Las 2 Españas siguen ahí (desde 1977)

La grave crisis política en Cataluña, enquistada tras las elecciones del 21-D, no debería hacernos olvidar un problema más grave: que España tiene una preocupante desigualdad regional, con unas autonomías pobres y otras ricas que ofrecen distintos servicios públicos a los españoles según donde vivan. Que hay dos Españas. Y lo más grave es que son las mismas desde 1977, como demuestro aquí, tras bucear en las series históricas. Y que las diferencias entre españoles se han agravado con la crisis. Lo peor es que si no se toman medidas, esta desigualdad regional sólo se reducirá a la mitad dentro de 70 años, según el Banco de España. Así que, además de afrontar la crisis catalana, hay que resolver el problema de las 2 Españas, a otros 40 años vista. Y eso exige cambiar el sistema de financiación, los impuestos, el modelo económico y el autonómico. Y más solidaridad de la España rica con la pobre. Es otra gran asignatura pendiente de nuestra democracia.

enrique ortega

En 1977, los españoles estábamos ilusionados con la recién estrenada democracia y nos preocupaba sobre todo la política, no la desigualdad entre regiones. Pero ya entonces, las autonomías más pobres eran las de hoy: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, con la menor renta per cápita, según puede comprobarse buceando en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló el Banco de Bilbao (una joya). Y hoy, 40 años de democracia después, las autonomías más pobres son casi las mismas, con la sustitución de Galicia (que ya no está entre las pobres) por la Comunidad Valenciana, que ha pasado de casi rica a ser la sexta más pobre, según el ranking 2016 del INE de renta por hogar: Extremadura (21.671 euros), Andalucía (21.966 euros), Murcia (pasa del 4º al 3º puesto, con 22.425 euros), Canarias (sube del 6º al 4º, con 22.450 euros), Castilla la Mancha (mejora del 3º al 5º puesto, con 22.473 euros) y la Comunidad Valenciana (22.747 euros).

Si miramos las seis autonomías más ricas, pasa lo mismo: son casi las mismas hoy que en 1977. Ese año, las que tenían mayor renta por habitante eran, por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, la Rioja, País Vasco y Navarra, según las series históricas del BB. En el año 2.000, Aragón pasa a ser la más rica, con las demás detrás, pero en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el ranking cambia de líder y lo encabezan el País Vasco y Navarra, que siguen liderando la lista de las regiones con más renta por hogar en 2016, según el INE, por este orden: País Vasco (34.054 euros), Navarra (33.167 euros), Madrid (31.370 euros), Cataluña (31.339 euros), Baleares (30.859) y Aragón (28.019 euros). Cinco son las mismas que en 1977 y sólo cambia la Rioja (ahora la 7ª más rica por superarle Aragón).

Este es el resultado, el mapa de las 6 autonomías más pobres y las 6 más ricas, en 1977 y hoy. Un mapa donde la diferente renta es consecuencia de las diferencias económicas entre autonomías (diferente modelo económico, diferente estructura empresarial e industrial), que se ven en lo que produce cada una por habitante, el PIB por habitante. Y aquí se repite la historia: las que eran más productivas en 1977 son casi las mismas que las que lo son hoy. Y lo mismo las menos productivas, las que generan menos riqueza por persona.

Así, en 1.977, las 6 regiones españolas más productivas eran, según las series de PIB por habitante del BB, por este orden, Baleares, País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y la Rioja. Y resulta que, 40 años después, son casi las mismas, sustituyéndose Baleares (ahora la 7ª más productiva) por Aragón, según los datos que acaba de publica el INE: Madrid (produce 32.815 euros/habitante), País Vasco (31.784 euros/habitante), Navarra (30.006), Cataluña (28.225), Aragón (26.097) y La Rioja (25.317 euros/habitante). Y si miramos las menos productivas, tampoco hay casi cambios. En 1.977 eran Extremadura, Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Aragón y Castilla León, según las series históricas. Y en 2016, las regiones españolas que producen menos (PIB/habitante), las más atrasadas, son Extremadura (16.558 euros/habitante), Andalucía (17.790), Castilla la Mancha (18.849), Murcia (19.865), Canarias (19.821) y Asturias (20.855 euros/habitante), según el INE.

Esta mayor o menor producción de las regiones explica en gran parte que unas sean ricas y otras pobres, además de que revela que el desarrollo económico español no ha sido capaz de corregir las diferencias de crecimiento y productividad. De hecho, entre 1987 y 2016, la economía española creció un 93,5%, casi duplicó el valor de lo producido (PIB): hemos pasado de producir 569.833 millones de euros en 1987 a un PIB de 1.102.850 millones de euros en 2016, según este interesante libro de AFI sobre los cambios económicos 1987-2017. Pero no todas las regiones han crecido igual. Hay dos que han crecido muy poco: (+39,5% Asturias y +56,4% Cantabria, lo que explica su caída de renta estos años. Y otras tres que han crecido menos que el conjunto de España: Castilla y León (+64,2%). Y sin embargo, hay otras 7 regiones que crecieron más que el conjunto de España, sobre todo La Rioja (+110,13%), Murcia (+111,07%), Madrid (+119%), seguidas de lejos por Andalucía (99,8%), Canarias (+97,4%), Navarra (96,7% y Cataluña (96,05%).

Aquí se ve que en los últimos 30 años han crecido poco Galicia y la cornisa Cantábrica, más Castilla y León, y que el crecimiento se ha apoyado en el valle del Ebro, el arco Mediterráneo y sobre todo Madrid, que aporta mucho más a la economía española (del 16,2% del PIB en 1987 al 18,8% en 2016) y que se convertirá en la región que más produce en 2018, superando a Cataluña (que ha caído: de suponer el 19,75% del PIB español en 1987 al 18,9% en 2016).

Pero esta mayor o menor producción (PIB per cápita) y el distinto crecimiento no explican por sí solos las diferencias de renta entre regiones ricas y pobres, aunque sean el factor clave. Hay otros elementos que mejoran o agravan las diferencias, como el distinto modelo económico y el papel del Estado, tanto con su política de inversiones públicas (infraestructuras y servicios públicos) como con los impuestos. Y en la última década, no han ayudado mucho, porque los recortes han reducido a la mitad las inversiones públicas y los impuestos son cada vez menos redistributivos, porque en las últimas décadas ha aumentado el peso de los impuestos indirectos (IVA, especiales, tasas, transmisiones patrimoniales), que pagan todos por igual, y ha bajado el peso de los directos (el IRPF aporta sólo el 37% de la recaudación), que pagan más los que más tienen. Esto perjudica a las regiones más pobres, además de que la crisis ha reducido la recaudación del Estado, que puede gastar menos en las regiones pobres. Regiones que han recibido una gran ayuda de Europa: 81.000 millones de fondos europeos entre 1986 y 2017, de los que se han beneficiado sobre todo Extremadura (5.300 euros/habitante), Castilla y León (4.000), Galicia (3.800), Asturias (3.500), Castilla la Mancha (2.500) y Andalucía (2.400 euros/habitante), según el libro de AFI.

Un elemento clave para reducir las diferencias entre regiones ricas y pobres debería ser el sistema de financiación, que cuenta con un Fondo de compensación interterritorial. Pero el sistema de 2009 (aún vigente) no es justo, porque beneficia a unas regiones sobre otras y, sobre todo, porque de las 10 autonomías que salen ganando (reciben más de lo que aportan), sólo 3 son pobres, según los datos de Hacienda: País Vasco (recibe +2.483 euros/habitante al año sobre la media), Navarra (+1.563 euros), Cantabria (+347), La Rioja (+248), Extremadura (+233), Castilla y León (+169), Galicia (+111), Aragón (+107), Asturias (+78) y Canarias (+78 euros/habitante). Y lo peor es que entre las 7 autonomías perjudicadas por el actual sistema de financiación, porque reciben menos que la media (2.171 euros/habitante) hay 4 autonomías pobres: Comunidad Valenciana (recibe -373 euros/habitante al año), Murcia (-331), Madrid (-288), Andalucía (-256), Cataluña (-249), Baleares (-96) y Castilla la Mancha (-42 euros/habitante). Y si tenemos en cuenta las ayudas del Estado recibidas desde 2012 (créditos para pagar proveedores e intereses deuda), Cataluña y Baleares pasan al lado de las autonomías mejor financiadas, según un reciente estudio de Fedea.

Así que ya tenemos el mapa de los factores que configuran la España rica y la España pobre: modelo económico (más o menos industrias o servicios), desarrollo tecnológico, tipo de empresas, inversiones públicas y ayudas sociales recibidas, fondos europeos, impuestos y sistema de financiación. Factores que no han ayudado en 40 años de democracia para cambiar el mapa de España, donde pobres y ricos son casi los mismos. Y lo peor, han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta 1,65 veces la de un extremeño en 2008, en 2016 su renta es 1,72 veces mayor. Y la renta por persona de las regiones ricas (18.914 euros en País Vasco, 18.291 en Madrid, 17.904 en Navarra o 16.908 en Cataluña) es casi el doble que en las regiones pobres (10.981 euros en Extremadura, 11.466 en Andalucía, 11.466 en Murcia o 12.067 en Castilla la Mancha), según el INE.

Un fracaso, tras 40 años de democracia. Y más cuando hay 7 regiones españolas que, después de 30 años largos en Europa, siguen por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo peor es que si no se toman medidas, estas diferencias entre las regiones españolas sólo se reducirán a la mitad dentro de 70 años, según un estudio del Banco de España.

¿Qué se puede hacer? No hay una “receta milagro” para reducir las desigualdades entre regiones y con Europa. Hay que actuar en varios frentes y los resultados tardan décadas en verse. Por un lado, es urgente reformar el sistema de financiación autonómica, que se debía haber cambiado en 2014 y que Montoro ofrece pactar este primer trimestre. Hay que conseguir un mayor equilibrio, para que no haya regiones “perdedoras” y reforzar el Fondo de compensación interterritorial, para ayudar más a las pobres a costa de las ricas (diga lo que siga Cataluña). Sin olvidar corregir el privilegio fiscal de Navarra y el País Vasco (el cupo vasco, recién prorrogado hasta 2021 por PP, PSOE y Ciudadanos, les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), ahora que no existe el chantaje de ETA. Y, sobre todo, hace falta asegurar más recursos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y eso sólo puede hacerse a costa de reducir la parte del Estado: hoy recauda el 50% del total, 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos y habría que pasar a un 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal de un Estado federal como al que aspiramos.

En paralelo, el Estado central tiene que reforzar su papel reequilibrador, con las inversiones públicas y los impuestos, tratando de mejorar la estructura económica y social de las regiones más pobres, compensando lo que “el mercado” desequilibra. Sería bueno que toda la política pública y todas las decisiones del Gobierno analizaran sus efectos sobre la desigualdad regional, para tender a corregirla con cada euro que se gaste. Y lo mismo en la política educativa, tecnológica, industrial o en las políticas sociales.

Y un tercer frente clave es homogeneizar los servicios públicos, porque no es de recibo que cada autonomía gaste distinto (más las más ricas) en sanidad, educación, Dependencia o servicios sociales y los españoles tengan unas prestaciones distintas según donde vivan. Cuatro ejemplos. Si uno enferma, mejor que sea en el País Vasco (su sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos), Aragón (82) o Asturias (79) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (60 puntos). Si un joven necesita beca para estudiar en la Universidad, mejor en Andalucía (2.556 euros) que en Madrid (1.706 euros). O si un anciano dependiente necesita ayuda, mejor en Castilla León (donde casi no hay esperas) que en Cataluña (84.181 ancianos en espera). Y si uno es pobre, mejor serlo en Navarra (recibe 648 euros al mes de renta mínima) que en Murcia (300 euros). Y podrían ponerse cientos, incluidos algunos tan graves como los distintos criterios a la hora de financiar fármacos contra el cáncer.

Como se ve, la democracia y la modernización del país no han sido capaces de reducir las desigualdades básicas entre regiones y ahí siguen las dos Españas, como en 1977. Y encima, la descentralización de competencias hace que los servicios públicos no sean iguales para todos, algo que no pasaba en 1977 (el Estado del Bienestar era mucho más corto, pero más homogéneo en toda España). Dos graves problemas que deberían ser una de las asignaturas pendientes de todos en las próximas décadas. Para que dentro de 40 años, nadie pueda escribir que hay dos Españas y que son las mismas que hoy. Amén.

Luz más cara y más sucia

El recibo de la luz subió un 10,3% en 2017, debido en parte a la sequía, que redujo la luz producida con centrales hidroeléctricas y molinos eólicos y aumentó la generada con carbón, fuel y gas, más cara y más sucia (CO2). Pero no es sólo eso: el mercado eléctrico utiliza un sistema de precios que prima las energías más caras y promueve  el fraude, por lo que han expedientado a varias eléctricas. Además, la mayor parte del recibo son “peajes”, que fija el Gobierno y pagan costes que deberían cargarse al Presupuesto o suprimirse, como la deuda eléctrica, las ayudas a renovables, nucleares o centrales de gas y a la industria vasca. Y también pagamos más impuestos. Por estos “extra costes” y no por el clima, la luz en España es un tercio más cara que en Europa, en beneficio de tres grandes eléctricas. Mientras no hagan una auditoria de costes y paguemos la luz por lo que vale, el recibo seguirá subiendo en 2018.

enrique ortega

Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos)  se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un  +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).

Si la luz ha subido tanto en 2017 ha sido en gran parte por el clima, por la sequía, que ha reducido el peso de la luz producida en las centrales hidroeléctricas (-48,4%) y los molinos eólicos (-1,6%), más barata, obligando a producir más luz en las centrales de carbón (+22,6%), de fuel (+3,9%) y las de ciclo combinado de gas (+32,9%), según Red Eléctrica, una luz más cara y que genera más emisiones de CO2. También ayudó, en enero de 2017 (subida de la luz del 28,9%), el cierre de varias nucleares en Francia, que disparó el precio de la luz importada, y la subida del gas y el petróleo, que habían bajado los años anteriores.

Pero la subida no es sólo culpa del clima y los altos precios de la energía. Una parte del aumento del recibo hay que achacárselo al funcionamiento mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde 1998: es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy volátiles, donde muy pocas empresas (Endesa, Iberdrola y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos”, que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1.997. En esencia, es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctrica, renovables, nucleares) y siguiendo con las más caras (fuel y gas), que son las que fijan el precio a que se paga a todas. O sea, que si el kilowatio de gas entra a 90 euros, es lo que se paga por el kilowatio hidroeléctrico (que cuesta producir 10 euros) o el nuclear (que cuesta 22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude, porque algunas eléctricas pueden verse tentadas a cerrar hidroeléctricas y meter centrales de gas, para subir artificialmente precios Es lo que detectó en diciembre de 2013 la CNMC, que multó a Iberdrola por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado. En enero de 2017, algunos expertos denunciaron que las eléctricas habían “manipulado el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de gas y marcando luego un precio muy alto que benefició a sus centrales más baratas. Y la CNMC ha abierto, en diciembre de 2017, otro expediente a Gas Natural y Endesa, por haber encontrado “indicios” de que ambas compañías contribuyeron a “alterar el precio mayorista de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017”. Y por si fuera poco, se ha detectado otro problema adicional, a raíz de la fuerte subida de la luz en octubre 2017: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego a los mercados secundarios y funciona mal, “elevando artificialmente los precios”, como ya denunció la propia CNMC en 2014. Y este algoritmo nos pudo costar una subida extra de la luz en octubre pasado de más de 4 millones de euros.

Como se ve, el mercado eléctrico, donde se fija el precio base de la luz, es complejo y poco transparente, pero juega a favor de las subidas. Y más desde abril de 2014, cuando el Gobierno Rajoy acordó que el precio de la luz en el mercado mayorista se fijara cada día y cada hora, algo que no sucede en ningún otro país de Europa, donde los precios se fijan mensual o trimestralmente. Eso hace que el español sea un mercado muy volátil, con muchos altibajos, un tobogán de precios muy sensible al clima, al cierre de tal o cual central o a la mayor o menor demanda, interna o extranjera. Y eso se traduce directamente en la factura de los usuarios, que sufren esta enorme volatilidad.

 Este coste de la luz en el mercado mayorista es una de las tres partes del recibo y supone el 37,5% de la factura que pagamos, según la CNMC. Y no para todos los usuarios, sólo para los que tienen un “precio regulado” de la luz, que son 11,9 millones de españoles. El resto, otros 17 millones de consumidores, pagan una “tarifa libre”, generalmente anual, fija (“tarifa plana”), que no varía con el clima o los vaivenes del mercado de la electricidad. Pero estas tarifas libres tienen dos pegas. Una, que suelen ser más caras que las tarifas reguladas (32 euros más de media), porque las eléctricas tienen que cubrirse de que suba la electricidad. Y la otra, que al renegociar la tarifa cada año, la eléctrica les subirá el importe si el mercado eléctrico está subiendo los precios. Se lo acabarán repercutiendo.

Vayamos a la segunda parte del recibo, un 41,5%de la factura que pagamos, que no tiene que ver con cómo evolucione el precio de la luz en el mercado mayorista y que pagan igual todos los consumidores, los que tienen precios “regulados” y libres”. Son los costes regulados que fija el Gobierno cada año y que se llaman “peajes”. Llevan cuatro años sin subir y tampoco subirán en 2018, pero son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo y que deberían suprimirse o cargarse al Presupuesto. Aquí pagamos algunos costes justificados pero demasiado elevados, como por transportar la electricidad (el 2,96% del recibo) o distribuirla (el 10,04% del recibo) y otros injustificados: ayudas a las renovables (6.403 millones en 2016, el 17,22% del recibo), a las nucleares (155 millones, el 0,41% del recibo, por el parón nuclear de 1986), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2.828 millones, el 2,84% del recibo), para compensar a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias de que puedan cortarles la luz si hace falta (algo que nunca ha pasado y por lo que pagamos 525 millones, el 3% del recibo) o incluso este año para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones que salen de nuestro recibo, en contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos 2017…). Y hay más, como las ayudas a las centrales de gas para que estén disponibles, aunque no funcionen.

Como se ve, en esta 2ª parte del recibo nos cargan muchos costes que poco tienen que ver con el coste directo de la electricidad y que son compensaciones que las eléctricas han ido consiguiendo en las últimas décadas, a costa de nuestro bolsillo. Muchas son criticadas por la Comisión de la Competencia (CNMC) y otras por la Comisión Europea, que tiene abiertos tres expedientes a España, por las ayudas a las centrales de gas que no funcionan y a las empresas por poder cortarles la luz (“ayudas a la interrumpibilidad”, que consideran una “ayuda encubierta”) y, sobre todo, porque el Gobierno Rajoy fija estos “peajes” y no lo deja en manos de un organismo independiente, como pasa en el resto de Europa. Aquí debía ser la CNMC (aunque depende del Ministerio de Economía), pero el ministro de Energía se niega a perder esta competencia de los peajes, lo que ha llevado a algo insólito: la CNMC ha llevado al Gobierno a los Tribunales, presentando un recurso al Supremo contra el real decreto que aprobó el Gobierno en octubre para seguir aprobando tarifas y peajes eléctricos.

Y queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos, y donde también pagamos de más, más impuestos a la electricidad que la media de Europa. La luz paga en España dos impuestos, el impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones recaudados que van a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, ya pagamos de más muchas veces, porque contratamos más potencia de la que necesitamos, por miedo a que “nos salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero en 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y ahora, podemos pagar casi tanto por potencia (gastemos o no luz) como por consumo. Yo pago 19,84 por potencia y 29,50 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, entre tanto “extra coste” (en el precio de mercado, peajes, impuestos y potencia contratada) no resulta extraño que el precio de la luz se haya disparado, subiendo en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y ahora, los consumidores domésticos pagamos la luz más cara de Europa, según Eurostat : 0,181 euros/kWh sin impuestos, un 41,4% más cara que la media europea (0,128 e/kWh en la UE-28) y un 37% más cara que en la zona euro (0,132 euros/kWh), según los últimos datos del Ministerio de Energía (precios junio 2017). Y más cara que en Francia (0,109 €/kWh), Portugal (0,111 €/kWh), Reino Unido (0,134 €/kWh) y Alemania (0,139 €/kWh). Lo mismo les pasa a las empresas: pagan 0,084 euros/kWh sin impuestos, un 21,7% más que las empresas europeas (0,069 €/kWh media UE-28) y un 23,5% más que las empresas de la zona euro (0,068 €/kWh), sí como un 33,3% más que las empresas alemanas (0,063 €/kWh) y un 37,7% más que las francesas  (0.061 €/kWh), aunque menos que las británicas (0,095 €/kWh).

Ya no se trata sólo que paguemos la luz más cara que la mayoría de europeos. Es que  además es más “sucia”, se emite más CO2 al producirla, sobre todo en 2017. Y eso porque la sequía ha aumentado el peso, en la generación de electricidad, del carbón (17,4%), del fuel (2,6%) y del gas (14,8%), con lo que las energías renovables sólo han producido el 33,3% de la electricidad en 2017, según Red Eléctrica (REE), el peor dato de los últimos 5 años. Y con ello, las emisiones de CO2 para producir electricidad han subido un 18% en 2017, hasta los 74,8 millones de toneladas, el peor dato desde 2015, según los datos de REE.

Y cuando emitimos más CO2 para poner encender la luz, el ministro de Energía nos sale defendiendo las centrales de carbón y poniendo pegas a Iberdrola, que quiere cerrar dos centrales de carbón en Palencia y Asturias. El ministro Nadal quiere impedir esos cierres y otros que puedan venir, por razones políticas (el voto de los mineros) y lo justifica por riesgo de suministro y porque la luz se encarecería un 15%. Pero ambos argumentos son falsos. Los expertos creen que el cierre de las centrales de carbón (hay 64 en España: ver listado) sólo encarecería la factura un 2,2% y sólo a corto plazo. Y además, en España sobran centrales, hay un exceso de capacidad instalada, más de la mitad: 104.517 MW de potencia frente a una demanda máxima en 2017 de 41.0015 MW, según los datos de REE. Y el carbón aporta sólo 10.004 MW. El 1 de julio de 2020, las centrales de carbón tendrán que cerrar o haber acometido una profunda reconversión, por exigencia europea.

Una luz más cara y más sucia, no sólo en 2017, sino también se espera en 2018, a juzgar por la meteorología, el mercado eléctrico (los futuros auguran otra subida del 6,5%), los peajes e impuestos. Y antes o después, nos tocará pagar el “bono social eléctrico”, un descuento del que se benefician 2,5 millones de españoles y que el Gobierno quiere que paguen las eléctricas, aunque hasta ahora se pagaba también en el recibo. Pero las 5 grandes eléctricas ya lo han recurrido en diciembre de 2017 ante el Supremo y es como para que nos echemos a temblar, porque en recursos anteriores, los jueces les dieron la razón y el Gobierno se ha visto obligado a  devolverles 503 millones desde 2009, una parte a costa de nuestro recibo y otra a costa del reciente superávit eléctrico. Y ahora está en juego quien paga los 230 millones del bono en 2017 y otros tantos en 2018. Seguro que nos acaban cayendo encima.

Como he detallado, el recibo de la luz es un galimatías que pagan los 29 millones de usuarios (particulares y empresas) y beneficia sobre todo a las 3 grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas natural controlan el 96,3% del mercado), con un gran poder económico, político y mediático, que llevan décadas engrosando sus beneficios (y dividendos) a costa de asegurarse pagos crecientes en el mercado mayorista de electricidad y en los pagos regulados. Es hora de acabar con tantos extra costes y la solución resulta muy evidente: realizar una auditoría de costes, que establezca lo que cuesta realmente la electricidad. Así evitaríamos pagar costes de más, entre un 20% y un 30% del recibo que pagamos hoy. Una reforma a fondo del sistema eléctrico, otra gran asignatura pendiente de la transición que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en estos 40 años. Luz y taquígrafos para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta. Mucho menos de lo que nos cobran por ella.

2018, un año con el "viento exterior" en contra

Entramos en 2018, el quinto año de la recuperación, aunque el 70% de los españoles no la notan, según el informe FOESSA. Pero 2018 será más difícil, porque se acaba la ayuda exterior, el “viento de cola” que es responsable (no la política de Rajoy) de más de la mitad del crecimiento y del empleo creado estos años, según los expertos: petróleo barato, euro débil y dinero casi gratis. En el último trimestre de 2017, el “viento exterior” ha cambiado y en 2018 lo tendremos “de cara”, con el petróleo, el euro y los tipos al alza, lo que frenará nuestro crecimiento y empleo. Y tampoco ayudará la crisis política en Cataluña, que frenará la recuperación. Por ambas razones, España crecerá menos y se crearán 140.000 empleos menos que en 2017. Para contrarrestarlo, Gobierno y oposición deberían acordar reanimar la economía dentro (aumentando inversiones, gasto social y sueldos), no hacer más recortes como pretende Rajoy con el Presupuesto 2018. Empujar la economía desde dentro.

enrique ortega

Entre 2014 y 2017, España se benefició de la inestimable ayuda exterior, en forma de precios bajos del petróleo, un euro barato y una inyección de liquidez a la economía con el dinero al 0% de interés y compras masivas de deuda pública por el Banco Central Europeo (BCE), tres factores que han supuesto, según los expertos, más de la mitad del crecimiento total (+11,2% del PIB) y del empleo creado (1.725.000 empleos, precarios y mal pagados) en España estos cuatro años de recuperación, no la política de Rajoy, que ha frenado un mayor despegue con sus recortes. Eso sin olvidar que el 70% de los españoles no notan todavía esta recuperación, según la encuesta del informe FOESSA 2017.

Ahora, ese viento exterior favorable ha cambiando de dirección y sopla en contra desde los meses finales de 2017, aunque lo que notaremos más en 2018, porque frenará la recuperación. El primer frenazo nos lo dará el petróleo, cuyo precio se ha disparado desde el verano pasado, tras haber caído un 75% entre 2014 y 2016, un gran regalo para todas las economías pero más para la española (más dependiente del crudo exterior). Si el petróleo comenzaba 2017 en 57 dólares barril y luego caía hasta un mínimo de 44,82 dólares en junio, en verano volvía a subir y superaba en octubre la barrera de los 60 dólares, para cerrar el año 2017 en torno a los 67 dólares, un 49% más caro que en junio y el precio más alto de los últimos dos años y medio. Y todo apunta a que en 2018, si la OPEP y Rusia mantienen los recortes de producción pactados, el crudo costará  más de 65 dólares, muy por encima del precio estimado por el Gobierno Rajoy en su Plan Presupuestario (54,8 dólares).

Este mayor coste del petróleo es una muy mala noticia porque aumentará los costes de las empresas y la factura del petróleo del país, recortando el crecimiento. De hecho, la factura energética hasta octubre de 2017 se encareció en 9.475 millones de euros sobre el año anterior, lo que podría restar un 0,5% al crecimiento del PIB en 2017 y más en 2018. Para entender la importancia del cambio de tendencia, recordemos que la bajada del petróleo entre 2014 y 2016 ahorró a España casi 60.000 millones de euros en la factura energética, un “regalo exterior” que añadió un 2,5% al crecimiento del PIB esos años (casi un tercio).

Además, esta fuerte subida del petróleo (+138,6% desde enero de 2016) ya ha encarecido los costes de las empresas y recortado sus beneficios, según los datos del Banco de España: el margen de las 884 mayores empresas creció sólo un 0.8% hasta septiembre, por el alza de costes de la energía, y por eso sus beneficios solo suben un 4,8%, la mitad que en 2016. Y también notamos la subida del petróleo los ciudadanos, en el coste de la luz (la factura media habrá subido 76 euros en 2017) y en los carburantes: la gasolina ha subido un 5,76% sobre el precio de julio de 2017 y el gasóleo un 9,5%. Y esta subida del crudo se ha arrastrado a toda la economía, con lo que la inflación media subió un 2% en 2017, comiéndose la escasa subida de los salarios (+1,4%) y las pensiones (0,25%). Y los expertos apuestan porque el petróleo caro mantenga alta la inflación media en 2018, en el 1,6%.

Otra subida clave para España es la del euro. Entre 2014 y 2016, la cotización del euro nos había dado un regalo, como el petróleo, bajando de un máximo de 1,35 euros por dólar a principios de 2014 a 1,038 euros por dólar el 20 de diciembre de 2016, un 23% menos. Y muchos expertos apostaban porque en 2017 llegaría a cotizar a la par con el dólar, a 1x1. Pero la errática política de Trump y la recuperación política y económica en Europa (aunque débil) han tirado a la baja del dólar y han vuelto a impulsar el euro, que superaba los 1,20 euros por dólar el 20 de agosto (1,20065 €/$). Y aunque luego ha bajado algo, por la falta de Gobierno en Alemania y la subida de tipos en EEUU, volvió a subir los últimos días y cerró 2017 con una cotización que de 1,2016 euros por dólar, una subida del 14,15% sobre enero  (1,0526 €/$). Ahora, si Merkel logra configurar un Gobierno de coalición y tras la drástica bajada de impuestos de Trump, el euro podría volver a remontar, hasta los 1,20/1,25 euros por dólar en 2018.

Esta subida del euro es una mala noticia para Europa, porque es un continente que exporta más de lo que importa y ahora sus productos son un 14% más caros que hace un año. Pero un euro fuerte hace más daño a España que al resto de Europa, según un estudio de Goldman Sachs. Y eso porque España exporta muchos “productos intermedios” a Alemania y Francia, por ejemplo. Y si estos países exportan ahora menos fuera de Europa, por la fortaleza del euro, también nos comprarán menos. Un recorte indirecto que se suma al recorte directo que pueden sufrir las exportaciones españolas al resto del mundo por la subida del euro, que encarece nuestros productos un 14%. Y esto es especialmente preocupante porque el 48,4% de las exportaciones españolas se dirigen a países no euro, a los que ahora sale más caro comprarnos. Y recordemos que las exportaciones son uno de los motores del crecimiento español en los últimos 3 años: en 2016 aportaron un 0,5% del 3,3% que crecimos.

El daño de un euro fuerte no acaba en frenar las exportaciones, es también un torpedo al turismo, el gran motor del crecimiento español: si el euro subió un 14% en 2017, eso significa que los turistas de fuera de la zona euro han de pagar un 14% más por visitar España, además de la subidas extra que provoca en los billetes aéreos (que suben también por el petróleo más caro). Y todo esto afecta al 40% de todos los turistas que nos visitan, a 32 de los 82 millones de turistas que habrán venido en 2017, especialmente a los británicos, nórdicos, rusos, americanos y asiáticos. Menos mal que el euro se ha revalorizado poco frente a la libra (un +0,04%: cotiza prácticamente igual que hace un año), con lo que su fortaleza no afecta a los turistas que más nos visitan, los británicos, un 23% de todos los extranjeros.

Y hay un tercer efecto negativo de tener un euro fuerte, del que no se suele hablar. Los empresarios, sobre todo los exportadores y turísticos, a los que les suben sus productos y servicios por la fortaleza del euro, tratan de contrarrestar esta subida del 14% recortando otros costes. Y donde lo tienen más fácil es en los salarios: ahora tratarán de que suban poco o nada, deteriorando aún más las contrataciones. Y además, si estaban pensando en aumentar la plantilla, esperarán a que el euro (y el petróleo) bajen. Así que, mira por dónde, la subida del euro y de la energía son dos obstáculos para que los trabajadores consigan mayores subidas de salarios en 2018. Y con ello, las familias no tendrán más dinero para gastar, ahora que, además, la inflación se come parte de sus ingresos. Todo esto debilitará el consumo interno y frenará el crecimiento y la recuperación.

Y vayamos a la tercera subida que viene, la de los tipos de interés. La bajada del precio del dinero (en EEUU desde 2008 y en Europa desde 2010) y la compra masiva de deuda pública inyectaron liquidez en las economías y salvaron al mundo de una catástrofe, a Europa del hundimiento del euro y a España del rescate (no Rajoy). Ahora, el viento sopla al contrario y lo que viene son subidas de tipos de interés y menos liquidez, menos dinero en las economías. De entrada, EEUU ha subido los tipos de interés tres veces en 2017 (marzo, junio y diciembre) y cinco en los dos últimos años (diciembre 2015, diciembre 2016 y las tres de 2017), con lo que el precio del dinero ha pasado del 0% al 1,25/1,50%. Y Europa seguirá el mismo camino, aunque con algo de retraso, porque el BCE teme ahogar la recuperación. Pero en enero de 2018 reducirá a la mitad sus compras de deuda y podría subir los tipos de interés en septiembre de 2018, para seguir subiéndolos (hasta el 1%) en 2019.

Si la compra de deuda pública por el BCE y el dinero al 0% salvaron a España del rescate, ahora el cambio de política, aunque sea suave, nos afectará más que al resto de europeos,  porque España es uno de los países más endeudados del mundo, con 2,73 billones (con b) de deuda, por la que en 2018 habrá que pagar más intereses, tanto el Estado y las autonomías (1,135 billones es deuda pública) como las empresas (897.250 millones de deuda) y las familias (706.023 millones de deuda). Y si el BCE compra la mitad de deuda, España lo sufrirá mucho (nos ha comprado 224.000 millones de deuda estos años, al 4º país que más, abaratando extraordinariamente su coste). Para dar idea de cómo nos afecta la esperada subida de tipos, un dato: el Estado español se ahorró 16.615 millones de euros (el 1,5% del PIB) en intereses de la deuda pública entre 2014 y 2017, gracias a la compra de deuda y la bajada de tipos en Europa. Si vamos a pagar más intereses por  la deuda pública, a partir de 2018, será más gasto para el Presupuesto y menos dinero para gastar en inversiones y gasto social. Y lo mismo les pasará a empresas (menos dinero para invertir y crear empleo) y familias (créditos e hipotecas serán más caras, con lo que podrán consumir menos).

Y no es sólo que el petróleo, el euro y los tipos de interés frenen la recuperación en 2018. Es que además, este nuevo año, esos factores y otros (como la incertidumbre política en USA, los riesgos de proteccionismo en el comercio mundial y la redefinición de Europa) van a provocar un menor crecimiento de las economías avanzadas, según el FMI, que no ayudará a España: salvo EEUU, que crecerá algo más (2,3 frente a 2,2% de 2017), crecerán algo menos China (6,5% frente a 6,8%), Japón (0,7% frente a 1,5%) y la zona euro (1,9% frente a 2,1%). Y en Europa, todos los países, salvo Francia (1,7% frente a 1,6%), crecerán algo menos en 2018 (un 2,2% frente al 2,4% de 2017): desde Alemania (2,1 frente a 2,2) a Reino Unido e Italia (1,3% frente a 1,5% en 2017). Y también España: 2,5% frente a 3,1% en 2017, según las previsiones hechas en noviembre por la Comisión Europea.

Y esta previsión está hecha antes de saber los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña, que arrojaron una mayoría absoluta de escaños para el independentismo. Si no se vislumbra una solución, algo nada fácil, la incertidumbre política agravará la fuga de empresas, turistas e inversiones  de Cataluña y afectará al resto de España, frenando aún más la recuperación. Este “viento de cara” interior podría frenar el crecimiento en 2018 entre el 0,3% (OCDE) y el 2,2% (estimación más negativa del Banco de España y la Autoridad Fiscal), lo que podría suponer, con la ayuda del petróleo, el euro y los tipos, liquidar la recuperación.

Por todo ello, 2018 puede ser un año más complicado que 2017 y el año en que España pierda una parte de su crecimiento y de su empleo, tanto por los factores exteriores como por la crisis de Cataluña. La previsión es crecer menos (frente al 3,1% de 2017, entre un 2,3% que espera el Gobierno y un 2,5% que vaticinan el FMI, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco de España) y eso se traducirá en menos empleo: podrían crearse 440.000 empleos, frente a los 580.000/600.000 nuevos empleos creados en 2017.

No deberíamos contentarnos con este panorama para 2018, que podría empeorar si se dispara el petróleo o se enquista más el problema de Cataluña (o si Rajoy convoca elecciones en junio, por la falta de apoyo de Ciudadanos). Por eso, Gobierno y “oposición” deberían acordar un Plan de choque para reanimar la economía desde dentro y contrarrestar los “vientos de cara” que vienen de fuera y la crisis en Cataluña. Y Rajoy no debería pensar en otro Presupuesto con recortes para 2018, como ha planteado Montoro para seguir rebajando el déficit: del 3,1 % del PIB en 2017 al 2,2% prometido a Bruselas, otros 10.000 millones de ajustes en 2018 (que no tienen sentido, porque ya estamos en el 3% de déficit que exige el euro). Si los recortes son siempre discutibles, porque frenan el crecimiento y el empleo, sería una irresponsabilidad hacerlos en un año que se espera difícil.

Lo que habría que hacer en 2018 es reanimar la economía desde dentro, con un Presupuesto que aumente el gasto en inversiones necesarias (educación, infraestructuras, tecnología, reindustrialización, digitalización) y en gasto social (sanidad, Dependencia, ayudas sociales y un Plan contra la pobreza), en tanto se fomenta fiscalmente la inversión y la creación de empleo de más calidad, así como una mejora de los salarios, para reanimar el consumo, el crecimiento y el empleo. Urge, frente al “viento de cara exterior”, un Plan de choque que podría inyectar unos 20.000 millones en la economía.


¿Cómo? Consiguiendo recaudar más, algo posible porque España recauda bastante menos que el resto de Europa, por el mayor fraude fiscal y porque pagan menos impuestos las grandes empresas, multinacionales y los más ricos. España recauda un 37,7% del PIB frente al 46,1% que recaudan los países euro, según Eurostat (2016). Eso significa que si recaudáramos impuestos como los demás europeos, podríamos ingresar 96.000 millones más al año. Con eso, no tendríamos déficit y podríamos gastar más en inversiones y gastos sociales, para crecer más y crear más empleo. Este es el camino: recaudar más (sin que paguemos más la mayoría, solo algunos que defraudan “legalmente”) y no recortar impuestos en 2018, como defienden el PP y Ciudadanos. Si lo hacen, habrá menos dinero para gastar y España crecerá aún menos en 2018.

Bueno, no es que sea pesimista, es que España no está aislada y es un hecho cierto que los factores que empujaron la recuperación entre 204 y 2017 (petróleo, euro y tipos) van a jugarnos a la contra este año 2018, con el tremendo añadido de la crisis política en Cataluña. Por eso, habría que tomar medidas para contrarrestarlo, aunque me temo que Rajoy seguirá con su política de “esperar y ver” y la oposición seguirá “a uvas”. Así nos va.

Con todo, personalmente, les deseo lo mejor este año. ¡Feliz 2018¡