Pandemia: vacunar, vacunar y vacunar

Los contagios continuaron subiendo las últimas 2 semanas y llevamos 26 días en la 4ª ola, que es más una “meseta”, con menos incidencia que las anteriores, aunque faltan las subidas provocadas por la Semana Santa. Lo malo es que sigue avanzando la cepa británica (más contagiosa y letal), mayoritaria en 7 autonomías, y que suben los pacientes (ahora de 50 a 60 años) en hospitales y UCIs, lo que provoca todavía demasiadas muertes (149 el viernes). Y no se aprueban restricciones serias, mientras se quiere terminar el estado de alarma el 9 de mayo, lo que puede ser un caos. La esperanza está en la vacunación, acelerada a pesar de los vaivenes con AstraZeneca. El presidente Sánchez ha fijado un difícil objetivo: vacunar a 33 millones de españoles para finales de agosto. Pero conseguirlo depende de las autonomías, más faltas de medios que de vacunas. Ahí nos jugamos la salud y la economía: o se vacuna la mayoría o no habrá recuperación. Mientras, quédate en casa.

Enrique Ortega

La pandemia ha vuelto a repuntar en el mundo: crecen los contagios desde mediados de febrero y a principios de abril se han superado otra vez los 700.000 diarios, algo que no pasaba desde enero. En total, hoy se han contabilizado 136.046.736 contagios en 192 paises, según la estadística de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro sigue en América (57.943.462 contagiados), pero se acerca más Europa (47.558.894), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (16.177.826), Oriente Medio (8.057.550), África (3.171.006) y Pacífico (2.707.538 contagiados), según la OMS. Por paises, lidera el ranking de contagios EEUU (31.197.511), seguido de India (13.527.717) y Brasil (13.482.023) . Y a más distancia, Francia (5.119.585), Rusia (4.589.209), Reino Unido (4.384.610), Turquía (3.849.011), Italia (3.769.814), España (3.347.512), Alemania (3.012.152) y Polonia (2.574.631).

Los muertos por la pandemia también crecen desde mediados de marzo, superando los 14.000 muertos diarios el 7 y 8 de abril, lo que no se veía desde principios de febrero. A día de hoy son ya 2.936.364 muertos por COVID-19 en el mundo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, concentrados sobre todo en América (1.404.302 muertos) y Europa, que supera el millón de muertos (van 1.008.023), según la OMS. Por paises, el ranking de fallecidos lo encabeza EEUU (562.066), junto a Brasil (353.137) y México (209.338), seguidos de lejos por India (170.179 muertos), Reino Unido (127.331), Italia (114.254), Rusia (101.282), Francia (98.909), Alemania (78.500) y España (76.328 muertos).

En Europa han aumentado los contagios en la mayoría de los paises, con un 74,6% de penetración de la variante británica y una media de 520 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (76,8 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 50% de los adultos, Portugal (62,5 contagios por 100.000, cuando tenía 427 el 19 de febrero) e Irlanda (146 contagios por 100.000 habitantes). Les sigue España, con 182 contagios por 100.000 habitantes el viernes 9 de abril. Está peor Alemania (267), mucho peor Italia (419) y sobre todo Francia (769 contagios por 100.000 habitantes, el doble que hace un mes), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen elevados contagios Polonia (908), Suecia (741), República Checa (688), Paises Bajos (569), Bélgica (516), Austria (483) y Rumanía (357 por 100.000 habitantes).

España lleva 26 días de aumento de contagios, desde que el martes 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo de 127,80 contagios/100.000 habitantes). El viernes 9 alcanzamos los 182 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 7 regiones en situación de “riesgo extremo” (más de 250 contagios): Melilla (495), Ceuta (465,5), Navarra (349,5), Madrid (324,3), País Vaco (295 contagios por 100.000 habitantes), La Rioja (202,2) y Aragón (201,82). Y otras 4  autonomías con “riesgo alto” (150-200 contagios): Cataluña (199,27), Andalucía (190), Castilla y León (187,44), y Asturias (162,74). En “riesgo medio” (50-150 contagios) están 7 regiones: Cantabria (144), Castilla la Mancha (142,58), Extremadura (132), Canarias (126), Galicia (70,29) Murcia (68,16), y Baleares (65,81). Y sólo tiene nivel “bajo” la Comunidad Valenciana (34,92).

España está realizando muchas pruebas para detectar contagios (384.382 PCRs y 226.583 test de antígenos la última semana), lo que equivale a 1.500 pruebas por cada 100.000 habitantes, 1,5 veces las que recomienda la OMS, según Sanidad. Y el nivel de positivos ha aumentado, del 5,56% hace dos semanas a 7,76% el viernes 9, aunque hay 6 regiones con un nivel de positivos de “riesgo alto” (+ del 10%): Aragón (12,48%) Melilla (11,48%), Ceuta (10,47%), Madrid (10,30%), Andalucía (10,19%) y Castilla la Mancha (10,05%). El problema sigue siendo que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 2 contactos por caso, cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen de los contagios (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 31,7%  (el 54,1% en Baleares y el 53,2% en Cataluña), según Sanidad.

El problema más preocupante de esta 4ª ola es que aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs. Las hospitalizaciones han subido de 7.649 (26 marzo) a 9.359 el viernes 9 de abril, un 7,48% de camas ocupadas con enfermos COVID, lo que supone un “riesgo medio” (5-10% de ocupación COVID), según Sanidad. Pero hay un “riesgo extremo” de ocupación (+15%) en Melilla (24,18% camas ocupadas por enfermos COVID) y un “riesgo alto” (10-15%) en Ceuta (14,50%), Madrid (14,42%) y País Vasco (11,30%). En el otro extremo, no hay problema en los hospitales de Baleares (1,85% ocupación camas COVID),  Galicia (1,95%), Comunidad Valenciana (2,22%), Murcia (2,37%) y Extremadura (2,99%), teniendo un “riesgo medio” (5-10% ocupación COVID19) las 10 autonomías restantes.

En  las UCIs es donde más ha empeorado la situación en las últimas 2 semanas, pasando de 1.830 pacientes (26 marzo) a 2.050 el viernes 9 de abril, con un nivel de ocupación medio del 20,48% (“riesgo alto”). Y se ha detectado que baja la edad media de enfermos COVID19 en las UCIS: ahora tienen muchos entre 50 y 60 años, al haberse vacunado ya la mayoría de los mayores de 80 años, que eran antes mayoritarios. Lo preocupante es que hay 3 regiones con un “riesgo extremo” (+25%) en la ocupación de UCIS por enfermos COVID19: Cataluña (38,58% camas ocupadas), Madrid (38,56%) y La Rioja (39,62%), según Sanidad. Y otras 9 autonomías más tienen un “riesgo alto” en las UCIs (15-25% ocupación): Ceuta (23,53%), País Vasco (23,08%), Navarra y Castilla y León (22,63%), Asturias (19,63%), Melilla (17,65%), Aragón (17,24%), Castilla la Mancha (15,55%) y Andalucía (15,15%). Sólo Galicia tiene “normalidad” en las UCIS (2,82% ocupación enfermos COVID, mientras las 6 autonomías restantes tienen un “riesgo bajo” en las UCIs.

Y al final están las muertes, que han seguido bajando: en las últimas 2 semanas (26 marzo-9 abril)  se han producido 1.318 muertes por COVID19, la mitad que en la quincena anterior (2.752 muertes del 12 al 26 de marzo) y muchas menos que en las dos quincenas anteriores (3.116 y 4.395 muertes). Y, por primera vez este año, se baja de los 100 muertos diarios: 94 de media en la última quincena, todavía una barbaridad (hubo 149 muertos el viernes 9). Esta menor cifra de fallecidos se debe a la vacunación en las residencias, que ha permitido bajar drásticamente la cifra de residentes muertos: de 790 fallecidos a la semana a principios de enero a 2 muertos en la última semana de marzo (uno en Andalucía y otro en Cataluña), según Sanidad. También es clave haber vacunado a los mayores de 80 años, aunque no tengan todos las 2 dosis hasta mayo. 

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 8 de abril: hay 9 provincias en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4: Madrid, Segovia, Guadalajara, Palencia, Lleida, Gerona, Granada, Ceuta y Melilla.  En alerta 3 hay seis  autonomías (Aragón, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco y la Rioja), más Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería y Gran Canaria. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Murcia y Galicia, más Albacete, Salamanca, Zamora, Teruel y Málaga, quedando la mayoría de Andalucía, Navarra, Canarias y Cantabria, más Tarragona, en alerta 2.

Ahora, todo apunta a que los contagios seguirán creciendo en las próximas semanas, porque falta “recoger los frutos” de la mayor movilidad que se autorizó en la mayoría de autonomías durante la Semana Santa y que se traduce en más contagios con 10/12 días de retraso. Y eso se notará después en los hospitales y las UCIs, con un posible aumento de muertes para fínales de abril. Con todo, esta 4ª ola será más suave, una “meseta”, con subidas hasta los 230 contagios por 100.000 habitantes (llegando a 400 contagios en las regiones que están peor), una incidencia muy inferior al pico de la 3ª ola, que rozó los 900 contagios por 100.000 habitantes (el 27 de enero). Ahora juega a nuestro favor el alto número de españoles ya contagiados (3,4 millones de contagiados detectados más otros 1,6 millones que se habrán contagiado sin detectarlos) y las personas que han recibido ya una dosis de la vacuna (7 millones) o las dos (3 millones), en total 15 millones de personas que pueden estar “tranquilas” (no al 100%) de que no van a contagiarse ni morir.

Pero quedamos otros 32,5 millones en riesgo, lo que debía llevar a las autonomías a no “abrir la mano” en las restricciones, como están haciendo muchas (Madrid abrió el viernes su confinamiento perimetral”), presionadas por bares y comercios y por el “hartazgo” de sus ciudadanos. Todo apunta a que esta 4ª ola seguirá, aunque sea menos virulenta, con una alta ocupación de hospitales y UCIS. Y con demasiadas muertes: nos hemos insensibilizado, pero ya han muerto 76.328 personas (equivalente a desaparecer la ciudad de Palencia y más que los 68.456 espectadores del estadio Wanda Metropolitano). Y de ellas, más de un tercio (30.817 muertos) han fallecido desde principios de diciembre.

Habría que pensar en esto antes de suavizar las restricciones (las autonomías ya han repetido este error tres veces).Y antes de acabar con el estado de alarma, el 9 de mayo, como ha anticipado el presidente Sánchez, en contra del parecer de varias autonomías. ¿Cómo se va a luchar después contra los contagios y las muertes si no se pueden imponer cierres perimetrales ni toques de queda ni restricciones a la hostelería y los comercios? Es un despropósito no contar con medidas legales para frenar al virus y seguir con un goteo de contagios y muertes que hunden la salud y también impiden recuperar la economía. Sobre todo cuando sigue avanzando la variante británica (más contagiosa y letal), mayoritaria en todas las autonomías y acaparando más del 90% de los contagios en Cantabria, Asturias, Baleares, Navarra y Cataluña, según los datos de Sanidad. Y cuando la gran mayoría de ciudadanos están sin vacunar (incluidos los de 60 a 80 años, muy vulnerables).

La llave para acabar con el coronavirus son las vacunas. Algo se ha avanzado la última semana, con un récord de vacunación el miércoles (453.682 vacunas administradas), pero todavía queda mucho: sólo hay 7.159.716 españoles vacunados con una dosis y 3.072.109 con las dos dosis (datos al 8 abril). Y los vaivenes europeos con AstraZeneca (“ahora sí, ahora no, ahora sólo de 60 a 69 años”…) no ayudan: en Madrid, el 62,8% de los citados el jueves no fueron a vacunarse. Lo positivo es que parece que el suministro de los próximos meses está asegurado. Si no fuera así, el presidente Sánchez no se habría “arriesgado” a comprometer un calendario: 5 millones de vacunados con las dos dosis para el 3 de mayo (posible), 10 millones el 4 de junio (difícil), 25 millones para el 19 de julio (casi imposible) y 33 millones a finales de agosto, cuando cree que podrían estar vacunados el 70% de los españoles (y el 82% de los mayores de 16 años).

Está muy bien que por primera vez haya un objetivo con plazos. Pero el problema es que el Gobierno no tiene los medios para asegurar que se cumple, sólo para que lleguen las 87 millones de vacunas prometidas por Europa. Pero luego hay que ponerlas. Y eso depende de las autonomías, que tienen medios escasos: los centros de salud están colapsados y les falta personal, sobre todo enfermeras (faltan 15.000, según los expertos) porque no se han recuperado de los recortes hechos por Rajoy entre 2012 y 2015, aunque se haga “publicidad política” con lo “vacunódromos”. Así que no parece posible vacunar a los que se promete, sobre todo entre el 4 de junio y el 16 de julio: serían 30 millones de pinchazos en 45 días, una media de 666.666 diarios, un tercio más que el récord de la semana pasada.

Y acelerar la vacunación es clave para la salud y para la economía. No sólo para bajar los contagios, la saturación de los hospitales y las muertes (al ritmo de 100 diarios, habrá otros 14.000 españoles que perderán su vida de aquí a finales de agosto). También las vacunas son clave para recuperar la economía, ahora al ralentí, incluso cayendo: el PIB pudo haber caído un -0,6% en el primer trimestre, según la AIReF). Ya lo han dicho la OCDE, el FMI, el BCE y la Comisión Europea: las vacunas son la clave para recuperar la economía, para salir de esta dura crisis y recomponer las  empresas y el empleo. Así que el único objetivo debe ser vacunar, vacunar y vacunar. Si no, no habrá verano ni turismo ni recuperación. Hay que restringir la movilidad. Hasta que nos vacunen, quédate en casa. 

Residencias de ancianos: pocas, caras y malas

La pandemia se ha cebado sobre los mayores que viven en residencias: 30.145 muertos oficiales hasta marzo (4 de cada 10 fallecidos por COVID-19). Y ha revelado la precariedad de medios y deficiente atención en esas residencias, el 74% privadas: 7 de los 9 mayores grupos en manos de inversores extranjeros. Además, las residencias son escasas y faltan 106.000 plazas para cumplir con los estándares de la OMS. Por eso, algunos mayores dependientes (50.000 ahora) esperan año y medio y más para encontrar una plaza pública o concertada, que les cuesta 650 euros y más (casi su pensión). Y si no pueden esperar, tienen que pagar una residencia privada, que cuesta 1.900 euros al mes (y más, según donde vivan). Urge un Plan nacional para construir residencias públicas (harían falta 335.000 nuevas plazas para 2050), homogeneizar servicios y precios, vigilar la calidad de la asistencia y asegurar su atención sanitaria. No podemos volver a dejar “tirados” a nuestros mayores. Y pronto nos tocará a nosotros.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 1 de cada 5 personas mayor de 65 años: 9.303.068 el 1 de julio de 2020, según el INE. Pero somos uno de los paises europeos con menos residencias para mayores, que hacen falta porque un tercio acaban necesitando ayuda o cuidados. Concretamente, hay 389.031 plazas en residencias de mayores, según el último censo recién publicado por el IMSERSO, con datos de finales de 2019. Son una media de 4,22 plazas por cada 100 mayores, muy lejos de las 5 plazas que recomienda tener la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y estamos por debajo de la media europea, que está en 4,6 plazas por cada 100 mayores, pero sobre todo lejos de las plazas en residencias que tienen los paises ricos del norte de Europa: 6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 el Reino Unido, según la consultora CBRE.

El problema no es sólo que tengamos pocas plazas en residencias para mayores. Lo más preocupante es que esas plazas han perdido peso, porque en la última década han crecido más los mayores que las plazas nuevas: entre enero de 2010 y enero de 2020 han aumentado en 1,2 millones los mayores de 65 años y se han creado sólo 20.226 plazas en residencias, según los datos del IMSERSO. Con ello, la tasa de plazas sobre ancianos ha caído de las 4,56 plazas (368.805) por cada 100 ancianos en 2010 a 4,22 en 2019.

Lo que se ha producido además en la última década es una recomposición en la oferta de plazas residenciales: ha caído drásticamente el peso de las residencias públicas (por los recortes y la falta de inversión en nuevas residencias) y han aumentado las plazas en residencias privadas, sobre todo en residencias concertadas (las financian las autonomías) y privadas, un nuevo negocio para inversores extranjeros y españoles. Los datos son muy explícitos: hay 5,542 residencias en España, 4.107 privadas (74,11%) y 1.435 públicas (el 25,89%), según el IMSERSO (2019). Pero de las 389.031 plazas disponibles, el 62% son plazas residenciales con financiación pública (la mayoría en residencias de gestión privada) y el 38% plazas privadas, que sólo pagan los usuarios.

Hay menos plazas en residencias de las que debería haber (según la OMS: el 5% de los mayores) en toda España, salvo en Castilla y León (7,8%), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%), las 5 únicas regiones con una oferta suficiente. En las 12 autonomías restantes faltan plazas, sobre todo en Andalucía (faltan 28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Madrid (9.283), Canarias (7.594), Murcia (6.502) y País Vasco (6.074), según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). En total, para cumplir el porcentaje de plazas que recomienda la OMS, España tendría que tener 106.344 plazas más en 12 autonomías. El mayor déficit de plazas en residencias se da en las grandes ciudades, sobre todo en zonas céntricas de las capitales.

Esta falta de residencias hace que los mayores y sus familias tengan problemas para encontrar una plaza, sobre todo en las residencias públicas (pocas) o en las residencias privadas concertadas. De hecho, hay unos 50.000 mayores dependientes (con dependencia severa o gran dependencia, grados III y II) a los que se les ha reconocido su derecho a una plaza subvencionada (pública o concertada) y que llevan meses esperando, en las listas de espera de la dependencia, una media de 460 días (y más de 2 años en Canarias). El problema es que, como más de la mitad (53,4%) tienen más de 80 años, muchos se mueren esperando plaza: unos 11.850 mayores murieron en 2020 esperando entrar en una residencia, según la estimación de los Directores de Servicios Sociales.

Los que consiguen plaza en una residencia pública o concertada tienen que pagarla con una gran parte de su pensión (o incluso no les llega). Las autonomías fijan un precio para las plazas públicas y otro para las concertadas, que son muy diferentes según las regiones. Así, en 2019, el precio medio fijado para una plaza en una residencia pública era de 20.685 euros y de 19.324 euros en una plaza concertada (lo que pagan a las empresas que la gestionan). Pero luego hay grandes diferencias. En las residencias públicas, Madrid paga 28.144 euros por plaza, el País Vasco paga 26.318 euros, Castilla y León 14,537 y la Rioja 10.460 euros, según los datos del IMSERSO. Y lo mismo pasa en las residencias concertadas: 32.771 paga por plaza el País Vasco, 21.900 la Comunidad Valenciana, 19.807 Cataluña y 14.537 euros al año Castilla y León (no hay datos de Madrid, Galicia o Extremadura).

Este es el precio máximo que permiten cobrar las autonomías en las residencias que financian (públicas y concertadas). Pero no es lo que pagan los mayores residentes, que están subvencionados y sólo abonan una parte del coste, entre el 36,3% (en las públicas: 7.500 euros anuales de media) y el 40,4% (en las subvencionadas: 7.809 euros), según los datos del IMSERSO. Y otra vez, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un residente paga 13.109 euros al año (1.092 euros al mes) en una residencia pública del País Vasco, 8.184 euros (682 al mes) en Aragón o 5.889 en Madrid. Y en las residencias concertadas, el coste al usuario va de 13.210 euros en País Vasco (40,3% del coste) a 8.184 en Aragón (42,1%), 7.220 en Castilla y León (49,7%) o 6.599 euros en Andalucía (33,4%), a falta de datos de Madrid y 6 regiones más en las estadísticas del IMSERSO.

Dada la falta de plazas, las autonomías sacan periódicamente concursos para financiar plazas concertadas, ya que apenas se hacen residencias públicas (como tampoco viviendas públicas). Y lo que está pasando es que las empresas privadas que construyen o compran residencias privadas (hay un enorme mercado) pujan a la baja, “tirando precios” para ganar los concursos, como denuncian expertos del sector. Y eso es posible porque reducen al máximo el personal, escaso, precario y poco formado, para pagarlo poco: hay residencias donde el coste del personal no supera el 50% de los ingresos, cuando debería ser el 75%. Resultado: residencias con servicios low cost y  poca calidad en la atención, para asegurar márgenes.

Los mayores que no encuentran plazas subvencionadas (públicas o concertadas) tienen que pagar una residencia privada, sobre todo en las regiones con pocas residencias con financiación pública: es el caso de Madrid (sólo el 43,2% de las plazas son públicas o concertadas, la mayoría son privadas “puras”), Canarias (41,5% plazas de financiación pública y la mayoría restante privadas) y Galicia (40,9% plazas subvencionadas y 49,1% privadas), según los datos del IMSERSO, que destaca como las autonomías con mayor porcentaje de plazas subvencionadas a Ceuta (94,5%), Castilla y León (80,4%), País Vasco (74,4%) Murcia (73,8%), Castilla la Mancha (73,5%) y Cataluña (71,2% de las plazas).

Si no queda más remedio que pagar una residencia no subvencionada, el coste es muy alto y se lleva por delante la mayoría de las pensiones (recordemos: la pensión media de jubilación es de 1.140 euros y la de viudedad es de 713 euros). El coste medio de una residencia privada es de 1.900 euros mensuales, según la plataforma Cronoshare. Pero depende mucho de las regiones. Son más caras en el País Vasco (2.496 euros mensuales), Canarias, Navarra o la Rioja (2.233-2.221), Madrid (2.045) y Cataluña (2.014). Y más “baratas” en Castilla la Mancha (1.420 euros), Extremadura (1.450), Comunidad Valenciana (1.586), Castilla y León (1.645), Aragón (1.648) y Andalucía (1.748). Y si están en ciudades, cuestan un 20% más.

La falta de plazas, la gran demanda y los altos precios han atraído al negocio de las residencias de ancianos a importantes inversores, primero extranjeros y después nacionales, que buscan repartirse un mercado que facturaba 4.500 millones de euros en 2018, según la consultora DBK, y que ya superará ya los 5.000 millones anuales. Un negocio muy concentrado, donde los 5 mayores grupos copan el 23% del mercado, y un negocio dominado por inversores extranjeros, que controlan 7 de los 9 mayores grupos privados de residencias.

El líder es DomusVi, propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG, el tercer mayor grupo de residencias de Europa, que llegó a España en 2015 y tiene ya 142 residencias con 21.988 camas (el 56% concertadas). Le sigue otro grupo francés, Orpea, filial del grupo Orpea y con la participación  del fondo canadiense CPPIB, que opera en España desde 2006 y tiene 49 residencias y 8.992 camas (35% concertadas). El tercer grupo es Vitalia, fundado en 2010 y controlado por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo), con 55 residencias y 8.235 camas. Y el cuarto, otro grupo francés, Amavir, filial del grupo Maison de Famille (que controla Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias y 8.000 plazas. El quinto es Ballesol, el primero con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 camas. El 6º es Sanitas Residencial, de la británica BUPA, con 46 residencias y 6.302 camas. Le sigue Clece, la división de residencias de ACS (Florentino Pérez), con 80 centros y 4.600 camas. En 8º lugar, La Saleta, del grupo francés Colisée, el 4º mayor operador de geriátricos de Europa, con 45 residencias y 4.500 plazas.  Y en 9º lugar, Caser Residencial, del grupo asegurador suizo Helvetia, con 20 residencias y casi 3.000 camas.

En los últimos tres años, antes de la pandemia, se produjo un verdadero “boom” de compra de pequeñas residencias y construcción de otras nuevas, promovido por inversores extranjeros,  Fondos de capital riesgo (como Azora, el fondo buitre que compró viviendas sociales en Madrid y que está ya en el negocio de las residencias, con Orpea y con residencias propias ) , Sociedades de inversión mobiliaria (SOCIMIs como Adriano Care, que invierte en DomusVi y ha comprado residencias), constructoras y hasta el grupo ONCE (que tiene 7 residencias y 802 plazas a través de Ilunion Sociosanitario).  Saben que hay un tremendo mercado potencial (hacen falta 106.000 plazas) y precios altos, con los que buscan una rentabilidad del 5 al 10% de su inversión. Y saben que el negocio tiene un gran futuro: en 2050 habrá 15 millones de mayores de 65 años y harán falta 335.000 plazas más de las que existen hoy.

Sobre este boyante “negocio” cayó en 2020 el tsunami de la pandemia, provocando un cataclismo. El virus evidenció la realidad de las residencias y sus escasos medios, agravando los contagios y dificultando la actuación frente a la pandemia. Máxime en las residencias privadas, que suelen ser más grandes y tener más concentración de mayores (habitaciones dobles) y menos personal cualificado (también las públicas). Y agravado todo por la falta de supervisión de las autonomías, que en algunos casos agravaron el caos: está demostrado que Madrid prohibió a las residencias derivar enfermos graves a los hospitales, condenándolos a la muerte. Y la desatención ha provocado numerosas denuncias de familiares en los Juzgados, que tenían abiertas 441 diligencias a finales de 2020 (112 en Madrid), el 52% archivadas después.

El balance de la pandemia en las residencias  es estremecedor: han muerto 30.145 residentes por coronavirus o síntomas compatibles hasta el 28 de marzo, según Sanidad, un 40% de todos los muertos por la pandemia. Eso evidencia que se ha gestionado mal y lo vulnerables que son las residencias, más las privadas, por los medios, el personal y el mayor tamaño de los centros: durante la primera ola, hubo más mortalidad en las residencias de gestión privada de 8 autonomías (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Murcia, Cantabria, Baleares y Canarias) y en las residencias públicas de otras tres (Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura), según el seguimiento hecho por Manuel Rico, el autor del impresionante libro “Vergüenza. El escándalo de las residencias”.

A la vista de lo que ha pasado, es más urgente que nunca poner orden en el sistema de las residencias de ancianos, con un Plan que prepare el Gobierno con las autonomías. Hacen falta dos cosas: más residencias y homogeneizar los servicios, garantizando una atención asistencial y sanitaria decente. Urge construir residencias públicas (como viviendas públicas), para cubrir parte del déficit actual de plazas (106.000 plazas) y futuro (335.000 para 2050), sobre todo en las regiones con más déficit de plazas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias). Y luego, hay que aprobar unos requisitos mínimos para todas las residencias: medios físicos, tipo de habitación, personal, especialistas, asistencia sanitaria… Y homogeneizar las ayudas, para que no haya tantas diferencias entre lo que paga un residente en unas regiones que en otras. Y después, crear un sistema de seguimiento y vigilancia, con sanciones más elevadas y que sean públicas, para primar las residencias que no sean multadas y tengan determinadas estándares de calidad. El libro de Rico denuncia que sólo hay 219 funcionarios para controlar 5.552 residencias y que en los últimos 5 años sólo se han puesto 10 multas de más de 100.000 euros…

Realmente, hay pocas cuestiones tan decisivas y preocupantes como el futuro de las residencias de ancianos en España. La pandemia debería habernos alertado sobre su vulnerabilidad y las urgencias pendientes. Hay que conseguir más residencias, más baratas y de más calidad. Cueste lo que cueste, que para eso nuestros mayores han trabajado y pagado impuestos y cotizaciones  toda su vida. Se lo debemos: que vivan tranquilos y cuidados si no pueden estar en casa. Y también por puro egoísmo: cualquier día nos puede tocar a nosotros vivir en una residencia. Que sean dignas y seguras.

España, la despensa de Europa

Con la pandemia, se desplomó la economía y las exportaciones, pero las ventas al extranjero de alimentos españoles crecieran en 2020 y batieron otro récord histórico, tras dos décadas de aumentos. Naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Y somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay varios problemas en este “éxito” alimentario. El primero, que apenas lo nota el campo, los agricultores y ganaderos españoles, que cobran precios bajos y ven subir los costes. El segundo, los consumidores españoles sufrimos alzas de precios continuas (y las mejores naranjas van a Alemania). Y el tercero, sufre el medio ambiente, porque producir alimentos genera un 12,5% de emisiones y consume el 85% del agua. Una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, además de ser su bar, su hotel y su playa. Pero debíamos aspirar a ser otra cosa.

Enrique Ortega

Las exportaciones han sido uno de los motores que han tirado de la economía española desde 2008, atenuando primero la caída de la economía (2009-2013) y ayudando después a la recuperación (aportaron un tercio del crecimiento en 2016 y la cuarta parte en 2019). Pero en 2020, con la pandemia, las exportaciones españolas se desplomaron (cayeron un -10%), como la economía (el PIB cayó un -10,8%). Pero hubo una excepción: las exportaciones de alimentos y bebidas, que crecieron un +5,5%, siendo el único renglón exportador que aumentó: las ventas fuera de coches cayeron un -12,9% y también las exportaciones de ropa (-19,8%), Calzado (-15,9%), maquinaria (-10,3%), equipos de transporte (-23,9%), productos químicos (-3,6%) o cerámica (-1,8%), según los datos de Comercio.

Y no es un año aislado. Las exportaciones de alimentos llevan dos décadas creciendo, año tras año, y casi se han duplicado en la última década: de 31.497 millones exportados en 2011 se pasó a 43.116 millones en 2016 y 51.304,1 millones exportados en 2020, casi la quinta parte (el 19,6%) de todo lo que exportó España. Y lo más llamativo: es uno de los dos únicos sectores económicos donde España es autosuficiente, donde exportamos más de lo que importamos: 51.304 millones de alimentos y bebidas vendidos fuera frente a 33.967,2 millones importados, con un superávit de +17.336 millones en 2020 (año en que España tuvo un déficit comercial global de -13.422 millones de euros). El otro sector con superávit es el automóvil, pero su saldo positivo con el exterior (+8.119 millones en 2020) es la mitad que los alimentos y bebidas (+17.336 millones), según los datos de Comercio.

Para hacernos una idea global, el empuje de los alimentos ha convertido a España en la 4ª potencia exportadora de alimentos de Europa, con un 3,6% de cuota de mercado mundial,  sólo por detrás de Paises Bajos (que es un líder discutible, con un 6% de cuota mundial, porque sus cifras se deben a que muchos alimentos salen de sus puertos pero han llegado de otros paises, no son holandeses), Alemania (5,3%) y Francia (4,6%). Y ocupamos el 7º puesto en el ranking mundial de exportadores de (ver Mapa), encabezado por EEUU (9% de cuota mundial), con Brasil en el 4º puesto (5,2% de cuota) y China en el 5º puesto (4,6% de cuota), seguido España de Canadá (3,3% de cuota), Italia (3,1%) y Bélgica (2,9%).

En 2020, los alimentos que más exportó España fueron la carne de cerdo (fresco y congelado, mucho a Cina, que sufre la peste porcina), cítricos (naranjas, sobre todo a Europa), aceite de oliva y vino, dos alimentos cuyas exportaciones a EEUU se han frenado en 2020 por la drástica subida de aranceles (del 3,5% al 25%) aprobada por Trump en octubre de 2019 (y levantada por Biden en marzo de 2021). A pesar de este contratiempo, España es el primer exportador del mundo (y productor) de aceite de oliva y el primer exportador de vino (en volumen), aunque seamos el tercero en valor (tras Francia e Italia).

Analizando las exportaciones de alimentos y bebidas  hechas en 2020 (51.304 millones), casi el 40% son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (19.559 millones, +6%), seguidas de lejos por las exportaciones de carne (6.188 millones, +16,2%), aceites y grasas (4.208 millones, +1,8%), bebidas (4.073,5 millones, -3,3%), alimentos preparados (3.889 millones, +4,6%), pescado y productos pesqueros (3.815,3 millones), azúcar, café y cacao (1.833 millones, +3,6%) lácteos y huevos (1.572 millones, +2,2%), piensos para animales (1.514 millones, +13,5%), cereales (598 millones, +8,1%), tabaco (211,5 millones, -16,6%) y semillas y frutos oleaginosos (186,3 millones, +16,6%), según los datos de Comercio. En la mayoría de alimentos exportamos más de lo que importamos, salvo en pescado, azúcar, café y cacao, lácteos, piensos, cereales, tabaco y semillas, 7 partidas donde somos deficitarios: importamos más de lo que exportamos.

¿A qué paises vende España? El 63% de las exportaciones de alimentos y bebidas van a la Unión Europea, en especial a Francia (15% del total), Alemania(11,1%), el cliente donde más crecieron las ventas en 2020, Italia (9,8%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,7%), el 2º país europeo donde más crecieron las ventas para anticiparse al Brexit) y Paises Bajos (4,3%). El primer cliente no europeo es China (4,1% ventas, unos 2.400 millones de ventas agroalimentarias), país donde se han duplicado las exportaciones de alimentos españoles (sobre todo cerdo), seguido de Estados Unidos (3,8%, unos 2.100 millones de ventas), según este estudio de CaixaBank Research.

El origen de la mayoría de los alimentos que España exporta está en Andalucía (37% de las exportaciones agroalimentarias), siendo Almería (“la huerta de Europa”) la provincia que aporta la mitad de estas exportaciones andaluzas (3.090 millones, el 15,8% del total nacional), seguida de Huelva (20,9% de las exportaciones andaluzas de alimentos: 1.289 millones, un tercio son fresas), según datos de Extenda, la agencia andaluza de comercio exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana (26,4% de las exportaciones españolas de alimentos) y Murcia (18,5%), Aragón y Cataluña detrás (por la exportación de cerdo), Extremadura, Castilla la Mancha y la Rioja. Al final, Almería y Murcia son la huerta de Europa, aportando el 30,6% de todas las exportaciones hortofrutícolas (6.000 millones en 2020).

Todo este esfuerzo exportador muestra la pujanza del sector agroalimentario español, que en 2020 ha afrontado un doble reto: alimentar a los españoles en pandemia (hemos consumido más alimentos y bebidas) y alimentar a los extranjeros, siendo la despensa de Europa. Gracias a este esfuerzo, se mantienen 2,5 millones de empleos: 744.000 en el campo (agricultura y ganadería), 456.000 en la industria agroalimentaria y 1,3 millones de empleos más en el comercio agroalimentario, según un estudio de Cajamar e IVIE. Pero este dato positivo para el empleo y el empujón económico que conlleva la pujanza del sector, no pueden  esconder 3 problemas que hay detrás del “boom” exportador de alimentos de España: la situación del campo, los consumidores y el medio ambiente.

El campo español apenas se ha beneficiado del “boom exportador. Los agricultores y ganaderos han aumentado sus ventas en 2020, pero se quejan de que también les han aumentado sus costes y que los precios que les pagan por alimentos y carnes no les compensan, denunciando que el beneficio se lo llevan los intermediarios (en España y en Europa). No hay datos del margen con que se venden los alimentos en Europa, pero sí en España: 5,13 veces más caros los productos agrícolas y 3,30 veces los ganaderos, según el índice de precios (IPOD) que elabora COAG. Veamos tres ejemplos: la patata se le paga al agricultor a 0,08 euros kilo y se vende en el mercado a 0,80 euros kilo (10 veces más cara). La naranja se paga al productos a 0,29 euros kilo y nos la venden a 1,89 euros (6,5 veces más). Y la ternera, de 3,69 euros/kilo a 16,12 euros (4,37 veces más).

Además, los trabajadores del campo sufren mayor precariedad y peores salarios para que España pueda competir con otros paises a la hora de vender alimentos en Europa y el resto del mundo. De hecho, podemos ser competitivos vendiendo alimentos y bebidas porque los costes laborales en el campo español son un 44 % más bajos que la media europea, según el estudio de Cajamar e IVIE. Y eso explica también los “poblados” de inmigrantes y trabajadores precarios (que ha denunciado la ONU) que se multiplican por Almería, Huelva, Murcia e incluso zonas de Huesca o Lérida (mataderos y recolección de fruta). Los exportadores de frutas se quejan de la “competencia desleal” de Marruecos, porque pagan 7 euros la hora (350 euros a la semana), que es lo que se paga en Marruecos al día (no sabemos si es lo que querrían pagar ellos…).

El segundo problema es que los consumidores españoles “pagamos” este boom exportador, por dos vías. Una, que el aumento de las exportaciones dispara los precios dentro, porque fuera se paga más: los alimentos y bebidas son un 4,3% más caros en la UE-28 que en España, con lo que los productores tratarán de forzar venderlos más caros aquí, con la “amenaza” de exportarlos si los intermediarios y supermercados no pagan más. De hecho, los alimentos llevan subiendo más que el IPC desde hace años y también en 2020: el índice anual de alimentación subió el 1,1%, cuando el IPC cayó un -0,5%. Y los alimentos encadenan ya 7 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,6% en febrero de 2021, cuando el IPC total sube el +0%.  El otro coste es que la mejor fruta, verdura, carne, vino y aceite se exportan, porque pagan más.

El tercer problema del “boom” exportador de alimentos es más de fondo: daña al medio ambiente. Por un lado, la producción de alimentos es el 4º mayor emisor de CO2 en España: 39,7 millones de TmC02, el 12,5% de las emisiones totales de 2019, sólo por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la generación de electricidad (13,5%) y por encima de las emisiones residenciales (8,8%), según el Inventario de Emisiones oficial. Y del total de emisiones del campo español, 67% corresponden a la ganadería y 33% a la agricultura. La producción de carnes, sobre todo la ganadería industrial, genera emisiones por el proceso de digestión de los rumiantes (metano, el 2º gas que provoca el efecto invernadero), el estiércol y los purines de las granjas (emiten metano o óxido de nitrógeno) y también por  el forraje y los piensos que consumen (que llevan a la deforestación). Y la agricultura, al utilizar fertilizantes nitrogenados y abonos emite óxido de nitrógeno (N2O).

De hecho, la FAO (la ONU de la alimentación) estima que la agricultura y la ganadería generan un 20% de las emisiones de efecto invernadero. Y que la ganadería es responsable del 35 al 40% de las emisiones de metano y del 65% de emisiones de oxido de nitrógeno (N2O). Y a eso se une que los pesticidas utilizados en la agricultura extensiva y los purines de las granjas contaminan las aguas y los acuíferos.

Además, la agricultura y ganadería intensivas consumen mucha agua: concretamente el 85% del total, gastando otro 3% la industria y quedando el 12% restante para el abastecimiento humano, según Ecologistas en Acción. Ya hemos superado las 4 millones de hectáreas de regadío (más un 5 a un 10% más de regadío ilegal), que ha aumentado un 21% en las últimas dos décadas, para alimentar el “boom” exportador de alimentos. Además, hay extensas zonas de Almería, Murcia o Huelva donde las explotaciones agrarias han gastado el agua disponible y han sobreexplotado los pozos, agotando y contaminando los acuíferos. Y gran parte de la agricultura intensiva son cultivos no para producir alimentos sino forraje para el ganado o para piensos. Con ello, la ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los hogares en una década, según Greenpeace.

Así que muy bien que seamos una potencia en la producción y exportación de alimentos, pero ojo al tremendo coste (laboral, inflacionista y ecológico) de ser la despensa de Europa. Habría que defender una producción agroalimentaria más justa y sostenible, que no se asiente en explotar a sus trabajadores, mal pagar a agricultores y ganaderos, hacer subir los precios interiores y deteriorar el medio ambiente y el agua. El Estado debería intervenir y asegurar unos mínimos, ayudando a consolidar un sector que debía ser laboralmente más justo, menos contaminante y más dinámico, apoyándose en la digitalización y en mejores infraestructuras de transporte. Esa es otra: cada día salen de Almería 1.500 camiones hacia Europa (y miles más de Murcia o Valencia), debido a que no se avanza en el corredor mediterráneo, para que exportemos alimentos por tren. Habría que dedicar una parte de los Fondos europeos a asegurar un futuro más sostenible para el sector agroalimentario, casi tan potente como el turismo.

Y una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, como también somos su bar, su hotel y su playa. Pero como se ha visto con la pandemia, eso nos hace muy vulnerables y más pobres, porque son actividades que crean menos empleo estable y menos riqueza. Sería bueno que aspiráramos a ser otra cosa.

Alentar el miedo para vender alarmas

España es el 4º país del  mundo con más alarmas instaladas ¿Tantos robos hay? España está en la media de delincuencia europea y los robos en domicilios han caído un 34% los dos últimos años, sobre todo en 2020, por la pandemia. ¿Qué pasa entonces?  Que asistimos a  un bombardeo de anuncios de alarmas en radio e Internet, alimentando el miedo, junto a un aumento de ocupaciones en naves y casas desocupadas de bancos y Fondos, ampliados por el PP, que presentó una proposición de ley contra los okupas. Pero la Fiscalía y la policía lo han dejado claro: si se ocupa una vivienda habitual (1ª, 2ª vivienda o la que sea), el desalojo es inmediato. Así que no debíamos temer y mejor sería contratar un seguro de hogar. Pero el negocio de las alarmas crece imparable (ronda los 2.000 millones) y junto a Securitas Direct pujan ahora  Movistar y Prosegur, Vodafone, Orange y Mas Móvil con El Corte Inglés. Alientan el miedo para hacer negocio.

Enrique Ortega

España es un país “medianamente seguro”, al menos según la última estadística europea: el 11,6% de los españoles reportaron algún delito de crimen, violencia o vandalismo, en línea con la media del 11% en la UE-27, según los datos de Eurostat (de 2019). España ocupa el puesto 10º por delincuencia en Europa, con menos delitos reportados en localidades de más de 30.000 habitantes que Bulgaria (20,2%), Grecia (16,9%), Holanda (16,3%), Francia (14,7%), Malta (13,6%), Bélgica (13,3%), Alemania (13,1%), Suecia (13%) y Chipre), aunque más que Italia (9,4% población denuncia) y Portugal (6,7%). Y además, ya con estadísticas nacionales, los robos con fuerza en domicilios han caído drásticamente: desde un máximo de 127.444 en 2013 (el peor año de la crisis) a 107.166 en 2018, 98.326 en 2019 y un mínimo de 70.481 en 2020, por la pandemia, según el Ministerio del Interior.

A pesar de haber muchos menos robos en viviendas, España es el 4º país del mundo con más alarmas instaladas, según dijo un directivo de Securitas Direct en 2019, sólo por detrás de Estados Unidos, Japón o China. El “mérito” hay que atribuírselo a la empresa líder del sector, Securitas Direct, que alcanzó el millón de alarmas instaladas en 2018 y que puede haber alcanzado ya las 1.250.000 alarmas, dos tercios de todas las instaladas en España. Securitas Direct nació en 1988 en Suecia y está presente en 16 paises, con 14.000 empleados y 3 millones de alarmas instaladas en el mundo. En España, que representa el 40% del negocio del grupo, se empezó a operar en 1993, con una pequeña oficina, que ya tiene 6.500 empleados y facturó  802 millones de euros en 2019.

Securitas Direct se ha volcado en la publicidad de las alarmas de hogar, sobre todo en radio e Internet, multiplicando la sensación de que necesitamos una alarma para sentirnos seguros (“has visto que le han puesto una alarma al vecino”/”antes de irnos de vacaciones deberíamos poner una alarma”).Y nos ha ido metiendo esa idea “a golpe de talonario”: Securitas Direct lleva 4 años en el “Top 20” de la publicidad, entre las 20 empresas que más gastan en publicidad, saltando de gastarse 28,8 millones de euros en 2017 (puesto 20º) a 34,5 millones en 2019 (puesto 17º del ranking publicitario), según la consultora Infoadex. Y en 2020, en plena pandemia, cuando hemos estado más en casa que nunca y el año en que la publicidad general se ha desplomado por la recesión, Securitas Direct se gastó en publicidad de alarmas 27,1 millones (casi tanto como el BBVA), manteniéndose el 19º del ranking global.

Un gran esfuerzo de publicidad de alarmas y sobre todo en la radio, donde Securitas Direct es el mayor anunciante en España (en los últimos 3 años), con una presencia publicitaria en las ondas superior al 5% del total de anuncios (28 millones de euros en 2019, casi el doble que El Corte Inglés y la ONCE, según los datos de Audista.

Junto a la enorme inversión en publicidad, Securitas Direct ha asentado su crecimiento en una amplia red de distribuidores (sobre todo bancos y aseguradoras, que reciben jugosas comisiones) y una red de instaladores cada vez más agresivos, que cobran primas mensuales por instalaciones hechas y que alimentan la inseguridad como estrategia comercial, como desveló el diario.es, al publicar estos vídeos de argumentos de instaladores.

Pero en 2020, Securitas Direct se encontró con una “publicidad gratuita” para vender alarmas: las noticias sobre ocupación de inmuebles, que se amplificaron en algunos medios de comunicación, especialmente en Tele 5 y Antena 3, dos cadenas privadas donde participan como accionistas Fondos de inversión con inmuebles, que presionaban para que se aprobara una normativa más dura contra las ocupaciones de inmuebles y locales vacíos. Curiosamente, en el Consejo de Tele5 estuvo de 2009 hasta marzo de 2020 Helena Revoredo, la argentina dueña de Prosegur. Y esta noticia de que Pablo Casado defendió una nueva Ley anti-okupas en la campaña electoral vasca de 2020 la publicó el portal inmobiliario Idealista, propiedad del Fondo de inversión sueco EQT Value, el 4º mayor accionista de Securitas Direct…

Lo indiscutible es que la pandemia y la recesión aumentaron la ocupación de inmuebles en 2020, mientras bajaban los robos en viviendas. La última estadística, conocida en otoño pasado y amplificada por los medios (que cobraban por publicidad de alarmas o eran socios de las empresas), indicaba que las denuncias por ocupación ilegal de inmuebles eran 7.450 en el primer semestre de 2020 (+5%).Pero no se destacaba en las noticias que las denuncias aumentaron menos que en 2019 (+19,7%), 2018 (+15,02) y 2017 (+6,21%) y que bajaron incluso en 10 autonomías (incluidas Madrid, un -9,5%, Andalucía, -4,3% y Castilla y León, -10,6%), subiendo sólo en 6 regiones: Galicia (+33,9%). Murcia (+19,7%), Canarias (+14,8%), Comunidad Valenciana (+14,1%) y Cataluña (+13,2%), según el Ministerio del Interior.

Estos datos oficiales de denuncias por ocupación no permiten distinguir dos delitos muy diferentes, que se agrupan: el allanamiento de morada (la ocupación de una vivienda utilizada por su propietario), contemplado en el artículo 202 del Código Penal y penado con 6 meses a 2 años de cárcel, y la usurpación (ocupación sin violencia de un inmueble, vivienda o edificio que no sea morada), regulada en el artículo 245 y siguientes del Código Penal y penada con multas y hasta 6 meses de cárcel, un delito referido a la ocupación de naves o viviendas desocupadas (generalmente de bancos o Fondos de inversión), que son las ocupaciones que han crecido en los últimos años, no de las viviendas a las que se ofrecen alarmas.

De hecho, un indicador de que no hay problema de ocupación de viviendas es que las sentencias por allanamiento de morada (viviendas usadas por sus propietarios) han caído de 339 a 238 sentencias en 2019 (sobre un total de 25,2 millones de viviendas censadas), según los datos del INE. E incluso, las condenas por usurpación también han caído: de un máximo de 6.132 en 2016 a 4.687 en 2019, a falta de conocer los datos de 2020.

A pesar de estas estadísticas oficiales, que confirman que bajan las denuncias por robos en los hogares y las condenas por allanamiento de morada y usurpación, las noticias sobre ocupaciones han sido constantes en 2020, alimentadas por los anuncios de alarmas, las noticias en prensa y TV (más en algunas cadenas) y, sobre todo, la utilización política del problema por parte del PP, que lo ha usado en múltiples sesiones de control al Gobierno, y que llevó al Pleno del Congreso, el 16 de febrero de 2021 (y otra al Senado, el 24 de febrero), una proposición no de Ley para endurecer las penas contra los okupas, con el apoyo de Ciudadanos, Vox, UPN y PRC, siendo rechazadas por la mayoría (179 votos) .

La demagogia que se hizo en 2020, exagerando las ocupaciones y provocando inquietud entre los propietarios de viviendas, obligó en septiembre de 2020 a la Fiscalía del Estado y al Ministerio del Interior a publicar dos instrucciones paralelas aclarando algo fundamental: la ocupación de una vivienda utilizada por su propietario (ya sea la 1ª, la segunda vivienda o cualquiera otra) conlleva el desalojo inmediato por la policía, sin intervención judicial. Incluso la Policía Nacional y la Guardia Civil han aprobado un protocolo que incluye la App Alertcops, para denunciar intrusiones a los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero los anuncios de alarmas siguen y el negocio no para de crecer y ser atractivo para nuevos inversores. Así, en 2015, el Fondo de inversión norteamericano Hellman&Friedman compró la parte que tenía desde 2011 el Fondo norteamericano Bain Capital y se convirtió en el socio mayoritario de la multinacional sueca Securitas Direct, que ha triplicado su cifra de negocio desde 2008. En abril de 2019, la familia March se suma al negocio de las alarmas, comprando por 557 millones el 7,5% de Securitas Direct. Y en septiembre de 2020, en plena pandemia, el Fondo de inversión sueco EQT Value, que había comprado el 85% del portal inmobiliario Idealista, compra también el 2,7% de Securitas Direct (por 118 millones) y se convierte en su 4º mayor accionista.

El negocio de las alarmas en España no sólo interesa a los inversores extranjeros sino que ha movilizado a nuevos actores, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones. Empezó Orange en 2017, ofreciendo alarmas de Tyco ADT con control desde el móvil. Le siguió, en septiembre de 2019, Movistar, que anunció la compra (por 300 millones) de la mitad del negocio de alarmas de Prosegur (empresa de seguridad privada líder en España y 3ª del mundo, controlada por la familia argentina Gut-Revoredo), para ofrecer este servicio a sus 5 millones de clientes, que pueden conseguir un servicio de alarma junto al paquete Fusion (teléfono fijo y móvil, internet y TV de pago). En noviembre de 2020 se sumó Vodafone, que ahora también ofrece alarmas de Securitas Direct (sin entrar en su capital), junto a los paquetes convergentes. Y los últimos en apuntarse al negocio de las alarmas son Mas Móvil y El Corte Inglés, que firmaron (también en noviembre de 2020) un acuerdo de colaboración para ofrecer juntos alarmas de SICOR, la nueva división de seguridad y servicios creada por El Corte Inglés tras la compra del grupo de Seguridad privada Mega2.

Así que ahora hay muchas empresas a competir por el jugoso negocio de las alarmas, que pudo mover 1.700 millones de euros en 2020, de los que 1.000 millones los facturó Securitas Direct, seguido de lejos por Prosegur (400 millones) y Tyco ADT (100 millones). En total, pueden haber instalado ya 1.700.000 alarmas, la gran mayoría Securitas Direct (1.250.000), seguida de Prosegur-Movistar (200.000 alarmas) y Tyco ADT (100.000 alarmas), propiedad de la multinacional norteamericana Johnson Control, con una escasa presencia en el campo de las alarmas de viviendas de Sabico, Sasegur, Alartec, Visegur, Grupo Control, INV  y las grandes empresas de seguridad privada (Eulen, Ilunion y Loomis).

El negocio de las alarmas para el hogar se basa en las cuotas mensuales, cada vez más bajas, con ofertas desde 29,90 a 40 euros mensuales, que aseguran unos altos ingresos fijos anuales, a los que hay que sumar múltiples ingresos adicionales por complementos y accesorios  (“ya que…): pulsador de pánico, detector de humo, sirena exterior… Todo para que, al final, avisen de un problema y contacten con la policía, con múltiples quejas de usuarios por la tardanza en los avisos (hay demandas en los Juzgados). Pero si hay un robo, la alarma no compensa la posible pérdida, lo que sí conseguimos con un seguro de hogar, que por 30 euros al mes (y menos) cubre de cualquier eventualidad y recuperamos lo perdido (incluso si nos roban en el portal o alrededores de la vivienda).

Algunos consumidores han criticado la publicidad de Securitas Direct y otros, por incitar al miedo y aprovecharse de ello. Pero estos anuncios superan los filtros de Autocontrol, la asociación de anunciantes que autovigila la publicidad. Habrá que ver qué sucede con la próxima regulación de la publicidad que contempla la futura Ley de Comunicación Audiovisual, que prepara el Ministerio de Asuntos Económicos. Habría que realizar una supervisión más rigurosa de esta publicidad, dado que las estadísticas no justifican “sembrar el miedo para vender alarmas”. El que quiera que se instale una, pero las empresas no deberían alentar el miedo. “Solo hay que tener miedo al miedo”, dijo Roosevelt en 1933. Pues eso.