticamente las hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes (30 el viernes). Pero no cantemos victoria, porque los contagios repuntan ligeramente en los últimos 10 días, por la mayor movilidad en el puente del Pilar. Y se ha atenuado el ritmo de vacunaciones, complicándose inmunizar a todos los mayores de 40 años (falta poner la 2ª dosis a 1.626.000 personas) y a los más jóvenes (falta inmunizar a  otras 3.184.000 personas de 12 a 40 años). Hay que seguir con mascarilla en interiores y distancia (incluyendo colegios), al menos hasta primavera. No podemos dar marcha atrás, con la recuperación en marcha. Y urge reforzar la atención primaria, destrozada  por la pandemia.

Enrique Ortega

La pandemia en el mundo lleva dos meses mejorando, con una fuerte bajada en los contagios diarios (de 4,6 millones a finales de agosto a 2,9 millones ahora), salvo en Rusia y la Europa del Este. Hoy son ya 243,66 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, el 3,2% de la población mundial, según la Universidad John Hopkins. El continente más afectado sigue siendo América, con 92,64 millones de contagiados, seguido de cerca por Europa (74,46)) y, a distancia, el sudeste de Asia (43,72), el Mediterráneo oriental (16,20), el Pacífico (9,19) y África (6,12 millones), según la OMS. Por paises, lideran los contagios EEUU (45,44 millones), India (34,18) y Brasil (21,72), seguidos a distancia por Reino Unido (8,81 millones), Rusia (8,11), Turquía (7,85), Francia (7,22), Irán (5,86), Argentina (5,28), Colombia (4,99), Italia (4,74), España (4.997.732 contagiados) y Alemania (4,47 millones).

Los muertos por la pandemia en el mundo también llevan ocho semanas bajando, de 69.500 semanales a finales de agosto a unos 49.000 ahora. Hoy se alcanzan los 4.948.516 muertos por COVID 19 (3 millones de ellos fallecidos este año 2021, el 60% del total), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.272.988 fallecidos) y otra cuarta parte larga en Europa (1.394.726 fallecidos), seguidas del sudeste de Asia (686.348 muertos), el Mediterráneo oriental (298.038), África (149.696) y el Pacífico (125.914 muertos), según la OMS. Los paises con más muertos por la pandemia son EEUU (735.941), Brasil (605.644) e India (454.712 fallecidos), seguidos a distancia por México (286,346 muertos), Rusia (226.464), Reino Unido (139.950), Italia (131.826), Colombia (127.067), Irán (125.223), Francia (118.405), Argentina (115.826), Alemania (95.121) y España (87.132 muertos, 36.300 de ellos este año 2021).

En Europa, los contagios por COVID 19 han aumentado en octubre, alcanzando ahora una media de 190 contagios por 100.000 habitantes, según el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), que vaticina una subida de la incidencia en las próximas dos semanas, sobre todo en la Europa del Este y Alemania, con bajadas en España, que es hoy el país europeo con menor incidencia: 44,49 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días) el viernes 22 de octubre, frente a 62 contagios en Italia, 83 en Portugal, 96 en Francia, 172 en Alemania y 894 contagios en Reino Unido, donde la epidemia está descontrolada (tenían 650 contagios hace un mes). Y preocupan los repuntes en la Europa del Este, especialmente en Lituania (1.163 contagios/100.000 habitantes), Estonia (1.086), Rumanía (942), Eslovenia (624), Bulgaria (498) y Hungría (484).

España ha ido reduciendo drásticamente el nivel de contagios de esta 5ª ola, desde el “techo” alcanzado el 27 de julio (701,92 contagios por 100.000 habitantes) a sólo 69 contagios dos meses después (24 de septiembre) y un “suelo” de 40,52 contagios el pasado 14 de octubre. Y a partir de ahí, han vuelto a aumentar los contagios día a día, muy suavemente, probablemente por la mayor movilidad durante el puente del Pilar, alcanzando los 44,49 contagios por 100.000 habitantes el viernes 22 de octubre, según Sanidad. Una incidencia que coloca a España en riesgo “bajo”, aunque hay 6 autonomías en riesgo “medio” (contagios de 50 a 150): País Vasco (69,26), Navarra (61,25), Baleares (59,73), Cataluña (59,46) y Murcia (55,12). Pero también hay otras 3 regiones en situación de “normalidad” (menos de 25 contagios/100.000 habitantes): Galicia (14,14), Ceuta (21,38) y Asturias (24,93).

Los nuevos contagios se producen casi todos (del 85 al 100% de los positivos) por la variante Delta (India), más contagiosa y proclive a la hospitalización. Y siguen contagiándose más que la media los niños (55,51 contagios/100.000 habitantes en menores de 11 años), los jóvenes (48,39 contagios entre 30 y 39 años) y “cuarentones” (49,76 contagios entre 40 y 49 años), según Sanidad. Han vuelto los contagios a los mayores de 80 años (40,13 contagios) aunque son menos graves porque están todos vacunados. Ahora  se están haciendo menos pruebas (PCR y test antígenos), unas 530.000 diarias frente a 717.000 a principios de septiembre, pero han bajado mucho los positivos: son el 2,23% de media (sólo País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia superan el 3% de positivos), todos por debajo del 4% que la OMS utiliza como umbral para considerar una pandemia “bajo control”. Eso sí,  la velocidad de transmisión (Rt) del virus ha subido al 0,95 (cada positivo contagia casi a otro), cuando hace un mes era 0,64. Y preocupa que en 6 autonomías supere el 1 (Asturias, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Murcia y Comunidad Valenciana).

Esta bajada drástica de positivos y contagiados se traduce en una caída importante de las hospitalizaciones por COVID: de alcanzar un máximo de 10.578 hospitalizados (el 8,90% de las camas disponibles) el 2 de agosto se pasó a 6.245 el 3 de septiembre y a 1.730 este viernes 22. Un 1,41% de ocupación hospitalaria, un “riesgo bajo”, sólo algo mayor en el País Vasco (3,07%), Madrid (2,22%) y Baleares (2,06%), con las otras 16 regiones en situación de “normalidad hospitalaria” (menos 2% camas COVID), según Sanidad. En paralelo, también han caído drásticamente los enfermos COVID en UCIs: de un máximo de 2.031 camas ocupadas el 9 de agosto (el 21,98  % de las UCIS) se pasó a 1.460 el 3 de septiembre y a 435 camas COVID en UCIs el viernes. Un 4,78% de ocupación UCI, que significa “normalidad”, aunque se supera en Cataluña (7,80%), Madrid (7,71%), La Rioja  (7,55%), Comunidad Valenciana (6,99%), y León (6,45%), Aragón (6,36%), Baleares (6,06%) y País Vasco (6,03%), todas en riesgo “bajo” (5-10% de ocupación UCIs).

Estas menores hospitalizaciones y estancias en UCIs se traducen en menos muertes por COVID 19: han pasado de 1.530 muertes la cuarta semana de agosto a  446 muertes la tercera semana de septiembre, 315 la primera semana de octubre y 158 muertes la última semana (viernes 15 al viernes 22 de octubre), con “sólo” 30 muertos el viernes (frente a 44 hace un mes). Las autonomías con más muertos la última semana son Andalucía (+11), Madrid (+9), Aragón (+7), Comunidad Valenciana (+6) y País Vasco (+5), sobre todo personas sin vacunar de más de 40 años y patologías previas. Mientras, en las residencias siguen bajando drásticamente los contagios (de 1.311 la 1ª semana de agosto a 190 semanales ahora) y las muertes (de 172 semanales en agosto a 14 la última semana).

Esta importante mejoría en la pandemia, desde los contagios y hospitalizaciones a las muertes, se debe básicamente a las vacunaciones, que sitúan a España a la cabeza de Europa y del mundo, aunque se han “ralentizado” después del verano, básicamente porque es más difícil “repescar” a los no vacunados y porque sigue habiendo una minoría que no quiere vacunarse. Con los últimos datos de Sanidad (21 de octubre) son ya 37.954.027 personas las que han recibido 1 dosis  (el 80% de la población total y el 90,1% de los que pueden vacunarse) y 37.199.581 personas las que tienen ya las 2 dosis (el 78,4% de toda la población y el 88,3% de los mayores de 12 años, los que pueden vacunarse).

Estas cifras reflejan que todavía hay muchas personas sin vacunar totalmente, lo que alimenta los nuevos contagios, hospitalizaciones y muertes. En total, son 4.811.569 personas mayores de 12 años. Lo prioritario debería ser inmunizar a los mayores de 60 años, donde todavía hay 171.645 personas pendientes de completar las 2 dosis (43.571 tienen entre 70 y 79 años y 128.034 entre 60 y 79 años). Y también completar la vacunación de otras 1.455.522 personas entre 40 y 60 años. El tercer frente es vacunar completamente a los más jóvenes, donde más se concentran los contagios: falta inmunizar a 3.184.699 personas entre 12 y 40 años, siendo la franja con más retraso las personas con 30 a 39 años (faltan 1.502.337), seguidas de lejos por los que tienen de 20 a 29 años (falta inmunizar a  970.422 jóvenes) y los de 12 a 19 años (faltan 711.940).

Habría que centrar los esfuerzos en vacunar antes de Navidad a la mayoría de esos 4,8 millones de personas “pendientes”, sobre todo a los mayores de 60 años, que son más vulnerables. Y acelerar la 3ª dosis de la vacuna de la COVID, junto a la vacuna de la gripe a los mayores de 70 años, lo que va a exigir un tremendo esfuerzo a los centros de salud, porque son 6.864.517 mayores a los que pinchar en los dos brazos. No parece que muchas autonomías estén preparadas para este enorme esfuerzo de intendencia. De hecho, en Madrid anunciaron que se iba a poner la doble vacuna  a los mayores de 70 años desde hoy 25 de octubre, pero los ambulatorios dicen que “no saben nada”.

Esto revela la grave situación de la atención primaria, de los ambulatorios y centros de Salud, “destrozados” tras 20 meses en primera línea de la pandemia. Faltan medios y personal y hay un exceso de cansancio y tensión, sobre todo en las grandes ciudades, con un enorme retraso en la atención a los pacientes no COVID. Baste un ejemplo. He intentado pedir cita con mi médico de cabecera, en un Centro de Salud de Madrid, y por Internet me han dicho que “no hay cita en las próximas 2 semanas”. Y no conseguí que me cogieran el teléfono. Al final, tuve que ir en persona y ser atendido por “una médico de urgencia” sobrepasada…

La situación de la atención primaria post COVID es tan preocupante que Sanidad y las autonomías han acordado aprobar antes de fin de año un Plan de acción para reforzarla, tomando como referencia el Marco estratégico para la atención primaria que se aprobó en abril de 2019 y que no se llegó a aplicar totalmente. Urge poner dinero sobre la mesa y abrir la contratación inmediata de médicos de familia y enfermeras (faltan 9.500 médicos de familia y pediatras para acercarnos a la media europea, además de 20.000 enfermeras), invirtiendo también en nuevos centros de atención primaria en las zonas más colapsadas de las grandes ciudades y en los pueblos de la España vaciada. Si no se hace, será imposible recuperar la atención sanitaria de antes del COVID, que ya era precaria en muchas zonas. Y los españoles lo afrontan contratando un seguro privado de salud: ya lo tienen 11 millones de personas (el 23%), casi medio millón más que antes de la pandemia.

Mientras, es importante no bajar la guardia frente al COVID, que sigue ahí. Eso exige mantener las medidas de prevención, en especial respetar la distancia de seguridad y mantener las mascarillas en interiores (paises que no las utilizan, como Reino Unido, estudian ahora imponerlas). La presidenta de Madrid ha querido de nuevo ser “la abanderada de la libertad”, anunciando que “va a quitar las mascarillas a los niños en los patios de los colegios”. Pero Sanidad le ha recordado que la Ley no lo permite si no se garantiza la distancia de seguridad, lo que la ha obligado a “recular” y admitir que se podrá quitar la mascarilla si se respeta la distancia de seguridad (difícil con los más niños), lo mismo que ya se hace en toda España. Y aunque hay presiones de muchas autonomías para quitar las mascarillas en interiores, los expertos dicen que no debía hacerse hasta la primavera.

Y es que temen ahora que el invierno y la gripe compliquen la pandemia. Y también que el COVID, al reducir su presencia, mute en nuevas variantes más peligrosas. De hecho, en Reino Unido se ha detectado una nueva variante, la Delta plus (denominada AY.4.2.) que supone ya un 6% de los contagios británicos y es 10 veces más virulenta en la transmisión, según los expertos. Y parece que ha llegado ya  44 paises, entre ellos a España (Cataluña dice que ha detectado 5 casos...), aunque no se hacen suficientes secuenciaciones de las pruebas PCR para saber su alcance real.

En resumen, que la pandemia parece bajo control (“casi”), pero todavía hay muchos riesgos, ligados a que todavía no se ha completado la vacunación (quedan 4,8 millones de españoles sin inmunizar), que hasta final de año no habrá una vacuna autorizada para los niños (5.330.968 menores de 12 años, que se pueden contagiar y contagiar a su familia) y que con el invierno y la gripe el COVID podría mutar y ser más virulento. Y hay otro riesgo del que no se habla: fuera de Europa (70% adultos vacunados), la vacunación en el mundo va muy retrasada: sólo un 8% en África, el 55% en Asia y Oceanía, el 60% en Norteamérica y el 65% en Latinoamérica, lo que podría afectarnos muy negativamente si se reducen los controles para viajar. Así que ojo: tenemos que seguir vigilantes y cuidándonos. Por la salud y la economía.

Temor a otra burbuja inmobiliaria

Un fantasma recorre el mundo: el miedo a que estalle otra “burbuja inmobiliaria”, en EEUU, Canadá, China o media Europa, por la tremenda especulación y subida de precios en el último año (+9,5%), alimentada por la gran liquidez, los bajos tipos de interés y el fuerte ahorro de las familias. El mayor riesgo está en Frankfort, Toronto, Hong Kong, Múnich, Zúrich, Estocolmo, París, Londres, Moscú y Nueva York. No hay ninguna ciudad española en este "mapa de burbujas", aunque aquí los precios de la vivienda también suben mucho: un +3,3% anual en el 2º trimestre, la mayor subida desde 2019. Pero los precios todavía son 21,5% inferiores  a los máximos de 2007. Eso sí, las ventas se han disparado en julio y agosto, con récord desde 2008, por compras de inversores y ahorradores. Ahora, todo apunta a que las ventas  de viviendas seguirán subiendo y también los precios de pisos y alquileres. Y eso agravará el problema actual, donde los jóvenes (y muchas familias) no pueden comprar ni alquilar.

Enrique Ortega

La pandemia parece bajo control en Occidente y la recuperación económica se afianza en EEUU, Europa y medio mundo. Y un síntoma de que la crisis se desinfla es que las ventas y precios de la vivienda, oficinas y locales llevan meses disparados, como no se veía desde 2007, antes de estallar la anterior  “burbuja inmobiliaria”. Así, los precios de la vivienda han aumentado un +9,5% anual (entre el primer trimestre de 2020 y el 1º de 2021) en los 36 paises de la OCDE, la mayor subida en 30 años. Y en Europa, los precios de la vivienda han subido un +7,3% anual en el 2º trimestre de 2021, la mayor subida desde septiembre de 2007 (y un +6,8% en los paises del euro, la mayor subida desde 2006), según Eurostat.

¿Qué explica esta subida histórica de la vivienda? Un cocktail de razones: la tremenda liquidez en todas las economías (tras las inyecciones de dinero y compras de deuda de los bancos centrales, en especial la Reserva Federal  USA y el BCE) y los bajos tipos de interés, que animan a los inversores (Fondos y bancos) y a los particulares a comprar viviendas, oficinas y locales, aprovechando la caída de precios y ventas provocada por la pandemia, confiando en que “el ladrillo es un valor seguro” (¿les suena?) y que hay margen para ganar mucho dinero cuando la economía se recupere. Y como la oferta de viviendas, oficinas y locales estaba muy estancada tras la anterior crisis inmobiliaria, esta fuerte demanda post pandemia ha disparado los precios en medio mundo.

Con ello, se han despertado los temores a que estalle otra burbuja inmobiliaria, como la que provocó en 2008 la anterior recesión. La preocupación es muy evidente en EEUU, Canadá y gran parte de Europa. Y se agravó a finales de septiembre, cuando se temió la quiebra en China de Evergrande, la mayor inmobiliaria del mundo, asfixiada por una deuda de 300.000 millones de dólares y las medidas tomadas por el gobierno chino para frenar la burbuja inmobiliaria en un país donde los precios de la vivienda se han multiplicado por 10 en los últimos 20 años (y donde un piso de 60m2 cuesta 500.000 euros, por la especulación).

Los mayores riesgos de burbuja inmobiliaria se dan a Canadá, Nueva Zelanda y Suecia, según la agencia Bloomberg, pero también les preocupan EEUU (la vivienda se encareció un +18,6% en junio 2021, la mayor subida en 30 años), Noruega, Reino Unido y Dinamarca, seguidos de cerca por Bélgica, Austria y Francia. Otro análisis es el de UBS Group, que ha elaborado un Índice global de riesgo de burbujas por paises (ver mapa), donde indica las 9 ciudades con más riesgo inmobiliario (índice superior a 1,5 puntos): Frankfort (2,16 puntos), Toronto (2,02), Hong Kong (1,90), Múnich (1,84), Zúrich (1,83), Vancouver (1,66), Estocolmo (1,62), París (1,59) y Ámsterdam (1,58 puntos). Hay otro grupo de ciudades con los precios de la vivienda “sobrevalorados” (Índice de +0,5 a 1,5 puntos) pero sin riesgo de burbuja, como Londres, Moscú, Nueva York, Los Ángeles, Tokio y Moscú. Y sitúa a 3 ciudades con unos precios de la vivienda “razonables” (Índice +0,5 a -0,5): Madrid, Milán y Varsovia.

Como se ve, 6 de las 9 ciudades con riesgo de burbuja inmobiliaria están en Europa. Y los últimos datos de Eurostat reflejan la fuerte subida de precios de la vivienda en algunos paises, muy superior al ya elevado aumento de la UE-27 (subida anual del +7,3% en junio 2021): Estonia (+16,1%), Dinamarca (+15,6%), Chequia (+14,5%), Lituania (+13,3%), Letonia (+12,4%), Luxemburgo (+13,6%), Paises Bajos (+12,8%), Hungría (+11,9%), Austria (+11,7%) y Suecia (+10,9). España es el 2º país europeo donde menos sube la vivienda (+3,3% en el último año), sólo por detrás de Italia (+0,4%) y menos que Francia (+5,7%) y Portugal (+6,6%). Y si analizamos la evolución de los precios de la vivienda en Europa entre 2010 y junio de 2021, han subido en 23 paises (+34% de media en la UE-27, +133% en Estonia, +80% en Suecia o Alemania, +50% en Portugal y +22% en Francia) pero cayeron en otros cuatro paises, los más “escaldados” por la anterior burbuja: Grecia (-28%), Italia (-13%), Chipre (-8%) y España (-3%), según Eurostat.

Así que los precios de la vivienda están subiendo con fuerza en medio mundo y en Europa pero suben menos en España: recordemos, un +3,3% anual en el 2º trimestre de 2021, según el INE, más que en todo el año 2020 (+2,1%), la menor subida en 6 años por la pandemia, pero menos de lo que subió en 2019 (+5,1%) y la menor subida desde 2014 (+0,3%), el primer año en que remontó el precio de las viviendas tras las drásticas bajadas de 2008 a 2013 (-45% de caída tras estallar la burbuja inmobiliaria). Eso quiere decir que aunque ahora la vivienda suba algo más, su precio sigue por debajo del que tenía en 2008, todavía un 21,5% inferior, según los datos del Ministerio de Transportes: 1.649,2 euros/m2 en junio de 2021 frente a un máximo de 2.101,4 euros/m2 a finales de 2008. Eso sí, ha subido un +12,7% desde el precio mínimo que tenía a finales de 2014 (1.463,1 euros/m2).

Los precios de las viviendas están subiendo, en el mundo y en España, porque han aumentado las ventas, porque hay más demanda de viviendas, oficinas y locales, sobre todo de inversores y ahorradores, que comprar buscando una plusvalía futura o alquilarlos. En España, las ventas se desplomaron al estallar la burbuja en 2008 (de 775.300 viviendas vendidas en 2007 a 552.080 en 2008 y un mínimo de 312.593 en 2013) para recuperarse lentamente a partir de 2014 (318.830) y sobre todo en 2018 (517.984) y 2019 (505.467), cuando rozaron las ventas de 2008. Pero llegó la pandemia y las ventas cayeron drásticamente, a 420.238 viviendas en 2020. Ahora, en 2021, con el inicio de la recuperación, las ventas crecen mes a mes, alcanzando las 267.715 viviendas vendidas en el primer semestre, según el INE, ya más que en la primera mitad de 2019 (266.018). Y sobre todo, se han disparado las ventas en julio y agosto, dos meses récord desde 2008.

Esta mejoría de las ventas (49.900 viviendas en agosto, 40.300 de segunda mano y sólo 9.600 nuevas) se explica en buena medida por las compras de inversores (Fondos e inmobiliarias) y de ahorradores, como demuestra que 15.000 de esas ventas se hayan pagado al contado, sin hipoteca. Pero también hay compras de familias, aprovechando que los bancos han abierto la mano con las hipotecas (tienen incluso “una guerra” para robarse clientes) y que los tipos están muy bajos, los menores de la historia reciente: el tipo medio era del 2,54% en julio de 2021, frente al 2,59% en julio de 2019 y el 4,26% que se pagaba por una hipoteca en julio de 2013, según el INE. La consecuencia es que en julio de 2021 se han firmado 35.329 hipotecas, un 36,8% más que el año pasado (pandemia) y más del doble que el peor año de la crisis (17.055 hipotecas firmadas en julio de 2013).

Vistos los datos de subidas de precios, ventas e hipotecas firmadas, es evidente que hay una recuperación de la vivienda en España, una vuelta a la mejoría de 2018 y 2019. Pero no debemos tener miedo a otra burbuja inmobiliaria, según los expertos y los datos. Primero, suben los precios, pero todavía las viviendas cuestan un 21,5% menos que en 2008. Segundo, se venden muchas viviendas (podrían superar las 500.000 este año 2021), pero todavía se venden un tercio menos que en 2007 (775.300). Y se piden muchas hipotecas (35.329 en julio), pero todavía son un tercio menos de las hipotecas que se daban antes de estallar la burbuja inmobiliaria (104.808 en julio de 2007).

Eso no quita que no haya que vigilar de cerca al mercado de la vivienda, para evitar que los precios se disparen a medio plazo y se agrave el riesgo de otra burbuja. Máxime cuando todos los factores apuntan a que los precios de la vivienda seguirán subiendo, en 2021 y más en 2022. Por un lado, va a aumentar la demanda, tanto de especuladores e inversores como de familias, porque se crean 130.000 nuevos hogares cada año. Y por otro, la oferta de vivienda nueva crece menos, una media de 90.000 nuevas viviendas al año. Este déficit de viviendas tensiona el mercado y lo va a tensionar más en el futuro, si se asienta la recuperación, provocando nuevas y mayores subidas de precios. Y hay otros dos factores que van a encarecer el precio de la vivienda, sobre todo las viviendas nuevas. Uno, la subida de las materias primas que utiliza la construcción (la madera, el acero, el cobre o el aluminio, además del cemento, por la subida de la luz) y la maquinaria. Y el otro, la falta de mano de obra cualificada (la patronal dice que necesitan 700.000 trabajadores), lo que puede obligar a las empresas a subir los sueldos y trasladar esos mayores costes a los precios.

La subida de los precios y las ventas de la vivienda son una buena noticia para la economía, en la medida que la construcción es una de las locomotoras del crecimiento (aporta un 5,7% del PIB) y del empleo (1.324.800 ocupados). Pero la subida del precio de la vivienda es una mala noticia para muchas familias, no sólo porque les dificulta más la compra de un piso (al ser más caro), sino porque la subida de las viviendas encarece también los alquileres (los inversores o particulares que compran para alquilar, si ahora tienen que pagar más por el piso buscarán subir el alquiler para mantener su beneficio). De hecho, los últimos datos de Eurostat revelan que los alquileres son hoy un 5% más caros que en 2010 mientras el precio de la vivienda está un 3% por debajo.

Si sube la vivienda más de lo que ha subido ya, y con ello los alquileres, será un problema para muchas familias, en especial para las que tienen ingresos bajos y no pueden pagar ni una hipoteca ni un alquiler. En especial, será un grave problema para los jóvenes: ya hoy, con los precios actuales, los menores de 30 años no pueden comprar ni alquilar en ninguna autonomía, según un estudio del Instituto de la Juventud. Y eso porque su sueldo medio es bajo y tendrían que dedicar un 60% al pago de una hipoteca o el 90% al pago del alquiler, porcentajes que duplican y triplican el máximo recomendable y que vigilan los bancos (que el gasto no supere el 30% de los ingresos). Pero la situación es peor en algunas autonomías: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de sus ingresos para pagar una hipoteca en Baleares y del 75 al 65% en Madrid, País Vasco, Canarias y Cataluña. Y más del 100% de sus ingresos para alquilar en Cataluña, Baleares y Canarias, rozando el 100% en Madrid. Tremendo. Y en el caso de los jóvenes de 30 a 34 años, tampoco pueden comprar o alquilar: una hipoteca se lleva de media el 45% de sus ingresos (el 59% en Madrid y el 75% en Baleares, sólo baja al 30% que podrían pagar en Murcia, Extremadura y Castilla la Mancha) y un alquiler supone el 65% (y casi el 80% en Cataluña, Madrid, Baleares y Canarias, no pudiendo alquilar con el 30% de sus ingresos en  ningún lugar).

Todos sabemos que hay un serio problema de vivienda en España pero ahora, con la perspectiva de subidas de precios, en la compraventa de viviendas y en los alquileres, la situación será peor, sobre todo para familias con pocos ingresos y para los jóvenes (incluso hasta los 34 años). Por eso urge un Plan de vivienda realista, no parches populistas asentados en controles de precios. La única manera de frenar la subida de precios, en la vivienda y los alquileres, es actuar sobre la oferta, facilitar la construcción de más viviendas, públicas y privadas, para venta y alquiler. Y eso pasa por facilitar la disponibilidad de suelo público (Ayuntamientos), agilizar las promociones y facilitar financiación suficiente a los promotores (públicos y privados). Hace falta construir más viviendas para frenar la subida de pisos y alquileres y atender a la demanda de jóvenes y familias. Y, en paralelo, facilitar que salgan al mercado las 3,4 millones de viviendas vacías, con incentivos a sus propietarios, no asustándoles para que no alquilen. Tomen medidas sensatas.

España, a la cola de la digitalización

La pandemia ha sido un curso acelerado de digitalización: todo el día enganchados a Internet, teletrabajando más que nunca y comprando online hasta en la tienda de la esquina. Pero ahora, con la vuelta a la normalidad, se comprueba que tenemos una economía muy tradicional y que lo digital avanza lentamente. El  último ranking internacional (2021) sitúa a España en el puesto 31 del mundo en competitividad digital, sólo por delante de Italia, Portugal y Grecia. Y el último informe DESI 2020, de la Comisión Europea, nos sitúa digitalmente en el puesto 11 en Europa, muy retrasados en formación digital y en el uso de Internet por las pymes. Por eso, la digitalización es una de las prioridades del Plan de recuperación, a la que destinará el 29% de los Fondos europeos (20.300 millones). Digitalizar la economía es, con el clima, uno de los dos grandes retos mundiales de este siglo y España está muy retrasada. Hay que aprobar este examen, para salvar empresas y empleos.

Enrique Ortega

La pandemia, sobre todo el confinamiento, nos hizo a todos “más digitales”. En 2020 se batió el uso de Internet, según el estudio “Sociedad Digital en España 2020-2021”: el porcentaje de españoles que utilizan la Red cinco días a la semana subió al 83,1% (+5,6%) y los usuarios que utilizan Internet varias veces al día subieron al 81% (+6,1%). Más del 50% de los adultos han usado el comercio electrónico y 8 millones de hogares reciben TV de pago. Y hasta un 16,2% de los ocupados teletrabajaron desde sus casas en el 2º trimestre de 2020, frente a sólo un 9,4% en 2019, según el INE. Sin embargo, tras la vuelta a la normalidad, el elevado uso de Internet se mantiene al alza (un 91% de los adultos en 2021, según Hootsuite), pero el comercio electrónico crece a menor ritmo (+11% hasta julio 2021, frente al +42% en pleno confinamiento)  y el teletrabajo se ha desinflado (bajó del 16,2% de trabajadores en 2020 al 9,4% en el 2º trimestre de 2021).

Así que la digitalización de nuestra vida durante la pandemia ha sido “un espejismo” y ahora lo que quedan son más internautas, que se relacionan, juegan e informan, pero que apenas trabajan por la Red y unas empresas que utilizan poco Internet en su actividad diaria. La realidad nos la muestra el último ranking de competitividad digital 2021, elaborado por el Instituto IMD: España ocupa el puesto 31 entre los 64 paises analizados, un lugar que se mantiene en torno al 30 en los últimos 5 años, por su escasos avances en conocimiento, tecnología y preparación para el futuro, los tres indicadores que valoran. Encabezan este ranking de competitividad digital Estados Unidos, Hong Kong, Suecia, Dinamarca, Singapur, Suiza y Paises Bajos, quedando también por delante de España Reino Unido (puesto 14), China (15), Austria (16), Alemania (18), Irlanda (19), Luxemburgo (22), Francia (24), Estonia(25), Bélgica (26), Japón (28) y Lituania(30). Y solo están peor en competitividad digital, dentro de Europa, Portugal (puesto 34), Italia (40) y Grecia (44).

La Comisión Europea también valora periódicamente la digitalización de los paises europeos. En el último informe, DESI 2020, anterior a la pandemia, España ocupaba el puesto 11 de 28 paises (incluyendo el Reino Unido), perdiendo un puesto sobre 2019. En este ranking europeo de competitividad digital, España queda algo mejor que en el ranking mundial de IMD, al situarse por delante de Alemania (puesto 12), Francia (15º), Portugal (19º) o Italia (25º), porque la Comisión valora 5 indicadores y en dos de ellos España está muy bien colocado: conectividad (5º puesto en la UE-28: España tiene la mayor red de fibra óptica de Europa y un gran alcance del 5G) y servicios públicos digitales (2º puesto, por el avance de la Administración electrónica: pago de impuestos y otras gestiones online). Pero España “pincha” en los otros 3 indicadores, que son fundamentales: capital humano o formación (16ª de 28), uso de Internet (11º puesto) e integración de la tecnología digital en las empresas y el comercio electrónico (19º puesto).

Ahí se ve las fortalezas y debilidades de España ante el reto digital, que refleja muy bien el último informe (febrero 2021) del Consejo Económico y Social (CES) sobre la digitalización de la economía española. Tenemos 4 grandes fortalezas: unas potentes infraestructuras digitales (la red de fibra óptica instalada en España supera a las de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia juntas, además de liderar el despliegue del 5G en Europa), unas grandes empresas de telecomunicaciones muy competitivas, un altísimo número de internautas (con ese 91% de población conectada, somos el 17º país del mundo con más usuarios) y tenemos un gran uso de los servicios públicos digitales (82% españoles utilizan la Administración electrónica). Pero también tenemos 5 grandes debilidades, según detalla el informe DESI 2020: baja formación digital de la población (el 43% de los españoles carecen de competencias digitales básicas, frente al 41,7% en la UE-28 y el 23,4% en los tres paises europeos más avanzados: Finlandia, Suecia y Dinamarca), el bajo porcentaje de especialistas TIC entre los trabajadores (3,2% en España frente al 3,9% en la UE-28 y el 6% en los tres paises más digitalizados), el gran retraso digital de las pymes (el comercio electrónico representa en España el 9,2% de su negocio, frente al 11,5% en la UE-28 y el 22,5% en los tres paises más digitalizados), la enorme brecha digital por edades, regiones y empresas y las menores inversiones en Ciencia e innovación (España invirtió en I+D+i el 1,25% de su PIB en 2019, frente al 2,13% la UE-28).

Al final, el retraso digital de España se asienta en 2 grandes problemas que arrastramos desde hace décadas y que ahora la pandemia ha revelado con claridad: el retraso en la formación digital de los españoles (desde la escuela y la Universidad al trabajo) y la baja digitalización de las empresas españolas, en especial las pymes. Veamos su alcance.

Sobre el retraso formativo, baste otro dato aportado por un estudio de UGT (2020): 10,7 millones de trabajadores no se han formado nunca en competencias digitales. Y del total de la población, 12 millones (un 33,5%) “no son capaces de manejarse” en entornos digitales y otros 7,6 millones de españoles (21%) sólo acredita “habilidades digitales básicas”, lo que dificulta encontrar empleo a medio y largo plazo a más de la mitad de los españoles. Y además de tener pocos trabajadores cualificados en TIC (tecnologías de la información y la comunicación), un 3,2% frente al 3,9% en Europa, el otro problema es que la mayoría de empresas españolas (el 82,5%) no contratan expertos TIC.

Este estudio de UGT, “Digitalización de la empresa española”, demuestra con múltiples datos el 2º gran problema de fondo que tenemos, la escasa digitalización de las empresas españolas, sobre todo las pymes. Como primera conclusión, España se encuentra “en el furgón de cola” (puesto 22 de 28 paises UE) de las empresas con alto nivel de intensidad digital: el 13% del total, frente al 18% en la UE-28, el 21,7% en Reino Unido, el 16,4% en Alemania o el 14,8% en Francia. Y ocupamos el 24º puesto europeo (sólo por delante de Estonia, Croacia, Hungría y Lituania) en el ranking de paises con más empresas de bajo nivel digital: el 56,8% del total de empresas españolas, frente al 45,8% en la UE-28, el 38,4% en Reino Unido, el 41,4% en Alemania y el 50,3% en Francia. Y hay una presencia solo testimonial de empresas españolas en las tecnologías digitales más vanguardistas (cloud computing, big data, robots e impresoras 3D).

Además, el estudio destaca el escaso uso de las tecnologías digitales, sobre todo en las pymes. El 99,26% de las empresas españolas utilizan ordenadores, la mayoría (98,39%) con conexión a Internet. Pero menos de dos tercios de sus trabajadores usan el ordenador para trabajar (el 60,37%) y sólo poco más de la mitad (el 53,4%) usan Internet para trabajar. Sólo tres de cada cuatro empresas (78,16%) tienen página web (nos sitúa en el puesto 17º en la UE-28), pero ese porcentaje baja al 30,21% en las micropymes (menos 10 trabajadores. Y son muchas menos las empresas que venden por Internet: un 20,36% (lo que nos sitúa en el puesto 11º en la UE-28), un porcentaje que baja en el caso de las micropymes (sólo 5,81% venden online) y las pequeñas empresas (18,17%) y sube (al 41,68% en las grandes). Si vamos al uso de herramientas TIC más sofisticadas, el porcentaje de empresas usuarias baja: el 28,08% usan “la nube” (10,35% de las micropymes), un 8,31% utilizan el “Big data” (1,79% las micropymes), el 10,96% usan robots y el 3,24% utilizan impresoras 3D, herramientas donde las empresas españolas se sitúan a la cola de su uso en Europa.

Visto el panorama, debería preocuparnos que todos los expertos coincidan en que la digitalización es una de las llaves del futuro, de la mejora de la competitividad y del empleo que viene. De hecho, la mejora de la digitalización podría aumentar el crecimiento del PIB de España entre un +1,5% y un 2,5% anuales (eso son más de 25.000 millones extras al año) de aquí a 2025, según estima el consejero delegado de Telefónica. Y podría mejorar la productividad de las pymes españolas entre un 15 y un 25% (producir una quinta parte más). Pero hay otra ventaja más: la digitalización podría ayudar a salvar muchos de los empleos que se van a perder en las próximas décadas. Según la OCDE, la tecnología y los robots suponen que el 21,7% de los empleos están “en riesgo” en España (el 14% en el mundo) y otro 30,2% de empleos más están “amenazados” (el 30% en el mundo), con lo que la mitad de los empleos actuales peligran, lo que obliga a mejorar la formación de los trabajadores y convertirlos en “empleados digitales” si quieren trabajar en el futuro.

Por todo esto, queda claro que la digitalización de la economía es uno de los 2 grandes retos de este siglo XXI, junto a la sostenibilidad medio ambiental. El actual Gobierno, cuando tomó posesión en enero de 2020, mandó el primer mensaje de que la digitalización iba a ser una de sus prioridades: nombró a Nadia Calviño Vicepresidenta de Asuntos Económicos  “y Transformación Digital” , creando 2 nuevas Secretarías de Estado (de Digitalización e Inteligencia artificial y de Telecomunicaciones e Infraestructuras digitales). El segundo fue unos meses después, en julio de 2020, al aprobar la Agenda Digital España 2025, una hoja de ruta para movilizar 140.000 millones de inversión (un tercio, dinero público) para avanzar en la digitalización de la economía y conseguir 6 objeticos básicos: que el 100% de la población tenga cobertura de Internet de 100 Mbps (89% en 2020), que el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas (57% hoy), que las pymes alcancen un 25% de negocio online (hoy 10%), que el 50% de los servicios públicos sean online y en móviles (hoy 10%), que el 25% de las empresas utilicen Big data e inteligencia artificial (hoy son menos del 15%) y aprobar para ese 2025 una Carta de derechos digitales.

Unos meses antes, en febrero de 2020, la Comisión Europea aprobaba la Estrategia Digital Europea, una apuesta por situar a Europa en la vanguardia de la digitalización, recuperando el retraso actual respecto a Estados Unidos y China. Y para remacharlo, situó a la digitalización como una de las dos grandes apuestas (junto a la lucha contra el Cambio Climático) de su Plan de futuro, Next Generation UE, aprobado en julio de 2020 para promover la recuperación de la economía europea, con una inversión de 750.000 millones de euros, fijando que “al menos el 20% de estos fondos” los gasten los paises europeos en la digitalización de sus economías.

España ha aprovechado este Plan europeo para aprobar un Plan de recuperación donde canalizar los 140.000 millones que nos corresponden (70.000 millones en subvenciones a fondo perdido, entre 2021 y 2023). Y en ese Plan de recuperación español,  aprobado por Bruselas en julio de 2021, la digitalización es el 2º mayor bloque de gasto: 20.300 millones entre 2021 y 2023, el 29% del total de los Fondos UE (la transición ecológica se lleva el 39,1%). Con este apoyo europeo, el Gobierno pretende financiar los objetivos de la Agenda Digital España 2025, centrando el gasto en una serie de grandes partidas: digitalización de las pymes (4.066 millones), desarrollo del 5G (3.999 millones), desarrollo de competencias digitales (3.593 millones), inteligencia artificial (500 millones) y gran parte del gasto de otras partidas del Plan, como modernización de las Administraciones públicas (4.315 millones), modernización y digitalización del sistema educativo (1.648 millones), modernización del sector turístico (3.400 millones) y modernización del sistema sanitario (1.069 millones).

Así que ahora, la digitalización en España tiene una vicepresidencia, una hoja de ruta hasta 2025 (Agenda Digital) y un Plan de recuperación para gastar ahí 20.300 millones de los Fondos europeos entre 2021 y 2023. El primer esfuerzo inversor ya se ha hecho este año, con una partida de gasto de 4.230 millones para digitalización y telecomunicaciones en los Presupuestos 2021, lo que supone multiplicar por seis los 718 millones de 2020. Y para 2022, el proyecto de Presupuestos presentado incluye 6.941 millones para digitalización, investigación e innovación, de los que 1.559 millones son para digitalizar las pymes, 650 millones para el despliegue del 5G, 386 millones para digitalizar la Administración. 256 para extender la banda ancha en las zonas rurales, 250 millones para infraestructuras digitales, 182 millones para ciberseguridad, 113 millones para inteligencia artificial, 35 para una base de datos sanitaria y 40 millones para ofrecer bonos de conectividad a las pymes.

El dinero es clave para la digitalización del país, pero también lo es apostar por la formación digital de las personas y por la reconversión digital de las empresas, sobre todo las pymes. Urge reforzar la formación digital desde la escuela (se va a reforzar en la ESO) hasta la Universidad, donde los licenciados tienen hoy una baja formación digital y hay pocos especialistas, pocos estudiantes de Informática (el 50% abandonan antes de licenciarse). Y las empresas que sí apuestan por contratar especialistas digitales se quejan de que no los encuentran: hay un déficit de 75.000 especialistas TIC, según la patronal DigitalES. Y se estima que harán falta 200.000 empleos digitales en el futuro.

En resumen, que el futuro se va a jugar en la transformación digital y la sostenibilidad medioambiental, los dos grandes retos del siglo XXI. Y los paises que no digitalicen y cuiden su medio ambiente, serán menos competitivos y quedarán rezagados. Así que tenemos que reconvertirnos digitalmente, las personas y las empresas. Nos jugamos el empleo.

A rehabilitar tocan

Mientras se espera que el Gobierno apruebe en unas semanas la polémica Ley de Vivienda, ya aprobó a primeros de octubre dos decretos que abren el camino a rehabilitar 510.000 viviendas en los próximos 3 años, con Fondos europeos. Va a ser la 2ª mayor partida de gasto del Plan de recuperación, tras la reconversión al coche eléctrico. El programa de rehabilitación energética (aislamientos, ventanas, fachadas...) invertirá 6.820 millones hasta 2023 y los primeros 1.631 millones ya se han liberado y transferido a las autonomías, que gestionarán el 80%. Ahora tienen que crear Oficinas municipales de rehabilitación, donde las comunidades de vecinos y los particulares (incluso inquilinos) pueden pedir las ayudas para rehabilitar su edificio o vivienda, subvencionando entre 3.000 y 18.000 euros por vivienda, además de deducciones fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) y créditos con aval del ICO. Una oportunidad única para remozar nuestro viejo parque de viviendas  y crear 188.000 empleos. Lea las condiciones y ayudas disponibles, individualmente o con su comunidad de vecinos. A rehabilitar tocan.

Enrique Ortega

La rehabilitación energética de viviendas y edificios es una de las prioridades de la Comisión Europea para las próximas tres décadas, porque los edificios europeos son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, su gran objetivo, dentro de la estrategia UE contra el Cambio Climático es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones (0 emisiones netas) en 2050”. Para lograrlo, han incluido la rehabilitación energética de los edificios como una de las prioridades del Plan de recuperación europeo, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones entre 2021 y 2024, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a Fondo perdido).

A partir de aquí, España ha establecido la rehabilitación energética de edificios y viviendas como la 2ª prioridad del Plan de Recuperación español, enviado a Bruselas en octubre y autorizado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. En concreto, se destinarán 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 al “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, la 2ª mayor partida de gasto del Plan de Recuperación, tras la dedicada “a la movilidad sostenible” (13.203 millones de inversión). Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar energéticamente 510.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y con esta demanda potencial, poner en marcha “una verdadera industria” de rehabilitación de viviendas, apoyada por un esfuerzo inversor privado, con otro objetivo aún más ambicioso: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, lo que permitiría rehabilitar 7,2 millones de edificios y viviendas para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo rehabilitador suena “desmesurado”, si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque residencial, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2,01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media de la UE-27 está en una rehabilitación del 1,5% de sus edificios. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, tanto para mejorar su habitabilidad (1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso) como para reducir su alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). De hecho, tenemos un parque de 25,7 millones de viviendas, de las que 19 millones son viviendas principales. Y más de la mitad (9,7 millones) se construyeron antes de 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que esas 9,7 millones son las viviendas candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación energética 2021-2023 aprobado por el Gobierno (y ratificado por la Comisión Europea) contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos previstos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene tres frentes de actuación: subvenciones directas para la rehabilitación de edificios enteros y viviendas individuales (1.994 millones) y de barrios enteros (976 millones), además de deducciones fiscales en el IRPF a los particulares que rehabiliten. El 2º Plan del programa de rehabilitación (1.000 millones) busca la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades donde el 30% de las viviendas fueron construidas antes de 1960 y el 10% están en estado deficiente o ruinoso), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos  de la Administración central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos, culturales o asistenciales, con 1.080 millones de inversión. Y el cuarto Plan  incluido en el programa (1.000 millones de inversión restante) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler, energéticamente eficientes, entre 2022 y 2023.

El Plan de Recuperación de España donde se incluyen estos 4 programas de rehabilitación fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros liberó la primera partida de dinero público para rehabilitación: 1.631 millones (de los 2.036 millones previstos gastar en 2021): 1.151 millones para la rehabilitación de viviendas y barrios y otros 480 millones para rehabilitar edificios públicos. Y como había prisa, unos días después, el 21 de julio, Gobierno y autonomías pactaban el reparto de este primer gasto en rehabilitación por autonomías, que son las que gestionarán el Plan y abrirán con los Ayuntamientos la ventanilla de solicitudes de ayudas. El reparto (ver cuadro) se ha hecho teniendo en cuenta el número de hogares de cada autonomía, con lo que 4 regiones van a recibir más de 100 millones de ayudas para rehabilitar: Andalucía (199,9 para particulares y 85,6 para edificios públicos), Cataluña (186+78,7), Madrid (161,2+68,5) y Comunidad Valenciana (124,6+51,15). Para futuras entregas, hasta 2023, el Gobierno está pensando en primar la buena gestión de las ayudas, con lo que podrían recibir más dinero las autonomías que mejor gestionen los programas de rehabilitación.

Con este primer dinero ya repartido para la rehabilitación energética, las autonomías trabajan ahora en poner en marcha en sus territorios toda la operativa para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios. El programa incluye la creación de Oficinas específicas, “ventanillas únicas” en autonomías y Ayuntamientos para facilitar los trámites a los vecinos interesados. Además, el Gobierno está promoviendo la creación de empresas para facilitar la rehabilitación “llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a empresas constructoras, energéticas y bancos. Además, el ejecutivo ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

Mientras las autonomías saben ya el primer dinero con el que van a contar y preparan su intendencia, el Gobierno acaba de aprobar el marco normativo de las ayudas a la rehabilitación, un Real decreto (853/2021) y un Real decreto Ley (19/2021) aprobados el pasado 5 de octubre. El primero establece los tres tipos de subvenciones directas (a fondo perdido) que se van a conceder para rehabilitar energéticamente viviendas (aislamientos, ventanas, fachadas...). Y no sólo a los propietarios de su vivienda habitual, también a los que viven en alquiler: el Gobierno contempla que los inquilinos puedan recibir ayudas para la rehabilitación de la vivienda donde viven si acuerdan con su casero costear a su cargo la obra de rehabilitación a cambio del pago de la renta. Lean con atención el abanico de ayudas.

Las mayores subvenciones se dan para rehabilitar energéticamente barrios enteros. Se fija una exigencia mínima de que la rehabilitación ahorre un 30% de energía y a partir de ahí la subvención varía según el ahorro, con un máximo de 21.400 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre el 80% de energía (y hasta el 100% del gasto hecho si el propietario es una familia vulnerable). El 2º mayor nivel de ayudas se da para rehabilitar energéticamente edificios enteros y viviendas unifamiliares. Aquí también se exige un ahorro energético mínimo del 30% y la ayuda varía según el alcance de la rehabilitación, con un máximo de 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre un 80%. Y el tercer nivel de ayudas es para rehabilitar viviendas aisladas, que solicite un particular para su domicilio “habitual y permanente”: se le subvenciona el 40% de la rehabilitación (que ha de cumplir una exigencias de ahorro energético o sustitución de elementos constructivos) con un límite de 3.000 euros por vivienda (el gasto mínimo ha de ser 1.000 euros por vivienda).

Además de estas subvenciones (ayudas a fondo perdido), se han aprobado nuevas deducciones en el IRPF a los particulares que hagan obras de rehabilitación para la mejora energética de su vivienda o edificio. Se establecen 3 deducciones fiscales. Una del 20% del importe de la rehabilitación (con un tope de 5.000 euros por vivienda) a los que reduzcan el consumo de calefacción un 7%. Otra del 40% (con un tope de gasto de 7.500 euros por vivienda) para los que reduzcan un 30% su consumo o alcancen la calificación energética A o B para su vivienda habitual. Y una deducción máxima del 60% (con un gasto máximo de 15.000 euros por vivienda) para los particulares que vivan en edificios residenciales donde se reduzca un 30% su consumo energético, alcancen la calificación energética A o B y hayan hecho actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales del ICO por importe de 1.000 millones de euros para que las comunidades de propietarios puedan financiar con créditos la rehabilitación de edificios enteros. Y para facilitarlo, el Real Decreto Ley incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de que una comunidad de propietarios pueda aprobar por mayoría simple la solicitud de un crédito para rehabilitar el edificio (una decisión que hasta ahora exigía la unanimidad). Así que ahora, el crédito para rehabilitar el edificio lo podrá pedir la comunidad  (no cada propietario), con el aval del ICO, y su pago se incluirá dentro de los gastos generales del inmueble.

La mayor cuantía de las subvenciones y de las deducciones fiscales hace que lo más interesante para rehabilitar una vivienda es que esté incluida en un Plan para rehabilitar el barrio completo y si no, que la comunidad de vecinos contemple rehabilitar todo el edificio, un camino más rentable que rehabilitar uno sólo su casa (salvo que viva en una vivienda unifamiliar). Además, las comunidades de propietarios tienen ahora dos ayudas más. Una, de hasta 3.500 euros de subvención, para elaborar un Libro del edificio (una especie de auditoría energética) donde se refleja su situación actual y sus carencias. Y la otra ayuda, hasta 30.000 euros, para pagar un Proyecto de rehabilitación que elabore una empresa especializada y que será la base para solicitar las ayudas públicas y hacer las obras de rehabilitación energética.

En líneas generales, el programa de rehabilitación “suena” bastante bien y debería llevar a muchas comunidades de vecinos a estudiarlo y decidirse a rehabilitar energéticamente su edificio, aprovechando los Fondos europeos, que se van a traducir en subvenciones (hasta 18.000 euros por vivienda si se rehabilita un edificio) y deducciones fiscales en el IRPF (hasta el 60% del gasto de un propietario si se ha rehabilitado su edificio), más créditos para pagar las obras avalados por el ICO ( por lo que los bancos deberían concederlos). Los problemas pueden encontrarse, como siempre, en el papeleo y la burocracia (autonomías y Ayuntamientos) y en que el exceso de demanda colapse la rehabilitación, porque hacen falta empresas y trabajadores suficientes para atender esta ola de rehabilitación. Además, hace falta agilidad en la puesta en marcha del programa, porque la entrega de Fondos europeos en 2022, 2023 y 2024 está ligada a que se gasten los fondos entregados. Y que se gasten bien: si hay “picaresca” y corruptelas, Bruselas nos exigirá el dinero mal gastado.

Estamos ante “una oportunidad histórica” para remozar parte de nuestro parque de edificios y viviendas, consiguiendo unas casas más confortables y energéticamente eficientes con muchas ayudas públicas y poco gasto de las familias. Un Plan de rehabilitación energética que “mata 3 pájaros de un tiro”: consigue mejores viviendas, reduce el consumo español de energía (-40% de energías fósiles) y nuestras emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales) y crea empleo adicional (188.000 nuevos empleos) y más crecimiento (aporta +13.500 millones al PIB español en tres años). Por todo ello es clave que el Plan de rehabilitación salga bien, lo que exige colaboración institucional (que no haya peleas “políticas” entre el Gobierno, las autonomías y Ayuntamientos: rehabilitar debe ser una prioridad de todos) y un decidido apoyo de empresas y autónomos de la construcción, bancos, administradores de fincas y comunidades de propietarios, así como un esfuerzo informativo para que el Plan y sus ayudas sean conocidos por todos los propietarios. A rehabilitar tocan.